Las voces que permanecen en silencio: Garantías de las víctimas en el acuerdo final de paz en Colombia

Indira Mora Bohórquez*

*Abogada de la Universidad Libre de Colombia. Artículo de revisión documental presentado para optar al título de Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Correo electrónico: indira.morab@udea.edu.co
 

Resumen

El lector del presente artículo verá en el recorrido del documento, el interés que compete a todos y que se gesta en la pesadumbre de intentar comprender y darle un significado a la violencia profunda que por decenios ha abrazado a Colombia. Para esto, se abarcarán aspectos relevantes como el conflicto armado colombiano, el Acuerdo Final de Paz firmado con las FARC-EP, y las víctimas de esa guerra armada como aquellas personas merecedoras de transformación y reparación. Los anteriores tópicos se desarrollan desde el objetivo esencial de describir la manera en que se ha venido implementando la integralidad de las garantías de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de las víctimas del conflicto armado, a partir de la firma del Acuerdo Final de Paz.

Palabras clave: Conflicto armado; gobierno; integralidad; posacuerdo; víctimas. 

Introducción

Ahí está el pueblo, en ese subsuelo anónimo, invisible a los ojos, fuera de todo horizonte político. (…) le han dejado ahí, al margen de la historia, aislado de una patria que no está presente en sus necesidades, en sus problemas, en su drama biológico y espiritual (García, 1953, p. 27).

En un país saqueado por la violencia, vestido de sangre y armas; en un país del que emergen las distintas representaciones de lo que es ser víctima: el niño que nace calzando una lucha impuesta, la niña que corre en busca de una alegría que no conoce, y unos padres que lamentan el rótulo de combatientes en una guerra que no decidieron; en un país que ha fungido como cuadrilátero por excelencia de aquellos a los que el color de su ideología y el rostro de sus necesidades ha ubicado en el banco de los que triunfan o de los que mueren, resulta esperanzador la firma de un acuerdo adornado, en su mezcla de papel y tinta, de la palabra paz.

El conflicto armado en Colombia ha sido gestante de personas que cargan a sus espaldas la condición de víctimas, convirtiéndose así en efigies que encarnan el significado de un padecimiento. Sobre este entendido, y para dar inicio a una metamorfosis que desplazara a la violencia, el escenario en Colombia se dispuso para cobijar un Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo - FARC-EP, el 24 de noviembre de 2016. Este pretendía consolidarse como el estandarte de entrada a una nueva nación que avanzara, de forma progresiva, en materia de respeto de los derechos fundamentales y humanos, tal y como se rescata de la lectura hecha a su preámbulo y al enfoque de derechos abarcado en el punto 5 del Acuerdo sobre las Víctimas de Conflicto.

Es así como la lucha armada de más de medio siglo de ejecución, se ve interrumpida por un diálogo entre algunas de las partes del conflicto, las cuales se dispusieron a implantarle un nuevo propósito a esa sociedad viandante entre la violencia:

La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y Rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia (Gobierno de Colombia y FARC - EP, 2016, p. 6).

Sobre este entendido, a las víctimas se les brinda una categoría especial de protección consignada en el texto del Acuerdo Final de Paz, que implica ir desdibujando esa condición de lesión y de persona a la que se le ha denegado y dañado de manera tan profunda desde el conflicto armado interno. En consecuencia, el Estado tiene el desafío de responder a las víctimas afectadas por el conflicto mediante el establecimiento de una presencia integral y efectiva que llegue hasta ellas y hasta esas zonas que históricamente han estado desatendidas, “si bien se trata de un desafío a largo plazo que los sucesivos Gobiernos no han logrado solucionar, no se puede seguir posponiendo; debe atenderse ahora con urgencia” (CSNU, 2019, p. 17).

Se colige entonces que la gran aporía presentada a las víctimas tras la firma del Acuerdo Final de Paz, es que van a adentrarse en un territorio que si bien no viste el feroz y acostumbrado verde selva, sí se abriga de muchas otras acepciones de violencia, y en donde sus primeros pasos, los cuales vienen cojos de la guerra, van a tropezar con los rezagos y las piedras incubadas en una sociedad que también se desarrolla en conflicto. Las acciones armadas presentan un ostensible incremento en regiones más vulnerables en donde la presencia integral estatal es austera, demostrando que las promesas de paz no se han afianzado ni materializado (CICR, 2020).

En atención a lo expuesto, la presente revisión documental justifica su desarrollo en la importancia de analizar la implementación de las garantías del Acuerdo Final de Paz dentro de un panorama colombiano que está olvidando el compromiso de consolidarse como territorio de Paz. Para esto, se determinó como punto de partida los hallazgos de un seguimiento bibliográfico, referentes al tópico del conflicto armado en Colombia y al de las disposiciones de garantía contenidas en el Acuerdo Final de Paz atinente a las víctimas.

Como primera medida y a raíz de la búsqueda en bases de datos académicas e institucionales, se evidenció la amplia información existente y las múltiples apreciaciones, investigaciones, seguimientos, resultados y análisis sobre los temas. En el recorrido de la búsqueda de información, se observó que los rasgos temáticos predominantes, fueron: 1. La multicausalidad de la conformación del conflicto armado y su impacto en la población civil. Así mismo, se hace ostensible el enfoque diferencial como estrategia de combate en el marco de la lucha armada; 2. Los postulados de garantías y los retos encontrados en el Acuerdo Final de Paz para mitigar las consecuencias que ha dejado la violencia armada; y 3. La realidad de las víctimas: el incumplimiento de la integralidad del Acuerdo Final de Paz.

De forma posterior y una vez revisado el compendio documental, se sentaron los objetivos direccionadores que acompañarán el desarrollo del trabajo. Como objetivo general se tiene describir de qué manera se ha venido implementando la integralidad de las garantías de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, de las víctimas del conflicto armado, señaladas en el Acuerdo Final de Paz.

