Fredy Mejía Ceballos*
*Trabajador social y Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Antioquia.
1 Artículo elaborado para optar al título de Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Antioquia, 2013.
El presente artículo pretende realizar un acercamiento a ciertos cambios presentados en los proyectos de vida de algunas personas que han sido reparadas económicamente bajo el marco del decreto 1290 de 2008, a la luz de la ley de Justicia y Paz en el municipio de Segovia Antioquia.
En primera instancia, se hace un acercamiento al contexto histórico de violencia en la región del Nordeste Antioqueño durante las últimas décadas, para evidenciar las percepciones que algunas de las víctimas de paramilitares en el municipio, tienen con relación a la reparación administrativa que ya recibieron; al final, a manera ilustrativa, se identifican tres casos particulares de víctimas, que vieron alterados sus proyectos de vida después del hecho violento y con la posterior reparación.
A partir de un trabajo investigativo en el municipio, basado en entrevistas realizadas a personas que han sido reparadas, se pueden establecer como algunas han mejorado sus condiciones cotidianas y como, por el contrario, otras se encuentran en una situación adversa a lo catalogado como calidad de vida.
Al final del artículo se realiza una serie de reflexiones sobre lo que han implicado para el municipio de Segovia y, para la región, los cambios en los proyectos de vida de algunas de las víctimas de grupos paramilitares, acogidos por el decreto 1290 de 2008, para acceder a una indemnización por reparación administrativa.
Palabras clave: Proyecto de vida, contexto violento, reparación administrativa.
El municipio de Segovia está ubicado en el nordeste antioqueño, en la zona que junto con el municipio de Remedios, es conocida como Distrito Minero, esto porque la principal actividad económica es la minería y, por sus grandes yacimientos auroargentíferos (oro y plata), llegan a producir el 70% del oro en el departamento, convirtiéndose al tiempo en la región de mayor explotación del mineral en Colombia.
Ha sido azotado por cruentas épocas de violencia, especialmente en el periodo comprendido entre los años 1982 y 1997, época en la que se vivió la mayor vulneración de Derechos Humanos por parte de organizaciones paramilitares, las cuales perpetraron desde masacres colectivas, como la de 1988 con un saldo de 43 víctimas, hasta masacres selectivas, como la que arrojó un saldo de más de 300 víctimas entre marzo y octubre de 1997.
En la década de 1960, presionado por los grupos económicos reinantes como las empresas mineras, las paneleras y los medianos ganaderos, que se estaban viendo afectados por el accionar de la guerrilla, el Estado hizo presencia por primera vez en el nordeste antioqueño, militarmente hablando; después, a principios de la década de los 70`s, esa presencia fue decisiva en operaciones que atacaron al ELN, a mediados de la misma década, se instaló el batallón Miguel Antonio Caro y a finales de ese mismo año se creó la base militar del batallón Bomboná, todo esto, bajo las directrices de la V Brigada que tenía sede en Bucaramanga, pero en los años 80’s, por cuestiones prácticas de efectividad, fue puesto a órdenes de la IV con sede en Medellín.
Para el año 1982, en el Nordeste y el Magdalena Medio, comenzó a operar la primera manifestación de paramilitares en la región haciéndose llamar MAS, Muerte a Secuestradores, bajo el mando del batallón Bomboná2; no es ninguna coincidencia que un año atrás, en 1981, las FARC, apoyando al golpeado ELN, hayan incursionado en la zona del Nordeste, provenientes del Magdalena Medio, para asaltar al mayor comprador de oro de Segovia y secuestrar al hacendado Jesús Castaño, padre de Carlos y Fidel en el mismo año.
De ahí en adelante, unas autodefensas fortalecidas por el apoyo logístico, ayuda militar y el entrenamiento del ejercito de la decimocuarta brigada, activada en Puerto Berrío el 3 de abril de 1983, por disposición Nº 004 del Ministerio de Defensa Nacional, el apoyo económico de los ganaderos del Magdalena Medio y la alianza que hicieron con el narcotráfico, ampliaron su área de influencia llegándose a consolidar como una fuerza muy determinante en la región y cambiando de nombre según la época y la zona; ello conllevó a que se diera la primer masacre en el año 1983 en inmediaciones de Segovia y Remedios, luego, con el grupo MRN, Muerte a Revolucionarios del Nordeste, perpetraron la masacre de 1988 en Segovia con un saldo de 43 víctimas bajo las directrices del político Cesar Pérez García.
