Juan Carlos Escobar Escobar1, Aura María Sánchez Parra2, Felipe Nieto Palacio3
1Sociólogo. Magíster en Ciencia Política. Grupo Estudios Políticos, Instituto de Estudios Políticos. Profesor Universidad de Antioquia. Calle 70 No. 52–21, Medellín, Colombia. Correo electrónico: juan.escobare@udea.edu.co
2Politóloga. Grupo Estudios Políticos, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Calle 70 No. 52–21, Medellín, Colombia. Correo electrónico: auram.sanchezp@gmail.com
3Politólogo. Correo electrónico: felipenieto8@gmail.com
Citación de este artículo: Escobar, J.C., Sánchez Parra, A.M., y Nieto Palacio, F. (2019). Una aproximación al estudio de la oposición política en Colombia. Diálogos de Derecho y Política (22), pp. 8-20. Recuperado de: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/derypol/article/view/338181
Con la reciente expedición de la Ley 1909 de 2018, por medio de la cual se adopta el Estatuto de la Oposición, el país enfrenta el desafío de consolidar el ejercicio de la oposición política, el cual es un pilar fundamental para la construcción de una sociedad democrática y en paz. En ese sentido, el presente artículo pretende realizar una aproximación al estudio de la oposición política en Colombia, con el fin de ofrecer un panorama general de la discusión académica y brindar igualmente elementos y herramientas para una mejor comprensión del estatuto que acaba de promulgarse. El artículo está estructurado de la siguiente manera: en un primer momento se presentan algunos elementos teóricos alrededor del concepto oposición. Luego se realiza un balance de los principales estudios que se han preguntado por el ejercicio de la oposición en Colombia. El artículo finaliza con una reflexión sobre la importancia de la reciente promulgación del Estatuto de Oposición y los retos que asume para la ampliación democracia colombiana.
Palabras clave: oposición; democracia; participación política; Colombia; partidos políticos.
En 2018 el Congreso colombiano promulgó la Ley 1909, por medio de la cual se adoptan El Estatuto de Oposición y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes. El tema ha generado especial atención entre académicos y actores políticos, dado que se trata de una promesa de la Constitución de 1991 que solo ahora viene a concretarse. Pese a esta deuda histórica y política recientemente saldada, el fenómeno de la oposición política no ha sido ajena a los estudios de la política colombiana en las últimas décadas.Igualmente, es importante señalar que, aunque la oposición no ha sido un campo privilegiado de la ciencia política, por su poca existencia en el pasado, en las últimas décadas ha cobrado relevancia, en la medida que las sociedades liberales democráticas se han consolidado y han puesto de manifiesto la necesidad de diversas fuerzas que pugnan por el poder político. Asimismo, la diversificación de las demandas sociales en las sociedades postindustriales, han requerido la existencia de múltiples organizaciones que se encargan de representar sus intereses.
El presente artículo pretende realizar una aproximación al estudio de la oposición política en Colombia, que ofrezca un panorama general de la discusión académica y brinde igualmente elementos y herramientas para una mejor comprensión del Estatuto que acaba de promulgarse.
Para ello, el texto está dividido en tres partes. En la primera se presentan algunos elementos teóricos con el propósito de acercar al lector a las definiciones y tipologías propuestas en el estudio de la oposición. Elaboraciones ya clásicas y otras más recientes dan cuenta de una preocupación, no muy sistemática como se indica arriba, por entender la oposición política en occidente.
En la segunda parte se aborda directamente, a manera de balance, una aproximación a la bibliografía que se ha preguntado por la oposición política en Colombia. El Frente Nacional y la Constitución de 1991, que representan momentos importantes de cierre y apertura de del sistema político y de partidos, sirven como parteaguas de la literatura que la academia del país ha producido sobre este objeto de estudio.
Finalmente, la tercera parte del texto se centra en la importancia de la promulgación del Estatuto de Oposición en Colombia, producto de 27 años de frustraciones jurídicas y décadas de luchas políticas, y en las oportunidades que ofrece para ampliar los canales institucionales de participación y democracia. El estatuto materializa, en parte, esa pretensión de apertura democrática que supone el punto sobre participación política de los Acuerdos de La Habana.
