León, J., Montesinos, V., & Dasí, R. (2021). La
Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social
en los Gobiernos Centrales: Alianza del Pacífico.
Contaduría Universidad de Antioquia, 79, 79-102.
Doi: https://doi.org/10.17533/udea.rc.n79a04
La rendición de cuentas y
responsabilidad social en los gobiernos
centrales: Alianza del Pacífico*
Jeimi Maribel León Silva
Universidad de Medellín
jleon@udem.edu.co
Orcid: 0000-0002-2365-1346
Vicente Montesinos Julve
Universitat de Valencia
Vicente.Montesinos@uv.es
Orcid: 0000-0002-5741-017X
Rosa Dasí González
Universitat de Valencia
rosa.m.dasi@uv.es
Orcid: 000-003-1787-8138
* Este artículo corresponde a uno de los resultados de la tesis de investigación –La divulgación de
la información de Responsabilidad Social en las entidades públicas– realizada en la Universidad
de Valencia como beneficiaria del programa Pasaporte a la Ciencia, y aporta al foco de trabajo
“Sociedad”, en el marco del Programa Colombia Científica.
La rendición de cuentas y responsabilidad social en los gobiernos centrales: Alianza del Pacífico
Resumen: Este artículo tiene como objetivo describir la información que divulgan los gobiernos centrales
de los países de la Alianza del Pacifico (AP), y los roles que estos asumieron en la promoción de la
Responsabilidad Social (RS) mediante los informes de rendición de cuentas que fueron presentados por los
presidentes de gobierno en el año 2017. El estudio se realizó mediante la técnica de análisis de contenido,
utilizando como criterio de clasificación las categorías y los aspectos definidos en las guías para la
presentación de informes de sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI) relacionados con el sector
público. Se concluye que los gobiernos centrales divulgan información relacionada con las tres categorías
de la RS (económica, social y medioambiental) y han asumido roles de regulador, promotor, colaborador
y facilitador para incentivar este tipo de acciones, lo que evidencia que las presiones de los organismos
internacionales han influido en las políticas públicas de los países, principalmente en México y Chile.
Palabras clave: Alianza del Pacífico, información gubernamental, Responsabilidad Social, rendición de
cuentas, gobiernos centrales, información no financiera.
Accountability and social responsibility in central governments: The Pacific Alliance
Abstract: The purpose of this article is to describe the information disclosed by the central governments
of Pacific Alliance (PA) countries, as well as the roles they played in promoting Social Responsibility (SR)
through the accountability reports presented by the countries’ presidents in 2017. The study was carried out
through the content analysis technique, using as classification criteria the categories and aspects defined in
the Global Reporting Initiative (GRI) sustainability reporting guidelines for the public sector. It is concluded
that central governments disclose information related to the three categories of SR (economic, social and
environmental) and have assumed the roles of regulator, promoter, collaborator and facilitator to encourage
this type of actions, demonstrating that pressures from international bodies have influenced public policies in
the countries, mainly in Mexico and Chile.
Keywords: Pacific Alliance, governmental information, Social Responsibility, accountability, central
governments, non-financial information.
A prestação de contas e responsabilidade social nos governos centrais: Aliança do Pacífico
Resumo: Este artigo tem como intuito descrever a informação que divulgam os governos centrais dos
países da Aliança do Pacífico (AP), e os papéis que estes assumiram na promoção da Responsabilidade
Social (RS) mediante os relatórios de prestação de contas que foram apresentados pelos presidentes de
governo no ano 2017. O estudo foi realizado mediante a técnica de análise de conteúdo, utilizando como
critério de classificação as categorias e os aspectos definidos nas guias para a apresentação de relatórios de
sustentabilidade do Global Reporting Initiative (GRI) relacionados com o setor público. Conclui-se que os
governos centrais divulgam informação relacionada com as três categorias da RS (econômicas, social e do
meio ambiente) e tem assumido papéis de regulador, promotor, colaborador e facilitador para incentivar este
tipo de ações, o que evidencia que as pressões dos organismos internacionais tem influenciado nas políticas
públicas dos países, principalmente no México e no Chile.
Palavras chave: Aliança do Pacífico, informação governamental, Responsabilidade Social, Prestação de
contas, governos centrais, informação não financeira.
L’Obligation redditionnelle et la responsabilité sociale dans les gouvernements centraux : l’Alliance
du Pacifique
Résumé: Cet article vise à décrire les informations divulguées par les gouvernements centraux des pays de
l’Alliance du Pacifique (AP), et les rôles qu’ils ont assumés dans la promotion de la Responsabilité Sociale
(RS) à travers les rapports de responsabilité qui ont été présentés par les présidents de gouvernement en
2017. L’étude a été menée à travers la technique de l’analyse de contenu, en tenant comme critères de
classification les catégories et les aspects définis dans les lignes directrices de la Global Reporting Initiative
(GRI) sur les rapports de durabilité relatifs au secteur public. Il est conclu que les gouvernements centraux
divulguent des informations liées aux trois catégories de RS (économique, sociale et environnementale) et
ont assumé des rôles de régulateur, de promoteur, de collaborateur et de facilitateur pour encourager ce
type d’actions ; ce qui montre que les pressions des organisations internationales ont influencé les politiques
publiques des pays, en particulier au Mexique et au Chili.
Mots clés: Alliance du Pacifique, information gouvernementale, responsabilité sociale, obligation
redditionnelle, gouvernements centraux, information non financière.
81Contaduría U niversidad de Antioquia – No. 79. Medellín, j ulio-diciembre de 2021
Cont. udea (julio-septiembre, pp. 79-102. © Universidad de Antioquia-2021.
La rendición de cuentas y responsabilidad social en
los gobiernos centrales: Alianza del Pacífico
Jeimi Maribel León Silva, Vicente Montesinos Julve y Rosa Dasí González
https://doi.org/10.17533/udea.rc.n79a04
Primera versión recibida en abril de 2021 – Versión aceptada en junio de 2021
I. Introducción
Desde la década de los ochenta los países y los organismos multilaterales
vienen realizando esfuerzos para lograr un Desarrollo Sostenible (DS) que per-
mita a las generaciones actuales y futuras un crecimiento económico en equi-
librio con el medioambiente y la sociedad (United Nations, 1987, 1992, 2000,
2002, 2012, 2015). Para este objetivo se han establecido unas líneas de actua-
ción encaminadas a dar respuesta a las necesidades de los colectivos sociales,
mediante la participación de diferentes actores como gobierno, sector privado
y sociedad civil, lo que ha fomentado prácticas socialmente responsables en
la economía, el medioambiente y la sociedad, vinculadas al concepto de Triple
Bottom Line (TBL) propuesto por Elkington (1998).
