ISSN (impreso) 0121–5167 / ISSN (en línea) 2462–8433
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| Artista invitada Lina Velásquez Memoria Visual De la serie Imágenes Mnemónicas Cartografía (fotografías de archivo intervenidas) 21 láminas 25 x 35 cm 2018 |
SECCIÓN GENERAL
Matías Rafael Pizarro1 (Argentina)
1 Licenciado en Antropología Social. Becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Co–director del Observatorio de la Economía Popular de la Región Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales. Integrante del Grupo de Estudios Socioculturales del Conflicto (GESC), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: mrafaelpizarro@gmail.com – Orcid 0000–0001–9517–6153 – Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=6pCfE–oAAAAJ
Fecha de recepción: octubre de 2023
Fecha de aprobación: abril de 2024
Cómo citar este artículo: Pizarro, Matías Rafael. (2024). Disputar derechos en el espacio público. La organización de trabajadores feriantes de la economía popular en Olavarría, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 71. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n71a12
Resumen
En este artículo se analiza la experiencia de organización de trabajadores feriantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en Olavarría, Provincia de Buenos Aires, Argentina, en el contexto del conflicto por el derecho al trabajo que involucra a este grupo y al Gobierno municipal. Se señala que dicha experiencia de la economía popular habilita un renovado proceso de repolitización popular del espacio que tensiona modos socialmente legítimos de apropiación espacial y vislumbra la incidencia del espacio público como recurso vinculado al sostenimiento de la vida, por el cual se convierte en espacio de lucha. El desarrollo del argumento se apoya, principalmente, en las contribuciones teóricas que conciben al espacio desde su carácter disputado y relacional, y en aportes recientes que han problematizado la relación entre las dinámicas de la economía popular y del espacio urbano. Desde un enfoque etnográfico, el artículo constituye un aporte a los debates sobre organizaciones sociales y la comprensión espacial de procesos sociales y políticos populares emergentes en los últimos años que han cobrado fuerza a escalas locales.
Palabras clave: Comportamiento Político; Cultura Política; Espacio Público; Trabajadores; Economía Popular; Organización Social.
Abstract
The article analyses the organizational experience of street vendors workers from the Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) in Olavarría, Province of Buenos Aires, Argentina, in the context of the conflict over the right to work that involves this group and the municipal government. This experience of the popular economy enables a renewed process of popular re–politicization of space that tensions socially legitimate modes of spatial appropriation and glimpses the incidence of public space as a resource linked to sustaining life, for which it becomes a space of struggle. The development of the argument is mainly based on theoretical contributions that conceive space from its contested and relational character, and on recent contributions that have problematized the relationship between the dynamics of the popular economy and urban space. From an ethnographic approach, the article constitutes a contribution to the debates on social organizations and the spatial understanding of popular social and political processes that have emerged in recent years and have gained strength at local scales.
Keywords: Political Behavior; Political Culture; Public Space; Workers; Popular Economy; Social Organization.
¡Cambiar la vida! ¡Cambiar la sociedad! Nada significan estos anhelos sin la producción de un espacio apropiado (Lefebvre, 2013, p. 117).
Introducción
Las transformaciones socioeconómicas que ha atravesado Argentina en los últimos años provocaron que un número cada vez mayor de la población desarrollara sus actividades en el marco de lo que se ha denominado economía popular.1 Según relevamientos actuales, 33,8% de población argentina (Wolanski et al., 2022) desarrolla algún tipo de actividad que puede enmarcarse bajo esta denominación que las propias organizaciones sociales del sector han construido como categoría política y reivindicativa (Fernández, 2018). Este tipo de actividades son definidas como las que los propios trabajadores han desarrollado para asegurarse el sustento, contando con medios de producción precarios y bajo condiciones de falta de reconocimiento de sus derechos (Grabois y Pérsico, 2015).
El crecimiento notorio del sector expresa una serie de condiciones, elementos y dimensiones que en tiempos recientes ha llamado la atención, tanto de la política institucional como de la producción académica local. La activa movilización de las organizaciones sociales abocadas a la defensa y lucha por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores de la economía popular, los procesos de organización laboral a través de cooperativas y unidades productivas por ramas de actividad, y el camino hacia la sindicalización del sector habilitaron renovados procesos de disputa política que iluminan aspectos habitualmente ignorados o poco atendidos desde una perspectiva normativa de la política, el conflicto, la economía y el trabajo.
El objetivo de este artículo es analizar una experiencia local de organización de trabajadores vendedores —feriantes— de la vía pública pertenecientes al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en Olavarría, una ciudad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, en relación con el proceso de politización del espacio público que se produce en el contexto del conflicto por el derecho al trabajo que involucra a este grupo y al Gobierno municipal.2 Con proceso de politización se pretende recuperar lo planteado por María Inés Fernández, Dolores Señorans y Florencia Pacífico (2023) al conceptualizar la política como proceso vivo que busca capturar los procesos en los cuales las personas producen acciones, relaciones o proyectos considerados valiosos. Esto permite restituir su carácter creativo, a la vez imaginado y emergente (Fernández, Gaztañaga y Quirós, 2017). Esta perspectiva habilita un abordaje que analiza el modo en que la politización cobra forma en tanto vínculos, prácticas y relaciones cotidianas, prestando atención a la manera en que se vinculan con otras dimensiones de la vida social.