Los objetivos específicos son: primero, explorar la multicausalidad del conflicto armado en Colombia; segundo, examinar en el marco del Acuerdo Final de Paz la integralidad de las garantías de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para las víctimas del conflicto armado en Colombia; y tercero, analizar el cumplimiento de la integralidad de las garantías de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición de las víctimas del conflicto armado en Colombia en el posacuerdo. Estos objetivos tendrán su respectivo desarrollo en tres capítulos que representarán la composición del artículo.

Para adherir a este apartado unas pinceladas prematuras relacionadas a los hallazgos, es adecuado aducir que si bien dejar atrás los ciclos de violencia y emigrar hacia ciclos de paz transformadora, implica un paso a paso, unos matices, unos grados y un progreso que debe ser tomado con paciencia, no es adecuado confundir esto con los retrasos del Acuerdo de Paz a raíz de los ataques externos y directos que el mismo ha sufrido: por un lado se tienen las pausas inherentes a los procesos de cambio, y por otro lado, muy distinto, el letargo obligado en el que se ha ubicado al Acuerdo de Paz buscando su entorpecimiento.

1. Tautología de un padecimiento: entre las raíces del conflicto armado en Colombia

Siempre las guerras se han pagado en Colombia con tierras. Nuestra historia es la historia de un desplazamiento incesante, sólo a ratos interrumpido (Molano, 2016, p.14).

Durante la década de los cuarenta, en Colombia se evidenciaron manifestaciones de violencia que convirtieron los paisajes urbanos y los tópicos aislados y remotos en patíbulos atiborrados de episodios de tortura, muerte, inmisericordia y dolor. La violencia en el país obligó a relatar la historia a través de una sola mirada de horror, haciendo que esas zonas, que suponían verdes y amables parajes, se inundaran de correlatos de sangre por contar.

Jaramillo (2014), expone que desde la segunda mitad del siglo XX, en Colombia se produjeron tres grandes hitos que marcaron las pautas de inicio de la violencia profunda, y que atendiendo a las implicaciones políticas que estos conllevaron, se puede afirmar su gran impacto y secuelas en la sociedad. El primero de ellos, identificado por el autor como “La Violencia”, supuso un enfrentamiento entre liberales y conservadores de 1946 a 1965, que dejó como conclusión la cifra de más de 190.000 víctimas (en su mayoría campesinos); el segundo hito, se manifiesta en los ochenta con nuevos móviles no solo políticos, sino también de crimen organizado, que serían los responsables de índices altos de homicidios que alcanzaron las zonas urbanas, la sociedad y la institucionalidad. El tercer hito, corresponde al conflicto armado interno, el cual envuelve una disputa histórica llevada entre actores institucionales e ilegales con múltiples intereses, dinámicas, organización y modalidades de acción criminal. De igual forma, involucró una “lucha insurreccional guerrillera, de las reacciones legales e ilegales del Estado frente a esa insurrección y de los grupos paramilitares” (p. 23).

En términos de Yaffe (2011), la década de los sesenta en Colombia representa un periodo de conflicto armado consolidado por múltiples factores económicos, de inclusión política, institucionalidad, injusticia, carencias, resentimientos, aspectos geográficos (naturaleza del territorio y lejanía con los centros de producción), y en el que intervienen pluralidad de actores como la guerrilla, los paramilitares, el gobierno, los narcotraficantes, las fuerzas armadas y la sociedad civil. Adicional, existe otra línea de pensamiento mencionada por el autor, que se enfoca en establecer las causas sociales y culturales como determinadoras de una cultura de violencia arraigada en el tejido social colombiano que permite pensar que el mecanismo imperante de solución de conflictos políticos se inclina en favor de la violencia, identificando las raíces del conflicto violento en las relaciones familiares y vecinales, en la perdida de cohesión y valores.

El conflicto armado en Colombia, como tentáculo de la violencia profunda, nace de multiplicidad de problemáticas como lo son el inconformismo social, la pobreza, la tosquedad de la desigualdad social, entre otros factores, que no permiten ubicarlo en un solo punto de gestación. Aduce Alfredo Molano (2015, 1:47) que “no se puede hablar de orígenes, de un solo momento, sino de varios momentos de estímulo o de contextualización del comienzo de la lucha armada”.

El informe final de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas -CHCV- (2015, p. 5), integrado por ensayos de académicos y expertos en el objeto de estudio, señala que:

Muchos coinciden en resaltar ciertas “fallas geológicas” en la construcción de la nación colombiana que, en determinadas coyunturas y bajo diversas estrategias de distintos actores armados y políticos, han servido de sustrato para el desencadenamiento de hechos de violencia. Por ejemplo: la cuestión agraria, la debilidad institucional, la honda desigual de los ingresos, la tendencia al uso simultáneo de las armas y las urnas o la presencia precaria o, en algunas ocasiones, traumática del Estado en muchas regiones del territorio nacional.

Uno de los síntomas del conflicto armado, es la muerte. El informe “Basta Ya. Memorias de guerra y dignidad” (CNMH, 2013) indica que “durante cinco décadas, en promedio, todos los días murieron 11 personas por esta causa” (p. 23). Según el Balance del Conflicto Armado (CNMH, 2018) que reposa en lo documentado por el Observatorio del Centro de Memoria Histórica, se menciona que entre 1958 y el 2018, murieron 261.619 personas como consecuencia del conflicto armado. Esta cifra desglosada atiende a 214.584 pertenecientes a la población civil, 46.675 combatientes y 360 víctimas fatales en la categoría de “sin información”.

