Julián Alberto González Úsuga1
Estefanía Mejía Betancur2
1Abogado de la Universidad de Antioquia. Correo
electrónico: julian.gonzalezu@udea.edu.co.
2Abogada de la Universidad de Antioquia,
estudiante de la especialización en Derecho Administrativo de la
Universidad de Medellín. Correo electrónico: estefania.mejiab@udea.edu.co.
Este artículo se deriva de la investigación Seguridad humana y
Derechos humanos en la comuna 8 de Medellín. Una observación a los
impactos del trabajo del Observatorio de Seguridad Humana. Dicha
investigación fue desarrollada por los autores como estudiantes del
pregrado de Derecho de la Universidad de Antioquia, con apoyo del Centro
de Investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
El artículo es resultado del proyecto de investigación que busca darle
respuesta a la pregunta: ¿cómo se ha abordado el asunto de seguridad desde
el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín y desde las
administraciones locales en relación con el concepto de Seguridad Humana?
desde allí se divisan las formas en que el concepto de seguridad se aplica
en la realidad y las nuevas alternativas que surgen en pro de estructurar
una acepción más plural que incluya las reales preocupaciones o
problemáticas de las sociedades actuales. Es así como se examinan los
últimos 5 planes de gobierno propuestos desde la alcaldía local, con el
fin de determinar la forma en la que se interpreta y se abordan los
asuntos relativos a la seguridad en cada uno de ellos, y el contraste de
dichas ideas con las nuevas propuestas doctrinales, frente a la cual se
destaca la noción de Seguridad Humana. Allí se resalta el trabajo que a
nivel regional ha implementado el Observatorio de Seguridad Humana de
Medellín como institución clave para la proliferación, afianzamiento,
generación de proyectos y propuestas respecto de la Seguridad.
Palabras clave: seguridad; seguridad humana; Observatorio
de Seguridad Humana; Estado; política; coproducción de conocimiento.
La seguridad humana no es una preocupación por las armas: es una preocupación por la vida y la dignidad humana
Informe sobre el Desarrollo Humano, 1994. PNUD
Una de las ideas más recurrentes y buscadas en la historia de la
humanidad es la representación de la seguridad. Los seres humanos, en su
afán de fundar sociedades estables, han constituido diversos conceptos de
seguridad, los cuales atienden a contextos históricos particulares y a las
necesidades que cada grupo social va considerando. Para algunas
sociedades, por ejemplo, la seguridad se entiende como la presencia de un
ente que detente el uso de la fuerza, razón por la que suele asociarse al
Estado. Para otras, la seguridad tiene que ver con la respuesta a
necesidades básicas insatisfechas, mientras que otras sociedades pueden
considerarla como la posibilidad de tener un futuro positivo.
En efecto, la seguridad es uno de los temas más estudiados y debatidos por
las ciencias sociales, particularmente por el derecho, la ciencia política
y la sociología. De acuerdo con Pérez et al (2016):
Sobre el tema general de la seguridad, […] sí existe una vasta producción teórica surgida del estudio de las Relaciones Internacionales, o en el campo de la seguridad ciudadana y de la prevención del crimen: debates que van de una “vieja” y unidimensional seguridad centrada en el Estado a las concepciones de la seguridad centrada en las personas; de la inseguridad restringida a la inseguridad definida por las vulnerabilidades humanas; del estructuralismo al posestructuralismo, de la modernidad a la posmodernidad; y de las antiguas formas de disuasión a la prevención situacional (p. 247).
Estos debates que acompañan las formas de concebir la seguridad, dependen
también del contexto y del período cronológico en el que emergen. En ese
sentido, los lugares o territorios desde los que se piensa y se producen
conceptos y acciones de seguridad, cobran relevancia a la hora de
comprender qué se entiende por dicha abstracción. De ahí que, en una
ciudad como Medellín, en la que la seguridad ha sido uno de los temas más
debatidos a lo largo de su historia reciente, se generen concepciones que
van más allá de la visión securitaria del Estado, pero que recogen
elementos de las formas de negociación del orden y el desorden (Uribe de
Hincapié, 2003).
Una de las acepciones que ha tomado fuerza en los últimos años en
Medellín, tiene que ver con la seguridad humana1.
Este concepto nace del menester de ampliar o repensar el campo de la
seguridad de los individuos en la actualidad, pero sin centrarse en la
militarización o securitización de la vida cotidiana. La forma cómo los
sujetos perciben el mundo y sus principales carencias, da pie para la
construcción de una serie de contextos o “inseguridades” propias de sus
realidades, sobre las cuales se aplica esta serie de ideas que van
destinadas a subsanar aquellos factores que imposibilitan la realización
de los individuos. El surgimiento de este concepto representa un cambio de
énfasis respecto a la seguridad, pues se pone en primer orden al ser
humano, no a la nación o al Estado.
La seguridad humana abarca las principales esferas de la persona,
reconociendo la económica, alimentaria, en salud, ambiental, personal,
comunitaria y política (PNUD, 1994), como las más importantes. A partir
del estudio de estas esferas de la seguridad, es que se crean políticas o
programas concretos que permitan, primero, identificar cuáles esferas son
las más vulnerables en un entorno determinado, para posteriormente darle
relevancia y mitigarlo a través de la planeación de un marco normativo que
permita la construcción de propuestas tendientes a mitigar las carencias
reconocidas, teniendo siempre a la persona y su dignidad como eje central
tanto del diseño como del desarrollo de las políticas y programas de
intervención.
El desafío que supone la definición del concepto de seguridad humana solo
se puede asumir partiendo de su concepto madre: el Desarrollo Humano. Es
justo allí donde se entiende la seguridad humana, como materialización del
discurso del Desarrollo Humano, atendiendo al contexto histórico político
del cual surgió. La idea del desarrollo humano emerge en la década de los
sesenta en contraposición a la idea del desarrollo como un escenario único
de progreso económico en el que no se tenía en cuenta la satisfacción de
las necesidades de los seres humanos. De acuerdo con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2016):
El desarrollo humano tiene por objeto las libertades humanas: la libertad de desarrollar todo el potencial de cada vida humana – no sólo el de unas pocas ni tampoco el de la mayoría, sino el de todas las vidas de cada rincón del planeta – ahora y en el futuro. Esta dimensión universal es lo que confiere al enfoque del desarrollo humano su singularidad (párr. iii).
El desarrollo humano es el desarrollo de las personas mediante la creación de capacidades humanas por las personas, a través de la participación activa en los procesos que determinan sus vidas, y para las personas, mediante la mejora de sus vidas. Se trata de un enfoque más amplio que otros, como el enfoque de recursos humanos, el de necesidades básicas y el de bienestar humano (p. 2).
En el contexto del desarrollo humano y en las discusiones sobre lo que
implica la seguridad, la seguridad humana es concebida como un estadio
ideal en el que la persona tiene abiertas las posibilidades para elegir en
los aspectos más fundamentales y básicos de su vida, y en el que además
cuenta con la libertad y la confianza para hacerlo. Estos aspectos
fundamentales de la vida se expresan en unas dimensiones (PNUD, 1994) que
atienden a las necesidades básicas que como ser humano en sociedad cada
persona debe satisfacer; son entonces: Seguridad Personal, Seguridad
Política, Seguridad Económica, Seguridad Alimentaria, Seguridad
Comunitaria, Seguridad en Salud y Seguridad Ambiental. Todas las
dimensiones son interdependientes, sin embargo, para las personas es de
primera necesidad contar con la seguridad contra las amenazas de violencia
física, pues a partir de esta pueden seguirse construyendo cada una de las
demás dimensiones. En este punto cobra gran relevancia la protección a los
Derechos Humanos y Fundamentales. En últimas, la seguridad humana consiste
en una serie de condiciones óptimas de vida en sociedad que permiten el
desarrollo humano y la vida digna.
El presente artículo se vale del concepto de seguridad humana y del
trabajo del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (OSHM) de la
Universidad de Antioquia2,
para analizar la manera como este concepto ha sido apropiado y comprendido
en la ciudad. Partiendo del aporte que ha hecho el OSHM a las discusiones
sobre seguridad en la ciudad, en este texto nos proponemos ahondar en esta
discusión, para lo que se acude a una perspectiva socio jurídica del
derecho en la que los debates de carácter social tienen un lugar central
para la comprensión del ejercicio del abogado.
El artículo se deriva del proyecto Seguridad humana y derechos
humanos en la comuna 8 de Medellín. Una observación de los impactos del
trabajo del observatorio de seguridad humana, financiado por el
Centro de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de
la Universidad de Antioquia. Esta investigación se concentró en el trabajo
del OSHM debido a que es una de las entidades que más ha trabajado con
este concepto en la ciudad, ha posicionado discusiones importantes
alrededor del mismo, tan debatido y polémico en Medellín, y ha generado
propuestas acerca de cómo comprender la seguridad desde una perspectiva
que reivindique la formación ciudadana, los derechos humanos y un derecho
a la ciudad basado en una relación equilibrada con sus territorios.
Este Observatorio trabaja de manera articulada con pobladores de distintos
barrios y con organizaciones de la ciudad, centrándose fundamentalmente en
las comunas 1, 8 y 13. Su fundación se dio en el año 2008, y desde ese año
ha comprendido la investigación social con una perspectiva integradora, en
la que las ciencias sociales no se entienden desde una perspectiva
jerárquica, sino bajo un enfoque “desde abajo”, en el que hay un trabajo
colaborativo con diferentes actores sociales, y en el que se reconoce la
existencia e importancia de varios tipos de conocimiento. Por eso, el
objetivo del OSHM, según su sitio web, consiste en:
Promover transformaciones sociales que favorezcan la creación de condiciones que hagan posible la Seguridad Humana para todos y todas, teniendo como referente el respeto a la dignidad y a la plena vigencia de los derechos humanos, mediante el seguimiento permanente a los hechos y situaciones que afectan la seguridad, a las políticas públicas, así como a las iniciativas comunitarias. A través de la metodología “desde abajo” (OSHM, 2017).