Luego, en una bravía secuencia, aparecieron las ANA, Autodefensas del Nordeste Antioqueño en 1991; la FPA, Fuerza del Pueblo en Acción en 1994; la Macogue, Muerte a Comunistas y Guerrilleros en 1996; el GAN, Grupo de Autodefensas del Nordeste en 1997; entre otros. En total, según registros del Instituto de estudios Políticos3, entre 1985 y 1998 fueron registradas 16 masacres en el Nordeste, de las cuales una fue atribuida a la guerrilla y el resto a paramilitares y a grupos no identificados.
Mientras todo esto ocurría, se iba gestando la resistencia de las organizaciones de la izquierda social y política, quienes a pesar de la contundencia de las acciones bélicas de los grupos armados, encontraron mecanismos de protesta y de denuncia; es así que, inspirados por personajes como los párrocos de Segovia y Remedios, quienes denunciaran la masacre de 1983 resaltando la responsabilidad de la fuerza pública, se gestionó la creación de la comisión de Derechos Humanos en los años 90’, se hizo denuncia mediante comunicados públicos de rechazo en los que se reivindicó la palabra como medio de resistencia frente a la dinámica de terror y silencio impuesto.4
Claro está que no tardó mucho la reacción de los violentos frente a estas manifestaciones de resistencia, es así como se dio inicio a un proceso de exterminio hacia los militantes de organizaciones como los sindicatos, la UP, el PCC y el mismo Comité de Derechos Humanos, asesinando a una gran cantidad de ellos, desapareciendo a otros tantos y haciendo desplazar a los demás o, en el mejor de los casos haciéndolos renunciar a sus principios doblegando así la resistencia colectiva.
De estas acciones, se recuerdan con dolor en el municipio de Segovia, el asesinato en 1997 de dos dirigentes sindicales, Nazareno Rivera “Neno” y Jaime Ortiz, miembros del comité, en condiciones que generaron mucho impacto; el asesinato de Margarita Guzmán, una funcionaria que ya había renunciado al comité de Derechos Humanos y que fue ultimada en su oficina, en la alcaldía municipal en 1997 y, quizás el más recordado e impactante, fue el asesinato del profesor Ramiro Zapata, el 3 de mayo de 2000 quien fue torturado en un vehículo mientras lo llevaban por las calles del municipio y así lo hizo saber con sus gritos de denuncia en el macabro recorrido.
Con todo esto, no es extraño que la defensa de los Derechos Humanos en Segovia, al menos la gestión realizada por el comité, haya llegado prácticamente a su finalización, teniendo en cuenta que los pocos defensores que resistieron hasta el final y que sobrevivieron al exterminio, se vieron obligados a dejar el pueblo, en algunos casos más por el temor a represalias en contra de sus familiares como en efecto ocurrió, que por el temor a los atentados en contra de sus propias humanidades, mientras que otros tantos, sin salir del pueblo en una última muestra de rebeldía, renunciaron a sus pretensiones, esperando tal vez, una época en la que el silencio no sea una constante frente a la barbarie.
Hoy en día, es casi una utopía, pensar que en el municipio de Segovia, se pueda siquiera mencionar el concepto de Derechos Humanos, sin antes mirar hacia todos lados y decirlo con la voz muy baja y teniendo muy presente que con quienes se aborda el tema, son personas de plena confianza.
Más de mil quinientas personas reparadas bajo el marco del decreto 1098 de 2008, a la luz de la ley de Justicia y Paz en el municipio de Segovia, obedeciendo a un promedio de cuatro personas por familia, y que en total, según datos suministrados por la Personería Municipal, no llegan a la mitad de los que están en espera de la misma reparación, ofrecen un panorama aproximado a la cantidad de actos violentos que han enlutado al municipio en un periodo de tiempo que no sobrepasa las tres décadas.
Estas cifras, alarmantes en un sentido inicial, pero que no difieren mucho de otras zonas del país golpeadas por la violencia, preocupan mucho más a la población, según lo expresara un ex alcalde para este artículo, porque muchos de estos actos violentos se han hecho con la complicidad de agentes estatales que gozaron en su momento de gran aceptación política en la región; así lo demuestra la condena que recientemente se dictó al ex parlamentario César Pérez García, a quien se identificó como autor intelectual de la masacre de 1988 que dejó un saldo de cuarenta y tres víctimas, condena en la que además se cuenta a militares que hoy purgan penas por los mismos hechos y otros, sobre quienes cursan otras investigaciones.