Lo lamentable de este ejercicio cuantitativo es entender que la categoría de víctimas directas del conflicto se ha extendido a la población civil. Muchos han sido uniformados en la contienda sin entender por qué les corresponde soportar los daños de un fusil. Sólo en el contexto de las ejecuciones extrajudiciales se entiende que estas prácticas sistemáticas han dejado 4.475 jóvenes reportados como ejecuciones extrajudiciales (Fiscalía General de la Nación, enero 2015), 5.763 identificados (COEUROPA, 2000- 2010), y 10.000 jóvenes asesinados bajo esta práctica criminal según datos de entidades privadas y de víctimas. Lo crudo de la situación es que todo ese perjuicio ha hecho parte de las estrategias organizadas de los actores armados estatales y no estatales, en su afán de dominar la guerra (Rojas y Benavides, 2017).

En igual sentido, La Prieto, Rocha y Marín (2014), mediante un informe sobre la evolución reciente del conflicto armado en Colombia, sostuvieron que el proceder y accionar que utilizan los grupos armados ilegales y el despliegue del conflicto armado en el país ha adquirido un gran impacto humanitario que recae sobre la población civil, lo que se ha demostrado en altos índices de homicidios, desplazamiento forzado, masacres, secuestros, víctimas por accidentes con minas antipersonal, extorsiones, y demás etcéteras atroces que se incluyen en la guerra.

Esta ha sido una guerra profunda, enraizada en cuerpos y almas colombianas, una guerra que se ha abrigado con el padecimiento de todo un pueblo opacado de luto en donde, según Sánchez (2013, p. 11), la “inmensa mayoría de víctimas forman parte de la población civil no combatiente. Es por tanto una guerra degradada, que ha roto todas las reglas humanitarias, más allá de los objetivos sociales o políticos que los múltiples bandos puedan esgrimir”. Los escenarios de violencia son transversales a la cotidianidad colombiana, día a día, y por décadas, estos han abierto heridas imposibles de cerrar por completo. Las armas han sido la voz protagonista que acalla mentes, ideas, sueños, vidas, esperanzas. Colombia ha padecido ingentes repertorios de guerras y, en cada una de ellas, ha muerto un poco de humanidad.

La metástasis de la venganza de aquellos que portan las armas ha permeado un sinfín de lugares, convirtiéndolos en zonas de combate. Su irrupción en estos territorios ha dejado huellas que destruyen y que evidencian la heterogeneidad de la crudeza. La violencia que se desarrolla en medio de las armas implica una atención especial por parte de diversas entidades, “la complejidad de esta situación y su prolongación en el tiempo, han requerido la intervención no solo del Gobierno colombiano sino del conjunto de las instituciones del Estado y además de la Comunidad Internacional” (Chica, 2007, p. 1).

Es así como las secuelas propias de una violencia que se ha prolongado durante más de 50 años, ha dejado víctimas y sobrevivientes; los daños que brindan las pugnas profundas son difíciles de medir y dejar atrás; la sociedad está compuesta por personas inmersas en un constante estado de superación de la violencia, del padecimiento y del horror. Las manchas psicológicas y emocionales del conflicto armado se alojan en la vida de la víctima y causan su deterioro,

Lo más letal y lesionador para la vida psíquica de las víctimas de la violencia política es tener que “aprender” a vivir en medio de las pérdidas, tener que actuar como si nada estuviese pasando, pues la estrategia psicológica del conflicto armado es la de conducir al sujeto a experiencias innombrables, de lo inenarrables, a fin de que la persona quede sumida en una vivencia de destrucción de su cuerpo, de su yo, de su mundo, dejando como única alternativa la muerte, la locura o la sumisión (Aguilera, 2003, p. 12).

Las cadenas que otorga la lucha armada no conocen de discriminación: se albergan en manos pueriles, adultas, en vidas jóvenes o canas, en todas las personas que en su camino se han encontrado de frente con la violencia y no han tenido opción de esquivarla. Esta los ha saludado y se ha implantado en ellos como huésped creador de memorias de sufrimiento. La monomanía en que se sume la víctima será la de preguntarse, y cuestionarle a la sociedad, por qué tuvo que soportar y crecer entre esos episodios de tragedia.

La síntesis realizada hasta el momento muestra al lector que el conflicto armado en Colombia ha sido una vivencia dolorosa y de larga duración en el que sus raíces remotas reposan en una pluralidad de causas y consecuencias ominosas. Es por eso que, apelando a los lazos de violencia que por décadas han aprisionado al territorio colombiano, se decide tomar el bolígrafo y firmar en el 2016 el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP, con el que se proyectaba el inicio del tránsito del conocido estado de guerra a un estado conocedor de la paz, en donde las víctimas (obligadas protagonistas) de tan fatídicos episodios de lucha, pudieran restablecer sus derechos a través de la integralidad de la verdad, la justicia, la reparación, y se les garantizara que los sucesos de violencia por ellas vivido, no se repetirían una vez más.

Para esto, el Punto 5 “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto” incluye como columna vertebral del Acuerdo Final de Paz el imperativo de resarcir a las víctimas desde el reconocimiento de su condición dentro del conflicto armado y desde la afirmación como ciudadanos con derechos, a través de componentes como la satisfacción de sus derechos, participación por diferentes medios y en diferentes momentos, esclarecimiento de la verdad, la reparación, protección y seguridad, la no repetición, y la reconciliación. Lo anterior, desde un enfoque de derechos que responda desde la universalidad, igualdad y progresividad (Gobierno de Colombia y FARC – EP, 2016).

Se habla con esto de un sistema que busca ser integral y en el que las medidas empleadas alcancen un máximo de justicia y de una rendición de cuentas sobre aquellos hechos que vulneraron sistemáticamente derechos humanos e infringieron los mínimos del Derecho Internacional Humanitario en el desarrollo del conflicto. Mencionar la integralidad en el acuerdo contribuye a la construcción de una memoria histórica, y a la recuperación de la confianza, la convivencia, y la unión de aquellos tejidos deshilados por la guerra.

