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SECCIÓN TEMÁTICA: CONFLICTO, PAZ Y CULTURA

La construcción del discurso contrainsurgente como legitimador del poder paramilitar en Colombia^*

The Counterinsurgency Speech as a Legitimizing Discourse of the Paramilitary Power in Colombia

Daniel Castaño Zapata (Colombia)¹; Gabriel Ruiz Romero (Colombia)²

¹ Politólogo. Especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales. Magíster en Políticas Sociales. Doctor en Ciencias Sociales. Profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Medellín. Correo electrónico: dcastano@udem.edu.co

² Doctor en Antropología Social. Profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Medellín. Correlator e investigador del Informe Nacional de Memoria Histórica sobre Minas Antipersonal de la Fundación Prolongar y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Correo electrónico: gruiz@udem.edu.co

Fecha de recepción: julio de 2016

Fecha de aprobación: diciembre de 2016

Cómo citar este artículo: Castaño Zapata, Daniel y Ruiz Romero, Gabriel. (2017). La construcción del discurso contrainsurgente como legitimador del poder paramilitar en Colombia. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 51. DOI: 10.17533/udea.espo.n51a08

RESUMEN

El artículo analiza el proceso de legitimación del paramilitarismo de ultraderecha en Colombia. Se centra en la forma como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) buscaron presentarse como delegados de la sociedad civil colombiana. Se sostiene que dicha legitimación hunde sus raíces en la construcción del binomio seguridad–orden como eje en el que se identifican dos grupos: uno que se enmarca como el enemigo de la sociedad colombiana, y otro que se enfrenta al primero, en tanto salvador. Esta dinámica sociopolítica es rastreada en dos registros discursivos: el primero, basado en una lectura analítica de la justificación realizada por los propios líderes y patrocinadores —económicos y políticos— de las AUC; y el segundo, basado en el análisis de manifestaciones concretas de la circulación del discurso contrainsurgente en la ciudad de Medellín, Colombia. Se expone que este proceso de identificación de un ''otro'' como enemigo social ha definido formas antidemocráticas de ejercicio del poder y de la violencia, así como de construcción de sociedad y de Estado.

Palabras clave: Conflicto Armado; Paramilitarismo; Discurso Contrainsurgente; Legitimidad Social; Colombia.

Abstract

This article analyses the legitimation process of ultra-right-wing paramilitary violence in Colombia. It focuses on the way in which the United Self-Defence Forces of Colombia (AUC) intended to introduce themselves as the Colombian civil society representatives. The analysis points out that such a legitimization is rooted in the construction of a security/order duality as the central axis around which two groups are identified. On the one hand, a particular group is framed as the only enemy of the Colombian society; while, on the other hand, there is another group that claims itself as the liberator that confronts the former. This socio-political dynamic is analysed within two different discursive registers. The first one is based on an analytical reading of the justifications made by the paramilitary leaders themselves and their political and economic sponsors. The second register is based on the analysis of local manifestations of the counter-insurgency discourse in the city of Medellín, Colombia. The article shows that the identification of an “other” as the social enemy has defined antidemocratic ways of exercising power and violence, as well as antidemocratic ways of building a society and the State.

Keywords: Armed Conflict; Paramilitaries; Counterinsurgency Speech; Social Legitimacy; Colombia.

Introducción

Entre 2003 y 2006 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) emprendieron un proceso de desmovilización de sus estructuras armadas, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados el 15 de julio de 2003 con el Gobierno nacional en cabeza de Álvaro Uribe Vélez. El marco legal para este proceso fue la denominada Ley de Justicia y Paz —Ley 975 de 2005—, mediante la cual el Gobierno ofreció a los paramilitares un modelo de justicia transicional que les posibilitó obtener ventajas jurídicas a cambio de sus compromisos en la construcción de la verdad, la justicia y la reparación.

Este proceso de desmovilización y de sometimiento a la justicia, presentado como un éxito por el Gobierno nacional, ha sido objeto de fuertes críticas hechas por organizaciones e investigaciones nacionales e internacionales, que se centran, por lo general, en el hecho de que el proceso no se adecuó a las exigencias de una reparación integral, incluso se ha señalado que se trató de un proceso de impunidad encubierta (HRW, 2005); también en que no brindó verdaderas garantías de no repetición al posibilitar el rearme de nuevos grupos paramilitares (Uprimny y Saffon, 2006); y de no constituir un verdadero ejercicio de reconstrucción de verdad, pues solo se basó en la verdad judicial, que a su vez tuvo como componente central —y prácticamente único— la ''versión libre'' de los victimarios (Gómez, 2008).

Precisamente, el hecho de basar la reconstrucción de la verdad en la versión de los propios paramilitares impidió que el proceso constituyera una posibilidad para cuestionar la legitimidad sobre la cual se conformó el discurso paramilitar en Colombia. Este construyó su identidad autodefiniéndose como constituido por ''grupos de autodefensa campesina'' (Cruz, 2009). Esta operación discursiva ha sustentado la existencia de estos ejércitos irregulares y los ubica de manera no–antagónica con otros actores estatales y sociales —como el Gobierno, las élites económicas y empresariales, y amplios sectores de la población—, al incluir sus acciones criminales en el principio normativo del derecho a la autodefensa.

El accionar de estos grupos se ha basado en su presentación como ''reacción'' o ''resistencia'' a las agresiones de las guerrillas de izquierda, así como una respuesta ''civil'' frente al abandono e ineficacia estatal (Cox y Ryan, 2015). Por otra parte, y en línea con la apelación al derecho de autodefensa, los grupos paramilitares han justificado la ilegalidad de sus acciones como una necesidad derivada de las características del conflicto armado (Medina y Téllez, 1994).