En la actualidad, el municipio de Segovia se encuentra inmerso nuevamente en una situación de extrema violación a los Derechos Humanos, reflejada en los más de 260 asesinatos que se han presentado en lo corrido del año 20125, claro está que en el contexto actual, esta situación obedece a la incursión de grupos armados que se enfrentan entre sí en la lucha por ganar el territorio y con él, la explotación ilegal de las minas, asociada a las extorsiones a las empresas mineras y a los compradores de oro, que se han convertido en su mayor fuente de financiación.
A esto se suma un proceso de desplazamiento forzado del que viene siendo víctima una considerable parte de la población, especialmente en el área rural, conformada por treinta y seis veredas y el corregimiento de Fraguas, lugar del cual se han desplazado el mayor número de personas, así como de veredas aledañas, como es el caso de El Cenizo, asentamiento afro descendiente que según la oficina de Desarrollo Comunitario, adscrita a la alcaldía municipal, ha pasado en menos de cinco meses de tener una población identificada de sesenta y seis familias a sólo seis.
Con todo esto, son innumerables en Segovia, las personas que han sido víctimas de la violencia armada en la región, generando descontento y una perdida sustancial de la credibilidad en la institucionalidad, sin embargo, un gran número de ellas, esperan “(…) recibir la platica que el gobierno le da a uno por los muertos (…)”6.
Desde sus inicios, la ley 975/05, “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la ley, que contribuya de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, ha sido blanco de diversas críticas por parte de autores que como Liz Arévalo Naranjo sostiene: “desde nuestro punto de vista, la ley de Justicia y Paz, en vez de ayudar a la construcción de procesos que contribuyan a la paz, ha configurado un escenario que favorece la revictimización y el mantenimiento de una organización del mundo social basada en la utilización de la violencia como forma de relación.”7.
Así mismo, la ley 975/05, ha encontrado algunos defensores que ven en sus disposiciones, la oportunidad de reparar, al menos en parte, el daño causado por los grupos armados organizados al margen de la ley, sin dejar de tener presente que, según resultados arrojados por la Encuesta Nacional, “¿Qué piensan los colombianos después de siete años de Justicia y Paz?”, elaborada por el Centro de Memoria Histórica en el 2012, gran parte de la responsabilidad por los actos de los que fueron víctimas, recae sobre agentes del Estado por su participación directa.
Por su parte, el decreto 1290 de 2008, Por el cual se crea el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la ley, expedido a partir de la gran cantidad de personas presentadas a los procesos de la ley de Justicia y Paz, cuenta también con defensores y con detractores que, de acuerdo a cada contexto, inclina la balanza hacia uno u otro lado de aceptación o rechazo o, por el contrario, mantienen los criterios en una paridad digna de análisis de los que ya se ocuparan los estudios psicosociales.
Así, con los antecedentes violentos en Segovia, no es una sorpresa hallar versiones encontradas acerca de la favorabilidad con que cuentan la ley de Justicia y Paz y el mencionado decreto 1290/08 en la región del nordeste antioqueño, se pueden enunciar situaciones que se suscitan a partir de las indemnizaciones entregadas bajo el marco de los mismos y a la luz de un fenómeno de consumismo propio de las zonas mineras; es así como en el municipio de Segovia, se encuentran acérrimos defensores de la ley, porque consideran que fue la mejor oportunidad que tuvieron para mejorar sus condiciones de vida después de un episodio trágico que los dejara marcados.
