ISSN (impreso) 0121–5167 / ISSN (en línea) 2462–8433
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| Artista invitada Lina Velásquez Embalsamados De la serie Imágenes Mnemónicas Objeto (fotografías encapsuladas en parafina) 30 x 22 cm 2018 |
SECCIÓN GENERAL
Eliana Sánchez González1 (Colombia)
1 Politóloga. Magíster en Claves del Mundo Contemporáneo: Ciudadanía y Política. Grupo Hegemonía, guerras y conflictos, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia UdeA. Calle 70 No. 52–21, Medellín, Colombia. Correo electrónico: eliana.sanchezg@udea.edu.co – Orcid 0000–0001–9011–9619 – Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=rjB21aEAAAAJ
Fecha de recepción: octubre de 2023
Fecha de aprobación: marzo de 2024
Cómo citar este artículo: Sánchez González, Eliana. (2024). Experiencias de pobladores de San Pedro de Urabá y Tierralta en tiempos de transición en Colombia. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 71. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n71a05
Resumen
Este artículo analiza el proceso de reconfiguración de los órdenes locales y las relaciones de los pobladores en los municipios de San Pedro de Urabá (Antioquia) y Tierralta (Córdoba) a partir del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2005 con la Ley de Justicia y Paz. Se parte de un enfoque teórico que interroga las lógicas que rigen los órdenes sociales, cómo se configuran y reproducen, cómo y por qué se transforman, para comprender la reconfiguración de los órdenes locales en un escenario transicional. Metodológicamente, la investigación incorpora los trabajos de la memoria para recuperar las experiencias y percepciones de los pobladores en territorios que transitan de escenarios con presencia de actores armados en disputa hacia nuevos contextos políticos en los que coexisten huellas y pervivencias del conflicto, y emergen expectativas por el tránsito hacia un nuevo contexto en el que se construyen formas de relación e interacción entre actores también en proceso de transformación.
Palabras clave: Memoria; Posconflicto; Órdenes Locales; Transición; Desmovilización; Colombia.
Abstract
This article analyses how local powers and dwellers' connections reconfigured themselves in the municipalities of San Pedro de Urabá (Antioquia) and Tierralta (Córdoba) following the demobilisation by the United Self–Defence Forces of Colombia (AUC) in 2005 under the Justice and Peace Law. The starting point was a theoretical approach that interrogates the rationales governing social orders, how they were configured and reproduced, and how and why they transformed themselves in order to understand how local orders reconfigured within a transitional scenario. Methodologically, this research work incorporated the labors of memory to recover dwellers' experiences and perceptions in territories moving from scenarios with armed actors fighting towards new political contexts in which traces and survivals of the conflict coexist. Expectations emerge for the transition towards a new context in which forms of relationship and interaction between actors are also constructed in the process of transformation.
Keywords: Memory; Post–Conflict; Local Orders; Transition; Demobilization; Colombia.
Introducción
La transformación del conflicto armado en Colombia ha pasado en las dos últimas décadas por dos momentos significativos que definen un escenario transicional para abordar los desafíos que en materia de construcción de paz enfrenta el país: el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2005, con la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), y la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final), entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP) en 2016.
En los términos de Alejandro Castillejo (2015), el punto de partida de ese escenario lo constituye la Ley de Justicia y Paz, en tanto «con dicha Ley, se dio la implementación de unos conceptos y una serie de mecanismos amparados por experiencias internacionales en el campo de la Justicia Transicional: víctima, justicia, reparación, etc., fueron términos que se socializaron masivamente a partir de este periodo» (p. 18). Del mismo modo, la relevancia que adquiere el proceso de negociación seguido en La Habana sitúa la firma del Acuerdo final en el Teatro Colón de Bogotá como el segundo momento que, de acuerdo con Castillejo (2015), a pesar del «escepticismo general de la sociedad con el que el proceso comenzó, lo cierto es que la hoja de ruta establecida entre las partes ha dado frutos en cuanto al acuerdo de varios puntos concretos» (pp. 20–21).
Este contexto general, denominado aquí escenario transicional, permite situar un conjunto de preguntas y abordar la complejidad de este fenómeno a partir del estudio de las interacciones entre actores en zonas en las que han predominado distintas modalidades de violencia y que en los últimos años transitan hacia nuevos órdeneslocales. Específicamente, se propone una aproximación a los problemas que enfrenta este momento de tránsito y los desafíos que supone para la sociedad el escenario transicional bajo condiciones específicas de los territorios. En los términos planteados por Ana Arjona (2008), resulta necesario explicar las transformaciones de las relaciones entre los actores sociales y armados en la perspectiva de sus aportes diferenciales a la construcción de nuevos órdenes, pues «si no entendemos mejor cómo se vive la guerra y en qué medida dicha experiencia difiere entre territorios y poblaciones, difícilmente podremos identificar los retos que nos trae el posconflicto y responder a ellos» (pp. 107–108).
Este artículo analiza el proceso de reconfiguración de los órdenes locales y las relaciones de los pobladores en los municipios de San Pedro de Urabá, departamento de Antioquia, y Tierralta, departamento de Córdoba, a partir del proceso de desmovilización de las AUC en 2005 con la Ley de Justicia y Paz. Para ello se retoman las reflexiones suscitadas en el trabajo de campo, la sistematización y análisis de las entrevistas y fuentes documentales, así como las discusiones sostenidas con el equipo de investigación.1
Se eligieron los municipios de San Pedro de Urabá y Tierralta por ser territorios que comparten una dinámica transfronteriza definida por condiciones como la presencia y persistente disputa entre actores armados —las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y las FARC–EP—; una riqueza natural en zonas de protección y conservación —Parque Nacional Natural Paramillo—; una economía ilegal derivada del cultivo y tráfico de coca; y una tendencia a la búsqueda de soluciones de sobrevivencia por parte de sus pobladores que pasaron de adoptar estrategias como la negociación, la adaptación o la resistencia al control de los actores armados a los desafíos que supone el escenario transicional.
