Xamara Mesa Betancur2
Claudia Vargas Quiceno3
Angie Lizeth Sarria González4
Luisa Fernanda López Agudelo5
1Este artículo es producto de los resultados del proyecto de investigación “Infraestructura político-institucional para la paz territorial: Acciones y articulaciones de la institucionalidad local para la transición a la paz en Ituango, Antioquia” financiado por el Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, en la convocatoria permanente a docentes.
2 Investigadora principal. Politóloga de la Universidad de Antioquia y Magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT. Docente Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia. Correo electrónico: xamara.mesa@udea.edu.co
3 Coinvestigadora. Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Investigadora asociada al Grupo Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Correo electrónico: claudia.vargasq@udea.edu.co.
4 Estudiante en formación de la investigación. Estudiante del pregrado en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Correo electrónico: angie.sarria@udea.edu.co
5 Estudiante en formación de la investigación. Estudiante del pregrado en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Correo electrónico: luisa.lopez10@udea.edu.co
En la implementación de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), han cobrado relevancia las diversas herramientas e instrumentos de intervención pública, las reglamentaciones normativas, las directrices presupuestales, las articulaciones, la planeación operativa y administrativa, entre otros aspectos que surten las capacidades de la institucionalidad para responder a los desafíos que supone la transición política hacia la paz. Todos estos componentes son necesarios para la materialización de los Acuerdos de Paz, bajo el supuesto de lograr una apertura o reconfiguración de la institucionalidad que fortalezca las prácticas democráticas para la acción pública local.
Desde esta perspectiva, el propósito del artículo es analizar los avances, acondicionamientos, capacidades y debilidades de la infraestructura político-institucional y las articulaciones configuradas por la administración del municipio de Ituango para incorporar y proyectar la implementación de dos puntos de los Acuerdos de Paz de la Habana: Reforma Rural Integral y Apertura Democrática para la Participación entre los años 2017 y 2019.
Palabras clave: Acuerdos de paz; Infraestructura político-institucional para la paz; paz territorial; reforma rural integral; apertura democrática.
La coyuntura política que actualmente vive Colombia tras la firma de los Acuerdos de Paz de la Habana, supone para la institucionalidad un viraje en sus formas de operar, de proceder, de relacionarse y de administrar, esto con el fin de superar las debilidades que han caracterizado algunos procesos de la administración pública local y lograr tramitar las deudas históricas, especialmente en territorios rurales como el municipio de Ituango, el cual ha tenido una larga historia de violencias, presencia de actores armados e inasistencias estatales.
Así mismo, materializar esta promesa de la paz, vislumbra superar los déficits en participación, justicia social, distribución de la riqueza y acceso a la tierra. En este sentido, es necesario ahondar en el análisis político de las capacidades y acondicionamientos institucionales que se han venido estructurando desde los gobiernos locales, ya sea en términos programáticos (políticas, planes, programas y proyectos), de tesoro (subsidios, impuestos, subvenciones) de información (gobierno directo, censos, caracterizaciones) entre otros, (Hood, 2007).
La focalización de este ejercicio interpretativo, respecto a la
identificación de la infraestructura político-institucional para la paz
territorial en Ituango, corresponde a la necesidad de establecer los
posibles cambios, rupturas y reconfiguraciones de las capacidades y
acondicionamientos institucionales que se han gestado localmente para la
concreción del desarrollo del territorio, la transformación de la
ruralidad, el bienestar y buen vivir de los campesinos, la ampliación de
la participación democrática, la inclusión política, la autonomía
organizativa y las garantías efectivas para los escenarios de seguimiento
y control social de la ciudadanía, por ello, conocer las capacidades de
transformación y las vicisitudes que han enfrentado los gobiernos locales
para hacer frente a la construcción de paz territorial, permitirá analizar
las habilidades técnicas, la estructura e interacción política que ha
emergido o que aún se encuentra en proceso de constitución.
Según Rettberg (2003), se pueden identificar tres nociones que se acercan al concepto de construcción de paz: minimalista, maximalista y una noción intermedia. La minimalista, la relaciona con acciones que posibilitan poner fin al conflicto, la visión maximalista centra su interés en acciones requeridas para la plena realización de las personas, y la noción intermedia plantea que la construcción de paz debe “fortalecer las condiciones para su desenvolvimiento por medio de la finalización de las hostilidades y sus efectos críticos, así como la “instalación o restauración de los mecanismos sociales, económicos y políticos necesarios para sostenerla” (Rettberg, 2003, p. 19 como se citó en Maldonado, 2016, p. 6).
Es precisamente desde esta noción intermedia que Maldonado (2016) explica la construcción de paz desde los supuestos de Galtung y Lederach. Según Galtung (1998), esta requiere de instrumentos necesarios para asegurar la permanencia de vías pacíficas al interior de la sociedad y así “evitar al máximo prácticas violentas, promoviendo un marco de condiciones viables que permita la aparición de estructuras afines a una distribución lo más equitativa posible al acceso de recursos, y el despliegue de prácticas culturales proclives a la paz” (Galtung, 1998, pp. 25-28 como se citó en Maldonado, 2016, p. 6).
Por su parte, Lederach (2008) considera que la construcción de paz refiere un proceso continuo y un conjunto de infraestructuras que deben garantizar condiciones indispensables para que las distintas formas de relacionamiento institucionales y sociales privilegien la resolución de conflictos, para esto será necesario el restablecimiento de la confianza, el diálogo y la cooperación. Este autor afirma que la construcción de paz es un instrumento para la transformación de conflictos que requiere enfrentar tres desafíos (2008): rescatar el valor de las redes de relaciones sociales como centro de construcción de paz; la configuración de una infraestructura para la paz que permita promover y sostener los cambios sociales a lo largo del tiempo; y la consolidación de una base social para la paz.
Adicional a esto, es importante la relación que se establece entre
construcción de paz y paz territorial bajo el supuesto
que, si bien existen hechos estructurales desencadenantes del conflicto
armado, cada una de las regiones lo ha experimentado con dinámicas
propias, lo que ha generado implicaciones en términos participativos e
institucionales según las necesidades del territorio y también,
capacidades y voluntades políticas que apuntan al establecimiento de
alianzas cooperantes o distanciamiento entre los diferentes actores.
