ISSN (impreso) 0121–5167 / ISSN (en línea) 2462–8433
Artista invitada Lina Velásquez Embalsamados De la serie Imágenes Mnemónicas Objeto (fotografías encapsuladas en parafina) 30 x 22 cm 2018 |
SECCIÓN GENERAL
Irene Piedrahita Arcila1 (Colombia)
1 Antropóloga. Magíster en Ciencia Política. Grupo Hegemonía, guerras y conflictos, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia UdeA. Calle 70 No. 52–21, Medellín, Colombia. Correo electrónico: irene.piedrahita@udea.edu.co – Orcid 0000–0002–0180–898X – Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=JPdjW7wAAAAJ
Fecha de recepción: octubre de 2023
Fecha de aprobación: abril de 2024
Cómo citar este artículo: Piedrahita Arcila, Irene. (2024). Las voces de responsables de secuestro en procesos de esclarecimiento de la verdad y producción de memorias. El caso del reconocimiento de secuestro en Caicedo, Antioquia, 2021. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 71. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n71a04
Resumen
En este artículo se pregunta por las voces de los responsables en los procesos de construcción de memoria y esclarecimiento de la verdad en escenarios transicionales a partir del análisis del reconocimiento de responsabilidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP) en el secuestro y asesinato del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, Gilberto Echeverri, realizado por la Comisión de la Verdad en agosto de 2021. La metodología de esta investigación es de corte cualitativa y consiste en la revisión de la documentación del archivo de la Comisión de la Verdad sobre dicho reconocimiento, así como el análisis del evento en sí mismo. En este texto se problematizan las complejidades y debates que surgen en los procesos de justicia transicional, particularmente, cuando se comparten las memorias de los responsables, lo cual aporta a los debates vigentes sobre la construcción de memorias. El análisis del caso permite reflexionar sobre los retos del encuentro y de la escucha en escenarios transicionales, sobre todo, en relación con tensiones, incomodidades y expectativas que circulan en estos espacios.
Palabras clave: Posconflicto; Memoria; Reconocimiento de Responsabilidad; Verdad, Justicia y Reparación; Comisión de la Verdad; FARC–EP.
Abstract
This article examines the voices of the perpetrators in the processes of constructing memory and clarifying the truth in transitional scenarios based on the analysis of the recognition of the responsibilities of the Revolutionary Armed Forces of Colombia–People's Army (FARC–EP) in the kidnapping and assassination of the governor of Antioquia, Guillermo Gaviria, and his peace advisor, Gilberto Echeverri, carried out by the Truth Commission in August 2021. The methodology of this research is qualitative and consists of a review of the Truth Commission's archival documentation on this recognition and an analysis of the event itself. This text problematizes the complexities and debates that arise in transitional justice processes, particularly when the memories of those responsible are shared, contributing to current debates on the construction of memories. The case analysis allows us to reflect on the challenges of encountering and listening in transitional scenarios, especially about the tensions, discomfort and expectations circulating in these spaces.
Keywords: Post–Conflict; Memory; Recognition of Responsibility; Truth, Justice and Reparation; Truth Commission; FARC–EP.
Introducción
Las memorias asociadas a violencias prolongadas y masivas como guerras civiles, genocidios o dictaduras expresan tensiones configuradas por recuerdos, olvidos y silencios. Estas memorias suelen generarse en procesos transicionales en los que se incluyen o excluyen distintas versiones sobre el pasado. Lejos de ser escenarios de consenso, tranquilidad y armonía, las transiciones políticas son, de acuerdo con Isabel Piper (2005), espacios de tensión y preocupación. Estas transiciones, entendidas como momentos liminales de las sociedades en los que hay posibilidades para tramitar el pasado violento reciente, generan preocupaciones por la diversidad y conflictividad de las memorias e invitan a hablar de las violencias en el pasado, pues allí es posible que emerjan memorias colectivas.
Las transiciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, especialmente aquellas que emergieron a finales de la década de 1980 y que se basan en los principios de la justicia transicional, apelan a dispositivos como comisiones de la verdad, tribunales de justicia y entidades dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas en las que hay una producción significativa de relatos sobre el pasado (Castillejo, 2017; Jelin, 2014). Tal producción genera la circulación de versiones y la construcción de memorias que están en constante tensión entre el esclarecimiento de lo ocurrido, las interpretaciones disímiles sobre por qué pasó lo que pasó, las responsabilidades y la posibilidad de imaginar socialmente un porvenir (Castillejo, 2017). De acuerdo con Alejandro Castillejo (2017), las transiciones plantean la promesa de un futuro, materializada a través de la producción del pasado. Ello lleva a la emergencia de memorias diversas —muchas veces rivales (Jelin, 2002)— que suelen producirse a través de los mecanismos transicionales en los que se transita entre el pasado que queda atrás y el futuro que viene (Piper, 2005).
Las memorias producidas en estos escenarios provienen de sujetos políticos protagonistas de la reconstrucción que se hace sobre el pasado, entre ellos las víctimas, quienes son el centro de los dispositivos transicionales.1 Por su parte, los que se nombran victimarios, perpetradores o responsables2 deben responder las preguntas de las víctimas por medio de actos de reconocimiento, reconciliación o perdón.3 En último término, tienen la responsabilidad de reconocer lo ocurrido, pero también producen memorias incómodas o polémicas que circulan por la fuerza de dispositivos transicionales en escenarios locales, nacionales e internacionales. La comprensión y análisis de estas memorias es una de las posibilidades analíticas que ofrecen los escenarios transicionales, al tiempo que proponen debates sobre palabras complejas como verdad, perdón, reconciliación o paz. Dichos escenarios permiten preguntarnos acerca de lo que incomoda de dichas memorias y cómo pueden aportar o no a la necesidad de lidiar con el pasado violento reciente y pensar un horizonte de futuro en el que la violencia no sea la que dirima las diferencias.
En este artículo se analizan las voces de los responsables en los procesos de construcción de memorias y esclarecimiento de la verdad en escenarios transicionales. Específicamente, analiza lo sucedido en el encuentro de reconocimiento de responsabilidades del secuestro y asesinato del gobernador del departamento de Antioquia Guillermo Gaviria y su asesor de paz Gilberto Echeverri entre 2002 y 2003. Este reconocimiento fue realizado el 7 de agosto de 2021 por la Comisión de la Verdad de Colombia, una de las entidades creadas tras la firma del Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP) en 2016. En las voces de los responsables expresadas en dicho evento es posible identificar memorias asociadas a la justificación o explicación de la guerra, a la responsabilidad derivada de las declaraciones que impone el proceso transicional, así como silencios, olvidos y preguntas que en ocasiones resultan incómodas para las víctimas y la sociedad, pero que deben analizarse para complejizar su aporte y repensarlo en escenarios de convivencia y de construcción de paz.
1. Marco metodológico
Se apeló a la propuesta de Leigh A. Payne (2008) en la que se afirma que las voces de los victimarios o responsables, entendidas como confesiones, circulan ampliamente en los escenarios transicionales por la amplificación que les hacen medios de comunicación, estrados judiciales y comisiones de la verdad:
En el plano social, cuando quienes cometieron actos de violencia política los admiten, hacen casi imposible que los partidarios del régimen puedan afirmar que la violencia no se produjo. Al participar en el proceso de transición, las confesiones proporcionan a los autores de la violencia un papel que desempeñar en la construcción de una nueva sociedad (Payne, 2004, p. 115).