El interés particular en el OSHM radica en que sus acciones no son motivadas, únicamente3 , por la institucionalidad estatal, sino que ha articulado a sectores sociales, políticos, académicos y comunitarios de la ciudad para defender los Derechos Humanos y para movilizar a la población civil por la defensa de estos. Esto hace que haya una posibilidad de encontrar en los proyectos del OSHM una alternativa de protección efectiva de los Derechos Fundamentales y Colectivos enfocada desde el sujeto titular del Derecho y en menor medida de la autoridad obligada a su protección. Así, la forma de comprender la seguridad humana desde este Observatorio, implica ese entendimiento de las libertades y del goce efectivo de derechos propuesto desde el desarrollo humano, así como la implementación de nuevas estrategias de trabajo para abordar el concepto de la seguridad:
El planteamiento de una metodología innovadora se alimenta, sin duda, de estos enfoques, de la manera cómo dialogan los diferentes saberes existentes —algunos construidos en los procesos de formación académica y otros en la experiencia vivida— y de la realidad que se construye, deconstruye y reconstruye, porque la sociedad es dinámica y compleja, y el saber se alimenta de ese trasluz de reconfiguración. A partir de esa ecología de saberes (De Sousa Santos, 2006: 79) es posible reconocer que el otro no está inserto en el conocimiento formal sino en el empírico, con diversas interpretaciones para entender la realidad y asociarla a asuntos bastante complejos, en los cuales no es posible desligar el sujeto del objeto, pues el sujeto que investiga es parte del universo de análisis. (OSHM, 2014, p. 7)
Es por ello que para estructurar el presente texto se proponen los siguientes apartados. Primero, una memoria metodológica que cuenta cómo fue realizado el proyecto, y qué limitantes y posibilidades tuvo su ejecución. En un segundo momento se proponen unos abordajes técnicos de la seguridad, a partir de la exposición de algunos elementos teóricos recogidos tanto en textos académicos como en algunas entrevistas realizadas durante el trabajo de campo. En un tercer momento se exponen distintas perspectivas de seguridad en Medellín, a través de los planes de desarrollo generados por la Alcaldía de Medellín en las últimas décadas, esto para contextualizar el escenario en el que emerge el OSHM. Un cuarto apartado se dedica a revisar las propuestas del OSHM, analizando algunos de sus impactos en la ciudad. Finalmente, se presentan algunas conclusiones que esperan continuar con el debate propuesto desde los enfoques alternativos de la seguridad.
La pregunta por el concepto de seguridad humana y por el trabajo
específico del OSHM, nace de la asistencia a varios eventos organizados
por este Observatorio en los que se proponía un enfoque distinto para los
derechos humanos y la seguridad. Este enfoque se diferenciaba de los
elementos más clásicos del derecho, y, por ende, llamaron la atención de
los investigadores. Por ello, se decidió formular una propuesta de
investigación que ahondara más en dichos enfoques y que permitiera
comprender el impacto de este Observatorio en la ciudad de Medellín. Esta
propuesta se construyó tomando como base la lectura de documentos
oficiales del OSHM, así como nociones básicas de seguridad y de
metodología de investigación.
Un primer elemento en la formulación estuvo asociado a la delimitación de
la investigación. Debido a que el trabajo del OSHM se adelanta por
momentos en diferentes comunas de la ciudad, para la delimitación de este
proyecto se eligió la comuna 8, puesto que tiene mayor número de proyectos
ejecutados por el OSHM y hay un trabajo más continuado. Como perspectiva
metodológica se privilegió un enfoque cualitativo que permitiera
comprender los impactos4
del OSHM en la ciudad, y los debates sobre seguridad propuestos en
contraposición a las perspectivas más institucionales. Este enfoque
cualitativo se basa en la propuesta de María Eumelia Galeano (2008) quien
lo entiende como una mirada que posibilita la emergencia de percepciones
de distintos actores sociales y el cruce de estrategias metodológicas que
amplían la perspectiva de análisis.
La estrategia metodológica elegida fue el estudio de caso, que permite
conocer con mayor especificidad un territorio, una organización, una
comunidad. En este caso el estudio de caso se centró en el OSHM y en sus
trabajos en la comuna 8. Esta metodología se caracteriza por los
siguientes elementos:
- Es adecuada para
investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué
ocurren.
- Permite centrar el objeto de estudio de manera muy
concreta.
- Es ideal para el estudio de temas de investigación en
los que las teorías determinadas no los abordan de una manera crítica
profunda.
- Permite estudiar los fenómenos desde múltiples
perspectivas y no desde la influencia de una sola variable.
- Permite explorar en forma más profunda y obtener un
conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición
de nuevas señales sobre los temas que emergen, y
- Juega un papel importante en la investigación, por lo
que no debería ser utilizado meramente como la exploración inicial de un
fenómeno determinado (Martínez, 2006, p. 175).
Para darle forma al estudio de caso sobre el OSHM se eligieron técnicas
como la revisión documental de fuentes bibliográficas y secundarias, las
entrevistas en profundidad, y la observación en eventos y territorios
donde el OSHM ha tenido incidencia.
Se revisaron textos teóricos, así como planes de desarrollo, programas y
proyectos institucionales, y los distintos documentos y publicaciones del
OSHM. Esto permitió comprender una parte importante de los discursos sobre
seguridad humana en la ciudad, y sobre los trabajos del Observatorio. Por
otro lado, se realizaron entrevistas en profundidad con personas
integrantes del Observatorio, académicos conocedores del tema de
seguridad, investigadores comunitarios, entre otros. Estas entrevistas
posibilitaron conocer las percepciones sobre el OSHM, así como las formas
de concebir la seguridad humana desde múltiples perspectivas. Finalmente,
se hicieron algunos ejercicios de observación en eventos programados por
el OSHM, así como en algunos barrios de la comuna 8.
La información recolectada fue sistematizada a través de transcripciones y
una lectura analítica de estas, lo que permitió triangular los datos y
hacer los análisis correspondientes. Este ejercicio derivó en el presente
texto.
Si bien el trabajo de campo fue provechoso para culminar la investigación,
este contó con algunas limitantes. En primer lugar, hubo algunas
limitaciones de tiempo, debido a que se hizo difícil coordinar las agendas
de los autores del presente texto con las de los investigadores del OSHM.
Algunas entrevistas no pudieron concretarse en el tiempo destinado al
trabajo de campo, y lo mismo sucedió con visitas a los barrios de la
comuna 8. Esto último por razones de seguridad alertadas por una de las
líderes de la comuna que trabaja en el OSHM.
La manera de subsanar posibles vacíos de información fue incrementando la
revisión documental y las entrevistas con personas que conocen de cerca el
trabajo del OSHM, lo cual permitió culminar de buena manera la recolección
de la información. Finalmente, el proceso de escritura tuvo algunas
dificultades por lo que implica un primer ejercicio investigativo, pero
ello se subsanó con jornadas de discusión respecto a la estructura del
presente texto. A continuación, entonces, se recogen los principales
hallazgos de este ejercicio.
En la filosofía política la idea de seguridad ha estado estrechamente
ligada a la de gobierno -así como a la de libertad- desde teorías como el
contractualismo, según la cual uno de los fines de la existencia del
Estado es precisamente el de brindar seguridad, sea internamente como
solución al posible caos que hay entre las personas al no tener un esquema
amplio de regulación, o externamente, ante la inseguridad que representan
otros estados o en general las amenazas provenientes de afuera. Decir que
el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza permite situarlo como
garante de seguridad, y más aún, hacerlo responsable de la misma,
justificándose en la idea básica de seguridad; así lo afirma el profesor
Pérez: “la seguridad siempre ha sido tradicionalmente entendida en lo
orgánico como la justificación básica del estado” (Pérez, 2016).
Siendo la seguridad presupuesto para la existencia, o cuando menos para la
justificación del Estado, es entendible por qué la seguridad y todo lo
atinente a ella se ha convertido en asunto de gran relevancia en la agenda
política en cualquiera de las formas de administración del Estado. La
seguridad se aborda en todo plan de gobierno, y como ha de evidenciarse en
el siguiente apartado, no se hace de la misma manera, ni con las mismas
herramientas, ni con los mismos fines, pues estas diversas formas de
entender y aplicar la seguridad obedecen a las particularidades del
contexto espacio-temporal y las necesidades específicas que atiende cada
agenda política, pero, sobre todo, a los ideales y al concepto de
seguridad que siga quien las implementa. Así, la seguridad se convierte en
una bandera política y en una herramienta de gobierno.
Si bien la preocupación por la seguridad ha estado presente a lo largo de
la historia, no siempre el objeto de tal preocupación ha sido el mismo,
pues cada contexto trae su “inseguridad”, o lo que es lo mismo, la amenaza
principal a la seguridad puede tener un sinnúmero de interpretaciones. Lo
que sí se mantiene de manera genérica es la dualidad o las dos vías en las
que se desarrollan las políticas de seguridad; la primera, referente a las
amenazas externas que comprometen la seguridad de la Nación, y la segunda,
encargada de los asuntos internos que se consideran focos de inseguridad.
Ahora bien, la forma de pensar la seguridad es lo que da paso a la
implementación de uno u otro enfoque; desde la Criminología se afirma que
dentro del concepto básico de seguridad se distinguen dos sentidos, uno
objetivo y el otro subjetivo (Shearing y Wood, 2011) explicados así:
La seguridad es un estado y un medio para llegar a él. Como estado, la seguridad sugiere dos condiciones claramente diferenciadas. Y como condición objetiva, adopta una serie de formas posibles. En primer lugar, es la condición de ausencia de amenaza: el estado hipotético de seguridad absoluta. En segundo lugar, se define por una neutralización de las amenazas: el estado de ‘encontrarse protegido’. En tercer lugar, es una forma de evitar o no exponerse al peligro… En tanto condición subjetiva, la seguridad también sugiere tanto la condición positiva de sentirse a salvo, como la ausencia de ansiedad o aprensión que se define negativamente por contraste con la inseguridad. (Zedner citado por Shearing y Wood, 2011, p.15).
Las políticas de seguridad estudiadas de manera general en el mundo moderno tienden a enmarcarse dentro de la condición objetiva, es decir, aquella que consiste en atacar aquello que impida “estar seguro”, “sentirse seguro” y “no estar expuesto al peligro”. La amenaza que atenta contra ese estado ideal de seguridad se asocia, según lo muestra la práctica judicial, genéricamente al delito; se termina equiparando las nociones de delito o criminalidad con la de inseguridad. En consecuencia, las prácticas de gobierno se configuran en función de la lucha contra el crimen, y con esto se justifica que sean invertidos importantes recursos económicos, en personal y esfuerzos en instituciones como la Policía o el Ejército, como una estrategia que busca de manera casi exclusiva el fortalecimiento del control social. Es así como el establecimiento recrea imaginarios de lo que se considera inseguridad, para consecuentemente con ello configurar una serie de medidas “idóneas” y mitigar dichas problemáticas. Así lo explica Jonathan Simon (2007):
Gobernamos a través del delito en la medida en que el delito y el castigo pasan a ser las ocasiones y los contextos institucionales en los que nos comprometemos a guiar a la conducta de otros (o incluso la nuestra). (p. 174)
No obstante ser una práctica predominante, señalar el delito como
sinónimo de inseguridad es reduccionista e ignora una serie de asuntos que
también pueden ser asumidos como problemas de seguridad, más aún, sitúa el
objeto de la práctica de la seguridad en la nación, la comunidad o la
sociedad, cuando el ideal, según las teorías abordadas en el presente
trabajo, sería situarlo en la persona individualmente considerada.
Es allí donde resulta pertinente descifrar y entender qué se entiende por
seguridad, trayendo a colación algunas acepciones históricas sobre dicho
concepto; ¿por qué son importantes las discusiones? ¿cuál debe ser la
forma de abordarlo y aplicarlo en el plano de las políticas públicas? Son
rutas que han tratado de abordar muchos teóricos del asunto.
Como primera medida, y de acuerdo con las entrevistas académicas
realizadas, se planteó un panorama regional permeado por la Doctrina de
Seguridad Nacional promulgada desde los Estados Unidos de América, que, a
través del uso político de dicho término, elaboró el concepto de “estado
de seguridad nacional” (Leal, 2003). Este se convertiría en “el mayor
esfuerzo latinoamericano por militarizar el concepto de seguridad. Además,
al ubicar el componente militar en el centro de la sociedad, trascendiendo
las funciones castrenses, se convirtió en la ideología militar
contemporánea de mayor impacto político” (Leal, 2006, p. 15); en la
práctica esta doctrina consistió en la persecución de aquel enemigo
externo representado en el comunismo.