Por último, no hay que olvidar que las víctimas del conflicto armado han transcurrido en el discurso de la sociedad, como aquellas personas que ostentan llagas que no se curan. Desde las miradas que se encuentran fuera del campo de la lucha armada, se les ha visto como una población padeciente1  que se encuentra en los recodos, en hospedajes remotos. Obando, Salcedo y Correa (2017) en un estudio sobre la atención psicosocial a personas víctimas del conflicto armado, mencionan que ser víctima constituye buscar y clamar justicia como un primer acto para hallar una manera de sanar un padecimiento psíquico que ha sido producido por un traumatismo social. El prudente final que puede darse a este capítulo es el de entender que los efectos de la guerra son universales: no existe una sociedad que pueda emanciparse de una violencia que pertenece a todos.

2. Principio de integralidad en el acuerdo final de paz (2016): garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto armado en Colombia

La imaginación moral requiere la capacidad de imaginarnos en una red de relaciones que incluya a nuestros enemigos; (…) y la aceptación del riesgo inherente a avanzar hacia el misterio de lo desconocido que está más allá del demasiado conocido paisaje de la violencia (Lederach, 2007. p. 34).

Afirma Galtung (2004), que la guerra es un desastre producido por el hombre y que cuantas más guerras se hayan padecido, más normales se consideran los resultados. Colombia puede observarse desde el lente que mide a la violencia, como un país que se ha hermanado, progresivamente, con episodios de conflicto armado que se anquilosaron en la historia y lograron enmudecer rostros y miradas, victimizándolas en un campo de batalla impuesto. Partiendo de esas hojas de violencia escritas y leídas por tanto tiempo, la firma del Acuerdo de Paz en el 2016 con las FARC - EP, logró sustituir el lenguaje de aquellos que por años conversaron entre la desesperanza, sembrándoles la imaginación de una sociedad en paz.

Para efectos de construcción del presente acápite es valioso identificar el significado que desde la Ley se les otorga a las víctimas. En términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, se consideran víctimas,

(…) aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

En consonancia, la Ley 975 de 2005 en su artículo 5 (modificada por la ley 1592 de 2012), arguye que víctima es,

La persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales, Los daños deberán ser consecuencia de acciones que han transgredido la legislación penal, realizada por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.

Es preciso entender a la víctima como aquella a la que se ha vapuleado en todas sus dimensiones y que persigue, a través del acuerdo como nuevo contrato social, la edificación de significados que la ayuden a reconstruirse. El artículo primero, concerniente al objeto de la Ley de Víctimas (Ley 1448, 2011) va encaminado a,

Establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.

Lo mencionado frente a la categoría de víctima está sugiriendo, como primera instancia, una afirmación por parte del Estado y un cumplimiento de requisitos temporales y legales que son los que finalmente deciden si el sufrimiento –que parte de un conflicto armado– de determinada persona o grupo de personas, encaja dentro de esta categoría.

Dentro del conjunto de postulados descritos en el Acuerdo Final de Paz, se destacan los referidos en el preámbulo sobre la importancia de trasladar al plano de lo visible y real, el ingrediente Paz, entendido como un derecho humano superior y como la antesala al ejercicio efectivo de los otros derechos y deberes propios del ser humano (Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2016). Para esto, el Acuerdo Final de Paz está circunscrito por principios direccionadores, como es el de la presencia del Estado, pues entienden que para la construcción de una paz estable y duradera, la estatalidad debe inmiscuirse de manera amplia y eficaz en zonas rurales, y así cumplir con los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas en democracia.

El Acuerdo Final de Paz dibuja una puerta de entrada a lo que supone la terminación del capítulo de sangre leído durante decenios en Colombia e introduce una integralidad de protección a los derechos de las víctimas de los horrores que protagonizan la violencia. Para esto, el punto 5 “Acuerdo Víctimas” menciona,

Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorio (Gobierno de Colombia y FARC - EP, 2016, p. 8).

La posibilidad concebida a las víctimas de superar la violencia, de obtener la verdad, de conocer la justicia, de acceder a una reparación, y de superar los episodios de guerra sin lugar a una repetición, son elementos que forman el Sistema Integral que reposa en el Punto 5 del Acuerdo Paz; Sistema que está compuesto por mecanismos judiciales (Jurisdicción Especial para la Paz), mecanismos extrajudiciales (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Conveniencia y la No Repetición; Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado), por medidas de reparación integral para la construcción de paz y por garantías de no repetición, que vistos en conjunto consolidan el universo de garantías que debe otorgarse a las víctimas para lograr la satisfacción de sus derechos (CEV, JEP Y UBPD, s.f.).

El principio de integralidad, inmanente al Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, es transversal y está concatenado con el principio de reconocimiento de las víctimas, el cual busca un resarcimiento a las mismas; con el principio de reconocimiento de responsabilidad que pretende la no impunidad como requisito para la construcción de la verdad; con el principio de satisfacción de derechos de las víctimas; con el principio de participación que persigue el ubicar a las víctimas alrededor de las mesas de discusión sobre las vulneraciones de sus derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario a las que fueron sometidas con ocasión del conflicto; con el principio de esclarecimiento de la verdad como aspecto neurálgico para reconstruir la confianza de las víctimas; con el principio de reparación que le permita a las víctimas transformar sus condiciones de vida; con el principio de garantía de protección y seguridad que otorgue a las víctimas integridad y protección personal: con el de garantía de no repetición; con el de reconciliación en busca de un caminar en convivencia; y finalmente, va de la mano con el enfoque de derechos (Campaña del Espacio de Cooperación para la Paz, 2019).

Con la consolidación y puesta en escena de estos principios en el panorama colombiano, el principio de integralidad, como aquel que direcciona y recoge a todos los demás, busca responder a las expectativas de las víctimas y la sociedad en general aislando el impacto histórico del conflicto armado sobre ellas, sobre sus familiares y sobre quienes participaron directamente en él como combatientes. De esta manera se estarían aportando los cimientos para un proceso de dignificación de la población víctima en Colombia y de forma alterna se estaría rediseñando el concepto tan arraigado de sociedad violenta.

