ISSN (impreso) 0121–5167 / ISSN (en línea) 2462–8433
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| Artista invitada Lina Velásquez Memoria Visual De la serie Imágenes Mnemónicas Cartografía (fotografías de archivo intervenidas) 21 láminas 25 x 35 cm 2018 |
SECCIÓN GENERAL
Camilo Echandía Castilla1 (Colombia)
Irene Cabrera Nossa2 (Colombia)
1 Economista. Profesor Emérito de la Universidad Externado de Colombia. Profesor investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia. Correo electrónico: camilo.echandia@uexternado.edu.co – Orcid 0000–0002–6536–9090 – Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=qlQ–lB8AAAAJ
2 Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales. Magíster en Asuntos Públicos e Internacionales. Profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia. Correo electrónico: irene.cabrera@uexternado.edu.co – Orcid 0000–0002–6313–9777 – Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=YcbwToIAAAAJ
Fecha de recepción: octubre de 2023
Fecha de aprobación: julio de 2024
Cómo citar este artículo: Echandía Castilla, Camilo y Cabrera Nossa, Irene. (2024). Ponerle fin a la confrontación armada con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), más que voluntad de paz. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 71. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n71a02
Resumen
Este artículo tiene como objetivo analizar la incidencia de la correlación de fuerzas y la fragmentación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los alcances y límites de las negociaciones con el gobierno de Gustavo Petro. La investigación se basa en una estrategia cualitativa que combina la triangulación de bases de datos, fuentes primarias y secundarias, así como cartografía temática con el propósito de revisar la evolución de la iniciativa militar del ELN y del Estado, y la conducta de las diferentes estructuras de esta guerrilla en el marco del acuerdo de cese al fuego. Se concluye, en primer lugar, que la percepción equivocada de la correlación de fuerzas condujo al establecimiento de una agenda de negociación general e imprecisa que reduce las posibilidades de ponerle fin al conflicto; en segundo lugar, la ausencia de cohesión en el grupo guerrillero se ha traducido en conductas incoherentes, lo que plantea interrogantes sobre el compromiso de los frentes de guerra con la negociación y con la reducción de la violencia como objetivo primordial de la política de paz del Gobierno colombiano.
Palabras clave: Conflicto Armado; Paz Negociada; Correlación Militar de Fuerzas; Fragmentación; Ejército de Liberación Nacional (ELN); Colombia.
Abstract
This article aims to analyze the incidence of the correlation of forces and the fragmentation of the National Liberation Army (ELN) on the scope and limits of the negotiations with the government of Gustavo Petro. The research is based on a qualitative strategy that combines database triangulation, primary and secondary sources, as well as thematic mapping, with the purpose of reviewing the evolution of the ELN's and the State's military initiatives, as well as the behavior of the various structures of this guerrilla group within the framework of the ceasefire. It is concluded, firstly, that the wrong perception of the correlation of forces led to the establishment of a general and imprecise negotiation agenda that reduces the possibilities of ending the conflict; and secondly, the lack of cohesion within the guerrilla group has translated into incoherent behavior, which raises questions about the commitment of the war fronts to the negotiation and to the reduction of violence as a primary objective of the Colombian government's peace policy.
Keywords: Armed Conflict; Negotiated Peace; Military Correlation of Forces; Fragmentation; National Liberation Army (ELN); Colombia.
Introducción
El gobierno de Gustavo Petro (2022–2026) tiene el reto enorme de adelantar negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a partir de una agenda general e imprecisa de seis puntos que fue acordada con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010–2018) en 2016. La mayor dificultad en el trámite de esta agenda —que fue motivo de desacuerdo permanente a tal punto que impidió cualquier avance— radica en que no tiene un foco preciso, en tanto que las partes, a partir de una lectura desfasada de la correlación política y militar de fuerzas, aspiran mediante la negociación a superar los problemas del país.
Aquí se establece un fuerte contraste con el proceso de paz llevado a cabo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP), que partiendo de una visión ajustada al estado del conflicto y el rechazo de la población a sus métodos de guerra accedió a cumplir protocolos y reglas específicas para adelantar las negociaciones. No así el ELN, el cual resiste en entablar negociaciones directas con el Gobierno, insistiendo en que estas deben tener como interlocutor a la sociedad.
Es muy importante tener en cuenta que la correlación política y militar de fuerzas determina la naturaleza y el alcance de la agenda de negociación. De ahí que las FARC–EP y el gobierno Santos acordaran una agenda de negociación acotada, cuyo foco principal se situó en la política integral de transformaciones de los territorios afectados por el conflicto y los derechos y garantías para el ejercicio de la participación política. En contraste con las condiciones que hicieron viable la negociación con las FARC–EP, el balance de fuerzas y la débil representatividad social del ELN no parecen corresponder con su aspiración de que los diálogos adelantados con el gobierno Petro produzcan las transformaciones que se requieren para profundizar la democracia y alcanzar la paz.