A la luz de esta afirmación, se hace necesario consignar declaraciones como la de uno de los entrevistados para el artículo, que se refiere a la reparación administrativa, como la herramienta que lo llevó a cumplir uno de sus más grandes sueños:
“Yo toda la vida había soñado con comprar una moto, pero no una moto de esas comunes, sino una moto grande, de más de 200cc y, como mi mamá y yo demandamos la muerte de mi papá, nos dieron una platica con la que me pude comprar la moto que quería, claro que nos tocó esperar mucho porque el gobierno no le corre sino a los que tienen plata…”8
En otro de los apartes de la entrevista, manifestaba, en sus propias palabras, que el gobierno acertó al promulgar una ley que entregue reparaciones económicas, porque resulta ser de gran ayuda para las víctimas que se atreven a demandar, porque no todos lo hacen por miedo. Manifestaba también: “yo si recuerdo a mi papá y todo, pero cuando las cosas van a pasar pasan y ya, si a él no lo hubieran matado, yo no tendría mi moto”.9
Así, la llamada ley de Justicia y Paz, desconocida por la mayoría de las víctimas, al menos en sus lineamientos teóricos, y confundida recurrentemente con el decreto 1290/08, que es el que rige la reparación administrativa, ha sido motivo de diversas percepciones que frente a ella han manifestado las personas que acceden a la reparación administrativa; esto, soportado en elementos de discusión, emanados en las diferentes apreciaciones de quienes aportaron su conocimiento y sus opiniones personales de acuerdo a lo vivenciado en el proceso de la reparación.
En este sentido, se encuentran expresiones como “(…) esa ley lo único que hace es dejar a los asesinos limpios de culpa y que se burlen de las víctimas porque no pueden hacer nada para que ellos paguen (…)10.
Por otro lado, y de manera contradictoria, deben consignarse también las versiones que dejan ver a la ley de Justicia y Paz como un elemento burocrático que permite la impunidad de los hechos violentos acaecidos con tanta recurrencia en el municipio y que dejaron tantas personas expuestas al abandono y a la exclusión social por la desaparición de las cabezas visibles y responsables de las pequeñas sociedades llamadas familias; tal es el caso de otro de los entrevistados, que relata así su percepción frente a la reparación:
“Cuando mataron a mi mamá, según dijeron ellos (los paramilitares), que había sido por error, mis dos hermanos y yo nos quedamos sin saber que hacer porque ella era la que veía por nosotros y yo que era la mayor, estaba muy pequeñita y tenía mucho miedo…”, -pausa-, “de todas maneras, ahí con la ayuda de una tía fuimos creciendo y saliendo adelante y cualquier día nos recomendaron demandar para que nos pagaran a mi mamá, yo no quería pero mi tía y mis hermanos me dijeron que lo hiciéramos porque igual mi mamá no iba a volver pero que no le dejáramos la plata al gobierno ya que habían sacado esa ley; cuando nos dieron esa plata, le dimos la mitad a mi tía y lo otro nos lo repartimos, eso nos lo gastamos en arreglos a la casa pero eso de la verdad y no sé qué dice la ley, para qué, si esta es la hora que no han hecho nada y el que mató a mi mamá sigue por ahí como si nada, entonces a uno lo callan con plata y listo, valiente gracia”.11
Otras percepciones encontradas entre habitantes de Segovia, víctimas de los grupos armados organizados, que ya han sido reparados administrativamente, permiten deducir que hace falta una mirada más profunda hacia esta región, para que, como lo expresara un ex-alcalde del municipio para este artículo, “…llegue una orientación de cierta manera empresarial, para que la gente, primero sepa qué hacer con el dinero que recibe y segundo, incluya el olvido como parte de la sanación…”12.
Sin alejarse de las percepciones acerca de la reparación administrativa, y, en aras de demostrar alguna tendencia al cambio en los proyectos de vida después del suceso violento y de la misma reparación, se han de consignar en este artículo, particularidades de la región que la mayoría de los moradores suelen relacionar como elementos culturales propios de las zonas mineras, estos influyen, en gran manera, en la destinación que en términos generales se le da a la indemnización recibida como reparación a las víctimas.
Algunas prácticas distintivas de los pobladores del municipio de Segovia, y que no los diferencian de otras zonas mineras del país, obedecen a tradiciones y costumbres que han sabido llegar a la región traídas por personas de todas las regiones que hacen presencia en el municipio, como son la Costa Caribe, el Valle del Cauca, las zonas ribereñas, el Litoral Pacífico, el Bajo Cauca Antioqueño, entre otras.
También puede decirse que han sido heredadas por los propios de la región, mediante históricas incursiones extranjeras como fue la colonia de los españoles y la llegada de la empresa Inglesa Frontino Gold Mines, o porque han sido adoptadas a través de los medios de comunicación que hoy en día se transfiguran en una muy fuerte influencia, sobre todo para los más jóvenes.
Es así como en la región, no sorprende el que muchas personas hagan grandes esfuerzos por adquirir elementos que, atendiendo al concepto de la Real Academia Española, contribuyen a esa “tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios”, como es el caso más visible de las motos; muchos de los jóvenes del municipio abandonan sus estudios para trabajar en las minas y, de esta manera conseguir lo suficiente para comprar lo que muchos consideran un elemento de primera necesidad.
