La paz: un escenario para el fortalecimiento de la formación ciudadana1

Carlos Andrés Restrepo Arango2

1 Sociólogo de la Universidad de Antioquia. Correo electrónico: carlosandresrestrepo0525@gmail.com

2 Trabajo de grado con el cual se obtuvo el título de Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Fue asesor Gabriel Ignacio Gómez Sánchez, profesor de la misma Facultad e investigador del grupo Derecho y Sociedad.

Citación de este artículo con el sistema APA: Restrepo Arango, C. A. (2015). La paz: un escenario para el fortalecimiento de la formación ciudadana. Diálogos de Derecho y Política. (18). 4-36. Recuperado de: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/derypol/article/view/328212/20785139

si el hombre es formado por las circunstancias, entonces es necesario formar las circunstancias humanamente

K. Marx

Resumen

La sociedad colombiana se encuentra inmersa en un proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la Guerrilla de las FARC, actores entre los que ha perdurado durante más de 50 años un conflicto armado que ha traído una violencia que no ha permitido el fortalecimiento de la ciudadanía y así mismo, se ha arraigado a la forma de vivir, convivir y resolver las situaciones de conflicto al interior de la sociedad. Teniendo en cuenta el escenario del post acuerdo que pueda lograrse entre los dos actores, el papel de la educación aparece como instrumento importante para fortalecer la construcción de una sociedad democrática, reconociendo la diversidad de pensamientos que permita fortalecer la formación ciudadana como una apuesta para consolidar un nuevo modelo de sociedad.

Sin embargo, se problematiza el carácter formador de la educación, cuestionando la orientación de un modelo educativo basado en competencias que termina por alargar expresiones de confrontación, basándose en la relación que posee el modelo educativo al servicio del mercado. Por eso, la violencia simbólica, acaba construyéndose en un instrumento materializado a través de la educación, como una herramienta en donde se trasmite la ideología dominante, legitimando un orden establecido, poniéndolo a los ojos de los educandos, como algo natural.  ¿A qué responde entonces la cátedra de la paz?

Palabras clave: Formación ciudadana, conflicto armado, ciudadanía, violencia simbólica, cátedra de la paz.

Introducción

Este trabajo identifica el papel de la educación en un eventual post acuerdo entre la Guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano; esto teniendo en cuenta la estrecha relación que se da entre proceso educativo y formación ciudadana. Con tal fin, el texto se divide en tres partes. En la primera, daremos un breve recuento del nacimiento del conflicto armado en Colombia, se mantienen presentes aspectos como el problema agrario, la inequidad y los espacios cerrados para la participación política, así como algunas de las justificaciones en torno al comienzo de la violencia armada. Partiendo de ese acercamiento al conflicto, se problematiza la consecuencia que tuvo la violencia en la formación ciudadana y su incidencia en una incipiente formación de sociedad civil. Resaltaremos la oportunidad que se presenta desde la salida negociada al conflicto armado, como una propuesta de democratizar la sociedad y reconfigurar el papel central que tiene el ciudadano para materializar, no solo los acuerdos en la mesa de negociación, sino también la formación de un nuevo ciudadano más crítico y reflexivo.

En la segunda parte, comenzaremos a adentrarnos al papel formativo que tiene el sistema educativo en torno a la formación ciudadana. Para esto plantearemos las perspectivas modernas acerca de la ciudadanía, teniendo en cuenta qué concepción ciudadana dialoga con el sistema de enseñanza de nuestro país y cómo se configura con el modelo educativo basado por competencias. Desde esta perspectiva mostramos la necesidad de identificar a qué tipo de ciudadano se le desea apostar desde la política educativa y su currículo.

Por último, sugerimos proponer la postura en donde la sociedad contemporánea le presta mayor atención a identificar cómo resuelve la violencia directa, dejando de lado otros tipos de violencia, como la estructural y la simbólica, las cuales, no se solucionan fruto de una negociación política, sino que viven arraigadas a la cotidianidad de la cultura. Entendiendo esto, problematizaremos el papel de la educación para contribuir a la formación de ciudadanos críticos, o por el contrario, a formar ciudadanos domesticados. Por esto, se dará una especial mirada a la cátedra de la paz, como una política educativa que va dirigida a la formación de un tipo de ciudadano, que surge como respuesta a un momento coyuntural del país, pero que desconoce que pensarse la paz, no puede ser algo coyuntural de una cátedra formativa, sino algo que debe ser transversal a todo el currículo educativo.

1. Conflicto armado en Colombia: la formación ciudadana en un contexto de guerra

Aquí intentaremos explorar la relación entre violencia directa como parte de una guerra extendida entre el Gobierno colombiano y la Guerrilla de las FARC y la formación ciudadana. Buscaremos poner en discusión la dificultad que existe para el ejercicio pleno de la ciudadanía el querer desarrollarse en un contexto marcado por las prácticas de la violencia; para esto propondremos darle una mirada general al conflicto armado colombiano, resaltando las múltiples causantes del origen de la violencia y su efecto en la formación de una sociedad definida por la desigualdad y exclusión social, elementos que no solo alimentan o se convierten en el combustible de diversas confrontaciones, sino que limitan la capacidad de que la ciudadanía pueda organizarse y pensar los problemas de su cotidianidad de manera reflexiva. Luego intentaremos resaltar la idea de que en un contexto definido por la violencia armada, el ejercicio de la ciudadanía y la participación como parte de la acción política no puede desarrollarse plenamente llevando de manera progresiva a formar ciudadanos pasivos y sumisos determinados por su contexto y condiciones de vulnerabilidad, pero también, nutriendo y reproduciendo las prácticas de violencia que la guerra entre las partes en conflicto dejaba. Por último, propondremos resaltar la coyuntura política que vive nuestro país producto de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC, como un escenario en donde se podría avivar la formación de una sociedad más democrática que permita identificar que los conflictos políticos y sociales, deberían resolverse por la vía civilizada y no por las vías de hecho, dando un paso para la democratización de la sociedad colombiana.

1.1    Un breve contexto del nacimiento del conflicto armado en Colombia

El texto básico para esta propuesta fue el informe de la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, desarrollado como parte de las negociaciones adelantadas por el Gobierno nacional con la Guerrilla de las FARC. Los diferentes argumentos que embozan los autores del informe son amplios y contextualizados, pueden pasar por mencionar el problema agrario, la exclusión política y social, hasta la contradicción entre el sistema económico y las expresiones políticas. Uno de los aspectos más relevantes en el informe, además de narrar el surgimiento del conflicto armado, son las consecuencias o manifestaciones que de él emergen y que son en parte objeto de esta discusión.

Se plantea el contexto del nacimiento del conflicto armado solo para identificar la violencia y la confrontación armada padecida por la sociedad colombiana entre dos actores principales (el Gobierno de Colombia y la Guerrilla de las FARC)3  y cómo ésta, se ha fecundado y reproducido en las prácticas más cotidianas de la sociedad llevando a tener como imaginario colectivo que la cultura colombiana, es una cultura violenta y que las relaciones sociales se han desarrollado  en  relación a lo que Carl Schmitt (1963) define como una visión del amigo – enemigo.

Proponer identificar los inicios del conflicto armado desde una mirada diversa y heterogénea y no, lineal y homogénea, permite clarificar el origen y las posibles alternativas que ayuden a construir un camino para la formación de un acuerdo importante entre el Gobierno de Colombia con la Guerrilla de las FARC después de más de 50 años de guerra directa y prolongada.

Según De Zubiría las causas del conflicto varían en causas políticas, socioeconómicas, institucionales, psicológicas, culturales y raciales (2015); una de las más debatidas es la ausencia de una solución al problema agrario que ha sido determinante para entender la violencia armada. Pues como lo menciona Estrada “la forma que ha prevalecido en el proceso de la acumulación capitalista a lo largo del conflicto ha sido la de la violencia y el despojo” (2015, p. 5). Esta forma de violencia ha tenido como resultado la formación de una sociedad desigual y su principal característica es la recurrente concentración de la riqueza y de la propiedad en muy pocas manos.

El uso de prácticas privadas de justicia y la conformación de ejércitos irregulares (Paramilitares, Bacrim, Combos, Sicarios, etc.) como lo menciona Gutiérrez (2015), ha resultado también ser muy importante para explicar el fenómeno de la violencia en Colombia. En donde la tendencia del proceso de acumulación de riqueza y de las formas de organización del poder, han generado que la violencia se exprese en la confrontación armada que hoy conocemos y que se desborde hasta tocar todas las esferas de la sociedad, siendo la exclusión y la desigualdad la expresión de una sociedad con fuertes barreras materiales que impiden pensar  poner fin a un conflicto armado cuando este se viene materializando en otras formas y cuerpos, como la pobreza de la población y la exclusión social a la cual muchos vienen siendo sometidos por su credo, religión, posición económica u orientación sexual.

La violencia directa desencadenada a raíz del conflicto armado, ha generado un número incalculable de desplazados y asesinados en Colombia y ha hecho que la violencia penetre en las relaciones más cotidianas de la sociedad, llevando a gran parte de la población a ver en la violencia física y directa, una forma de tratar o resolver los problemas sociales que vienen siendo fecundados y reproducidos por los contextos de inequidad y poco acceso a oportunidades que permitan el desarrollo de las capacidades individuales; es por esto que como lo menciona  Estrada (2015, p. 5)  que:

Al ocuparse de los impactos del conflicto, sin dejar de lado sus dramáticas dimensiones y el horror causado por la guerra sobre el conjunto de la organización social, debe proponerse la tesis de que la violencia, cuando se considera en forma estructural y sistemática, se ha orientado principalmente a la contención y destrucción (incluido el exterminio físico) de las expresiones políticas, reivindicativas y organizativas del campo popular, y de manera principal contra las proyectos que han representado una amenaza frente al orden social vigente.