A continuación se analizará el proceso histórico–discursivo de legitimación del paramilitarismo como actor social. No se trata de un análisis del discurso paramilitar colombiano sino de un estudio de la forma como este se forjó. Es por eso que metodológicamente este trabajo no se enmarca en la teoría del análisis crítico del discurso (Van Dijk, 1993; Fairclough, 1995), sino que compone un análisis sociopolítico del proceso discursivo de constitución de una sociedad (Laclau, 2005).

Se trabajará desde dos planos de análisis: el primero basado en una lectura de la justificación discursiva realizada por los propios líderes de las AUC, a partir del análisis documental de materiales de distinta naturaleza —discursos públicos, entrevistas publicadas en medios masivos de comunicación, crónicas, informes institucionales—; y el segundo, el del análisis de manifestaciones concretas y situadas de la dinámica local de circulación del discurso contrainsurgente, basado en veinte entrevistas en profundidad, más un trabajo de observación participante y no participante en las actividades de los entrevistados, realizadas en la ciudad de Medellín, Colombia, entre 2007 y 2014. Estas entrevistas fueron realizadas a funcionarios del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado; a habitantes de los barrios y comunidades donde actuaron como combatientes y en las que posteriormente se reinsertaron los desmovilizados; a empresarios que han decidido darle trabajo en sus empresas a desmovilizados y a aquellos que no lo hacen; a víctimas del conflicto armado y a propios excombatientes paramilitares. Con ello se ha realizado un acercamiento a la experiencia de sujetos que participan en el proceso de socialización y construcción de vínculos —laborales, sociales, institucionales— por el que atraviesan los excombatientes.

1. La construcción discursiva del enemigo

En un documento fundacional de las Autodefensas Unidas de Colombia puede leerse:

Nuestro origen determinante es la guerrilla, pero nuestra evolución, carácter y fines son diferentes a los de la subversión. Actualmente somos un Movimiento Nacional, político–militar, de carácter antisubversivo que propende por el Estado de Derecho y la libertad económica en un equilibrio social.

Las características y los métodos irregulares de este conflicto fueron determinados, desde su origen, por las guerrillas, no por nosotros. Nos hemos visto obligados, como única manera de salvar nuestras vidas, a utilizar, para nuestra defensa, los mismos métodos empleados por la guerrilla para agredirnos (AUC, 1999).

El despliegue del poder mediante la producción e interpretación del discurso requiere del control del contexto, es decir, del control de las representaciones que los sujetos tienen respecto de las características de la situación social (Van Dijk, 1999, p. 27). En este sentido, la exposición de la guerra colombiana como el conflicto entre un ''nosotros'' (autorrepresentado positivamente) contra un ''ellos'' —representado solo en términos negativos— ha sido una operación discursiva necesaria para construir la base sobre la cual edificar la legitimidad de las relaciones de poder que en dicho contexto se presentan.

Esta dinámica de identificación de un ''otro'' y un ''nosotros'' definió formas específicas de ejercicio de la violencia y construyó performativamente un grupo específico como ''el enemigo'' de la sociedad, cuyo exterminio es considerado legítimo. En este sentido, la definición de un ''otro'' respecto del cual se definen los valores y prácticas políticas implica un ordenamiento simbólico de lo social, y el establecimiento de fronteras sociales: nosotros–ellos, adentro–afuera.

La línea argumentativa que sustenta esta organización simbólica de la sociedad es la que construye a la insurgencia como una ''absoluta negatividad: [...] con atributos que exponen su presunta oposición a los valores propios de la cultura política [...]. Y, por supuesto, con atributos que definen a aquel que encarne la insurgencia como el único responsable de que haya habido o siga habiendo la guerra'' (Samayoa, 2000, p. 58). Esta otredad negativa es definitoria de las formas de hacer la guerra y de las articulaciones que, con base en dicha otredad y dicha guerra, hacen los distintos actores sociales.

Esta presentación discursiva tuvo lugar en un momento histórico en el que la violencia guerrillera arreciaba en el país, y en que especialmente las FARC lograron fortalecerse y expandirse militar y territorialmente (Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2015). La posibilidad de la toma del poder por parte de la guerrilla no parecía un absurdo entonces, y entre la población civil crecía el temor por las acciones de estos grupos, especialmente a partir de la creciente práctica del secuestro entre 1996 y 2001 (CNMH, 2013, p. 61). Este contexto histórico facilitaba la difusión y fortalecimiento de un discurso que redujera la violencia armada a las acciones guerrilleras y retirara del escenario cualquier otro actor del conflicto. Es en este sentido que Carlos Castaño Gil, entonces comandante de las AUC, señalaba en 1996 que un conflicto entre el Estado y las AUC, además de inexistente, era improcedente, pues tal conflicto entre partes solo ''fortalecería al enemigo común del Estado y nosotros'' (El Colombiano, 1996, diciembre 11. Énfasis añadido).