Metodológicamente, una de las estrategias utilizadas fue la memoria, la cual permitió explorar las experiencias y percepciones de pobladores de los dos municipios de estudio para comprender las formas en que viven la transformación de sus relaciones e interacciones en un nuevo escenario en el que coexisten huellas y pervivencias del conflicto, y emergen expectativas por el tránsito hacia un nuevo contexto.
1. Claves teóricas para el análisis de los órdenes locales
El objetivo del proyecto de investigación del que se deriva este artículo2 es comprender la reconfiguración de los órdenes locales en San Pedro de Urabá y Tierralta, y de las relaciones de sus pobladores a partir de las dinámicas generadas por la desmovilización de las AUC y la negociación con las FARC–EP, y en la perspectiva del escenario transicional derivado del proceso de desmovilización de las AUC en 2005, bajo la Ley de Justicia y Paz.
Para este proyecto se retomó el concepto de orden local, el cual ha servido para estudiar las lógicas que rigen los órdenes, cómo se configuran y reproducen, cómo y por qué se transforman. De acuerdo con Clara Inés García (2011), en los estudios sobre órdenes sociales, denominados en ocasiones órdenes políticos u órdenes locales, se pueden identificar cuatro enfoques: el primero indaga por la relación entre orden y cambio, explorando la transición de un orden social a otro y reconociendo los factores internos de la sociedad como impulsores de su propia transformación; el segundo grupo destaca el «desorden» inherente a todo proceso de constitución, reproducción o cambio de orden, reconociendo la complejidad y dinámica de estos procesos; el tercer grupo se concentra en el ejercicio de control o autoridad local a partir de la teoría socioespacial, reconociendo que el orden y la autoridad de un lugar se configuran a partir de la interacción de poderes de diversas escalas socioespaciales; y el cuarto grupo investiga los órdenes locales en contextos marcados por la violencia, como guerras interestatales o civiles, así como la presencia de actores armados ilegales, explorando cómo estas dinámicas afectan la configuración del orden local.
Una amplia producción investigativa sobre la naturaleza del conflicto armado en Colombia y su expresión regional ha proporcionado un marco explicativo para comprender la constitución de órdenes locales resultantes de y en la guerra. La literatura sobre el tema se ha nutrido de los aportes de la historia (González, Bolívar y Vásquez, 2003), la ciencia política (Arjona, 2008) y la sociología histórica (Uribe, 1998; García, 2011; Alonso y Vélez, 1998). Este contexto ha generado un entorno propicio para la investigación, ofreciendo hipótesis explicativas y hallazgos significativos para explorar los órdenes que surgen tras la superación, negociación o terminación de los conflictos armados, y —en años recientes— para comprender la reconfiguración de los órdenes locales en la transición (Maya, 2020).
Basándose en estos enfoques y en las conceptualizaciones sobre órdenes sociales, esta investigación entiende el orden local como un sistema de reglas, normas, pautas de acción y de comportamiento institucional o social (Uribe, 1998, p. 27), un espacio de poder en el que se tejen relaciones sociales, políticas, económicas y culturales entre los actores que componen una sociedad en una dimensión local y que, en tanto espacio de poder, es «producto de la negociación, el conflicto, la contienda entre los distintos grupos con intereses materiales y posiciones sociales y políticas distintivas» (Massey, 2004, p. 9).
El análisis de los estudios de caso propuestos implicó considerar la violencia como un factor «determinante y co–presente en el establecimiento y mantenimiento de un tipo de orden social» (García et al., 2014). Esto, porque en los municipios de San Pedro de Urabá y Tierralta las expectativas de la transición hacia un nuevo contexto, surgidas del proceso de desmovilización de las AUC en 2005, coexisten con las huellas y pervivencias del conflicto armado. Sin embargo, es importante señalar que la comprensión de las particularidades del conflicto armado en estos territorios fue un punto de partida, no un objeto de indagación en sí mismo; un punto de partida que permitiera comprender y explicar el nuevo orden local en el que se construyen formas de relación entre actores también en proceso de transformación.
2. Estrategia metodológica
Para avanzar en el propósito de la investigación se recurrió a la memoria como herramienta para explorar las experiencias y percepciones de los pobladores de San Pedro de Urabá y Tierralta con relación a los cambios ocurridos en el orden local a partir del proceso transicional. Por lo tanto, el diseño metodológico se basó en la noción de trabajos de la memoria propuesta por Elizabeth Jelin (2002), que reconoce la labor activa de individuos y grupos en la construcción y reinterpretación de las memorias.
Sin duda, algunos hechos vividos en el pasado tienen efectos en tiempos posteriores, independientemente de la voluntad, la conciencia, la agencia o la estrategia de los actores [...]. Su presencia puede irrumpir, penetrar, invadir el presente como un sinsentido, como huellas mnésicas (Ricoeur, 2000), como silencios, como compulsiones o repeticiones. En estas situaciones, la memoria del pasado invade, pero no es objeto de trabajo. La contracara de esta presencia sin agencia es la de los seres humanos activos en los procesos de transformación simbólica y de elaboración de sentidos del pasado. Seres humanos que «trabajan» sobre y con las memorias del pasado (p. 14).
El entendimiento de la memoria como estrategia metodológica implica considerar que esta no solamente alude a la reconstrucción del pasado. La memoria evoca también al presente y al futuro, pues el ejercicio de rememorar se hace desde un «hoy» y proyecta las perspectivas de lo que espera pase en las sociedades (Jelin, 2002). Se trata de entender las memorias como transformadoras, es decir, como dispositivos políticos en los que el ejercicio de relatar resulta provechoso para explorar las expectativas de futuro.