La tesis central que articula el argumento es la siguiente: la experiencia de organización de trabajadores feriantes de la economía popular en relación con la demanda por el derecho al trabajo —que incluye el reconocimiento de la actividad, el permiso y mejores condiciones para su desarrollo— habilita un proceso de (re)politización del espacio urbano que tensiona los modos socialmente legítimos de apropiación espacial —quiénes y cómo— y vislumbra la incidencia del espacio público como recurso en vinculación al sostenimiento de la vida.
El enfoque privilegiado es el etnográfico, basado en la construcción de datos a partir de la experiencia compartida durante el trabajo de campo extendido, comprensivo y descriptivo (Rockwell, 2009), e influenciado por los planteos de la antropología colaborativa (Fernández, 2019; Fernández y Carenzo, 2014) que proponen una discusión con las estrategias metodológicas y epistemológicas habitualmente asociadas a la producción de conocimiento antropológico, como el extrañamiento y el distanciamiento.
El trabajo de campo realizado desde diciembre de 2021 hasta diciembre de 2023 ha comprendido mi participación en asambleas, movilizaciones, protestas, reuniones, organización de eventos, acompañamiento en la gestión de trámites personales y elaboración de proyectos, además de mi presencia sostenida en la Feria de la Economía Popular —en adelante, la Feria— durante los fines de semana. Como parte de las técnicas empleadas se realizó, principalmente, observación participante, además del diseño e implementación de encuestas, la planificación conjunta en taller de entrevistas estructuradas con integrantes de la coordinación de la Feria, sistematización de fuentes secundarias y anotaciones de campo.
1. Economía popular y formas de organización en el espacio urbano
El diseño y la aplicación de políticas económicas neoliberales sentaron las bases de un nuevo modelo de vida en sentido amplio que marcó una fuerte diferencia respecto al modelo de Estado de bienestar que se había extendido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Si bien en la región las economías populares tienen «anclaje en procesos de exclusión y subordinación de larga trayectoria histórica», el neoliberalismo se erige como marco temporal en el que se inscriben estas experiencias que «confrontan la exclusión de medios y recursos para que una gran parte de la población pueda asegurar su reproducción» (Gago, Cielo y Tassi, 2023, p. 34).
En Argentina, el modelo neoliberal comenzó a implementarse durante la última dictadura cívico militar de 1976, la cual introdujo «un giro en el funcionamiento económico tan profundo que implicó un cambio en el régimen social de acumulación, dejando atrás la industrialización basada en la sustitución de importaciones» (Basualdo, 2006, p. 126). Además del endeudamiento externo, esta política de desindustrialización provocó un aumento del desempleo y la pobreza. Este proceso se sostuvo durante la década de 1980 —con una crisis hiperinflacionaria en 1989—, se profundizó en la década de 1990 con una reforma integral del Estado que implicó privatizaciones y mayores índices de desempleo en un régimen de paridad cambiaria, hasta cristalizar en la crisis social y política de 2001. En 2002 el desempleo alcanzó 21,5% y la pobreza escaló de 38,8% en octubre 2001 a 53% en mayo de 2002 (Fiszbein, Giovagnoli y Adúriz, 2003).
Frente a estos condicionamientos, las personas buscaron y construyeron un conjunto variado de actividades para lograr el sostenimiento de sus vidas y las de sus familias, con los medios y herramientas disponibles a su alcance. Este abanico heterogéneo de labores incluye, entre otras, la recolección de material reciclable descartado en las ciudades, la venta ambulante y en ferias populares, tareas comunitarias de cuidado en comedores, merenderos y centros barriales, la producción y trabajo rural, y cooperativas de construcción. Generalmente, estas actividades se desarrollan en contextos de precariedad, bajo la falta de reconocimiento de estas como trabajo y, en consecuencia, sin la garantía de sus derechos. El amplio espectro de estas actividades y las personas que las ejercen, «inventoras de su propio trabajo», según las definen las organizaciones sociales del sector, comprenden el universo de lo que se ha denominado economía popular en Argentina. Como lo ha planteado María Inez Fernández Álvarez (2018), la economía popular constituye también una categoría reivindicativa bajo la cual se agrupa un conjunto heterogéneo de actividades y posee «la potencialidad para unificar en tanto clase trabajadora un conjunto de sujetos heterogéneos en pos de un proceso de demanda por derechos colectivos» (p. 24).
De acuerdo con Verónica Gago, Cristina Cielo y Francisco Gachet (2018), la economía popular —o las economías populares— es una definición en pugna que implica a la vez un debate epistemológico, conceptual y político. Habitualmente, en esta pugna se observa un «binarismo recurrente»: por un lado, una visión que repara en la «informalidad» y articula ideas como pobreza e ilegalidad; por otro lado, la visión de la denominada «economía social» que proyecta una reivindicación de «trabajadores que buscan la reproducción ampliada de la vida, en contrapunto a la acumulación capitalista, quienes a su vez pueden construir formas de trabajo cooperativas y sin afán de lucro» (p. 12). La economía popular comprende prácticas diversas que no pueden supeditarse a una u otra visión. Estas y sus diferentes protagonistas «se articulan de formas entrecruzadas, atravesando las fronteras entre lo formal y lo informal, la subsistencia y la acumulación, lo comunitario y los cálculos del beneficio, y también aquellas fronteras que se trazan entre múltiples escalas y delimitaciones nacionales» (p. 11).
