EDITORIAL
Reformas a la contaduría pública en
Colombia: un momento para reflexionar
sobre el futuro de la profesión
El mundo enfrenta actualmente cambios vertiginosos, muchos de estos
impulsados por la evolución de la tecnología y por el cambio climático,
aspecto este último que debería estar en la cúspide de cualquier discusión que
afecte la acción pública o privada. En este contexto, la contaduría pública ha
sido cuestionada y por múltiples razones, se ha visto envuelta en escándalos
corporativos como Saludcoop, Reficar, Interbolsa delosAndes Cooperativa, en
particular, por no estar al tanto de los casos de corrupción o exceso que por las
cuentas de estas entidades circulaban.
Otro aspecto que ha llamado la atención de la contaduría pública, en parti-
cular, para el caso colombiano, es el gran volumen de profesionales que egresan
semestre tras semestre de los múltiples programas de contaduría pública del
país. Las cifras de la Junta Central de Contadores indican que hoy tienen tarje-
ta profesional vigente cerca de 300 mil contadores y muchos profesionales se
quejan, en especial en discusiones en redes sociales o en eventos de difusión de
saberes de la profesión, acerca de la sobreoferta de servicios y las malas prácti-
cas de distintos contadores que otorgan a muy bajo costo su conocimiento. No
obstante, en estos espacios brilla por su ausencia el análisis de fondo sobre el
tejido empresarial del país, las malas prácticas de algunos empresarios y de per-
sonas que no contribuyen al Estado a pesar de su gran acumulación de riqueza.
Parece entonces que la culpa es de las personas que esperan obtener un título
profesional en contaduría pública y que hoy representan un volumen importan-
te de profesionales a disposición del país.
No se puede negar, que abrir un programa de contaduría pública puede ser
una tarea mucho más sencilla que uno de ingeniería o medicina. Poco se habla
de inversión en laboratorios, convenios con entidades para realizar prácticas
o de las necesidades de software especializado para que los estudiantes ten-
gan espacios de clase donde puedan usar herramientas de análisis de datos
y potencien sus capacidades de clasificación, análisis e interpretación de la
Reformas a la contaduría pública en
Colombia: un momento para reflexionar
sobre el futuro de la profesión
El mundo enfrenta actualmente cambios vertiginosos, muchos de estos
impulsados por la evolución de la tecnología y por el cambio climático,
aspecto este último que debería estar en la cúspide de cualquier discusión que
afecte la acción pública o privada. En este contexto, la contaduría pública ha
sido cuestionada y por múltiples razones, se ha visto envuelta en escándalos
corporativos como Saludcoop, Reficar, Interbolsa delosAndes Cooperativa, en
particular, por no estar al tanto de los casos de corrupción o exceso que por las
cuentas de estas entidades circulaban.
Otro aspecto que ha llamado la atención de la contaduría pública, en parti-
cular, para el caso colombiano, es el gran volumen de profesionales que egresan
semestre tras semestre de los múltiples programas de contaduría pública del
país. Las cifras de la Junta Central de Contadores indican que hoy tienen tarje-
ta profesional vigente cerca de 300 mil contadores y muchos profesionales se
quejan, en especial en discusiones en redes sociales o en eventos de difusión de
saberes de la profesión, acerca de la sobreoferta de servicios y las malas prácti-
cas de distintos contadores que otorgan a muy bajo costo su conocimiento. No
obstante, en estos espacios brilla por su ausencia el análisis de fondo sobre el
tejido empresarial del país, las malas prácticas de algunos empresarios y de per-
sonas que no contribuyen al Estado a pesar de su gran acumulación de riqueza.
Parece entonces que la culpa es de las personas que esperan obtener un título
profesional en contaduría pública y que hoy representan un volumen importan-
te de profesionales a disposición del país.