Bautista (2017) reafirma esta novedad sobre la idea de paz territorial y
llama la atención al reconocimiento de los procesos de organización social
de base edificados durante el conflicto, además considera que este
concepto se ha instalado con fuerza “en el debate público a partir de los
diálogos de La Habana” (p.101). Por lo anterior, se busca profundizar en
la autonomía de los territorios y fortalecer las capacidades
institucionales locales para responder a los nuevos retos y realidades en
el marco de la transición hacia la paz.
Además de la concepción territorial de paz y lo que ella implica en términos sociales y políticos, es fundamental considerar la infraestructura político-institucional como un vehículo que posibilita la concreción de acciones y estrategias encaminadas a la implementación de los Acuerdos de Paz, buscando una interacción continua entre los gobiernos locales, la sociedad civil y demás actores que coexisten en los territorios.
Las infraestructuras de paz “son concebidas como un conjunto de espacios interconectados e institucionalizados, con responsabilidades asignadas por las partes en conflicto, mediante los cuales, esas junto con otros actores, construyen la paz y la sostienen en el tiempo”. (Pfeiffer, 2014, p.3). En este sentido, se parte de una conceptualización que indica que para culminar un conflicto de manera no-militar y construir con ello una paz robusta, estable y duradera, no solo basta con tener buenas voluntades o un proceso de negociación entre los actores armados, se necesitan espacios y acciones permanentes dotadas de legitimidad, autoridad y recursos, por medio de las cuales, diversos actores de la sociedad (incluyendo las partes del conflicto) preparan, aportan, consolidan y por esta vía logran sostener la paz en el tiempo (Pfeiffer, 2014). Este concepto se caracteriza por su dinamismo, sensibilidad, y se nutre de las experiencias que se van tejiendo en los territorios a partir de sus contextos y dinámicas propias; es así como los elementos institucionales de la infraestructura política para la paz se encuentran en diferentes ángulos que varían de acuerdo con las realidades, voluntades políticas, capacidades jurídicas, organizativas, operativas, de recursos económicos y participativas que se presentan en cada territorio.
Desde esta perspectiva, se reconoce que las capacidades jurídicas son
claves para ahondar en los procesos normativos ya que permiten crear
marcos de actuación dependiendo de los actores responsables o interesados
en una acción específica, es decir, la capacidad jurídica de un ente
administrativo local, posibilita identificar las competencias y las
aspiraciones que puede materializar un territorio, en este caso, desde la
implementación de los Acuerdos de Paz. Así mismo, en las capacidades
organizacionales se privilegia la “formalización de los espacios de
intervención como criterio importante para darles estabilidad y autoridad.
Para eso se insiste en la importancia de un mandato claro y de su
institucionalización dentro del sistema de gobierno”. (Pfeiffer, 2014,
p.5).
Por su parte, las capacidades operativas y de gestión, son aquellas
habilidades técnico-burocráticas del aparato estatal, requeridas y
necesarias para instrumentar objetivos oficiales, así como para delimitar
medios idóneos para proveer bienes y servicios (Evans, 1996). Las
capacidades económicas, sin duda, son claves porque permiten tener mayor
autonomía al momento de implementar procesos, tener un mayor alcance
territorial y administrativo de las acciones, brindar una mejor atención a
las necesidades básicas de la población, etc.
Finalmente, las capacidades participativas se deben considerar en este contexto, toda vez que es responsabilidad de cada territorio, particularmente de los gobiernos locales, generar espacios de socialización, participación y encuentro con la ciudadanía, donde se gesten procesos de trabajo colaborativo y, a su vez, se generen acompañamientos a las iniciativas sociales y comunitarias.
Este ejercicio investigativo realiza una exploración cualitativa y analítica sobre las dinámicas institucionales que subyacen en el gobierno local del municipio de Ituango bajo el compromiso social y político de la implementación de los Acuerdos de Paz de la Habana, concretamente de los puntos referidos a la Reforma Rural Integral y la Apertura Democrática para la Participación. En este sentido, se plantea una aproximación descriptiva y analítica de la dimensión político-institucional de la paz territorial orientada a evidenciar los avances, capacidades, dificultades o falencias que tiene el andamiaje institucional del Municipio respecto a viabilizar la implementación efectiva de este proceso desde el ámbito territorial.
Se trata de un acercamiento cualitativo a la institución del Estado
entendida desde la administración local como actor determinante para la
materialización de la paz territorial. De esta manera, la aproximación que
se logra respecto a las dinámicas institucionales investigadas, busca
comprender desde principios sociales y políticos la plataforma que emerge
y que se construye desde distintos puntos relacionales locales, las
tendencias y lógicas que constituye el reto de edificar la paz
territorial, valorando especialmente el comportamiento institucional y
cómo este teje o no relaciones horizontales, de reciprocidad y cooperación
con distintos actores provistos de derechos en el marco jurídico
colombiano tras la implementación de los Acuerdos de Paz. Para ello, se
considera que el método deductivo permite la comprensión de lógicas
sociales y dinámicas institucionales que se han constituido en la
localidad y que posibilita identificar particularidades, principios y/o
premisas analíticas del caso específico, visibilizando características
individuales en profundidad que no pueden ser interpretados bajo leyes
generales.
Adicionalmente, se utilizó la técnica de entrevistas semiestructuradas con actores institucionales locales, concretamente servidores públicos directos o indirectamente encargados de los temas e instrumentos (programas, políticas, planes y proyectos) relacionados con los dos puntos de los Acuerdos de Paz priorizados en la investigación, esto con el fin de conocer las percepciones que tienen los representantes y encargados de la institucionalidad local frente a los avances y retos que se consideran para la construcción de paz territorial. Además, se desarrolló una revisión documental para reconstruir el contexto teórico, político y social de las categorías emergentes que fundamentaron la investigación.
Los Acuerdos de Paz puestos en marcha en el año 2016 se encuentran compuestos por una serie de compromisos políticos, “que constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos y colombianas” (Acuerdo Final, 2016, p. 6). Esos compromisos políticos se encuentran estructurados desde los asuntos más neurálgicos del conflicto armado y en correspondencia con las causas estructurales del conflicto: reforma rural integral, apertura democrática, fin del conflicto armado, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y, por último, la implementación, verificación y refrendación. Asimismo, cada punto cuenta con tres enfoques transversales: el de género, el étnico y el territorial. A continuación, se realizará un mapeo general de los propósitos y principios que en términos de infraestructura político-institucional se proyectaron en los Acuerdos para el campo y la apertura democrática.