En definitiva, lo que ha representado la violencia en Colombia es el acallamiento de múltiples expresiones sociales, persecución a líderes sociales y asesinato de miles de participantes directos del conflicto y ha llevado a que la violencia sea reconocida e implementada en la sociedad por diferentes actores como  método de mantenimiento de un orden social establecido que forma un ciudadano pasivo, domesticado a raíz del miedo a expresar libremente sus ideales que permitan reconocer que el ejercicio pleno de la ciudadanía se desarrolla en una sociedad donde el ejercicio de la violencia no sea la principal herramienta para tramitar los problemas y diferencias que cotidianamente vive una comunidad, en fin último, el no respeto por la diferencia es la principal justificación de la violencia.

1.2    El conflicto armado como debilitamiento de la formación ciudadana

La Constitución Política de Colombia de 1991 le otorga a los sujetos la condición de ciudadanos, que les permite relacionarlos con los derechos individuales y con una noción de vínculo con una comunidad. La carta magna se convierte pues en la base de las distintas formas como las personas y el Estado va creando condiciones necesarias para el ejercicio de la ciudadanía. Esta constitución abriría la esperanza de que la participación ciudadana permitiera transformar el poder del Estado y la construcción de una sociedad civil más activa y propositiva que permitiera hacerle frente a las necesidades sociales de exclusión y abandono de la cual grandes comunidades venían siendo parte de ella.

Sin embargo, ese ciudadano que se pensó la Constitución desde su campo de reconocimiento de derechos y espacios para participar, nunca se materializó, o como dice Uribe (2002), ese ciudadano no se incorporó porque era carente de virtudes cívicas y porque no se construiría en un contexto de violencia. Por esto, si se pensaba (por lo menos en la narración) que la participación como forma de la acción política y elemento central de la formación ciudadana podría ayudar a combatir y superar la ausencia de cultura política y de sociedad civil, no pudo efectuarse en la realidad gracias al conflicto armado perpetrado históricamente por diferentes actores en Colombia.

Teniendo en cuenta que antes de la Constitución de  1991 el sistema político estaba cerrado a la participación ciudadana, colocando como puente entre la ciudadanía y la institucionalidad el sistema clientelista como interlocutor, pero a su vez, cerrando los espacios democráticos y participativos para la formación de ciudadanos críticos y conscientes, generó la reacción de sectores que no encontraban espacios para la participación política que los indujo a tomar las armas como forma de resistencia ante un sistema cerrado y cooptado por el Bipartidismo.

El propósito loable de formar ciudadanos más activos y críticos no se logró desde la Constitución del 91 hasta nuestro tiempo. Según Uribe (2002) esto se explica “porque la narrativa participativa, no podía situarse en el registro de la guerra y las dinámicas que le son propias y, por el contrario, acorde con los diagnósticos sociopolíticos, se continuo poniendo el acento sobre las carencias de los órdenes normativos, éticos, económicos y sociales” (p. 196), por esto el conflicto y la violencia mantuvieron al margen la participación ciudadana, lo que contribuyó en el ideal de que, en situaciones de guerra y confrontación armada el ciudadano desaparece de la acción política y permite la consecución del orden social establecido.

La confrontación armada después de la Constitución de 1991 demostró que esta no constituyó un escenario o pacto de paz, ni que la participación tomaría como bandera desarrollar una cultura política que permitiera confrontar la violencia y las hostilidades ejercidas por diferentes actores, lo que produjo fue una colonización de la guerra a los espacios participativos y las diferentes organizaciones colectivas, convirtiendo a la esfera de la acción participativa en un campo de disputa por la violencia armada. (Uribe, 2002, p. 197), bien sea para quitar del camino a enemigos políticos, dominar las organizaciones o incorporarlas a sus intereses bélicos.

Es así, como el fenómeno del narcotráfico (por destacar un ejemplo) y sus múltiples actividades alrededor de él, han generado como lo menciona Angarita, no solo la inserción de mucha población en la cultura del “mercado de las drogas”, sino también que  “trascendió e influyó importantes esferas políticas del Estado, expandió el consumo en todos los estratos sociales, y dejó una inmensa huella en los hábitos y costumbres de la sociedad, y en la forma de ver el mundo y de convivir” (2004, p. 116).  Esta postura permitió identificar cómo la violencia ejercida por actores armados generó acciones colectivas que pretendían resguardarse u organizarse en torno a la prestación de servicios de seguridad, de vigilancia o en muchos casos de partición de justicia, es así, como la participación fue contaminada totalmente por la lógica bélica y permitió perpetrar la violencia como mecanismo de tramitar los conflictos y diferencias en una sociedad o comunidad.  Por esto, entendemos que en un contexto de guerra y creciente hostilidad la participación como esfera de la formación ciudadana queda debilitada para promover la construcción de ciudadanos críticos y no domesticados por ella.

Sin embargo, aunque es cierto que hoy vivimos un momento favorable para que dos partes del conflicto armado que ha vivido Colombia durante 50 años puedan superar sus diferencias por la vía del diálogo y los acuerdos políticos, la violencia que padece nuestra sociedad se ha desbordado, la violencia no es un asunto único de la Guerrilla de las FARC frente al Estado colombiano, la confrontación se ha generalizado y extendido a la vida cotidiana de la sociedad, el gran problema es que “esto nos acerca peligrosamente a una despolitización que minimizaría ciertas condiciones objetivas de producción de algunas violencias, y lo que es más grave aún, a una violencia como no política y en consecuencia, no negociable” (Blair, 1999, p. 62). Hoy solo hay visibles dos grupos armados que tienen una violencia política frente al Estado (FARC y ELN), que no se compara con la violencia no política que vive y desangra cada rincón de Colombia. Es precisamente, la degradación de la violencia la que llevaría a pensar que hoy, aunque existan dos grupos armados enfrentados al Estado, la guerra que se libra, es una guerra más profunda, “una guerra de la sociedad consigo misma; es el suicidio colectivo” (Sánchez, citado por Blair, 1999. p. 63). ¿Qué pasa entonces con la confrontación armada que se libra en los barrios de las ciudades colombianas y cómo esta ha afectado no solo la participación ciudadana, sino que tampoco ha permitido que se forme una sociedad civil más profundamente activa y propositiva?

Como ya lo mencionamos, el fenómeno del narcotráfico en los años ochenta desde la percepción de Blair, desborda los límites de la confrontación política (1999) y va afianzándose desde sus ritos, costumbres y actitudes en los actos de la vida cotidiana de la población. Ya las armas no son un asunto del conflicto armado entre las guerrillas y el Estado, sino que conviven en medio la sociedad civil y esto genera un debilitamiento de la formación ciudadana pues, el peligro es latente para la participación, el recursos a las armas no es un medio exclusivo de los actores políticos, sino que se vuelve un recursos para solucionar problemas barriales y personales, para generar fronteras entre barrios aledaños, minimizar a los jóvenes a organizarse y controlar la población mediante el miedo colectivo que produce la violencia. Además, esto ha llevado a que no se aclare qué tipo de lucha se vive en la sociedad civil, la violencia al interior de la sociedad civil desdibujaría el carácter político de la confrontación armada en Colombia.

Es importante identificar que si la guerra afecta la condición de ciudadanía, pero aún más, si gran parte de la violencia se libra al interior de la sociedad y no contra el Estado, ¿por qué siempre se menciona que se debe fortalecer a la sociedad civil para formar ciudadanos más activos y críticos?4   La sociedad civil es fuerte en ejercer la violencia. Pues como lo menciona Blair. “son en buena parte en el caso colombiano, grupos de la sociedad civil los que están haciendo la guerra” (1999, p. 64). Esto conllevaría, a replantear el escenario de la confrontación armada partiendo de que solo se estaría negociando la dejación de las armas con una parte mínima del conflicto, pues aun así, aunque la violencia en un gran porcentaje no sea de carácter político, no tendría sentido un proceso de paz si la sociedad civil no se moviliza en torno a construir escenarios de paz y reconciliación. ¿Cuál sería entonces la sociedad civil a fortalecer?

Ahora, si la influencia de la violencia y la guerra ha dejado una huella en los hábitos y costumbres de la sociedad y en la forma de ver el mundo, nos preguntamos ¿cuál es y sería el papel de la educación para comenzar a superar estos conflictos teniendo en cuenta que pasamos un momento histórico de lograr acordar una solución negociada con un actor armado ligado a los conflictos y violencias estructurales de nuestra sociedad? ¿Cuál sería el papel de la educación para la formación de ciudadanos con actitudes de paz?

1.3    La salida negociada: un escenario para democratizar la sociedad

Desde el informe de la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, el conflicto armado en Colombia debe ser entendido no como un conflicto lineal, sino como consecuencia de múltiples causas, por eso el entendimiento de este debe conllevar varios análisis que soporten una visión amplia y estructurada de la guerra en Colombia.

Por ejemplo, para Fajardo (Cit. por Pizarro), el causante del surgimiento del conflicto tiene que ver con los nacientes conflictos agrarios, para él la “excesiva concentración de la propiedad rural, un hondo desorden en las formas de apropiación de tierras baldías, una débil legitimidad de los títulos de propiedad y la persistencia de formas de autoridad arcaicas en el seno de la propiedad sin ningún apego a la normas laborales” (2015, p. 13), terminaron por desencadenar la conformación de guerrillas que determinaron combatir estas expresiones de exclusión y violencia por medio de las armas.