Las prácticas de RS fueron adoptadas inicialmente por las empresas para
contribuir al DS. Posteriormente, y de manera paulatina, los gobiernos las han
ido incorporando, ya sea en su rol externo a través de la promoción de prácti-
cas, e interno, mediante la gestión de las entidades gubernamentales (Hawrysz
y Foltys, 2016). Esto ha permitido que la RS alcance un papel más activo, se
considere un tema de importancia en las agendas políticas de los países (Alba-
reda et al., 2006, 2007; Lozano et al., 2009; Midttun et al., 2015; Steurer, 2010,
2011) y se hayan logrado avances significativos en las dimensiones económica,
social y medioambiental en los niveles administrativos — nacional, regional o
local— (Ball et al., 2014) para satisfacer las demandas de la población y de los
organismos multilaterales, una búsqueda que trasciende el enfoque empresarial.
Este documento tiene como objetivo identificar la información que divul-
gan y los roles que asumen los gobiernos centrales de los países de la AP en
la promoción de la RS. Para cumplir este propósito, se realiza un estudio de
82La Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social en los Gobiernos Centrales: Alianza del Pacífico
León, J., Montesinos, V., & Dasí, R
caso de los países que conforman la AP, utilizando la técnica de análisis de
contenido de los informes anuales de rendición de cuentas que presentaron
los presidentes de gobierno en el año 2017, en cumplimiento del mandato
constitucional1 de cada nación, mediante la categorización de los apartados
relacionados con los aspectos y las dimensiones de sostenibilidad contempla-
dos en las directrices de la guía G4 (Global Reporting Initiative, 2013) y en la
definición de los roles de gobiernos en la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) propuesta por Fox et al. (2002).
Este tipo de estudios en gobiernos centrales permite abordar el tema de la
RS en el contexto nacional, identificar las acciones y el papel de los gobiernos,
y la gestión realizada por ellos en cuanto a la atención de las necesidades inter-
nas y externas, así como de los diversos grupos de interés desde la perspectiva
macroeconómica, un tema que ha sido poco desarrollado en el análisis de la
sostenibilidad (Gallego-Álvarez et al., 2015) que permite contar con un referen-
te sobre el compromiso de los países latinoamericanos para alcanzar el DS y
promover estudios en los gobiernos centrales que son escasos en este campo
(Figueira et al., 2018)
El documento se divide en cuatro apartados: en el primero se presenta la re-
visión de literatura de los gobiernos centrales y la RS; en el segundo se define la
metodología del trabajo; en el tercero se relacionan los resultados del estudio,
tales como la descripción de la información de sostenibilidad que divulgan las
entidades y los roles que asumen los gobiernos con relación a la RS; por último,
se presentan las conclusiones y los comentarios generales.
II. Revisión de literatura
II.1 Relación entre el gobierno y RS
La preocupación de muchos países por atender las dificultades de la población
ha promovido una serie de iniciativas alrededor del DS. Así, en 1987, con la publi-
cación del informe de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de
las Naciones Unidas (United Nations, 1987) “Nuestro Futuro Común” o “Informe
Brundtland”, se definió el DS como la búsqueda del equilibrio entre las dimensio-
nes económica, social y medioambiental, y esto ha obligado al sector público, al
privado y a la sociedad civil a actuar de forma coordinada para lograrlo.
Otra iniciativa importante fue la Cumbre del Milenio de la ONU en el año
2000, donde se concertaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
encaminados a resolver asuntos económicos, sociales y medioambientales que
afectaban en ese momento al planeta, y se insistió en la responsabilidad colec-
1 Constitución Política de la República de Chile (1980) artículo 24; Constitución Política de
Colombia (1991), artículo 189; numeral de la Constitución Política del Perú (1993), artículo
118; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), artículo 69.
83Contaduría U niversidad de Antioquia – No. 79. Medellín, j ulio-diciembre de 2021
tiva de todos los agentes interesados para alcanzar el progreso en términos de
desarrollo (United Nations, 2000). En el año 2015, ante la imposibilidad de cum-
plir con las metas de los ODM, se celebró la Cumbre de Desarrollo Sostenible,
en la que se adoptó la Agenda 2030 que formula 17 objetivos para avanzar hacia
el DS, con el compromiso de los 193 estados miembros (United Nations, 2015).
En simultáneo, se replanteó el papel del Estado, dada su dificultad para
atender la totalidad de las demandas de los ciudadanos. Se estableció la pers-
pectiva del Estado Relacional, caracterizado por la motivación de diferentes
agentes sociales para participar en la solución de los problemas de la socie-
dad, desde el enfoque de la corresponsabilidad (Vernis y Mendoza, 2009), y
que se vincula con el DS debido a que el éxito de este objetivo no depende
exclusivamente de las actuaciones de los gobiernos, sino que precisa de la
participación de las otras partes interesadas (sector empresarial y la sociedad
civil) para cumplir los compromisos adquiridos, como es el caso de los ODS
(Bitar, 2016).
Por lo anterior, el DS se ha convertido en una prioridad para los gobiernos
centrales que han impulsado desde sus agendas políticas algunas iniciativas re-
lacionadas con la RSE (Kowszyk et al., 2015), lo que ha permitido que sus actua-
ciones trasciendan de un papel netamente regulatorio a uno de liderazgo para
promoverlas en los diferentes sectores (Fox et al., 2002; Steurer, 2010, 2011),
desde una perspectiva interna y externa (Hawrysz y Foltys, 2016).
Sin embargo, el desarrollo de principios y de prácticas ha sido limitado en
comparación con los avances en las organizaciones del sector privado (Figuei-
ra et al., 2018) y estos aspectos resultan necesarios de incorporar debido a las
tendencias actuales de sostenibilidad y a los compromisos para el cumplimiento
de los objetivos planteados en la Agenda 2030 (United Nations, 2015) donde los
procesos de rendición de cuentas de los gobiernos nacionales resultan esen-
ciales para la implementación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la creación de valor social y económico para los grupos de interés
(Abhayawansa et al., 2021).
Para Fox et al. (2002), el desafío de los organismos del sector público es
identificar los incentivos y prioridades del contexto local y nacional para imple-
mentar acciones y convertirse en un actor fundamental de la RS. Además, tienen
la obligación y la necesidad de rendir cuentas ante los ciudadanos y otros agen-
tes interesados, como los miembros del parlamento, las entidades de control
y los organismos multilaterales, para cumplir con los objetivos planteados en
los planes de gobierno de los mandatarios, y otras cuestiones relacionadas con
los compromisos y acuerdos suscritos en diferentes escenarios en el contexto
nacional, regional y mundial, en nombre de los estados en materia económica,
medioambiental, de derechos humanos, trabajo y género.