El punto uno, referido a la Reforma Rural Integral, sienta las bases para un nuevo campo colombiano en el que se puedan brindar las posibilidades de transformación de lo rural, necesarios para el bienestar y el buen vivir de la población campesina, reversando los efectos del conflicto1 y las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el país.
Las orientaciones que se establecen en este punto desde una perspectiva político-institucional son tres: primero, la creación del Fondo de Tierras que procure la distribución gratuita para campesinos con o sin tierra; la democratización del acceso y uso adecuado de la tierra; la formalización de la propiedad, del impuesto predial rural y la restitución de tierras a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado.
La segunda orientación se plantea en términos de planificación con la creación de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, los cuales buscan reducir en 15 años, el 50% de la pobreza del campo colombiano, dotándolos con bienes y servicios públicos, ayudando a sus habitantes a superar la pobreza y la desigualdad, y a cerrar las brechas entre el campo y la ciudad.
La tercera, tiene que ver con unos lineamientos programáticos a través de los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), en los cuales se espera reconocer y tener en cuenta las necesidades de las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza, con presencia de economías ilegales y mayor debilidad institucional.
Respecto al punto dos de los Acuerdos de Paz de la Habana sobre Apertura Democrática para la participación, se plantea establecer una ampliación democrática donde se permita a movimientos y actores emergentes participar en escenarios deliberativos y de toma de decisiones aportando así al pluralismo y a la inclusión política. Lo anterior, debe considerar la presencia y participación activa de organizaciones y movimientos sociales, lo que conducirá al fortalecimiento de escenarios democráticos y de representación logrando de esta manera, incidencia efectiva en la resolución de problemas sociales y políticos en todos los territorios.
En este contexto, se considera inaplazable la participación de actores sociales como las mujeres, jóvenes y demás poblaciones marginadas, lo que indica el desarrollo de medidas afirmativas que favorezcan su participación. Adicional a esto, los valores democráticos como la convivencia, la tolerancia, la no estigmatización, el compromiso social, la transparencia y el respeto, deberán ser el norte político del país tras la firma de los Acuerdos de Paz; por esto, el llamado institucional a una distribución equitativa de los recursos públicos destinados a movimientos y partidos políticos, transparencia electoral y actualización del régimen electoral.
Para la materialización de estos principios, se plantea como tarea institucional el establecimiento de condiciones y garantías para que grupos alzados en armas transiten a la participación como movimientos o partidos políticos, por lo cual se definió un estatuto de garantías que oriente el ejercicio de la oposición política. De igual manera, este punto otorga garantías de seguridad para líderes de organizaciones, movimientos sociales y defensores de derechos humanos, promoviendo a su vez ajustes normativos para velar por el derecho a la movilización y protesta pacífica, garantías para la reconciliación, convivencia, veeduría ciudadana y política.
A continuación, se presenta grosso modo, una radiografía nacional del proceso de implementación de la infraestructura político-institucional propuesta en el marco de los Acuerdos de Paz para la Reforma Rural Integral y la Apertura Democrática para la Participación entre los años 2017 y 2019, esto servirá de contexto para adentrarnos en el análisis de la infraestructura político-institucional del municipio de Ituango.
En términos generales, desde la aprobación de los Acuerdos de Paz, diversidad de actores (gubernamentales, sociales, académicos, económicos, etc.) respondiendo a la necesidad de realizar seguimiento a lo pactado, han trabajado para documentar el balance de su implementación; algunos de estos han sido el Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz, el CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) y el CERAC (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos), fuentes principales para este rastreo.
Respecto a la Reforma Rural Integral en Colombia, en el balance realizado por CINEP y el CERAC (2019) se destacan algunos avances para la consolidación de una infraestructura político institucional de cara a este punto del acuerdo. Los avances en términos de capacidades jurídicas se centran en la aprobación de varias normativas como el Decreto Ley 902 de 2017, por medio del cual se adoptan medidas del procedimiento para el acceso, formalización y fondo de tierras; el Decreto Ley 893 de 2017 sobre la creación de los PDET y la Ley 1876 de 2017 en función del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. También se indicaron otras leyes importantes para el cumplimiento de los Acuerdos como la “creación del Sistema de Catastro Multipropósito, la de Adjudicación de Baldíos en Zonas de Reforma Forestal y la creación de la Jurisdicción Agraria” (2019, p. 14), no obstante, el informe concluye que a estas tres últimas no se les suministró el trámite legislativo de manera completa, aún con las modificaciones que se realizaron a estas normas, el vacío legal es notorio.
En cuanto a capacidades institucionales y operativas, se destaca el proceso de creación de instrumentos para la delimitación de la frontera agrícola liderado por la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria, el cual definió que la “frontera agrícola está conformada por 40 millones de hectáreas, de las cuales solo se cultivan 7.6 millones” (2019, p. 21), este fue un avance significativo, pues se adoptó una metodología de identificación general, contrario al Plan de Zonificación Ambiental, que no fue posible su aprobación debido al vencimiento del plazo, pues su tiempo mínimo era de dos años.
Respecto a la transformación estructural del campo para la superación de la pobreza, el cierre de brechas entre lo urbano y rural y la integración de los territorios, se definieron dos herramientas importantes: los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y los PNRRI (Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral).
Para la ejecución de los PDET se priorizaron2 170 municipios y 16 subregiones, siendo estas las zonas más afectadas por el conflicto, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional. La responsabilidad de estos programas está a cargo de la ART (Agencia de Renovación de Tierras). Para agosto de 2018 y febrero de 2019, se finalizó el proceso de planeación en todas las subregiones, sin embargo, “este proceso no estuvo exento de problemas en materia de inclusión del enfoque étnico y de género y de críticas por parte de organizaciones sociales de pobladores rurales por la forma en que se desarrolló” (CINEP & CERAC, 2019, p. 22-23).