Al momento de pensar las dinámicas de un conflicto armado es necesario tener presente que la definición de las formas, las lógicas y los protagonistas de dicho conflicto son un proceso fundamentalmente discursivo: ''Al Estado, en su condición de unidad esencialmente política, le es atribución inherente el ius belli, esto es, la posibilidad real de, llegado el caso, determinar por propia decisión quién es el enemigo y combatirlo'' (Schmitt, 1994, p. 74). Pero el Estado es una relación social, un balance de poderes entre actores con intereses particulares unificados a partir de un núcleo común o intereses compartidos. De manera que la definición del enemigo es una acción discursiva en la que participan distintos actores sociales ''integrados'' y que transforma radicalmente el estatus de otros sectores y actores sociales ''no integrados'' a la sociedad y el Estado, transformándolos en enemigos sociales, en sujetos legítimamente perseguidos (Clayton y Thomson, 2014).

¿Eran las AUC actores sociales integrados en la sociedad y el Estado colombianos? Salvatore Mancuso, entonces miembro del comando central de las AUC, declaró en 2002 que su organización se sentía contenta por haber conseguido que en las elecciones legislativas de aquel año, el 35% de los nuevos congresistas fueran afines a sus ideas, ''fruto de un vasto y firme esfuerzo formativo por parte de las Autodefensas'' (Equipo Nizkor, 2002). En este sentido es adecuado tener presente que:

Más allá de los intereses instrumentales de los políticos por hacerse a un cargo de elección popular con ''ayuda'' de los paramilitares, allí subyacen unos acuerdos ideológicos mínimos que pueden rastrearse en el discurso de los paramilitares y en su intención de articular ciertos sectores a su lucha, así como en la recepción de ese discurso en los sectores interpelados (Cruz, 2009, p. 83).

La firma de acuerdos entre líderes paramilitares y políticos regionales y nacionales parece confirmar esa articulación alrededor de acuerdos ideológicos mínimos, mediante la cual la organización paramilitar buscaba ''refundar la patria'' y ''garantizar los fines del Estado'', como puede leerse en el ''Pacto de Ralito'', acuerdo que alcanzó mayor resonancia mediática (Semana, 2007, enero 19).

Sintiéndose entonces actores integrados social y políticamente, los paramilitares sustentaron su legitimación a partir de la presentación de la guerrilla como la responsable de impedir la consolidación de un Estado social de derecho en el país. Al respecto, el jefe paramilitar Castaño Gil señalaba que:

Mientras la autodefensa busca enriquecer, la guerrilla busca arruinar. La subversión necesita mantener al pueblo devastado, con hambre, miseria, sin salud ni Estado. [...] En cambio la Autodefensa cree que para enriquecer las regiones se necesita seguridad y para que la haya, debe haber autoridad a través de un Estado fuerte; eso se traduce en orden (Aranguren, 2001, p. 215).

Es así que las AUC se presentan como parte de un grupo —como parte del Estado— para construir la idea de que es realmente el grupo el que actúa a través de ellos, en tanto es uno de sus miembros (Van Dijk, 1999, p. 25). Para reforzar esto, el mismo Castaño Gil, en el libro en que el periodista Mauricio Aranguren le sirve de vocero, presenta el testimonio de un representante de la sociedad próspera colombiana, un ganadero, cuyas ideas —según el libro— fueron clave en la definición ideológica de las AUC y en la circulación del discurso contrainsurgente en Colombia:

En medio del abandono y olvido estatal inmersos en una tremenda violencia guerrillera, se apareció el señor Fidel Castaño como un ángel de justicia y de revancha. [...] Durante diez años, en la Federación de Ganaderos luché contra la guerrilla por sus fechorías, con el ejército y la policía porque no nos cuidaban. [...] Entonces ocurrió lo que sucede siempre que no existe Estado: la autoridad la ejerce el que controle la metralleta más grande y más rápido dispare. ¡Autoridad primitiva!

Las ausencias totales y vergonzosas del Estado colombiano nos llevaron a pensar que la única opción para sobrevivir era Fidel Castaño [...]. La justicia privada fue la única alternativa. De ella no es partidaria nadie pero se instaura y se acepta por la falta de Estado (Aranguren, 2001, p. 223).

Pero no son solo los jefes o ideólogos paramilitares quienes argumentan de esta forma la legitimad del accionar armado de grupos como las AUC. Quien fuera ministro del Interior durante gran parte del mandato de Uribe Vélez —Fernando Londoño—, escribió una columna de opinión en 2006, a propósito de la muerte de Carlos Castaño Gil. En esta columna defendía la legitimidad del accionar de la organización comandada por Castaño:

Las autodefensas existen porque existe la guerrilla marxista, valga decir, el ataque. [...] En su origen, están, pues, atadas a dos hechos fundamentales: el oprobioso vejamen al que estaban sometidos los campesinos colombianos, y la ineptitud del Estado para garantizarles la vida, la honra y los bienes, que es exactamente aquello para lo que el Estado existe (Londoño, 2006).

Una empresaria antioqueña entrevistada para este trabajo esbozaba también esta idea de los paramilitares como defensores de la comunidad frente a las agresiones de la guerrilla:

[...] por el conflicto que hemos vivido, por la angustia que hemos vivido, y porque internamente estábamos tan horrible [...] estamos, pero yo pienso que ahora menos, asumiendo y viviendo ese conflicto tan horrible [...]. Entonces al principio la gente estaba convencida de que había unos defensores (Empresaria, comunicación personal, Medellín, abril 15, 2014).

Estos testimonios muestran que el derecho de legítima defensa constituye uno de los entramados discursivos más frecuentes a partir del cual se ha intentado justificar la participación de grupos paramilitares en el conflicto armado. En este proceso de construcción de razones para participar legítimamente de la guerra —aunque por fuera de los marcos de la ley—, confluyen intereses de distintos actores sociales alineados a partir de la identificación de un problema —el ataque al orden social por parte de la insurgencia—, un causante de ese problema o un enemigo —el grupo guerrillero—, y una necesidad u objetivo —la conservación, recuperación o construcción de ese orden social—.