84La Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social en los Gobiernos Centrales: Alianza del Pacífico
León, J., Montesinos, V., & Dasí, R
II.2 La rendición de cuentas en los gobiernos centrales
En términos generales, el sector público debe garantizar la administración
sostenible de los recursos públicos (Lynch, 2010) y el bienestar de la comunidad
a partir de sus necesidades y demandas; además, debe contribuir al fortaleci-
miento de la confianza de los ciudadanos a través de la evaluación que realizan
sobre las funciones del gobierno y las intenciones de los funcionarios públicos
para promover el interés público (Mizrahi et al., 2020). Estos elementos han
incrementado las presiones a los gobernantes para divulgar información que
demuestre avances en los temas relevantes para la sociedad; entre ellos, se des-
tacan los informes relacionados con los compromisos por el medio ambiente, la
economía y la sociedad civil, considerando que la presentación de informes no
financieros pretenden incrementar la transparencia y reconstruir la confianza
en la sociedad (La Torre et al., 2020).
Desde un enfoque teórico, la teoría institucional establece que las organiza-
ciones surgen en contextos altamente institucionalizados, lo que les obliga a in-
corporar las prácticas y procedimientos definidos que prevalecen en el contexto
organizacional y en la sociedad; esto ocasiona que muchos de los procesos y las
obligaciones sociales se asuman desde el pensamiento social y en la acción de
las organizaciones (Meyer y Rowan, 1977). Esta institucionalización de prácticas
es considerada uno de los factores importantes para abordar el papel del go-
bierno en la RS (Steurer, 2010; Vallentin, 2015), debido a la capacidad que estos
tienen para intervenir en estos asuntos y causar efecto en las prácticas de RS en
los países (Matten y Moon, 2008). A ello se suma las presiones asociadas a las
que están sometidos para cumplir compromisos con la ciudadanía y los organis-
mos multilaterales (United Nations, 2000, 2015), y les obliga a utilizar prácticas
de divulgación para evidenciar el cumplimiento de los objetivos.
Para legitimar las acciones y responder a las presiones de diferentes Stake-
holders, los gobiernos de cualquier nivel divulgan información sobre su gestión
bajo el concepto de la rendición de cuentas “Accountability”, la cual está re-
conocida en la presentación de informes del sector público (Bebbington et al.,
2009). La rendición de cuentas ha trascendido los aspectos netamente finan-
cieros, para incorporar información de carácter social y medioambiental, como
lo señalan Gray et al. (1996), quienes la definen como el deber de las organiza-
ciones de proveer información (no necesariamente un informe financiero) o el
cálculo de las acciones por las cuales son responsables.
Esto significa que las entidades presentan información relativa a todas las
actividades en las que tengan compromisos, sin limitarse a un tipo en parti-
cular. Por lo tanto, los gobiernos también presentan informes de rendición de
cuentas de la gestión realizada durante un periodo, de acuerdo con lo esta-
blecido en el mandato constitucional de cada país, lo que incluye información
85Contaduría U niversidad de Antioquia – No. 79. Medellín, j ulio-diciembre de 2021
económica, social y medioambiental, como respuesta a los avances alcanza-
dos en el programa de gobierno o en el plan de desarrollo pactado al inicio de
periodo presidencial.
Los Estados también se someten a distintas mediciones para comparar la si-
tuación del país con respecto a otras naciones y así demostrar el grado de avan-
ce en ciertos indicadores y temas de interés en el contexto internacional, entre
los que se destaca el Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Índice de los ODS del Bertelsmann Stiftung,
el Índice ODS 2019 para América Latina y el Caribe (2020) y la Red de soluciones
de DS; además del Índice de Sostenibilidad Social, calculado cada año por la
Fundación de Sostenibilidad Social (SSF por sus siglas en inglés).
Estas mediciones son elaboradas a partir de la información consolidada de
los países y de diferentes bases de datos oficiales que evalúan, entre otros,
aspectos relacionados con la sostenibilidad. Por lo tanto, la generación y divul-
gación de información relacionada con las dimensiones de la RS son acciones
prioritarias en el contexto actual. Es importante destacar que países como
Alemania, Canadá y Suiza están avanzando en la marcos relacionados con la
presentación de informes de sostenibilidad, por lo que la divulgación de in-
formación de asuntos asociados con aspectos del Triple Botton Line depende
en gran medida de la capacidad y voluntad de los gobiernos nacionales (Jones,
2010) en sus prácticas de rendición de cuentas.
III.3 La RS en los países en vías de desarrollo
A partir de la revisión de la literatura sobre RS en el sector público, se ob-
serva que, en comparación con los países desarrollados, en los países en vías de
desarrollo no abundan investigaciones ni publicaciones académicas sobre el tema
en las entidades de gobierno (Ali et al., 2017; Hahn y Kühnen, 2013; León-Silva
et al., 2020). Este hecho obedece, por un lado, a que el enfoque inicial de la RS
fue relacionado principalmente a las actuaciones de las empresas (Carroll, 1999)
y, por otro, al carácter de voluntariedad que había prevalecido, como en el caso
de la Comisión Europea (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001), debido a
que inicialmente la RS surgió a partir de la preocupación de los hombres de nego-
cios para establecer acciones que fueran deseables con los valores de la sociedad
(Bowen, 1953), sin que existiera un carácter de obligatoriedad en estos asuntos.
La investigación de la RS en los gobiernos centrales se ha concentrado prin-
cipalmente en los países de la Unión Europea (UE). Es el caso de los estudios de
Albareda et al. (2006, 2007, 2008); Lozano et al. (2009); Steurer (2010, 2011) y
Vallentin, (2015). Los análisis se realizan con las agendas políticas de los países
del norte, como Europa y Norteamérica, y no se identifica un mayor avance en
Latinoamérica ni en África (Idemudia, 2011, 2014).
86La Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social en los Gobiernos Centrales: Alianza del Pacífico
León, J., Montesinos, V., & Dasí, R
Sobre la RS en Latinoamérica se encuentra el trabajo de Kowszyk et al.
(2015), que analiza las iniciativas de los gobiernos relacionadas con la RS en las
empresas, en los países de la UE y de América Latina y el Caribe (ALC), e iden-
tifica los principales avances en la elaboración de planes nacionales de RSE y
la integración en las políticas públicas. Este estudio revela el liderazgo de los
gobiernos centrales en la promoción de iniciativas que muestran intenciones de
vincularse con la economía mundial mediante acuerdos y convenios comercia-
les, alianzas y tratados internacionales, lo que los ha llevado a adoptar guías y
estándares internacionales para alcanzar el DS.
