Aunque la apropiación social del conocimiento es una estrategia de la política nacional de ciencia y tecnología en Colombia, se entiende particularmente la apropiación social del patrimonio bibliográfico y documental (PByD) como un objeto de la cultura que desarrolla su propio discurso, articulado no solo a la producción o al valor para la ciencia y la tecnología, sino también su valoración y uso social.
También se considera lo anterior con el objetivo de que los ciudadanos comprendan los elementos culturales contenidos en el PByD, aquel constituido por todos los documentos en su sentido más amplio, es decir, los registros de información útil y simbólica del ser humano, sin importar la materia en la que sea soporta-da, los contextos en los que se ha generado, su acceso o su finalidad. Esto es fundamental para garantizar la promoción de las culturas, el fortalecimiento de la universalidad de las expresiones y, por tanto, una mayor comprensión de los derechos humanos y culturales que posee todo ciudadano, así como fomentar en ellos un sentido crítico frente a la conformación, salvaguarda y preservación de su patrimonio, pues son productores del él, desde lo individual y desde lo colectivo, como sujetos políticos, en el marco de un sistema socioeconómico como el colombiano. Luego de esta introducción, en el artículo se presenta el método para la construcción del texto, las visiones del PByD, desde algunos autores e instituciones, y se recogen algunas acciones e iniciativas para la apropiación de dicho patrimonio en el contexto colombiano.
Este trabajo se construyó teniendo como base, por un lado, las visiones de académicos como García-Canclini (1999), Guglielmino (2007), Guglielmo (1996), Morales (2007), Palma (2011; 2013), entre otros, los cuales se seleccionaron por su relevancia y prestigio en el tema; y, por otro, a través del rastreo bibliográfico de acciones e iniciativas encaminadas a la apropiación social del patrimonio cultural en Colombia, concretamente el bibliográfico y el documental. Para ello, fue necesario hacer un recorrido breve sobre su estado en el territorio colombiano, así como por las políticas, acciones e iniciativas nacionales relacionadas con este patrimonio.
Así, para el primer caso se aplicó una ficha analítica a los trabajos de los académicos seleccionados, la cual se sistematizó a través de un listado en Excel, en el cual se recogieron las respuestas a las preguntas:
¿Qué entiende el autor por apropiación social del patrimonio cultural?
¿Se refiere específicamente al PByD?
¿Habla el autor de modelos, componentes o procesos para la apropiación social del patrimonio cultural?
En el segundo caso, se recogieron, también a través de un listado en Excel, acciones e iniciativas encaminadas a la difusión, educación o formación y a la participación social sobre el patrimonio cultural, así como las políticas relacionadas con el PByD en Colombia, que desarrollan elementos para su uso, difusión y apropiación social, valoración y preservación, entre otros aspectos.
Para entender los documentos como parte del patrimonio cultural, hay que partir de su acepción como registro de información útil y simbólica del ser humano, que varía según el soporte, los contextos de producción, acceso o finalidad; de ahí las diferencias conceptuales en cuanto a la clase y el tipo. No obstante, aquí se remite al concepto en toda su amplitud. La Unesco, por ejemplo, en Memoria del mundo: directrices para la salvaguardia del patrimonio documental, define documento como aquel sobre el que se ha consignado información con propósitos deliberados como la administración o la expresión de ideas o sentimientos, que tienen características como la movilidad o portabilidad, consistencia en signos (códigos, sonidos e imágenes), por lo que son descifrables, conservables (inertes), reproducibles y trasladables (Unesco, 2002).
Para Palma (2013), este patrimonio se refiere a “las manifestaciones que han producido las culturas del mundo a través de la historia para comunicarse y sustentar su desarrollo. Algunos objetos informativos elaborados por las sociedades desde épocas inmemoriales hasta las contemporáneas” (p. 39), producidas o elaboradas, en “piedras, tablillas de arcilla, papiro, pergamino, pieles, telas, papel, cintas magnéticas, discos compactos y soportes electrónicos” (p. 40), con particularidades significativas en cuanto a producción intelectual y contenido informativo, producción técnica, material, gráfica, significación social e histórica, entre otras.