No solo los problemas de acceso a la participación política, acceso a la propiedad rural o la concentración de la misma, han sido factores determinantes para la confrontación armada en Colombia, sino también, la inequidad social, como condiciones que han venido nutriendo la violencia a lo largo de más de medio siglo alimentando el espíritu de confrontación entre las diferentes partes, que hacen o vienen haciendo parte del conflicto armado.

Si la inequidad había sido un combustible para el conflicto armado, y la guerra a su vez, ha contribuido al debilitamiento de la formación de ciudadanos activos y críticos, en la medida que limita o dificulta la construcción de sociedad civil organizada y participativa, ¿qué puede esperarse en un momento coyuntural en donde la Guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano puedan acordar un proceso de paz? ¿Qué puede suceder en torno a la formación ciudadana, si los acuerdos promueven que los conflictos sociales se tramiten por la vía de los procedimientos políticos legítimos y civilistas?

La reproducción de la confrontación armada y la afectación de los espacios de participación para la construcción de una sociedad civil, deben permitir el surgimiento de un movimiento social y ciudadano que promueva una salida negociada ante el conflicto armado y se configure la formación de una ciudadanía más fortalecida por un proceso de paz en marcha, por esto, citando a Mesa y Benjumea (2011, p. 3), entendemos que la Formación Ciudadana se concibe como un proceso en que el sujeto adquiere una serie de conocimientos y desarrolla habilidades que entran a formar parte de su ser, en un terreno más allá de lo instituido, que son exhibidos en su accionar cotidiano y es esto lo que le confiere a su ejercicio el carácter práctico, que constituye sin más el ejercicio político de la ciudadanía, cuya complejidad escapa a cualquier pretensión de objetivación, tal y como puede suceder con los conocimientos derivados de la instrucción cívica o del desempeño de roles que derivan en competencias. Sin duda, la formación ciudadana escapa del carácter institucional y va permitiendo que en un escenario de negociación entre dos actores que históricamente se han confrontado, surja un ciudadano más activo, propositivo y democrático fruto de las características de la coyuntura política.

Para un sector de la sociedad la construcción de la paz es entendida solo en la medida que la guerrilla sea juzgada, entregue sus armas y no haya más confrontaciones violentas, mientras que para otra, la construcción de esa paz, va más allá de eso y tiene que ver con poder trasformar las realidades sociales de exclusión e inequidad. Pero entonces. ¿Cuál sería el papel del ciudadano y la sociedad civil en este proceso? Según Zuluaga (2001). Para una parte de la población

La sociedad no tiene cabida en la negociación y ésta debe estar es en manos del gobierno y los alzados en armas, acorde a la concepción de que la paz es la ausencia de la guerra, sin embargo para otros, la sociedad debe participar proponiendo y diciendo sobre el contenido de las reformas por adoptar, este nuevo campo de expresión política ofrece la ventaja de haber propiciado el acercamiento entre sectores que hasta hace poco era inimaginable que se pudieran encontrar compartiendo espacios y objetivos (…). En este sentido se construye una escuela de democracia como forma de resistencia de una sociedad que no se resigna a dejarse derrotar por la fuerza de las armas (p. 78).

Esta expresión, identifica que la sociedad civil puede reclamar espacios de participación y el fortalecimiento de la movilización ciudadana que permita quitarle espacios a la violencia, que ha dejado como consecuencia una  incipiente ciudadanía crítica y consciente de las realidades y las necesidades colombianas, esta participación ciudadana debe desarrollarse con miras a promover la organización y buscar enfrentar como tal toda expresión de violencia que cierre el camino a la democracia social.

Este proceso de paz podrá generar la capacidad de pensarse una utopía parcial (Amartya Sen, cit. por Gaviria) que permite acercarse a un estado de cosas, las cuales no se tienen, pero se desea llegar (2013, p. 11). La paz entonces, sería esa utopía que como resultado de una negociación política, puede un nuevo modelo de sociedad y una ciudadanía más consciente que promueva como iniciativa social, fomentar la materialización de los acuerdos pactados, pues, aunque esto sea un proceso definido entre dos partes, la naciente sociedad civil es quien debe velar por que tome forma y vida en la realidad las reformas sociales, como una coyuntura que expresa una insatisfacción social la cual se desea superar.

Según Gaviria (2013) “La propuesta de las FARC en la Habana no es más, a que se rija en Colombia la Constitución del 91, o sea, en Colombia hay que hacer una revolución para que la Constitución tenga vigencia, lo que parece ser absurdo” (p. 16) pues, más que absurdo, resulta vergonzoso decir que Colombia, no ha podido ni siquiera superar los desigualdades que su propia Constitución pretendió combatir y erradicar como un acto de paz ante la violencia política del momento, por el contrario, el acercamiento del ciudadano al acceso a la justicia (vía tutela), el protagonismo de las comunidades culturales de Colombia, como pueblos autónomos y soberanos, y la participación ciudadana como parte de la acción política, arraigaron la idea de que la diversidad cultural y de pensamientos, son un obstáculo para la clase política, que ve en la libertad individual un asunto que se debe controlar, imponiendo mecanismos de discriminación que son propias de una sociedad que desea proteger y  prolongar el statu  quo.

Por eso, la construcción de una nueva ciudadanía fruto de la coyuntura del proceso de paz, debe generar espacios de formación ciudadana, como foros, debates abiertos, marchas y construcción de iniciativas comunitarias que permitan conformar una visión alternativa de la subjetividades políticas, buscando combatir la idea de que el enemigo es quien piensa diferente a mí y así, no reproducir nuevas discriminaciones.

Gaviria (2013) define que  uno de los grandes problemas de Colombia, es que “es una sociedad que tiene vocación unanimista y ortodoxa y cuando  una persona se aparta de ese pensamiento unánime de la expresión mayoritaria, entonces a esa persona la estigmatizan, la tratan de hereje; cuando no hay nada más enriquecedor en una sociedad que escuchar los puntos de vista del otro” (p. 17), correspondiendo a identificar que una persona que discrepa del pensamiento político imperante, o que utiliza la proposición en contra de un ideal establecido, es una persona indeseada. Desdibujando el deber ser de la ciudadanía y de una sociedad democrática, que es precisamente el reconocimiento de la diversidad y la semejanza. Esa utopía parcial a la cual se desea llegar.

Por tanto, el escenario de un proceso de negociación debe permitir la resignificación del sujeto, que se piensa por construir ciudadanía desde el reconocimiento en la diferencia, permitiendo la problematización de las diferentes formas de violencia directa o simbólica que viven en la cotidianidad de la sociedad, conllevando esto a que la sociedad civil responda de manera creativa y propositiva ante las situaciones que puedan emerger como nuevas formas de discriminación social y así, esperar el surgimiento de un sujeto consciente de las realidades sociales.

No deja de ser tentativo pensar que la educación cumplirá un gran logro para formar a este ciudadano apto para la participación política y la construcción de una sociedad más democrática. Sin embargo. ¿Cómo entender la formación de ciudadanos críticos en espacios educativos cuando los estudiantes son apáticos a los temas políticos y por consiguiente, a los temas públicos? ¿Podrá la cátedra de la paz resolver las dificultades del reconocimiento del otro como sujeto de derechos y que se respete la diferencia y la diversidad de pensamientos en los espacios educativos?

2. El papel de la educación para la formación ciudadana

A la educación siempre se le ha dado un papel principal para el desarrollo de la sociedad, dejando en sus objetivos la construcción de ciudadanos y a su vez, de sociedad, por eso, en este apartado se analizarán las concepciones modernas acerca de la ciudadanía. Aunque se puede inferir que toda sociedad ha tratado de formar un tipo de ciudadano, solo tomaremos el concepto de ciudadanía como elemento central de la era moderna, pues es en los relatos de la modernidad en donde el individuo solo logra su plena realización cuando contribuye al buen funcionamiento de la sociedad (Pimienta, 2012).

Luego plantearemos el análisis sobre el concepto de formación ciudadana procurando diferenciarlo de la educación para la ciudadanía como dos posturas diferentes, el primero gira en torno a las capacidades del individuo de ser autónomo, crítico y ser ciudadano en su ejercicio en la vida pública; el segundo, es el proyecto político educativo para la ciudadanía, como un instructivo formativo que busca convertir el currículo y los programas institucionales como plataforma para la construcción de ciudadanos, en este caso, teniendo presente el papel del sistema educativo en la construcción de sociedad. Por último, analizaremos en forma breve las implicaciones del modelo educativo colombiano claramente definido por competencias en torno a la formación ciudadana, poniendo en debate si nuestro modelo actual estaría en condiciones de responder a las necesidades coyunturales para formar ciudadanos enfocados o encaminados a construir una sociedad más tolerante y predispuesta a la paz.

2.1    Perspectivas modernas acerca de la ciudadanía

Dentro de las perspectivas modernas de ciudadanía analizaremos brevemente el modelo Republicano, el modelo Liberal y la Propuesta Comunitarista como posturas políticas que identifican la formación ciudadana como elemento fundamental para la construcción de la sociedad. Estas tres perspectivas abrirán la concepción en donde se desenvuelve el ciudadano actual y ayudarán a identificar que el ejercicio de la ciudadanía ha sido una constante puja por construir una sociedad derivada del pensamiento político imperante. Así pues, para la perspectiva Republicana, el bien común, se encuentra por encima del bien individual y es la acción de los sujetos al interior de esa comunidad en donde se conciben como ciudadanos, por eso, la construcción de sociedad se basa en el reconocimiento del otro como miembro de la comunidad. Según Urcuyo (1999),

El ciudadano republicano es activo y participativo, aunque no se diluye en la idea del bien colectivo. El republicanismo considera al ciudadano como un participante activo en la dirección de la sociedad mediante el debate y las decisiones públicas. Toma la concepción liberal de los derechos y le suma la idea de que un ciudadano se identifica con su comunidad política y se compromete con la promoción del bien común, sin que esto implique adherir a una concepción sustantiva del bien común (p. 14).