A la luz de las mismas aseveraciones, se
presentan en el municipio de Segovia, con mayor celeridad que en muchas
otras partes del país, tendencias consumistas que van por el orden de la
adquisición de elementos de última tecnología, zapatos y ropa de marcas
reconocidas como de excelente calidad y elevados costos y, posiblemente lo
más grave para la población segoviana, sin distingo de edad, el acceso a
sustancias psicoactivas especialmente el alcohol, el cual es consumido en
niveles alarmantes.
Percepciones como estas, son las que permiten dilucidar que muchos de los
beneficiados con la ley 975/05, la han visto como el puente entre un
episodio que los marcó de manera violenta y el momento en que consiguieron
lo que alguna vez pensaron que les costaría mucho trabajo o, por lo menos,
mucho tiempo conseguir por sus propios medios sin que mediara una
alternativa foránea y mucho menos del Estado colombiano, conocido por
demás en el medio, como un agente corrupto y explotador antes de ser un
ente favorecedor.
El problema que debe ocupar al presente artículo en cuanto a prácticas consumistas se refiere, es que muchas de las personas reparadas administrativamente, invierten la indemnización en estos elementos que contribuyen a una satisfacción personal momentánea y, que al pasar el momento de euforia por lo conseguido o, como también es muy común en la región, cuando ya no tiene el valor inicial, sea por su desgaste o porque ya en el mercado hay algo más novedoso, pasa a un segundo plano y el rencor por el pasado suceso violento, vuelve a hacer parte de la cotidianidad. Es así como lo manifiesta uno de los cientos de indemnizados, quien afirma:
“Cuando a mí me entregaron lo que me tocó por la muerte de mi papá, me compré una moto muy buena, mi hermana y mi mamá, organizaron la casa que se estaba era cayendo y las escrituras las hicieron a nombre de las dos, yo estuve de acuerdo porque yo no quería sino la moto y yo sabía que no me iban a sacar de la casa, pero una vez le presté la moto a un amigo y este se la prestó a otro, ese se metió una estrellada que la dejó toda vuelta nada, tanto que vale más arreglarla que comprar una nueva y, como nadie me respondió, ahí me quede sin moto, sin casa, aunque vivo en ella, y ahora es que me acuerdo más de la muerte de mi papá y me da pena con mi mamá y mi hermana porque ellas son muy juiciosas y alguna vez mi hermana me dijo que si no me ponía a pensar qué pensaría mi papá viéndome así”13.
Por otro lado, en uno de los casos consultados, fue algo muy atípico, al menos para los niveles educativos encontrados, entre los hasta ahora indemnizados, que son en su mayoría, personas con estudios de primaria, encontrar declaraciones de una mujer de treinta y cuatro años, quien recibiera una indemnización de más de veinte millones de pesos, como reparación por el asesinato de su esposo, quien declaró:
“(…) con la plata que yo recibí por la muerte de mi esposo, me puse a pensar que si me la gastaba como la mayoría de los que conozco, arreglando la casa o comprándome una moto o un carro, eso va a ser algo que me recuerde que el gobierno quiere que a uno, con plata, se le olvide lo que ellos mismos permitieron que ocurriera en este pueblo; yo pensé que con eso lo que hago es hacerle un monumento a los “paracos”, porque cuando vean mi casa por ejemplo, van a decir que eso es lo que ellos aportan al progreso, eso no es difícil de escuchar de esos bandidos (…)”14.
Esta declaración se corrobora con otras, en las que se coincide al advertir que algunos ex miembros de grupos paramilitares, han manifestado que la ley 975/05 es algo que a ellos como actores armados, les ha hecho justicia, porque lo de ellos fue una lucha muy justa en contra de la desigualdad social y que es por eso que lo que consigan quienes fueron sus víctimas, en parte, deberían agradecérselo a ellos15.
Es una constante en los seres humanos, conscientemente o no, tomar caminos que los llevan a adquirir compromisos con la sociedad, modos de comportamiento que obedecen a una conducta entre iguales, es decir, se hace lo que otros hacen y con eso es suficiente para hacer parte de un engranaje necesario para subsistir; sin embargo, cuando esos comportamientos contribuyen a marcar una dirección para su propia existencia, se programan ciertas acciones, encaminadas a la realización personal, regidas por la conciencia y el anhelo de hacer la diferencia.