La concepción de la seguridad, para después de la Segunda Guerra Mundial,
hacía uso de una serie de herramientas teórico–discursivas que atacaban lo
referente al fin de la propiedad privada y la constitución de un orden
económico planificado en paradigmas –comunistas – amenazantes al
establecido. Así, el Estado aseguraba la imposición de un modelo de
seguridad acorde a intereses particulares, en detrimento de los
ciudadanos, en la medida en que la aplicación de este tipo de teorías, no
subsanaban las problemáticas en materia de hurtos, violaciones
sistemáticas a los derechos fundamentales, acceso a servicios básicos como
salud, educación, etc., que eran las situaciones o focos de inseguridad
que seguían preocupando a los sujetos en su ámbito personal. En igual
medida, esta estrategia implicaba una serie de reducciones en materia de
libertades individuales, sacrificadas en pro de la salvaguarda del modelo
político “liberal” – capitalismo –, el cual se hacía efectivo por medio de
un robusto control policial y militar.
En un segundo momento histórico, la seguridad rediseñó su contenido,
tomando como acepción la Seguridad Ciudadana:
se define, de una manera amplia, como la preocupación por la calidad de vida y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales. La pobreza y la falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, el deterioro ambiental, la represión política, la violencia, la criminalidad y la drogadicción pueden constituir amenazas a la seguridad ciudadana. (Arriagada y Godoy, 1999, p. 9)
Ésta, al cambiar de prototipo, ya no centraba su accionar únicamente en aquellas amenazas que detentan otros Estados para el propio, pasando a ser un determinado ciudadano aquél “titular” de la amenaza. Ello es así en la medida en que ahora el Estado debe velar por la salvaguarda efectiva de sus asociados frente a amenazas de orden público, manifestadas en delitos como secuestro, extorsiones, hurto, agresiones físicas, etc. Dentro de un ordenamiento jurídico se distingue a aquel sujeto que no comparte los principios rectores que rigen el mismo como enemigo; por su parte, el criminal, es aquel sujeto que infringe de manera tajante las disposiciones normativas de un Estado, independientemente de si en su fuero interno comparte dichas ideas. Es a este último a quien va dirigido gran parte del nuevo tratamiento de la seguridad, basado en la persecución de una serie de delitos plasmados desde la norma imperativa; sin embargo:
Los resultados de este modelo de acción, de alto contenido represivo y escaso contenido preventivo, no han sido positivos. No se ha logrado disminuir la criminalidad —de hecho, la tasa de homicidios ha crecido en la región— ni la creciente sensación de inseguridad en la población de las principales ciudades. Los sistemas judiciales y los cuerpos policiales no gozan de la confianza de la población, incluso en algunos casos se percibe a estos últimos como una amenaza para la comunidad. A nivel penitenciario, se han denunciado los agudos problemas que enfrentan las cárceles, como la precariedad material de los recintos, y de manera más significativa, las serias deficiencias de los sistemas judiciales, como la ineficacia y lentitud del sistema y la sobre penalización de ciertos delitos (Arriagada y Godoy, 1999, p. 28)
Dichas falencias del “nuevo” modelo securitario se amplifican en un contexto como el colombiano. A modo de ejemplo, se trae a colación lo señalado por el profesor William Fredy Pérez en entrevista académica:
se entenderá que en un país como estos se confunde el enemigo (guerrillero) con el ciudadano, situación que es proclive a generar víctimas dentro de la población civil. Se desdibujan los límites respecto de la naturaleza de instituciones como la policía y el ejército, y en últimas, las problemáticas sociales no son atacadas desde sus cimientos, más allá de generar golpes selectivos que no desarticulan de manera plena las estructuras delincuenciales. (Pérez, s.f)
Gracias a esa maniobra se logra reconfigurar el aparato represivo de los
Estados, el cual centra sus esfuerzos, casi de manera exclusiva, alrededor
de la política criminal. Esta política ofrece un catálogo vasto de delitos
punibles, entendiendo estos como inseguridades propias de un determinado
territorio; es por ello que las políticas públicas actuales en materia de
seguridad, propenden por una robusta disposición de recursos económicos y
humanos para la consecución de esos fines, representados en la disminución
de índices de homicidios, la realización de más capturas, características
que no manifiestan la realidad dentro un entorno propio. De igual forma,
el discurso antes enunciado sirve como un modo de reprimir los reclamos
que ciertos sectores de la sociedad hacen respecto de mejoras
estructurales que repercutan en unas condiciones óptimas de buen vivir.
De acuerdo con lo anterior, consideramos que este panorama respecto del
modelo o acepciones de seguridad utilizados es el que debe replantearse,
ya que sus corrientes ideológicas no proporcionan un estudio consciente y
juicioso respecto de aquellas incertidumbres o manifestaciones
del sujeto que se siente inseguro; es así como la persecución de unos
delitos específicos no cambian las causas que condicionan o estructuran la
desigualdad económica, la falta de acceso a servicios públicos, la falta
de generación de nuevos empleos, el desgaste de las instituciones al
servicio de salud, etc. Es un cambio que no implica una desestabilización
de todo el modelo político, sino un llamado a abrir el espectro de
análisis focalizado respecto de aquellas dificultades reales de la
sociedad actual.
El concepto de Seguridad Humana se erige como una alternativa a las
dinámicas establecidas en torno al concepto de seguridad, en la medida en
que su forma de pensarse y ser estudiado abarca unas esferas de
realización personal bajo las cuales un sujeto suple sus carencias
básicas. Su conformación no parte de unas bases teóricas inamovibles, en
la medida de que es permeado por las diferentes acepciones o
entendimientos que un determinado sujeto o colectivo social pueda tener
sobre Seguridad.
Las características propias del concepto de Seguridad Humana permiten que
los sujetos y colectividades puedan ser escuchados de una manera directa
para la configuración de unas soluciones focalizadas, en la medida en que
proporciona enfoques propios y diferenciables para abordar los problemas o
inseguridades. En el plano de lo local, se destaca lo realizado por el
Observatorio de Seguridad Humana de Medellín que ha tenido una aplicación
exitosa de dicho concepto; el profesor Pablo Angarita, uno de los
fundadores del Observatorio, en entrevista académica sostuvo:
es que la Seguridad es y debe ser la resultante de la aplicación de los derechos humanos, es decir, que si se respetan por parte del Estado, los derechos humanos entendiendo por derechos humanos, no solamente los derechos civiles y políticos sino los derechos económicos, sociales, culturales y del ambiente, que la gente tenga un trabajo digno, que tenga una vivienda, educación, salud -los derechos máximos, fundamentales en todos los campos de la vida- el resultado es que en esa sociedad habrá seguridad; si no se respeta eso, seguramente habrá inseguridad. Entonces la solución a la inseguridad no es la represión, la solución estaría por el camino de crear las condiciones económicas y sociales para que los ciudadanos lleguen satisfechos, esas garantías básicas, y, por tanto, se logra como resultado la Seguridad (Angarita, 2016, comunicación personal).
De igual forma, Lina Zuluaga, coordinadora del Observatorio para el año 2016, expone en entrevista académica lo siguiente:
Nosotros desde el OSHM creemos que lo que se pretende desde la seguridad humana es conseguir una vida digna. Es una forma de operativizar los derechos humanos. ¿Y cómo los podemos operativizar? digamos que los derechos humanos si bien tienen también unos indicadores y medidores, lo podemos mirar con el tema de la seguridad. Si se garantiza que la gente tenga seguridad, se puede garantizar que la gente un pleno cumplimiento de los derechos humanos (Zuluaga, 2016, comunicación personal).
Bajo estos argumentos la intencionalidad de la Seguridad Humana, y de sus
principales aplicadores en el contexto local, es procurar por un espectro
amplio donde converjan puntos de vista que nutran la discusión. Al abordar
a la persona se tiene una lectura más real de lo que este identifica como
carencias, sirviendo ello de punto de partida para elaborar propuestas de
mejora específica. El gran aspecto positivo de esto, que además fue
rescatado en entrevista académica por el profesor Julián Andrés Muñoz, es
la “articulación de conocimientos”; el sujeto y/o comunidad pasa a ser la
principal fuente del concepto de la seguridad, creando con ello un
discurso de resistencia, organización y reconocimiento como seres
sociales.
Es por ello que la forma en la que se entiende la inseguridad, y por
oposición la seguridad, es relevante en la medida en que se edifican
teorías de lo que en la política y la administración significa “proveer”
seguridad, que deriva en la adopción y aplicación de ciertos enfoques o
conceptos de seguridad que sirven como lineamiento para las prácticas de
gobierno. En la historia reciente de nuestra política local, más
específicamente en los últimos seis períodos de alcaldía del municipio de
Medellín, se ha evidenciado este fenómeno; incluso se alcanza a vislumbrar
- teóricamente - una discreta evolución hacia políticas en seguridad más
centradas en la persona, es decir hacia la Seguridad Humana.
Dentro de las concepciones de seguridad de los que se valen los planes de
desarrollo, se identifican diferentes posturas y prácticas por parte de
los mandatarios: algunas de ellas tendientes al manejo de la seguridad
desde una visión que equipara inseguridad con fenómenos delincuenciales,
caracterizada por la imposición de la fuerza pública como único conducto
para contener y proteger la sociedad; y otras posturas por el contrario,
tendientes a la gestión de una idea integral de seguridad, poniendo en el
foco de atención a la persona -no al territorio, o a la institucionalidad-
favoreciendo la atención a las diversas necesidades de las personas, desde
el respeto y la promoción de sus derechos fundamentales. Los postulados en
cuanto a seguridad se estudiaron desde el enfoque que cada plan le daba a
dicho tema, es decir, cómo se interpretaron los problemas de inseguridad
en cada uno de ellos y en consecuencia cuáles fueron las soluciones
planteadas.
Si bien esta investigación se concentró en el trabajo del OSHM, una de las
maneras en que se identificó su impacto en distintos territorios de la
ciudad, fue a través de la revisión de planes de gobierno en los que se
recogían nociones de seguridad con las que el Observatorio discutió en
distintos momentos. De acuerdo con lo conversado con distintas personas
durante el trabajo de campo, las maneras como los gobiernos locales
entendían la seguridad implicaba también un ejercicio de crítica para el
OSHM. De ahí que a continuación se recojan algunas de las discusiones
sobre cómo ha sido entendida la seguridad desde los planes de gobierno de
los últimos alcaldes municipales.
En el año de 2001 se posesionó Luis Pérez Gutiérrez como alcalde de la
ciudad de Medellín. Para guiar su gestión de gobierno en el trienio
2001-2003, diseñó el Plan de Desarrollo 2001 – 2003 Medellín Competitiva.