Sin embargo, dicha circulación y puesta en público no siempre ayuda a la reconciliación o a la no repetición, y puede generar diferentes impactos, revictimizaciones, incomodidades e incluso fracturas en distintos sectores de la sociedad. En otras palabras, la circulación de memorias no implica per se la reconciliación, sino que este es un camino de largo aliento en el que no hay una única respuesta, obligatoriedades o únicas versiones para la convivencia pacífica.
Se eligió el reconocimiento de responsabilidades del secuestro y asesinato de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri como caso de análisis debido a los impactos que tuvo dicho acto de violencia para el país y las discusiones que propuso alrededor de la democracia (Comisión de la Verdad, 18 de agosto de 2021); asimismo, por los señalamientos y desaprobación que recibió las FARC–EP por el secuestro de estos políticos y por lo que significó el fallido operativo de rescate en 2003 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el cual dio inicio a la política de Seguridad Democrática e implicó un incremento en las acciones armadas y las dinámicas de violencia (Comisión de la Verdad, 2022b, p. 154). Por su parte, el reconocimiento que realizó la Comisión de la Verdad en 2021 tuvo un amplio eco en los ámbitos regional y nacional por lo que significó que integrantes de las otrora FARC–EP e integrantes de dos de las familias políticas más influyentes de la región se encontraran; además, implicó una reflexión sobre el secuestro como modalidad de violencia y sobre la importancia que tiene el reconocimiento de responsabilidades sobre violencias de este tipo.
El análisis del caso se hizo a partir de la consulta de los archivos dispuestos por la Comisión de la Verdad una vez finalizó su mandato. Dicho archivo se comprendió siguiendo los postulados de Ludmila Da Silva Catela (2002) que afirma que los archivos y las instituciones que los acogen «no son pasivas intermediarias para la producción de historia, sino que también son activas gestoras de la memoria» (p. 208). En las sociedades contemporáneas, «ante las vertiginosas ondas de cambios en nuestras sociedades, el registro de hechos y su preservación como prueba del paso del tiempo devino un problema crucial» (p. 202). Se han multiplicado las formas de registro, pues «todo pasa como si en aquellas sociedades que han desarrollado lo que Goody llama “tecnologías del intelecto”, la profunda necesidad de registrar y guardar concentrara el núcleo de una lucha contra el olvido» (p. 202).
Por tanto, se procuró entender el contexto de producción de los materiales dispuestos por la Comisión de la Verdad sobre este caso. Se revisaron documentos, videos, audios, imágenes e ilustraciones sobre el reconocimiento del secuestro, a través de la página web de la Comisión y de sus redes sociales. El Archivo se concibió como un legado para la sociedad colombiana por la Comisión de la Verdad para invitarla a continuar debatiendo, investigando y reflexionando sobre el conflicto armado, sus causas, desarrollo, efectos y resistencias. Para ello dispuso su archivo en la página web (Comisión de la Verdad, s. f. a). Allí se incluye toda la información que pudo hacerse pública, al no implicar problemas de seguridad o de confidencialidad para las fuentes.
Se revisó el acto central de reconocimiento (Comisión de la Verdad, 7 de agosto de 2021), el documental derivado de este reconocimiento (Comisión de la Verdad, 26 de agosto de 2021), el extracto del acto privado entre la familia Echeverri y los firmantes del Acuerdo de paz (Comisión de la Verdad, 18 de agosto de 2021). También se analizó el reconocimiento nacional en el que también hablaron excombatientes de las FARC–EP (Comisión de la Verdad, 23 de junio de 2021). Finalmente, se revisaron algunos extractos de la serie de programas Verdades que liberen hecha por la Comisión de la Verdad y retransmitida por el canal regional Teleantioquia (Comisión de la Verdad, 23 de abril de 2021).
Para complementar la información de la Comisión se consultaron noticias en prensa y documentos testimoniales sobre este secuestro, así como fuentes bibliográficas y textos especializados sobre las memorias de los responsables. Esta información fue organizada y posteriormente analizada a partir de las siguientes preguntas: ¿qué narraciones produjeron los responsables que participaron en el reconocimiento?, ¿en qué espacios circularon y por cuáles medios?, ¿a través de qué dispositivos fueron comunicadas?, ¿qué efectos pueden rastrearse en estas narraciones?
El análisis, además, se nutrió de la experiencia de la autora como investigadora de la Comisión de la Verdad, cuyas tareas incluían el apoyo a la documentación del caso y el acompañamiento a los encuentros preparatorios y de reconocimiento que se realizaron en Medellín y Caicedo. Esto permitió conocer con mayor profundidad el proceso que se realizó, el acompañamiento a los distintos actores involucrados y las fuentes disponibles en el archivo de la entidad.
2. La transición colombiana y la producción de memorias: una mirada desde la Comisión de la Verdad
La más reciente transición derivada del Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC–EP en 2016 ha traído el despliegue de mecanismos de justicia transicional como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UPBD), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (Comisión de la Verdad). En particular, las dos últimas entidades han puesto en circulación relatos sobre el pasado a partir de escenarios judiciales —en el caso de la JEP— y de escenarios extrajudiciales —en el caso de la Comisión de la Verdad—. Han amplificado las voces de las víctimas de distintas modalidades de violencia y, en el caso de los responsables, han enfatizado en las voces de exguerrilleros e integrantes de la fuerza pública del Estado colombiano. En menor medida, desde la Comisión de la Verdad han circulado también versiones de exparamilitares, de desmovilizados individuales de las FARC–EP previo a la firma del Acuerdo de paz, de otros grupos guerrilleros que han dejado las armas y de algunos terceros civiles.
Tanto los paramilitares como los desmovilizados individuales previo a la firma del Acuerdo de paz se encuentran ligados a la Ley de Justicia y Paz firmada en 2005, la cual tiene sus propios tribunales de justicia y mecanismos de contribución a la verdad de carácter extrajudicial. No obstante, la Comisión de la Verdad pudo trabajar con ellos y ellas debido a que su mandato comprendía el esclarecimiento del desarrollo del conflicto armado en general. Por otro lado, el hecho de que la Comisión fuera extrajudicial le permitía tener acceso a estas voces sin que implicara inconvenientes para los procesos judiciales que actualmente viven dichos excombatientes. Recientemente, Salvatore Mancuso fue aceptado como compareciente ante la JEP por su vínculo con las fuerzas armadas del Estado, lo cual se hizo audible en el país por la realización de una comparecencia pública de varios días en las que el ex comandante paramilitar presentó sus contribuciones a la verdad para justificar su entrada a esta jurisdicción.
Por su parte, los terceros civiles son una categoría que utiliza el Sistema Integral para la Paz para referirse a aquellas personas que no hicieron parte directa de grupos armados, pero que financiaron, auspiciaron o favorecieron el desarrollo del conflicto armado y el uso de la violencia. Aquí también se incluyen otros funcionarios estatales que no hicieron parte de las Fuerzas Armadas, pero que intervinieron en el conflicto armado.