En lo que respecta a esta investigación, se atiene a la forma en que las organizaciones sociales que representan a estos trabajadores definen a la economía popular, recuperando una de las ideas centrales en sus debates que enfatiza que la emergencia de este fenómeno no refiere a un proyecto alternativo, sino que es comprensible a la luz de la aplicación de políticas neoliberales y el consiguiente proceso de exclusión del mercado laboral formal en la economía capitalista (Grabois y Pérsico, 2015), como se indicó anteriormente.
El segundo punto es la centralidad que adopta el trabajo para la definición de las demandas y la construcción de horizontes políticos reivindicativos de las organizaciones. De esta manera, la reivindicación de las distintas actividades que las personas comenzaron a desarrollar para «ganarse la vida» (Fernández y Perelman, 2020) impulsa una lucha por el reconocimiento de las actividades como trabajo y de quienes las realizan como trabajadores. No resulta inapropiado señalar entonces que las organizaciones de la economía popular comprenden una singular expresión, empírica y teóricamente informada, de una reconfiguración, redefinición y reestructuración del trabajo y sus relaciones en las últimas décadas —sobre todo, a partir de la crisis de 2001—. Si la economía popular es una categoría en pugna, su emergencia y consolidación refleja que las formas de concebir y abordar el mundo del trabajo han sido interpeladas. Como indica Johanna Maldovan (2020), «el trabajo es una categoría histórica [...]. Resaltar la historicidad del concepto nos remite a pensar, fundamentalmente, en la diversidad y el dinamismo que lo constituye» (p. 14).
El tercer elemento a ponderar sobre el universo referido tiene que ver con el componente gremial y sindical que caracteriza a las organizaciones de la economía popular. Si bien el concepto de economía popular no es nuevo —se remonta a la década de 1980 (Maldovan, 2018)—, hay un factor novedoso que aparece en los últimos años y que tiene que ver con el «camino hacia la sindicalización de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular» (Maldovan, 2020, p. 16) que construyen sus imágenes y lenguajes a partir de tradiciones históricas argentinas muy ligadas al peronismo y la clase trabajadora (Sorroche y Schejter, 2021). Este rasgo, el cual opera como un factor de delimitación para la comprensión de este tipo de experiencia de organización, se cristalizó formalmente en 2011 con la creación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y, más recientemente, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
En resumen, se entiende la economía popular más allá del prisma de las actividades económicas que implica. Aquí interesa abordarla en tanto una categoría vernácula con incidencia política y práctica a escala nacional y local. Las actividades que comprende, el sujeto colectivo que representa y las formas de organización que activa tensionan los modelos socialmente legitimados de trabajo y de representación de los trabajadores. Pero también —como se verá más adelante— la economía popular como experiencia de organización da lugar a procesos de politización de las condiciones de vida en las ciudades a través de los cuales se evidencia una disputa por el espacio urbano y los modos de vida habilitados para el sector (Fernández, Señorans y Pacífico, 2023).
Esta población habitualmente es definida en el sentido común a partir de las ideas de precariedad o precarización asociada a la condición laboral. Resultan significativos los trabajos que piensan la precariedad a partir de su productividad política, que se enfocan en la precariedadcomo experiencia de vida amplia y como base para la organización colectiva (Fernández, 2016; Señorans, 2018) que habilita lenguajes y proyectos políticos diferenciales (Neilson y Rossiter, 2008), y el desarrollo de estrategias de subsistencia y formas de organización política (Das y Randeria, 2015; de L'Estoile, 2014; Ferguson, 2015; Millar, 2014; Narotzky y Besnier, 2020). Como ha indicado Dolores Señorans (2018): «el modo en que se experimenta la precariedad está vinculado a como se experimenta, vive y produce el espacio urbano» (p. 51).
La problematización del espacio en este artículo es central, para lo cual se recupera una perspectiva que repara en el carácter relacional y disputado de este. Los aportes seminales de Henri Lefebvre y los posteriores de Doreen Massey son fundamentales, especialmente la idea del espacio como producto social (Lefebvre, 2013) y como producto de interrelaciones siempre en devenir, vinculado a la construcción de subjetividades políticas (Massey, 2012).
Para Lefebvre (2013) el espacio implica un conjunto de relaciones, en tanto productor y soporte de relaciones sociales, y un terreno de lucha en el que el espacio concebido —las representaciones del espacio— se erige como dominante —el espacio de la planificación urbanística— en contra del espacio vivido —el espacio de los habitantes—. El autor señala que «el espacio contiene relaciones sociales y es preciso saber cuáles, cómo y por qué» (p. 86), y más adelante, para referirse a los espacios de representación, afirma que «se trata del espacio dominado, esto es, pasivamente experimentado, que la imaginación desea modificar y tomar» (p. 97). Estas dos ideas resultan inspiradoras para este trabajo, en el sentido de que moviliza a interrogarse sobre las relaciones sociales que producen —a la vez que son producidas por— el espacio y motiva a indagar en su carácter vivido y las transformaciones que allí se imaginan o producen.
Por su parte, Massey (2012) indica que «el espacio es por naturaleza una zona de “disrupciones”» (p. 173) y «una fuente para la producción de nuevas trayectorias, nuevas historias [al ser] la esfera de la yuxtaposición potencial de distintos relatos, del forjamiento de relaciones nuevas» (pp. 174–175).