El cambio social impreso en el Punto 5 del Acuerdo de Paz, persigue el replanteamiento de la interacción humana que se ha gestado desde los ciclos de violencia, y la transformación hacia nuevos ciclos que otorguen la paz y la dignidad que se han visto suspendidas en tiempos de conflicto armado. El principio de integralidad supone generar soluciones no violentas por medio de espacios en los que confluyan los diferentes intereses y acciones de aquellos perjudicados y maltratados por la guerra. En armonía, el Punto 5,

Hace especial énfasis en las medidas restaurativas y reparadoras, y pretende alcanzar justicia no sólo con sanciones retributivas, sino también garantizando la seguridad jurídica de quienes se acojan a las medidas de justicia, como elemento esencial de la transición a la paz. En este mismo sentido, el éxito del Sistema Integral dependerá, en gran medida, de que encuentre una amplia aceptación de la sociedad (Agudelo, 2016, párr. 5).

En un mismo clima, la entonces Coordinadora de Justicia Transicional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Juanita Goebertus, mencionó que para abrazar la posibilidad de terminación del conflicto armado es indispensable la satisfacción de los derechos de las víctimas, y esto debe ubicarse como objetivo rector del Acuerdo Final de Paz. Así mismo, adujo que el universo de víctimas que ha dejado el conflicto es amplio y atroz, y es por eso que, desde el inicio de la construcción del documento, se estableció como imperativo el brindar un punto específico para las víctimas el cual irradiaría todo lo demás (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016).

El Punto 5 del Acuerdo Final de Paz debe entenderse desde la integralidad, como un conjunto indivisible de elementos que persiguen la edificación de la paz, la reconciliación y la creación de condiciones de convivencia. Señala Goebertus (2016) que la integralidad establece que el SIVJRNR no consiste en mecanismos aislados sino interrelacionados en términos de secuencia, de distribución de trabajo e importancia en el flujo de información entre ellos. Sumado al principio de integralidad, se encuentra la condicionalidad, la participación de las víctimas, la imparcialidad y el enfoque diferencial y de género, como elementos que orientan la búsqueda de la paz estable y duradera (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016).

En línea con lo expuesto, se hace imperiosa la labor de brindar una atención al sector de la población que debe ser protegida, toda vez que “el Estado, debe asumir la responsabilidad frente a las víctimas no como un favor, sino como una obligación y una forma de reconocer los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación” (De Oliveira y Brito, 2019, p. 477). En la Resolución 40/34 de Naciones Unidas de 1986, se exhorta a que se brinde a las víctimas un trato compasivo y de respeto a su dignidad, fortaleciendo el derecho a la seguridad, al reconocimiento, y al acceso a instancias de la justicia que logre reparar el perjuicio que han sufrido. Extrapolando lo dicho al conflicto armado colombiano, a las víctimas se les debe garantizar que se lleve a juicio a los perpetradores, esclarecer y mostrar la verdad de los crímenes ocurridos, repararlas, reformar las instituciones que no cumplan con los propósitos y promover la reconciliación. Lo anterior, para ingresar al terreno de la construcción de la paz sostenible luego del episodio de conflicto profundo, violencia masiva y vulneración sistemática de los derechos humanos (Hernández y Orozco, 2020).

Sin embargo, y como obertura del tercer capítulo, se afirma que esto no se ha materializado a satisfacción, pues como se evidencia en el Sexto Informe de Verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz (STCIV, 2019), las necesidades para la reparación integral de las víctimas no presentan avances importantes si se compara con los compromisos de lo firmado en el Acuerdo Final de Paz, las garantías y compromisos con los Derechos Humanos son escasos y se “reitera la necesidad de consolidar resultados concretos y fortalecer las acciones políticas destinadas a atender la grave situación de derechos humanos del país (…)” (STCIV, 2019, p. 28).

3. Panorama en el posacuerdo: cumplimiento del principio de integralidad en las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

¿Cómo es que el hombre dedica toda su energía y su talento a la destrucción?

(Uris, 1974, p. 133)

El Acuerdo con las FARC-EP, impone a la sociedad en general, acciones transformadoras que ayuden a superar los patrones de violencia prolongados y corrosivos que por años se han anidado en Colombia. Por medio de ese compromiso de cambio social constructivo perenne, será posible que los escenarios de conflicto armado sean sustituidos por expresiones de armonía y dignidad.

Resulta valioso concatenar a este acápite lo expuesto por Lederach (2007) en cuanto a que los acuerdos de paz generan un espacio social y político en el que lo negociado y acordado crea una plataforma permanente, que abre la puerta a muchas otras negociaciones que se irán complejizando y serán las que coadyuven a conservar los procesos de cambio inyectados por un acuerdo de paz. Siguiendo con lo esbozado por el autor, las personas inmiscuidas en situaciones de violencia deben dar el paso a un escenario idóneo que les permita concebir soluciones de manera no violenta, con todo esto, será posible un cambio social constructivo que resignifique las dinámicas de la interacción humana en el conflicto social y reemplace los ciclos de violencia relacional destructiva por ciclos de dignidad relacional y compromiso respetuoso.

Respecto al panorama colombiano en posacuerdo, la experiencia del SIVJRN demuestra que hay una participación activa y efectiva por parte de las víctimas. Sin embargo, se han presentado ingentes obstáculos como los ajustes presupuestales para la debida puesta en marcha de entidades que componen al Sistema, y objeciones presentadas por el Gobierno actual (2020) a la Ley Estatutaria de la JEP. Aunado a lo anterior, la coordinación entre las entidades que componen el SNARIV ha presentado otro de los incordios relevantes en la búsqueda de garantía de derechos de las víctimas (Kroc Institute, 2020).