De la misma manera, para Dorado y Hernández (2015), se trata de
bienes culturales cuya apreciación social se instituye a través de mecanismos diferentes debido justamente a su naturaleza, precisan de mediadores o intermediarios que sean capaces de descifrar su significado en el contexto y el momento histórico que le dio nacimiento e identificar lo valioso, representativo y significativo […] para un determinado conglomerado humano. (p. 30)
En el contexto colombiano, a través de la legislación, por ejemplo, la Ley 1379 de 2010 (Ley de Bibliotecas públicas), en su Artículo 2, numeral 7, define el PByD como el Conjunto de obras o documentos que conforman una colección nacional, que incluye las colecciones recibidas por depósito legal y toda obra que se considere herencia y memoria, o que contribuya a la construcción de la identidad de la Nación en su diversidad. Incluye libros, folletos y manuscritos, microformas, material gráfico, cartográfico, seriado, sonoro, musical, audiovisual, recursos electrónicos, entre otros (Congreso de la República de Colombia, 2010, Artículo 2).
La misma ley señala que es competencia de la Biblioteca Nacional de Colombia desarrollar acciones y orientar la política para la recuperación, organización, conservación y difusión de la memoria colectiva del país, representada en este tipo de patrimonio.
La Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), por su parte, señala en su apartado de definiciones que el patrimonio documental es un “conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural” (Congreso de la República de Colombia, 2000, Artículo 3). En la medida en que
Los archivos son importantes para la administración y la cultura, porque los documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional. (Congreso de la República de Colombia, 2000, Artículo 4).
Por lo anterior, se trata de documentos de archivo, diferentes a los señalados por la Ley 1379 de 2010 (Congreso de la República de Colombia, 2010), ya que se refiere a los documentos producto ya no de un acto deliberado, sino necesario para la administración. Los documentos de archivo existen para garantizar los derechos de los ciudadanos, así como para subsanar la amnesia colectiva que sufren los miembros de una sociedad por el paso natural del tiempo, sobre las acciones de sus gobernantes y los hechos determinantes de su devenir social. Sin estos documentos no podría existir una organización social ni garantizarse el funcionamiento de la estructura del Estado, cualquiera que sea su forma, régimen o discurso. Por estas características y condiciones, el patrimonio se gestiona mediante normas, estándares y políticas diferentes a los documentos bibliográficos y de otros tipos, y que han sido desarrolladas por la disciplina archivística (Ministerio de Cultura, 2015).
Como lo señala la Política para la Gestión del Patrimonio Bibliográfico y Documental(Ministerio de Cultura, 2015), el Archivo General de la Nación es el responsable del patrimonio documental archivístico del país; no obstante, existen casos, especialmente para colecciones de documentos de particulares o registros de información que, luego de su estudio, diagnóstico e identificación documental, por su naturaleza, no respondan estrictamente a la definición de documento de archivo, aun teniendo características de este, caso de algunas fotografías, diarios, notas sueltas, grabaciones personales de música, objetos, entre otros documentos o informaciones, que pueden ser conservados en bibliotecas patrimoniales o museos bajo la custodia de dichas instituciones.
El PByD se encuentra, entonces, a cargo de instituciones patrimoniales y de la memoria, que comparten intereses comunes pero que se diferencian en práctica y métodos. Las políticas de gestión archivística, por ejemplo, son di- señadas y gestionadas por entidades estatales amparadas bajo un complejo aparataje de normas e instrumentos, definidos esencialmente en la Ley 594 de 2000 (Congreso de la República de Colombia, 2000). Por su parte, las políticas bibliotecarias, hasta 2017, con la Política para Gestión del Patrimonio Bibliográfico y Documental, se habían implementado únicamente a través de estándares y procesos de cooperación internacional tales como el Control Bibliográfico Universal, el Control Bibliográfico Nacional, y de políticas nacionales y regionales o la legislación como la Ley 1379 de 2010 (Congreso de la República de Colombia, 2010). A partir del 2017, todos estos marcos normativos quedan unificados en principios y acciones en la Política para la Gestión del Patrimonio Bibliográfico y Documental.
La diferenciación en cuanto a lo archivístico y lo bibliográfico, para Marín y Moncada (2015), es clara si se entiende que cada ley, norma o estándar usa el término documental en ámbitos diferentes, y así las funciones establecidas para cada entidad se enmarcan en su ámbito de competencia. Lo elemental del asunto es que los documentos bibliográficos y archivísticos son bienes de interés cultural en conjunto porque comparten características de todo tipo, aunque se diferencian en aspectos relativos a la creación o procedencia y los usos. Desde esta perspectiva, se podría decir que los documentos -además de crear puentes entre generaciones y representar un acumulado simbólico, que guarda una relación intrínseca con las ideas, las costumbres, los valores y los artefactos transmitidos socialmente- contienen información de provecho para diversos propósitos y necesidades sociales.