Como resultado de lo anterior, se “priorizaron 32.808 iniciativas de carácter municipal y 1.178 subregionales, distribuidas en ocho pilares definidos previamente” (CINEP & CERAC, 2019, p. 23) en el que las comunidades participaron y visibilizaron sus necesidades orientadas al acceso a la tierra, el ordenamiento social, territorial, ambiental, entre otros. Además, se construyeron 102 pactos con pueblos étnicos en los que se reflejaron las peticiones particulares de los grupos, tales como “acceso y protección de sus tierras y garantía de sus derechos básicos” (CINEP & CERAC, 2019, p. 23).
Respecto a los PNRRI, como una herramienta programática para trabajar en la transformación estructural del campo, en términos del balance en su implementación, solo hay informes de cuatro avances importantes: primero, el Plan Nacional de Electrificación Rural (formulado en mayo de 2017), segundo, Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Social Rural (junio de 2017), tercero, Plan Nacional de Vías para la Integración Regional (agosto de 2018), cuarto y último, el Plan Nacional de Asistencia Integral Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación (diciembre de 2017). Por medio de este último, se creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria.
Las debilidades, retrocesos y asuntos pendientes referidos a los avances en la infraestructura político-institucional de este punto, los informes proporcionados por el Instituto Kroc y el informe del CINEP y CERAC (2019), coinciden con los vacíos legales e imprecisiones constitucionales que tiene la fase de implementación del punto uno. El informe del Instituto Kroc expresa la preocupación por la lentitud en los avances de capacidades jurídicas como por ejemplo las reformas necesarias de la Ley 160 de 1994 (Ley de Tierras), ya que de esta se desprenden los mecanismos para democratizar y generar seguridad jurídica sobre el uso y el acceso a la tierra. Por su parte, en el informe del CINEP y CERAC se manifiesta que el fortalecimiento a la ley estuvo incompleto, ya que “no se utilizaron al máximo ni las posibilidades que brindaban las facultades extraordinarias, ni el mecanismo legislativo especial” (2019, p.13), interrumpiendo así el cumplimiento de unas disposiciones de los Acuerdos de Paz y la rectitud de los propósitos de la Reforma Rural Integral.
Por otro lado, la concentración de la tierra y la informalidad de su tenencia ha despertado múltiples disputas no solo en el sector rural, sino en todo el territorio colombiano, por tal motivo surgieron de los Acuerdos de Paz mecanismos para la regulación del uso del suelo y la solución de los conflictos; sin embargo, muchos de esos mecanismos han sido objeto de atrasos en la fase de implementación.
Adicional a los aspectos nombrados, el CINEP & CERAC afirman que hay retrasos y deudas pendientes jurídicas como la creación de la Jurisdicción Agraria, lo que ha impedido que hombres y mujeres del campo tengan acceso a la justicia, la “creación de una instancia de alto nivel que permita la formulación de lineamientos generales direccionados a la planeación indicativa del uso del suelo” (2019, p. 19), la aprobación del Catastro Multipropósito por parte del Congreso de la República del cual se esperaba “contar en 2018 con el catastro multipropósito en 25% de los municipios del país”(2019, p. 20) y finalmente la lentitud en la definición de Zonas de Reserva Campesina debido a que el Plan de Acción de la ANT (Agencia Nacional de Tierras) no trazó metas para el año 2019 y en el Plan Nacional de Desarrollo no se contempla consideración alguna.
En cuanto al proceso de consolidación de la infraestructura
político-institucional del segundo punto de los Acuerdos referido a la Apertura
Democrática para la Participación, el Instituto Kroc contempla
como principales avances en términos de capacidades jurídicas el
desarrollo de los derechos y garantías para la oposición y la
participación política a través de la Ley 1909 de julio de 2018 y la
reglamentación (Resolución 3134) del Estatuto de la Oposición creado a
través del procedimiento legislativo especial para la paz, el cual incluye
en sus lineamientos principales la equidad de género.
En este sentido, el CINEP y el CERAC (2019) destacan que el Estatuto de
Oposición estimula las relaciones entre el poder ejecutivo y legislativo,
permitiendo una mayor deliberación en el Congreso de la República. Así
pues, también se ha avanzado en la proyección de capacidades
participativas e institucionales relacionadas con garantías de seguridad y
protección para el ejercicio de la política, a través del fortalecimiento
del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, el
despliegue preventivo de seguridad, medidas de fortalecimiento a la
judicialización y con el PAO (Plan de Acción Oportuna de Prevención y
Protección) para los defensores de derechos humanos, líderes sociales,
comunales y periodistas.
El actual gobierno ha manifestado en diversas ocasiones la necesidad de generar garantías de seguridad para los líderes sociales como actores claves en la implementación de los Acuerdos; sin embargo, este ha sido un tema y una situación especialmente problemática debido al aumento de los asesinatos sistemáticos de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos en todo el territorio colombiano, quienes, a pesar de lo pactado, se siguen encontrando en una situación de alta vulnerabilidad.
Frente a este tema, el CINEP y el CERAC consideran que es necesario mencionar algunas situaciones que han agudizado la problemática, por ejemplo, la desaparición de espacios de diálogo con la población afectada donde se ha constatado el “cierre relativo de los espacios de interlocución y rendición de cuentas que existían en algunas de las instancias que se crearon gracias al Acuerdo Final” (CINEP & CERAC, 2019, p. 38).
Respecto a la promoción del interés y la participación ciudadana en asuntos públicos, el Instituto Kroc ha constatado avances en la Comisión de Diálogo a través de propuestas de la sociedad civil para formular lineamientos en materia de garantías para la participación ciudadana, la movilización y la protesta social.
Igualmente, se logró la ampliación del número de representantes de la
sociedad civil y la participación de un representante del partido político
de las FARC en el CNPRC (Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y
Convivencia) en diversos territorios del país; lo anterior, se considera
un instrumento clave para la participación respecto a la apertura
democrática y a la construcción de paz.
Finalmente, otro avance importante de este segundo punto, según el
Instituto Kroc, tienen que ver con la participación de la ciudadanía en el
proceso de construcción de los PDET y los PATR (Planes de Acción para la
Transformación Regional).