Jurgen Habermas (Cit. por Urcuyo, 1999) resume el sentido de la unión entre los derechos garantizados y la necesaria participación política, al señalar que:

El modelo republicano de la ciudadanía nos recuerda que las instituciones de la libertad, aseguradas en términos de derecho constitucional, tendrán o no valor, conforme a lo que haga de ellas una población acostumbrada a la libertad, acostumbrada a ejercitarse en la perspectiva de primera persona del plural, de la práctica de la autodeterminación. (p. 14)

Esta idea incide entonces en el papel del ciudadano institucionalizado jurídicamente, pues según este planteamiento, ha de quedar un ciudadano inserto en el contexto de una cultura política consolidada en el ejercicio de las libertades.

En síntesis, la visión Republicana de la ciudadanía tiene como objetivo ideal formar en ciudadanía en el ámbito de la participación, activa y los valores patrióticos, en donde la construcción de lo público esté mediado por el bien común, y que esté por encima el cumplimiento de deberes ciudadanos, que el goce de Derechos de los mismos.

Por su parte el enfoque liberal “parte del concepto de libertad negativa; libertad del individuo frente al Estado” (Urcuyo, 1999, p. 10). Es aquí la idea central de la concepción ciudadana para este enfoque, pues se entiende que el individuo podrá realizarse plenamente en su ejercicio de derechos sin que se deteriore el bien común. Alejándose del ideal republicano de ciudadanía. En ese sentido, la maximización de la libertad exige la minimización del Estado. Éste último ya no se presenta como eje central de la sociedad pues el individuo establece su identidad en oposición a la sociedad y considera a la ley y al Estado como los principios de renuncia a su voluntad individual.

Así, el ideal formativo de la ciudadanía liberal, es proponer darle valor a la autonomía y el libre desarrollo de la persona en su individualidad individual, sin la necesidad de oponerse al desarrollo de la sociedad en su conjunto, lo que conllevaría a identificar que el desarrollo de la libertad individual se da en la protección de la propiedad privada como derecho principal de la perspectiva liberal. “En esta perspectiva, se plantea la necesidad de tener un Estado mínimo y con formas de proteger al individuo frente a los abusos del poder político” (Pimienta, 2012, p. 79), pues se tiene latente la idea de que hay una opresión constante de los gobiernos, frente a la realización de los individuos como sujetos de Derechos.

Desde la posición planteada por Rawls (Cit. por Orcuyo, 1999). La tarea principal para consolidar una sociedad abierta y pluralista consiste en la articulación de elementos mínimos para mantener la justicia y lograr la felicidad (p. 12), O sea, debe haber una coherencia entre la justicia como elemento construido por el derecho. Y la realización plena de la felicidad humana, pues se considera un elemento fundamental del ideal liberal, el predominio de la Justicia, sobre la concepción del “Bien”. Es por esto, que el liberalismo político se debe interesar por el ciudadano, quien espera que la sociedad le haga justicia al suministrarle los bienes necesarios para llevar adelante, por sí mismo, su proyecto de vida feliz. (p. 11)

Por tanto, el ciudadano liberal se plantea como un sujeto de derechos, diferenciado del republicano en relación a que su realización como ciudadano no está expuesta a quitar libertad a sus derechos y entregarse al bien común. La propiedad privada se convierte en el escenario ideal para la formación de los ciudadanos liberales pues se concibe desde esta posición, que solo se alcanza la libertad del individuo en su relación con la posesión de la propiedad.

Por último, el modelo comunitarista que aparece como planteamiento político en los años ochenta, en un contexto de crisis política de la sociedad actual, plantea la necesidad de diferenciarse del enfoque liberal partiendo del hecho de que los sujetos no son individualistas, sino seres sociales, por su propia naturaleza (Mouffe, 1999, p. 82). El modelo Comunitarista o Neoconservador como algunos lo llaman, basa su planteamiento en criticar al modelo liberal como un enfoque ahistórico, lineal e individualista, partiendo de la premisa que el hombre es un ser por naturaleza, vinculado a redes sociales, concretas, y capaz de sacrificar los intereses egoístas en bien de la comunidad (Pimienta, 2012, p. 83). De esta forma, va reconfigurando una nueva relación del ciudadano con su entorno y eventualmente con el ideal de su formación, pues ésta tendencia va reivindicando el proceso de unión entre el individuo y su comunidad.

La mejor forma de identificar al ciudadano Comunitario, se expresa en concebir al sujeto en su relación con su comunidad, no necesariamente mediante la participación, sino por su sentido de pertenecía hacía ella. Una forma de identificar al ciudadano comunitarista es hacer una analogía con un equipo de fútbol, pues se entiende que cada jugador es responsable por su labor y todos los jugadores, colectivamente, no se oponen, sino que constituyen el equipo para lograr el objetivo, comúnmente. Por tanto, lo que diferencia a ésta postura de las demás, es que, la esencia del ciudadano comunitarista se encuentra en el grado de pertenencia que este tiene por su comunidad, y no el grado de privilegios individuales ni su participación lo hacen ciudadano en sí.

Estas tres visiones nos permiten identificar el ideal de ciudadanía, como vínculo entre el sujeto con el poder político, sin embargo, el discurso de la ciudadanía aunque haya penetrado a la formación ciudadana, hoy en día, se encuentra inmerso en una crisis de consolidación de un ciudadano autónomo y coherente con la realidad, lo que ha tenido por consecuencia latente, que haya un abismo entre el ser y deber ser de la ciudadanía.

2.2    ¿Se debe educar o formar ciudadanos?

Aunque la pregunta por si sola es compleja, solo pretenderemos responderla en la medida que permita identificar que la formación ciudadana es un proceso que conlleva la construcción de un sujeto relacionado con la vida pública, con la realidad local y su desenvolvimiento en ella.

La educación para la ciudadanía es el proceso educativo que se lleva a cabo en las instituciones educativas desde un periodo escolar hasta los niveles de la educación media, que a través de sus programas y objetivos pedagógicos, pretende formar en ciudadanía a sus educandos. Sin embargo, la formación ciudadana es un proceso inacabado, que transciende la institución educativa y que en cuanto acción, es imposible realizarse en el aislamiento, necesita la presencia de otros y sólo se da en el espacio público (Pimienta, 2008, p. 4).  La formación ciudadana para nuestro planteamiento, es un proceso formativo que transciende el proyecto educativo curricular formal, ya que la formación ciudadana pensaría poder problematizar si la educación para la ciudadanía ha logrado formar sujetos más activos y propositivos entendiendo las realidades y coyunturas políticas de nuestro país, o solo ha servido para dar una instrucción cívica que ilustra a sus educandos que son sujetos de derechos, mas no ciudadanos en su ejercicio como tal; pues como lo menciona Gutiérrez (2009) “El ser ciudadano no es una categoría que viene dada, ésta se puede alcanzar mediante la lucha cotidiana, individual y colectiva: no se nace ciudadano, se hace, se educa o se forma” (p. 3).

La educación para la ciudadanía, más que ningún otro ámbito, tiene como una de sus funciones cruciales la de formar ciudadanos. Es decir, desarrollar en las personas la creencia en el ideal democrático y promover su puesta en práctica (Jaramillo, 2008). Esto básicamente tiene como intención propia constituir los espacios y escenarios para irlo ejecutando paulatinamente no solo en los espacios académicos sino también, por fuera de ellos. Es por esto, que la educación escolar puede contribuir (decisivamente o no) a construir en la población estudiantil unas capacidades propias a las prácticas ciudadanas como, la participación y el respeto por el otro, que le es propio a las acciones políticas ciudadanas. Sin embargo, esta formación instructiva en ciudadanía no solo debe promover formar ciudadanos responsables y cívicos, respetuosos de las normas o como muchos piensan fieles al sistema político dominante, sino también, que les debe permitir promover prácticas reflexivas que le promuevan pensar en su participación al interior de su comunidad local y política dándole un comportamiento crítico ante lo que allí se encuentra socialmente establecido.

La formación ciudadana en su esencia o en su deber ser, debe ir más allá del mero hecho discursivo que lo define, generándole herramientas a los sujetos para que puedan hacer una lectura de su contexto, definiendo claramente que el proceso formativo (pensándose en la institución educativa) debe estar orientado a que sus educandos, problematicen y reflexionen sobre sus realidades. No solo como producto del sistema educativo, sino también, de poner en evidencia la relación que pueda existir entre proceso formativo y realidad social. O sea, ¿para qué sirve lo aprendido en un currículo educativo en la vida cotidiana? ¿Cuál es su relación con el contexto? ¿Cómo estos contenidos le permiten reflexionar sobre la realidad social del estudiante?

Las políticas públicas en torno a la educación siempre han jugado un papel central en la formación en ciudadanía, sin embargo, hay posturas políticas que defienden la idea de que el sistema educativo y sus políticas educativas deben estar completamente alejadas de la realidad inmediata de los estudiantes, es decir, debe estar despolitizada, argumentando que la educación es la fuente de conocimiento de valores sociales que debe permitir la adaptación de los jóvenes al medio social, más no su interpretación. ¿Qué tan pertinente es para Colombia que vive un momento coyuntural importante como lo es las negociaciones de paz, pensar en un sistema educativo alejado de las realidades sociales a las cuales debe no solo conocer, sino responder? ¿La educación para la ciudadanía está logrando transformar a los estudiantes en seres más activos, conscientes y autónomos, o simplemente están recibiendo una instrucción básica, sin ninguna profundidad frente a las reales necesidad del sujeto y de la sociedad?