El trabajo de campo y el desarrollo de entrevistas en profundidad tuvieron un lugar central en el desarrollo de la investigación.3 Este proceso se llevó a cabo en abril de 2021 en el municipio de Apartadó y en agosto de 2021 en los municipios de Montería, Tierralta y San Pedro de Urabá. En total, se realizaron diecisiete entrevistas en profundidad y una colectiva. Los entrevistados incluyeron líderes de Juntas de Acción Comunal, la Red de Mujeres por la Paz de Córdoba y la Corporación Diversa Ojurub; integrantes de la Mesa de Víctimas; profesores y estudiantes de instituciones educativas; funcionarios de la Comisión de la Verdad, de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), de la Alcaldía y del Concejo Municipal de San Pedro de Urabá; y representantes de la Corporación Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá–Darién (Cordupaz) y de la Diócesis de Apartado.
La diversidad de actores entrevistados permitió comprender cómo se experimentaba el proceso transicional en el ámbito local. Las diferentes perspectivas expresadas por estos actores revelaron tanto puntos de convergencia como de tensión en cada uno de los municipios. Se destacaron cuestiones como la interacción entre víctimas y excombatientes, las limitaciones de una agenda local que no logra articular adecuadamente las necesidades y demandas locales con las políticas en los ámbitos nacional y departamental, así como la falta de coordinación entre diversas iniciativas institucionales, sociales y comunitarias, especialmente, en lo que respecta a las demandas de organizaciones sociales y de víctimas en relación con los procesos de memoria y verdad. Estos temas surgieron como puntos clave en las entrevistas y permitieron identificar matices y diferencias en los procesos locales que se inscriben en el escenario transicional.
La revisión de fuentes documentales se centró en la consulta de prensa local y nacional, archivos de organizaciones sociales, institucionales e investigaciones relacionadas con los territorios objeto de estudio. La sistematización de las entrevistas y de la información documental se llevó a cabo mediante una matriz de análisis, la cual sirvió de base para la elaboración de líneas de tiempo y de un inventario de dispositivos transicionales.
La matriz se construyó a partir de cuatro ejes de análisis: el contexto del orden local de y en la guerra; las características del escenario transicional derivado del Acuerdo con las AUC; los efectos de la transición en lo local; y las formas en que se percibe y se narra el proceso transicional. Las líneas de tiempo tenían como objetivo identificar eventos significativos relacionados con los órdenes de la guerra y la transición en el ámbito nacional, regional (Córdoba y Urabá) y local (Tierralta y San Pedro de Urabá). El inventario sirvió para identificar dispositivos y mecanismos transicionales derivados del proceso de paz con las AUC, y rastrear cuáles de estos se habían implementado en Tierralta y San Pedro de Urabá, y cómo los pobladores se relacionaban o no con estos mecanismos.
3. Consideraciones sobre el escenario transicional
El 29 de noviembre de 2002, mediante una carta pública enviada al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, las AUC declararon un cese unilateral de hostilidades por término indefinido y con alcance nacional con la intención de iniciar un proceso de negociación con el Gobierno nacional. Después de varios meses de reuniones exploratorias con los grupos de autodefensas, el 15 de julio de 2003, en el municipio de Tierralta, Córdoba, el Alto Comisionado para la Paz, los integrantes de la Comisión Exploratoria y delegados de la Iglesia católica se reunieron con los representantes de las AUC para iniciar el proceso de negociación. Este proceso dio origen al Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia (Gobierno y AUC, 2003), el cual tuvo como propósito:
El logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado. Las AUC reiteran que su mayor aporte a la nación en este momento histórico es avanzar hacia su reincorporación a la vida civil y contribuir al fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Las partes se comprometen en este proceso, conscientes de dar un paso que aporta de manera efectiva a la construcción de la auténtica paz que espera y merece la nación colombiana (Punto 1).
Los diez puntos del acuerdo se refirieron al cese de hostilidades, la desvinculación de las AUC del narcotráfico, el acompañamiento de la Iglesia católica, el desmonte de estructuras armadas y la desmovilización y reinserción de los combatientes. El acuerdo firmado sirvió de antesala al proceso de Justicia y Paz, marco legal para el desarme, la desmovilización y la reinserción de grupos armados al margen de la ley, particularmente, de los grupos paramilitares o de autodefensa. Al respecto es importante plantear dos asuntos: primero, que el proceso de desmovilización, desarme y reinserción de las AUC no supuso un escenario de posconflicto, entendido como la terminación absoluta de la confrontación armada, bien sea por la firma de un acuerdo de paz o por la imposición de un actor de la guerra sobre el otro; por el contrario, se trató de un proceso transicional en un contexto marcado por dinámicas de conflictividad armada en el que se seguían produciendo víctimas (Theidon y Betancourt, 2006). Y segundo, que el proceso de negociación con los paramilitares, si bien inicialmente sólo tuvo en cuenta los intereses de los victimarios, lo que se reflejó en la aplicación de un modelo de justicia transicional benévolo con los desmovilizados —penas mínimas que debían pagar por los crímenes cometidos y escaso diseño de instrumentos para desmontar las estructuras de poder que conservaban—, sirvió, paradójicamente, como escenario para el posterior diseño institucional en materia de víctimas, quienes, ante la idea de impunidad que rodeaba el proceso, comenzaron a desarrollar procesos de visibilización, debate y discusión pública sobre sus derechos, demandas y reivindicaciones.
Dos años después de la firma del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, el Congreso colombiano aprobó la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, con la cual el Gobierno colombiano buscó dar un sustento jurídico al proceso de desmonte de las estructuras de los grupos armados al margen de la ley y estipuló los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación como eje central de un proceso de reconciliación nacional. Como ya se mencionó, en sus orígenes la Ley 975 no incorporó plenamente a la jurisprudencia nacional lo concerniente a los derechos de las víctimas contemplados en los estándares internacionales. Por este motivo, instancias como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de organismos no gubernamentales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional hicieron una serie de recomendaciones sobre la necesidad de incorporar plenamente los derechos de las víctimas. Muchas de estas fueron incorporadas en la Sentencia C–370 de 2006, en la cual la Corte Constitucional introdujo condiciones para adecuar la Ley 975 a los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas, a los marcos de la Constitución Política y a los tratados internacionales referidos a derechos humanos, los cuales, a través de la figura de bloque de constitucionalidad, hacen parte del ordenamiento jurídico nacional.