En esta línea de debate, son de relevancia trabajos que han prestaron particular atención a la contestación de la territorialidad estatal por parte de actores no estatales, como es el caso de John Agnew y Ulrich Oslender (2020), que proponen el concepto de «territorialidades superpuestas» e indican el papel que los movimientos sociales han desempeñado en esos procesos, aquellos que enfatizan la cuestión del espacio ligada a la dimensión del poder (Haesbaert, 2013), así como la dimensión territorial de los movimientos sociales en Latinoamérica y la apropiación del espacio como estrategia política (Halvorsen, 2020). Este marco se complementa —de acuerdo con los fines de esta investigación— con aportes etnográficos que, desde una perspectiva antropológica a escala local, se han detenido en la relación entre espacio urbano y las dinámicas de las economías populares. Entre estos últimos, las ideas vertidas por Fernández, Señorans y Pacífico (2023), que analizan «las formas en que los procesos de organización de trabajadores y trabajadoras de la economía popular en Argentina han politizado las condiciones de vida en la ciudad» y sostienen que los procesos de organización de la economía popular «no sólo ponen en evidencia la disputa por la producción y apropiación del espacio urbano —calles, casas, barrio—, sino también por los modos de vida social y políticamente habilitados para estos sectores sociales en las ciudades» (p. 62). Ese trabajo retoma la concepción lefebvriana del espacio urbano, indicando que desde dicha perspectiva «el espacio urbano sustenta procesos de acumulación capitalista que no sólo permiten la producción de mercancías, sino que producen también el espacio en sí mismo, como instrumento de planificación y control estatal» (p. 62). Además, destacan la persistencia del «derecho a la ciudad» como «herramienta de análisis teórico en el debate contemporáneo y como noción movilizada en los procesos actuales de contestación política a la urbanización neoliberal» (p. 62).
En conjunto, estos aportes permiten comprender el espacio en su dimensión conflictual y como proceso de disputa, y destacar analíticamente la dimensión política que caracteriza al espacio en tanto producto y productor de relaciones sociales en contextos de fragmentación urbana y territorial. Asimismo, permiten situar la discusión por el espacio y la ciudad desde una concepción transformadora, más allá del acceso y los usos, principalmente, desde el aporte lefebvriano de concebir a la ciudad como proyecto político y a las clases trabajadoras —la «clase obrera» para Lefebvre en la década de 1960— como los actores privilegiados para una radical transformación urbana (Lefebvre, 2017).
2. El Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Feria de la Economía Popular
El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) es una organización social del ámbito nacional que agrupa a miles de personas que han sido expulsadas del mercado laboral formal como consecuencia de los modelos neoliberales y han tenido que «inventar su propio trabajo» organizándose en diferentes cooperativas o unidades productivas. Inspirado en la estructura de organización sindical argentina, las diferentes actividades se nuclean en ramas: Cartoneros; Textil; Rural; Construcción; Espacios Públicos; Liberados, Liberadas y Familiares; Sociocomunitario; y Vientos de Libertad; además, existen áreas como Mujeres y Diversidades, Salud y Formación. La rama Espacios Públicos, que es objeto de atención en esta investigación, tiene como objetivo general organizar a aquellos trabajadores que realizan sus actividades en distintos espacios públicos, como son las calles, plazas, semáforos, entre otros: venta ambulante, artesanías, ferias, lavado y cuidado de coches.
En Olavarría el MTE lleva cinco años de existencia y actualmente organiza a más de 300 personas entre sus distintas ramas. La rama local de Espacios Públicos ha centrado su trabajo, hasta el momento, alrededor de la denominada Feria de la Economía Popular, la cual agrupa a 120 feriantes aproximadamente. Se celebra durante los fines de semana, en el Corsódromo Municipal Gabriel Antonio,3 en la franja que va desde las 14:00 horas hasta las 20:00 horas, según la estación del año. Regularmente, asisten entre 70 y 90 feriantes con puesto.
Siguiendo un relevamiento realizado en el marco de esta investigación entre los meses de junio y julio de 2022, se observa que del total de la población encuestada (n=67) una muy marcada mayoría (92,5%) son mujeres (n=62) y los hombres conforman solo 7,5% (n=5). Este dato condice con las características de la economía popular en el ámbito nacional, en lo que respecta al género (Renatep, 2022), aunque aquí se expresa de manera más elocuente. En lo que respecta a la distribución por edad, la franja etaria de 25 a 35 años, junto a la de 36 a 45 años comprenden la mayoría dentro de la Feria alcanzando 59,7% (n=40) de la población, con 31,3% (n=21) y 28,4% (n=19), respectivamente. En relación con los índices de educación formal, la mayoría no ha concluido sus trayectorias educativas, teniendo como marco de referencia la educación obligatoria que contempla la Ley de Educación Nacional 26.606 de 2006. Es decir que la mayoría no inició o finalizó sus estudios secundarios, siendo esta población 65,7% (n=44) de los feriantes encuestados. El Primario completo aparece como el mayor grado alcanzado por 35,8% (n=24) del total de la población feriante relevada, frente a 22,4% (n=15) que finalizaron el Secundario. En lo que respecta a la distribución geográfica de los feriantes, a partir de la población encuestada existe una heterogeneidad cuantitativa en la residencia en la ciudad, aunque se constata una mayoría concentrada en barrios de la periferia urbana próximos a la zona del Corsódromo.