Conviene precisar dos términos que guardan estrecha relación con el de oposición: el pluralismo y el disenso. Según Norberto Bobbio (1986), la teoría pluralista considera que el poder distribuido es el remedio al poder centrado en una sola mano, lo que se traduce en muchos partidos, movimientos o grupos que luchan entre ellos, a través de votos u otro tipo de medios, para obtener el poder en la sociedad o en el Estado. En las democracias modernas, el pluralismo debe ser una realidad, una situación objetiva que posiciona al disenso como algo posible, lícito y necesario. Concluye Bobbio que la democracia, en un estado moderno, no puede ser más que una democracia pluralista.
Al considerar lo anterior, es importante hablar del disenso como otro concepto ligado a la oposición política en una democracia. Esto se entiende si se considera que en contextos democráticos se teje una interrelación entre el consenso y el disenso, siendo este último asociado con el respeto por la diferencia y las libertades civiles. Siguiendo esta línea, algunos extreman la posición diciendo que “la democracia requiere el consenso en un solo sentido, sobre las reglas de la contienda” (Alberoni citado en Bobbio, 1986, p. 48).
No obstante, aunque el consenso existe y es necesario (no solo para pactar las reglas de juego), el disenso, entendido como competencia y concurrencia, es fundamental para que la democracia y la sociedad pluralista perduren. Justo en este punto se encuentran los dos conceptos mencionados hasta aquí: solo en una sociedad pluralista es posible y necesario el disenso.
Luego de esta aclaración, es fundamental realizar una revisión conceptual de la oposición. Zucchini (1997) asegura que la oposición política se caracteriza por la búsqueda de fines contrarios a quienes detentan el poder gubernamental. Esto significa que la oposición es todo aquello que no es gobierno y que ejerce resistencia al accionar de las autoridades, ya sea en el plano formal, mediante el límite y control del poder de las mayorías; o bien sea en el plano sustancial, con la defensa de los derechos de las alternativas y minorías políticas. Por otro lado, para Sierra (1999) la oposición implica el ejercicio de una actitud crítica, por parte de partidos o individuos frente a la actuación de gobierno, lo cual es clave pues permite afirmar el derecho al disenso político, que es central para la democracia.
Quizá la definición más vigente, a pesar de ser una de las más clásicas, es la propuesta por Robert Dahl (1966). Para este autor, la oposición hace referencia a la conducta contraria que tiene un grupo B con respecto al gobierno, cuya conducta está determinada por un grupo A. En este caso, el autor asegura que la oposición se ejerce en un determinado intervalo de tiempo, lo que significa que en otro momento el grupo B podrá determinar la conducta del gobierno, y el grupo A podrá estar en la oposición.
Ahora bien, cabe aclarar que dentro del desarrollo teórico de la oposición se pueden identificar una serie de tipologías que permiten diferenciar los distintos matices que adquiere dicho ejercicio. En primer lugar, Pasquino (1998) afirma que la oposición se puede manifestar tanto su dimensión social, la cual tiene fuerte arraigo en las bases sociales, como en su dimensión parlamentaria, cuyo fin es convertirse en gobierno y mantenerse en él.
Si bien para este autor uno de los comportamientos posibles de la oposición consiste en permanecer como tal, es decir, no proyectarse en el escenario gubernamental y mantenerse en la oposición por distintas razones, una oposición de corte parlamentaria no puede privarse de las relaciones de gobierno, aun cuando su intención sea no sustituirlo (Pemberthy, 2014).
Otra tipología es propuesta por Sartori (1982), quien plantea que la oposición puede ser sistémica y antisistémica. La primera remite a la oposición que se ejerce dentro del plano legal-constitucional, principalmente dentro del ámbito parlamentario, con el fin de acceder al gobierno. Este tipo de oposición se ciñe a las normas de competencia democrática y se manifiesta principalmente en el accionar partidista. En este primer caso, la oposición debe ser habitual, no puede ser ocasional o eventual y no tiene que ser necesariamente ideológica, pero sí propositiva, dado que debe representar una real oposición política para que el ciudadano pueda elegir y decidir soberanamente.
La segunda, la antisistémica, por el contrario es aquella que se manifiesta como un movimiento contra las reglas, valores, principios e instituciones del sistema político, de tal manera que no busca reemplazar al gobierno. En palabras de Pasquino:
Uno de los comportamientos posibles de la oposición consiste en actuar conscientemente para permanecer como tal, es decir, para no verse envuelta en la acción del gobierno, ni súbitamente proyectada por sí misma al escenario gubernamental. Nada de responsabilidades, solo reivindicaciones. No son raros los casos en que la oposición, por una larga serie de motivos, prefiere preservar su papel y no ser gobierno (1998, p.55).