En términos generales, la Ley de Justicia y Paz articuló una serie de disposiciones para promover la reconciliación nacional, generar acuerdos humanitarios, facilitar la reincorporación de los desmovilizados a la vida civil, garantizar los derechos de las víctimas frente a la administración de justicia, contribuir al desmantelamiento de las estructuras de los grupos armados al margen de la ley y acceder, en el caso de los victimarios, al beneficio de una pena alternativa una vez cumplidos los requisitos de colaborar con la justicia y reparar a las víctimas (Delgado, 2011b). Esto se tradujo, en términos de arquitectura institucional, en la creación de instituciones como la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el Grupo de Memoria Histórica, las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes, el Fondo para la Reparación de las Víctimas, el Programa de Reincorporación a la Vida Civil, entre otras dependencias y programas.
Pese a estos avances, la Ley de Justicia y Paz dejó vacíos significativos en materia de los derechos de las víctimas, lo cual condujo a la formulación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, la cual dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue impulsada en el gobierno de Juan Manuel Santos, que en su posesión en agosto de 2010 señaló que la ley de víctimas sería una prioridad durante su gobierno, en especial, la restitución de millones de hectáreas a las familias campesinas despojadas de sus tierras. Con esto dio inicio a un paquete de medidas de justicia transicional con las cuales se creó la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otras instituciones y programas locales (Semana, 2011, junio 9).
Más allá de las implicaciones institucionales y procedimentales de los avances normativos señalados, este proceso significó la apertura de un periodo de debates y luchas políticas y jurídicas que puso en la agenda la discusión de temas propios de la justicia transicional como la reconciliación, los derechos de las víctimas, el perdón, el olvido y el deber de memoria del Estado, lo que permite entender el escenario transicional como un campo de interacciones, negociaciones y acuerdos en el que se puso en escena la búsqueda de posicionamiento de distintos sujetos político–jurídicos en su lucha por el reconocimiento. En palabras de Gabriel Ignacio Gómez (2014), se trata de «una especie de campo de batalla en el que diferentes actores, con diversas miradas y distintos intereses y recursos, luchan por defender su manera particular de asumir la solución del conflicto político y afrontar los reclamos de justicia y rendición de cuentas» (p. XXVII).
Retomando los planteamientos de Castillejo (2017; 2014), el escenario transicional hace referencia a aquellos espacios sociales que se originan a partir de la aplicación de formas legales, prácticas de reconciliación y otras formas de ensamblajes institucionales, sociales y de conocimientos expertos que se enfrentan a la superación de distintas formas de violencia y de graves violaciones a los derechos humanos en contextos históricos concretos, y en ese sentido el escenario transicional puede leerse como una experiencia social, poniendo el énfasis en la forma en que dichos escenarios son percibidos e interpretados de maneras particulares por personas o poblaciones concretas.
La lectura de estos escenarios plantea un cambio en la escala de percepción, una inflexión, un retorno a la historicidad de lo cotidiano, a los planos de clivaje que la constituyen: sus burocracias establecidas, sus discursos y presupuestos fundacionales, sus prácticas institucionales, todas vistas desde una perspectiva que privilegie el ámbito de los significados. Hablo de una lectura amplia del espacio creado por la circulación de conceptos y teorías pero vistas desde sus negociaciones y contenidos sociales. Una perspectiva de este dispositivo [...] tendría que comenzar por leer estos arreglos de manera integrada, como ya lo mencioné, como parte de procesos sociales e históricos donde modelos globales de gobernabilidad son implantados localmente (Castillejo, 2017, pp. 6–7).
En este sentido, la pregunta por el escenario transicional permite plantear miradas de largo alcance, en tanto implica la comprensión del antes, el durante y el ahora de las disputas que tienen lugar en contextos específicos, y en ese sentido, de cómo perciben distintos actores y en distintas temporalidades las reconfiguraciones de los órdenes locales, en tanto «los momentos transicionales, si bien es cierto plantean rupturas en ciertos registros de la violencia, hay otros que sencillamente son una continuidad, lo que llamo “violencias de larga temporalidad” o lo que Farmer denomina “violencias estructurales”» (Castillejo, 2017, p. 3). Esto, por ejemplo, se evidenció en las entrevistas realizadas con pobladores de San Pedro de Urabá y Tierralta, en las que emergieron expresiones como «Aquí nada ha cambiado», «la violencia sigue igual», «son los mismos con distinto nombre», frases usadas para advertir la continuidad de la violencia pese a la desmovilización de las AUC y que contrastan con afirmaciones como «ahora sí se puede hablar de esas cosas» o «ahora vivimos más tranquilos», las cuales se enunciaron para referirse a la forma en que se vive en los territorios a partir del proceso de desmovilización de las AUC.
Lo anterior pone en evidencia el entrecruzamiento de procesos conflictivos y violentos, la persistencia de unas experiencias y relatos propios del antes, del orden de la guerra, con las formas que empiezan a delinearse en el nuevo orden transicional. Pero, además, y de cara al objeto de esta reflexión, evidencian la pertinencia del análisis del escenario transicional a partir de una perspectiva local, pues es allí donde es posible captar los factores sociales, políticos y culturales que hacen posible dicho tránsito, y dimensionar la complejidad y los retos de este proceso. Se trata, pues, de conjugar la comprensión de los efectos derivados de la implementación de dispositivos transicionales con la apropiación cotidiana que han hecho de estos las poblaciones en territorios concretos. Para ello, en la investigación se consideraron dos ámbitos de análisis del proceso transicional: el institucional y el cotidiano. Lo institucional supone reconocer el diseño de dispositivos y mecanismos transicionales, es decir, la arquitectura institucional de la transición; y lo cotidiano, identificar cómo se aplican esos dispositivos y mecanismos en lo local, y a partir de esto cuál es la experiencia de los pobladores en ese escenario y el uso que hacen de los dispositivos, mecanismos, prácticas y discursos de la transición.