En términos de infraestructura, la Feria cuenta con 35 stands, por lo cual una buena parte de los feriantes arman sus puestos con mesas, mesas plegables, gazebos o con un paño o manta en el piso. También se monta un gazebo que oficia como escenario para los artistas que concurren y ofrecen espectáculos en vivo y, a veces, se hace uso de una plataforma de hormigón ubicada en el predio. Hay un solo baño habilitado para su uso y las estructuras de hierro que se montan para armar los puestos se resguardan en uno de los galpones del predio. En ese galpón también se realizan reuniones, se conservan algunos bolsones con ropa y los días de feria se cocinan sándwiches tostados, panchos, papas fritas y choripanes; también se ofrecen bebidas gaseosas y agua caliente.
Habitualmente, se realizan asambleas para comentar, conversar y discutir sobre los problemas que afectan a la Feria, en particular, y al sector de la economía popular, en general, y plantear las acciones a seguir en el marco de sus luchas. Para el caso de los feriantes en Olavarría, y al igual que en muchas otras ciudades, su actividad no está regularizada y la venta callejera sigue considerándose una infracción según la Ordenanza Municipal 195 de 1984.
3. Disputar derechos en el espacio urbano
La experiencia organizativa de los feriantes del MTE en Olavarría constituye un ejemplo concreto para pensar la relación entre la economía popular y la disputa por el espacio urbano y los modos de vida habilitados. Los procesos de demanda que involucran a la rama, los cuales destacan la búsqueda y lucha por el reconocimiento de su actividad como un trabajo, su condición de trabajadores y el derecho a ejercer su actividad en una porción de suelo urbano caracterizado como público o municipal, así como la producción vernácula de derechos y bienestares, se afirman —de acuerdo con Fernández (2016)— en el espacio público.
Luego de que los feriantes lograran el «permiso» por parte del Gobierno municipal para la realización de la Feria durante los fines de semana en el Corsódromo Municipal,4 el reclamo por mejores condiciones de trabajo, la negociación y la disputa por el derecho al uso del espacio no cesaron. Si bien luego del compromiso asumido por las partes la habitual irrupción directa de fuerzas policiales y de personal de Control Urbano5 cesó por un tiempo —aunque no la activa recorrida de móviles policiales—, en el transcurso de los meses algunos problemas de infraestructura comenzaron a acentuarse y pasaron a ocupar la centralidad en las demandas.
Durante los meses de invierno de 2022 el alumbrado del Corsódromo dejó de funcionar. Las numerosas lámparas situadas en la calle peatonal en la que se celebra la Feria dejaron de encenderse. Esto afectó el desarrollo normal de la Feria en la estación invernal porque, además del frío y los vientos típicos de la época, los feriantes se vieron obligados a interrumpir sus jornadas de trabajo más temprano al no contar con la iluminación que les permitiera extender el horario de trabajo un poco más allá del atardecer. Además de este problema, surgieron algunas complicaciones con el baño que se utiliza en el predio, el cual logró ser reparado por integrantes del grupo de coordinación cuando solucionaron un daño derivado de la rotura en unos caños de agua.
Al mismo tiempo, se establecieron algunas conversaciones con las áreas municipales de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y Cultura, respectivamente, con el objetivo de efectuar una modificación del área donde se establece la Feria para lograr el uso del escenario de hormigón, como también de la caja de electricidad ubicada sobre uno de los costados de este. Dicha solicitud fue aceptada. Contrariamente, el alumbrado público permaneció sin ser encendido hasta principios de 2024, es decir, una vez que cambió la gestión municipal luego de los resultados electorales de 2023 en la ciudad.
La problemática del alumbrado dio lugar a un proceso de movilización que entrelazó de una manera novedosa el reclamo por las condiciones del espacio urbano público con la demanda por condiciones dignas de trabajo. Se resalta tentativamente el aspecto novedoso sobre la base de algunos puntos: las condiciones de vida y de trabajo de un nuevo sujeto organizado, el de la economía popular; el reclamo por un lugar «inventado» por el mismo sujeto y la articulación con la discusión por el espacio público —no es una fábrica ni una oficina el espacio que se defiende—; y la vinculación directa de la movilización con el trabajo, a diferencia de reclamos recientes asociados al ocio o consumos, en los que el trabajo no resultó ser el eje central, por ejemplo, protestas de ciclistas reclamando acondicionamiento de pistas de entrenamiento o los usuarios de los denominados autos bajos para su libre circulación en contra de multas realizadas por infracción al tránsito.
La protesta de los feriantes expuso otras maneras de pensar las formas del trabajo más allá del trabajo asalariado. Lo valioso en esta experiencia resulta de atender también las maneras en que el grupo moldeó la consigna del reclamo y cómo se politizaron condiciones de vida en la ciudad (Fernández, Señorans y Pacífico, 2023). A pesar de las sugerencias de militantes abocados al acompañamiento de la demanda acerca de «elevar» el piso de reclamo, reclamando, en primer lugar, la regularización de la Feria y la venta ambulante, la consigna principal impulsada por los feriantes se sostuvo en «queremos luz en el corsódromo». Los feriantes, además, articulaban la demanda con una necesidad extendida a los vecinos de la zona, tanto en relación con lo que consideran un espacio de ocio como lo referido a la seguridad y al cuidado de la zona. Como señaló uno de los voceros de los feriantes durante una conferencia de prensa en la plaza central de Olavarría frente al edificio municipal:
[Queremos] pedirles que se nos escuche, que seamos atendidos, que sean razonables a la hora de pensar y responder en las necesidades que tenemos. No solamente nosotros, sino mucha gente. Incluso los vecinos del corsódromo. Porque esa zona antes de que tuviera iluminación era una zona de peligro, ustedes lo saben muy bien. Ha habido robos, ha habido abusos, ha habido un montón de cosas (comunicación personal, octubre 15, 2022).