Por esta razón, la presente investigación se concentra en el estudio de caso
de los países latinoamericanos que pertenecen a la AP, dada su importancia
económica y geopolítica en la región y los avances significativos en materia de
RSE (Kowszyk et al., 2015). Además, son países que cuentan con una estructura
institucional democrática sólida, con mandatarios elegidos periódicamente,
mercados dinámicos y globalizados, y condiciones favorables para la inversión.
Esta alianza (AP), es la octava potencia económica y exportadora a nivel mun-
dial; representa el 37% del Producto Interno Bruto (PIB), el 52% del comercio
total, que atrae el 45% de la Inversión Extranjera Directa (IED) del ALC (Alianza
del Pacífico, s.f.) 2 .
México, Chile y Colombia 3 son miembros OCDE y Perú tiene proyectado in-
gresar en el año 2021. Esta circunstancia resulta interesante, dado que países
como España, Italia, Nueva Zelanda, Francia y Países Bajos, entre otros, que es-
tán vinculados con este organismo, han implementado iniciativas en materia de
RS desde el sector público, a través de iniciativas voluntarias y con normativa
vinculada a estos temas.
III. Metodología
Con el propósito de identificar la información que divulgan y los roles que
asumen los gobiernos centrales, se realizó un estudio de caso en la AP, que
está conformada por Chile, Colombia, México y Perú, para la promoción de la
RS, utilizando la técnica de análisis de contenido a los informes anuales de los
presidentes de los gobiernos centrales de los países de la AP, que fueron presen-
tados en el año 20174 como parte del proceso de rendición de cuentas de cada
2 De acuerdo con los datos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional
(FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
3 La OCDE aprobó la adhesión de Colombia en mayo de 2018.
4 Se tomó el año 2017 porque era la información disponible en los cuatro países analizados en las
fechas de realización del estudio y en ese año hubo elecciones presidenciales en Chile y en el
2018 en Colombia y México, lo que impedía analizar la gestión de los gobernantes que iniciaron
acciones relacionados con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París en el año 2015.
87Contaduría U niversidad de Antioquia – No. 79. Medellín, j ulio-diciembre de 2021
país (Gallego-Álvarez y Quina-Custodio, 2016; Guthrie y Farneti, 2008; Mazzara
et al., 2010). Se utiliza la técnica de análisis de contenido cualitativo, definido
como un método para la descripción sistemática del material, de acuerdo con la
clasificación de las categorías en un marco de codificación (Schreier, 2012), que
permite identificar las prácticas de divulgación asociadas a la sostenibilidad de
los gobiernos de la AP y al papel que asumen con respecto a este tema para las
organizaciones del sector empresarial.
El análisis de contenido es la técnica más empleada en reportes sociales y
medioambientales para la recolección de datos asociados con la investigación
(Guthrie y Abeysekera, 2006), debido a que el principal objetivo de estos estu-
dios es evaluar lo que divulgan las organizaciones. Además, esta técnica facilita
la recopilación de datos, en comparación con otros instrumentos, como las en-
cuestas o las entrevistas (Fifka, 2013). En el caso del sector público, esta técnica
se ha utilizado en diversas investigaciones relacionadas con la divulgación de
aspectos sociales y medioambientales en los gobiernos locales (Williams, 2015),
para lo cual se recurre a los criterios definidos de la guía GRI en sus diferentes
versiones (Joseph y Taplin, 2012a; Kaur y Lodhia, 2014; Othman et al., 2017; Wi-
lliams et al., 2011).
El objeto de análisis son las secciones de páginas del informe anual (Guthrie
y Abeysekera, 2006; Unerman, 2000) relacionadas con las acciones de los go-
biernos centrales, clasificadas en las categorías económica, social y medioam-
biental, definidas en la directrices de la guía GRI en la versión G4 (Global
Reporting Initiative, 2013), y otros aspectos incorporados en el suplemento para
las agencias públicas del GRI (Global Reporting Initiative, 2005). Con esta infor-
mación se estableció el eje temático para el análisis (Anexo 1). Posteriormente,
en los casos que era posible, se clasificaron las iniciativas de acuerdo con los
roles de los gobiernos para promover la RSE propuestos por Fox et al. (2002),
señalados en el Anexo 2.
IV. Resultados
En este apartado se presentan los resultados de análisis de contenido de los
informes de rendición de cuentas de los presidentes de los países de la AP en el
2017. En la primera parte se exponen las iniciativas relacionadas con las dimen-
siones económica, social y medioambiental, asociadas con la sostenibilidad que
divulgan los gobiernos centrales. En la segunda parte, se presenta el resultado
de una clasificación de las iniciativas asociadas con la RS, de acuerdo con los
roles definidos por los autores Fox et al. (2002).
En el análisis detallado de la estructura de los informes, Chile y México re-
velan un mayor nivel de detalle de las acciones realizadas para cumplir con las
propuestas consignadas en sus programas de gobierno. También se observan
diferencias en la forma de presentar los informes en cuanto a estructura, exten-
88La Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social en los Gobiernos Centrales: Alianza del Pacífico
León, J., Montesinos, V., & Dasí, R
sión y contenido, lo que plantea diferencias importantes en la divulgación de las
iniciativas de RS en los cuatro países analizados.
IV.1 Divulgación de información de sostenibilidad en el sector público
Se identificaron los aspectos de las categorías de la RS que divulgan los
gobiernos relacionados con el sector público, como parte de su proceso de
gestión para alcanzar el DS, a partir de la relación entre la información que se
divulga en los informes de rendición de cuentas de los gobiernos y las guías
para la elaboración de los informes de sostenibilidad del GRI como eje temático.
A continuación, se presentan algunas iniciativas que divulgan los gobiernos y
que contribuyen a conformar la estructura temática del informe.
IV.1.1 Dimensión económica
En los informes se destaca la preocupación respecto a la situación económi-
ca de los países, cuyo contenido ocupa un espacio importante. Entre los aspec-
tos a destacar se encuentran:
- Desempeño económico: se concentra en divulgar el contexto económico de
los países y de la región en el último año, y destaca variables macroeconó-
micas como el crecimiento económico del país, los sectores de la economía
de impacto positivo o negativo, el PIB nacional, tasa de desempleo, opera-
ciones de comercio internacional y resultado financiero del Estado, a par-
tir de la explicación de los principales ingresos y gastos del presupuesto.
También se destacan las medidas para mejorar el desempeño económico
del país, asociadas al manejo del déficit fiscal y a cómo lograr un mayor
crecimiento en los siguientes años.
- Presencia en el mercado: en este aspecto los gobiernos (en especial Colom-
bia, Chile y México) mencionan la participación en organismos o alianzas
para incentivar las relaciones comerciales y económicas entre diferentes
países. También se hace mención del puesto que ocupan en los diferentes
rankings que evalúan el desempeño económico. Entre los convenios se des-
taca la AP, el Acuerdo Transpacífico, Mercosur y la UE, entre otros.