4. Efectos de la transición en lo local
Una mirada local al escenario transicional remite a evidenciar la coexistencia de diversos órdenes y tipos de politicidad (Delgado, 2011a), es decir, espacios de disputa, lucha por los significados y reconfiguración de relaciones entre actores. De allí que el sentido y los efectos de la transición puedan leerse en distintos ámbitos y a través de variados puntos de vista, como lo es la perspectiva de los actores que lo viven cotidianamente.
Particularmente, en este apartado se describen algunos de los espacios político–sociales que la transición ha posibilitado en lo local, la transformación de las relaciones entre los actores en ese tránsito de la guerra hacia un nuevo orden y la manera como actores sociales de San Pedro de Urabá y Tierralta perciben y nombran el escenario transicional. No se trata de un acercamiento detallado a los efectos del proceso transicional en cada municipio, lo que se busca es un acercamiento a la complejidad de este fenómeno a partir de ejemplos, con la intención de situar los efectos diferenciados que se producen en los territorios. A continuación se presentan algunos elementos de contexto sobre los municipios de San Pedro de Urabá y Tierralta que sirven para encuadrar y comprender mejor los efectos de la transición en estos escenarios locales.
El municipio de San Pedro de Urabá está localizado en la subregión de Urabá, en el noroccidente del departamento de Antioquia. Limita al norte con el municipio de Arboletes, al sur con el municipio de Tierralta, al occidente con el municipio de Turbo y al oriente con el municipio de Valencia. El municipio de San Pedro de Urabá se constituyó como plena zona de dominio y control paramilitar, primero con la llegada de Fidel Castaño en 1988 y luego con la llegada de Carlos y Vicente Castaño, que ubicaron allí su campamento y centro de operaciones como máximos comandantes de las AUC (García, Aramburo y Domínguez, 2016).
El municipio de Tierralta está localizado en el Alto Sinú, en el corredor que va desde Urabá al Nudo de Paramillo. Limita al norte con los municipios de Valencia y Montería, al oriente con Planeta Rica y Montelíbano, al sur con Montelíbano y el departamento de Antioquia, y al occidente con Valencia y el departamento de Antioquia. Tierralta fue una de las zonas más golpeadas por el fuego cruzado de la expansión paramilitar, teniendo en cuenta que el departamento de Córdoba fue la plataforma del proyecto paramilitar que luego se expandió por todo el país (Rodríguez y Orduz, 2012). Además, este municipio sirvió como uno de los puntos de concentración durante la desmovilización de las AUC, específicamente, en el corregimiento de Santa Fe de Ralito y, unos años después, como sitio de ubicación de uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) creados en 2016 tras la firma del Acuerdo final con las FARC–EP, el cual se ubicó en la vereda El Gallo y albergó a 150 exintegrantes de los frentes 5 y 58 de las FARC–EP. Este ETCR se suprimió a través del Decreto 982 del 7 de junio de 2018, pues la mayoría de los excombatientes se trasladaron al municipio de Mutatá, dada la expansión acelerada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y a las amenazas por parte de este grupo armado contra varios excombatientes (Verdad Abierta, 2018, junio 9).
Las modalidades de violencia que se desplegaron sobre la población fueron principalmente los homicidios, el desplazamiento forzado, las masacres, las amenazas a la integridad personal y las desapariciones forzadas (Comisión de la Verdad, 2021, noviembre 5). De acuerdo con las cifras del Registro Único de Víctimas de 2022 (Unidad para las Víctimas, s. f.), en Tierralta la violencia ha dejado 124 041 víctimas. En total, el municipio registra 139 836 hechos victimizantes, la mayoría de ellos por casos de desplazamiento forzado con 129 254 reportes. En San Pedro de Urabá el acumulado de víctimas reconocidas de este municipio suma casi 33 700, la mayoría de ellas por casos de desplazamiento forzado (Comisión de la Verdad, 2021, noviembre 5).
Tanto San Pedro de Urabá como Tierralta han sido territorios históricamente en disputa, pues se ubican en una zona que ha tenido presencia de actores armados de todos los bandos: grupos insurgentes como el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las FARC–EP, grupos de autodefensa como las ACCU, las AUC —particularmente, el Bloque Córdoba, comandado por Salvatore Mancuso, y el Bloque Héroes de Tolová que controló el departamento de Córdoba y parte de Urabá— y el Ejército. Posiblemente, esto explique el hecho de que en el trabajo de campo emergieran con frecuencia expresiones para referirse a los municipios como territorios violentos. En cada entrevista el punto de partida aludía al contexto de violencia, poniendo de presente un entramado complejo y de larga duración en el que múltiples operadores de violencia convergieron para disputarse el control territorial y social de la zona. Igualmente, la revisión de información documental sobre estos territorios señala la magnitud de los impactos del conflicto armado sobre las poblaciones de San Pedro de Urabá y Tierralta, identificando en el periodo 1980–1997 la mayor intensidad en el desarrollo del conflicto armado por la disputa territorial entre paramilitares, insurgencias y Ejército.