Se entrevé desde los lineamientos iniciales que el objeto central de este
plan de gobierno no es la persona, sino una idea abstracta y general de
“ciudadanía”; es a ella a quien van dirigidas las políticas públicas en
materia de seguridad. Como consecuencia de ello, resulta problemático
encontrar en este proyecto de Luis Pérez Gutiérrez, programas dirigidos
directamente a la seguridad de las personas (entendidas como seguridades
humanas, o seguridad humana en sus diferentes dimensiones), en cambio se
encuentran fácilmente distinguidas las políticas tendientes a la
salvaguarda de la “Seguridad Ciudadana”, bastión de dicha administración.
En este documento se toma el término de seguridad desde un enfoque
institucional, resguardado en políticas dirigidas a la recuperación del
espacio público, gestión de inversión de recursos institucionales para
aumentar y fortalecer la estructura de la fuerza pública, especialmente en
aquellos sectores periféricos de la ciudad, donde el Estado se consideraba
incapaz de llegar y tener una presencia fuerte.
El plan de desarrollo de Luis Pérez para la alcaldía de Medellín 2001-2003
proyectó como líneas de trabajo tres asuntos que se esbozaban como ejes
transversales de la gestión. La primera denominada “revolución de la
cultura ciudadana”, se proponía crear una especie de pacto entre la
ciudadanía y la institucionalidad para la asimilación y cumplimiento de
las normas de conducta, tanto las plasmadas en la ley, como las
consuetudinarias y morales.
Esta primera línea de trabajo estaba a su vez compuesta por varios
subtemas, el primero era la formación del ciudadano; este se proyectaba a
través de programas de educación informal para la ciudadanía consistente
en campañas dirigidas a los habitantes de Medellín con el fin de coartar
su accionar hacia el cumplimiento de la ley para la preservación del orden
público. En el segundo componente llamado convivencia y seguridad, se
plasmó la política pública de seguridad; ésta tenía como objetivo:
generar condiciones y mecanismos que permitan la construcción democrática y participativa del desarrollo social integral, en escenarios que posibiliten el ejercicio de la ciudadanía, las libertades públicas y los derechos humanos, dentro de un contexto de pluralidad, equidad, y tranquilidad colectiva. (Plan de Desarrollo, Alcaldía de Medellín, 2001, p. 12).
Apela al contractualismo, pues sujeta la construcción de un mejor
ambiente social al cumplimiento estricto de las normas y al estricto orden
público; al mismo tiempo relega el primordial y adecuado tratamiento de
necesidades sociales y personales insatisfechas que desencadenan en
“inseguridades”, es decir, en situaciones que afectan la vida, la
libertad, el bienestar y el desarrollo de las personas en sociedad.
Materialmente, las herramientas e instrumentos de este acápite del plan
apuntan al control social, la gobernabilidad y a la recuperación de la
autoridad perdida por el Estado, cooptada por actores ilegítimos; es
decir, corresponde con la concepción “clásica” de la seguridad como
neutralizador de fenómenos violentos. Concretamente la implementación del
tema de seguridad tiene un enfoque claro y definido: Seguridad Ciudadana.
El abordaje conceptual que se le da a la seguridad es el de fundamento del
Estado de derecho y a la vez condición necesaria para predicar la
legitimidad del mismo. Persiste en la acepción de seguridad clásica,
pretende la prevención del delito, el mantenimiento del orden, la
tranquilidad y el bienestar colectivo, sometido a la observancia de la
ley, y, tomando como estrategia principal el aumento del pie de fuerza
policial. En este mismo sentido, pretendió posesionar “redes de buena
vecindad”, trasladando en menor medida, la carga de la seguridad en cabeza
del Estado, con la dotación de alarmas comunitarias, y demás equipos
tecnológicos.
El principal propósito de estos diseños sistemáticos, tenían el objeto de
influir en un campo muy específico, el estadístico, los cuales obedecen a
postulados internacionales, que dictaminan los índices correctos sobre los
cuales se construyen las ciudades más competitivas. Atendiendo a ello, lo
principal para los postulados de gobernabilidad del alcalde Luis Pérez,
son la sistematización de la seguridad, contenida únicamente en
indicadores numéricos, corrigiendo e influyendo en las representaciones de
las inseguridades superficiales de la población en general. La
administración de Luis Pérez interpretó y asumió la seguridad como una
función intrínseca e indispensable de las instituciones estatales, de
mantener cierto grado de orden social a través de la fuerza.
La revolución de la cultura ciudadana que da nombre a esta línea se
entiende en términos de recuperación de la autoridad y el monopolio
legítimo de la fuerza por parte del Estado, así lo expresa la conclusión
que aglutina el contenido y el propósito de este primer eje de trabajo:
El espíritu de la Cultura Ciudadana apunta a construir un nuevo tipo de hombre y de mujer, no fragmentados, no constreñidos en su capacidad de discernir, dispuestos a respetar la norma por convicción y no por conveniencia personal, a desaprender la violencia, a desalcoholizar los espíritus, a derribar las barreras mentales y los prejuicios, a reconstruir los hilos rotos de la familia, a erradicar la indiferencia y la intemperancia verbal, porque de la forma de hablar también depende la paz o la violencia de una ciudad. (Plan de Desarrollo, Alcaldía de Medellín, 2001, p. 10)
La segunda línea, “Medellín competitiva”, aborda los aspectos de
desarrollo económico persiguiendo el crecimiento de la industria, la
apertura económica y el fortalecimiento económico de la ciudad a través de
incentivos al sector privado y la promoción de alianzas público – privadas
para el comercio de bienes y servicios.
Y la tercera y última línea “primero el espacio público”, propendía por la
recuperación del control de los espacios de la ciudad para el uso público,
enfocado en la gobernabilidad entendida como la capacidad de coerción de
la institucionalidad sobre los ciudadanos.
En suma, el objeto central del plan de desarrollo de Luis Pérez es una
idea abstracta de ciudadanía; dista en ese sentido del objeto central de
la Seguridad Humana que es la persona, el individuo humano y sus
dimensiones. No obstante, se percibe un doble discurso que sirve de
justificación a las políticas del plan, y es que se parte de la ética
kantiana que desemboca en el reconocimiento de la dignidad humana como
valor superior de una sociedad; este discurso no trasciende de lo
retórico, pues los proyectos y políticas generales del plan no tienden a
la realización de la dignidad de la persona, dejando a un lado el
tratamiento de problemas de la ciudad ignorados pero pertinentes, tales
como el desplazamiento forzado, la pobreza extrema, la desigualdad, entre
otros, asuntos que afectan de manera directa e indirecta la convivencia
ciudadana porque son causa y síntoma de los grandes problemas sociales y
de legalidad, pero más importante aún, que afectan la dignidad de la
persona y no permiten su desarrollo integral.
En el año 2003, el candidato Sergio Fajardo gana los comicios y se
posesiona como alcalde. Frente al reconocimiento de problemáticas que
afronta la ciudad y que el plan pretende mitigar, se establecen pilares
alrededor de la crisis sistemática de gobernabilidad, los altos niveles de
pobreza, la desigualdad creciente, la obsolescencia de la estructura
económica y social y la insuficiente integración con el país y el mundo.
Éstos abordan la importancia de legitimar las instituciones del Estado,
para que los ciudadanos sean copartícipes de las políticas públicas y del
funcionamiento e implementación del plan de desarrollo; de igual forma, se
enfatiza en la importancia de recuperar el territorio de la ciudad que se
encuentra en manos de las estructuras criminales y el aprovechamiento de
los espacios de la ciudad a través de intervenciones urbanísticas, para
asegurar a sus habitantes un desenvolvimiento mayor, el cual se evidencie
en mejores oportunidades y en un desarrollo integral de los mismos en
diferentes factores, tales como la educación, la vivienda, la salud, la
seguridad, etc. Otra problemática es la que tiene que ver con el conflicto
político armado interno que ha vivido el país, particularmente con el
desplazamiento forzado, el cual ha ocasionado dentro de la ciudad, que
algunas zonas sean ocupadas de manera ilegal, creando condiciones de
pobreza y desigualdad social.
La estructuración de su plan de gobierno llamado “Medellín, compromiso de
toda la ciudadanía”, desarrolla cinco líneas estratégicas sobre las cuales
se basan sus políticas públicas: Medellín gobernable y participativa,
Medellín social e incluyente, Medellín un espacio para el encuentro
ciudadano, Medellín productiva, competitiva y solidaria, y Medellín
integrada con la región y el mundo.
Dichas líneas o corrientes a trabajar están basadas en las problemáticas
reconocidas por los constructores del plan, que además las reconocen como
coyunturas originadas - o mejor, no mitigadas - desde administraciones
anteriores, y están ideadas de forma tal que buscaban hacer partícipes a
la ciudadanía de la forma de gobernar a partir de la divergencia de
intereses particulares y colectivos y a partir del principio de
cooperación (p. 9); la estructuración de una ciudad con espacios
incluyentes que permitan a sus habitantes mejorar sus condiciones mínimas
de existencia; la creación de conciencia sobre el concepto de espacio
público y todo lo tendiente a la recuperación y optimización de su uso y
finalmente la apertura e intercomunicación de la ciudad con el mundo, que
pretende la comparación de la misma con los parámetros internacionales de
medición productiva y de calidad de vida (p. 10).
Dentro del componente de seguridad expuesto en el plan de desarrollo, se
proyectan la consecución de unos objetivos claros, tendientes al
desarrollo de la población vulnerable, pero no a través de una
intervención directa, sino implementando una serie de medidas
profilácticas en torno a la promoción de las instituciones de
administración de justicia, el gobierno local y las fuerzas policiales,
para generar un entorno de seguridad. Para ello la apuesta fue una
modernización física–tecnológica de la estructura coercitiva estatal,
entendida ésta como la fuerza pública y las diferentes instituciones
encargadas de la seguridad en la ciudad, las cuales jugaron un papel
determinante dentro del plan de desarrollo, en lo tendiente a la
destinación de recursos económicos y humanos.
Empero, para el año 2005, se implementa una estrategia en conjunto con el
PNUD y el Área Metropolitana, de la cual hace parte el municipio de
Medellín, en la que se dispone de una concepción diferente sobre la noción
de seguridad; en dicho plan, conocido como el Plan Maestro de Seguridad,
Defensa y Justicia para Medellín y el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, se da un cambio importante en el sentido en que se comienza a
hablar de seguridad ciudadana, marcando un cisma con lo que se entendía en
seguridad como orden público, se encuentra en este Plan una mayor cercanía
al concepto de Seguridad Humana en el tratamiento al tema de seguridad,
pues su re significación implicó una apuesta por las instituciones,
programas, proyectos, y acciones tendientes a la garantía de los derechos
de las personas, a la disposición de condiciones que propicien el
desarrollo de las personas en su entorno social, es una búsqueda de
seguridad integral.
Lo anterior implica una ruptura, al menos teórica, que diversifica el modo
de cómo deberá abordarse los problemas relacionados con la seguridad, pues
se deja de lado el paradigma basado en la defensa de los intereses únicos
del Estado, en oposición a la estructuración y renovación económica de las
fuerzas coercitivas, convirtiéndose el ciudadano en el centro de la
seguridad, entendiendo la misma como un desarrollo completo, sustancial y
homogéneo de todas las necesidades básicas recusadas de generar
“inseguridad”. No se trata ya de la seguridad del establecimiento estatal
representado a nivel local por la ciudad, es la seguridad de la persona.