El mandato de la Comisión de la Verdad, descrito en el Decreto 588 de 2017, consistía en esclarecer el desarrollo del conflicto armado, principales causas y motivos, responsabilidades colectivas de grupos intervinientes, impactos y formas de resistencia; asimismo, debía crear espacios de reconocimiento y convivencia para dignificar a las víctimas y facilitar oportunidades para que responsables aportaran al esclarecimiento de la verdad; finalmente, debía recomendar medidas de no repetición de la violencia. La Comisión de la Verdad trabajó desde el 28 de noviembre de 2018 hasta el 28 de junio de 2022,4 día en que entregó su informe final al país.5
A partir de la puesta en marcha del Sistema Integral para la Paz la sociedad colombiana ha sido testigo de actos de reconocimiento de responsabilidades convocados por la Comisión de la Verdad, de comparecencias públicas realizadas por la JEP y de entrevistas y espacios mediáticos derivados de estos procesos. Voces de excombatientes han empezado a circular en la sociedad y han generado preguntas respecto a qué tan audibles deberían ser estas voces, cuál es el lugar de la justicia en esta discusión y si es necesario un equilibrio entre olvidos, silencios y memorias, pues como se ha planteado en escenarios de discusión provocados por la transición, no se es claro qué tanto quiere saberse y cómo debemos enfrentarnos a estas versiones. Asimismo, se ha discutido sobre la validez de dichas versiones y su lugar en los relatos sobre el pasado violento reciente que está produciendo el país.
Un caso ilustrativo de esto último es el reconocimiento temprano de responsabilidades que hicieron los integrantes del secretariado de las FARC–EP sobre el asesinato del político conservador Álvaro Gómez Hurtado. En el país hubo una polémica porque la familia de Gómez y una parte de la sociedad colombiana no estaban de acuerdo con esta versión, pues para ellos el determinador de la muerte de Gómez era el ex presidente Ernesto Samper.
El mecanismo que adoptó la Comisión de la Verdad para estas conversaciones fue el de los reconocimientos, denominados Encuentros por la verdad. Estos espacios fueron concebidos como procesos de trabajo con víctimas y responsables en los que se buscaba responder preguntas como:
¿Qué pasa con todos los efectos nocivos que han quedado en las víctimas y en la sociedad? ¿Qué pasa con los lazos rotos, las enemistades, el rencor y el dolor entre personas que deben seguir conviviendo, que deben dar pasos para continuar a pesar de todo lo sucedido? ¿Dónde queda la posibilidad de reintegración a la vida social de los responsables? (Comisión de la Verdad, 2022a, p. 580).
Para responder estas preguntas la Comisión de la Verdad diferenció estos reconocimientos en dos tipos: el primero denominado reconocimiento de la dignidad de las víctimas, en el cual se escuchaba a las víctimas del conflicto armado y su misión principal consistía en hacer audibles sus voces para reconocer su dignidad y al tiempo enviar un mensaje directo sobre la valentía y resistencia de las víctimas a la sociedad colombiana y a los responsables del conflicto armado, haciendo énfasis en cómo el reconocimiento de su dolor puede ayudar a acercarnos como país.6 El segundo tipo se denominó reconocimiento de responsabilidades, en el que los responsables debían responder las demandas de verdad de las víctimas y reconocer las violencias cometidas durante el conflicto armado.
Los reconocimientos de responsabilidad suponen oportunidades para develar verdades que muchas veces permanecen ocultas, espacios para preguntar y escuchar, para tratar de entender por qué y, a la vez, aportar experiencias desde diversos lados del conflicto armado y de sus protagonistas. No es un diálogo fácil. El solo hecho de permanecer en un mismo lugar víctimas y responsables, o de que puedan compartir un escenario social para hablar de lo sucedido, representa una experiencia única e insólita (Comisión de la Verdad, 2022a, p. 584).
Ambos tipos de reconocimiento exigían el cuidado de todo el proceso e implicaba comprender el rol de los distintos actores involucrados. Las víctimas fueron el centro de los reconocimientos, sus preguntas y demandas de verdad fueron nodales para diseñar cada uno de los espacios. Los responsables debían ser conscientes de que estos no eran escenarios para pedir perdón o disculpas públicas de manera obligatoria, sino para el reconocimiento de responsabilidades sin justificaciones o revictimizaciones. La audiencia, por su parte, fungía como testigo, a quienes se les pedía una escucha comprensiva y respetuosa. La Comisión, en tanto facilitadora, debía garantizar el desarrollo oportuno de los encuentros. Estos actores debían dialogar porque:
El reconocimiento de responsabilidad es esencialmente un proceso de diálogo sobre la restauración de la dignidad humana violentada. Para muchas víctimas en la búsqueda de la verdad, puede ser determinante la descripción detallada de un hecho o la exposición de las motivaciones y razones de lo sucedido. También hay una pregunta frecuente en las víctimas: ¿por qué a mí? o ¿por qué mi hijo? (Comisión de la Verdad, 2022a, p. 597).7
Durante más de tres años de su mandato «se adelantaron un total de 51 eventos con el objetivo de apoyar estos procesos de reconocimiento. Entre ellos, catorce dirigidos a restaurar la dignidad de las víctimas y 37 concentrados en la aceptación de responsabilidades» (Comisión de la Verdad, 2022c, p. 11). Dichos encuentros, de acuerdo con María Victoria Uribe (2021), tuvieron una composición multiescalar. Si bien cada uno fue desarrollado acorde con exigencias y demandas de quienes eran convocados, hubo unos puntos comunes a todos: i) la participación en los reconocimientos fue voluntaria y libre para garantizar mayor compromiso con el proceso; ii) cada acto de reconocimiento implicaba una etapa preparatoria de reuniones, talleres y entrevistas con víctimas y responsables para reconstruir lo sucedido, identificar demandas de verdad y establecer la mejor ruta para el acto de cierre o encuentro por la verdad; iii) los reconocimientos tenían un componente investigativo para contrastar y verificar la información puesta en público, así como un componente psicosocial para acompañar a víctimas, responsables y testigos, ambos elementos eran transversales a todo el proceso; iv) el encuentro por la verdad de cada reconocimiento se definía entre víctimas, responsables y el equipo de la Comisión, atendiendo al cuidado y a condiciones de seguridad, así, no todos los reconocimientos tuvieron un acto público; v) lo simbólico tuvo un peso fundamental en estos procesos, pues permitía narrar lo inefable, darle lugar al cuerpo y sus emociones, y establecer distintos ritmos en la conversación (Comisión de la Verdad, 2022a, p. 595); vi) una vez finalizado el reconocimiento, un equipo de la Comisión mantuvo el seguimiento a víctimas y responsables, tanto para el cumplimiento de acuerdos como para monitorear posibles necesidades psicosociales y de seguridad.8
Teniendo en cuenta lo anterior, algunos reconocimientos no siguieron su proceso porque las demandas o exigencias no eran cumplidas por algunas de las partes o porque las condiciones de seguridad no permitieron su adecuada realización. En el caso de reconocimiento de responsabilidades de Elda Mosquera, alias Karina, se realizó a puerta cerrada, en un espacio íntimo para las víctimas y para la responsable, pero con la presencia de unos cuarenta testigos clave. Lo que sí se garantizó fue un cubrimiento del proceso para que la sociedad en general pudiera conocer lo sucedido.9
Por otra parte, la decoración del espacio, las intervenciones artísticas, la disposición de las sillas, entre otros aspectos, hacen parte de lo simbólico en estos reconocimientos. En el caso del reconocimiento de responsabilidades sobre el secuestro y asesinato de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri hubo una presentación artística al final realizada por el coro de niños y niñas del municipio de Caicedo. Cantaron el Padre nuestro, concertado con las familias de las víctimas como cierre simbólico del espacio. Dar un lugar a la nueva generación, permitir que fueran los niños y niñas del municipio, y arropar el espacio con un mensaje de esperanza fueron las razones para la elección de dicho acto.