Sin embargo, además de las huellas que ha dejado el conflicto armado en esta región, también se pueden encontrar rastros de iniciativas y procesos de negociación con los que se buscó enfrentar el conflicto armado. Tal es el caso de la desmovilización del EPL en 1991 o la desmovilización de las AUC en 2006. Fue así como las memorias sobre estos procesos aparecieron en algunas de las entrevistas realizadas de la siguiente manera:
Acá han ocurrido distintas desmovilizaciones de organizaciones armadas. Hubo una primera desmovilización de las guerrillas liberales, de hace mucho tiempo. Después hubo una desmovilización del EPL en los noventa [sic] y ¡qué le digo!, después se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia y por último la guerrilla de las FARC con el Frente 58. Entonces uno se pone a hacer como recuento de lo bueno que le han dejado esas desmovilizaciones al territorio y no es mucho, porque a pesar de que uno logra, de pronto, tratar de llevar reconciliación a las veredas, le queda difícil a uno porque hay veces que uno piensa que la cura es buena y hay veces que la cura se convierte peor que la enfermedad (Integrante Mesa de Víctimas, Tierralta, comunicación personal, marzo 24, 2021).
Es pertinente destacar que esta región ha sido escenario de varios procesos de negociación, pues es posible hablar de una superposición de capas espaciales y temporales que corresponden a distintos procesos transicionales, los cuales, posiblemente, se han convertido en aprendizajes para las poblaciones que han experimentado el desarrollo de estos procesos y que inciden en las formas que adquiere el escenario transicional (Castillejo, 2017; Naranjo, 2019). En este contexto donde coexisten las huellas de la guerra y las expectativas de paz se manifiestan en cada uno de estos escenarios locales rasgos específicos de la transición como los que se presentan a continuación.
4.1 «En Ralito no sabemos qué fue lo que se acordó»
Una frase que apareció frecuentemente en las entrevistas al indagar por el proceso de negociación y desmovilización de las AUC alude a la forma en que se desarrolló este proceso. Según las personas entrevistadas, este se caracterizó por ser un espacio cerrado, del que poco o nada se sabe acerca de lo que se negoció y en el que no hubo una participación amplia de actores clave del territorio. Esto llama especialmente la atención en el caso de Tierralta, teniendo en cuenta que este municipio fue el epicentro del proceso, pues fue allí donde se estableció la zona de ubicación de los jefes paramilitares para la negociación, en un área conformada por los corregimientos de El Carmelo, Santa Fe de Ralito, Bonito Viento, Nueva Granada, Santa Marta y Palmira.
Tuvimos el nombre de las zonas, pero no involucraron a la comunidad de Tierralta, por eso los tierraltenses no sabemos ni conocemos nada sobre ese proceso, porque ellos venían, se instalaba la mesa de diálogo y ¿quiénes asistían? No sé, porque en el sector educativo hasta el día de hoy no conozco un representante, del sector campesino no conozco un representante, de los diferentes gremios sociales la verdad es que no sé quiénes son (Profesora institución educativa, Tierralta, comunicación personal, agosto 25, 2021).Lo cierto es que la desmovilización de las AUC yo creo que de eso sabe más el padre que yo, porque él sabe más de la finca esa, porque a él le tocó negociar en secreto, pedir las cosas, evitar masacres, desapariciones, tomas de lugares, porque ellos conocían con anticipación el proyecto que se tenía, entonces a ellos les tocaba interceder (Padre Diócesis de Apartadó, comunicación personal, marzo 20, 2021).
Igualmente, llama la atención cómo recuerdan la manera en que se llevó a cabo el proceso de desmovilización de las autodefensas en ambos territorios. En ese sentido, las memorias y percepciones de pobladores, líderes sociales y comunitarios, y actores institucionales y eclesiásticos dejaron ver las profundas dudas que en ese entonces sintieron respecto al proceso de desmovilización. En su mayoría, describieron el proceso como «una fachada», «una desmovilización de mentiras».
Para mí no hubo desmovilización, eso fue una fachada, un gasto más para el Estado y pues eso no fue lo que... como que los deseos de la paz y eso. No, para mí eso no llevó a nada porque yo sentía que seguían pasando las mismas cosas y que la gente seguía delinquiendo desde otras partes, pero lo seguían haciendo (Profesora institución educativa, San Pedro de Urabá, comunicación personal, septiembre 24, 2021).
Además, esta desconfianza en el proceso afianzó con el tiempo un pesimismo profundo frente a la posibilidad de transitar hacia nuevos contextos políticos en los que fuera posible la construcción de la paz. Esto posiblemente tiene que ver con lo difícil que resulta, en el caso colombiano, hablar de transición cuando el conflicto armado persiste y cuando la desmovilización y el desarme de los grupos armados aplica únicamente a uno de los actores del conflicto, pero también cuando se evidencian procesos de rearme de estructuras paramilitares y un aumento del universo de víctimas del conflicto armado (Delgado, 2011a).
Sin embargo, es importante destacar que aún en medio de ese contexto de desconocimiento y desconfianza frente a lo negociado, el escenario transicional que se inició con la desmovilización de las AUC con la Ley de Justicia y Paz, en términos locales, significó también la apertura de nuevos espacios de interacción política y social, la emergencia y transformación de actores, y la apropiación de lenguajes y herramientas derivadas de la implementación de dispositivos transicionales. Esto se observa en la aparición de algunas iniciativas institucionales para hacerle frente al proceso transicional —programas de acompañamiento a los desmovilizados en proceso de reinserción,4 así como para atender las demandas de las víctimas—, la conformación de organizaciones sociales en las que se agruparon los excombatientes para la formulación de Proyectos Productivos para la Paz (Verdad Abierta, 2015, marzo 26) y las iniciativas de la población víctima para llevar a cabo procesos de liderazgo social y reivindicación de sus derechos.