Asimismo, es algo recurrente escuchar decir a los feriantes que «el lugar», si no fuera por ellos, no se utilizaría y que además ofrecen la posibilidad a vecinos del barrio y al resto de la ciudad de disfrutar de este.
Luego de ocurridas las manifestaciones, algunos feriantes del grupo de coordinación y, en particular, la referente de la Feria, se mostraban esperanzados y con perspectiva para continuar ejerciendo su reclamo al visualizar muchas expresiones de apoyo por parte de usuarios de redes sociales que comentaban las publicaciones de los medios digitales que cubrieron las jornadas de protestas.
Sin embargo, los hechos y la negativa rotunda por parte del Ejecutivo municipal a atender la demanda generaron preocupaciones en el grupo. Por un lado, una gran parte percibió en esta situación un claro gesto de destrato por parte del Gobierno municipal, una falta de preocupación, atención y sensibilidad por «los de abajo», «los pobres», «lo popular», una persecución y hostigamiento contra «gente trabajadora y laburante». Por el otro, esta actitud prolongada también encendió las alarmas en torno a la situación de continuidad del uso del espacio. La sospecha de que el acto intimidatorio tenía que ver con un deseo por parte del Gobierno municipal de «correr» o «sacar»a los feriantes del Corsódromo, y la incertidumbre que esto provocó en relación con la posibilidad de que tarde o temprano los desalojaran también eran parte de las conversaciones corrientes.
El día lunes 12 de diciembre de 2022 fue la última jornada de reclamo que los feriantes llevaron a cabo. Nuevamente, frente al palacio municipal, dos integrantes decidieron —según lo acordado en asamblea— encadenarse en las escalinatas del edificio como modo de protesta a la espera de una solución. Durante la mañana, la movilización confluyó con otra protesta, vinculada al servicio de agua potable, la cual impulsó un grupo de vecinos autoconvocados. Esta se había concentrado frente a la empresa proveedora del servicio y minutos posteriores se trasladó también frente al edificio municipal (Verte, 2022, diciembre 12; LU32, 2022, diciembre 12).
En un momento, un grupo de los vecinos autoconvocados se apostó en las puertas de ingreso de la municipalidad que permanecían cerradas y con custodia policial. De manera muy efusiva golpeaban las puertas mientras algunos agitaban carteles y otros transmitían en vivo desde sus redes sociales. Ante esta situación, varios feriantes e integrantes de otras ramas del MTE que estaban acompañando «la movida» se acercaron también hacia la puerta principal del palacio municipal previendo que este grupo podría lograr el acceso al edificio y de esa manera plegarse en el ingreso a su interior con el objetivo de lograr un encuentro con algún funcionario, particularmente, del área de Desarrollo Humano y Calidad de Vida.
Finalmente, el conjunto de manifestantes logró irrumpir en el edificio. En representación del MTE ingresaron algunos integrantes que optaron por marcar distancia con el otro reclamo y solicitar un encuentro con el secretario del área. Luego de una conversación poco fructífera con dos funcionarias municipales y de negociar con la custodia del lugar el acceso hasta la oficina de la Secretaría, los integrantes lograron subir hasta el primer piso de la municipalidad para aguardar ser atendidos.
Unos instantes después hizo su aparición de manera intempestiva el secretario, quien eliminó la posibilidad de negociar. De manera enfática señaló que ya no sabía de qué manera hacerles entender que no iban a prender las luces del Corsódromo, alegando una cuestión de seguridad vial, porque, según sus palabras, si las luces se encendían el predio quedaría iluminado y daría lugar al desarrollo de actividades ilegales como «picadas» —carreras clandestinas de automóviles o motocicletas—, convirtiendo la calle en una «pista de carreras». Ensimismado en su posición, el funcionario agregó que seguía recibiendo quejas de vecinos aledaños al lugar donde se desarrolla la Feria y acusó que los fines de semana es un «quilombo», aludiendo a la actividad que convoca la Feria, la cual incluye la presentación de grupos musicales, habitualmente de cumbia y melódicos, aunque también propuestas de folclore, además de otro tipo de espectáculos para niños.
Ante el fracaso del encuentro, el cual incluyó gritos y acusaciones no comprobadas por parte del entonces secretario, el reclamo frente al edificio municipal se extendió unas horas más hasta pasado el mediodía, cuando comenzó a llover y ya muchos se habían retirado. Durante el mes de enero un grupo de feriantes elaboró un sistema para poder iluminar la Feria durante las noches de verano, costeando los gastos con su propio dinero. Las luces son colocadas como guirnaldas entre los postes del alumbrado sobre el que se reclamaba, brindándole además un aspecto decorativo a la calle.