Estos puntos comunes no impidieron, por un lado, que se expresara la particularidad de cada proceso, según sus propias necesidades y características; por otro lado, no implicaba tener todo bajo control, pues los encuentros por la verdad aludían a una incertidumbre propia de las temporalidades del relato (Jelin, 2014). Si bien los relatos puestos en público se preparaban previamente, la superposición de las temporalidades de quien testimoniaba y los impactos de estar frente a una audiencia compleja podían suponer una activación de memorias tan dolorosas que no permitían exponer el relato; asimismo, implicó reconocer la transición colombiana10 y los espacios de reconocimiento como un tiempo para empezar a hablar y a escuchar, pues «los tiempos múltiples y climas de época influyen sobre lo que se puede decir en un momento dado y sobre su difusión posterior. Tiempos no solo para hablar sino para que otros y otras puedan escuchar, que a su vez puede permitir salir del silencio» (Jelin, 2014, p. 148).
Las memorias que circularon en los espacios de reconocimiento y sus usos fueron diversas. Lo dispuesto en estos espacios es motivo de consulta académica, material de cursos de pregrado y posgrado, así como motivo de debate y discusión en la agenda pública cada vez que se activan dichas memorias, por ejemplo, en fechas de conmemoración. Para la Comisión de la Verdad (2022a) los encuentros por la verdad oscilan «entre la motivación, el miedo y el cuestionamiento [porque los responsables] se ven cuestionados por la dimensión de sus actos, o porque les interpela su propia humanidad. Porque terminan reconociendo, comprendiendo y aceptando las consecuencias de lo que hicieron» (p. 591). La exposición pública de los hechos implica no sólo reconocerse frente a los horrores de la guerra, sino tener que reinterpretarlos en función de los tiempos y las exigencias de la transición. Esto lleva a un nivel de análisis en el que las experiencias límite del sujeto posterior a la dejación de armas —estar en prisión, someterse al reencuentro con familiares y amigos, el escarnio público— implica «cuestionar su participación y [...] ubicarse en el lugar de aportar a la verdad» (p. 592).
En estos espacios se procuró «la toma de conciencia, en vez de respuestas habituales en la guerra para diluir responsabilidad, atribuirla a circunstancias, refugiarse en la obediencia o minimizar los hechos» (Comisión de la Verdad, 2022a, p. 597), y por ello fueron pensados para garantizar que víctimas y responsables tuvieran acompañamiento adecuado y digno. La toma de conciencia se concibió como el camino para asegurar que las víctimas tuvieran respuestas, pero también para que los responsables reflexionaran sobre los daños que ocasionaron. También fue pensada para que la sociedad en su conjunto reflexionara sobre la proximidad de la guerra, esto es, sobre algo que nos sucedió y que no podemos permitir que se repita. La toma de conciencia implica, sin embargo, un ejercicio de domesticación de los relatos, esto es, la transformación de las narrativas de los responsables en confesiones audibles para las víctimas y la sociedad. En palabras de Iván Orozco, Catalina Peralta y Gonzalo Sánchez (2023), implica una fractura de la identidad, pues el otrora combatiente o comandante pasa a ser un responsable, un compareciente, es decir, quien confiesa la violencia. Esto puede verse en el caso del reconocimiento analizado en este artículo.
3. Verdades que liberen: el reconocimiento de responsabilidades sobre el secuestro y asesinato de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri
El 7 de agosto de 2021, en el municipio de Caicedo, departamento de Antioquia, se encontraron integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC–EP con familiares y víctimas de secuestro para un reconocimiento de responsabilidades en el marco de las acciones de la Comisión de la Verdad. Ante un centenar de personas presentes y cientos más en la virtualidad, dirigentes de aquella guerrilla reconocieron el secuestro del 21 de abril de 2002 del entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y de su asesor de paz, Gilberto Echeverri Mejía, y de su asesinato junto a ocho oficiales y suboficiales por disparos a quemarropa en medio de un operativo de rescate el 5 de mayo de 2003, ordenado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en el marco del inicio de la política de Seguridad Democrática (Comisión de la Verdad, 2022b). Estos hechos cometidos por integrantes del Frente 34 de las FARC–EP son una de las marcas en las memorias asociadas al conflicto armado de los habitantes de Antioquia.
Guillermo Gaviria Correa, integrante del Partido Liberal, tuvo desde 1990 varios cargos públicos en Antioquia, pero alcanzó mayor reconocimiento y visibilidad cuando fue elegido gobernador del departamento e inició su mandato el 1.° de enero de 2001. En este proceso lo acompañó Gilberto Echeverri Mejía, otro político colombiano con amplia experiencia. Ambos políticos, inspirados por el movimiento de la No–Violencia de Mahatma Gandhi, realizaron una serie de acciones por la paz en Antioquia, mientras en el país se intentaba negociar la paz con las FARC–EP a través de un diálogo nacional, en medio, paradójicamente, de los más altos índices de violencia debido a la degradación de la guerra.
En el gobierno de Andrés Pastrana (1998–2002) se llevaron a cabo unas negociaciones de paz con las FARC–EP en las cuales se despejaron varios municipios del oriente del país y se intentó poner fin a las disputas con esta guerrilla. No obstante, las negociaciones no implicaron un cese al fuego definitivo, sino que, por el contrario, coincidieron con el periodo de mayor violencia y accionar militar, con un incremento en modalidades de violencia como el secuestro, la desaparición forzada, las masacres, los desplazamientos forzados y los asesinatos selectivos. El incremento de la violencia en medio de una negociación de paz generó una profunda desconfianza en la sociedad colombiana (Comisión de la Verdad, 2022a).
Con expresiones del movimiento por la paz en el que coincidían organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, alcaldes y funcionarios públicos del departamento ambos políticos se embarcaron en una marcha de la No–Violencia —inspirada en la marcha de la sal de Mahatma Gandhi—, la cual buscaba apoyar las negociaciones de paz, movilizar a la sociedad antioqueña para respaldar la paz y ejercicios no–violentos, y acompañar a campesinos y campesinas cultivadores de café del Occidente de Antioquia que estaban siendo hostigados por las FARC–EP, pues este grupo robaba el café producido, los extorsionaba y violentaba.
La marcha inició el 17 de abril de 2002 desde Medellín hacia el municipio de Caicedo. Centenares de personas acompañaban a los políticos que encabezaban la marcha y cinco días después estaban por culminar esta acción simbólica. En el Puente del Vaho, un pequeño lugar ubicado a cinco kilómetros de la cabecera municipal de Caicedo, fueron detenidos por alias Elías, un guerrillero del Frente 34 de las FARC–EP, que les dijo que debían entrevistarse con el comandante, alias El Paisa, que los esperaría en un lugar alejado de la marcha (Comisión de la Verdad, 2022b). Los políticos se fueron en compañía de un sacerdote. No regresaron. Esa noche fueron secuestrados. Así narró la primera noche de cautiverio Gilberto Echeverri (2013):
Esta primera noche fue muy dura, casi quince horas en mula; ascendimos por quebradas que caían de lo alto de la montaña, por lechos de rocas medianas y grandes, la luna nos acompañó hasta las dos de la mañana aproximadamente. Al lado de cada uno de nosotros teníamos unos guerrilleros muy jóvenes con gran capacidad para arrear las mulas, con una resistencia increíble. No mostraron cansancio, ni fatiga (p. 16).Esa noche pensé en la furia de los funcionarios del gobierno quienes, como Camilo Gómez, dirían a la opinión pública que era un acto producto de nuestra irresponsabilidad. Después, el presidente Pastrana y el señor Gómez lo afirmaron por radio y televisión. También muchas personas en privado dirían «dieron papaya». Algunos con perfidia y mala leche. En fin, el qué dirán o qué dijeron, ya no cuenta. El hecho real y concreto es: estamos retenidos, no tenemos libertad para movernos fuera del campamento, no tenemos opción para gestionar nuestra salida del cautiverio, somos sujetos de canje, según la definición que a nuestra retención le dieron las FARC (p. 21).