- Prácticas de adquisición: existen iniciativas relacionadas con el pliego de
condiciones para las compras públicas, principalmente en Chile y México,
que incentivan y otorgan más puntuación en las contrataciones a los pro-
veedores que tengan prácticas socialmente responsables y amigables con el
medioambiente y lo establecen como un criterio de selección. También se
destacan los incentivos para que pequeñas empresas, campesinos, mujeres
y otros grupos minoritarios tengan posibilidad de participar en los proce-
sos de contratación pública.
89Contaduría U niversidad de Antioquia – No. 79. Medellín, j ulio-diciembre de 2021
IV.1.2 Dimensión medioambiental
Desde esta dimensión se destaca un compromiso por lograr acciones en
torno al cuidado del medioambiente, debido a los problemas que se han ge-
nerado en estos países por sus economías, basadas en prácticas extractivas,
como petróleo y otros minerales (Comisión Económica para América Latina y
el Caribe, CEPAL, 2016), lo que ha incrementado los niveles de contaminación y
las reclamaciones por parte de la comunidad, y ha contribuido a una mayor par-
ticipación por parte de las entidades públicas para mitigar el daño ambiental,
disminuir la contaminación y garantizar la preservación del medioambiente.
Entre las iniciativas de los países para contribuir al cuidado del medioam-
biente desde las entidades del sector público se destacan las acciones relaciona-
das con la energía, el uso y protección de los recursos hídricos, la conservación
de la biodiversidad para la protección de especies y la disminución de la emisión
de gases invernadero en Chile y en México.
- Energía: en este aspecto se identifican varias iniciativas para el sector pú-
blico de los gobiernos de Chile y México. Chile promueve programas para
la gestión eficiente y acciones amigables con el ambiente, así como un
programa de techos solares en entidades públicas, recambio del alumbrado
público y una guía de mejoramiento de la gestión eficiente de la energía
para fomentar las prácticas de buen uso.
En México se realizaron varios proyectos relacionados con la eficiencia y
sustentabilidad energética en municipios, el programa “Ecocasa” para reducir
la emisión de gases efecto invernadero y la asignación de recursos financieros
para proyectos asociados con las energías renovables.
- Agua: la contaminación de las fuentes hídricas en las regiones, ha logrado
que los gobiernos se ocupen de este tema a través de diversas actividades
que buscan proteger los océanos y realizan acciones encaminadas a la pro-
tección de los recursos hídricos de los territorios. En el caso de Chile se
establecieron áreas marinas protegidas para resguardar el ecosistema mari-
no mediante la creación del “Consejo de ministros para el Desarrollo de la
Política Oceánica” y del “Santuario de la Naturaleza”.
En Colombia se divulga información relacionada con estaciones hidrológicas
de monitoreo que trasmiten información sobre su actividad.
En México se divulgan acciones de la entrada en operación de plantas po-
tabilizadoras y el establecimiento de los lineamientos para el otorgamiento de
concesiones o asignaciones de agua subterránea salada y programas para la
protección de los ecosistemas subterráneos.
El informe de Perú no contiene información de iniciativas enfocadas al sector
público para la protección de los recursos hídricos.
90La Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social en los Gobiernos Centrales: Alianza del Pacífico
León, J., Montesinos, V., & Dasí, R
- Biodiversidad: los países de la AP realizan programas para la conservación
de la biodiversidad de las especies mediante mecanismos para la protección
de aves y animales. En Chile, a través de una normativa específica, se creó el
servicio de biodiversidad y de áreas protegidas, así como el reglamento para
la elaboración de planes de recuperación, conservación y gestión.
En Colombia se lanzó el proyecto “Colombia BIO”, que tiene por objetivo
generar condiciones para conocer, conservar y aprovechar sosteniblemente la
biodiversidad del país y su potencial.
En México se presentó la “Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de Méxi-
co” y su “Plan de Acción al 2030 para la Protección de Especies”, y convenios de
colaboración y pronunciamientos internacionales de acciones para la protección
de las especies.
En Perú se definió el “Reto Biodiversidad”, un instrumento de financiamiento
para empresas que promuevan el uso sostenible y la puesta en valor de la
biodiversidad.
- Emisiones: la firma del Acuerdo de París por los países de la AP ha incenti-
vado iniciativas para la reducción de emisión de gases invernadero. Las en-
tidades del sector público de Chile y de México han establecido proyectos
de reducción de gases desde el control de emisiones por parte de algunas
industrias y sectores. También han aprobado políticas relacionadas con tec-
nologías alternativas para el transporte público, e iniciaron acciones para
la participación de estos países en el mercado de emisiones. En el caso de
Chile, también se implantaron los impuestos verdes para el sector de trans-
porte y de generación.
- Efluentes y residuos: los esfuerzos de los países se enfocan principalmente
en programas para el manejo de los diferentes residuos en coordinación
con el sector privado. En Chile se destaca el “Programa de Provisión de
Residuos Sólidos y de Saneamiento Sanitario”, la regulación de contami-
nantes asociados a la descarga de residuos líquidos a aguas marinas y la
vinculación de los productores frente a la responsabilidad de la gestión de
los residuos.
En Colombia se menciona un programa relacionado con la gestión de resi-
duos tecnológicos obsoletos en los colegios.
Los informes de México y Perú no registran información explícita sobre este
aspecto.
IV.1.3 Dimensión social
Es la dimensión que presenta el mayor nivel de detalle en los informes de
los presidentes, debido a que corresponde a los principales objetivos de los
gobiernos centrales por las dificultades sociales que sufren los habitantes de La-
tinoamérica (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 2016;
91Contaduría U niversidad de Antioquia – No. 79. Medellín, j ulio-diciembre de 2021
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, 2017).
Se destaca la información sobre avances en la disminución de la pobreza, garan-
tía de derechos humanos para diferentes grupos de población en condiciones
de vulnerabilidad (niños, mujeres, población LGTBI), educación, salud, empleo y
la provisión de servicios públicos básicos. Adicionalmente, presentan aspectos
relevantes que involucran acciones directamente relacionadas con la labor del
Estado para la promoción y participación en dicho proyecto.
- Empleo: se destacan las acciones para incentivar las prácticas laborales que
conciernen a los funcionarios públicos. En Chile la normativa está relacio-
nada con el diseño de estructuras del personal y los beneficios entregados
a funcionarios de diferentes entidades, así como la ampliación de plazas
para funcionarios en distintos sectores, de programas de formación en te-
mas de Estado y la implementación del Instructivo Presidencial N°001 de
2015 sobre buenas prácticas laborales para los funcionarios del Estado y las
acciones para la “Agenda de Probidad y Transparencia” del gobierno en el
portal de empleos públicos.