Sobre esto último es pertinente destacar que el proceso organizativo de las víctimas en San Pedro de Urabá y Tierralta presenta diferencias significativas: en el primer caso, durante los primeros años posterior a la desmovilización de las AUC, las víctimas no estaban organizadas y cuando presentaban sus demandas lo hacían de manera individual; más adelante la dinámica se concentró en el desarrollo de procesos organizativos vinculados a la Mesa de Participación de Víctimas conformada en 2015, la cual para ese año contaba con la participación de veinticinco organizaciones provenientes de distintas veredas de San Pedro de Urabá. Sin embargo:
Teniendo en cuenta la magnitud de las cosas ocurridas han sido bastante [sic] tibias [...]. Yo esperaría que estuvieran más organizadas, como sentando más su voz de protesta, como haciéndose sentir más en el municipio, pero uno ve que todo es como muy tibiecito, muy somero. Pero pienso que es por lo mismo... uno ve que, por ejemplo, hay una mesa de víctimas... o de pronto no sé [...], pero no culpo a las señoras, a las víctimas, ellas no se atreven a decir todo lo que sienten y piensan por temor a que les pase algo (Profesora institución educativa, San Pedro de Urabá, comunicación personal, septiembre 24, 2021).
Ahora bien, en el caso de Tierralta se identifican procesos organizativos que articulan las demandas de las víctimas de distintas formas. Esto probablemente esté relacionado con la fuerte trayectoria organizativa del municipio, en la que converge el acumulado de experiencias de organizaciones sociales, campesinas e indígenas que históricamente han emprendido procesos de defensa del territorio. En ese sentido, es posible identificar una dinámica organizativa en la que mujeres y jóvenes son los protagonistas, y que va más allá de los espacios institucionales como la Mesa de Participación de Víctimas. Además, el esfuerzo conjunto entre organizaciones sociales y de víctimas y la institucionalidad local posibilitó en 2015 la apertura de la Casa de la Memoria de Tierralta, un lugar para compartir las memorias de las violencias ocurridas en este lugar. En 2017 este espacio fue cerrado y todos los proyectos suspendidos. Como han señalado algunos líderes, el cierre de este espacio correspondió a la falta de voluntad política y presupuestal de la administración del alcalde de ese entonces, Fabio Otero Avilez (Ruiz, 2021, noviembre 24). Actualmente, la comunidad de Tierralta continúa exigiendo que se cree una Casa de la Memoria y que se apoyen las iniciativas que se vienen dando de manera aislada.
En este sentido, el proceso de desmovilización supuso una reconfiguración de las dinámicas políticas y de la vida cotidiana de los territorios, así como de las relaciones entre actores locales. Reconfiguración que, en todo caso, no desconoce las limitaciones y obstáculos del proceso en el que se puso de presente, como lo señaló uno de los actores institucionales entrevistados, «la poca preparación y los tiempos insuficientes» para asumir los retos que suponía un escenario transicional en medio de la guerra, lo que se ha traducido en un proceso transicional parcial.
4.2 «Para poder estar en el territorio hay que estar callado»: el escenario transicional en medio del silencio, el miedo y la estigmatización
Como se ha señalado anteriormente, el escenario transicional que se abrió a partir de 2005 habilitó espacios sociales y políticos en los que se han puesto en escena distintos actores con interpretaciones propias sobre lo ocurrido. Sin embargo, en un contexto de transiciones parciales o conflictivas en el que se han reconfigurado los actores armados y sus formas de violencia, las experiencias, memorias y relatos de pobladores de San Pedro de Urabá y Tierralta están plagadas de miedos y silencios, pues la presencia de estos grupos sigue representando un riesgo para quienes lideran procesos en estos territorios. Esto se puso de manifiesto en la mayoría de las entrevistas realizadas, en las que recurrentemente se afirmó la existencia de temas vetados, de asuntos sobre los cuales la población todavía tiene miedo de hablar y reclamar sus derechos.
Tal es el caso de San Pedro de Urabá frente al tema de tierras. Como señala uno de los actores institucionales entrevistados: «Esa palabra no se puede mencionar ahí, te pueden hablar del desplazamiento, de la salida del territorio, pero no te van a hablar de restitución ni de la reclamación de tierras, hasta ahí queda el tema y hay un silencio» (Funcionaria Comisión de la Verdad, Apartadó, comunicación personal, marzo 25, 2021). En ese sentido, el silencio y el miedo son ejes significativos para comprender las formas que adquiere el escenario transicional y el accionar político de los actores que intervienen en esos órdenes locales en proceso de reconfiguración.
Igualmente ocurre en cuanto a la estigmatización del territorio y la población. Como se señala en varias de las entrevistas, San Pedro de Urabá y Tierralta han sido estigmatizados por las dinámicas de violencia que han tenido lugar en estos territorios, estigmatización que, según ellos, aún persiste, lo que ha generado profundos daños a la comunidad que hasta ahora empieza a ser reconocida y reparada.
En un tiempo fuimos todos guerrilleros, en un tiempo todos fuimos paramilitares, hoy somos gaitanistas, urabeños o cualquier grupo que salga de acá, somos estigmatizados de esa manera. De hecho, en este momento, ¿por qué cree que no se dan las diligencias de tierra?, ¿o por qué cree que para las diligencias de tierra se tienen que ir veinte carros de la Policía, veinte carros del Ejército?, ¿por qué cree que pasa eso? Porque hay presencia de grupos armados en el territorio y que controlan la población. Claro, todo está estigmatizado en ese momento, mire... no se puede entrar allá, pero no es que no se pueda, ¿a qué vas?, ¿cómo los tocas?, ¿cómo tocas a los armados que están allá? (Funcionaria Comisión de la Verdad, Apartadó, comunicación personal, marzo 25, 2021).En este tiempo todavía Urabá está estigmatizado, pero en ese tiempo muchísimo más. Tierralta, San Pedro de Urabá, esta zona, a uno le decían que por allá era zona roja (Profesora institución educativa, San Pedro de Urabá, comunicación personal, septiembre 24, 2021).