Otra tipología importante es la realizada por Linz (1987), pues su distinción entre oposición leal, desleal y semileal permite comprender de manera más sustantiva el ejercicio de la oposición. La oposición leal se caracteriza por tener un compromiso público en hacer uso de los medios legales para acceder al poder y se muestra contraria a utilizar medios violentos para dicho propósito. En cambio, la característica principal de la oposición desleal es que está encargada de cuestionar la existencia del régimen y quiere cambiarlo, utilizando incluso la violencia para llegar al poder y defender sus principios. Finalmente, la oposición semileal se caracteriza por la “disposición de los líderes políticos para entrar en negociaciones secretas para buscar la base de cooperación en el gobierno con partidos que ellos (y otros que actúan con ellos) perciben como leales” (Linz, 1987, p. 65). Ello no implica el intento de cambiar el sistema por medios violentos, ya que puede ser motivado por el deseo de integrar en el sistema fuerzas que pueden ser cooptadas, moderadas o divididas por estas negociaciones.
Luego de haber realizado una revisión conceptual del objeto de estudio, es importante considerar que, en términos empíricos, la mayoría de investigaciones sobre la oposición en América Latina se han centrado en partidos de izquierda, movimientos étnicos o ex-guerrillas que pasaron a la competencia electoral. Se han estudiado menos los partidos opositores de derecha y son escasos los trabajos en los que el fenómeno sea estrictamente la "oposición" como una dimensión de análisis que hace parte de un sistema de partidos. Una de las pocas excepciones que intentan categorizar la oposición en la región alude a ella como partidos “desafiantes” (López, 2005). Sin embargo, la mayoría son estudios monográficos sobre casos de partidos opositores o coaliciones opositoras en un país u otro (Moreira, 2004; Palermo y Novaro, 1998; Lanzaro, 2004; Keck, 1991).
En el caso colombiano, podría decirse que el estudio de la oposición se ha configurado alrededor de dos hechos históricos fundamentales: el Frente Nacional, como pacto político que puso fin a La Violencia Bipartidista; y la Constitución Política de 1991, la cual introdujo profundas transformaciones en el sistema político del país.
Sobre el Frente Nacional hay una amplia bibliografía. En particular, sobre la oposición política en ese periodo, la literatura se ha enfocado en dos asuntos. El primero alude al cierre o a la exclusión institucional. El segundo se ha centrado en el estudio de las dos expresiones partidistas de oposición más importantes durante el Frente Nacional: la Alianza Nacional Popular (ANAPO) y el MRL (Movimiento Revolucionario Liberal).
En cuanto a la primera perspectiva, la oposición ha sido definida por su negación a causa de dos grupos de factores. El primer grupo está compuesto por la existencia de una fórmula bipartidista de alternancia presidencial por 16 años, que impidió que otras fuerzas, distintas a los Liberales y Conservadores, accedieran al poder ejecutivo. A esto se suma el reparto burocrático, que permitió el acceso exclusivo de las fuerzas tradicionales a los cargos administrativos del Estado y que se extendió, en virtud del artículo 20 de la Constitución de 1886, hasta principios de la década de los años noventa. Además, se identifica como otro factor de este primero grupo, el accionar de un estado de sitio que, en virtud de una concepción contrainsurgente, asumió como enemigo interno a los movimientos de oposición, los cuales vieron restringido su ejercicio político en sentido democrático (Villarraga, 1996). El segundo grupo de factores está compuesto por la existencia de un nivel de represión exterminadora -en comparación con otros países democráticos del continente era relativamente alto- que tiene un contenido eliminacionista de la oposición, dirigido hacia objetivos elegidos por su nivel ideológico u operacional (Gutiérrez, 2014).
Sin embargo, otros estudios mostraron cómo, pese a las restricciones que impusieron las élites bipartidistas, la oposición política existió bajo tres modalidades principales, a saber: una institucional-partidista, desarrollada por facciones de los partidos tradicionales que estaban en desacuerdo con las cuotas de poder que les fueron asignadas después del pacto que supuso el Frente Nacional; una segunda institucional que, a pesar de ser partidista, se encuentra por fuera de los partidos tradicionales, por lo que la representación de sus intereses comprende a otros sectores de la sociedad (MRL y ANAPO); y finalmente, una extrainstitucional que abarca la izquierda de manera general, incluyendo grupos antisistémicos de corte armado (Archila, 1996).