En los demás países de la AP no se evidencian acciones concretas relaciona-
das con el empleo de funcionarios públicos.
- Capacitación: de acuerdo con las necesidades del servicio, las entidades gu-
bernamentales de Chile se han preocupado por la formación y capacitación
de los funcionarios públicos. Se muestra un grado de apropiación en temas
sensibles para la atención de los ciudadanos, como violación de derechos y
discriminación de personas en condición de vulnerabilidad.
En el caso de México, el gobierno diseñó un portal de capacitación, adies-
tramiento y productividad laboral para entidades federativas, que ofrece a los
servidores públicos el desarrollo y fortalecimiento de habilidades y competen-
cias conceptuales sobre perspectiva de género, política pública de igualdad,
prevención y atención del acoso sexual, no discriminación y derechos humanos.
Colombia y Perú no presentan información sobre acciones encaminadas a la
formación del capital humano de las entidades del sector público.
- Diversidad e igualdad de oportunidades: Chile y México divulgan acciones
relacionadas con este tema que no solo afectan al sector público y tienen
incidencia en la promoción de la igualdad. En Chile, en el marco de los ODS
y la instalación de la Mesa del Sector Público de Buenas Prácticas Labora-
les con Enfoque de Género, se diseñó y formuló el “Plan de Igualdad entre
Mujeres y Hombres 2017-2030”, además de cursos y campañas tendientes
a incentivar la igualdad de condiciones y oportunidades para la población
desde la perspectiva de género, como el programa “Mujer Proveedora” para
participar en los procesos de contratación con el Estado.
En México se está ejecutando el “Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación Contra las Mujeres (PROIGUALDAD)”, y se
92La Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social en los Gobiernos Centrales: Alianza del Pacífico
León, J., Montesinos, V., & Dasí, R
realizó la primera sesión abierta del “Sistema Nacional para la Igualdad Entre
Mujeres y Hombres”.
En Colombia y Perú no se obtuvo información sobre este aspecto.
No discriminación: este aspecto resulta relevante y se evidencian acciones en
los países en diversos temas: género, población inmigrante, comunidad LGTBI.
Chile es el país abanderado en este tema en materia normativa y de gestión.
Entre las acciones adelantadas se destacan: el “Taller de Capacitación en Enfo-
que de Género para la Administración Pública” bajo el plan de modernización
del acuerdo de asociación de Chile y la UE del “Programa Regional para la Co-
hesión Social con América Latina (EUROSOCIAL)”, el “Observatorio de Partici-
pación Ciudadana y no Discriminación Arbitraria”, la Ley 20609 de rechazo y
sanción de todo acto discriminatorio de carácter arbitrario, entre otros.
México también ha adelantado acciones en este tema en materia normativa,
así como programas para acabar con la discriminación. Entre ellos se destaca
la “Instrucción Presidencial IP-321,1” para articular acciones que promuevan el
empoderamiento de las mujeres, la lucha contra la discriminación por razones
de género, y el fortalecimiento de los sistemas estatales de igualdad, de preven-
ción, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
En Perú se identifican acciones para la integración de la persona con disca-
pacidad “CONADIS” y la puesta en marcha de una “Plataforma Virtual Contra
el Racismo”.
Colombia no cuenta con acciones específicas al respecto.
- Lucha contra la corrupción: este aspecto está contemplado en la Guía GRI
G4 y en el suplemento de las entidades públicas, y se considera crucial para
Latinoamérica debido a los altos niveles de percepción de corrupción que
han llevado al estancamiento del crecimiento de la región y debilitado la
confianza de la ciudadanía (Corporación Latinobárometro, 2018). Frente
a este tema, cada país ha trabajado en diversas estrategias para eliminar
actos corruptos con las entidades del Estado.
En Chile se implementó el “Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y
Anticorrupción en el Sector Público” y se hizo seguimiento a la implementación
de la “Convención Interamericana contra la Corrupción”.
En México se realizó una reforma constitucional para crear el “Sistema
Nacional Anticorrupción”, una instancia de coordinación para la prevención,
detección y sanción de hechos de corrupción, y fortalecimiento de la fiscaliza-
ción y control de recursos públicos; y se aprobó el “Compendio de las mejores
prácticas para el uso de datos abiertos contra la corrupción”.
En Perú se tomaron medidas normativas con la emisión del Decreto Legis-
lativo 1295, que ordena separar del cargo a aquellos trabajadores públicos que
hayan cometido delitos de corrupción y el Decreto Legislativo 1307, que modi-
93Contaduría U niversidad de Antioquia – No. 79. Medellín, j ulio-diciembre de 2021
fica el Código Procesal Penal para hacer más eficaz la persecución y sanción de
delitos de corrupción de funcionarios.
En el informe de Colombia no se presenta información sobre este tema, a pe-
sar del creciente número de casos asociados con este delito en los últimos años.
- Norma de calidad del servicio: debido a la necesidad de fortalecer la labor
del Estado en el cumplimiento de las necesidades de los ciudadanos y los
compromisos a nivel regional y mundial, los países han realizado varias ac-
ciones para mejorar la prestación del servicio en las entidades públicas.
Chile ha establecido diferentes iniciativas para fortalecer y modernizar el
sector público con orientación hacia el usuario, entre las que se destacan: el
“Programa de Formación a los Encargados de la Ejecución y Planificación de las
Políticas de Participación en el Estado”, la creación del “Comité de Innovación
Pública” y del “Laboratorio de Gobierno”.
Por su parte, México estableció varias acciones relacionadas con el mejora-
miento de la función del sector público. Definió un programa de mejora regula-
toria en la Administración Pública Federal (APF), simplificó trámites prioritarios
y puso en marcha la estrategia transversal “Gobierno cercano y moderno”.
Las acciones realizadas en Perú corresponden a tareas de tipo operativo para
agilizar los procesos y las diligencias ante el Estado, como la creación de la he-
rramienta intersectorial “Dime tu traba” e “Invierte.pe”.
En el informe presentado por Colombia no se evidencian acciones relaciona-
das con la calidad del servicio en las entidades públicas.
IV.2 Análisis de los roles de los gobiernos centrales en RS
Como se ha señalado, el documento del BM Public Sector roles in stren-
gthening corporate social responsibility: a baseline study, publicado por Fox et
al. (2002), establece un punto de partida en el estudio de la influencia de los
gobiernos en la RSE, al determinar que no solo cumplen el rol de reguladores
de las prácticas socialmente responsables de los diferentes agentes, sino que
también pueden promoverlas, facilitarlas y colaborar para alcanzar el propósito
común del DS.
A partir de esta clasificación (Anexo 2), se tomaron secciones de los informes
de rendición de cuentas para establecer los roles asumidos por los gobiernos
centrales de la AP en materia de RSE.