No se puede negar, que abrir un programa de contaduría pública puede ser
una tarea mucho más sencilla que uno de ingeniería o medicina. Poco se habla
de inversión en laboratorios, convenios con entidades para realizar prácticas
o de las necesidades de software especializado para que los estudiantes ten-
gan espacios de clase donde puedan usar herramientas de análisis de datos
y potencien sus capacidades de clasificación, análisis e interpretación de la
10
información. Un televisor, un equipo de cómputo, un tablero y unos marcado-
res, serían suficientes elementos para instalar a un docente con un grupo de
estudiantes a repasar básicamente las normas contables, de auditoría y asegu-
ramiento de la información y uno que otro ejercicio en finanzas constituyen la
posibilidad de abrir un programa de contaduría. Irónicamente se menciona la
situación, aunque es conocido que el Ministerio de Educación Nacional cuenta
con la respectiva reglamentación para otorgar registros calificados y que toda
Institución de Educación Superior, requiere de muchos recursos para poder
operar en Colombia, de todos modos, los programas de contaduría pública es-
tarán en la lista de los de bajo costo de instalación toda vez que no requerirá
laboratorios de física y química con sus insumos y ningún equipamiento de
alta tecnología para hacer investigación en las condiciones mencionadas.
Estos cuestionamientos y la pretendida convergencia internacional de la
contaduría pública han llevado a que a la fecha existan propuestas lideradas
particularmente por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) y el
director administrativo de la Unidad Administrativa Especial – Junta Central de
Contadores (UAEJCC) que apuntan a modificar o cambiar la Ley 43 de 1990 y la
revisoría fiscal que hoy está regulada en el Código de Comercio colombiano. El
CTCP creó lo que ha denominado “mesas nacionales” tanto para la reforma de la
contaduría pública como para la revisoría fiscal, curiosamente, estas dos mesas
han trabajo de forma separada a pesar de que se ha defendido históricamente
que para ser revisor fiscal se debe ser contador público, salvo especiales condi-
ciones marcadas por la ley.
Por otro lado, el proyecto del director de la UAEJCC se centró particularmen-
te en aspectos de la Ley 43 de 1990, planteando entre otras, la categorización
de los contadores públicos entre profesionales y públicos, un cobro de un por-
centaje de los honorarios a todos los contadores públicos y sociedades de con-
tadores públicos y una recertificación cada cinco años para poder seguir siendo
contador público, es decir, para poder certificar o dictaminar información finan-
ciera. En este planteamiento también estaría prevista la absorción del CTCP por
parte de la JCC. Sobre este proyecto se pronunció el CTCP en su concepto 565
del 17 de septiembre de 2021 manifestando entre otras cosas la necesidad de
un mejor diagnóstico, la idea de fortalecer y no desaparecer entidades como el
CTCP y la JCC con su respectiva independencia de roles y que era necesario que
las funciones técnicas y disciplinarias se conservaran en entidades estatales y
no privadas. Esto último tiene gran sentido debido a la importancia de la con-
taduría pública en procura del bien común, es decir, la protección del interés
general sobre el interés particular.
Mientras tanto, y como producto de la mesa nacional de reforma a la profe-
sión de contador público del CTCP, se emitió a finales del 2021 un documento
borrador con una propuesta de 59 artículos distribuidos en un primer título de
información. Un televisor, un equipo de cómputo, un tablero y unos marcado-
res, serían suficientes elementos para instalar a un docente con un grupo de
estudiantes a repasar básicamente las normas contables, de auditoría y asegu-
ramiento de la información y uno que otro ejercicio en finanzas constituyen la
posibilidad de abrir un programa de contaduría. Irónicamente se menciona la
situación, aunque es conocido que el Ministerio de Educación Nacional cuenta
con la respectiva reglamentación para otorgar registros calificados y que toda
Institución de Educación Superior, requiere de muchos recursos para poder
operar en Colombia, de todos modos, los programas de contaduría pública es-
tarán en la lista de los de bajo costo de instalación toda vez que no requerirá
laboratorios de física y química con sus insumos y ningún equipamiento de
alta tecnología para hacer investigación en las condiciones mencionadas.
Estos cuestionamientos y la pretendida convergencia internacional de la
contaduría pública han llevado a que a la fecha existan propuestas lideradas
particularmente por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) y el
director administrativo de la Unidad Administrativa Especial – Junta Central de
Contadores (UAEJCC) que apuntan a modificar o cambiar la Ley 43 de 1990 y la
revisoría fiscal que hoy está regulada en el Código de Comercio colombiano. El
CTCP creó lo que ha denominado “mesas nacionales” tanto para la reforma de la
contaduría pública como para la revisoría fiscal, curiosamente, estas dos mesas
han trabajo de forma separada a pesar de que se ha defendido históricamente
que para ser revisor fiscal se debe ser contador público, salvo especiales condi-
ciones marcadas por la ley.