En cuanto a la transparencia y participación electoral, se desglosa el
tema de las CTEP (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz), según
el balance del CINEP y el CERAC, es el tema más crítico en temas de
implementación de este punto; actualmente, las CTEP siguen siendo una
deuda que se tiene con los Acuerdos de Paz, toda vez que su implementación
busca fomentar la incursión de actores en proceso de reincorporación a la
participación política y la toma de decisiones públicas. También, se
tienen deudas en términos de implementación con la reforma Política y
Electoral, con la ley de garantías y nuevamente, los altos índices de
violencia política y social, la polarización electoral y la falta de
garantías respecto a la seguridad y la protección para el ejercicio
democrático, la movilización y la protesta social.
El análisis sobre la infraestructura político-institucional en el municipio de Ituango será un elemento importante para comprender lo que se ha propuesto y posteriormente materializado respecto al Acuerdo de Paz en los territorios; como punto de partida, se identifica que dicha implementación ha tenido diferentes tonos y expresiones debido, entre otros aspectos, a la voluntad política del gobierno local, capacidades instaladas, recursos del territorio, agudización de las confrontaciones y la reconfiguración de grupos armados. Sin embargo, pese a la persistencia de algunas realidades conflictivas, no se ha impedido que emerjan iniciativas locales por parte del gobierno y las comunidades en lo que concierne a la construcción de paz territorial.
Los avances para establecer mejores condiciones en la ruralidad ituanguina se han centrado en avizorar3 planes, programas y proyectos que involucren diferentes actores; en este sentido, la Alcaldía de Ituango ha emprendido diversas acciones. Una de estas, es la concreción de proyectos de tecnificación y competitividad para impactar la producción y comercialización en articulación con diferentes entidades gubernamentales. De esta manera, a través de la Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, Económico y Social, el gobierno local ha ejecutado iniciativas en procesos productivos como “transformando el campo para generar competitividad”, “el campo tecnificado para producir desarrollo”, y “por un Ituango productivo por el cambio” donde se han utilizado la ciencia y la tecnología para la transformación de prácticas, generando valor agregado y optimizando recursos económicos, naturales y humanos. Respecto a la asistencia técnica, se han implementado servicios de acompañamiento integral y especializado para la agricultura.
Adicionalmente, se han desarrollado proyectos sobre la producción de insumos agrícolas en asocio con entidades gubernamentales como la ADR (Agencia de Desarrollo Rural), lo que ha generado vínculos institucionales para el mejoramiento de trapiches y el fortalecimiento del cultivo de caña. Por otro lado, con la Gobernación de Antioquia, se han adelantado acciones encaminadas a fortalecer la producción de algunos alimentos del territorio, priorizando en este caso el café donde participan algunas veredas del Municipio. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), también ha acompañado proyectos productivos beneficiando con esto a 50 familias.
Como respuesta al objetivo de transformar el campo, la Agencia de Renovación de Tierras (ART) a través del Fondo Colombia Sostenible, ha apoyado la ejecución de proyectos que apuntan al mejoramiento de la productividad y la sostenibilidad ambiental en el marco de la construcción de paz, el primero de ellos es la configuración de granjas agroecológicas y auto sostenibles beneficiando a familias campesinas en la construcción de bancos de semillas, en el fortalecimiento de su identidad alimentaria y la comercialización efectiva y rentable por medio de la ONG (Organización No Gubernamental) constituida en el municipio de Ituango “Corporación Lazos de Humanidad”. El segundo proyecto, tiene que ver con el fortalecimiento de las cadenas productivas de cacao, café, sacha inchi, caña panelera, fríjol, fique y hortofrutícola, este proyecto cuenta con acompañamiento técnico y tecnológico sobre las prácticas ambientales, fortalecimiento de las formas organizativas, el acceso a servicios financieros, insumos, herramientas y canales de comercialización. Por último, el tercer proyecto, se centra en apoyar la iniciativa “Mi territorio con la Diversidad y la vida” cuyo objetivo es la conservación e implementación de un programa de pago por servicios ambientales para la preservación del bosque seco tropical en el Municipio.
Por otro lado, y como apoyo sustancial para las rutas de comercialización y favorecer el desarrollo productivo del campo, se han emprendido acciones a través de la Alcaldía de Ituango para optimizar la infraestructura de movilidad a través del mejoramiento de vías terciarias, secundarias y caminos veredales, facilitando tanto la movilización de personas como productos agropecuarios dentro y fuera del Municipio. En este sentido, en el año 2018 a través de la Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, Económico y Social se otorgó un presupuesto por 35 millones para organizar algunas vías por medio de convites donde participaron familias campesinas; y en articulación con la Gobernación de Antioquia, se entregó a las JAC (Juntas de Acción Comunal) herramientas e incentivos para que invirtieran en el desarrollo de sus territorios, que en este caso fueron utilizados para mejorar y construir caminos vecinales.
Por su parte, la ART por medio del proyecto “Red de vías terciarias para la Paz y el Posconflicto: plan 51/ 50” emprendió la construcción del tramo entre Quebrada del Medio y Santa Lucía a través de la recuperación, mejoramiento y el mantenimiento de vías terciarias para el desarrollo rural, lo que favorece las condiciones de reactivación económica y conexión al interior del territorio. Lo anterior, surge desde una iniciativa gubernamental que se vincula con el Plan de Desarrollo Local “Todos contamos para el cambio 2016-2019” donde se establece la necesidad de equipamiento e infraestructura pública dentro del Municipio, tanto en la producción y comercialización de alimentos como en la movilidad y mejoramiento de las vías.
Otro tema neurálgico e importante de analizar en las acciones, planes y proyectos que se adelantan desde el gobierno local de Ituango para responder a la Reforma Rural Integral se relaciona con el acceso y formalización de tierras, la formulación y ejecución de los PDET, del PMTR (Pacto Municipal para la Transformación Regional) y de los PNRRI que se han ido desarrollando en el Municipio.
Respecto a los avances que se han hecho para el acceso y formalización de
tierras, se han implementado los POSPR (Planes de Ordenamiento Social de
la Propiedad Rural) como una estrategia que pretende fijar herramientas y
metas claves para lograr planificar un uso adecuado y eficiente del suelo
rural determinando la tenencia del mismo; sin embargo, se suspendió en el
2018 en Ituango, debido a los problemas de orden público. Además de esto,
se ha avanzado en la formalización masiva de la pequeña y mediana
propiedad que se aprueban por medio de ANT.