Entender la aparición y sostenimiento de fenómenos complejos como la legitimación de lógicas violentas requiere entenderlos como experiencias sociales que se mueven en el límite de sus posibilidades: la experiencia de un desorden radical en el que está comprometida y amenazada la propia vida de los sujetos. Se trata de experiencias que se instalan en el límite de lo socialmente pensable y procesable (Apter, 1997). Es en este contexto que surgen argumentos que buscan legitimar la existencia de ejércitos privados que son presentados como la única alternativa posible frente al accionar del enemigo común. Al respecto, Ernesto Laclau (2005) señala que:

Toda política concreta, si es capaz de generar el orden social, será juzgada no sólo de acuerdo a sus méritos abstractos, independientes de toda circunstancia, sino también en términos de esa capacidad suya de generar el orden —que es uno de los nombres de la plenitud ausente de la sociedad— (pp. 110–111).

En este sentido, para comprender la legitimidad del proceso de instauración y posterior inserción del fenómeno paramilitar en Colombia, así como la amplia circulación de razones que avalan su accionar violento en diversos ámbitos sociales y culturales, no se puede descartar la racionalidad social que, ante la amenaza de la inestabilidad y el desorden, legitima modalidades antidemocráticas e ilegales de ordenamiento de la sociedad, pero percibidas como efectivas.

Esta racionalidad social del discurso contrainsurgente descansa en la apelación al derecho de autodefensa: ''un hombre no puede renunciar al derecho de resistirse a aquellos que le asaltan por fuerza, para arrebatarle la vida'' (Hobbes, 2011 [1651], p. 135). Poco antes de este pasaje citado, Hobbes ya había señalado que la suma del derecho natural se reduce al derecho de ''defendernos por todos los medios que podamos'' (Hobbes, 2011 [1651], p. 133), y dado que este derecho a la autodefensa es irrenunciable, no hay organización política que pueda desconocerlo o primar sobre él.

Hay que recordar, sin embargo, que para Hobbes la autodefensa es, además de irrenunciable, intransferible. Esto significa que ese derecho solo puede ser usado en defensa del propio cuerpo, nunca en representación de otros, pues esto implicaría una ruptura del pacto de renuncia de la capacidad de violencia y de transferencia de la protección al gobernante, sobre la que se erige el Estado en la teoría de Hobbes.

En esta perspectiva, el derecho a la autodefensa es un recurso límite que funda su legitimidad en el agotamiento de todas las otras vías de defensa del propio cuerpo. El derecho a la autodefensa solo existe y es legítimo frente a un peligro inminente, como último recurso y con la única intención de defenderse a sí mismo. A la luz de esta perspectiva puede concluirse que el derecho de autodefensa que esgrimen los grupos paramilitares colombianos para legitimarse es, por decir poco, inconsistente: ''una cosa es una respuesta individual frente a una agresión donde se justificaría la autodefensa; otra es una estrategia agresiva, privada y colectiva, además con fuertes nexos institucionales, para resolver el enfrentamiento político y armado'' (Romero, 2003, p. 22).

Así, los grupos paramilitares colombianos han ejecutado como método de acción la persecución y el hostigamiento a todo aquello que socialmente sea considerado insurgente, con la particularidad de que ellos mismos han contribuido discursivamente a la definición de lo que es insurgente. Se trata de un ejercicio discursivo de ''muerte hermenéutica'' (Reyes, 2011, p. 193), es decir, un empeño de los perpetradores en justificar sus acciones violentas contra determinados sujetos para legitimar esas acciones de tal forma que la sociedad naturalice esas justificaciones. En este caso concreto, un empeño en presentar asesinatos contra líderes políticos y sociales como ejercicios de legítima defensa. En otras palabras, las AUC eliminaron enemigos definidos con anterioridad al empleo de la violencia. Su accionar fue estratégico, premeditado y con la finalidad de abatir al que pudiera oponerse a su proyecto de cooptación del Estado, no con la de actuar en defensa propia. Esto responde a una lógica de autoritarismo ilegal extremo (Byman, 2016), como lo reconocía el propio Carlos Castaño:

Si a las FARC no se les demuestra su naturaleza mortal actuando de la misma manera que ellos lo hacen, sería imposible detenerlas. Por esa razón, no acaban con la gente honesta en las capitales, ellos saben que de inmediato alguien les responde. Cada vez que lo hacen la enfilo contra las autoridades políticas más importantes de la guerrilla, que siempre han estado amparadas en la legalidad (Aranguren, 2003, p. 139).

Mediante la operación de construcción performativa de un enemigo se define un sujeto culpable de la falta de plenitud de la sociedad, llámese a esta plenitud como se llame: paz, orden, seguridad, bienestar, entre otros. La designación de los responsables del desorden es fundamental para la definición de los límites de lo social. El guerrillero o el auxiliador de la guerrilla es, en esta lógica, ese responsable del desorden. Incluso el espectro de esa figura, como sujeto, debe ser corregido o eliminado, alcanza a otros sujetos sociales: a trabajadoras sexuales, consumidores de drogas, homosexuales. En torno a ellos el discurso contrainsurgente se vuelve moralizador y se erige como ''reacción'' a la supuesta desviación social (Clayton y Thomson, 2014).