En esta misma línea, Daniel Pécaut (1989) ha sostenido que, sin dejar de lado las implicaciones de la violencia contenida dentro del Frente Nacional, las consecuencias de este periodo pueden ser mejor interpretadas a la luz de los espacios de apertura que lo caracterizaron. Con esto, el autor quiere destacar que, paralelo a los espacios represivos, se pueden rastrear lugares con relativa apertura en los cuales el régimen no interviene a menos de que se sienta amenazado. Dichos espacios propician la creación de nuevas fuerzas opositoras, violentas o no, que van a ser determinantes para las modalidades en las que se manifiesta y en las que se concretan las discrepancias frente al sistema.
En cuanto a la segunda perspectiva de la literatura que trata la oposición en el Frente Nacional, se destacan los estudios sobre el partido opositor más exitoso electoralmente de la época, la Alianza Nacional Popular (ANAPO), que ha sido considerada una oposición dentro de las reglas democráticas, pero fuera del acuerdo bipartidista. Esto se refleja en su participación en las elecciones presidenciales de 1962, comicios en los cuales fueron declarados nulos los votos recibidos a su favor, pues su actuación no se ajustó a la normatividad prevista en el Plebiscito de 1957. Quizá el evento electoral en el cual la ANAPO tuvo mayor incidencia fueron los comicios de 1970, pues la votación inusitada que recibieron los acercó a la Presidencia de la República (Londoño, 2016).
Sobre este asunto, el trabajo más completo y comentado es el de César Ayala (1996), quien muestra cómo la ANAPO conjugó los principales elementos de la resistencia al Frente Nacional: la influencia de la ideología católica, que se manifestaba a través de los discursos mesiánicos y justicieros de Gustavo Rojas Pinilla; la cooptación electoral en la ciudades de los sectores provenientes del campo, como vendedores ambulantes, tenderos y artesanos; y la utilización de estrategias populistas, no desde el liberalismo como históricamente se ha creído sino como una reunión de corrientes programáticamente conservadoras de los partidos tradicionales, funcional para el control de las masas.
Otros estudios se ocupan de asuntos más acotados como el gobierno o la figura del General Rojas Pinilla. En este sentido, Urán (1983) se concentró en su figura como imagen que encarna una ruptura en las reglas que el sistema había establecido hasta el momento, cuestión que lo conduce a exponer el contexto nacional e internacional que lo pudo influir, al tiempo que destaca el desarrollo de su gobierno y el proceso de desmonte del Frente Nacional. Entretanto, autores como Galvis y Donadío (1988) se concentran en rastrear los pasos de Rojas Pinilla, haciendo énfasis en los sucesos más represivos de su gobierno frente al ejercicio de la oposición, a saber: la censura de la prensa, la muerte de los estudiantes en el centro de Bogotá, la cruzada anticomunista, entre otros. Otra serie de trabajos, dentro de los cuales se destaca el de Báez (2007), realizan un acercamiento a Rojas Pinilla como fundador de la ANAPO, por lo que este enfoque está directamente ligado a los inicios, evolución y a la participación en elecciones de dicho movimiento.
Los estudios sobre el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) son más escasos, probablemente dada su condición de oposición dentro del acuerdo frente nacionalista y su alcance electoral más limitado. Al respecto, César Ayala (1995), de manera descriptiva, realiza una reseña del movimiento. En su trabajo, el autor analiza los orígenes y el proceso de radicalización del MRL, no sin antes especificar que las formas en que se ejerció su oposición se concentraron en el ejercicio político electoral y en acciones vinculadas a la cultura, tales como la creación de revistas.
En ese orden de ideas, Botero (1990) considera que el MRL no fue solo un movimiento político disidente del Partido Liberal que se opuso de manera tajante a los dos primeros gobiernos del Frente Nacional (Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo), sino también una expresión cultural que abonó el terreno para el nacimiento del Boom latinoamericano de los años 60. Es importante destacar otros estudios sobre Alfonso López Michelsen, líder político del MRL. De manera específica, Suárez y Ardila (1985) compilan escritos del ex-presidente en los cuales se expresa su posición y reflexiones de problemas sociales, económicos y políticos del país.