En la fase de construcción de los PDET para la subregión del Bajo Cauca y
el Nordeste Antioqueño del cual hace parte el municipio de Ituango, se
presentan algunos progresos. Primero, la participación de las mujeres ha
sido valiosa, siendo el único municipio, entre otros doce priorizados para
esta subregión en el que las mujeres tomaron la iniciativa, como lo hizo
la AMII (Asociación de Mujeres Ideales de Ituango), además de reclamar la
participación femenina en los asuntos concernientes al desarrollo. Y
segundo, en temas de infraestructura y adecuación de tierras, la comunidad
ha identificado algunas necesidades de mejoramiento, tales como:
adecuación de vías de comunicación, la construcción de puentes peatonales
y vehiculares, espacios de recreación y la recuperación del suelo a causa
de la minería, cultivos ilícitos y sobrepastoreo.
Respecto al PMTR, los avances apuntan al ordenamiento social de la
propiedad rural y ordenamiento del suelo, en el que las acciones de
implementación indican la necesidad de impulsar gestiones que permitan la
celeridad de los procesos de restitución de tierras, la entrega de los
predios, el levantamiento de las medidas de protección colectiva e
individual, a fin de restituir a las víctimas sus predios y garantizarles
la no repetición de hechos victimizantes.
Sobre los avances encontrados en la implementación local en relación con los PNRRI, se identifican acciones dentro del territorio en articulación con la Universidad de la región para apoyar proyectos productivos, fortalecimiento de la educación rural y primera infancia. Adicional a esto, se han direccionado acciones para la reactivación económica y producción agropecuaria, con el fin de fortalecer la comercialización de pequeños y medianos productores, fomentar asociaciones, organizaciones solidarias y cooperativas que puedan gestionar créditos y subsidios a los campesinos, además de incluir a las comunidades indígenas en esta reactivación económica.
De acuerdo con este panorama, se identifican ciertos avances en términos institucionales que direccionan la creación de condiciones sociales y productivas para establecer el bienestar de la población rural. Sin embargo, se evidencian vacíos legales, retrasos en el desarrollo de acciones políticas concretas que impacten de forma integral un modelo de desarrollo rural sostenible y sustentable.
Lo que se pudo identificar en la investigación es que no se cuenta con registros, caracterizaciones, ni información detallada sobre el impacto, beneficios, avances en la ejecución y permanencia de las acciones, planes y proyectos anteriormente nombrados; tal es el caso de la poca información sobre la tenencia de la tierra, procesos de restitución, formalización de propiedades rurales y delimitación de la frontera agrícola.
En este sentido, la infraestructura político-institucional del municipio
de Ituango debe centrar mayores esfuerzos para atender las necesidades más
sentidas de la población rural, para Chávez (2018), estas se agrupan en
cuatro ejes: infraestructura y adecuación de tierras; salud, educación,
vivienda y erradicación de la pobreza; estímulos de producción; y un
sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación. También
es importante anotar la necesidad de asegurar la sostenibilidad de los
PDET en el tiempo, para esto el Estado debe desarrollar y fortalecer la
institucionalidad local en términos agropecuarios y rurales (Junguito
& Delgado, 2017).
Respecto a las experiencias de articulación con entidades gubernamentales
y no gubernamentales, los hallazgos indican que el gobierno local ha
establecido lazos de cooperación y trabajo colectivo con la ciudadanía a
través de las acciones enmarcadas en el Plan de Desarrollo Local “Todos
contamos para el cambio 2016-2019”. Un ejemplo de ello, es la
participación de familias víctimas del conflicto armado a través de
procesos de reparación y resiliencia mediante acciones transformadoras de
sus formas de producción y organización. La relación que se logró
construir con estas articulaciones permitió establecer lazos de
cooperación, confianza y diálogo no solo entre actores gubernamentales y
ciudadanía, sino también, con actores internacionales, quienes ofrecen los
recursos y la asistencia técnica para materializar las propuestas. Sin
embargo, se debe nombrar que las articulaciones identificadas se
construyeron con un número reducido de entidades: ADR, ART, ANT, UARIV y
Gobernación de Antioquia, lo que limita el accionar y acompañamiento
institucional que se espera del gobierno local; al respecto, considerando
los planteamientos de Lederach (2008), el trabajo en red aporta
ampliamente a la configuración de infraestructuras para la paz; visto de
esta manera, es un aspecto por fortalecer desde el gobierno local.
Respecto a la infraestructura político-institucional del municipio de Ituango relacionada con el punto dos de los Acuerdos de Paz sobre Apertura Democrática para la Participación, se han establecido articulaciones con el Gobierno Nacional a través de la ART para fortalecer la participación comunitaria en la formulación y ejecución de obras propuestas por el PDET, entre sus logros se destaca la construcción de la caseta comunal y restaurante escolar en la Vereda Santa Lucía y la Vereda el Chuscal, la construcción de caseta comunal en la Vereda La Cristalina, y el mejoramiento de la infraestructura de la caseta comunitaria y de la escuela en la Vereda Las Agüitas Palmichal.
Una acción importante ha sido el trabajo realizado hasta el momento para el acompañamiento, visibilización y oferta educativa para la población joven del Municipio. Por medio de la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, se ha buscado fortalecer el sistema institucional mediante acciones políticas y de mejoramiento del servicio para promover el interés en la participación y brindar mayores oportunidades para el desarrollo del sector juvenil.
Adicional a esto, la Personería Municipal estableció el proyecto “Red de Jóvenes” que busca acercar a los jóvenes al proceso de paz y formar en ciudadanía, este proyecto fortalece las relaciones de participación de los jóvenes en el trabajo social y el desarrollo de valores y actitudes cívicas en el Municipio. Además, la Personería Municipal desarrolló un diplomado y unas olimpiadas para la paz en asocio con la ONU (Organización de Naciones Unidas), la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), donde participaron jóvenes de las escuelas rurales y urbanas de la localidad.
La participación de la población joven en espacios de entretenimiento, recreación y diversión, son aspectos que fortalecen la reivindicación de otros escenarios que ayudarán también al proceso y a la consolidación de la paz; de igual manera, la participación de los jóvenes y la apropiación de escenarios que se articulen con el acceso a oportunidades laborales y académicas tienen como fin mejorar la calidad de vida de estos en todo el Municipio (Plan de Desarrollo Municipal “Todos contamos para el cambio”, 2016).