El rol de regulador es considerado por los gobiernos el más importante para
incentivar las actuaciones de los otros agentes sociales, y mediante la normativa
han logrado acciones encaminadas a las prácticas socialmente responsables de
todos los sectores (Albareda et al., 2007; Steurer et al., 2012).
En los informes, se observa que la regulación es el rol principal para los es-
tados frente a acciones de la RSE. No solamente los gobiernos han incentivado
las buenas actuaciones de las entidades del sector público para alcanzar un
94La Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social en los Gobiernos Centrales: Alianza del Pacífico
León, J., Montesinos, V., & Dasí, R
nivel de desarrollo mediante el cumplimiento de estándares básicos, también
han asumido una serie de compromisos en los acuerdos con los organismos
multilaterales y convenios con otros países, que los obliga a cumplir aspectos
relacionados con la protección del medioambiente, las condiciones laborales, la
no discriminación, los derechos de los niños y las mujeres, prácticas laborales y
la lucha contra la corrupción, entre otros.
En general, se observa un interés generalizado por contribuir con acciones
para alcanzar el crecimiento económico proyectado, incentivar la economía,
el cuidado del medioambiente, la lucha contra la discriminación, los derechos
laborales y la protección de los pueblos indígenas, entre otros.
El rol de regulador coincide con el papel que ejerce la Unión Europea; es-
pecialmente, con la expedición de la Directiva 2104/95 en el año 2014 que
estableció requisitos obligatorios para la presentación de informes no finan-
cieros en los Estados europeos para mejorar la transparencia e incrementar la
confianza en la sociedad y representan cambios en la divulgación de las accio-
nes sociales, medio ambientales y económicas de las empresas de la región (La
Torre et al., 2020).
En el rol de facilitador el gobierno interviene mediante herramientas o ini-
ciativas que permiten al sector privado adoptar prácticas de RS, con el fin de
mejorar aspectos sociales y medioambientales; sin embargo, cumple un papel
secundario, dado que solo manifiesta su interés para que otros agentes sociales
realicen esas prácticas desde la voluntad, contando con el apoyo del gobierno
para llevar a cabo esas iniciativas, como la creación de sistemas y programas
que establezcan criterios para que las entidades del sector público y del sector
privado generen prácticas socialmente responsables.
El rol de Estado como colaborador se ha dado especialmente a través de inicia-
tivas que permiten establecer relaciones de asociación con el sector privado, con
otras entidades y con la sociedad civil, sobre temas que promueven prácticas de
RSE, mediante alianzas público-privadas que en los últimos años han permitido el
desarrollo de varios proyectos en el sector privado, con el apoyo de los gobiernos
sobre temas que incluyen medioambiente, incentivos a la economía, infraestruc-
tura y acciones de protección de los derechos humanos, entre otros.
En los países de la AP ha adquirido fuerza la colaboración público-privada y
de organismos multilaterales a través de la ejecución de proyectos relacionados
con las dimensiones de la DS, debido a que a los Estados no les ha sido posi-
ble cumplir todas las demandas de las ciudadanías. Esta colaboración se refleja
principalmente en iniciativas de infraestructura y de mejoramiento de las condi-
ciones de vida de la población.
En el escenario de promotor, el rol del gobierno se manifiesta a través del
apoyo político y del respaldo del sector público a las iniciativas de RSE, me-
diante un conjunto de actividades que impulsan actividades socialmente res-
95Contaduría U niversidad de Antioquia – No. 79. Medellín, j ulio-diciembre de 2021
ponsables, como reconocimientos por las buenas prácticas, condiciones para
la contratación pública u otros incentivos que permiten un mejor acercamiento
por parte del sector privado a prácticas vinculadas con la RS. Este rol se refleja
en iniciativas que permiten a los proveedores del Estado buenas prácticas en
producción y en procesos de contratación, mediante concursos y procesos de
certificación de las empresas de prácticas socialmente responsables en materia
de producción de artículos con eficiencia energética, no discriminación de la
mujer y de la población en condición de discapacidad, entre otros.
V. Conclusiones
La RS ha tomado importancia para los gobiernos debido a la urgencia de ac-
ciones concretas para alcanzar el DS. Aunque inicialmente solo fue considerada
por el sector privado, los gobiernos centrales han empezado a contemplarla
mediante el impulso de los acuerdos y los compromisos internacionales ad-
quiridos en materia de crecimiento económico, protección del medioambiente
y garantía de los derechos sociales, a partir de un esquema relacional que in-
volucra programas con el sector privado y con la sociedad civil. Aunque cada
gobierno tiene diferentes ritmos para la implementación de políticas y prácticas
relacionadas con la sostenibilidad, que dependerán de las condiciones políticas,
sociales y económicas de los países (Abhayawansa et al., 2021).
En el examen de los informes anuales de los presidentes de los países que
conforman la AP, se observan diferencias en cuanto a estructura, tamaño y con-
tenido de los documentos. Se evidencia que Chile y México realizan un esfuerzo
por reportar de manera detallada las acciones realizadas durante el periodo del
informe, lo que permite al usuario de la información conocer de forma preci-
sa los logros y avances del presidente y su gabinete, de acuerdo con las metas
planteadas al inicio del mandato, aunque tanto contenido pueda generar apatía
en los ciudadanos y demás grupos de interés. La mayor divulgación de informa-
ción de prácticas de sostenibilidad también está asociada con el relacionamien-
to de organizaciones y compromisos internacionales vinculados con la OCDE.
En el caso de Colombia el informe es breve y está centrado en los temas prin-
cipales del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Un caso similar ocurre con el in-
forme de Perú, el cual, aunque utiliza imágenes y detalla algunas acciones sobre
temas puntuales, presenta un contenido aún menor. En tal sentido, los infor-
mes de Colombia y Perú no permiten identificar la totalidad de las actuaciones
de sus gobiernos, ni las gestiones realizadas en materia de RSE, pese a que to-
dos los países de la AP han adoptado compromisos con los ODS y con el cambio
climático. En el caso de Perú, se puede destacar la crisis política del gobierno
del presidente Pedro Pablo Kuczynski desde su toma de posesión en el 2016,
afectando el cumplimiento de su plan de gobierno (República del Perú, 2017) y
que concluyó con la destitución del presidente en marzo de 2018.
96La Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social en los Gobiernos Centrales: Alianza del Pacífico
León, J., Montesinos, V., & Dasí, R
En cuanto a la divulgación de la información sobre RS por parte del sector
público, se evidencia que las entidades de gobierno realizan acciones que
coinciden con algunos aspectos puntuales de las dimensiones (económica,
medioambiental y social) contemplados en las guías para los reportes de sos-
tenibilidad definidos por el GRI. En el caso de la dimensión económica, todos
los países divulgan información relacionada con la situación del país a través
de indicadores macroeconómicos, en los que resaltan acciones para reactivar la
economía, y mencionan acuerdos comerciales y prácticas de adquisición trans-
parentes e inclusivas para beneficio de campesinos y mujeres, como las adopta-
das por Chile y México.