Desde estas visiones, el PByD, constituido por documentos bibliográficos y archivísticos, es esencial para la subsistencia del conocimiento humano a través del tiempo; constituye una herramienta que ayuda a las comunidades a comprender los cambios históricos y a crear lazos con diversos referentes simbólicos de su cultura e historia (Ramírez, 2012). Esto significa que, a través del PByD, se pueden dar procesos de revivencia y activaciones simbólicas (Jaramillo y Marín, 2014); en otras palabras, de procesos de reconstrucción de la memoria social, histórica o colectiva, y la transmisión social de referentes culturales, en muchos sentidos. En Colombia, las iniciativas para diagnosticar, promocionar y fortalecer el campo del PByD han venido creciendo en cantidad y calidad.
La apropiación social del PByD, que se concibe inicial- mente como la comprensión y uso de este, tanto desde el disfrute estético como del simbólico1, al igual que su valoración, ha sido abordada por autores e investigadores como García-Canclini, Morales, Guglielmino, Guglielmo y Palma; y por entidades culturales como el Ministerio de Cultura de Colombia, la Biblioteca Nacional de Colombia y el Archivo General de la Nación. Apropiación, en esta medida, se refiere a un marco sobre el que se desarrollan acciones para que un individuo capte, capture y absorba conceptos e ideas que, desde un punto de vista social, precisan de la acción colectiva y la participación social de las comunidades.
Para García-Canclini (1999), las formas de apropiarse del patrimonio se dan de acuerdo con los usos que la sociedad hace de este:
Una visión tradicional y sustancialista que tiene que ver con la forma en la que algunos juzgan los bienes históricos únicamente por el alto valor que tienen en sí mismos, desde una visión culta, que considera que existen formas y objetos excepcionales, independientemente de las experiencias sociales y las condiciones de vida de quienes lo produjeron y quienes, en últimas, deberían beneficiarse de sus valores sociales.
Una visión mercantilista en la que se valoran económicamente los bienes acumulados por una sociedad, en cuanto favorezcan, o no, el avance material, que podría ser el caso del turismo cultural u otras actividades con ánimo de lucro.
Una visión conservacionista y monumentalista que pone el énfasis sobre el papel protagónico del Estado, tanto en la definición como en la promoción del patrimonio.
Una visión participacionista que concibe el patrimonio y su preservación en relación con las necesidades globales y usos sociales de las comunidades que integran una sociedad.
De acuerdo con García-Canclini (1999), lo anterior implica la construcción de un discurso y, por tanto, de un metalenguaje, en cuanto a que toda operación científica, comunicativa o pedagógica sobre una cosa, práctica o realidad social, no hace hablar a las cosas por sí mismas, sino que habla de y sobre ellas. En el contexto colombiano, la política de apropiación social del patrimonio cultural, en teoría, está orientada a facilitar el encuentro entre el Estado y las comunidades para la construcción de una visión incluyente del patrimonio cultural, que reconozca las especificidades de los diferentes grupos y sectores que habitan el país. Así lo señala también el Convenio Andrés Bello (1999) sobre la necesidad de fortalecer los vínculos entre el patrimonio cultural y los grupos sociales, de manera que lo incorporen a sus necesidades y formas de sociabilidad, moldeando y proyectando, de ese modo, sus valores y usos sociales. Por lo tanto, el Convenio Andrés Bello (1999) plantea una serie de principios en este tema, como que el patrimonio debe orientarse al servicio de la comunidad (para y con la comunidad), concebida no solo como usuaria, sino también como propietaria.
La apropiación social del patrimonio está basada en la diversidad y, por lo tanto, en la tolerancia.
El patrimonio, al igual que la identidad, no es algo fijo y estático; por ello, toda forma de apropiación de este ha de aceptar su variabilidad y sus cambios.
La apropiación del patrimonio a través de cualquiera de sus múltiples posibilidades de uso debe producir el placer del encuentro con el otro, enriqueciendo de esta manera los valores de la comunidad.
Al respecto, Néstor García-Canclini (1999) plantea que “el efectivo rescate del patrimonio incluye su apropiación colectiva y democrática, o sea crear condiciones materiales y simbólicas para que todas las clases pue- dan compartirlo y encontrarlo significativo” (p. 22). Lo anterior significa que la apropiación del patrimonio es, en primer lugar, una tarea de formación e interpretación de los productos patrimoniales y, en segundo lugar, según Marcelo Guglielmino (2007), de concienciación sobre su fragilidad, pertenencia y perdurabilidad. En este sentido, y al menos en teoría, la apropiación debería proporcionar las herramientas para comprenderlo y, al mismo tiempo, condicionar los usos que los usuarios y, en general, la sociedad hace de él, es decir, condiciona las representaciones sociales, la manipulación y el acceso. La apropiación como modelo, por tanto, debería ser de- finida en relación con su contexto social, lo que significa una integración con las comunidades que son quienes lo producen, lo resignifican y lo transforman.