El informe elaborado por el Instituto Kroc (2020) menciona el preocupante desconocimiento de la política pública de reparación integral para las víctimas, lo que degenera en un incumplimiento a las promesas de garantías de sus derechos, toda vez que la intención en la creación del SNARIV fue la integración y ayuda paralela que pudiera proporcionar al Acuerdo Final de Paz y en especial a las víctimas del conflicto armado. Otra de las máculas que han ensombrecido el camino de las víctimas en su recuperación de la dignidad y la confianza, ha sido la débil política en reparación colectiva,

A noviembre del 2019, sólo se habían completado los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) de 15 sujetos colectivos, de los 736 registrados. Si bien se evidenciaron algunos avances, como la Resolución 1383 del 2019, referente a la reparación de comunidades étnicas, es fundamental garantizar los recursos, tanto financieros como humanos, para lograr la implementación de los PIRC (Kroc Institute, 2020, p. 75).

Es válido aseverar que si bien el Acuerdo Final de Paz ostenta en su composición la importante labor de respeto por los derechos de las víctimas y garantía de la paz negociada, esto no ha sido así: hay una languidez perceptible en los compromisos por parte del Estado y con esto se ha ido penetrando en una construcción de visión diferente a la inicialmente planteada en el Acuerdo Final de Paz. El propósito que dio cuerpo a lo convenido en el 2016, ha ido transfigurando sus intenciones hasta aterrizar en un palpable descuido. El Cuarto Balance Regional de la Implementación del Acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC-EP (Corporación Región, 2020), indica que la disonancia entre lo convenido y lo efectuado,

Ha llevado a que la implementación se haya convertido en una de las luchas que el movimiento social por la paz colombiano ha tenido que salir a defender a las calles en diferentes momentos. Además, se ha ido consolidando el movimiento Defendamos la Paz, en el que se encuentran, entre otros, importantes personalidades del país como los ex negociadores del proceso, periodistas, académicos, políticos y ciudadanía en general, que se han unido para defender y exigir las garantías necesarias para que el Acuerdo se cumpla de manera integral (p. 6).

El incumplimiento del deber estatal en su función protectora, ha provocado un desajuste en la integralidad de lo acordado y ha arrebatado, paulatinamente, la posibilidad de transformación, propia de las bases del Acuerdo Final de Paz,

El Gobierno del presidente Duque ha demostrado un desinterés por propiciar un ambiente adecuado para la implementación del Acuerdo de paz, manejando un doble discurso. Frente a la sociedad colombiana desconoce el Acuerdo como una política de Estado y la existencia del conflicto armado, y ante la comunidad internacional manifiesta su total respaldo para garantizar lo pactado (Corporación Región, 2020, p.10).

El proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz no ha atravesado el umbral prometido de transformación para las víctimas. A pesar de erigirse una institucionalidad ejecutora de las medidas y acciones de la negociación, estas no han cumplido las expectativas plasmadas. Un ejemplo de ello, es el escenario crítico en el que se encuentra el programa de reparación de víctimas al registrar que de las 8’839.143 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas, sólo se ha avanzado en la reparación de 898.540, lo que representa un porcentaje ínfimo (algo más del 12%) del conglomerado total: si esta sigue siendo la celeridad con la que se les atienda, se necesitarán más de 62 años para cobijar y reparar al universo de víctimas (Congreso de la República de Colombia, 2019).

Como infausto complemento, en el informe 01: “seguimiento multi-partidista a la implementación del Acuerdo de Paz” (Congreso de la República de Colombia, 2019), también se enfatiza en el deterioro al que la política de reparación integral se ha visto expuesta con el gobierno del presidente Duque. Contrario a lo que venía representando el promedio anual (103.798 víctimas indemnizadas), en el primer año de su mandato se indemnizaron 45.091 (56% menos víctimas al año). Para dar continuidad a las lamentables cifras presentadas en el informe en mención, en lo concerniente a restitución de tierras y retorno de desplazados, se registraron 25.383 solicitudes en zonas no habilitadas por condiciones de seguridad, lo que ha obstaculizado la evolución del proceso; esas solicitudes bloqueadas por motivos de seguridad representan el doble del conjunto de solicitudes que han sido resueltas por la Unidad para la Restitución de Tierras desde que empezó el Gobierno Duque (10.318 solicitudes resueltas).

Dentro de los objetivos del SIVJRN se resalta el de convivencia y reconciliación, direccionado a la construcción de la confianza en el otro. Para esto, se deben consolidar las transformaciones positivas generadas por el acuerdo de paz a través de la base de la justicia social, la tolerancia y el respecto; sumado a esto, el Punto 5.2.2 del Acuerdo Final de Paz hace hincapié en el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y protección a los defensores de derechos humanos (Gobierno de Colombia y FARC - EP, 2016). Empero, Colombia se ha sumergido en oleadas de violencia que atacan directamente a los defensores de la paz. Por ejemplo, el colectivo Defendamos La Paz (DLP), como portadores de esa voz de indignación que reúne a tantos, presentó un documento ante la Corte Penal Internacional en la Haya por la defensa, protección y garantías de vida para los líderes y lideresas en Colombia y de esta manera atraer la mirada internacional y así aumentar la presión sobre el Gobierno Duque para que responda a las exigencias de lo planteado en el Acuerdo Final de Paz (Dannemann, 2020).

Por su parte, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz – Indepaz - (2020) a través del registro actualizado, informa que en el transcurso del 2020 han asesinado 251 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 10 familiares o relacionados con líderes sociales y defensores de derechos humanos, y 52 firmantes del Acuerdo Final de Paz/excombatientes de las FARC. Estas cifras visualizan el decaimiento de la integralidad de las garantías de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y del proceso de transformación por superar la violencia; y que demuestran, además, que el fusil que se apagó y se puso sobre la mesa como lenguaje de paz no fue garantía para que en el futuro dejaran de dispararse nuevas balas, esas que rememoran el paisaje de destrucción y dolor.