Como lo mencionábamos en el anterior capítulo, “la formación ciudadana se concibe como un proceso en que el sujeto adquiere una serie de conocimientos y desarrolla habilidades que entran a formar parte de su ser, en un terreno más allá de lo instituido, que son exhibidos en su accionar cotidiano y es esto lo que le confiere a su ejercicio el carácter práctico que constituye sin más el ejercicio político de la ciudadanía, cuya complejidad escapa a cualquier pretensión de objetivación, tal y como puede suceder con los conocimientos derivados de la instrucción cívica o del desempeño de roles que derivan en competencias” (Mesa y Benjumea, 2011: 3).  Es así como la formación ciudadana tiene que ver con las diferentes formas en cómo nos reconocemos los unos a los otros, teniendo en cuenta, que la diversidad de pensamientos, aunque generen conflictos, deben ser necesarios para la construcción de una sociedad más plural y democrática. Ahora ¿el sistema educativo pensado para un eventual post acuerdo está diseñado para la formación ciudadana? Según Alejandro Pimienta (Cit. a Delval, 2008): “El discurso que habla de la necesidad de formar ciudadanos, de la importancia de la formación cívica y moral, de educar para la convivencia y la democracia” (p. 2) desde este planteamiento, se entiende que se ha constituido en un discurso común, y no es infundada la importancia que se le está dando, ya que hay una relación muy estrecha entre lo que es el ciudadano, como producto social, y lo que ha sido su proceso formativo en la educación formal.

Es por esto, que la formación ciudadana, no solo se debe plantear la necesidad de re -politizar la educación en su ejercicio formativo (Pimienta, 2008), sino también, identificar que para llevar a cabo un ejercicio adecuado de la ciudadanía, los sujetos (estudiantes para nuestro caso) no solo deben promover prácticas y aptitudes referentes al respeto por la diferencia del otro, sino que, el proceso formativo debe conllevar, no solo a un proceso de socialización, sino de construcción de su conciencia política.

Si compartimos con Hanna Arendt quien definía que un elemento fundamental para la condición humana es que el sujeto se desenvuelva y participe de la vida pública activamente, entendiendo esto como, la acción política (1994)  cuando leemos esta posición a la coyuntura política colombiana ¿Cuál sería entonces el papel de la educación para formar ciudadanos aptos para pensar en la transformación del país por las vías democráticas y no por el uso de la violencia? ¿Cómo entender un proceso de paz en Colombia cuando el sistema educativo está alejado de pensar las realidades sociales del país?

2.3 El modelo educativo basado en competencias

La consolidación del modelo neoliberal como modelo económico en nuestro país ha llevado a que el sistema educativo haya sufrido una transformación de fondo a nivel formativo y curricular, poniendo como finalidad cumplir con los objetivos de eficiencia, eficacia y productividad propios de la política económica Neoliberal. Según Naranjo citando a Gentili:

Los neoliberales definen un conjunto de estrategias orientadas a transferir la educación de la esfera de los derechos sociales a la esfera del mercado. Para ellos, la crisis educacional es, antes que nada, una crisis de eficiencia, eficacia y productividad derivada del inevitable efecto perverso al cual conduce la planificación y el centralismo social (2014, p. 68).

Esto define que la educación responde no necesariamente a la formación de sus educandos en valores constitucionales y principios democráticos, sino a funcionar y establecer sus relaciones en pro del mercado y la productividad.   Por eso, la política educativa debe orientarse paulatinamente a las políticas económicas desarrollando en la comunidad estudiantil habilidades y competencias propias para adherirse al mundo del mercado laboral.

En definición el Programa de Competencias Ciudadanas promovido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2004) son las estrategias dirigidas a todo el sector educativo, que busca fomentar en el establecimiento educativo innovaciones curriculares y pedagógicas basadas en “prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana” (Const., 1991, art. 41), con el fin de “formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia” (Const., 1991, art. 67). Es por esto que la política pública educativa para la ciudadanía tiene una virtud de darle al carácter participativo de la comunidad educativa, el camino más fácil de lograr los fines para la consolidación de un ciudadano democrático. Pero teniendo en cuenta que se es ciudadano, cuando el estudiante ha logrado adquirir la competencia ciudadana, es decir “lo que significa que sabe y sabe hacer” (Pimienta, 2008, p.5). Reiterando la idea, se define que se es ciudadano, mientras se es competente y adquiere una serie de habilidades que lo diferencian de los demás, o que lo ponen en competencia con lo demás.

“El concepto de ciudadanía que está en la base de los estándares básicos de competencias ciudadanas parte de la premisa básica de que es característica de los seres humanos es vivir en sociedad” (MEN, 2004, p.149) Pero que a su vez, la sociedad debe abordar un conjunto de normas para que sea eficaz su convivencia, por tal, el concepto de ciudadanía que se promueve desde los estándares básicos de competencias ciudadanas:

La relación de los integrantes de la sociedad con el Estado, la exigibilidad y ejercicio de los Derechos Humanos y constitucionales, y la acción del ciudadano en la vida pública son fundamentales. Es lo que se denomina la dimensión pública de la ciudadanía, en donde los intereses personales pueden ser también intereses comunes (MEN, 2004, p. 150).

Sin embargo, el objetivo que forma a la escuela bajo la lógica económica, implica la formación de estudiantes en función de las lógicas del mercado, teniendo en cuenta que en este al no ser regulado por el Estado convierte a la mano calificada, competente y especializada en la población más apta para sobrevivir laboralmente, desencadenando la reproducción del orden social y viendo a quienes compartieron espacios educativos, no como compañeros de formación, sino como eventuales competidores del mercado laboral. Lo que prolongaría el alejamiento de una sociedad más solidaria y que reproduce la guerra por otros medios, en este caso: la educación como modelo por competencias.

¿Pero cómo se leen las prácticas políticas en el programa de competencias ciudadanas? Cuando se plantea la idea que se es ciudadano cuando se es competente, es decir, porque ha identificado que sabe y saber hacer (en un sentido mucho más práctico) dentro del proceso educativo, puede entenderse que la educación para la ciudadanía no cumple un papel fundamental en valores políticos, guiados por la noción de lo público, en donde el carácter mismo sea la formación en una conciencia política. Pues así mismo, el papel de la educación para la sociedad se reduciría a su expresión más mínima, en donde los estudiantes solo serán un puente para la reproducción del sistema social y cultural, sin una conciencia política que le ayude a identificar las dificultades de su entorno y así, mínimamente poder comprenderlo, y después transformarlo.

Desde 1994 no se le hace una reforma profunda al modelo actual de educación, lo que genera, sin duda, una descontextualización de la política pública, con las realidades y las necesidades sociales que vive la sociedad actual. ¿El modelo educativo responde a las necesidades locales y regionales pensadas para construir una sociedad más incluyente y solidaria? Según Giroux (2005) si la educación no tiene su esencia en la realidad, pierde todo carácter emancipador. Por eso, las políticas públicas no solo deben estar orientadas a conjugar la relación conocimiento – realidad, sino a permitir el libre desarrollo de una conciencia plena sobre la realidad en donde se desenvolverá el educando, por esto, si el modelo por competencias asume que las habilidades de los educandos deben formarse para adaptarse a la vida en sociedad, ¿cómo entender que esa adaptación puede ser leída no como un escenario de formación ciudadana, sino de domesticación ciudadana? ¿Qué tan competentes son los estudiantes para asumir aptitudes de paz y reconciliación?

Sin duda, desde el nacimiento de la Ley General de Educación (1994) la cual surge en un contexto político de apertura económica (Neoliberalismo), la educación no puede ser entendida por fuera de los lineamientos económicos de producción, consumo y acumulación. Por eso, el modelo educativo colombiano basado por competencias no es ajeno a contribuir que la educación debe permitir el desarrollo de habilidades aptas para el desarrollo económico y no necesariamente para un desarrollo social. Sin embargo, debemos pensar, que el concepto de competencia, no solo hace parte del discurso gubernamental para fomentar la productividad económica, sino también, que debe ser leído como una expresión que genera desconfianza, si de paz y solidaridad se quiere hablar. ¿Es la competencia una forma de ver como adversario a quien se forma bajo las mismas condiciones que ofrece el mercado laboral? Si es así, pensando en la coyuntura actual y en un proceso de paz que se adelanta actualmente en favor de construir una sociedad formada en los valores como la paz y la solidaridad ¿puede pensarse que el modelo por competencia educa para la paz o educa para la guerra?

Desde el modelo por competencias parece imponerse que la función principal de la educación es ir enmarcada hacia las dinámicas del mercado y la producción, en donde la capacitación y el desarrollo de competencias más que fomentar habilidades profesionales o laborales dejan en entredicho el tipo de ciudadano que se pretende formar desde la política pública, pero también, determinan que la educación al ser asociada como un instrumento solo de ascenso social, pierde su función liberadora de formar ciudadanos críticos y reflexivos, sobre todo entendiendo que no puede pensarse en la construcción de una sociedad más equitativa y democrática si la educación guarda en sí, brechas de exclusión que ponen en un contexto de combate a sus educandos, para que el tren del progreso no los deje por fuera. Hoy en Colombia se habla constantemente de la paz como proyecto de sociedad ¿pero se educa para la paz? Cuando se define que la competencia lo que genera es ver al otro, no como compañero sino, como competidor ¿no se estaría educando para la guerra, entendiendo que la competencia genera el no reconocimiento del otro como sujeto de derechos?

3. ¿Puede la educación contribuir a la firma de los acuerdos de paz?