Los políticos estuvieron secuestrados por varios meses, junto con ocho policías y soldados capturados por las FARC–EP en combates. Durante ese tiempo escribieron diarios, los cuales fueron entregados a sus familiares después del asesinato y reposan hoy como memorias del cautiverio. Tras la llegada de Álvaro Uribe a la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2002 y para marcar el inicio de la política de Seguridad Democrática, meses después se ordenó un operativo de rescate para liberar a los dos políticos antioqueños, a pesar de que ellos y sus familias habían pedido tajantemente que no fueran rescatados, pues esto les garantizaba más chances de salir con vida del secuestro. Sin embargo, en medio de un operativo marcado por errores en la inteligencia militar y espionaje, los dos políticos fueron asesinados.
Poco se supo sobre las circunstancias en las que los políticos murieron a manos de sus captores. Hasta 2021, cuando se inició el proceso de reconocimiento de responsabilidades sobre este secuestro. Las primeras reuniones exploratorias se dieron en el marco del reconocimiento nacional Verdades que liberen, en las cuales se habló de la importancia de este caso para avanzar en la confianza de la sociedad antioqueña con el proceso de paz y el esclarecimiento de la verdad. Allí entonces se inició una serie de encuentros con los familiares de los políticos y con los firmantes del Acuerdo de paz11 que integraron el Frente 34 de las FARC–EP.
Los habitantes del departamento de Antioquia son de los más escépticos con el Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC–EP. Por eso este tipo de procesos se consideraban fundamentales para impactar de manera positiva a la sociedad antioqueña. De ahí que el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, terminara su interlocución en el encuentro por la verdad afirmando: «Si Antioquia no hace la paz, no habrá nunca paz en Colombia» (Comisión de la Verdad, 7 de agosto de 2021). El reconocimiento fue hecho en el municipio de Caicedo como una expresión de la importancia de Antioquia en la construcción de paz.
Las primeras reuniones fueron individuales, separando víctimas y responsables. Se realizaron entrevistas para reconstruir los hechos y para comprender daños, impactos y afectaciones. La Comisión de la Verdad habló con integrantes del movimiento por la paz de esa época, con las familias y con los excombatientes. Se hicieron más de veinte entrevistas, al menos una decena de reuniones y dos talleres con excombatientes para reconstruir colectivamente los hechos. Con estos encuentros las víctimas fueron elaborando sus demandas de verdad, es decir, aquellas preguntas y cuestionamientos que necesitaban respuesta por parte de los excombatientes, quienes fueron trabajando en la toma de conciencia sobre lo que significó este hecho para las familias y para el país.
Llamó la atención que en un inicio los firmantes del Acuerdo de paz afirmaron no saber mucho más sobre el secuestro, evadieron las preguntas y plantearon que alias El Paisa, responsable del cautiverio, estaba muerto.12 Sin embargo, a medida que avanzó el proceso y con la toma de conciencia de lo que significaba esta información para las víctimas fueron cambiando de postura. Buscaron información entre los firmantes, levantaron datos de sus propios archivos y encontraron información valiosa para los familiares de los políticos.13 Ello llevó a dos momentos importantes en el reconocimiento: el primero, un encuentro privado entre la familia Echeverri y los firmantes del Acuerdo de paz; y el segundo, el encuentro por la verdad realizado en Caicedo el 7 de agosto de 2021.
El encuentro privado entre la familia Echeverri y los firmantes se llevó a cabo el 25 de junio de 2021, y un extracto de la conversación está disponible como parte de los archivos de este reconocimiento (Comisión de la Verdad, 18 de agosto de 2021). Una carta escrita por los familiares, en la que presentaron sus demandas de verdad, fue la activadora de las memorias, en tanto puso el énfasis en aquello que se debía esclarecer. En dicho documento pidieron comprender los porqués del secuestro y del asesinato. Hijos y nietos, autores del texto, reconocieron el valor de Gilberto Echeverri e identificaron los daños que produjo el secuestro: «llevamos 19 años de dolor, de un dolor que no sana y de una ausencia que es irremplazable. Gilberto era un hombre bueno, amoroso, sencillo, muy disciplinado y con gran inteligencia, especialmente emocional» (Comisión de la Verdad, 18 de agosto de 2021). En esta carta también lanzaron preguntas que fueron respondidas por los firmantes del Acuerdo de paz:
¿Qué justificaba una masacre como la que ustedes ordenaron y sus subalternos ejecutaron con sevicia? ¿Por qué pararon la marcha, y ustedes como respuesta a esta entrega y generosidad, lo pusieron en manos del verdugo más cruel, por qué? ¿Por qué anularon a un hombre de paz? ¿Por qué sacrificaron una de las pocas personas con capacidad para acercar posiciones entre la guerrilla, el Estado y la sociedad? ¿Por qué no le dieron la oportunidad que desde el cautiverio siguieran tendiendo puentes de paz y reconciliación, sabiendo que buscaban la paz abiertamente? ¿Por qué había una orden de asesinato desde el secretariado? ¿Por qué esquivan la responsabilidad? ¿Por qué inculpan mandos medios que hoy no están cuando la orden vino de las FARC? ¿Para ustedes la vida tenía valor? ¿Qué autoridad tenía el secretariado para decir quién vivía y quién moría? ¿Por qué no lo liberaron? ¿Por qué nos dejaron sin él? Su ausencia es irremplazable. ¿Por qué nos dejaron con el corazón partido? (Comisión de la Verdad, 18 de agosto de 2021).
Los firmantes recibieron esta carta de manera previa al encuentro con los familiares y se dieron a la tarea de construir colectivamente respuestas que les permitieran satisfacer algunas de las demandas de verdad de las víctimas. La reconstrucción de estas respuestas oscilaba entre el miedo a la exposición y la justificación de lo hecho. No hay que olvidar que los firmantes del Acuerdo venían de una guerra que consideraban «justa» y por ello las primeras respuestas tendían a justificar lo hecho en la lógica del marco del conflicto armado, esto es, los excombatientes se estaban enfrentando a la fractura de su identidad (Orozco, Peralta y Sánchez, 2023). Pero tampoco hay que dejar de lado que las respuestas pueden ser complejas para las víctimas y por eso el miedo a la exposición emergió en los excombatientes. Las respuestas a los porqués no siempre es lo que esperan las víctimas y por ello el temor a que lo dicho no fuera suficiente podía escucharse en el discurso de los excombatientes mientras transcurría el proceso de preparación del encuentro. No obstante, estos procesos de encuentro son valiosos, en tanto permiten el debate, la circulación de memorias y muestran su potencial. La memoria abre una posibilidad para reconstruir lazos porque «la memoria es una tarea tan importante como la que lleva a cabo la justicia» (Uribe, 2021, p. 8).
Para contestar las preguntas de las víctimas los firmantes apelaron a las memorias de aquellos excombatientes que quedaron vivos. Explicaron a los familiares que siguieron directrices diseñadas en un momento en el que el conflicto armado alcanzaba su pico más alto. La orden era clara: si había rescate, debían asesinar a quienes estaban secuestrados. Así lo expresó Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias Isaías Trujillo, máximo comandante del Frente 34 de las FARC–EP para la época del secuestro:
El Paisa dio la orden de matarlos. El paisa. Y los muchachos que habían [sic] ahí procedieron a eso, y eso fue lo que hicieron. Entonces el mando del Frente era yo, y yo recibía órdenes, los mandos medios recibían las órdenes mías y yo recibía las órdenes del Secretariado. Así era como funcionaban las FARC.La consigna que uno sabía que había era que tocaba conservar la vida de los secuestrados y no dejarlos rescatar vivos.14 Nada de lo que hicimos, ni el Acuerdo ni nada de estas cosas que estamos haciendo nos va a revivir los muertos, es imposible, pero sí podemos trabajar para que esto no se repita.