Se entiende entonces que los bienes patrimoniales biblio- gráficos y documentales promueven enlaces identitarios entre los miembros de las comunidades y sus acumulados simbólicos que, como ya se dijo, pueden estar representados en documentos de cualquier clase y tipo. La apropiación del PByD, en este sentido, es la función de crear mecanismos y estrategias para el reconocimiento de los documentos como parte del patrimonio cultural, a través de la construcción de un imaginario particular que les proporciona atributos especiales y necesarios para la vida en sociedad (Guglielmo, 1996).
Por eso, un punto clave en la apropiación social de este patrimonio es la difusión de las expresiones sociales, culturales e intelectuales que este contiene, a través de estrategias para su puesta en conocimiento de diferentes públicos, su disfrute y apreciación. Estrategias que tendrían que basarse en la complejidad y el dinamismo de las comunidades y territorios, para que sean de beneficio social, al considerar los factores sociales como la economía o el desarrollo, actuales y futuros. De ahí que la difusión sea una etapa o componente de la apropiación social, pues es el punto de partida para la apreciación, disfrute y valoración tanto simbólica como económica. En esa medida, la promoción y divulgación de bienes patrimoniales bibliográficos y archivísticos, en determinado municipio tradicionalmente productor de café, por ejemplo, deberá garantizar atraer e interesar a la comunidad en el conocimiento de su PByD, en el cual se encuentran referentes de todo tipo sobre esa actividad: la producción de café. Entre las actividades informativas y culturales que suelen usar las instituciones para la difusión del PByD se cuenta con visitas guiadas, boletines sobre la programación de actividades (diaria, semanal, mensual), anuncios a través de páginas web (blogs), redes sociales y plataformas libres en la web, difusión por medios de comunicación, exhibiciones o exposiciones, entre otras.
La difusión, entendida también por algunos autores como divulgación o promoción, y por otros, como Pasquali (1979) y Noreña (2013), como un proceso distinto de los anteriores, se refiere al proceso de comunicación con un mensaje y discurso particulares sobre una temática, así como la puesta en común de un discurso comprensible “a la totalidad del universo perceptor disponible” (Calvo, 2004, p. 21). En otras palabras, es la búsqueda por expandir los contenidos y valores, sobre un tema, a la comunidad en general, aunque bien puede dirigirse a públicos más segmentados.
Morales (2007) propone ejercer la divulgación o promoción cultural desde tres ejes esenciales, en lo que a las bibliotecas, archivos y museos respecta, que son los usuarios, el personal y las colecciones o fondos. Por lo anterior, los criterios para la difusión del PByD deben ser establecidos tanto por las unidades de información como por los usuarios, los cuales pertenecen a diferentes grupos sociales, educativos y de edad, y a quienes les interesan diferentes usos del PByD2.
Las estrategias encaminadas a socializar, difundir, popularizar o promocionar los conocimientos y saberes contenidos en este tipo de patrimonio han sido sin duda muy eficientes; sin embargo, no sabemos si estos contenidos simbólicos están siendo comprendidos y asimilados para su aprovechamiento y beneficio en diferentes aspectos de la vida individual o colectiva. Asunto que no resulta tan sencillo, en la medida en que el patrimonio es un conjunto de fragmentos supervivientes del pasado que conviven en un presente continuo, por lo que está siempre vivo y en constante cambio.
Palma (2013) expone que divulgar para el acceso y apreciación del PByD es esencial, pero también la comprensión de los elementos contenidos en él es fundamental para garantizar la promoción de las culturas, el fortalecimiento de la universalidad de las expresiones y, por tanto, una mayor comprensión de los derechos humanos y culturales que posee todo ciudadano.
Por otro lado, difundir y divulgar para el acceso y la apreciación no garantizan la comprensión sobre sus valores, fragilidad y formas de uso. Como lo señala García Canclini (1999), esta comprensión es esencial para entender lo que es significativo y relevante patrimonialmente para las comunidades, lo cual constituye a la vez una estrategia espontánea y eficaz de conservación. Así, divulgar para la comprensión e interpretación de los productos patrimoniales necesita de la educación con ellos, como una manera de formar, no solo para el uso, sino, además, para la comprensión racional de los valores, la historia, las formas de producción, entre otros elementos que estos productos contienen (Palma, 2013).