El balance de los primeros 30 meses de la implementación del Acuerdo Final, consigna que dentro de los objetivos imperantes en el Acuerdo Final de Paz están el de la protección y la integridad personal de las víctimas, la garantía de no repetición de violaciones de derechos humanos y el desacelerar y evitar que se sigan presentando condiciones estructurales de violencia que perturben la población en los territorios; contrario a esto, el contexto actual prueba una creciente en las violaciones de derechos humanos a líderes y lideresas sociales (STCIV, 2019a). Además, en el informe de Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia se hizo un llamado para que se adopten medidas que resulten más efectivas en su labor de protección a la vida de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, así como personas inmiscuidas en la implementación del Acuerdo Final de Paz (CSNU, 2019).

La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP- es un eslabón significativo del SIVJRN que pretende dar solución a la situación jurídica de los responsables en el desarrollo del conflicto armado y con esto aportar a la verdad judicial de las víctimas y brindarles una justicia restaurativa que materialice la centralidad de las mismas en el Acuerdo Final de Paz. A pesar del transcendental rol de la JEP, esta entidad ha sido golpeada desde sectores políticos, legislativos y mediáticos, que pretenden desvirtuar la naturaleza y sembrar una desconfianza en la población, incluso, el partido de gobierno Centro Democrático ha optado por manifestar constantemente la importancia de una modificación e incluso derogación de la JEP (STCIV, 2019a).

En lo compendiado por la CSIVI-FARC (2020) sobre el “Estado general de la implementación del acuerdo de paz en Colombia” se informa que la implementación legislativa de la JEP ha sufrido variaciones y modificaciones unilaterales por parte del Estado que han producido una alteración en los principios orientadores y la estructura fijada en el Acuerdo Final de Paz. Sumado a esto, se vislumbran problemas con la financiación del SIVJRN lo que ha afectado sobremanera a la UNPD (se le asignó el 32% de lo solicitado en 2019) y a la CEV (en 2019 40% menos de lo solicitado) al contar con un presupuesto austero comparado con sus necesidades institucionales. Con todo esto, se produce, entre otras cosas, una reducción ostensible en los territorios, lo que limita la participación de las comunidades aislando los fines de esclarecimiento de la verdad y búsqueda de personas.

En símil sentido, continúa señalando la CSIVI-FARC (2020) que la desidia y falta de interés y voluntad política por parte del Estado ha generado declives en el Acuerdo Final de Paz como el incumplimiento en la garantía de no repetición, el recrudecimiento del conflicto armado y social, y el soslayo por parte de la agenda pública de temas relacionados con esclarecimiento y búsqueda de personas desaparecidas. Además, se plantea que el gobierno de Duque ha representado ingentes obstáculos para el proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz, muestra de ello es estar instrumentalizándolo y manipulándolo para intereses políticos y conforme a las ideologías del gobierno y sus adeptos partidos políticos establecidos en el Congreso de la República. Ahora bien,

Frente a la CEV y UBPD se debe mencionar que el partido de gobierno lideró junto con otros partidos de derecha acciones jurídicas, políticas y sociales para impedir el acceso a la verdad y el reconocimiento de todas las víctimas y los responsables. El hecho más notorio de estas acciones fueron las modificaciones que sufrió el Acto legislativo 01 de 2017 en cuanto a las comparecencias de terceros civiles que participaron directa o indirectamente en el conflicto (CSIVI-FARC, 2020, p. 117).

El séptimo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia (STCIC, 2020) analiza, entre otros tópicos, la contribución efectiva del SIVJRN en garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral entre junio de 2019 y julio de 2020. En él se concluye que en lo referente a la CEV se identifican algunos problemas como: ataques desde el partido de gobierno con intenciones de modificar o limitar su mandato; afrentas mediáticas proveniente de distintos actores que buscan desprestigiarla con mensajes malintencionados sobre sus integrantes; un debilitamiento en su presencia territorial y la relación personal con las víctimas y las comunidades debido a la pandemia del COVID-19; y una baja recepción de información de compareciente (apenas un 2% de entrevistas) por factores como la poca credibilidad en el sistema de justicia transicional.

En el análisis de otro de los temas, la STCIC (2020) identifica que la UBPD ha presentado en sus actividades dificultades que ponen en riesgo el derecho a la verdad de las víctimas y familiares de personas desaparecidas, tales como: retraso de un plan técnico y estratégico para poner en ejecución el Plan Nacional de Búsqueda (PNB); la débil iniciativa para proteger lugares con posibles cuerpos de personas dadas por desaparecidas; la falta de información y control de los casos presentados; y la no información a las familias y organizaciones que han hecho acompañamiento. Adicionalmente, se evidencian inconvenientes en la articulación de la JEP y la CEV que desencadenan una dificultad en la integralidad del Sistema y poca claridad a las víctimas sobre qué esperar de cada entidad.

Para dar cierre a este capítulo, es oportuno rememorar las bases sobre las cuales se edificó el SIVJRN, entre ellas la centralidad de las víctimas en el Acuerdo Final de Paz y su reconocimiento. La integralidad del Sistema supone que se fortalezcan los cimientos de recuperación de confianza y reconstrucción de la convivencia en escenarios de paz. Con estos ingredientes, la reconciliación nacional y la resignificación de la degradada dignidad de las víctimas, serán logros que se irán alcanzando gradualmente. No obstante, lo expuesto hasta el momento ilustra que la integralidad de las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición, no han sido respetadas y esto ha generado una insatisfacción en los derechos de las víctimas.