El alcalde Alonso Salazar, se posesiona en el año 2008, con un plan de gobierno denominado “Medellín es solidaria y competitiva”; el cual significó un gran avance en materia de Seguridad Humana, pues desde este momento se empieza a hablar, al menos textualmente, de dicho concepto:
es indispensable trabajar un enfoque de derechos humanos y seguridad integral, estableciendo las relaciones entre situación social y seguridad en sus múltiples dimensiones; y el compromiso como gobierno, de garantizar los derechos humanos, civiles y políticos que, en relación con los otros derechos económicos, sociales y ambientales, también están vinculados al gran propósito de convivencia ciudadana y seguridad humana. (Plan de Desarrollo 2008-2011, Alcaldía de Medellín, 2008, p. 35)
En ese sentido, el plan busca equiparar la seguridad como un derecho
exigible al Estado, resaltando que para su diseño teórico es necesario la
participación activa de la ciudadanía, elemento que concuerda con la
construcción de saberes diseñada desde la acepción de la Seguridad Humana.
Por otra parte, se tiene que el Desarrollo Humano Integral, es entendido
como “un enfoque del desarrollo y un esfuerzo permanente y sostenido para
ampliar las oportunidades y capacidades de las personas, reconociendo sus
necesidades e intereses diferenciales.” (Plan de Desarrollo 2008-2011,
Alcaldía de Medellín, 2008, p. 3) Este es el fundamento teórico de todo el
plan, además es un elemento de referencia que transversaliza todos los
proyectos de la gestión. Es importante resaltar que este plan centra su
foco de atención en la persona y propende por construir desde la atención
a sus necesidades condiciones de gobernabilidad, seguridad y convivencia.
La gobernabilidad se basó entonces en la búsqueda de proyectos acoplados a
los modelos que se venían usando. Por ejemplo, es fundamental el
incremento en los índices de seguridad en las zonas estratégicas de la
ciudad, ya que esto podrá facilitar la apertura al capital extranjero, así
como la creación de alianzas internacionales y programas de desarrollo
dirigidos desde el exterior, tendientes al desarrollo regional y
específicamente de la población de Medellín.
Paralelo a esto, el plan de gobierno busca impactar en esferas diferentes
de la vida de las personas, de tal manera que ella pueda tener más
elementos en su entorno, para el desarrollo integral de la misma; con ese
propósito se idean herramientas tendientes a mejorar las condiciones
básicas de los ciudadanos, especialmente aquellos más vulnerables, a
través de programas particulares, como la seguridad alimentaria, enfocada
esta, como un programa que intenta mediar la problemática de la
alimentación, pero de un foco poblacional específico: niños, niñas,
adolescentes, mujeres gestantes y lactantes, y adultos mayores.
De igual forma, el programa de Seguridad Ciudadana propuesto en el Plan de
Gobierno abarca el tema de legalización de predios, en la medida que se
articula un acompañamiento y una regulación flexible tendiente a mitigar
las problemáticas, específicamente aquellas que datan sobre la convivencia
entre sujetos y la tenencia o traspaso de sus inmuebles.
Empero, el control policivo y la búsqueda de una presencia institucional
más fuerte, es reconocido de igual forma como un gran marco de acción en
éste plan de gobierno, en la medida que se pretende incrementar pie de
fuerza pública, así como la modernización de los equipos destinados para
los mismos y de las herramientas operacionales tendientes a recibir las
demandas de los ciudadanos.
De igual forma, el plan justifica el aumento de la fuerza pública en
estadísticas institucionales tendientes a la medición de la percepción de
seguridad para la época y el consecuente fortalecimiento de instituciones
como Inspecciones de policía, comisarías de familia, fiscalía, personería,
defensoría pública, policía comunitaria, comités locales de gobierno y
centros de justicia comunitaria, lo que denota una gran destinación de
recursos al campo único de la seguridad personal.
Para el año 2012, se posesionó el señor Aníbal Gaviria, como alcalde de
la ciudad de Medellín, con un plan de gobierno llamado “Medellín un hogar
para la vida”. Con el fin de buscar la construcción de una sociedad más
equitativa, dicho plan se fundamenta en cuatro principios fundamentales,
que son: la vida como valor supremo, la búsqueda de la equidad como
producto de la racionalidad política y social, la legalidad y cuidado de
los bienes y recursos públicos, y finalmente, la primacía del interés
general sobre el particular.
El reconocimiento de dichos principios “implica un replanteamiento de la
política social en la ciudad, al reconocer a los sujetos como portadores
de derechos y partícipes en el proceso de su desarrollo personal y en el
de la ciudad” (Plan de Desarrollo 2012-2015, Concejo de Medellín, 2012, p.
29), lo que fecunda la idea de que es a partir del reconocimiento, cuidado
y ejercicio de los derechos de los ciudadanos que se pueden lograr los
propósitos contenidos en el plan de desarrollo, basándose en los
diferentes enfoques (poblacional, territorial y de género) destinados a
identificar las coyunturas propias de las organizaciones sociales e
individuos y la concreción de soluciones reales.
El diagnóstico sobre el cual se fundamentó el plan de desarrollo hace una
lectura al estado de la seguridad en la ciudad y percibe que para la época
se presentan problemáticas que giran en torno a la desigualdad en la
distribución de los ingresos económicos, lo que implica y manifiesta unos
índices de pobreza y pobreza extrema en algunos sectores de la ciudad;
dichos índices miden la calidad de vida de los ciudadanos, discriminando
de igual forma los sectores urbanos y rurales del territorio, este
análisis social y demográfico le permite a la administración idear
tratamientos diferenciales con base a las necesidades propias:
será necesario en aras de la equidad, adelantar dentro de los programas y proyectos que integran este Plan de Desarrollo, intervenciones no sólo en la dirección de mejorar la calidad de vida, el índice de desarrollo humano y los ingresos de sus habitantes, sino también, en indicadores más puntuales tales como salud, educación, vivienda, recreación y deporte, cultura y otros. Ya es hora de que Medellín mire su territorio rural, no sólo bajo la perspectiva de su importancia como recurso natural, sino también desde la perspectiva del desarrollo humano y social de la población (Plan de Desarrollo 2012-2015, Concejo de Medellín, 2012, p. 43).
Las líneas estratégicas del plan de desarrollo de la administración de
Aníbal Gaviria son: ciudad que respeta, valora y protege la vida; equidad,
prioridad de la sociedad y del gobierno; competitividad para el desarrollo
económico con equidad; territorio sostenible: ordenado, equitativo e
incluyente; finalmente, legalidad, legitimidad e institucionalidad para la
vida y la equidad.
Se desarrollaron con el propósito de que en la ciudad de Medellín se
consolidara una cultura que tendiera por la protección de la vida, para lo
cual se implementaron políticas públicas que combatían las diferentes
manifestaciones violentas, que incluían las producidas tanto por las
estructuras delictivas existentes en la ciudad y el conflicto armado en
general, como las producidas por la falta de oportunidades o que se
derivaban directamente de la desigualdad en la distribución de los
ingresos económicos.
Como primera medida en su mandato en el tema de seguridad y en virtud de
las facultades otorgadas por el Acuerdo 02 de 2012 del Honorable Concejo
Municipal, expide el Decreto 495 de 2012 que crea la Secretaría de
Seguridad; su misión principal, de acuerdo al artículo 1°, es:
Planificar, gestionar, articular, desarrollar, implementar y evaluar todas las acciones tendientes a fortalecer y mejorar la seguridad en el Municipio de Medellín, mediante la ejecución de políticas públicas y estrategias administrativas para el ejercicio de la autoridad y el control territorial, para conservar la Institucionalidad y el orden público; así como para proteger los derechos de los ciudadanos y disminuir los índices delictivos. (Concejo de Medellín, 2012)
Esta reforma a la estructura administrativa representa desde lo teórico
un escenario importante para ventilar de una manera más específica y
directa, las controversias en torno al concepto de la Seguridad. Y desde
la práctica, una oportunidad para dar tratamiento a la seguridad de manera
más planificada. Esto teniendo en cuenta que la estructura planteada para
la Secretaría de Seguridad contempló dos subsecretarías, una de planeación
y otra operativa, lo cual evidenció una preocupación por gestionar la
seguridad de una manera más planificada, que en definitiva se reflejaría
en las acciones concretas que se toman en pro de la seguridad.
Siguiendo esta preocupación de la administración por la seguridad y
atendiendo al compromiso adquirido desde el Plan de Desarrollo se formula
la Política Pública de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín a
través del Acuerdo 0021 del 2015 del Concejo de Medellín, un hito para la
ciudad, no solo por ser la primera vez que se formula una política pública
al respecto, sino porque a través de ella se dio una lectura integral a la
seguridad en Medellín, la cual se plasmó en el Documento Técnico del
Modelo Integral de Gestión Local de la Seguridad y Convivencia, allí se
plantea:
Asumir la gestión de la seguridad y convivencia impone el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de una política pública que aborde la problemática en un escenario participativo e interinstitucional, y reconozca la complejidad de un contexto con las dinámicas de violencia que se verifican en el Municipio de Medellín (Concejo de Medellín, 2015, p. 11).
Este documento técnico, que hace parte integral del Acuerdo Municipal,
condensa las principales singularidades del modelo de gestión de seguridad
que se planteó, la primera de ellas es la diferenciación o sectorización,
dando tratamiento diferencial desde los planes zonales de seguridad, de
allí se deriva una segunda característica que es la atención a las
necesidades concretas del lugar donde se va a intervenir, identificando
los focos de inseguridad particulares de cada zona para realizar acciones
precisas en el lugar. Y la tercera singularidad o característica es la
participación de las comunidades en el diagnóstico y posterior diseño de
los programas y proyectos de seguridad.
Esta política recoge el concepto de Seguridad Humana asumiendo el reto de
afrontar los problemas de seguridad desde la complejidad que sugiere
hacerse cargo de necesidades desatendidas en diferentes ámbitos como
problemas propios de la seguridad de las personas. Toma como fundamento
textual para su constitución las problemáticas que soportan la existencia
de dimensiones del concepto de Seguridad Humana tales como la seguridad
personal, política y la comunitaria, dando un reconocimiento y un
tratamiento central en el ámbito de dicho concepto y reconociendo en el
mismo texto el papel de las comunidades como gestores y creadores del
conocimiento sobre los focos de inseguridad que las aquejan, acercándose
en ese aspecto a la metodología empleada por el Observatorio de Seguridad
Humana, lo que garantiza por lo menos un diagnóstico empírico de las
condiciones de vida de las personas y de sus percepciones entorno a su
propia seguridad.
De igual forma se reconoce el papel del Observatorio de Seguridad Humana
de Medellín como institución clave para el análisis del concepto y los
contextos de la seguridad en la ciudad, reconociendo y analizando las
virtudes existentes y las nuevas apuestas para el tratamiento de esas
problemáticas desde la Seguridad Humana.