La función educativa, por otro lado, es inherente a las bibliotecas, archivos, centros de documentación y museos de la modernidad. Además de conservar y poner a disposición de la ciudadanía los documentos que tienen a su cargo, educan en un núcleo que se ocupa del desarrollo de las habilidades y capacidades para el acceso a la información, que podrían llegar a convertirse en experiencias simbólicas capaces de ampliar los horizontes culturales de todo tipo en los ciudadanos. Por consiguiente, estas instituciones aparecen ligadas desde el Estado moderno a la formación y expansión de los sistemas educativos nacionales y de garantía de derechos ciudadanos.
Dicha educación consiste en la construcción de conocimientos significativos sobre el patrimonio y plantea educar en fundamentos teóricos y empíricos de áreas del conocimiento humanístico, que promuevan el desarrollo de estrategias vivenciales del PByD en espacios formales y no formales, así como una estructuración de contenidos fundamentales basados en ideas generales sobre el contenido informativo de los documentos patrimoniales. Un primer escenario, como lo menciona Palma (2011), puede ser uno basado en el diseño de servicios de información y cultura informativa sobre el patrimonio. Este planteamiento de la educación sobre PByD presenta una base para su asimilación conceptual, así como para impulsar la sensibilización, comprensión y apreciación de los contenidos (Palma, 2011).
En ese sentido, divulgación o difusión, educación o formación, como procesos de apropiación que aportan al discurso, conllevan, por supuesto, desde las bibliotecas, los museos y los archivos, la realización de estudios de usuarios y públicos, con el objetivo de precisar los programas de alfabetización, cultura informativa y curaduría de contenidos, frente al PByD en su contexto y en su entorno social como base de su práctica informativa. El objetivo es que los sujetos tomen conciencia sobre la necesidad y pertinencia de su participación social en lo que al PByD se refiere o atañe. De allí que entidades como el Ministerio de Cultura, el Archivo General de la Nación o la Biblioteca Nacional de Colombia, entre otras, convoquen a los distintos sectores y actores a la participación pública, para la construcción de políticas y normativas, así como de programas y estrategias para su desarrollo y fortalecimiento.
En esa medida, divulgación, formación y participación parecen ser las tres categorías sobre las que las visiones acerca de la apropiación social del PByD ponen el énfasis; esto sumado al diseño de servicios en el campo bibliotecario, archivístico y patrimonial en general. Gracias a la realización de estudios de usuarios y a la concepción de programas y estrategias de alfabetización, cultura informativa y curaduría se promueve la posibilidad de concebir elementos constitutivos de un enfoque, método, modelo, entre otros, y que contribuyan a la apropiación social del PByD como proceso intencionado y guiado desde y para los actores que intervienen en su producción, valoración y uso social.
La revisión de políticas, acciones e iniciativas para la gestión y apropiación del PByD en Colombia arrojó que distintas entidades gubernamentales y culturales desarrollan acciones concretas tanto para la gestión como para la apropiación del PByD. La Biblioteca Nacional de Colombia, por ejemplo, viene realizando desde 2015 diagnósticos del PByD aplicado a bibliotecas departa- mentales, bibliotecas públicas municipales y bibliotecas universitarias (Marín et al., 2015). Los diagnósticos se han realizado en una diversidad importante de regiones del país: Bogotá D. C., Antioquia, Atlántico, Boyacá, Casanare, Cauca, Cesar, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Meta, Sucre, Vaupés, Vichada, entre otros más.
Dichos diagnósticos recogen la información relacionada con la gestión del PByD en varios procesos: recuperación, organización, acceso y difusión, conservación, uso de tecnologías y cooperación en red. Entre los aspectos importantes que estos diagnósticos han arrojado, se tiene que existen deficiencias serias en cuanto a la identificación y conformación de colecciones patrimoniales, del mismo modo que pocas bibliotecas cuentan con condiciones ambientales adecuadas para la conservación de las colecciones, lo cual afecta indudablemente la perdurabilidad de los materiales bibliográficos y documentales patrimoniales en el tiempo; además, se ha encontrado, entre otros casos, diversidad en cuanto a los contenidos, los soportes y los formatos.
Otros aspectos que deberían preocupar, según estos diagnósticos, y que son neurálgicos en las bibliotecas, son la catalogación y en general los procesos de organización bibliográfica, la poca estabilidad de los cargos en el campo de las bibliotecas públicas, los recursos económicos y las fuentes de financiación; a pesar de los recursos y los esfuerzos por fortalecer las bibliotecas en el país con los planes de lectura y otras iniciativas estatales.