En una sociedad tan tremendamente golpeada por la violencia, en donde se quedan tantos hijos sin padres, tantas esposas sin esposos, tantos padres sin hijos, suele pasar que esos anhelos de hacer diferencia, se vean diezmados y pasen a convertirse en deseos de sobrevivencia; suele pasar también que algunos proyectos loables de vida, pasen a ser perversas intenciones que buscan desquitarse de una sociedad que quizás, y sólo quizás, no tenga la culpa de la degradación en la que se ven inmersos los otrora gestores de vida y de desarrollo a partir de sus proyectos personales.
En lo que ocupa a este artículo, se hace especial mención a tres casos en particular, que llaman la atención en cuanto al drástico cambio, surgido a raíz de la pérdida de seres queridos, que experimentaron en sus proyectos personales, afectando con ello a su entorno y menoscabando su afectividad, su aceptación entre iguales y su modo de ver la realidad; es una especie de necrología de los que pudieron ser proyectos de vida prósperos, pero que ahora se pueden configurar en inicuos planes.
El primer caso tiene que ver con un joven de veintiséis años, que hace ocho, presenció el asesinato de su madre en el interior de su propia vivienda; “(…) mi mamá no se metía con nadie, a ella la mataron porque un tipo que era de las autodefensas se mantenía enamorado de ella y mi mamá no le quiso parar bolas, yo tenía dieciocho años cuando ese mismo desgraciado tocó a la puerta y le dijo a mi mamá que se iba a morir por creída, a mí me cogieron y me tiraron al piso con un revolver en la cabeza, callado me tocó ver cómo le metían cinco tiros a mi mamá en el pecho(…)”16, sin ánimos de entrar en detalles, notablemente dolorosos para el colaborador del artículo, se le indagó acerca de sus proyecciones anteriores al suceso, esto fue lo que manifestó:
“(…) en el colegio yo siempre dije que quería ser un artista, tenía o tengo habilidades para pintar, dibujar y para tallar cosas en madera y en rocas, yo me gané varios concursos y varios trofeos en la feria de la ciencia…en el 2004, cuando mataron a mi mamá, yo ya había salido del colegio hacía dos años y estaba trabajando y ahorrando para irme a estudiar a Medellín, después de eso, lo que hice con los ahorros que tenía fue beber hasta que me los gasté todos, y borracho me iba a insultar a esa gente hasta que un primo mío me aconsejó mucho que dejara la bobada antes que me mataran a mí también.17”
Con un proyecto de vida claro y, con todas las posibilidades de llevarlo a cabo, el suceso violento, cambió radicalmente la mentalidad de un artista en potencia a tal punto que, según sus declaraciones, el arte, en adelante lo iba a aplicar pero en una situación muy peculiar:
“resulta que cuando me dijeron que demandará la muerte de mi mamá para que me dieran cierto dinero de parte del gobierno, lo hice, y como mi mamá y yo éramos solos, me dieron veintitrés millones de pesos, eso fue este año a principios de marzo, ahí tengo la mayor parte de esa plata guardada hasta que me resulte la compra de unas armas de las que estoy pendiente, me las están consiguiendo en Medellín, pero como estos días eso se calentó mucho por allá, me dijeron que esperara unos mesecitos (…)”18.
“(…) ¿sabe que voy a hacer con el arte que tengo?, nada, lo que sabía no me sirve de nada, yo lo único que quiero es matar al tipo que mató a mi mamá, yo no sé dónde está ahora porque hace mucho que se voló de aquí, pero sí sé que todavía está vivo…, yo trabajo y vivo normalmente, pero muchas personas saben que mis intenciones no son buenas, al menos para la gente, pero yo estoy convencido de que si son muy buenas, porque cuando logre encontrar a ese asesino, voy a librar a la sociedad de algo que no vale nada, y cuando eso pase, dibujo un autorretrato matándolo, como los buenos si vamos a la cárcel, que el cuadro sirva de evidencia(…)”19.