En un panfleto amenazante firmado por las Águilas Negras —uno de los muchos grupos neoparamilitares que aparecieron después de la desmovilización oficial de las AUC— puede leerse: ''Papás cuiden a sus hijos [...]. Se acabaron los estudiantes comunistas, homosexuales, ratas y violadores'' (Shaw y Albarracín, 2014, marzo 2). Comunistas, homosexuales, ratas —ladrones— y violadores son presentados como representantes del mismo mal, de esa otredad que se aparece como amenaza de la paz social.

Demonizar a ese otro es así un acto político fundamental en el que están implicados no solo los sujetos que lo suscriben, sino todos aquellos que comparten esas representaciones sociales en las cuales los disidentes morales y políticos aparecen como únicos responsables del desorden social y la violencia del país. Es así como se unen, en el discurso, el micronivel y el macronivel del orden social (Van Dijk, 1999, p. 25). Es decir, se trata de un proceso por el cual, ''mediante la demonización de un sector de la población una sociedad alcanza un sentido de su propia cohesión'' (Laclau, 2005, p. 94). Las figuras del miedo operan así como fundamento de la unidad y la homogeneidad social.

Estas representaciones sociales de la insurgencia como la amenaza constante y latente, como el elemento que introduce y sostiene el desorden social, sirven para legitimar todas las formas de lucha —legales e ilegales—, siempre y cuando estén dirigidas al único fin valedero: el triunfo sobre los ''agentes del desorden''. Una joven que creció y vive en una zona de Medellín donde hubo —y aún existía al momento de ser entrevistada— un fuerte control paramilitar, se refiere precisamente a la labor de vigilancia social que ejercen esos grupos:

Ellos [los paramilitares] están como pendientes de que en el barrio no vaya a haber más muertos, más delincuencia y todo eso. Entonces ellos son como los celadores [...]. Ellos simplemente se dan cuenta de que por allí fuman marihuana y ''ve, si volvés a fumar marihuana yo te tumbo'', o tal cosa y lo otro (Mujer joven, comunicación personal, Medellín, febrero 20, 2012).

Es por esto que el ganadero e ideólogo de las AUC citado por Aranguren (2001), podía afirmar que frente a la avanzada insurgente hubo que retornar a las leyes de la autoridad primitiva. Es finalmente ese desorden, y la aceptación social de que este sea atacado de todas las formas posibles, el que permite que el jefe paramilitar declare que la lucha contrainsurgente por fuera de la legalidad es legítima y debe perseguir y eliminar a los subversivos ''amparados en la legalidad'', es decir, asesinar civiles.

Esta idea de ''insurgencia encubierta'' alcanzó tal grado de legitimidad social y política que el propio Álvaro Uribe Vélez, siendo Presidente de República, la empleó en reiteradas ocasiones para desacreditar a sus opositores políticos o a organizaciones de derechos humanos que criticaban su gestión. En un acto público de gobierno del 3 de febrero de 2007, el entonces Presidente se refirió así a congresistas opositores del partido de izquierda Polo Democrático —entre cuyos afiliados se encuentran antiguos miembros del M–19—:

[El proceso de paz con los paramilitares] se diferencia del pasado, cuando quienes incendiaron el Palacio de Justicia, con los dineros del narcotráfico, simplemente se quitaron el camuflado, se pusieron un traje de civil y llegaron al Congreso a querer darle cátedra moral al país. Unos lo han hecho muy bien. Otros, infortunadamente, simplemente pasaron de ser terroristas de camuflado a ser terroristas de traje civil (El Tiempo, 2007, febrero 4).

A medida que el discurso contrainsurgente se propaga y naturaliza socialmente, no solo desde estamentos políticos, sino también desde la academia (Gaviria, 2005) y los medios de comunicación, la construcción histórica y valorativa que se desarrolla respecto de la guerra deviene también contrainsurgente (Franco, 2009; Pardo, 2007). El acceso a formas determinadas del discurso —mediático, académico, político— es ya, en sí mismo, una forma del poder (Lukes, 1986). Se define así una historia, unos actores y unos valores atacados y defendidos, y también se influye en las características de las prioridades sociales, asuntos de interés público y demandas sociales.

Un estudio de opinión realizado por la firma Napoleón Franco (Semana, 2007, mayo 5) mostró que para la población colombiana la solución a prácticas como el secuestro —ejecutada principalmente por la guerrilla— se ubica en un lugar privilegiado y prioritario frente a prácticas sistemáticamente desarrolladas por los paramilitares, como la desaparición forzada. El combate a la guerrilla es valorado como una necesidad más prioritaria que la finalización del paramilitarismo, la garantía de seguridad es más importante que la lucha contra la pobreza.

El concepto que opera como punto nodal en la construcción del discurso contrainsurgente, y que se desprende del proceso de definición de sujetos y problemas sociales en un contexto de guerra, es el de la seguridad–orden: significantes cuyo sentido está directamente ligado a la insurgencia como problemática a conjurar, manteniendo viva así una lógica propia de la Guerra Fría (Harmer, 2014).

2. La seguridad–orden: el lugar de coincidencia

Seguridad es un concepto polisémico, que puede ser definido desde múltiples posiciones y a partir de distintos valores. Podría definirse como la ''condición obtenida por diferentes medios, de estar libre de sufrir opresión, daño físico o muerte a través de actos violentos'' (Arbelaez, 2009, p. 100). Ampliando esta concepción, puede ser entendida como la:

Ausencia de amenazas a bienes protegidos constitucionalmente —en este caso vida, libertad y propiedad— [...] estar seguro es estar libre o protegido de hechos objetivos, es decir, peligros calculables racionalmente [...]. Sentirse seguro es sentirse libre de temor y ansiedad con respecto a la percepción específica y diferenciada que se tiene de tales riesgos (Franco, 2009, p. 90).