Los servicios en el tema patrimonial son un aspecto que según los estudios presenta mayores deficiencias en el ámbito bibliotecario. Según estos diagnósticos, no se planifican servicios relacionados con las colecciones patrimoniales y tampoco es muy clara la conexión de estos materiales con otros servicios básicos como la promoción de la lectura. Se destaca, eso sí, el uso por parte de investigadores de estos materiales en el marco de proyectos de investigación y trabajos de posgrado a nivel de maestría y doctorado. Lo que significa que la mayor parte de la población tiene muy poco o ningún conocimiento de las colecciones patrimoniales que existen en las bibliotecas públicas y de otros tipos, consecuencia de los servicios casi inexistentes en ellas relacionados con los materiales patrimoniales. Lo anterior repercute indudablemente en la poca conciencia de la comunidad sobre la fragilidad y perdurabilidad del patrimonio, lo que se refleja en la escasez de recursos asociados a esta tarea.
En cuanto al patrimonio documental archivístico, aunque no existen trabajos sistemáticos que se hayan encargado de diagnosticar el estado de este patrimonio en los diferentes niveles de la administración pública, y bien valdría la pena iniciarlos, sí es de considerar que el Archivo General de la Nación viene desarrollando iniciativas sistemáticas de rescate de fondos documentales en diversas regiones y ciudades del país, entre ellas Magdalena Grande, Chocó, Valledupar (César), Bucaramanga y Socorro (Santander), solo por mencionar las más recientes. También ha desarrollado iniciativas de rescate de patrimonio documental relacionado con temas de interés para la investigación y la historia del país, como es el caso del rescate del patrimonio documental de la neuropsiquiatría en Colombia, conformado por la documentación del extinto Hospital Neuropsiquiátrico Julio Manrique de la ciudad de Sibaté (Cundinamarca). También se pueden mencionar iniciativas de rescate y promoción de patrimonio documental archivístico relacionado con lenguas y grupos etnográficos y de derechos humanos.
Así mismo, a través de diferentes decretos y acuerdos, el Archivo General de la Nación ha reglamentado muchos aspectos de La Ley 594 de 2000 relacionados con la función archivística y la gestión documental en el Estado colombiano (Congreso de la República de Colombia, 2000). Es el caso, por ejemplo, del Decreto Reglamentario N.° 1100 de 2014 (Presidencia de la República de Colombia, 2014), que reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo relativo al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza documental archivístico, y que tiene el objetivo de regular las condiciones, requisitos y otros aspectos de carácter técnico sobre la declaratoria de Bienes de Interés Cultural (BICN) de carácter archivístico, y su régimen especial de protección. Este mismo decreto promueve también la recuperación y repatriación de BICN de carácter archivístico, que han sido exportados ilegalmente o se encuentran en riesgo de daño irreversible (Congreso de la República de Colombia, 2008).
En 2015, esta misma institución, el Archivo General de la Nación, a través del Registro Nacional de Archivos Históricos Colombianos (ReNAHC), inició lo que se podría convertir en un sistema nacional de patrimonio documental archivístico. El objetivo de este registro es precisamente lograr la identificación de aquellos repositorios de documentos de valor patrimonial que se encuentran bajo la custodia de instituciones privadas y públicas, con el ánimo de apoyarlos en las labores implicadas en su adecuada conservación, así como en la identificación de documentos o colecciones que ameriten su declaratoria como BICN del ámbito archivístico. Esta iniciativa permitirá desarrollar proyectos conjuntos a nivel nacional, que garanticen la preservación del patrimonio documental de carácter archivístico de los colombianos.
Sobre el PByD en otros formatos y soportes como el audiovisual, el fotográfico, el fílmico y el sonoro, existen para el contexto colombiano propuestas e iniciativas estatales y académicas como el Sistema de Información del Patrimonio Audiovisual Colombiano del Ministerio de Cultura que une, en un solo entorno, los datos de las instituciones, personas y acciones en favor del patrimonio audiovisual en el país y coordina acciones para su investigación, gestión y fortalecimiento. El laboratorio para el fortalecimiento y la modelación de proyectos sobre patrimonio audiovisual del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá (Idartes, 2017), que tiene como objetivo fortalecer la gestión de colecciones audiovisuales tanto en museos como en bibliotecas, archivos y centros de documentación, públicos y privados; este identifica los retos, las estrategias y las acciones en cuanto a la preservación digital, su activación y reutilización con miras a su divulgación y apropiación (Idartes, 2017). El diplomado en Gestión del Patrimonio Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que tiene el objetivo primordial de identificar el valor patrimonial de imágenes y sonidos en el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento, la cultura audiovisual y la revolución digital.