4. Discusión
Hasta aquí se ha presentado el reclamo de los feriantes vinculado a la iluminación del Corsódromo Municipal; sin embargo, es menester aclarar que esto es sólo una instancia dentro de un proceso más amplio que involucra una serie de demandas que, articuladas, evidencian una disputa por la producción y apropiación del espacio urbano; además, ejemplifica la forma en que los trabajadores de la economía popular deben lidiar con el Estado para impulsar el reconocimiento de su actividad y negociar mejores condiciones de trabajo que, la mayoría de las veces, no son garantizadas.
Si bien el eje narrativo del reclamo se estructuró alrededor de la iluminación, las distintas manifestaciones habilitaron la discusión de condiciones de vida y de trabajo más amplias. En ese sentido, el reclamo por el alumbrado del Corsódromo no es una escena disociable del resto de las demandas y situaciones que el grupo de feriantes debe enfrentar. En la manifestación del 15 de octubre de 2022 los voceros se refirieron no sólo a la problemática de las luces, sino también a la situación normativa producto de la Ordenanza 195 de 1984, la cual sanciona la venta en espacios públicos, considerándola una infracción.
La situación actual en relación con la Ordenanza condiciona de manera sensible la actividad que se encuentra permanentemente en un estado de incertidumbre sujeta al arbitrio del Gobierno municipal, lo que agrava la condición de precariedad de más de cien feriantes y sus familias. Un aspecto crucial que deriva de este condicionamiento normativo tiene que ver con que la actividad feriante y ambulante se sostiene por fuera de las clasificaciones de lo que es considerado un trabajo y, por ende, quienes realizan esta actividad carecen de derechos en tanto trabajadores. Además, habitualmente deben lidiar con la persistente presencia de personal de Control Urbano y efectivos policiales los días en que la Feria desarrolla sus actividades, al igual que cuando realizan alguna manifestación frente a la municipalidad.
La experiencia de organización colectiva feriante tensiona los límites y fronteras espaciales que son producidas por la práctica estatal (Canelo, 2018; Agnew y Oslender, 2010). Por un lado, los feriantes producen al Corsódromo como un lugar de trabajo, esto trae una renovada interpretación del espacio que desde su concepción original estuvo ligada a la «cultura», entendida como la expresión de actividades artísticas, pero sobre todo a la realización del corso oficial de Olavarría, evento construido oficialmente como un emblema local (Banchio, 2022), algo que, a pesar de los cambios de gestión municipal, se sostuvo a como parte de la política oficial.
Por otro lado, estas demandas ponen en discusión la regulación del espacio público en la ciudad en un sentido amplio y no restringido a los usos. El conflicto alrededor del reconocimiento de la actividad como un trabajo y la demanda por mejorar sus condiciones habilitó la discusión en torno a cuáles son las formas válidas de ganarse la vida en la ciudad (Fernández y Perelman, 2020), a la vez que expuso la importancia del espacio urbano asociado al sostenimiento de la vida. De esta forma, el espacio —tanto en su dimensión material como simbólica— también habilita experiencias de organización que incluyen instancias de lucha como la que se describe aquí, orientadas al reconocimiento de derechos como trabajadores de la economía popular.
En sintonía con lo que ha indicado Señorans (2018), en relación con la politización colectiva de experiencias de precariedad, dando cuenta de cómo se experimenta, vive y produce el espacio urbano en dos organizaciones sociales, se puede afirmar que también se produce una espacialización de las condiciones de vida y de trabajo. Situar espacialmente en el Corsódromo formas de vivir y trabajar bajo el criterio de la organización colectiva implica entonces una forma de espacialización de la organización.
Finalmente, para iluminar los aspectos morales en torno a la producción y disputa del espacio hay que prestar atención a la relación entre la producción estatal de fronteras y la producción de sujetos deseables o indeseables, legítimos o ilegítimos, normales o diferentes, cuestión que permea la regulación, el acceso y la exclusión del espacio público. Brenda Canelo (2018), que también recupera las ideas de Henri Lefebvre y David Harvey sobre la reapropiación de la espacialidad estatal y la construcción de alternativas desde la experiencia de los actores, señala que no sólo hay que enfocarse en las espacialidades alternativas o discordantes, sino en quienes son los sujetos productores de estas para entender los modos en que las respuestas estatales caracterizan dichas prácticas como problemáticas, molestas o fuera de la norma —la Feria como «un quilombo»—, y por lo que ciertos actores merecen ser señalados y sancionados —en este caso, los feriantes, a través de las infracciones labradas por las fuerzas de control urbano, pero también por las acusaciones que suelen esgrimirse contra el sector como «quilomberos» o «planeros»—.6
Lefebvre (2013) afirma que el derecho a la ciudad «sólo puede formularse como un derecho a la vida urbana, transformada, renovada» (p. 139). En esa dirección, los derechos se disputan, se producen y se afirman en el espacio urbano. En el caso presentado, el Corsódromo se erige no sólo como lugar de feria, sino como recurso básico de organización y sostenimiento de la vida, donde casi un centenar de trabajadores discuten, proyectan, producen y comparten ideas, acciones y relaciones que forman parte del modo en que crean o inventan vidas que merecen la pena ser vividas.