Doña Marta Inés, a nombre de los que constituimos esta organización, yo le pido perdón y espero que algún día, ustedes, toda la familia, los nietos, puedan perdonarnos (Comisión de la Verdad, 18 de agosto de 2021).
En el encuentro privado hubo espacio para el dolor, para el arrepentimiento y para la explicación. Fue complejo por lo que significaba para quienes estaban allí reconocerse en la humanidad de otros. Al final del encuentro, una vez concluyeron las intervenciones, uno de los nietos decidió preguntar algo más. Pidió a los excombatientes que le explicaran por qué, si el canje de prisioneros era tan importante, si la vida de su abuelo era tan valiosa, decidieron asesinarlo. No preguntaba por motivos genéricos, estaba preguntando por las razones de la guerra. Uno de los excomandantes, Pastor Alape, tomó la vocería. Afirmó que quería explicarlo desde la lógica de la guerra, no desde la lógica de la transición. Explicó que en su lógica un rescate de prisioneros con vida significaba una derrota. La respuesta era desgarradora, pero a la vez tranquilizadora.
El segundo espacio, el encuentro por la verdad del 7 de agosto de 2021, contó con la presencia de familiares de Guillermo Gaviria,15 con víctimas del conflicto armado del municipio de Caicedo, con alcaldes de la época y con defensores y defensoras de derechos humanos; también asistieron medios de comunicación, periodistas, testigos e interesados en estos procesos. Los dispositivos de memoria estuvieron encarnados en las víctimas y testigos de lo sucedido, pero también en la elección de Caicedo como el lugar para la evocación de estas memorias (Vezzeti, 2019). Al respecto, hay que tener en cuenta que «el espacio no habla, no produce por sí solo un recuerdo sin la acción y la voluntad de recordar, un trabajo que no depende de la “pura presencia” del sitio. El lugar no es lo importante, es sólo un “ocasional instrumento para desencadenar una memoria”» (Vezzeti, 2019, p. 40).
Hubo varios testimonios en los que se habló de las afectaciones al territorio y a la población por las acciones de las FARC–EP, de lo que significó el secuestro de los dos políticos para la gente de Caicedo y para Antioquia, una región que estaba pensándose la paz. En este evento hablaron dos familiares de Gaviria, su exesposa, Yolanda Pinto, y su hermana, Irene Gaviria, que interpelaron a los responsables:
[Irene Gaviria] Invoco el dolor de las familias de Caicedo y de Urrao. Si las víctimas logramos transmitir este dolor a los victimarios y ellos sentirlo realmente, habremos avanzado algo en un proceso de paz. Si a ustedes no los sacude este dolor, de esta manera, hasta que el reconocimiento de la verdad sea igual de sincero, de generoso, de incontenible, nada que podamos decir podrá liberarlos del estado de deshumanización al que los llevó esta guerra que acabó con tantas vidas que es imposible contarlas (Comisión de la Verdad, 7 de agosto de 2021).
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, jefe mayor de las FARC–EP al momento de la firma del Acuerdo de paz, reconoció lo emotivo del acto y lo duro que significaba reconocer hechos que hoy entienden como «crueles e inhumanos, que avergüenzan» (Comisión de la Verdad, 7 de agosto de 2021). En su discurso se resalta el no tener explicación racional para un hecho que hoy comprenden como un crimen:
No hay ninguna explicación, no hay ninguna justificación. Estábamos peleando por el canje, queríamos sacar a la gente nuestra que estaba prisionera, queríamos tenerlos libres, y creímos que ese camino era el acertado y fue sumamente equivocado. [...] Como jefe de las FARC las personas creen que yo sabía todo lo que pasaba con los frentes en todo el país, pero cada quien estaba en su territorio. Debo insistir que fue un error que nos sacó de la órbita de revolucionarios al de bandidos (Comisión de la Verdad, 7 de agosto de 2021).
Dos elementos llaman la atención: el primero está relacionado con usar la no comprensión de los actos como una forma de aclararlos; se trata de un cambio en el discurso en el que apelar a las irracionalidades de la guerra —lo que algunos de ellos han denominado «estados delirantes»— sirve para explicar la gravedad de lo hecho. Pero, por otro lado, un asunto que ha generado controversias en este tipo de confesiones tiene que ver con que se mencionan las responsabilidades como un error; si bien en este extracto esto viene acompañado de sentirse como «bandidos», aspecto considerado negativo para quienes fueron guerrilleros, el que no cambie de discurso para admitir los horrores de lo hecho es visto por varios sectores sociales como muestra de poco arrepentimiento.
La confesión más compleja que se presentó este día fue el esclarecimiento de lo sucedido el día del secuestro. Ante la audiencia, Fancy Orrego y Luis Óscar Úsuga, antiguos comandantes del Frente 34 de las FARC–EP, debieron responder a las demandas de verdad de las familias, así como a las de los habitantes de Caicedo, quienes sufrieron varios ataques por parte de esta guerrilla. Las confesiones implicaron reconocer las afectaciones territoriales del conflicto armado, las estrategias militares que utilizaban las FARC–EP, las cuales explicaban prácticas como la extorsión al campesinado, la siembra de minas antipersonales y los ataques a centros poblados. En palabras de ambos excombatientes:
En este escenario del conflicto armado, buscando el logro de los objetivos en la toma del poder, usamos de manera desproporcionada nuestra fuerza, ocasionando graves afectaciones a los caicedeños, tanto de la zona rural como urbana. Acciones tales como el secuestro del gobernador Guillermo Gaviria y el exministro de defensa Gilberto Echeverri, quienes para ustedes representaban su única esperanza de paz. Igualmente, el ataque al puesto de policía, que tuvo que ser reubicado en varias ocasiones, al ser destruido por nuestro accionar y que afectó, por ende, la iglesia, la casa campesina, como también a la comunidad que se encontraba a los alrededores. Lo más grave que nos ocurrió fue no haber avizorado el movimiento político de la No–Violencia, que se estaba organizando en Antioquia bajo el gobernador y su asesor de paz. Tal vez otra hubiera sido la historia de Colombia, si hubiéramos oído las voces que nos hablaban con sinceridad y de amor de patria. Las voces que se sumaban a la del gobernador, desde las alcaldías y territorios, ese es el drama de la confrontación armada, su estruendo ensordece, enceguece y en consecuencia se cometen graves delitos, errores políticos que conducen a horrendos crímenes de guerra. Hoy lo entendemos y lamentamos. Por eso, estamos en este proceso, por eso pedimos perdón a todas las víctimas y a las familias de los mártires de la paz, Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri.[...] El territorio fue el escenario de operaciones militares para enfrentarnos y eso dio lugar a la agudización de la guerra, donde por desgracia el mayor impacto lo sufren los campesinos y los habitantes de este territorio. Hoy intentamos por todos los medios esclarecer muchas de sus preguntas acerca de lo que pasó en este territorio. Es por esto que estamos reconstruyendo la memoria histórica de los acontecimientos que golpearon con tanta fuerza al municipio (Comisión de la Verdad, 7 de agosto de 2021).