Este último aparte de nuestra reflexión se centra en tres momentos importantes del análisis, en el primero, pretendemos identificar las implicaciones de la violencia simbólica en la estructura de la sociedad, determinado que la violencia simbólica es una forma de imprimir agresión de un actor a otro, como formas imperceptibles, pero que tienen efectos reales en la mentalidad y cotidianidad de quien la padece. Para eso, contextualizamos el concepto en torno al modelo educativo y proponemos identificar sus efectos en la imposición de una forma de ver y sentir la composición de la sociedad, de una clase dominante, sobre una clase dominada. En un segundo momento, proponemos analizar la naciente “cátedra de la paz” como un currículo que responde a una coyuntura puntual, proponiendo su análisis en torno a qué tipo de ciudadano quisiera responder dicho currículo formativo. Por último, desarrollamos a modo reflexivo el por qué es importante la formación critica en los contextos escolares para lograr la transformación de los individuos y de la sociedad, entendiendo, obviamente, que debe responder al marco de la terminación del conflicto armando que se avecina en el país.

3.1    La violencia directa como preocupación de la sociedad ¿y la violencia simbólica?

Es evidente que la violencia ha dejado un sin número de fallecidos y desplazados a lo largo del conflicto armado interno que vive Colombia en su actualidad, la firma del acuerdo de paz, no necesariamente implicaría un descenso en la violencia armada que se vive, pues ya hemos mencionado que gran parte de las armas se encuentran en la sociedad, y es ella, en gran medida, la que sigue produciendo un gran número de muertos. Sin embargo, un resultado positivo sería la inserción en la vida política y la dejación de armas del grupo insurgente más importante de Colombia (FARC) a la espera que el otro gran grupo que continua la lucha armada, (el Ejército de Liberación Nacional. ELN) pueda iniciar igualmente un proceso de paz con el Gobierno nacional, que tenga por objetivo, la formación de una ciudadanía más participativa, en donde la construcción de sociedad se valga por valores democráticos y no, por contextos de violencia armada.

Sin duda, entender la transformación del Estado y de la sociedad por las vías del diálogo y el uso de la participación política, como herramienta para lograrlo, es un claro ejemplo que pueden esperarse resultados  positivos que alienten a la ciudadanía, a tomar posición en pro de los valores democráticos antes mencionados. Sin embargo, el valor de la paz, no solo es un asunto de procesos de diálogo entre dos adversarios, el valor de la paz, es también un asunto que se debe fecundar desde la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la autonomía individual, por eso, la educación es un instrumentos social e institucional que puede ayudar a fecundar dichos valores, o por el contrario, minimizarlos y oponerlos a la formación ciudadana.

Según Durkheim (1991, p. 55) “La educación tiene como fin crear este nuevo ser social a partir del ser egoísta del recién nacido. Su objetivo final es conseguir que el individuo se asemeje al ideal de hombre labrado por la sociedad”. Esto no podría lograrse si la sociedad no tuviese en sí misma como dice el autor, un cierto grado de homogeneidad, lo que le permitirá garantizar a esa sociedad, la reproducción de sus prácticas, por eso, el sistema de representaciones que mantiene en cada sociedad la idea y el sentimiento de la convivencia, de las normas y de la disciplina (interna y externa) se logra según Durkheim, por medio de la imposición de una generación adulta a otra menor, la introyección en las conciencias ese sentimiento de adaptación (1991, p. 56)

La educación para la adaptación a la vida social, más que para su transformación, es una forma de violencia no directa, es de carácter simbólica. La violencia simbólica según Bourdieu (1998, p. 18) “es exactamente la acción pedagógica que impone significaciones y las impone como legítimas”, o sea, es una relación social, en donde la cultura dominante por medio del sistema educativo, transmite un modo de violencia indirecta contra los dominados quienes no identifican o no evidencian el carácter opresor del mensaje arbitrario que se trasmite, que legitima el orden establecido como algo dado y no como algo que se construyó por la intensión del hombre, de dividir a la sociedad en estratos y clases sociales. Una clase con oportunidades, la otra, buscando la suerte de encontrarlas. Según el autor,

Cada acción pedagógica tiene, pues, una eficacia diferenciada en función de las diferentes características culturales preexistentes de los sujetos y que son de naturaleza social; la escuela que sanciona estas diferencias como si fueran puramente escolares, contribuye al mismo tiempo a la estratificación social y a legitimarla asegurando su interiorización y persuadiendo a los individuos de que ésta no es social, sino natural (Bourdieu, 1998, p. 17).

Por esto, un ciudadano domesticado, en el sentido de la política pública (por ejemplo, el modelo educativo basado por competencias) que no genere discordia con el orden social establecido y que pueda desarrollar cierto grado de diferenciación, demostrando que sabe y sabe hacer con el conocimiento adquirido en el proceso educativo, implicaría un encaje armónico  de los individuos en la sociedad, sin temor a la perturbación social, legitimando el orden establecido, como algo natural y no social.

El hecho de que la escuela, como la define Bourdieu (1998, p.17), “sea una institución investida de la función social de enseñar y por eso mismo, de definir lo que es legítimo aprender, imponiendo la ideología de la clase dominante”, deja entrever que uno de los principales obstáculos que encuentran los estudiantes en su vida escolar son más de tipo cultural que de tipo económico. Por esto, aunque se le haya dado un carácter despolitizador al sistema educativo, este no es neutro, y responde a un interés de formar ciudadanos y sobre todo, de formar un tipo de sociedad. Ahora ¿a qué tipo de sociedad se le está apostando formar en tiempos de una negociación política?  ¿Nuestro sistema educativo apunta a construir la paz como valor supremo de la sociedad?

Sin duda, desde que el modelo educativo se encuentre regido por estándares funcionales al mercado y se centre en contribuir a que los educandos adquieran una competencia para lograr su inserción en el medio laboral, puede esperarse que la población estudiantil naturalice las desigualdades sociales producidas por el modelo económico imperante, como parte de la cultura dominante, lo que implicaría la reproducción de las desigualdades sociales a través del proceso educativo, “las cuales no son cuestionadas, sino consideradas como escasez de habilidades y destrezas de cada individuo” (Naranjo Segura, 2014, p. 71). Esto conllevaría a pensar que la cultura dominante se impone en la medida que la acción educativa garantizaría la interiorización en los estudiantes, de que el fracaso escolar es solo de carácter individual y no del sistema, fecundando en la mentalidad del educando que este fracaso se debe a la falta de habilidades y competencias que no le permitieron adaptarse a las dinámicas propias del mercado y la sociedad.

Así pues, si se entiende que una de las causas del conflicto armado que se vive en Colombia, se relaciona con la inequidad y la desigualdad social, y que esto ha conllevado a que se prolongue la violencia armada como una expresión de estos factores ¿cómo pensar en la superación de la violencia directa, cuando se ejercen formas de violencia indirectas, que siguen reproduciendo la desigualdad social? El problema no radica en que la escuela legitime la arbitrariedad cultural, sino, en que sus educandos no logren percibir su carácter opresor, o peor aún, que vean la composición de la sociedad como un efecto incomprensible para sus capacidades, definiendo que el único camino legal para combatir precisamente esas desigualdades, está lleno de prejuicios y valores enmarcados en ver a un compañero, como un competidor, a construir en su formación, un nuevo imaginario del enemigo.

La guerra y la violencia entonces, no solo se expresarían por mecanismos objetivos como asesinatos, maltrato y atentados a la integridad física, sino también, como formas cotidianas, disfrazadas en discursos demagógicos que muchas veces no responden a la verdadera realidad, dejando en entredicho, que la función social de la educación en términos críticos ha sido incapaz de crear, como lo menciona Naranjo Segura (2014, p. 72), “condiciones que favorezcan el desarrollo de una sociedad en la cual se fundamenten los valores de la igualdad, la justicia y la paz” y así, determinar que el curso de la sociedad, debería ser el superar las condiciones sociales que han perpetuado la violencia armada, y que la educación, como instrumento de poder, debe ser el camino para permitir que esas nuevas generaciones, identifique que el naufragio escolar no es un asunto de falta de habilidades, sino de voluntades políticas. La educación no puede permitir reproducir y arraigar en la mentalidad de los estudiantes, precisamente lo que ella en teoría desea superar: el fracaso del hombre como un fracaso de la sociedad.

3.2    La Cátedra para la Paz ¿un currículo para la formación ciudadana?

En el año 2014 el Congreso de la República de Colombia aprobó la ley que establece la enseñanza obligatoria de la Cátedra de la Paz en las instituciones educativas de preescolar, básica, media y superior del país para garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia. Esta ley tiene como propósito promover un conjunto de valores y conductas que procuran una convivencia basada en la libertad, la justicia, la democracia, la tolerancia y la solidaridad, que rechazan la violencia y previenen los conflictos atacando sus causas mediante el diálogo y la negociación (Ley 1732, 2014). ¿Se puede hablar de cultura de paz sin ciudadanos críticamente formados? ¿Cómo pensar el respeto por la diferencia desde una cátedra magistral, no debería ser la esencia misma del sistema educativo y no de una cátedra en particular?

La Constitución Política establece que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (Const., 1991, art. 22), razón por la cual, “la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia” (Const., 1991, art. 67). Sin embargo la misma construcción y forma de pensar su aplicación ha tenido cierta divergencia, pues la misma ley de Educación ha tenido varias reformas al sistema en sus apenas 20 años de creación, ya claramente diferenciado por competencias ciudadanas y no por formación ciudadana. ¿Qué tanto le ayuda al proceso pedagógico otra nueva cátedra?