Esa percepción específica y diferenciada que se tiene de los riesgos que amenazan la seguridad es una construcción social. Es posible, en este sentido, hacer un inventario de distintas sociedades a partir de la percepción que cada una tiene de los riesgos que la amenazan. Sentirse protegido o inseguro depende entonces directamente de la construcción social de las nociones de protección y amenaza. Para que dicha amenaza sea fundamento de una hegemonía político–cultural debe ser llenada de contenidos específicos en torno a los cuales distintos agentes sociales se alineen y articulen sus demandas.

Lo mismo ocurre con el significante ''orden''. Este puede ser entendido como el cumplimiento de la voluntad de un agente de organización política y moral de las relaciones sociales, que establece jerarquías, valores y responsabilidades de los sujetos inmersos en dichas relaciones. En una situación de desorden radical: ''La demanda es por algún tipo de orden, y el orden social concreto que va a satisfacer ese reclamo es una consideración secundaria [...]. El rol semántico de estos términos no es expresar algún contenido positivo, sino [...] funcionar como denominaciones de una plenitud que está constitutivamente ausente'' (Laclau, 2005, p. 126).

En los testimonios citados, tanto la seguridad como el orden son mencionados como ausencias y como asuntos de intervención prioritaria para la solución de la guerra y la construcción de la vida en sociedad. Ellos expresan lo problemático de esta falta de seguridad–orden desde diferentes perspectivas. Un empresario antioqueño, que ha apoyado el proceso de reinserción de excombatientes paramilitares brindándoles oportunidad de trabajo, tiene precisamente esta misma percepción:

Entonces estaba el país donde no podíamos salir, donde ya se había acabado el turismo [...] pero así se llegó [a que] ciertos grupos armados se formaron para luchar con otros grupos porque no había presencia del Gobierno, era la inoperabilidad, diría yo, del Gobierno, era la incapacidad, no había presencia (Empresario, comunicación personal, Medellín, diciembre 3, 2011).

Los significantes seguridad y orden tienen que ver con una misma situación de guerra en la que, desde la perspectiva de cada sujeto, se ven afectados los tres bienes fundamentales de un Estado liberal: vida, libertad y propiedad. La seguridad y el orden aparecen entonces como los fundamentos necesarios para garantizar estos tres bienes.

Según el estatuto de constitución y régimen disciplinario de las AUC (1998), es la promesa de reconstrucción del orden y la seguridad social que logren garantizar esos bienes la que discursivamente aparece como fundamento y objetivo del paramilitarismo; además, tanto los testimonios aquí comentados como esos estatutos, confluyen en el sentido de atribuir a un único sujeto el origen de la inseguridad y el desorden. Es decir, lo que hace que la seguridad y el orden constituyan un mismo significante y que sea definido como punto nodal de todas las argumentaciones, es que los tres bienes del Estado liberal deben ser defendidos de un único agresor: la guerrilla y sus supuestos colaboradores.

Lo que tiene lugar es una construcción discursiva del conflicto armado en el cual la contrainsurgencia paramilitar se sitúa al lado del Estado, buscando legitimarse socialmente al presentarse como un grupo que actúa motivado por idénticas razones y contra idénticos enemigos de las Fuerzas Militares del Estado: ''el mandato constitucional de defensa, protección y seguridad ciudadana no garantizado por el Estado, ilegitima el ejercicio del monopolio de las armas delegado por el pueblo a éste. La sociedad reasume esta facultad'' (AUC, 1998).

En este sentido, las AUC se presentan como un grupo que ''reasume'' —desde la ilegalidad— el uso de la violencia legalmente institucionalizada de las Fuerzas Militares. Se construye así una relación, en principio, de no oposición o no antagonismo entre el paramilitarismo y el Estado, incluso de cooperación, o al menos de tolerancia (Medina y Téllez, 1994). Es a esto que se refiere Carlos Castaño al afirmar que: ''los territorios que controlamos no los controlamos nosotros, los controla el Estado realmente'' (El Colombiano, 1996, diciembre 11).

Así, las diferencias —radicales, fundamentales— entre legalidad–ilegalidad y democrático–antidemocrático se ven opacadas en la construcción discursiva de una totalidad social definida por su diferenciación de los grupos armados insurgentes. La identificación social de un enemigo, las representaciones sociales que sobre éste se fabrican, y la articulación de las distintas demandas por seguridad/orden de distintos actores sociales, sustentan indistintamente formas legales e ilegales de persecución a ese enemigo:

En torno a la existencia de ladrones, trabajadoras sexuales, drogadictos, violadores, etc. se configuran demandas sociales de seguridad que los mercenarios se muestran proclives a tramitar, y que luego les permiten aplicar el principio protergo ergo obligo alrededor del cual se va consolidando su dominación (Franco, 2009, p. 95).

De esta manera, las acciones de protección que brindan los grupos paramilitares en las comunidades donde hacen presencia se basan en la defensa frente a algún tipo de violencia previamente resaltada, pero al costo del sometimiento a otra violencia, ilegal y no institucionalizada formalmente, pero coherente con las demandas de seguridad–orden que tienen las comunidades donde esto ocurre.