Se erige entonces una concepción de seguridad que busca la identificación
de los factores que se perciben como violencia para su consecuente
disminución; sin embargo, la modernización de las estructuras estatales, y
la creación de nuevas instituciones tendientes a la coerción y vigilancia
de los ciudadanos, siguen teniendo dentro del Plan de Gobierno, la mayoría
de asignaciones respecto del presupuesto y la conformación de políticas
públicas en general.
En el año 2016 toma posesión como alcalde del municipio de Medellín el
señor Federico Gutiérrez, con el plan de gobierno “porque creemos en
Medellín” establece unos presupuestos en materia de seguridad enmarcados
principalmente en la convivencia y la lucha contra la criminalidad.
Hace un esfuerzo teórico para el abordaje de la seguridad en los
siguientes términos:
así como es necesaria una política pública para tratar directamente el asunto de la seguridad y la convivencia en la ciudad, también son necesarias políticas públicas en otros campos como: transparencia, legalidad, inclusión social, desarrollo económico, educación, proyectos urbanos integrales, cultura ciudadana y cultura y deporte; que si bien no deben tener la seguridad por centralidad, han de direccionar esfuerzos que, dentro de la política, estén dirigidos a participar del eje transversal de la construcción de seguridad y convivencia en Medellín. Al final no se trata de poner a la seguridad por meta y fin de todas las políticas públicas que se agencien en la ciudad, sino más bien como punto de encuentro para avanzar en el camino de la construcción de una Medellín más segura y en donde los ciudadanos conviven y se desarrollan como personas pacíficamente. (Concejo de Medellín, 2016, p. 35)
Teniendo como justificación los niveles de percepción ciudadana en
seguridad y un supuesto miedo generalizado basado en los índices de
delitos de alto impacto como homicidios, hurtos y extorsiones, se traza
una política en seguridad que se asemeja más a una política criminal, pues
pone como lineamientos el reforzar los organismos e instituciones
encargadas del orden público y la vigilancia, “recuperar” el control
territorial del total de la ciudad y en suma hacer uso del monopolio
legítimo de la fuerza (Plan de Desarrollo 2016 - 2019, Concejo de
Medellín, 2016) para prevenir y combatir la criminalidad en Medellín. Este
plan de gobierno afirma perseguir como fin una seguridad sostenible a
través de la integralidad en las políticas y propuestas concernientes a la
seguridad; con esto se pretende dar una visión en apariencia ecléctica,
pues si bien se reitera el compromiso de invertir en proyectos urbanos
integrales, cultura ciudadana y deporte, inclusión social, educación,
desarrollo económico e inversión social en el marco de una seguridad
integral, la gran preocupación de la seguridad sigue estando en el crimen,
de ahí que las propuestas más elaboradas y concretas apunten al control y
vigilancia de la comunidad, la lucha contra la delincuencia y el
fortalecimiento de instituciones policiales.
Corresponde, en la práctica, a un modelo de seguridad basada en criterios
cuantitativos, sustentable en la caracterización y cuantificación de
delitos ocurridos en el municipio, circunstancia que lo aleja de aquella
concepción pluralista inmersa desde la Seguridad Humana.
El uso de las estadísticas basadas en objetos de medición limitados,
nuevamente se convierten en bastión o fortín para ser utilizado en la
medida de que sirve para el propósito populista prometido, la ampliación
de un modelo de criminalización que no se encarga de analizar las reales
causas que llevan a sujeto X a cometer una determinada conducta punible.
Los postulados de los que parte las administraciones para conceptualizar
el fenómeno de la seguridad, e implementar posibles soluciones, denota una
práctica errada de las principales problemáticas de los ciudadanos, puesto
que las interpretaciones entre los dos actores no suelen llegar a puntos
comunes. Es decir, las soluciones planteadas desde las instituciones de la
administración no alcanzan a mitigar o subsanar los contextos históricos
que promueven las inseguridades en la gente, poniendo dos discursos con
intereses a veces contrapuestos.
Aunado a ello, la base sobre la que parte la implementación de las
políticas públicas en materia de seguridad sopesa de manera equivocada la
concertación o acopio de los contextos sociales a las dinámicas
internacionales basadas en esquemas cuantitativos que revelan el “buen
vivir” de una determinada comunidad.
Al no tener un objeto de estudio determinado a la hora de preguntarse por
la seguridad, se generan concepciones erróneas en razón a dicho término,
lo que genera un “catálogo de soluciones” inadecuadas para este tipo de
problemáticas; esto repercute en la perpetuidad de ciclos de inseguridad
para la población más afectada, y con ello, la falta de concreción frente
a sus necesidades básicas.
Si bien hay varias transformaciones en la forma como se ha concebido la
seguridad en Medellín, este concepto sigue siendo un problema teórico y
real para la ciudad. Los mandatarios aún no encuentran la forma de hacer
factible la seguridad y, por ello, otras iniciativas como la del OSHM
tienen cabida en este texto. En efecto, se considera que este Observatorio
ha propuesto una discusión interesante para la ciudad, en la medida en que
las nociones de seguridad con las que trabajan amplían la mirada y
proponen otros modos para vivir y habitar Medellín.
La seguridad es un concepto sobre cuya definición no hay consenso, muy por
el contrario, ha suscitado diversas interpretaciones que han dado pie a
discusiones en el plano teórico y más aún en la práctica lo que ha llevado
a instrumentalizar la seguridad para fines lejanos al bienestar de las
personas.
La transformación más significativa frente a la manera de pensar y
entender la seguridad tiene que ver con el cambio de paradigma que sufrió
dicho concepto a la luz de la implementación de nuevas esferas dadas desde
instancias internacionales como el PNUD en el año 1994; basados en estas
nuevas discusiones teóricas, en el marco de los debates sobre Conflicto y
Violencia llevados a cabo por el Grupo Interdisciplinario e
Interinstitucional, se realizó en la ciudad de Medellín un trabajo
articulado entre la Personería de Medellín, el Instituto de Estudios
Regionales de la Universidad de Antioquia y el Instituto Popular de
Capacitación (OSHM, 2017), para la constitución del Observatorio de
Seguridad Humana de Medellín en el año 2008, el cual nace con el fin de
analizar y hacer seguimiento a los problemas relacionados con seguridad
dentro del marco de lo local, teniendo en cuenta aquellas voces que sufren
de primera mano las problemáticas que se suscitan en dicho campo y la
alfabetización sobre derechos humanos.
El surgimiento del OSHM se da en un contexto en el que a nivel nacional se
venía dando aplicación a un enfoque de Seguridad muy disímil a la
Seguridad Humana. La iniciativa de conformar un grupo que se ocupara de
estudiar la Seguridad de forma alternativa se da por el interés de algunos
investigadores y académicos de estudiar la seguridad en Medellín desde una
perspectiva diferente, con mayor énfasis en la persona, entre ellos
destaca el profesor Pablo Emilio Angarita que venía desarrollando
importantes análisis al respecto, especialmente en su tesis doctoral “Seguridad
y Derechos Humanos. Las políticas de seguridad en Colombia, 2002-2009”,
trabajo que le permitió evidenciar:
La importancia de construir una propuesta de alternativa frente al tema de la Seguridad. En el contexto a nivel nacional se había impuesto la política de Seguridad Democrática (SD), entonces se planteaba que construir una política de Seguridad, desde los derechos humanos, que mirara al tema de la Seguridad, pero que no estuviese, centrada en asuntos de fuerza, de represión, que era fundamentalmente la política de SD. (Angarita, 2016)
Fue precisamente la implementación de las políticas y proyectos en
Seguridad de la llamada Seguridad Democrática con lamentables resultados
en materia de Derechos Humanos como la Operación Orión en la Comuna 13, lo
que planteó una discusión a nivel académico en torno a lo que se entendía
como Seguridad y la latente necesidad de emprender nuevas prácticas de
esta en clave de Derechos Humanos. La propuesta se concretó a través de la
conformación del Observatorio en el año 2008 dentro del grupo de
investigación interdisciplinario sobre conflictos y violencias, adscrito
al INER.
Para los meses de agosto y septiembre del año 2009 se realizaron por parte
del equipo técnico del Observatorio talleres que cuentan con la
participación activa de líderes sociales y comunitarios de la ciudad; el
objetivo principal de estas reuniones será la recolección de información
en torno a las diferentes concepciones y matices de lo que para estos
significa la seguridad.
Dentro del desarrollo de la investigación se recopilaron diferentes
testimonios, sistematizados en el libro que lleva por nombre “Re–Pensando
la Seguridad” (2010); en él se da cuenta de que las percepciones de
seguridad están ligadas a multiplicidad de factores tales como el
territorio, las vivencias, la cultura, así como la forma de relacionarse
con el entorno. Se estructuran a partir de ello, y en contraprestación,
una serie de “inseguridades” o dificultades que propician, entre otras, la
falta de acceso a los servicios de salud, la falta de estabilidad
económica, la falta de participación ciudadana, la falta de gobernabilidad
real, entre otras cosas, logrando con ello una lectura y sistematización
diferenciada por zonas, para consecuentemente hacer un balance más real y
concreto sobre aquello que ocurre en los territorios.
De ésta manera, se dio una interpretación más compleja de aquello que
aqueja o perturba la realización personal de los individuos, en la medida
que son éstos quienes tienen la palabra para empezar a discutir sobre sus
carencias y las de sus comunidades; a partir de allí se disponen y
articulan una serie de proyectos en diferentes zonas de la ciudad,
centrados ya en su primer balance en la mitigación de aquello que para
cada zona es lo más contraproducente para alcanzar un proyecto de vida
integral: es así como en una etapa inicial se empiezan a instalar mesas de
trabajo en las comunas 3, 8 y 13 las cuales, gracias a la caracterización
antes realizada, abordaron temas específicos en torno a sus conflictos,
erigiendo con ello temas alrededor de la población LGBTI+, la soberanía
alimentaria, la violencia sexual, personal y política, usando como
estrategia el empoderamiento de las comunidades con cátedras dirigidas a
la distinción, conocimiento y exigibilidad de sus derechos fundamentales y
colectivos.
En la comuna 8 el OSHM desarrolló proyectos para la discusión y
empoderamiento respecto de las problemáticas de la población LGBTI+; se
desarrolló una mesa activa abierta para sujetos de diferentes partes de la
comuna con el fin de lograr una identificación de las circunstancias que
para los mismos denotan algún tipo de inseguridad. Producto de ello se
realizaron varios proyectos de los cuales se destaca la Cartografía en
Colores: empoderamiento de la población LGBTI+ de la comuna 8 a partir de
la apropiación de su territorio6.
La importancia de este tipo de encuentros radica en la visibilidad que
adquieren este tipo de comunidades que se reconocen como sistemáticamente
violentadas por varios actores, frente a los cuales se distinguen
instituciones estatales, y la posibilidad de ser escuchados y de generar
contenido valioso respecto de sus diferentes experiencias en la búsqueda
de un reconocimiento como colectivo.