A partir de las reformas de descentralización de 1986 y de la apertura política que representó la Constitución de 1991, el estudio de la oposición política en Colombia ha girado en torno a dos ejes. El primero tiene que ver con la evolución y las transformaciones del panorama partidista en Colombia y el segundo se relaciona con la institucionalización de la oposición política (Pizarro, 2007).
La primera línea analítica hace un seguimiento a la aparición y consolidación de nuevas fuerzas -producto de las reformas institucionales de finales de los 80 y principios de los 90-, las desmovilizaciones de grupos insurgentes que tuvieron lugar por la misma época y la posterior reforma político electoral de 2003. Esta literatura ha estudiado la oposición desde el seguimiento a los partidos de izquierda y a las agrupaciones políticas que algunos autores han llamado terceras fuerzas. Este enfoque descansa en el supuesto de que la izquierda y las terceras fuerzas, dada la tradición bipartidista y su no participación en esta, representan la oposición política. Algunos de estos estudios han mostrado el aumento de los partidos de oposición en Colombia, así como la llegada de algunos de ellos a espacios de poder local, regional y nacional.
De esta forma, García (2000) observó la diversificación en las elecciones populares de alcaldes con el respectivo impacto que la redefinición de nuevas opciones de representación política, diferentes a las tradicionales, pudo tener sobre los sistemas políticos locales. Sobre esto, Rodríguez (2005) realiza un seguimiento a la oposición proveniente de la izquierda colombiana, dentro de la cual ha encontrado que los réditos electorales llegaron antes de que los partidos tuvieran tiempo para organizarse, aspecto que explicaría sus dificultades para consolidarse como una opción política sólida.
Para Gutiérrez (2006), la izquierda opositora en Colombia se oxigenó, en la primera década del siglo xx, gracias a un proceso de maduración que implicó abandonar el chantaje armado (en el caso del M-19) y fortalecer los liderazgos al interior de los partidos. Además, la izquierda se vio favorecida por la concurrencia de su proceso de modernización y la reforma política, elementos que contribuyeron a la cohesión de fuerzas, como es el caso del Polo Democrático Alternativo.
Otros autores, como Losada y Liendo (2016), documentan los rasgos característicos del Centro Democrático, partido que surge como una oposición de derecha a las políticas del Presidente Juan Manuel Santos. Para estos autores, el Centro Democrático logró en el 2014 contundentes resultados electorales, no solo porque estuvieron liderados por una figura tan reconocida y respalda en el país como Álvaro Uribe Vélez, sino también porque enarbolaron la bandera de oposición a los diálogos de paz con las FARC, principal apuesta del Gobierno de turno.
Por otro lado, la segunda línea de análisis se ha ocupado del estudio de la institucionalización de la oposición política en Colombia, debido a que con el Artículo 112 de la Constitución de 1991, quedó clara la necesidad de la promulgación de una ley que la reglamentara.
Ante la inexistencia de esta normatividad, algunas interpretaciones trataron de entender los factores que impedían su promulgación y que tendían a obstaculizar el ejercicio de la oposición política. En este punto, Pizarro (2007) ha resaltado que los regímenes presidencialistas (como Colombia) constituyen un factor que dificulta la institucionalización de la oposición, especialmente cuando se trata de sistemas multipartidistas en los cuales es mucho más complejo identificar y demarcar los partidos que hacen parte de la oposición. Así las cosas, el autor plantea que en el caso colombiano se requieren garantías que brinden respaldo institucional y seguridad al ejercicio de la oposición en el país.
Además, el ejercicio de la oposición se ha visto truncado por diversos factores. Primero, el personalismo y el fraccionamiento de los partidos dificultan una declaración unificada de la oposición, pues priman los intereses individuales sobre los colectivos. Segundo, la distribución burocrática del Estado que obliga a las distintas fuerzas políticas a alinearse con las políticas del gobierno de turno. Tercero, el transfuguismo político que debilita el trabajo conjunto de las organizaciones partidistas. Y cuarto, la financiación de las campañas políticas que favorece de manera inequitativa a los grandes partidos, pues son los que más electores movilizan, y afecta a los partidos pequeños o minoritarios, condicionando sus posibilidades para ejercer la oposición (KAS, 2017).
La firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la ex guerrilla de las FARC supuso no solo el fin de la confrontación armada, como vía para la solución de las controversias políticas entre estos dos actores, sino también el inicio de un proceso social de transición que ha sido denominado de distintas formas: posconflicto, posacuerdo, posguerra, etc.
La construcción de paz en este escenario supone la ampliación de la democracia por medio de estrategias que tienden a la diversificación de los actores en el sistema político, de tal manera que se enriquece la representación en la sociedad. No obstante, este proceso ha sufrido dificultades, pues la implementación de los acuerdos se ha encontrado con obstáculos de distinto orden. Uno de ellos tiene que ver con el trámite legislativo, como es el caso del punto sobre participación política, en el que se han postergado y frustrado algunas iniciativas importantes como la reforma política y las circunscripciones especiales transitorias de paz.
A pesar de esto, después de muchos intentos (11 proyectos de ley entre 1993 y 2011) y de una larga historia por los derechos de la oposición, con el impulso de los acuerdos de paz firmados en 2016, recientemente se ha concretado en el país la promesa de la Constitución de 1991 de promulgar un Estatuto de la Oposición.
La Ley 1909 de 2018 Por medio de la cual se adoptan El Estatuto de Oposición y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes es un instrumento que, pese a la necesidad de reglamentación de algunas de sus disposiciones, se puede convertir en una posibilidad para la ampliación de la democracia, especialmente para la reorganización de la vida partidista y del sistema de partidos y la dinamización de las corporaciones públicas de los distintos niveles. Además, esta ley reconoce la importancia y legitimidad de los ejercicios de oposición a la hora de resolver conflictos en escenarios democráticos, al tiempo que manifiesta su capacidad para enriquecer el control y fiscalización a la gestión pública.
Frente a dicha posibilidad, es importante mencionar que, a pesar de las limitaciones históricas de la democracia colombiana, la Constitución de 1991 y las reformas políticas de los años siguientes (2003, 2009 y 2011), brindaron oportunidades para el crecimiento y organización de la oposición. Hoy se asiste a un panorama partidista más diverso que se manifiesta en la presencia de distintas organizaciones políticas en los cuerpos colegiados y en una disputa más abierta en las elecciones uninominales. A esto se suma, producto de los Acuerdos de Paz de La Habana, la transformación de las FARC en un partido político.
No obstante, históricamente la oposición política en el país ha tenido un carácter personalista, por lo que su práctica ha estado en manos de individuos (como congresistas, concejales, líderes y políticos profesionales), sin que esto implique necesariamente una vinculación de los partidos como organizaciones políticas llamadas a proponer alternativas, disentir y ejercer control político.
Asimismo, cabe resaltar que el desarrollo del conflicto armado ha estado presente en la dinámica electoral colombiana, especialmente en contextos locales (Alonso, 1997; Hoyos, 2009), y ha dejado huella sobre el ejercicio de la oposición política, no sólo porque la convirtió en una actividad riesgosa, sino porque contribuyó al fraccionamiento en las dinámicas sociales, afectó negativamente la participación política y ayudó a que muchos ciudadanos se distanciaran de la oposición democrática.
Dado este contexto político, la promulgación del Estatuto de la Oposición supone varios retos para las organizaciones políticas, especialmente en vísperas de las primeras elecciones locales del posacuerdo. En primer lugar, los partidos y movimientos políticos deberán asumir una posición ante los gobernantes electos, de tal manera que tendrán que decidir si se declararán en oposición, independientes o de gobierno. Segundo, los partidos también deberán repensar su organización interna en lo nacional y en lo subnacional. Y tercero, el estatuto parece una oportunidad importante para empezar a concretar, en lo local, la prometida ampliación de la participación política y contribuir a consolidar un sistema multipartidista.
Con la promulgación del Estatuto de la Oposición, lo estudiosos de este tema se enfrentan, al menos, a dos retos importantes. El primero es tratar de entender las circunstancias que permitieron concretar, luego de 27 años marcados por diversos obstáculos, el Estatuto de la Oposición. El segundo y más importante tiene que ver con el estudio de la apropiación e impactos que pueda tener el estatuto sobre el ejercicio político, para así así reconocer los avances o retrocesos en el proceso de apertura democrática del sistema político colombiano.
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