El segundo caso tiene que ver con una mujer de cuarenta y dos años, que quedó viuda cuando tenía veinticuatro, tiene cuatro hijos, tres de su anterior cónyuge y uno del actual; antes del asesinato de su esposo, hace dieciocho años, tenía claro su horizonte en cuanto quería que sus hijos fueran profesionales, de hecho uno de ellos, el mayor, ya se encuentra cursando estudios de ingeniería civil en Medellín, ello lo atribuye a que, según ella, después del suceso violento, el prefirió irse a vivir con una tía, hermana de su papá, que tiene los medios para darle estudio a sus hijos y también a su sobrino.
Con una vida económicamente resuelta con su anterior esposo, reconocido comerciante de la región, no creyó que algún día se vería obligada a dejar sus proyectos, o al menos los que tenía para sus hijos, que, según sus palabras, eran los suyos propios, pero, “(…) por inexperiencia y por ingenuidad, perdí lo que me había dejado mi esposo y ligero me vi llena de deudas y desesperada por no saber qué hacer”20. Contrajo matrimonio por segunda vez y con su esposo ambos trabajan y se mantienen relativamente estables, con algunas carencias pero tranquilos.
Al recibir este año, después de realizar el proceso de denuncia bajo el marco del decreto 1290/08, una cantidad cercana a los diez millones de pesos, cantidad que corresponde a una división de la indemnización, pues la madre del occiso también fue reparada, quiso en principio pagar parte de sus deudas, pero, en vez de eso, decidió hacer un generoso aporte a “la causa de su esposo”, como ella lo manifiesta, porque, “(…) las deudas se van pagando con paciencia, para eso trabajamos y los hijos también ayudan, en cambio, cuando la causa de mi esposo, que mis hijos no conocen, de frutos, yo me voy a sentir tranquila (…)”21. El esposo de esta mujer de cuarenta y dos años, milita en las filas de la guerrilla.
El tercer caso hace referencia a un hombre de treinta y siete años quien perdió a un hermano en forma violenta en manos de las autodefensas en el año 1997; según lo manifestó, lo peor de este suceso, fue el tener que darle la noticia a su madre y salir en el mismo momento a recoger el cuerpo en donde había sido informado que este se encontraba; su hermano era casado y su esposa se encontraba en estado de gravidez, era su primer hijo y el primer nieto que esperaba su madre.
Al indagar acerca de algo aproximado a un proyecto de vida antes del suceso, manifestó:
“(…) en realidad yo no tenía nada planeado para mi vida así como especial, sólo quería trabajar en la mina y hacer vida con alguna mujer, pero eso más adelante, en ese entonces sólo quería dedicarme a vivir bueno, parrandear bastante y gozar con los amigos”22, frente a esta declaración, se indagó un poco más, acercándolo a la intención académica de la entrevista, esto fue lo que se halló:
“Después de muchas negativas de parte de mi mamá, porque fue la más afectada por muchos años con la pérdida de mi hermano, para hacer las vueltas para lo de la reparación, al final siempre se hizo…, eso todo lo hice yo porque al principio nos dijeron que la demanda la debíamos hacer todos, pero como mi mamá no quería y la cuñada decía que no entendía nada de eso y me puse al frente; ya después cuando dijeron que la reparación solo era para la esposa, yo igual seguí haciéndole las vueltas porque yo lo que quería era que le tocara algo a la niña que ya tiene quince años (…)”.
“ A estas alturas todavía no han dado esa plata, o al menos eso es lo que dice la cuñada aunque yo dudo bastante de eso, pero allá ella, igual yo no espero nada, tampoco mis hermanos, pero si me dolería que ella no le dé nada a mi mamá; en cuanto al proyecto mío de vida, lo que me preguntan, ahora lo tengo claro, yo no soy malo, y ni siquiera sé quién fue el que mató a mi hermano, puede ser que él ya esté muerto también, lo que si tengo claro es que si yo tengo la más mínima oportunidad, y he estudiado mucho para eso, voy a liderar algún grupo que por fin le ponga freno a los paramilitares en el municipio, porque, aunque por fuera digan que eso ya no existe, sólo los que vivimos en Segovia sabemos cómo es la cosa, usted también lo sabe (…)”23.
De los anteriores tres casos, referenciados por sus particularidades, queda por decir que, como consecuencia de tantos episodios violentos en el municipio de Segovia, algunos proyectos de vida, han experimentado cambios que en gran medida desfavorecen a una sociedad ya de por si maltrecha; al mismo tiempo, los dineros recibidos por algunas de las personas indemnizadas como parte de la reparación, no han sido invertidos como parte compensatoria por los perjuicios causados por el delito24.