Las víctimas han documentado en su memoria y en sus experiencias, episodios adornados por la violencia y el sufrimiento. Los varios años de conflicto armado que ellas han vivenciado se pensaron interrumpidos por la firma del Acuerdo Final de Paz como punto de partida a narrativas de esclarecimiento de la verdad. Finalmente, eso persiguen anheladamente las víctimas: el saber qué pasó, cómo sucedió, cuándo y dónde ocurrió y quiénes fueron sus victimarios. Empero, estas expectativas han sido puestas en un panorama que no deja de acercarse y de parecerse a la cara del pasado: víctimas del ayer y víctimas del incumplimiento actual del Acuerdo Final de Paz. No hay cierre más oportuno para estas líneas que lo puntualizado por una víctima del conflicto armado colombiano,

Todas las víctimas creo que somos las personas más interesadas en querer la paz, pero queremos una paz eficaz, una paz verdadera, y para que haya una paz verdadera el primer aporte que debe tener el Estado es el reconocimiento de que realmente somos víctimas y que hemos sufrido mucho (Defensoría del Pueblo, 2016, 1:59).

Reflexiones de cierre

A modo de corolario y al transcurrir por las líneas expuestas en este artículo, emergen valiosas reflexiones en torno a la historia de las víctimas del conflicto armado y al cumplimiento de las garantías de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, planteadas en el Punto 5 del Acuerdo Final de Paz.

Lo abordado en el primer capítulo encauza al análisis de entender que Colombia envuelve en su historia un conflicto armado que se ha tejido entre múltiples raíces que por años lo han fortalecido, y que evidencian la imperiosa necesidad de no seguir aplazando los cambios indispensables que involucran tanto a los actores sociales, como a las instituciones estatales y a las desfavorables estructuras sociales tan arraigadas y definidas. De igual forma, las estratagemas de la guerra en el país, han sido unas de las generadoras de descomunales cifras de personas víctimas a las que por decenios se les ha negado la posibilidad de protección y reconocimiento, han estado al margen de la mano garantista del Estado y muchas veces posan de anónimas en una sociedad que en su mayoría desconoce el sufrimiento que estas han tenido que padecer.

Por su parte, el acápite segundo conduce a la reflexión de comprender que el Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP, en un principio rescata y le da importancia a la voz de las víctimas a través de sus experiencias y expectativas, y es a partir de esto que se construye el Punto 5, se estructura y nutre desde el relato y la realidad de las protagonistas obligadas de la guerra. Con el SIVJRN, y el reconocimiento que este prometía a las víctimas, se les obsequia una esperanza casi irrisoria que les hizo pensar en una Colombia en calma, sin embargo, la lamentable conclusión es la de entender que aquel intento de marginar la guerra que hiere a todos, se ha quedado en opacidad: la intención de superar los ciclos de violencia se ha visto pisoteada, una vez más, por las camaleónicas intenciones que provienen de distintos actores y que envilecen, corrompen y abonan al crecimiento de las brechas de desigualdad social, económica, política, y contribuyen al incumplimiento de lo firmado.

Ahora bien, lo esbozado en el capítulo tercero identifica que la esencia de integralidad del Acuerdo Final de Paz se ha visto franqueada y maltratada por los incordios en la ejecución efectiva de los lineamientos de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición: hace falta un reconocimiento efectivo y una materialización de los derechos de las víctimas, así como una garantía de transformación que las acerque a la reconciliación en una patria que por años ha desgastado y cansado sus zapatos en un suelo en guerra. La efectividad de las herramientas que el Estado dispone para atender a las personas que han soportado los estragos del conflicto armado, debe ser absoluta e integral, toda vez que de ellas depende el reconocimiento de quien ha vivido a la sombra de la protección y la seguridad; pero esto no ha ocurrido, por el contrario, hay una deficiencia estatal en la delimitación al acceso de los derechos que le corresponden a las víctimas, contribuyendo y recayendo en una revictimización.

En Colombia se le ha implantado un rostro amable a la violencia y es el de concebirla con naturalidad: esta se ha adherido a las dinámicas cotidianas hasta observarla como parte de un presente que difícilmente puede dejarse de lado. Si bien el Acuerdo Final de Paz reunía la intención de romper con la propagación de la confrontación armada, la experiencia en el posacuerdo demuestra que la tragedia sigue latente en la realidad de las víctimas, quienes experimentan la negligencia e indiferencia de un Estado que no las ha reconocido, visibilizado, dignificado ni humanizado, por el contrario, les ha brindado un sendero parsimonioso de justicia que no cumple con la integralidad en la verdad, en la reparación ni en el deber de memoria que se tiene frente a ellas.
Partiendo de los hallazgos mencionados se deben atender interrogantes que surgen, como: ¿Qué proyección en posacuerdo espera Colombia? ¿Qué país se está moldeando para el futuro? Oleadas de violencia aún más profundas y con una metástasis devastadora por el no respeto, desde el gobierno, al Acuerdo Final de Paz. Siendo así, se identifica la imperiosa necesidad de plantear urgentes líneas de investigación que cuestionen y examinen el rol que los partidos políticos ejercen sobre los Acuerdos de Paz; así mismo, ubicar en el escenario una discusión sobre la ponderación entre los derechos de las víctimas del conflicto armado a la verdad, justicia, reparación y no repetición, y las intenciones e ideologías del gobierno de turno.

La integralidad del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, no permite concebir ni consentir los discursos cuantitativos que pretenden desconocer fracasos de lo firmado, anteponiendo cifras y avances parciales que deshumanizan el Acuerdo Final de Paz. Por esto, es realmente valioso que se visibilice y se hable sobre las condiciones en que se desenvuelven las víctimas en posacuerdo, en una sociedad que les ofrece una violencia estructural que también debe ser tenida en cuenta si se habla de garantías y reconocimiento.

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Notas

1 Trayendo a este pie de página lo conceptualizado por la Real Academia Española (2014, definiciones 1, 2, 4 y 5), se tiene que el término padecer es sentir física y corporalmente un daño, enfermedad, dolor, pena o castigo. De igual forma, este se refiere a soportar agravios, injurias, pesares, sufrir, recibir un daño.