Una de las problemáticas o debates que pueden subsistir a la creación de la Cátedra de la paz es el carácter instrumental de la misma, pues solo hace parte de un mecanismo de trasmitir un ideal sobre una coyuntura en especial (en este caso la guerra entre el Estado y la Guerrilla), como parte de privilegiar un enfoque curricular que responda a una conveniencia del gobierno. Esto podría ser contraproducente con la esencia misma de la educación si se define que ella debe estar al servicio de la libertad de conciencia y de opinión, como parte fundamental de construir ciudadanos activos y propositivos, y no, a la promoción de una determinada ideología.

Además, puede pensarse la idea de que la cátedra de la paz aparte de ser un mero instrumento desde un espacio curricular, también, pueda tener un carácter implícito de adoctrinamiento a las nuevas generaciones del sistema educativo teniendo como idea que la paz y la reconciliación son en sí el fin último de la sociedad Colombiana y que el conflicto no sería un mecanismo viable, en cierta medida puede parecer muy coherente la intención de la justificación de la cátedra, pero esta exposición pude resultar peligrosa, pues, la cátedra solo es resultado de una coyuntura puntual que no tiene abierta la posibilidad de problematizar las actuales condiciones socioeconómicas de gran parte de la población, la inseguridad urbana y el conflicto interno. Según Montoya (2015, p. 5)

Es a partir de las situaciones de conflicto como parte del mundo de la vida, que los actores en tanto sujetos, se construyen y reconstruyen en un proceso permanente en el cual develen sus propias contradicciones y replanteen sus acciones, que en muchas ocasiones permiten negociar o variar situaciones, sentimientos, necesidades, intereses, percepciones y relaciones que pueden llegar a modificar el sentido dado al mundo de la vida.

Ahora ¿cómo se entendería el concepto de postconflicto ampliamente nombrado por el Gobierno nacional idealizando un acuerdo definitivo de paz? Cuando el Gobierno nacional define que Colombia debe prepararse para un eventual postconflicto, fruto de los acuerdos de paz, y a su vez, impone una cátedra curricular en las instituciones educativas para fomentar su contenido referido a ese escenario, podríamos identificar, que el discurso del postconflicto, reforzado por un programa institucional, conllevaría a fecundar en las mentalidades (por lo menos de las nuevas generaciones) que el único problema colombiano es la guerra directa contra las guerrillas insurgentes y que, como se firma un Acuerdo de Paz, la sociedad tendrá otra sensación y otro rostro frente a los conflictos, incurriendo en limitar los problemas estructurales del país, a un conflicto armado que por fin llega a su fin, después de 50 años de lucha.

Por esto, el discurso del postconflicto podría poner en cuestión que los conflictos inherentes de la sociedad moderna como acto de diferenciación, discrepancia o expresión de la diversidad humana, son problemáticas cotidianas, minúsculas y no de carácter estructural. O sea, la violencia y el conflicto social generados por esas “otras” condiciones materiales de la sociedad colombiana, deberán ser reprochables si se hacen a través de vías de hecho o manifestaciones de descontento con el orden social y económico establecido.

La expresión postconflicto, a través del constante empuje que le dan los medios de comunicación, deja entrever que con la firma de los acuerdos de paz desaparecerá el conflicto en Colombia, lo que en sentido común, se va convirtiendo en un imaginario colectivo, que indica que al concluir la guerra, la sociedad entrará en un estado de sobriedad y calma, donde no habrá diferencias ni conflictos. Sin embargo, los mismos medios de comunicación y el discurso del gobierno, no han identificado que el conflicto es inherente a cualquier sociedad, hace parte de su vida cotidiana y que estos constituyen en últimas, la construcción de una sociedad más abierta, plural y democrática, siempre y cuando el conflicto a la hora de manifestarse, haya de ser resuelto con respeto y libertad por el pensamiento del otro. Un pensamiento que nace en la diversidad de la sociedad, una sociedad llena de virtudes y contradicciones.

Ahora ¿qué tipo de ciudadano pretende formar la Cátedra de la Paz? Aunque es difícil definir explícitamente cuál sería el ciudadano a formar desde este currículo educativo, lo que sí podemos proponer, es que esta acción educativa ejercida por la Cátedra de la Paz, está en constante relación con la construcción de un modelo de sociedad y país, teniendo una función social en la formación de ciudadanos orientados bien sea a mantener un orden establecido o, por el contrario, a transformar las relaciones de poder y de conflicto que dentro de los espacios educativos se dan. El ciudadano que formará esta cátedra ineludiblemente responde a una coyuntura actual, sin embargo, se debe cuestionar el hecho de que aparezca una cátedra en torno a lograr incidir en los espacios educativos una cultura de paz y reconciliación, pero ¿el logro de la materialización de la paz, pasa por una cátedra educativa? ¿En qué aporta al entendimiento del conflicto colombiano currículos educativos como matemáticas, lenguaje y ciencias naturales? ¿No será entonces una responsabilidad del sistema educativo en su conjunto promover la paz y la reconciliación?

La educación debe lograr permitir a sus educandos una lectura de su propio contexto, formando un ciudadano contextualizado con las necesidades de su realidad, atreviéndose a cuestionar si la paz es un asunto que solo se construye desde el aula de clase, o debe transcender a la familia, a las relaciones barriales y de vecindad. Este educando se convertirá en ciudadano activo en el momento como lo menciona Ovelar (2005, p. 193).

En que se pueda distinguir entre una educación que forma seres dóciles, conformistas, adaptados al status quo presente en un momento histórico-social dado o, por el contrario, una educación que forma para la libertad, para el pensamiento crítico y constructivo y para el ejercicio democrático de nuestra condición como seres libres.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos  para el sistema educativo actual, pasa por el hecho de que gran parte de la población estudiantil solo ve en la educación media (en donde tendrá más fuerza la Cátedra de la Paz) por un lado, un puente para pasar a los estudios superiores, y por otro, solo como forma de ascenso social, lo que pondría en cuestión  el carácter reflexivo de la educación, y en especial, de la Cátedra de la Paz,  pues la esencia misma de la educación (por lo menos desde la visión de la pedagogía crítica) es despertar la imaginación y la sensación por el aprendizaje y entendimiento con la realidad social de los educandos. Entonces ¿cómo lograr que la población estudiantil se movilice en torno a la construcción de espacios y actitudes de paz si la educación no logra seducir a sus educandos para construir su propio proyecto de vida? Quizás porque la educación no ha sido un proyecto propio de la sociedad colombiana, y más bien, ha sido una imposición de modelos educativos externos, buscando que generen los mismos excelentes resultados de los países de origen, desconociendo las particularidades colombianas, volviendo  a la educación, un escenario para la socialización, más no, para la formación.

3.3    ¿En qué contribuye la formación crítica en los contextos escolares para la construcción de la paz?

Una de las preocupaciones de la conclusión del conflicto ronda en torno a la materialización de los acuerdos pactados en la negociación política. Sin embargo, a nuestro modo ver, la preocupación más latente que existe para la materialización de un proceso de paz que tiene por objetivo democratizar a la sociedad, es construir ciudadanía y combatir el estigma social que hay sobre la cultura violenta de la sociedad colombiana.

El problema sustancial radica, no en el uso de la violencia de los diferentes actores armados como parte del conflicto, sino en el uso de la violencia por parte de la sociedad como forma de resolución de conflictos y de destrucción del adversario por medio de la fuerza. A lo que Blair (1999, p. 66) “advierte que nos acerca a desdibujar los factores culturales que estarían incidiendo en la generalización del fenómeno, en su reproducción. ¿Es la nuestra una cultura violenta?”

Al menos, siguiendo esta idea, podemos identificar que el uso de la violencia por parte de la sociedad colombiana puede pensarse en dos sentidos, el primero como lo plantea Valencia, citado por Blair (1999, p. 68). Es que “no cabe hablar de una cultura de la violencia en términos éticos y antropológicos, sino en una política de guerra por cuanto la apelación a la violencia en general y a la conspiración y a la insurrección, como una práctica económicamente rentable entre nosotros”, y segundo, porque la violencia como expresión de intolerancia y medio para solucionar conflictos es aceptada socialmente, o por lo menos, es un instrumento que se utiliza de manera regular como lo demuestra la cotidianidad de los medios de comunicación para establecer relaciones de poder e imponer políticamente ideas.

Una sociedad en donde sus producciones televisivas hablan un lenguaje de muerte y en donde los hombres aceptan y viven la violencia como algo cotidiano, puede incidir negativamente en la construcción de una sociedad más democrática, más plural y en paz, pues si el estigma de la violencia es un factor común de la sociedad colombiana, esto tendrá implicaciones políticas importante que se deben tener en cuenta en la coyuntura actual para pensar en poder superarlas.

¿Cómo generar más compromiso, diálogo y acuerdos por medio de la educación para construir una cultura de paz? En este sentido, consideramos que el análisis sobre el papel de la educación para la construcción de una sociedad democrática, implicaría la necesidad de evidenciar el carácter político de la educación y su tarea en la formación de ciudadanos (Ovelar, 2005). Pues el proceso educativo, no lo vemos como un proceso neutro, sin posición, ni solo centrado en su carácter técnico y metodológico frente a la formación de sus educandos. Sino también, ver que la educación, como forma de acceso al conocimiento, debe convertirse en una forma de resistencia a la cultura dominante y violenta, que permita generar un instrumento de acercamiento a la realidad críticamente, y así, poder comprenderla y transformarla.

No se trata de darle a la educación un papel omnipotente sobre los problemas de la sociedad colombiana, solo se trata de identificar que la educación es un instrumento de poder social, que puede impulsar el desarrollo del individuo invitándolo a ser un actor social, asumiendo un papel crítico frente a las realidades sociales, que le permita hacer rupturas desde su pensamiento y su comportamiento con las formas en que se relaciona y se estructura la cultura violenta y dominante.