Consideraciones finales
A la luz de lo desarrollado se puede afirmar que la experiencia de organización de trabajadores feriantes de la economía popular en relación con la demanda por trabajo en la ciudad de Olavarría habilitó un proceso de repolitización popular del espacio urbano. Dicho proceso, que no es lineal ni homogéneo, que se nutre de variados elementos como relaciones y categorías, hechos y relatos, pone en tensión los modos socialmente legítimos de apropiación espacial —quiénes y cómo— y permite apreciar la incidencia del espacio público como un recurso en vinculación al sostenimiento de la vida, un espacio en el que se lucha por mejores condiciones de vida y de trabajo.
El trabajo recupera aportes recientes que han problematizado la relación entre las dinámicas de la economía popular y del espacio urbano, e incluye en la discusión el registro y análisis de una experiencia a escala municipal. Considero que el artículo permite pensar, en un sentido más general, acerca de la vinculación entre procesos políticos, gremiales y económicos en el contexto de novedosas formas de organización y movilización social y política que se han venido afirmando en el país y el en continente en las últimas décadas, pero que también emergen con fuerza en territorios y regiones por fuera del área metropolitana, como es el caso del interior de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. En un sentido más específico, constituye un aporte a los debates sobre organizaciones sociales y la comprensión espacial de procesos sociales y políticos populares emergentes en los últimos años desde un enfoque etnográfico.
Finalmente, se desprenden algunas líneas de indagación para ser profundizadas en futuros trabajos. Sería interesante abordar otros tipos de tensiones que emergen alrededor de los usos y apropiaciones del espacio público que se concentran en la proximidad barrial del predio en el que se desarrolla la Feria y en la coexistencia con otros grupos que también se asientan allí —como comparsas y batucadas—. Asimismo, sería fructífero poder abordar con mayor precisión la relación existente entre la organización de la economía popular y los distintos espacios políticos institucionales, partidarios o gubernamentales para conocer de qué modo esto incide en la definición, proyección y afirmación de las demandas.
Notas
* Artículo derivado del proceso de investigación doctoral antropológica en etapa de finalización, financiada por una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina. Una versión preliminar de este texto fue presentada en las VII Jornadas de Antropología Social del Centro «Profesor Hugo Ratier», celebradas en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Los comentarios y aportes realizados en el marco del grupo temático de trabajo «La construcción de otros futuros posibles. Trabajo, procesos de organización y demanda de sectores populares» han contribuido a fortalecer el desarrollo de este artículo, al igual que los precisos y pertinentes comentarios brindados por los evaluadores anónimos.
1 En el texto mantengo la cursiva para resaltar tanto categorías teóricas como nativas y empleo comillas para citas textuales teóricas y nativas, tanto del grupo feriante con el que trabajo como del campo de la economía popular en general.
2 En Olavarría gobernó desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2023 la alianza Cambiemos, periodo en el que el abogado Ezequiel Galli ostentó el cargo de intendente. Su proceso de arribo al Poder Ejecutivo municipal se dio luego de décadas de gobierno local de lo que se ha denominado «esverrismo», representado por Helios Eseverri, que ocupó el cargo de intendente en diversas oportunidades entre 1983–1987 y 1991–2007, siendo sucedido, luego de su muerte, por su hijo José Eseverri, que gobernó por dos mandatos. En las elecciones de octubre de 2023, luego de más de treinta años, el peronismo volvió a ganar las elecciones locales y el contador Maximiliano Wesner asumió como intendente por el periodo 2023–2027.
3 El Corsódromo fue creado mediante la Ordenanza 3710 de 2014. A través de esta, el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría (2015, febrero 3) determinó el destino y uso del constituido por las manzanas ubicadas entre las calles Junín y Guisasola, y entre San Martín y Colón para la construcción de un corsódromo permanente que albergara la realización de los Corsos Oficiales y el desarrollo de otras actividades socioculturales. Durante el año, el lugar concentra las actividades de diferentes batucadas y comparsas que participan de los corsos y, desde 2021, la realización de la Feria del MTE.
4 Luego de una serie de reclamos iniciados a finales de 2021 y una protesta que se realizó frente al Juzgado Municipal de Faltas que luego se trasladó al edificio de la municipalidad en enero de 2022, el 11 de marzo los feriantes lograron alcanzar un acuerdo con el Gobierno municipal para la realización de la Feria (Olavarría Municipio, s. f.).
5 El área de Acción y Control Urbano perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad del Gobierno municipal tiene a su cargo un equipo de inspectores para controlar habilitaciones para la venta de bebidas alcohólicas, confeccionar actas e infracciones, clausuras y decomiso de bebidas, y constatar de denuncias de diversa índole —ruidos molestos, aguas servidas en la vía pública, animales sueltos, obstrucción de la vía pública, circulación y estacionamiento de camiones dentro del área de prohibición, vendedores ambulantes, terrenos baldíos, entre otros—. También llevan a cabo las inspecciones a locales de diversión nocturna en lo que se refiere a controles de habilitaciones, factor ocupacional y horarios.
6 En Argentina, «quilombo» se utiliza coloquialmente como sinónimo de desorden o alboroto, y muchas veces porta una carga peyorativa. En ese sentido, los «quilomberos» son aquellas personas propensas a generar desorden y alboroto. Por su parte, «planero» contiene un componente acusatorio moral y discriminatorio, y se emplea para referirse de modo peyorativo a quienes reciben asistencia social por parte del Estado —especialmente, transferencias monetarias condicionadas—, tratándolos de «vagos», es decir, personas que no trabajan y «viven del Estado» y de «los impuestos que pagan los demás».
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