Claro está que, como ya se ha dicho, gran parte de las personas indemnizadas como parte de la reparación administrativa en el municipio de Segovia, han invertido el dinero en artículos que de una o de otra manera mejoran su calidad de vida como son los mejoramientos o compras de vivienda, vehículos, electrodomésticos o en algunos casos en estudios superiores, bien para los mismos indemnizados o para sus hijos o nietos.
Si la reparación administrativa se detiene en lo económico o en lo jurídico, limitando las posibilidades sociales, culturales, psicológicas de las personas reparadas, se puede incurrir en el error que menciona Uprimny al nombrar una cuestión fundamental para entender que “la reparación trata de remediar lo irremediable, justificar lo injustificable, decir lo indecible, olvidar lo inolvidable y perdonar lo que definitivamente, no tiene perdón”.25
Las acciones realizadas en el marco de las reparaciones administrativas han dejado entrever, como ya se ha dicho, una serie de percepciones que pueden diferir en uno o en otro contexto de acuerdo a la magnitud de los cambios experimentados por las víctimas al interior de sus proyectos personales, esto debería servir para que se adelanten procesos de sensibilización en los que se atiendan oportunamente las expectativas que tienen las personas antes de ser reparadas.
Una gran parte de las personas que han sido reparadas por vía administrativa en el municipio de Segovia, han invertido sus indemnizaciones, en mejoramientos o en compra de vivienda, se debe hacer una lectura a partir de ahí, teniendo en cuenta que a pesar de los innumerables sucesos violentos presentados en la región, ello no reviste la mayor relevancia para que las personas oriundas del municipio, pretendan dejar la población por asuntos de temor; esta afirmación, además de algunas declaraciones en las entrevistas, dejan por entendido que el citado fenómeno de desplazamiento, obedece a amenazas directas en contra de la población.
Por otro lado, una cantidad también considerable de indemnizaciones, han sido destinadas a motos y a artículos que obedecen a dinámicas de un consumismo instalado en la región minera y que es propio de otras de igual orientación económica, esto debe llevar a la reflexión en cuanto a los referentes sociales y culturales que están siendo seguidos por los jóvenes, teniendo en cuenta también los problemas de movilidad y de seguridad vial.
En el municipio de Segovia, debido a su historial de sucesos violentos, se han identificado personas que aspiran hacer justicia por cuenta propia, esto debe disparar las alarmas institucionales para que se eduque en valores desde los primeros espacios educativos y para que se hagan los controles respectivos en aras de la seguridad ciudadana.
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RIVERA, CLAUDIO GIOVANNI, JOSÉ DAVID INSUASTY. Apuntes para la reparación y la reconciliación. http://190.7.110.123/pdf/5_revistaZero/zero18/15_Rivera_e_Insuasty_Reparacion.pdf. Consultado el 16 de octubre de 2012.
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2 Instituto de Estudios Regionales – INER-, Nordeste, Desarrollo regional: una tarea común Universidad – región, Medellín, Universidad de Antioquia, 2007, p. 87.
3 Ibídem, p. 91.
4 Grupo de Memoria Histórica, Silenciar la Democracia, las masacres de Remedios y Segovia 1982-1997, Bogotá, Colombo Andina de Impresos S.A, 2011, p.208.
5 El Espectador.com, noviembre 28/12.
6 Entrevistado Nº 9.
7 Arévalo Naranjo Liz, Atención y Reparación Psicosocial en Contextos de Violencia Política, una mirada reflexiva, línea de investigación de demandas e intervención psicosocial de la Universidad Central, 2010, P.35.
8 Entrevistado Nº 4.
9 Ibídem.
10 Entrevistado Nº 1.
11 Entrevistado Nº 5.
12 Entrevistado Nº 2.
13 Entrevistado Nº 6.
14 Entrevistado Nº 8.
15 Entrevistado Nº 2.
16 Entrevistado Nº 7.
17 Ibídem.
18 Ibídem.
19 ibídem.
20 Entrevistado Nº 3.
21 Ibídem.
22 Entrevistado Nº 11
23 Entrevistado Nº 11.
24 Adaptación de la definición de Indemnización, Art 8º de la ley 975 / 05. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la ley, que contribuya de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
25 Uprimny Rodrigo, ¿Justicia Transicional sin Transición?, Verdad, Justicia y Reparación para Colombia, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Bogotá, 2006.