Es crucial concebir la educación para formar ciudadanos como una práctica formativa que debe estar asociada con la capacidad de problematización que ella genere en los individuos (Ovelar, 2005, p. 195). Pero de igual forma, con una necesaria condición dialógica, teniendo siempre presente la práctica educativa como un modo de intervención en el mundo. Reconociendo a la escuela como una institución destinada a desarrollar la praxis educativa en términos de lo que Freire llamo una praxis política (1975). Que la constituya en un ámbito privilegiado de deliberación pública, constructora de ciudadanía y fuente esencial de la formación de generaciones, con amplias iniciativas de transformar la realidad social.

Por esto, la educación se vuelve un instrumento de poder en la medida en que le da a los educandos herramientas para cuestionar la realidad existente y la cultura en donde se desenvuelve, y así, para alcanzar la paz como el anhelo de gran parte de la sociedad, es necesario un proceso formativo que le permita a los estudiantes desarrollar una capacidad crítica, pero a su vez, una capacidad de proponer alternativas para la superación de conflictos, esto, por la vía del dialogo, el acuerdo y el compromiso, posturas que marcarán una nueva generación que se piensa el desarrollo de la sociedad.

¿Qué tanto el currículo formativo y la Cátedra de la Paz puede ayudar a fomentar un pensamiento crítico y autónomo en los educandos? La formación en perspectiva crítica, desde el postulado de la pedagogía crítica aumenta la posibilidad de generar un enlace fuerte entre educación y realidad social, en otras palabras, entre la escuela y la comunidad. Esta relación abre la posibilidad de generar vínculos entre el educando y su realidad local y permite que se dé un proceso constante de problematización de la cotidianidad social permitiendo una interiorización del proceso formativo, como un proceso constructivo y transformador, con una fuerte capacidad de reflexión y de proponer alternativas ante las dificultades que provengan de las realidades sociales.

En esto consiste, precisamente, la construcción de ciudadanía; en reconocer que hay fuerzas exteriores que quieren imponer sus formas de ver y sentir la vida social, que buscan legitimar la desigualdad social a través de procesos culturales y educativos, buscando adaptación de los educandos en esas realidades sociales, sin pensarlas, problematizarlas y comprenderlas.

Se trataría entonces, de ver la función de la categoría “crítica” dentro de los contextos educativos como una estrategia de formar personas autónomas y al mismo tiempo con conciencia de pertenencia a una comunidad, lo cual les permite involucrarse de una manera directa en la resolución de conflictos, apostando por una forma educativa con esencia en el reconocimiento de la diferencia, como lo es el diálogo y como a través de este, puede pensarse seriamente en la conciliación y la búsqueda constante de estrategias que permitan potenciar la cualidad humana de imaginarse una sociedad más equitativa y democrática.

Entendemos que la institución educativa que pretenda favorecer la construcción de una ciudadanía crítica y autónoma deberá generar escenarios de participación y concertación estudiantil, priorizando un constante diálogo entre padres de familia, estudiantes y directivos, buscando fortalecer la toma de decisiones al interior de ella como una expresión de relaciones horizontales y no verticales.

La participación es en sí misma, un aprendizaje, que no se puede adquirir en teoría, sino como una constante práctica. Esto permitiría ir construyendo desde la naciente escuela una sociedad civil propositiva y activa, si bien lo mencionábamos antes, la violencia limita la formación ciudadana pues no dejaba generar espacios de participación social, entonces, el papel de la escuela en un post acuerdo entre la Guerrilla  de las FARC y el Gobierno de Colombia, es exigirle que haga una frecuente reflexión sobre sus propias prácticas educativas, buscando distinguir las situaciones que limitan la participación y la formación critica; esto permitiría, contribuir a generar espacios de formación de ciudadanos más propositivos, construyendo desde la escuela una sociedad más abierta al diálogo, a la constante autocrítica y autorreflexión, como proceso evidente, de una educación que le apuesta a lograr una sociedad más justa, y por ende, con mayor concentración hacia el desarrollo de la paz.

Sin embargo, y para finalizar esta perspectiva, es evidente que la calidad de la educación aún sigue siendo un obstáculo para lograr un desarrollo social y político que se piense, un escenario viable para construir la paz. Según  Marta Ruiz:

La educación no ha sido el camino elegido por nuestra clase dirigente para llevarnos por la senda de la anunciada prosperidad. El Gobierno pasado apostó por convertirnos en una potencia militar con el mayor gasto bélico de la región y nos dejó de herencia un pie de fuerza cercano al medio millón de soldados y policías. Y Santos apuesta a seguir creciendo económicamente a punta de exportar minerales y materias primas. ¿Educación como prioridad? Claro que no. ¡Qué tal que eso genere movilidad social, mayor equidad, una clase media deliberante! (Ruíz, 2014).

Dentro de las prioridades del Gobierno nacional se le ha dado un papel importante a la educación como un instrumento para el desarrollo económico e inserción a la vida laboral, más no, como base del desarrollo social y comunitario.

No existe una educación para el conocimiento, el progreso de todos, la libertad y el crecimiento individual y colectivo, sino para la bobada y la uniformidad en la mediocridad. El gobierno actual, por ejemplo, les da más importancia a la minería, a los tratados de libre comercio, a las gabelas para las transnacionales, que a una educación científica y democrática. (Spitaletta, 2014)

Por eso identificamos que en Colombia, en donde se está firmando un acuerdo de paz para contribuir a construir una sociedad más diversa y políticamente más activa, la educación no puede seguir siendo manejada como una bolsa de valores, en donde los educandos son tratados como cifras de cobertura que aparentan ser excelentes, y recibimos por parte del Gobierno nacional palmaditas en la espalda ante el bajo desempeño del país a nivel educativo, como queriendo decir, que si los resultados demuestran otra realidad diferente a lo que se esperaba, fue cuestión del azar; sin embargo, la suerte no tiene nada que ver en esto. Educar es una decisión política y brindar una pésima educación, también lo es ¿Si lo que se busca es consolidar un proceso de paz estable y duradero, a quién le interesa que la educación permita combatir la inequidad y la desigualdad como formas de contribuir a esa paz? En todo caso, pareciera ser en la realidad, que no a nuestra clase dirigente.

Conclusiones

Concebir el proceso de paz como una oportunidad de democratizar la sociedad es una idea real, que se percibe en el sentir de la gente, independiente de si su postura está a favor o en contra de él. Lo interesante de esto, es que el proceso pueda contribuir a que la sociedad deje sus posturas ortodoxas que no permiten encontrar en la palabra del otro, una postura como aprendizaje, como una real consecuencia de un proceso no de paz, sino en contra de la violencia.

Es entendido que, aunque el proceso de paz tenga un fin positivo, no se puede hablar de construcción de paz en sentido amplio, pues solo se está negociando con un actor armado (dejando por fuera a otros), y tampoco se espera que el proceso resuelva las condiciones de inequidad, exclusión y marginalidad a la que ha sido sometido gran parte de la sociedad colombiana. Pues la violencia estructural y simbólica, terminan siendo, un obstáculo más para pensar la transformación social, desde la política, el diálogo, la educación y la cultura.

La educación por su parte como modelo educativo y curricular, ha sido utilizada como un instrumento para trasmitir la ideología dominante, evidenciando que las actuales condiciones que presenta nuestro modelo educativo no favorecen a la construcción de paz, por lo menos, desde el ámbito educativo y curricular, porque la educación actual no se presenta como un factor de transformación, sino de adaptación social. De ahí que se utilice el concepto de violencia simbólica como un mecanismo para interpretar las formas como se acepta culturalmente la estructura social, marcada por una gran división de oportunidades para la ciudadanía.

Por consiguiente, es difícil pensar que un modelo educativo basado por competencias, que posee un vínculo directo con el modelo económico neoliberal, tenga intenciones de contribuir a la formación de ciudadanos capaces de pensarse críticamente su entorno, contribuyendo a la construcción de una sociedad civil, más activa y participativa. Que comprenda una transformación paulatina de las fobias, sesgos y discriminaciones que dejan como consecuencia, la reproducción de otro tipo de violencias. Muchas de ellas, no negociables, que pretenden justificar la imposición de un orden dominante.

Pensarse críticamente los procesos formativos como procesos de formación ciudadana, es comprender que la educación como un verdadero instrumento de poder, puede contribuir a generar en los educandos herramientas que les permitan, entenderse como actores sociales, y así, contribuir a generar rupturas con las formas tradicionales de pensarse la estructura de la cultura. En la medida en que se piense críticamente la realidad, posiblemente se podrán pensar en su comprensión y transformación.

Para alcanzar la paz, se necesita un modelo educativo que no responda a una coyuntura política (como la cátedra de la paz) sino más bien, que pueda ayudar a desarrollar un pensamiento crítico como capacidad del ser humano de contribuir a vivir en una sociedad más incluyente y menos autoritaria en su pensamiento.

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Notas:

3 Solo mencionamos a éste actor armado por el interés del artículo de identificar el tipo de ciudadano que debe emerger como consecuencia del proceso de paz que se adelanta actualmente entre las FARC y el Gobierno Nacional.

4 Planteamos la pregunta no queriendo desconocer el importante papel de la sociedad civil para construir una comunidad más participativa en torno a la paz. Sino más bien con el ánimo de problematizar que gran parte de los individuos de toda esa gran sociedad civil, han recurrido o recurren a mecanismos de violencia física, verbal, simbólica y de género no solo para solucionar sus problemas cotidianos, sino también, como forma de manifestar su posición e ideología ante determinada situación.  Con esta reflexión que se desarrolla a lo largo del texto se le está haciendo precisamente un llamado a la sociedad civil a ser protagonista de un momento histórico ineludible para construir una mejor comunidad.