En la confesión, además de reconocer las afectaciones al territorio, afirmaron haber cometido una masacre, como hoy denominan lo sucedido, ya que en el marco del operativo del rescate fueron asesinados dos políticos y ocho oficiales integrantes de las Fuerzas Armadas también secuestrados (Comisión de la Verdad, 2022b). Apelaron a la complejidad de la lógica de la guerra, a la incapacidad de ver más allá de las dicotomías de amigo–enemigoy a la ceguera que esto produce. En palabras de Fancy Orrego y de Pastor Alape:
Nunca pensamos que esto iba a tener el desenlace que tuvo, jamás avizoramos eso, porque nosotros no éramos enemigos de Gaviria y de Gilberto, pero la guerra no nos dejó mirar más allá y no analizamos el plan congruente que traía el señor Guillermo Gaviria. [...] La incertidumbre y la vergüenza impidieron por mucho tiempo vernos cara a cara. Agradecemos su generosidad y grandeza por permitir que este encuentro fuera posible. Queremos decirles, a modo de explicación: fueron tiempos difíciles, los cuales no nos permitieron comprender el daño que ocasionaron, no alcanzamos a vislumbrar la filosofía de la no–violencia. Hoy nuestro compromiso indoblegable es por la paz, nos convoca la fuerza de la verdad que es esa que permitirá construir una patria para todos sin excepción, así como decía Guillermo.Cargamos una vergüenza moral, una carga muy grande sobre estos hechos, porque acá se repite lo de Caín matando a Abel. Uno no se explica cómo no fuimos capaces de entender que estos dos mártires de la paz eran aliados de lo que queríamos (Comisión de la Verdad, 7 de agosto de 2021).
El encuentro por la verdad en Caicedo, como punto de llegada de un proceso de reconocimiento, permitió saber de primera mano lo sucedido, logró satisfacer algunas de las preguntas de las víctimas y los reclamos de arrepentimiento que hacía una parte de la sociedad colombiana. Sin embargo, dejó también preguntas abiertas, algunas, a primera vista, sencillas, pero de gran profundidad: ¿por qué los victimarios no lloran?, ¿por qué no dan «verdades sin filtro»?16 Otras evidencian la complejidad de una eventual reconciliación. Los espacios de reconocimiento o de exposición pública de las confesiones y las memorias que las acompañan muestran los retos de las transiciones políticas y los desafíos que tienen estas discusiones en el escenario transicional.17
4. Memorias que incomodan: dilemas, retos y desafíos de las voces de los responsables
Las voces que circulan por la fuerza de los escenarios transicionales no siempre traen como contraparte la reconciliación o el perdón. Al contrario, estas voces y sus polémicas muestran que las transiciones no son armónicas, sino que son espacios para el debate, las tensiones y las pugnas por aquello que se busca que sean las sociedades. Por ello, las versiones sobre el pasado son uno de los puntos de discusión más fuertes en las sociedades en transición. En el caso particular de las voces de los responsables, estas:
Alteran a los que las escuchan, pues, en algunos casos, por primera vez se enteran de detalles estremecedores y espeluznantes. Estas confesiones perturban, o rompen, el silencio impuesto sobre el pasado por aquellas fuerzas dentro de las sociedades democráticas que anhelan dejar el pasado atrás y cerrar la página. Estas confesiones, sin embargo, no revelan necesariamente verdades sobre el pasado. Se trata de simples informes, explicaciones y justificaciones de un comportamiento por fuera de lo normal, o de versiones personales sobre el pasado (Payne, 2008, p. 27).
El caso analizado permite ver cómo las confesiones de los responsables del secuestro y asesinato de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri generan distintas emociones, puesto que son de naturaleza distinta y su ubicación en la producción del pasado no es sencilla. En algunos casos, se apeló al reconocimiento de lo sucedido y a la petición de perdón como una forma de exculpación, pero en otros sigue habiendo una necesidad de justificación de lo hecho, de eludir las responsabilidades, incluso a través de la misma incapacidad de explicar lo sucedido. Asumir que la guerra es una externalidad de quienes la hicieron posible resulta una forma particular de explicar lo que pasó y, si se quiere, de otorgar humanidad a quien cometió el hecho; sin embargo, no deja de ser problemático, pues pone en el centro el dilema entre verdad y justicia, lo cual sigue siendo un tema difícil de tramitar en los procesos transicionales. Para varios sectores de una sociedad como la colombiana, el aporte de verdad no exime a los responsables de sus cuentas con la justicia y, por el contrario, exigen formas de castigo asociadas a la privación de la libertad. Para otros sectores, en cambio, la verdad y la justicia van de la mano y las voces de quienes cometieron actos de violencia resultan más útiles cuando se aporta a la verdad, en otras palabras, este aporte se entiende como una forma de justicia. Una de las preguntas abiertas que dejan los reconocimientos es si estos son suficientes para saldar esta discusión o si estos espacios profundizan dicho dilema.
Las incomodidades que generan las voces de los responsables en procesos transicionales como el colombiano se enfrentan también con los retos de una audiencia exigente. Esta audiencia, por un lado, debería estar preparada para la escucha, aunque, como lo recuerda Elizabeth Jelin (2014), los tiempos del testimonio y de la recepción de este no siempre coinciden; por el otro, las confesiones y las memorias que la sustentan se enfrentan con el reto de la expectativa del receptor, lo cual hace que «el consenso, la armonía y la igualdad [sean] resultados poco probables» (Payne, 2008, p. 29).
En el caso de los reconocimientos de secuestro —tanto en el caso analizado, como en el caso nacional— las expectativas son disímiles, tanto como lo son las subjetividades de las víctimas y las narraciones predominantes en la sociedad. Algunas de las víctimas y buena parte de la audiencia están esperando que el responsable se conmueva ante sus palabras, otras están esperando la petición de perdón y otras simplemente no lo aguantan. Conciliar expectativas con realidades resulta ser una promesa que puede terminar siendo incumplida en los procesos de justicia transicional y por ello debe recordarse el carácter incómodo y contencioso de estas memorias (Payne, 2008).
De acuerdo con Payne (2008, p. 14), la coexistencia contenciosa se define de la siguiente manera: las pugnas sobre el pasado no desaparecen, permanecen perturbadoras y sin resolverse; sin embargo, los grupos contendientes aprenden a vivir juntos —a coexistir— con sus diferencias irreconciliables en democracias imperfectas. Estos aprenden, a través de la práctica, a utilizar los recursos políticos de expresión para negociar los términos de la democracia. Víctimas y sobrevivientes utilizan las confesiones para avanzar en sus metas particulares hacia la democracia, venciendo frecuentemente grandes obstáculos, incluyendo conflictos internos, en el proceso. Ellos son un argumento a favor de la coexistencia contenciosa como un modelo democrático.
Las voces de los responsables son fundamentales en los procesos transicionales que vive una sociedad como la colombiana debido al carácter explicativo de lo sucedido, pero también por las provocaciones y discusiones que generan para el campo de estudios de la memoria. Estas voces aportan a las negociaciones, debates y tensiones que tienen las sociedades cuando deciden lidiar con el pasado violento. En efecto, la circulación de estas memorias propone un escenario contencioso —siguiendo a Payne (2008)— que genera debates difíciles en torno a las categorías que emergen en el momento transicional: ¿qué tanta verdad necesita una sociedad?, ¿cuál es el límite entre memoria y olvido?, ¿cómo deben pensarse los encuentros entre las memorias de víctimas y victimarios?, ¿qué tipo de preparación debe tener una sociedad que está enfrentándose a su pasado violento reciente para escuchar estas voces?, ¿cómo se transita de memorias exculpatorias a memorias responsabilizantes?, ¿cómo se gestiona democráticamente la proliferación de memorias en pugna?, ¿todo vale?, ¿cuáles pueden ser criterios de veracidad, legitimidad y pertinencia?