Adicionalmente, la estigmatización ha sido fuente de nuevas violencias, por eso los procesos sociales que se adelantan en ambos municipios han sido desarrollados lentamente por los pobladores, pues como señalan líderes sociales de Tierralta: «todavía hay mucha desconfianza», «hay que ir de a poquito, porque a uno todavía lo señalan». Esto ha hecho que muchas de las víctimas no se atrevan a denunciar y a dar su testimonio, pues, como se advirtió, «hay un miedo generalizado, tú lo sientes, hay una amenaza latente», miedo que es difícil de romper, pues la población en la guerra aprendió a vivir en el silencio, lo que moldeó la forma de habitar y relacionarse con otros en el territorio. En palabras de una pobladora de San Pedro de Urabá: «tocaba guardar silencio para poder sobrevivir. Llegas aquí y ya tú tienes un estigma, y tú tienes que aprender a vivir para sobrevivir. Eso te moldea a ti, te cambia perspectivas» (Profesora institución educativa, San Pedro de Urabá, comunicación personal, septiembre 24, 2021).
Las percepciones de las personas entrevistadas sobre el escenario transicional permiten leer, sobre todo, la forma en que cotidianamente se reconfiguran los órdenes locales en los que convergen múltiples actores y la forma en que se sigue escribiendo el guion del escenario transicional. En ese sentido, hay todavía muchos elementos por comprender de este proceso. Lo que resulta evidente es que, al igual que la guerra, la transición no ha sido un asunto de «otros», sino de víctimas, victimarios, pobladores y actores de diversa naturaleza, cuyas interacciones dibujan el orden local en la transición. De ahí la importancia de reconocer los aprendizajes políticos de este proceso, los cuales enriquecen las discusiones en el contexto actual sobre lo que implican las iniciativas de verdad, justicia, reparación y reconciliación en una dimensión local (Piedrahita y Sánchez, 2019).
A modo de conclusión
La reflexión propuesta para comprender el escenario transicional desde una perspectiva local a partir de la aproximación a las dinámicas de San Pedro de Urabá y Tierralta permiten identificar rasgos diferenciales y similitudes en la forma como se ha vivido este proceso en territorios y poblaciones concretas. Con esto no se pretende establecer generalizaciones a partir de los casos, pero sí considerar la pertinencia de esta ruta para avanzar en el análisis de los procesos transicionales a partir del estudio de casos específicos, tal y como se ha venido haciendo en otros estudios (Maya, 2020; Arias, 2017; García et al., 2014; Steiner, 2009), y enfatizar en la necesidad de captar realidades distintas que puedan ayudar a comprender mejor la reconfiguración de órdenes locales en la transición.
A partir de los casos seleccionados es posible advertir la complejidad del escenario transicional en el ámbito local pero también en el nacional, pues pone de presente el reto que supone desarrollar procesos de justicia, reparación y reconciliación en medio de la guerra, así como en un contexto en el que se superponen capas espaciales y temporales de distintos procesos transicionales en los que se involucra a las mismas comunidades, con sus incertidumbres, miedos y expectativas ante la posibilidad de la negociación de la paz.
Los relatos recopilados en el trabajo de campo se constituyen en una fuente de análisis significativa para aproximarse a la forma en que se viven y experimentan los efectos sociales y políticos del escenario transicional, desde la perspectiva de que los procesos derivados a partir de la desmovilización de las AUC en 2005 tienen implicaciones diferenciadas sobre los territorios, las cuales pueden ser interpretadas a partir de las memorias, experiencias e interpretaciones de los pobladores, posibilitando un retorno a la historicidad de lo cotidiano (Castillejo, 2017).
El periodo examinado está marcado por dos eventos significativos: la desmovilización de las AUC en 2005 y la firma del Acuerdo final con las FARC–EP en 2016. No obstante, la investigación se ha enfocado en la reconfiguración de los órdenes locales en estos dos municipios, específicamente, a partir del proceso de desmovilización de las AUC. Queda, por lo tanto, pendiente examinar qué ocurre en territorios en los que se superponen capas espaciales y temporales de distintos procesos transicionales y cuáles son los efectos que esto tiene para los combatientes que dejan sus armas, los gobiernos que buscan una salida del conflicto y las poblaciones que experimentan estos procesos en el ámbito local.
Notas
* Artículo derivado de la investigación Memorias y órdenes locales: las experiencias de los pobladores de San Pedro de Urabá (Antioquia) y Tierralta (Córdoba), 2005–2016, financiada por el Comité para el Desarrollo de la Investigación (CODI), Universidad de Antioquia, convocatoria 2018.
1 El equipo de trabajo del proyecto estuvo conformado por Alejandra Zapata, estudiante de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia; Danny García y Mariana García, estudiantes del pregrado en Desarrollo Territorial de la misma universidad, seccionales Urabá y Oriente, respectivamente.
2 Como parte de los productos de divulgación del proyecto se realizó, en alianza con la Unidad Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia, dos episodios de la serie de podcast Memoria sin lugar: «Este no es un lugar cualquiera» y «El pueblo de las heridas abiertas». Se puede acceder a la serie a través del siguiente enlace: https://open.spotify.com/show/69ya0HuthKtNL4KCDJcizZ?si=528e875ef21a4a9b
3 Teniendo en cuenta que el trabajo de campo se desarrolló en el contexto de la pandemia del COVID–19 en 2021, fue necesario hacer ajustes metodológicos en las actividades colectivas que inicialmente se contemplaron llevar a cabo en los territorios, como los recorridos territoriales. De esta manera, se priorizaron las entrevistas en profundidad. Igualmente, se realizaron entrevistas virtuales en distintos momentos del proyecto.
4 Inicialmente, los desmovilizados participaban del Programa de Reinserción a la Vida Civil (PRC), luego las dinámicas y el lenguaje del proceso cambió y pasaron a ser llamados «reintegrados» y comenzaron a ser apoyados por la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, la cual en 2011 se convirtió en la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).
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