Sin duda, estos son tiempos emocionantes para el derecho y la política. Las recientes elecciones para el Congreso y la Presidencia de la República, son un hito que pasará a la historia de Colombia y de una u otra manera constituye un foco de interés para la mayoría de la ciudadanía, que satisfecha o no con los resultados, está atenta a los acontecimientos y se prepara para lo desconocido en el país: Un gobierno de izquierda, con respaldo en las mayorías del Congreso de la República.
Con seguridad, el nuevo gobierno se compondrá de nuevos sujetos y figuras en el poder gubernamental institucionalizado, que tendrán el muy difícil reto de corresponder a las expectativas de quienes respaldaron su elección. Para ello deberán superar la comprensión instrumental del Estado, tan anclada en la tradición política de la izquierda colombiana, para de ese modo superar las dinámicas de ser oposición, asumir la responsabilidad política de la actuación ética y ceñida a los entresijos de la institucionalidad, procurar viabilizar con sensatez los anhelos de transformación mayoritariamente depositados en las urnas, no incurrir en viejas y constantes prácticas de represión en contra de la oposición social y política -común a todo gobierno-, evitar toda tentación de retaliación en su quehacer desde el poder gubernamental y evitar y enfrentar las acostumbradas dinámicas de uso de la institucionalidad para obtener ventajas políticas y sociales.
La promesa de transformación que eligió la mayor parte del electorado colombiano recorrerá un difícil camino, que tendrá la oportunidad de recrear la política llanamente unilateral desde el gobierno, para entender que este es apenas otro factor de poder dentro del Estado y la sociedad, teniendo que sortear poderosos obstáculos en sectores políticos que defienden el estatus quo, otros que en nombre de “el cambio” asumirán tácticas de aprovechamiento a cambio de gobernabilidad, en el empresariado dominante que ha manifestado su desconfianza ante el nuevo gobierno, grupos armados expectantes a las ofertas de paz anunciadas y una ciudadanía común y corriente dividida entre la esperanza y el miedo.
A esta altura, lo único cierto es lo incierto. En este nuevo contexto político e histórico, la academia también tiene que asumir su responsabilidad; para ello no vienen al caso llamados a una falsa “neutralidad” cientificista, pero sí al uso de la ciencia para evaluar, cuestionar y eventualmente facilitar las transformaciones que se han anunciado sobre el propio sistema de educación, así como en otros ámbitos de la vida nacional.
Desde la revista electrónica Diálogos de Derecho y Política, aspiramos a ser un foro para la discusión argumentada e inteligente, desafío que ya hemos asumido y ponemos a disposición en el nuevo contexto; “para la muestra un botón”, en los contenidos de nuestro número 32:
Un artículo de Isabel Cristina Franco, sobre el Principio de Proporcionalidad constitucional, a propósito del Auto 186 de 2017, en relación con el conflicto entre el principio al debido proceso y los derechos laborales de las madres comunitarias.
El trabajo de José Guillermo Espinosa y Sebastián Hernández, en el que los autores se ocupan de la omisión legislativa como obstáculo para la garantía de promesas constitucionales relacionadas con el bienestar social de la población.
El texto de Mateo Fernando Múnera Muñoz y David Santiago Rojas Bernal sobre el problema de la causalidad en el derecho; para el que primero hacen una revisión de la causalidad en el campo de la filosofía, para luego dar lugar al análisis de su acogimiento en las teorías del ámbito jurídico y, finalmente y de manera particular, en las discusiones sobre atribución de responsabilidad.
Finamente, en acuerdo entre nuestra revista y la Plataforma para el Seguimiento Político en Antioquia -SEPA-, se publican dos artículos sobre el reciente certamen electoral.
De un lado, se encuentra el texto de Carlos Fabián Zuleta, quien hace una proyección de la gobernabilidad de Gustavo Petro frente al Congreso de la República, quien a criterio del autor retomó ideas presentes en la historia política colombiana, que permitieron al nuevo gobernante acceder al poder gubernamental, acogiendo distintos espectros ideológicos; ese dinámica electoral le implican al nuevo presidente el reto de generar participación y gobernabilidad, para de ese modo avanzar en las reformas estructurales que propuso, evadiendo las lógicas de clanes políticos que han capturado al Estado y sin descuidar un fuerte apoyo técnico que le facilite la curva de aprendizaje.
Finalmente, la profesora Andrea Arango y Juan Bernal hacen un análisis de los resultados electorales en el departamento de Antioquia y los departamentos que componen el eje cafetero, para observar como se comportó el electorado de manera diferenciada, siendo coherente la tradición conservadora en Antioquia, que constituyó el principal revés electoral del nuevo gobierno, pese a lo que la autora y el autor consideran que el país ha entrado en un tramo político “pos-uribista”.
Así pues, este número de la revista trae una variada e interesante compilación de reflexiones académicas, con las que a la incertidumbre política queremos aportar con el antídoto del conocimiento.
Leyder Perdomo Ramírez
Director-Editor
30 de agosto del 2022