De igual manera, en el territorio se establecieron de manera paralela
diferentes mesas de trabajo que tratan temas desde múltiples problemáticas
como lo son la soberanía alimentaria, el diseño de políticas públicas, el
medio ambiente, la población de infancia y adolescencia, etc., las cuales,
a través del diálogo de saberes y la co-creación de conocimiento proveen
insumos que potencian el trabajo del Observatorio, y potencian formas de
resistencia pacífica en un territorio que es estigmatizado por la
violencia producida en diferentes contextos; el Observatorio hace
explicación de éste fenómeno:
Estas acciones colectivas constituyen un entramado de relaciones y prácticas que redundan en formas de enfrentar «prácticas hegemónicas» de grupos armados ilegales, que alteran la cotidianidad de las y los habitantes de la ciudad, por medio de actos violentos que limitan y vulneran las libertades, en este sentido y siguiendo a Mouffe (2007: 25) «todo orden hegemónico es susceptible de ser desafiado por prácticas contra hegemónicas», estas prácticas son leídas para nuestro propósito, como las iniciativas ciudadanas y resistencias que se expresan de diversas maneras en las comunas y corregimientos de la ciudad, con la finalidad de proveer de manera diferente la seguridad personal y de negar las posiciones de subordinación a las que se ven expuestas/os los y las ciudadanas, de esta manera las resistencias asumen un carácter de luchas colectivas (OSHM, 2012, p. 122)
Es así que se rescata el trabajo articulado que el Observatorio realiza desde diferentes aspectos; la academia, representados en los investigadores académicos, los llamados investigadores comunitarios y la comunidad en general. Se coordina un trabajo basado en la metodología desde abajo, rescatada por el profesor Pablo Emilio Angarita (2011) como:
El enfoque desde el cual se deben analizar, interpretar, y proponer alternativas frente a la inseguridad. Deliberadamente toma partido por los sectores más vulnerables y vulnerados de la ciudad, quienes experimentan la inseguridad de manera cotidiana, y que en momentos de crisis son objeto también de las respuestas coercitivas que el Estado implementa para responder a las continuas demandas por reducir los índices más visibles de la inseguridad (s.p).
Desde este punto de vista se propende por el trabajo categórico y
protagónico de una comunidad específica para su reconocimiento como seres
activos en el planteamiento de sus inquietudes como ciudadanos; es el
principal implemento sobre el cual trabaja la producción de un
conocimiento no visto como impuesto de manera vertical, sino como
co–creado con la comunidad para su propio uso y beneficio, de ahí la
relevancia dada al enfoque desde abajo.
De acuerdo con Julián Muñoz, la seguridad humana desde abajo tomada como
metodología se traduce en la coproducción de conocimiento entre la
academia y las comunidades, lo que en últimas puede favorecer las
colectividades vulnerables a fortalecer la dimensión comunitaria de la
seguridad humana, pues es precisamente ese conocimiento resultante el que
les permite emprender proyectos comunitarios -o mejorar los ya existentes-
que atienda a sus condiciones reales y que mitigue las amenazas propias de
su entorno (Muñoz, 2019, pp. 194-207).
De manera muy similar, Angarita considera crucial la metodología desde
abajo en el trabajo desarrollado por el OSHM, reconociendo la
importancia del diálogo entre el conocimiento producido en la academia con
la sabiduría popular que tienen los líderes, las organizaciones, que viven
en su territorio, que padecen el problema y que han desplegado
iniciativas, lo que se busca es entender qué pasa para conjuntamente
buscar soluciones.
Este trabajo fue abordado por el OSHM a través de tres momentos: el
primero para indagar cuáles son los hechos o situaciones de violencia o
inseguridad que se viven en la comunidad, cómo es la situación respecto a
todas las dimensiones de seguridad. Teniendo claro cuáles son los focos de
inseguridad, el segundo momento consiste en revisar qué está haciendo el
Estado, cuáles son los programas, proyectos o políticas públicas que se
han implementado para intervenir esos hechos o situaciones que generan
inseguridad. Y el último momento, el más relevante, consiste en observar
las acciones a través de las cuales la comunidad hace resistencia a esos
hechos o situaciones, sean éstas de tipo cultural, político, jurídico,
etc., que generan situaciones de inseguridad. Lo que se busca es reconocer
iniciativas de la comunidad para potenciarlas (Angarita, 2016).
Sin dejar de lado la dimensión tradicional de seguridad que busca hacerle
frente a las amenazas de tipo bélico que puedan comprometer la vida o la
integridad física de las personas, éstas nuevas propuestas al concepto de
seguridad resultan más amplias, en la medida que abarcan otros aspectos o
dimensiones a los que previamente no se relacionaban de forma tan directa
con dicho término; estas dimensiones se enfocan en la condiciones mínimas
con las que todo ser humano debe contar para su existencia, pues como
premisa se tiene que no basta con garantizar la vida, se debe garantizar
la vida digna.
El concepto de seguridad humana empieza a interesarse por ciertas amenazas
desatendidas, las cuales muchas veces no le permiten desarrollar a los
individuos una conciencia o un interés colectivo afín, sino que, por el
contrario, la persona se siente marginada, maltratada y excluida; es por
ello que la seguridad humana:
está centrada en el ser humano. Se preocupa por la forma en que la gente vive y respira en una sociedad, la libertad con que puede ejercer diversas opciones, el grado de acceso al mercado y a las oportunidades sociales, y la vida en conflicto o en paz (PNUD, 1994, p. 26)
La seguridad humana integra los enfoques de Desarrollo humano, Derechos
Humanos, paz, libertad, protección y el decrecimiento de las situaciones
que son detonantes o que atentan contra la seguridad, entendida desde las
diferentes esferas propuestas por la seguridad humana; es así como intenta
combatir fenómenos sociales desde dimensiones, cada una de las cuales se
ocupa de un asunto específico que se considera necesario tenerlo asegurado
para el desarrollo en el campo personal y comunitario. A pesar de que cada
dimensión toma un camino característico por separado, hay que tener en
cuenta que son interdependientes y que además unas pueden cobrar mayor
relevancia que las otras, e incluso de las enunciadas pueden derivarse
otras nuevas dimensiones. Todo dependiendo del contexto social y las
necesidades específicas (PNUD, 1994)
La seguridad económica va más allá de proveer trabajo a una población
civil específica; lo que pretende es un cambio profundo en la realidad de
las poblaciones mayormente afectadas, como lo son las mujeres, niños,
jóvenes y las comunidades indígenas, con el fin de proveer un trabajo
estable, con todas las prestaciones legales, del cual se puedan derivar
unas condiciones consistentes sobre las cuales estas personas tengan una
mayor calidad de vida. Esta esfera está relacionada fuertemente con los
fenómenos de la pobreza y el desempleo. Se entiende en esta dimensión que
el Estado debe procurar ambientes de libertad, seguridad económica y
laboral a sus ciudadanos, para que ellos puedan desarrollar libre y
dignamente sus actividades económicas con el fin de alcanzar niveles más
altos de calidad de vida.
La seguridad alimentaria se ocupa de dos asuntos; en primer lugar, la
disponibilidad de alimentos, que quienes se ocupen de la producción no
tengan barreras más allá de las necesarias para su actividad, así se puede
mantener siempre la oferta de alimentos; sin embargo, esta disponibilidad
de alimentos es una condición necesaria mas no suficiente y aquí viene el
segundo asunto, pues debe atenderse también la distribución de los mismos,
suele ocurrir que a pesar de haber alimentos suficientes para cierta
localidad, haya allí problemas de hambrunas y desnutrición debido a la
desigual distribución de los alimentos.
Lo que busca la seguridad alimentaria es crear condiciones que permitan de
manera permanente el acceso y el consumo de alimentos de las poblaciones
más vulnerables de un país. Muchas de esas desigualdades se dan en el
marco de la inequidad de la repartición de la renta, gracias al modelo
económico capitalista. Se vuelve además un problema de salud pública, por
problemas como la desnutrición crónica infantil. Hay que tener en cuenta
que las dificultades de acceso a los alimentos derivan del acceso a los
activos, el trabajo y el ingreso asegurado, por lo tanto, estos niveles
son también materia de estudio en la dimensión alimentaria de la Seguridad
Humana.
Respecto de las dos esferas anteriores, el Observatorio recalca la
relación intrínseca de las mismas y la imposibilidad que existe para su
separación en muchos contextos:
El déficit alimentario está asociado a carencias económicas producto del aumento del desempleo, reducción de los salarios reales, aumento de la inflación, pérdida de los bienes productivos y el aumento de disparidad de ingresos entre ricos y pobres (OSHM, 2010, p. 141)
Dichas esferas, consideran, impactan de manera directa en la realización
de las demás, en la medida en que su carencia en un determinado ambiente
se erige como una violencia estructural que impide a un sujeto
determinado desarrollar el máximo de sus capacidades sociales.
En relación con la seguridad en su componente de salud, la misma busca
mejorar las posibilidades de obtener un buena y óptima prestación del
servicio para todos los ciudadanos, especialmente en países en vías de
desarrollo donde el acceso a una buena salud está limitado para aquellas
personas que pueden pagar un tipo de atención más especializada; para el
resto de la población existen (en su mayoría) los precarios sistemas de
salud, que no responden de manera eficiente a sus necesidades. Además,
otra amenaza importante a la Seguridad de la salud es la propagación de
enfermedades pandémicas, especialmente en países donde los gobiernos se
ven limitados al tratar de contener los contagios y en aquellos donde el
agua o los alimentos son las principales fuentes de contagio.
La seguridad ambiental está ligada al cambio climático y los estragos
dejados por la sobreexplotación de los recursos naturales existentes
sacrificados por el hombre a cambio del interés económico. El principal
tema a tratar es los límites que se le deben imponer a las grandes
industrias como principales responsables del deterioro del medio ambiente.
Los recursos hídricos y las reservas forestales son los principales
objetos de protección de la Seguridad ambiental, porque de ellos depende
la preservación de la vida.
La seguridad personal retoma parcialmente el sentido antiguo de la
seguridad, pero enfocando en la persona; se encarga de todo aquello que
pueda significar una amenaza contra la vida o la integridad física, toma
en cuenta todas las posibles fuentes de peligro: amenazas por parte del
Estado (tortura física) en los casos de gobiernos autoritarios; amenazas
de otros Estados (guerra); amenazas de otros grupos de la población
(tensión étnica, terrorismo); amenazas de individuos o pandillas contra
otros individuos o pandillas (delincuencia, homicidios, violencia
callejera, narcotráfico); amenazas dirigidas contra las mujeres
(violación, violencia doméstica); amenazas dirigidas contra los niños
sobre la base de su vulnerabilidad y dependencia (maltrato de niños,
trabajo infantil); e incluso amenazas dirigidas contra la propia persona
(suicidio, uso de estupefacientes). (PNUD, 1994). Estas situaciones o
detrimentos sociales, impiden al ciudadano hacer un goce pleno de sus
derechos.
La seguridad comunitaria brinda la posibilidad de reconocernos en la
diferencia como pueblos indígenas, afrodescendientes y personas que migran
hacia otros países en busca de condiciones más favorables para su sustento
personal. Se debe entonces brindar un marco institucional para que estas
poblaciones puedan acceder a educación, salud, alimentación, y demás
necesidades básicas.