Por otro lado, el proyecto del director de la UAEJCC se centró particularmen-
te en aspectos de la Ley 43 de 1990, planteando entre otras, la categorización
de los contadores públicos entre profesionales y públicos, un cobro de un por-
centaje de los honorarios a todos los contadores públicos y sociedades de con-
tadores públicos y una recertificación cada cinco años para poder seguir siendo
contador público, es decir, para poder certificar o dictaminar información finan-
ciera. En este planteamiento también estaría prevista la absorción del CTCP por
parte de la JCC. Sobre este proyecto se pronunció el CTCP en su concepto 565
del 17 de septiembre de 2021 manifestando entre otras cosas la necesidad de
un mejor diagnóstico, la idea de fortalecer y no desaparecer entidades como el
CTCP y la JCC con su respectiva independencia de roles y que era necesario que
las funciones técnicas y disciplinarias se conservaran en entidades estatales y
no privadas. Esto último tiene gran sentido debido a la importancia de la con-
taduría pública en procura del bien común, es decir, la protección del interés
general sobre el interés particular.
Mientras tanto, y como producto de la mesa nacional de reforma a la profe-
sión de contador público del CTCP, se emitió a finales del 2021 un documento
borrador con una propuesta de 59 artículos distribuidos en un primer título de
11Contaduría U niversidad d e A ntioquia – N o. 8 0. M edellín, enero-junio d e 2022
disposiciones generales que contiene definiciones, campo de acción del ejerci-
cio profesional y formación profesional, en un segundo título principios genera-
les que contiene derechos, deberes y responsabilidades, principios específicos,
conflictos de interés y régimen disciplinario, y un título tercero de gobierno de
la profesión que presenta autoridades de la profesión, tribunal disciplinario, tri-
bunal de conciliación, comités y consideraciones finales. Organizaciones como
la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública – ASFACOP –, el
Consejo Nacional de Contadores Públicos – CNCP – y el Comité de Antioquia
inicialmente constituido en el año 2020 y que se retiró del proceso a inicios del
año 2021 por diferencias con el CTCP sobre la forma en que se venían modifi-
cando las reglas de juego de los comités, se han pronunciado en contra, debido
a los múltiples vacíos, incertidumbres y falta de integralidad del documento en-
tregado. Frente al proyecto se ha visto la ausencia de argumentación en torno al
futuro de la profesión y la falta de consideración de los avances que en materia
de investigación contable se han logrado en el país desde hace más de 40 años.
También se ha discutido la necesidad de integrar los debates sobre la reforma a
la revisoría fiscal, toda vez que tiene un vínculo directo con la contaduría públi-
ca y su separación en dos proyectos hace que se presenten más inconsistencias.
En esta discusión debe incluirse el informe ROSC para Colombia (Banco
Mundial, 2021), donde se ha recomendado la necesidad de mejorar las capaci-
dades del CTCP y la JCC, fortalecer la educación profesional en aspectos como
la regulación contable tanto de sectores público como privado y elementos de
gobierno corporativo y un aspecto de gran importancia en las discusiones ac-
tuales sobre el futuro de la profesión como es la implementación de “un marco
de informes ambientales, sociales y gubernamentales (ESG)” (p. 17). Es de notar,
que este informe se está empezando a conocer por parte de la comunidad con-
table colombiana apenas en los primeros meses del año 2022, y no estuvo en las
discusiones que llevaron a la propuesta que hoy tiene en su poder el CTCP y de
la cual recibió comentarios de diversos contadores y agremiaciones. Requiere
este informe un debate relevante en el contexto nacional, pues tiene implicacio-
nes en el contexto internacional que no se han considerado.