Es precisamente de esto que nos hablaba un joven que ha visto formarse en su barrio grupos de paramilitares que expulsaron a las milicias guerrilleras que allí habitaban. En su visión, los hombres armados que llegaron a imponer sus normas son personas que ''cuidan'' el barrio de las ''desviaciones'' asociadas a la guerrilla:

A mí me parece bueno tener esa gente [los paramilitares] en el barrio porque cuidan de que gente de afuera entre. (...) Ellos tienen en claro que no pueden tomar, si ven que están tomando le llaman la atención, lo que ha sido ahora años [sic] a lo que es ahora me parece que ha mejorado mucho (Hombre joven, comunicación personal, Medellín, febrero 7, 2012).

Las dimensiones sociales y culturales de la violencia —no tanto la física— son las que le dan a esta su fuerza y significado. Cuando se plantea que la protección privada va construyendo un escenario de dominación no nos referimos entonces —tan solo— a la dimensión física de la violencia paramilitar. En tanto construcción ideológica se reifica en instituciones, rituales y prácticas sociales que fundan y reproducen un sistema de dominación.

Otro de los empresarios entrevistados para esta investigación, quien ha vinculado excombatientes paramilitares a su empresa, señalaba que ante una situación de secuestro y extorsión que tuvo lugar en las inmediaciones de sus tierras, él y otros propietarios de tierras aledañas contactaron al personal de la Policía para pedir protección, recibiendo como respuesta que ''dentro del marco de la legalidad ellos tenían poco rango de acción'', y que para ese tipo de problemas ''lo más recomendable sería contactar a los paramilitares'' (Empresario, comunicación personal, Medellín, marzo 22, 2012). El hombre relató que efectivamente él y sus vecinos de tierras contactaron y contrataron a los paramilitares para que atendieran el problema.

Una vez expulsados los guerrilleros de la zona, los paramilitares ''protectores'' permanecieron allí, pero ahora como autoridades que se ocupaban de definir las características de las relaciones sociales, económicas y políticas. No obstante, en su lectura de este hecho, el empresario entrevistado no objetaba dicha permanencia e injerencia sobre los asuntos de la cotidianidad de la zona; por el contrario, consideraba la protección paramilitar como una presencia del orden, no formal ni institucional, pero ''efectiva'' en la persecución y eliminación de ''los subversivos''.

De esta manera, los órdenes sociales paramilitares eliminan la incertidumbre respecto de unos males al precio de la adopción de otros. La seguridad–orden paramilitar establece dominios protoestatales que consolidan nuevas relaciones de subordinación y ejercen modalidades específicas de control social y de violencia. Hablamos de protoestatalidad porque el establecimiento de estas nuevas dominaciones sociopolíticas directamente vinculadas al desarrollo de la guerra no representa la exclusión de todo orden estatal sino la construcción de otro orden estatal, distinto del que es reconocido como propio del Estado central.

Es así como los ejércitos paramilitares afirmaron y delimitaron ''territorios conquistados u ocupados por sus fuerzas como territorios recuperados para el Estado en el marco de la disputa por la soberanía entre éste y las organizaciones insurgentes'' (Franco, 2009, p. 153). Esta sustitución generó dinámicas de gobernabilidad sobre las que se erigieron instituciones no formales de gobierno y control social. En este sentido: ''el Estado no existe, así como no existe la razón ni el sujeto. Lo que existe realmente son procesos de estatalización, de racionalización, de subjetivación'' (Peñuela, 2011, p. 28). Se trata, en el caso aquí estudiado, de un proceso de estatalización paramilitar en torno al significante seguridad–orden.

En efecto, los ejércitos paramilitares lograron generar procesos de estatalización a partir de la creación de relaciones estables de obediencia y reconocimiento a su ejercicio y poder. Esto fue posible no solo porque dicha obediencia se sostuviera en el temor y la intimidación, sino porque también estuvo fundamentada en prácticas típicas del clientelismo político y en un discurso que presentó a las AUC como defensores o salvadores del statu quo, ante la percepción social de la incapacidad de las Fuerzas Militares en la consecución de tal fin.

En este punto es importante hacer una precisión: se viene señalando que la dominación paramilitar se construye discursivamente desde el establecimiento de sentido que justifica el uso privado de la violencia y desde la circulación social de nociones y valores que legitiman la violencia ejercida. Lo importante es entender que esos dos registros constituyen en realidad una unidad y como tal deben ser analizados. Es decir, no es que diacrónicamente se dé un ejercicio de justificar la necesidad de la violencia y luego —una vez plenamente justificada— se proceda a ejecutarla. Lo que tiene lugar es que los dos registros funcionan de forma sincrónica, es decir, que el ejercicio paramilitar de la violencia está acompañado, simultáneamente, de su discurso legitimador.

Es esto lo que en principio señala el propio jefe paramilitar Carlos Castaño: que el paramilitarismo comenzó a actuar por motu propio, y que posteriormente se fue legitimando ante la sociedad pues a la par de las actividades militares de persecución de la guerrilla y asentamiento en las comunidades ''liberadas'', las AUC fueron ''tejiendo doctrina en el aire'' (Aranguren, 2011, p. 139).

Se dota de sentidos y valores legitimadores a una violencia ya ejecutada: ''se trata de una ideología a posteriori de los hechos, formulada para justificarlos tras haberlos producido'' (Cubides, 1998, p. 88). Desde esta perspectiva, la violencia paramilitar nació como un poder violento que necesitaba justificarse —ante la sociedad e incluso hacia sí mismo— y en esa justificación cimentó relaciones duraderas. Esa justificación logró entonces su objetivo en la medida en que esa violencia fue recibida como salvífica, sustentada en las demandas de protección de la vida, la libertad y la propiedad: ''la gran mayoría de los colombianos, cuando aparece un grupo que dice 'vamos a luchar', lo vimos como el Robin Hood que de pronto venía a salvar'' (Empresaria, comunicación personal, Medellín, noviembre 27 de 2011).