Respecto al trabajo con las mujeres, la Secretaría de Gobierno ha generado espacios que buscan brindar oportunidades de crecimiento personal y fortalecerlas como ciudadanas para la participación política y social. Lo anterior, tiene el propósito de fomentar la participación de las mujeres rurales y urbanas en procesos políticos y sociales de Ituango como la participación e incidencia en el Consejo Municipal de la Mujer, en los CTP (Consejos Territoriales de Planeación), también en el fortalecimiento de proyectos con énfasis en equidad de género, reconciliación, convivencia y en las diversas organizaciones de mujeres (Plan de Desarrollo Municipal “Todos contamos para el cambio”, 2016). Adicional a esto, a través de ONU Mujeres, se desarrolla el proyecto “Mujeres protagonistas de la democracia y el desarrollo”, su propósito es fortalecer la plena ciudadanía de las mujeres como protagonistas de desarrollo y democracia en los territorios más afectados por el conflicto armado.
Un aspecto favorable en relación con los avances de la ampliación democrática y la participación local, ha sido el trabajo liderado por la ARN (Agencia para la Reincorporación y Normalización) a través de cuatro iniciativas, la primera son las “Comunidades restaurativas” que busca hacer procesos de restauración comunitaria por medio de la reparación simbólica. En el caso de Ituango, la reincorporación temprana se está desarrollando en los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) y en los NPR (Nuevos Puntos de Reincorporación) con el fin de implementar acciones institucionales que garanticen la reincorporación de los excombatientes y la reparación simbólica.
La segunda iniciativa, es “Mambrú”, que busca prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por medio de la articulación con diversos actores para crear entornos protectores en el Municipio y especialmente en la Vereda El Cedral, con el fin de alejarlos de la guerra,del microtráfico, de la prostitución infantil, etc. La tercera iniciativa, tiene que ver con la adecuación de terrenos para cultivos extensivos en los ETCR (por ejemplo, en la vereda Santa Rita del municipio de Ituango se adelantan proyectos productivos).
La cuarta iniciativa es la creación de los CTR (Consejos Territoriales de Reincorporación), que son la instancia creada por los Acuerdos de Paz a través del Decreto 2027 del 7 de diciembre del 2016, cuyo objetivo es definir las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC-EP. Los CTR acercan y vinculan la oferta institucional de alcaldías y gobernaciones a las acciones de reincorporación de excombatientes de las FARC-EP. Uno de estos, se encuentra ubicado en la Vereda Santa Lucía de Ituango, donde se concentra la oferta democrática, pública y de derechos para el beneficio de la población reincorporada del Municipio.
Otro aspecto destacable, es la creación de la emisora comunitaria del municipio de Ituango enfocada en fomentar la pedagogía para la paz a través de la RTVC (Radio Televisión de Colombia) y la ANTV (Autoridad Nacional de Televisión) en articulación y trabajo conjunto con la Consejería para la Estabilización, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de las Tecnologías, Información y las Comunicaciones y el Sistema de Medios Públicos.
En cuanto al tema de garantías para la movilización, fortalecimiento de movimientos sociales y participación ciudadana, se han tenido avances en dos aspectos: la creación de una escuela de educación para la paz en Ituango liderado por el Instituto de Estudios Políticos y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, esta iniciativa ha permitido cimentar conocimientos e influir en la etapa de transición política en el Municipio; el segundo aspecto, hace referencia a la iniciativa de construcción de paz a través de la Asamblea Cívica de Ituango, un espacio de diálogo que incluye diversidad de actores que tiene como objetivo la construcción participativa de proyectos de vida de paz y democracia planteadas desde las perspectivas de los asambleístas de la paz en el Municipio. Ambos procesos, han considerado iniciativas de apertura y articulación con la institucionalidad pública local, de manera que la información obtenida por medio de estos ejercicios, pueda redundar en oportunidades para la generación de trabajos colaborativos.
Tomando como referente el contexto anterior, se identifica que el andamiaje político-institucional construido en el municipio de Ituango para encaminar acciones que favorezcan la apertura democrática y fomentar liderazgos de la ciudadanía local, presenta avances en algunos aspectos prioritarios para la transición política, sin embargo, también se evidencian vacíos y debilidades en la arquitectura que se ha venido consolidando tras la firma de los Acuerdos de Paz en la localidad.
En este sentido, el establecimiento de rutas de trabajo con grupos poblacionales claves en la consolidación de la paz, como las mujeres y los jóvenes del Municipio, son un buen indicio de potenciación y visibilización de grupos sociales que históricamente han sido rezagados de la esfera pública y que ahora son una pieza clave para la transformación social, para el restablecimiento de las relaciones sociales y el fortalecimiento de las administraciones locales para el logro de prácticas democráticas y la consolidación de una cultura de la paz (Galaviz, 2018).
La ampliación de la participación democrática en el Municipio, se evidencia con la vinculación de la comunidad en la formulación de los PDET, aunque en sus fases posteriores solo ha sido palpable el involucramiento de las comunidades en algunas acciones como por ejemplo la adecuación de infraestructura para espacios de encuentro comunitario en la Vereda Santa Lucía, Vereda el Chuscal, Vereda la Cristalina y la Vereda Agüitas Palmichal. El relacionamiento que ha tenido el gobierno local con los procesos de reincorporación y regulación del ETC y ETCR, la creación de los CTR y los avances que en términos de difusión y comunicación lograron concretar con la emisora comunitaria, demuestra la edificación de una red de acciones y relacionamientos con entidades gubernamentales y no gubernamentales que sostienen las bases que se han establecido para configurar un escenario que vislumbra la ampliación y apertura de la democracia.
Si bien lo anterior son logros para nada desdeñables, a la escasa información, registros y caracterizaciones sobre el impacto, beneficios y avances concretos en la ejecución de acciones y proyectos nombrados respecto a la apertura democrática, se suma que asuntos vectores del punto dos de los Acuerdos de Paz no fueron posibles rastrearse en la investigación, lo que puede indicar falencias en la consolidación y registros de estos procesos o que no se han definido acciones ni articulaciones político-institucionales claras respecto a los siguientes asuntos: estatuto de garantías que orientan el ejercicio de la oposición política, medidas para contrarrestar las amenazas y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, acciones para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización; lo que ha generado pocas garantías para el ejercicio político y ciudadano.