Como se puede observar, el proceso ha sido complejo, convulso, sin un nor-
te muy claro para la comunidad contable. A pesar de esto, algunos defienden
las propuestas del cambio por el cambio o tienen razones apegadas a que eso
es lo que está de moda en el contexto internacional. Sin embargo, este tipo
de cambios que afecta a una comunidad tan grande como la de los contadores
públicos actuales y potenciales, requiere ser bien pensada, con fundamentos
tanto prácticos como académicos, sin desvirtuar simplemente la historia, para
que efectivamente la contaduría pública sea una profesión con futuro, con una
mirada hacia la sociedad que requiere de su compromiso y aporte para la cons-
trucción de confianza pública y, en conjunto, del bienestar común.
disposiciones generales que contiene definiciones, campo de acción del ejerci-
cio profesional y formación profesional, en un segundo título principios genera-
les que contiene derechos, deberes y responsabilidades, principios específicos,
conflictos de interés y régimen disciplinario, y un título tercero de gobierno de
la profesión que presenta autoridades de la profesión, tribunal disciplinario, tri-
bunal de conciliación, comités y consideraciones finales. Organizaciones como
la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública – ASFACOP –, el
Consejo Nacional de Contadores Públicos – CNCP – y el Comité de Antioquia
inicialmente constituido en el año 2020 y que se retiró del proceso a inicios del
año 2021 por diferencias con el CTCP sobre la forma en que se venían modifi-
cando las reglas de juego de los comités, se han pronunciado en contra, debido
a los múltiples vacíos, incertidumbres y falta de integralidad del documento en-
tregado. Frente al proyecto se ha visto la ausencia de argumentación en torno al
futuro de la profesión y la falta de consideración de los avances que en materia
de investigación contable se han logrado en el país desde hace más de 40 años.
También se ha discutido la necesidad de integrar los debates sobre la reforma a
la revisoría fiscal, toda vez que tiene un vínculo directo con la contaduría públi-
ca y su separación en dos proyectos hace que se presenten más inconsistencias.
En esta discusión debe incluirse el informe ROSC para Colombia (Banco
Mundial, 2021), donde se ha recomendado la necesidad de mejorar las capaci-
dades del CTCP y la JCC, fortalecer la educación profesional en aspectos como
la regulación contable tanto de sectores público como privado y elementos de
gobierno corporativo y un aspecto de gran importancia en las discusiones ac-
tuales sobre el futuro de la profesión como es la implementación de “un marco
de informes ambientales, sociales y gubernamentales (ESG)” (p. 17). Es de notar,
que este informe se está empezando a conocer por parte de la comunidad con-
table colombiana apenas en los primeros meses del año 2022, y no estuvo en las
discusiones que llevaron a la propuesta que hoy tiene en su poder el CTCP y de
la cual recibió comentarios de diversos contadores y agremiaciones. Requiere
este informe un debate relevante en el contexto nacional, pues tiene implicacio-
nes en el contexto internacional que no se han considerado.
Como se puede observar, el proceso ha sido complejo, convulso, sin un nor-
te muy claro para la comunidad contable. A pesar de esto, algunos defienden
las propuestas del cambio por el cambio o tienen razones apegadas a que eso
es lo que está de moda en el contexto internacional. Sin embargo, este tipo
de cambios que afecta a una comunidad tan grande como la de los contadores
públicos actuales y potenciales, requiere ser bien pensada, con fundamentos
tanto prácticos como académicos, sin desvirtuar simplemente la historia, para
que efectivamente la contaduría pública sea una profesión con futuro, con una
mirada hacia la sociedad que requiere de su compromiso y aporte para la cons-
trucción de confianza pública y, en conjunto, del bienestar común.
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Referencias bibliográficas
Banco Mundial. (2021). Informe ROSC Colombia. Informe sobre la observancia de normas
y códigos de contabilidad y auditoría. ©Banco Mundial.
Carlos Eduardo Castaño Rios
Universidad de Antioquia
eduardo.castano@udea.edu.co
Referencias bibliográficas
Banco Mundial. (2021). Informe ROSC Colombia. Informe sobre la observancia de normas
y códigos de contabilidad y auditoría. ©Banco Mundial.
Carlos Eduardo Castaño Rios
Universidad de Antioquia
eduardo.castano@udea.edu.co