De esta manera, la violencia paramilitar regula el comportamiento y la dinámica social no solo porque materializa la posibilidad cierta del castigo sobre aquel que actúe de manera disidente, sino porque responde a una racionalidad que demanda protección y el establecimiento de cualquier tipo de orden antes que el desorden. En este caso, ese ''tipo'' de orden tiene contenidos definidos que lo sustentan —económica, política y militarmente—, pues el paramilitarismo no formula ''cualquier tipo de orden'', sino uno bien específico: antimarxista y procapitalista(Gill, 2014).

Gran parte del apoyo y cooperación de algunos sectores sociales con los grupos paramilitares debe valorarse como la expresión de una estrategia de supervivencia y como una expresión del convencimiento y penetración social que alcanzó el discurso contrainsurgente en su construcción de un enemigo social. Claro que existen comunidades que sometidas al dominio paramilitar no han tenido otra alternativa distinta a obedecer, pues esos hombres armados actuaban en tanto ''empresarios de la coerción'' (Romero, 2003, p. 34). Pero también están los sectores económicos y sociales que han asumido el dominio paramilitar desde un alineamiento instrumental con el discurso contrainsurgente, en tanto este iba dirigido a defender similares intereses a los suyos propios.

Lo anterior constituye una ''acomodación pragmática'', es decir, una estrategia de adaptación a las condiciones impuestas por el entorno social, sin rebelarse —aunque tampoco conformarse completamente— con el poder impuesto en entornos complejos y violentos (Santos y García, 2004). Ningún sujeto, especialmente aquellos que desarrollan sus vidas en contextos de violencia armada, pueden estar exentos de tensiones y desgarramientos en sus comportamientos, argumentaciones y afinidades sociopolíticas. Es necesario entonces valorar la afectividad instrumental como elemento fundamental en el análisis del tipo de procesos que estudiamos, pues los sujetos que la construyen están atravesados por distintas tensiones y valoraciones. Sentimientos como la admiración y el respeto por aquellos que brindan seguridad–orden, que son identificados como protectores, conviven con el miedo y el rechazo que generan los actos criminales del uso ilegal de la violencia.

Así, el hecho de que la violencia paramilitar sea valorada socialmente como un mal no implica que también lo sea la finalidad que dicha violencia supuestamente ha perseguido y las razones de su surgimiento. Incluso el hecho de que el uso de la violencia sea considerado un mal es lo que genera la necesidad de construir discursivamente causas para justificarla ante —y entre— las comunidades dominadas, que en este caso cumplen el papel de comunidades interpretativas: ''la violencia, que pertenece a la esfera de los medios, es considerada siempre un recurso atroz, [y] su aceptabilidad política y moral no se establece con independencia de los fines a los que ella pretende servir'' (Franco, 2009, p. 131). En este sentido y por medio de la apelación discursiva a la defensa de la ''seguridad'', los agentes no legales de control social articulan demandas sociales de defensa de la vida, la libertad y la propiedad y erigen su ''lucha contra la seguridad'' como el elemento moralizador de su accionar, como el fundamento de su iusta causa.

En ese proceso de constitución del discurso contrainsurgente, la articulación de distintos tipos de demandas alrededor del significante seguridad–orden —en una significación específicamente antisubversiva— construye una totalidad social que define identidades y establece límites entre aquellos que están adentro y los que están afuera. Se trata de un discurso erigido en el escenario de un prolongado conflicto que ha hecho del miedo un sentimiento constante y profundo al que se apela cuando es necesario justificar el apoyo a formas radicales e incluso ilegales de combatir a quienes se juzga productores de ese miedo.

Conclusiones

La investigación desarrollada permitió comprender los procesos de reproducción y legitimación del discurso contrainsurgente en el marco de un proceso sociohistórico más amplio de construcción política e identificación de un grupo minoritario como ''el enemigo'' de la sociedad. Esta dinámica de identificación de un ''otro'', cuyo correlato directo es la demarcación de un ''nosotros'', ha definido formas antidemocráticas —pero en muchos casos socialmente legítimas— de ejercicio de la violencia, adquisición del poder y construcción de procesos de estatalización y de la sociedad misma.

Una característica del discurso contrainsurgente es que habilita lógicas de acción social que buscan sustento en la invocación al recurso de ''autodefensa''. Acciones que, aunque ubicadas por fuera de la legalidad, se nutren de los mismos argumentos a partir de los cuales se define socialmente como ''buena'' o ''necesaria'' la persecución y punición de determinados sectores sociales.

Hemos identificado a la problemática seguridad–orden como el punto nodal de lo que se denomina ''discurso contrainsurgente''. El significante seguridad–orden opera como el acento discursivo a partir del cual diferentes agravios, cuya responsabilidad es atribuida a un mismo ''culpable'', coinciden y se manifiestan equivalentes.

Notas

* Este artículo es fruto del proceso de investigación doctoral entre 2008 y 2012, Legitimidad y proceso de reinserción de excombatientes paramilitares en Colombia 2003–2010, y posteriormente ampliada entre 2014 y 2015 como parte de las actividades del Grupo de Investigación en Conflicto y Paz de la Universidad de Medellín.

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