Ante este escenario político y social, es imperante reflexionar en torno a las formas, manifestaciones, acciones y articulaciones institucionales que se han configurado en los gobiernos locales para materializar los Acuerdos de Paz de la Habana. Las capacidades políticas instaladas en el municipio de Ituango para tramitar la Reforma Rural Integral y la Apertura Democrática para la Participación, requieren de la instauración de modos de articulación y accionar más sustanciales que cobijen las intenciones de integralidad que se aspiran en la transición política. Desde este horizonte, la infraestructura político-institucional que soporta la construcción de paz territorial en el municipio de Ituango, presenta algunos avances, dificultades y vacíos, lo que incide en las capacidades que el gobierno local ha instalado para liderar y configurar una base sólida que dé soporte a los problemas sociales, económicos y políticos asociados con el conflicto armado.
Respecto a la implementación de la Reforma Rural Integral, es importante considerar que, teniendo en cuenta los lineamientos políticos, sociales e institucionales que se plantean en los Acuerdos de Paz, los avances no son suficientes para proyectar a mediano plazo cambios trascendentales en la ruralidad de Ituango; aspectos como el incumplimiento del marco normativo, la suspensión de algunos planes en ejecución y la desproporción territorial en la ejecución de planes y acciones,4 no han favorecido el progreso esperado.
De igual manera, pese a que los Acuerdos establecen un sin número de dependencias en el marco de la arquitectura institucional acompañadas de acciones con enfoque territorial, su presencia aún es muy precaria en el Municipio; es el caso de la ADR, la ANT y el Fondo de Tierras, lo que ha dificultado el progreso oportuno en términos de gestionar, promover el desarrollo agropecuario y rural para la transformación del campo y asegurar el ordenamiento social de la propiedad rural.
En cuanto a la Apertura Democrática para la Participación, los procesos identificados en la investigación permiten constatar un nivel bajo en términos de avances, pues no se han podido concretar acciones de gran envergadura para el cumplimiento de los objetivos trazados en este punto de los Acuerdos como lo son: el Estatuto de Garantías para orientar el ejercicio de la oposición política, las garantías para la movilización y la protesta, la participación y el control por parte de los ciudadanos, la promoción de veedurías ciudadanas y sistemas de rendición de cuentas para asegurar la transparencia de la gestión pública, el fortalecimiento de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, las garantías de seguridad para los líderes sociales y la promoción de la participación electoral y la transparencia. De igual manera, han sido insuficientes las acciones tomadas en términos de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización; adicionalmente, la ampliación de la participación democrática debe pensarse más allá del acompañamiento y visibilización que se está dando a las mujeres y jóvenes en el Municipio, si bien es un logro importante, se hace necesario ampliar los márgenes de participación involucrando a otros grupos sociales y étnicos que hacen presencia en Ituango.
Por esto, el gobierno local requiere instaurar a corto plazo capacidades administrativas, técnicas, financieras, organizativas, participativas y de información, que permitan avizorar la transformación del campo, el bienestar de los campesinos y la consolidación de iniciativas democráticas para la construcción y activación de nuevos liderazgos, movimientos y formas organizativas plurales; y de igual manera, asegurar el cumplimiento de las orientaciones y garantías para la participación de la oposición en la arena política.
El fortalecimiento institucional que se espera consolidar, deberá tener como objetivo la articulación de actores para crear estrategias que evidencien la capacidad productiva de los territorios, asimismo la formulación de proyectos con enfoques diferenciados, y que, en el caso de la ruralidad, por los problemas que se han agudizado en la fase de implementación, es imprescindible el fortalecimiento de las capacidades institucionales para brindar al campo otras líneas de acción que visibilicen la participación de la comunidad, y donde las instituciones gubernamentales encargadas de propiciar los recursos e instrumentos, asuman con compromiso la integración diferencial de los asuntos rurales que son de vital importancia.
En este sentido, se hace oportuno establecer un marco de referencia institucional para encaminar capacidades y técnicas de planificación, formulación, implementación y verificación de planes, programas y proyectos en el territorio; para esto, la institucionalidad local debe disponer de arreglos y mecanismos necesarios para concretar la efectiva ejecución de las iniciativas que se emprendan.
Finalmente, se vislumbran un sin número de oportunidades
político-institucionales que, teniendo en cuenta las características y
potencialidades territoriales del municipio de Ituango, permitirían que el
gobierno local, asumiendo con compromiso y fortaleciendo las debilidades
que administrativa e intrínsecamente tiene, se proyecte como un pujante
actor estatal, edificando estructuras de funcionamiento articuladas,
constantes y pertinentes para responder con vitalidad a los desafíos que
naturalmente demanda la coyuntura política, social y económica que
actualmente vive el país.
Libros
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1 La guerrilla de las FARC ha establecido sus áreas de influencia en zonas rurales en las que proliferan fenómenos como la inestabilidad laboral, la desintegración familiar, la falta de oportunidades para los niños y jóvenes, y la baja escolaridad. Algunos habitantes del campo, durante décadas, han engrosado las bases del grupo guerrillero sin incrementar sus capacidades, porque han primado las acciones de tipo militar sobre la capacitación y el desarrollo humano, lo que a su vez contribuye al empobrecimiento (Ferro y Uribe en Ruiz, 2017, p. 7)
2 Con esta iniciativa, se busca impulsar procesos de transformación integral, “no solo se trata de movilizar recursos y aumentar las inversiones, sino de poner en marcha nuevos enfoques de trabajo con las comunidades, rescatando sus saberes, su experiencia y capacidades, e incorporando a los excombatientes a una vida civil activa. Así lo recoge el Nuevo Acuerdo Final, evidenciando que la paz territorial no puede ser un lema de gobierno sino un nuevo modelo de cocreación de las apuestas de desarrollo y de búsqueda de soluciones con las comunidades” (Madridejos & Salinas, 2018).
3 Es importante aclarar que no se obtuvo durante la investigación información específica en términos estadísticos sobre el impacto, beneficiarios reales de la mayoría de proyectos, programas y planes que se describen en este apartado.
4 Lo que pone en evidencia que la mayoría de acciones se orientan a la Vereda Santa Lucía, es decir, hacia el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR, dejando en una situación de vulnerabilidad y quizá de abandono extendido a los demás territorios del municipio.