Existen también iniciativas que desde hace unos pocos años han tenido el objetivo de crear nuevas posibilidades de trabajo cooperativo, innovación e interdisciplinariedad, en el sentido de adaptar las humanidades a una nueva era y darles un papel más activo en el mundo digital. En ese sentido, una de las iniciativas es, por ejemplo, el sitio “Historia Hoy” del Ministerio de Educación que está destinado a estudiantes de educación básica y secundaria. También se encuentra el proyecto ganador para el EMC Heritage Trust Project, presentado por la Universidad del Rosario en el 2015 para digitalizar los archivos de la enseñanza superior en el país en poder de su Archivo Histórico, conformados por 950 volúmenes de manuscritos y documentos de los siglos XVII al XIX, que incluyen una serie de Decretos Reales emitidos entre los reinos de Felipe IV y Carlos IV, los cuales representan un gran valor para la historia de América Latina (Molano, 2016). Las TIC resultan ser en la actualidad la piedra angular para administrar, preservar y apropiarse del PByD; así está definido en los artículos 3 y 19 de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, en la que se señala que las entidades del Estado podrán emplear cualquier medio técnico o tecnológico para este fin, sin importar si se trata de soporte papel, audiovisual, fotográfico, fílmico, oral o sonoro, entre otros (Congreso de la República de Colombia, 2000).
El patrimonio documental en la actualidad no está ya determinado por soportes y formatos físicos; cada vez más contenidos documentales se publican y se transforman en Internet, lo que crea un nuevo acervo cultural que crece cada día, y que permite la generación de nuevos documentos digitales, de la misma manera que las colecciones, los archivos y las bibliotecas en línea están desplegando un nuevo marco de interacción con el conocimiento y el patrimonio. Esto quiere decir que ahora más que nunca los archivos, bibliotecas, centros de documentación y museos tienen a su disposición herramientas para ampliar el alcance y su impacto social y cultural.
Por último, el Ministerio de Cultura en el año 2011 adelantó la iniciativa Pactos Ciudadanos por la Cultura, que son acuerdos escritos construidos de manera participativa a través del debate público y abierto entre el sector cultural y la ciudadanía, con los aspirantes a las alcaldías y gobernaciones, sobre las principales acciones y líneas programáticas que en materia cultural deben implementar los futuros mandatarios territoriales. (Ministerio de Cultura, 2011, p. 7). Este tipo de iniciativas de participación son necesarias para poner en práctica un modelo en el que los actores culturales y diferentes sectores sociales pongan en común sus visiones e intereses sobre el PByD.
No obstante, estas visiones e intereses están determinados por el conocimiento que tanto los actores como los diferentes sectores tienen sobre él. Al respecto, el Archivo General de la Nación señala que es consciente de la necesidad de fortalecer en cantidad y calidad las acciones y estrategias para la promoción, apropiación y disfrute del patrimonio documental, entre los diferentes actores y sectores sociales. Pero, para ello, el Ministerio de Cultura, para el caso colombiano, señala el establecimiento de una política que lleve a las comunidades y territorios los principios por los que se le considera al patrimonio documental pieza fundamental de la memoria histórica, social y colectiva, así como el papel renovador que este puede cumplir en la generación de nuevo conocimiento y para la creación literaria y artística, en la consolidación de una identidad nacional rica y diversa, en constante interpretación, al servir para reconocer y recrear el pasado (Ministerio de Cultura, 2009).
Todo este conjunto de acciones sociales y políticas han ido construyendo un discurso sobre el PByD y sobre las responsabilidades en su recuperación, conservación y socialización, sobre todo presente en la legislación colombiana. La Ley 1185 de 2008 (Congreso de la República de Colombia, 2008), por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, por ejemplo, señala que es una responsabilidad de las entidades del Estado (Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional de Colombia, Archivo General de la Nación, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, entre otras) reunir, organizar, incrementar, preservar y difundir el patrimonio de la Nación, plasmado en los diferentes soportes de información. No obstante, esta legislación no define mecanismos de participación social en relación con los intereses de los colombianos, ni de formación para esta participación o para el disfrute y apreciación. Se da por sentado también que estos reclamos que se pueden hacer a la legislación y a la acción del Estado deben ser abordados y subsanados de la mano de la academia y de las comunidades, que son quienes crean estas expresiones patrimoniales.