En la dimensión medioambiental, se destacan las acciones relacionadas
con el propósito de reducir las emisiones de gases efecto invernadero por los
compromisos con el Acuerdo de París y la ONU; y en la dimensión social, varias
acciones relacionadas con prácticas laborales adecuadas para que los empleados
públicos presten un buen servicio a los ciudadanos a través de capacitaciones,
así como para actualizar prácticas de las entidades del sector público en diver-
sos aspectos relacionados con los derechos humanos y la gestión pública.
Los países de la AP asumen diversos roles (regulador, facilitador, colabora-
dor y promotor) en la implementación de la RS en el sector público y privado,
mediante el impulso de iniciativas relacionadas con las tres dimensiones de la
sostenibilidad. Entre estos se destaca el rol de regulador, en el que el Estado
propone acciones para gestionar en el sector económico, medioambiental y
social, principalmente en los temas relativos a los compromisos pactados con
organismos multilaterales y otros países, como el cambio climático y el cumpli-
mento de la agenda 2030.
Se evidencia que Chile y México son los países que más divulgan información
relacionada con acciones para incentivar la RS, y que su papel no se limita a
un aspecto netamente normativo, sino que se extiende al impulso, promoción
y participación en diferentes proyectos e iniciativas para lograr el DS, conocida
como regulación suave (Steurer, 2010, 2011). En el caso de Colombia y Perú se
obtuvo información limitada por el diseño y la poca profundidad del informe,
lo que impidió conocer las iniciativas que promueven estos países, si se tiene
en cuenta que sus Planes Nacionales de Desarrollo (PND) están encaminados
al cumplimiento de la agenda 2030, que impulsa las tres dimensiones del DS
(Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Perú hacia el 2021, 2016; Depar-
tamento Nacional de Planeación, 2014).
Los gobiernos nacionales, al igual que las organizaciones, están sometidos
a presiones internas y externas. Por un lado, la ciudadanía y los organismos de
control demandan resultados de gestión adecuada y sostenible de los recursos
públicos financieros y naturales, así como de atención de las necesidades de
la población. Por otro lado, las instituciones internacionales y los efectos de la
97Contaduría U niversidad de Antioquia – No. 79. Medellín, j ulio-diciembre de 2021
globalización han generado una serie de acciones conjuntas en la mayoría de
los países, que han derivado en compromisos para alcanzar metas comunes,
entre las que se destaca la garantía de los derechos humanos, el cuidado del
medioambiente, crecimiento económico y relaciones comerciales.
Lo anterior ha llevado a que las autoridades gubernamentales promuevan po-
líticas públicas y otras iniciativas de gestión para contribuir al DS, lo cual es más
evidente en los países de la OCDE (México y Chile), quienes divulgan información
más detallada de las acciones relacionadas con la economía, el medioambiente y
la sociedad, que garantiza el cumplimiento de directrices en estos asuntos, a dife-
rencia de Colombia y Perú que, según los informes, no presentan un análisis sobre
avances y resultados en la materia. Es importante destacar que la divulgación de
información de prácticas de sostenibilidad es similar a los resultados obtenidos
en el estudio de León-Silva et al. (2020) relacionada con la divulgación de informa-
ción de sostenibilidad para los gobiernos locales de la AP.
Se considera que las conclusiones de este estudio son relevantes porque con-
tribuyen a la investigación de la sostenibilidad del sector público en varios aspec-
tos: en primer lugar, el trabajo trata sobre gobiernos centrales de países en vías
de desarrollo que no han sido estudiados a profundidad desde el punto de vista
académico en el tema de sostenibilidad, dadas las características particulares de
estos países; en segundo lugar, se desarrolla el trabajo desde la perspectiva ma-
croeconómica, al analizar las acciones del gobierno central de cada uno de los
países de la AP, lo que permite contar con un panorama sobre la ruta nacional
para aportar al DS, teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajos de sosteni-
bilidad en el sector público se han centrado principalmente en gobiernos locales;
por último, este trabajo aborda la sostenibilidad en los gobiernos nacionales, en
las dimensiones interna y externa, y evalúa las acciones que buscan promover la
RS en el sector privado, así como las iniciativas socialmente responsables que em-
prenden las entidades públicas como contribución al DS.
Sin embargo, los alcances son limitados debido a la ausencia de información
de Colombia y Perú, relacionada con las acciones de sus gobiernos sobre RS
en el período presidencial, y dificulta la formulación de conclusiones para el
conjunto de países. Adicionalmente, en la revisión de literatura, no se encontró
información sobre trabajos previos que analicen los gobiernos centrales desde
la perspectiva de la rendición de cuentas, lo que limitó aún más la posibilidad
de comparar resultados.
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102La Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social en los Gobiernos Centrales: Alianza del Pacífico
León, J., Montesinos, V., & Dasí, R
Anexo 1. Categorías y aspectos de los informes de sostenibilidad del GRI
Categoría Guía G4 Suplemento guía GRI entidades públicas
Económico
Desempeño económico
Presencia en el mercado Transparencia en los fondos públicos
Consecuencias económicas indirectas
Prácticas de adquisición Criterios y prácticas de adquisición
Ambiental
Materiales
Energía
Agua
Biodiversidad
Emisiones
Efluentes y residuos
Productos y servicios
Cumplimiento regulatorio
Transporte
General
Social
Empleo
Relaciones entre los trabajadores y la dirección
Salud y seguridad en el trabajo
Capacitación y educación
Diversidad e igualdad de oportunidades
Igualdad de retribución entre mujeres y hombres
No discriminación
Libertad de asociación y negociación colectiva
Trabajo infantil
Trabajo forzoso
Derechos de la población indígena
Comunidades locales
Lucha contra la corrupción Corrupción
Política pública Posiciones de política pública
Norma de Calidad del servicio
Fuente: Elaboración propia a partir de Global Reporting Initiative (2005 y 2013)
Anexo 2. Funciones del sector público en la RS
Función Legislación Control Mecanismos
Obligar Legislación para ordenar
y controlar Regulación e inspección Sanciones e incentivos legales y
fiscales
Facilitar Legislación facilitadora Creación de incentivos Capacitación “Creación de capacidad”
Apoyo financiero Sensibilización Estimulación de los mercados
Colaborar Combinación de recursos Compromiso con los
stakeholders Diálogo
Promocionar Apoyo político Difusión y reconocimiento
Fuente: Fox et al. (2002) y García et al. (2013).