La seguridad política se encarga de la garantía de ejercer, dentro de un
marco de legalidad, cualquier corriente o inclinación política de libre
elección; además la certeza de que no habrá ningún tipo de persecución por
ello, en aras de enriquecer el debate democrático dentro de las naciones y
darle la oportunidad de ejercer sus derechos políticos a toda la población
civil. En palabras del propio PNUD (1994) “uno de los aspectos más
importantes de la seguridad humana consiste en que la gente pueda vivir en
una sociedad que respete sus derechos humanos fundamentales.” (p. 37)
A propósito de estas tres dimensiones, el Observatorio, de acuerdo a los
diferentes talleres realizados en ocasión a su publicación Re-pensando la
seguridad, formula que:
se ven vulneradas en mayor medida hoy, de acuerdo a los participantes, por el incremento de diferentes tipos de violencia: la represión política, delincuencia, malos tratos a mujeres, ancianos/as y niños/as, narcotráfico, deterioro del tejido cívico, la desaparición forzada, la censura, la cooptación de poderes armados legales e ilegales, violencias de derechos humanos y por el aumento en la escalada del gasto militar y policial sin ningún tipo de resultados que lo justifiquen (OSHM, 2010, p. 144).
En esa medida estas dimensiones se ven conectadas por los ciudadanos y su
tratamiento requiere una lectura dinámica de las mismas. Con lo anterior,
el Observatorio trata de dar sentido y agrupar aquello identificado por
los sujetos como inseguridades potenciales; ello con el fin de establecer
parámetros teóricos claros y generar un discurso concreto sobre lo que se
reconoce como Seguridad Humana.
Aunado a ello, a partir de las dimensiones propuestas desde el marco
internacional y basándose en el trabajo realizado en la comuna 1 de
Medellín en el año 2009, el Observatorio de Seguridad Humana vio
pertinente la estructuración de una nueva categoría denominada Seguridad
para las mujeres; se crea con el propósito de indagar por unas categorías
emergentes como salud psíquica, educación y cultura, entre otros (OSHM,
2017), propios de los contextos de género, enfatizando y ratificando el
papel fundamental que dentro de la sociedad cumplen las mujeres.
Al día de hoy, el Observatorio continúa gestionando proyectos bajo estos
supuestos teóricos en torno a comunidades, implementando la difusión
activa del discurso de los derechos fundamentales y humanos, en el marco
de la Seguridad, en varias zonas de la ciudad de Medellín, tales como las
comunas 3, 8 y 13. Su trabajo busca repercutir en el escenario de las
políticas públicas, en un intento por generar espacios de resistencia y
diálogo que permita la consecución de metas claras plasmadas en unas
mejores condiciones de vida locales.
El profesor Julián Andrés Muñoz ha participado activamente en diferentes
escenarios con el Observatorio; acerca de su trabajo, dijo:
ellos han trabajado una forma de producción de conocimiento, que es lo que llaman la Metodología desde Abajo o la SH desde abajo, que básicamente implica un acercamiento o una articulación entre el conocimiento de la academia, los conocimientos que le ha dado la ciencia, con el conocimiento del sentido común. Este último es básicamente el conocimiento de la cultura, el conocimiento que tienen las comunidades; lo que me parece que ha sido muy importante, muy valioso, con esta metodología desde abajo que ha implementado el OSH es esa articulación de esos dos conocimientos. Normalmente se han presentado en clave de ruptura, en clave de escisión y lo que ellos han tratado de mostrar es que eso se puede integrar. Han recurrido a las enseñanzas de la Investigación de Acción Participativa, tratan de inscribirse dentro de lo que Boaventura de Sousa Santos llama las epistemologías del sur, entonces, eso me parece que es algo importante. No es simplemente el hecho de que diga: sí, vamos a coproducir conocimiento, sí diálogo de saberes, sino que yo creo que ya hay resultados palpables en términos de publicaciones por parte del OSH (OSHM, 2016, comunicación personal).
Su metodología implica la articulación activa del conocimiento empírico
con la academia, partiendo de la relación horizontal entre sus
participantes y empoderando a aquellas comunidades en la cátedra de
derechos humanos implícita en el desarrollo de los diferentes proyectos, y
en la concientización que se logra para el tratamiento de sus propias
problemáticas.
Se convierte en una vía para que las comunidades puedan impactar de manera
directa en el estudio y redacción de las políticas públicas que van
dirigidas a sí mismas; es uno de los principales objetivos del trabajo que
realiza el Observatorio, que como ejemplo concreto trae la investigación
Incidencia de las políticas públicas de seguridad en las mujeres de
Medellín, la cual tiene como planteamiento fundamental el análisis de las
políticas públicas de seguridad de la ciudad desde un enfoque de seguridad
humana, haciendo énfasis en la incidencia de estas sobre la garantía de
los derechos humanos de las mujeres (OSHM, 2017).
En la práctica han sido muy pocas las experiencias en las que se incluye
la participación de los directamente afectados en la configuración de las
políticas públicas focalizadas, de igual manera pocas veces se toman desde
la administración los insumos que traen instituciones como el
Observatorio, en estos aspectos es rescatable el trabajo adelantado por la
administración de Aníbal Gaviria con la formulación de la Política Pública
en Seguridad. Sin embargo, persisten prácticas tanto desde la
administración municipal como de la fuerza pública que siguen planteando
soluciones que van en contravía de los intereses de la gente. Se detectan
avances a nivel teórico de lo que implica la seguridad humana en algunos
planes de gobierno analizados, pero de igual forma su tratamiento en
términos fundamentales resulta inadecuado, ya que se reduce a la
persecución de delitos sin atacar las causas que generan los mismos.
Consideramos que ello es así en la medida de que algunos los gobernantes
han tenido la voluntad política de ampliar el rango de inseguridades o de
entender la seguridad en su complejidad y en relación a los derechos
fundamentales y al desarrollo de las personas, entonces las acciones que
emprenden frente a las problemáticas se quedan cortas ante las necesidades
de las personas, por el contrario se ha puesto en el nivel más alto de
prioridad la atención a otros asuntos como el orden público y el manejo de
los fenómenos de criminalidad con el fin de mostrar ante la opinión
pública una gestión administrativa positiva fuerte -por lo menos en lo que
al uso de la fuerza pública y el aparato judicial se refiere- y de
enaltecer niveles de desarrollo no referentes a las personas e implementar
y ejecutar obras civiles, debido a que esta estrategia es más reconocida o
mejor vista por la población en general.
El concepto de seguridad humana no ha sido completamente excluido de las
agendas políticas de los últimos gobiernos, como lo manifestó el profesor
Julián Muñoz, el problema real lo representa su materialización, pues en
principio la seguridad humana puede entenderse como un concepto etéreo de
difícil operatividad. (Muñoz, 2016, Comunicación personal)
Desde otra perspectiva, el profesor William Fredy Pérez encuentra que la
falta de aplicación de la seguridad humana como enfoque de gobierno
obedece a la voluntad de los propios gobernantes, al ejercicio de elección
que estos hacen al definir sus agendas políticas priorizando otros
aspectos que generen resultados a corto plazo, aunque no sean soluciones
definitivas, como en temas de seguridad lo es el aumento de pie de fuerza.
(Pérez, 2016, Comunicación personal)
Mientras ese tipo de mentalidad no cambie en la mayoría de los asociados,
y en la medida de que el trabajo de instituciones como el Observatorio no
sea apoyado y sus aportaciones tenidas en cuenta más activamente en el
desarrollo de políticas de seguridad, se seguirán atacando de manera
superficial aquellas causas fácticas que impiden el desarrollo óptimo de
las sociedades modernas.
La cátedra en derechos humanos, que permea el concepto de la Seguridad
Humana, cala de manera efectiva en la mentalidad de las personas que toca;
es por ello que los resultados de las múltiples investigaciones del
Observatorio deben ser atendidas por la institucionalidad, en la medida en
que son realizadas bajo un enfoque metodológico que favorece la
participación de la comunidad, convirtiéndose en fuente precisa y
fidedigna de la materia.
De igual manera se resalta que el discurso que tiene su origen desde lo
académico, es apropiado por parte de las comunidades, lo que implica un
impacto aún más positivo en la población; se denota en la vocación de
permanencia que tienen muchos de los proyectos realizados y los lazos
fuertes que se establecen entre los investigadores académicos y los
investigadores comunitarios.
Finalmente, reconociendo la importancia del trabajo que las comunidades
empoderadas en materia de seguridad humana han realizado, tales como los
colectivos de desplazados y colectivos de género, consideramos que es
igual de valioso que la administración tome parte más activa en la
implementación de un modelo de seguridad integral y multidimensional, para
ello será pertinente que las acciones emprendidas por las instituciones
para garantizar seguridad sean diseñadas a partir de tres componentes:
Nivel local, que se construyan desde las comunidades, no a nivel
municipal, para entender las particularidades del contexto donde se
implementará, identificar los focos de inseguridad propios de la
comunidad, las dimensiones más vulnerables y así fijar objetivos concretos
adecuados al entorno que se busca intervenir.
Co-creación, tal y como lo ha trabajado el OSHM el diálogo de
saberes para la producción conjunta de soluciones, en seguridad los
directamente implicados en la política de intervención son quienes mejor
pueden dar cuenta de las circunstancias y las posibilidades de mejora, así
como los expertos de la administración pueden fortalecer y potencializar
esas acciones que la comunidad implicada considera pertinentes en pro de
una seguridad integral.
Y, por último, el respeto a los Derechos Humanos y la
dignidad de la gente como eje transversal de toda política pública
en materia de seguridad, que se busque la seguridad de la persona, no la
seguridad de un ente territorial.
Muchas de estas demandas fueron atendidas en el Acuerdo Municipal 021 de
2015, pero más allá de ser una imposición -por las implicaciones legales
de la Política Pública- para las administraciones subsiguientes, debe ser
una guía de cómo se debe abordar la seguridad.
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Mejía) Medellín, Antioquia.
1De acuerdo con Andrew Mack (2005), la
seguridad humana como concepto aparece por primera vez en un informe del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1994. En las
páginas siguientes se revisarán algunos elementos de este concepto, así
como su aplicación en la ciudad de Medellín.
2El OSHM inició su trabajo con el grupo
Conflictos y Violencias del Instituto de Estudios Regionales (INER) de la
Universidad de Antioquia. Sin embargo, desde el 2019 y por razones
administrativas, el OSH hace parte de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la misma universidad.
3Decimos únicamente porque se reconoce una
postura crítica frente al Estado, pero se trabaja con una universidad
pública de carácter estatal, como es la Universidad de Antioquia.
4 Los impactos, atendiendo al enfoque
cualitativo, fueron pensados en función de este, y no en términos de
indicadores sociales o de análisis estadísticos.
5Este apartado se denomina “abordajes
técnicos” pues aun cuando recoge elementos teóricos sobre la seguridad,
por la extensión del artículo no se considera que sea un marco teórico.
Sin embargo, su objetivo consiste en proponer los debates más importantes
que han acompañado al concepto de seguridad y, consecuentemente, al
concepto de seguridad humana.
6 Ver:
https://www.repensandolaseguridad.org/proyectos/proyectos-realizados/item/piloto-cartografia-en-colores-empoderamiento-de-la-poblacion-lgbti-de-la-comunas-8-a-partir-de-la-apropiacion-de-su-territorio.html