En todo caso, no hay que olvidar que:
Los testimonios perturbadores no sólo amplifican las existentes opiniones políticas en la sociedad; generan nuevas formas de reflexionar sobre política entre sectores recientemente involucrados. Las confesiones de los perpetradores, por ejemplo, no sólo magnifican las existentes exigencias por parte de las víctimas y los sobrevivientes; también ofrecen visiones nuevas desde dentro del aparato de seguridad y entre antiguos seguidores del régimen. Confrontan una visión imperante. Tanto si los perpetradores confiesan su arrepentimiento por las atrocidades pasadas como si se jactan de sus logros heroicos o expresan un placer sádico al causar dolor, rompen, sin embargo, el silencio del régimen y la negación de la violencia (Payne, 2008, p. 300).
La transición aún en curso, así como las venideras con las posibles negociaciones con grupos armados en Colombia, son el escenario propicio para seguir pensando las complejidades del campo de estudios sobre memoria y para problematizar aquellas versiones que circulan por estos dispositivos.
Conclusiones
En este artículo se busca analizar el reconocimiento de responsabilidades de las FARC–EP en el secuestro y asesinato del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, Gilberto Echeverri, con el fin de reflexionar sobre las complejidades en la circulación de memorias que contienen distintos relatos y versiones sobre el pasado. Asimismo, mostró algunas de las posibilidades y limitaciones que ofrecen dispositivos transicionales como las comisiones de la verdad.
El reconocimiento analizado nos pone frente a los retos del encuentro y de la escucha en escenarios transicionales, sobre todo, en relación con tensiones, incomodidades y expectativas que circulan en estos espacios. Allí, sin embargo, es necesario recordar que aun cuando los reconocimientos de responsabilidades como el analizado generan incomodidades en protagonistas y audiencias es importante reconocer que dichas incomodidades no son mayores a las generadas por el conflicto armado. Al contrario, la existencia de escenarios de circulación de distintas memorias aporta a lo que Payne (2008) denomina coexistencia contenciosa. Aunque complejos y llenos de tensiones, los espacios que abren las transiciones llevan a avanzar en dicha coexistencia, esto es, en ver al otro, volver a hablarle, reconfigurarlo en el plano de lo social. Esto opera para todas las partes involucradas en estos espacios, quienes vuelven a encontrarse en la palabra, aunque esta no signifique necesariamente reconciliación o perdón.
Los espacios de reconocimiento generados por la Comisión de la Verdad, pero también otros espacios como las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz o los diálogos entre improbables liderados por sectores sociales, son significativos para comprender debates vigentes como el de la relación entre verdad y justicia, o la conexión entre incomodidades y expectativas. Habría, eso sí, que preguntarse por cómo gestionar dichos debates y su conexión con las memorias de los responsables, reflexionar sobre si es posible establecer unos mínimos que sean satisfactorios o bien que, en el marco de la coexistencia contenciosa, debemos priorizar los límites de una convivencia en desacuerdo, pero pacífica. Asimismo, debemos seguir preguntándonos cuáles son los momentos apropiados para escuchar las memorias de los responsables y qué tipo de espacios necesitamos para seguir tramitando el pasado violento reciente. El debate continúa abierto.
Notas
* Artículo derivado del proceso de investigación para optar al título de especialista en Memorias Colectivas, Derechos Humanos y Resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), finalizado en abril de 2023.
1 Si bien se reconoce la diversidad de lo que representan las víctimas, por el tema y la extensión del texto no se puede profundizar en dicho concepto.
2 El uso de estas categorías depende de los contextos conflictivos y transicionales en los que se inscriben. Mientras que la noción de perpetrador es usada en el Cono Sur, la de victimario suele ser más general. La noción de responsable fue usada por la Comisión de la Verdad de Colombia en ejercicios de esclarecimiento y reconocimiento, buscando otorgar humanidad a quienes habían hecho parte de los grupos armados legales e ilegales en contienda. Decidí usarla en este escrito respetando el contexto de su producción.
3 Es importante diferenciar estos tres tipos de actos porque el perdón no necesariamente es el fin último de este tipo de procesos. En algunos casos se logra, pero no debe ser impuesto, sino que debe emerger como posible respuesta ética ante el daño (Molina, 2016).
4 La fecha final de la entidad fue el 28 de agosto de 2022. Se asume acá como cierre el 28 de junio por ser la fecha de entrega del informe.
5 Dicho informe y el legado puede consultarse en la página web (Comisión de la Verdad, s. f. b).
6 Se realizaron reconocimientos de la dignidad de las víctimas de violencia sexual, de familias buscadoras de personas dadas por desaparecidas, del campesinado, de pueblos étnicos y de organizaciones concretas como las universidades, entre otros. Todos estos reconocimientos pueden verse en el canal de Youtube de la Comisión de la Verdad (s. f. c).
7 Es importante tener en cuenta, además, que la Comisión de la Verdad, por su mandato, no podía esclarecer casos individuales sino colectivos, lo que se encuentra reglamentado en el Decreto 588 de 2017.
8 María Victoria Uribe (2021) entiende los encuentros de reconocimiento como espacios para la construcción de narrativas polifónicas.
9 Sobre el caso de reconocimiento de Karina se hizo un documental que cuenta el proceso (Comisión de la Verdad, 23 de mayo de 2022).
10 Es importante señalar que la transición colombiana y estos debates se abrieron desde 2005 con la desmovilización de los grupos paramilitares y la puesta en marcha de la Ley 975 de 2005.
11 La expresión firmantes del acuerdo de paz se utiliza para nombrar a aquellos excombatientes de las FARC–EP que se acogieron al Acuerdo de 2016, sin importar si hacen parte del partido Comunes —creado posterior a la firma— o si están en otros procesos organizativos. Esta denominación es usada por los mismos excombatientes, pues permite hablar de ellos sin hacer referencia a una organización, partido político o proceso específico.
12 Aicardo de Jesús Agudelo, alias El Paisa, murió en 2008 en medio de un bombardeo (Semana, 2008, septiembre 21).
13 Un proceso similar es descrito por Orozco, Peralta y Sánchez (2023) en la audiencia de secuestro de la JEP con los exintegrantes del secretariado de las FARC–EP.
14 Lo paradójico de esta frase es que se alude que la vida de los secuestrados se conservaba sólo a través de su muerte, pues así era cómo podía mantenerse el sentido de la lógica de la guerra.
15 La familia Echeverri decidió no asistir al evento de cierre por dos razones: la primera tenía que ver con lo ya vivido en el espacio íntimo, consideraban que esto era suficiente para sus demandas de verdad; la segunda razón estaba ligada a motivos de salud de la señora Marta Inés, viuda del asesor de paz.
16 Estas fueron peticiones que se hicieron en el chat del evento en vivo, pero que también tuve la posibilidad de escuchar en el escenario en Caicedo. En particular, una lideresa de víctimas se acercó para decirme que, aunque consideraba importante lo que había pasado, estaba esperando más conmoción entre los responsables.
17 Un caso que puede ejemplificar lo anterior es el de Ruanda, en el que la reconciliación sigue siendo un proceso que aún no ha terminado (Martín, 2014).
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