En Colombia existen diversas políticas, acciones e iniciativas para la gestión y apropiación social del PByD que, como se ha dicho, es aquel constituido por todos los documentos en su sentido más amplio, es decir, los registros de información útil y simbólica del ser huma- no, sin importar la materia en la que sea soportada, los contextos en los que se ha generado, su acceso o su finalidad, fundamental para garantizar la promoción de las culturas, el fortalecimiento de la universalidad de las expresiones. Acciones e iniciativas lideradas por entidades como la Biblioteca Nacional de Colombia, el Archivo General de la Nación, el Museo Nacional de Colombia, el Instituto Caro y Cuervo, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, entre otras.
Del mismo modo, el Estado colombiano, a través de distintas leyes y normas, define y establece criterios para la gestión, salvaguarda y desarrollo de la cultura y el patrimonio. En concreto, en lo relacionado con el PByD, se encuentra la Ley 1379 de 2010 (Ley de Bibliotecas) (Congreso de la República de Colombia, 2010), Ley 594 de 2000 (Ley de Archivos) (Congreso de la República de Colombia, 2000), o la Política para la Gestión del Patrimonio Bibliográfico y Documental (Ministerio de Cultura, 2015), entre otras.
Sin embargo, no existe un concepto unificado de apropiación social para el sector cultural, que comprenda la cultura y, en general, el conocimiento humano, también desde sus formas simbólicas y estéticas, y que permita, desde allí, articular las distintas visiones e iniciativas en torno a la apropiación social del patrimonio y la cultura, que es una tarea vital para la resignificación de los valores y expresiones, así como de la memoria nacional, por parte de los territorios y comunidades. Por tanto, aunque la divulgación y apropiación del PByD en Colombia es alta en algunas zonas del país, especialmente en las grandes urbes, es bastante baja en otras, debido a las marcadas diferencias socioeconómicas que caracterizan las regiones del país.
La apropiación social del PByD está en esa medida determinada tanto por los procesos de comunicación como por los esfuerzos de las bibliotecas, los archivos y los museos, en cuanto a la difusión, la educación o formación y la participación social de las comunidades. Un marco de acción comunicativa dirigida a públicos amplios con diferentes niveles educativos, económicos y sociales, lo que constituye una verdadera herramienta de alfabetización cultural en cuanto a este patrimonio y sus valores.
De ahí que sea absolutamente necesario recordar que, para la continuación y proyección de trabajos investigativos y programáticos en el tema, también hace falta un concepto unificado de PByD, a pesar de los avances mencionados en este artículo tales como las políticas públicas concertadas y formuladas en la última década en Colombia, la vasta legislación archivística, los diagnósticos realizados en alianza de la academia y el Estado y, en general, el interés creciente sobre este patrimonio. Este concepto es una tarea apremiante para los investigado- res del tema, desde diversas perspectivas, y permitirá armonizar las visiones políticas, académicas, técnicas, comunitarias y prácticas que, desde los Estados, las organizaciones internacionales y multilaterales, los investigadores, los custodios y los usuarios, se han esbozado hasta el momento.
Calvo, Manuel (2004). Diccionario de términos usuales en el periodismo científico. Instituto Técnico Nacional https://vinv.ucr.ac.cr/sites/default/files/divulgacion- ciencia/libros-y-tesis/diccionario-pc.doc
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Congreso de la República de Colombia (15 de enero, 2010). Por medio de la cual se organizan la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y se dictan otras disposiciones. [Ley 1379 de 2010]. DO: 47.593. Bogotá.
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Presidencia de la República de Colombia (17 de junio, 2014). Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008 en lo relativo al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza documental archivística y la Ley 594 de 2000 y se dictan otras disposiciones. [Decreto 1100 DE 2014]. DO: 49185. Bogotá.
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Ramírez, Marta Cecilia (2012). Comunicación, difusión y didáctica del patrimonio bibliográfico. Estado de la Cuestión 1980 - 2010 (trabajo fin de máster). Universidad de Huelva.
Marta Cecilia Ramírez 2012Comunicación, difusión y didáctica del patrimonio bibliográfico. Estado de la Cuestión 1980 - 2010másterUniversidad de Huelva
1Artículo de reflexión derivado de la experiencia de los autores en proyectos de investigación, así como de sus prácticas profesionales en el campo del patrimonio bibliográfico y documental en Colombia
2Por simbólico aludimos a la concepción de estructura estructurante de Pierre Bourdieu (2000), quien afirma que se trata de “instrumentos de conocimiento y construcción del mundo objetivo” (p. 6).