Aunque los diagnósticos sobre la situación del ELN señalan que se ha venido fortaleciendo, hay que advertir la ausencia de cohesión en la organización guerrillera como condición necesaria para incluir a todas las estructuras territoriales en la negociación y cómo la relación —cada vez más estrecha— con una variada gama de actividades criminales ha hecho que los métodos a los que apela para lograr su control tengan elevados costos humanitarios que minan su legitimidad.
Es preciso señalar que, además de la voluntad de paz que se ha asumido por las partes como una condición primordial, es necesario evaluar la correlación de fuerzas y la cohesión interna de la organización como factores decisivos para lograr un acuerdo de paz y el fin de la confrontación armada. De acuerdo con lo anterior, este artículo aborda de qué manera la correlación de fuerzas y la fragmentación del ELN han incidido en las negociaciones entre el gobierno Petro y esta guerrilla.
Este artículo sostiene, en primer lugar, que la percepción equivocada de la correlación de fuerzas condujo al establecimiento de una agenda de negociación imprecisa, lo que disminuye las posibilidades de poner fin al conflicto; y en segundo lugar, discute cómo la ausencia de cohesión del grupo guerrillero se ha traducido en lógicas y conductas contradictorias que se han agudizado durante el gobierno Petro y, en particular, durante el cese al fuego, lo que permite cuestionar la capacidad del Comando Central del ELN para comprometer a los frentes de guerra no sólo con los avances y resultados de la negociación, sino con la reducción de la violencia como objetivo primordial de la política de paz.
1. Marco teórico
El análisis se inscribe en dos marcos teóricos: en primer lugar, se considera la literatura especializada sobre el papel que desempeña el estado del conflicto dentro de los alcances y límites de una salida negociada. En este sentido, Barbara Walter (1997) establece, a partir de un análisis de distintos procesos de paz en el mundo, que la probabilidad de éxito en las negociaciones aumenta si existe un estancamiento en el campo de batalla, si hay una alta magnitud o una cantidad considerable de víctimas, y si la duración de la confrontación ha sido larga. Además, en otro estudio demuestra la relevancia del análisis costo–beneficio de los protagonistas del conflicto sobre sus posibilidades de ganar, su recompensa al mantener las hostilidades o de aceptar un acuerdo, y la existencia de provisiones claras de seguridad como aspectos clave que determinan su inclinación a un escenario de paz (Walter, 2009).
Asimismo, es importante tener en cuenta las incompatibilidades básicas que se presentan entre actores armados no estatales y el Estado. Jesús Antonio Bejarano (1995) encuentra que tales incompatibilidades son obstáculos que surgen de concepciones diferentes de las partes sobre aspectos centrales de la negociación, los cuales, aunque son implícitos, conducen, por lo general, a objetivos mutuamente excluyentes, en tanto se fundan en diferencias sobre la manera como las partes evalúan las relaciones de poder. Desde este referente se examina cuál es el estado del conflicto armado para poder evaluar la correspondencia entre el balance de fuerzas entre el ELN y el Estado, y la agenda de negociación propuesta.
En segundo lugar, la investigación se soporta en estudios que han abordado la relación entre la posibilidad de encontrar una salida negociada del conflicto y la cohesión del grupo armado. Al respecto se destacan los aportes de Allard Duursman y Feike Fliervoet (2021), que encuentran que las negociaciones de paz exacerban las divisiones estructurales y sustanciales preexistentes dentro de las organizaciones rebeldes, aumentando así la probabilidad de una escisión. Por un lado, las divisiones estructurales reflejan el hecho de que las organizaciones rebeldes a menudo no tienen una estructura organizativa unitaria. Especialmente en grupos que operan en grandes extensiones de territorio, las organizaciones rebeldes tienden a consistir en múltiples subunidades que operan con relativa autonomía. Por otro lado, las divisiones sustanciales se relacionan con las divergencias en los objetivos o prioridades de los diferentes integrantes del grupo rebelde. Bajo estas condiciones, los desacuerdos frecuentes del mando del grupo rebelde con los objetivos y los métodos a los que apelan los integrantes que gozan de mayor autonomía terminan por obstaculizar la negociación.
En el caso del ELN, se examina cómo se han materializado ambos tipos de divisiones al analizar cuáles son los diferentes frentes de guerra que se mantienen activos y cómo su conducta armada y violenta evidencian divisiones y contrastes frente a los lineamientos del Comando Central (COCE), lo cual guarda estrecha relación con la separación del Frente Comuneros del Sur del ELN.
A su turno, se consideran los aportes de Colin Walch (2016) y Charles Mahoney (2017), que establecen que los grupos rebeldes organizativamente fragmentados son menos flexibles al momento de hacer concesiones en las negociaciones y es poco probable que permanezcan en la mesa de negociaciones hasta alcanzar un acuerdo, especialmente cuando no hay unidad político–militar. Lo anterior no es un asunto menor para el caso del ELN, teniendo en cuenta que es notable la renuencia de varios frentes a suspender prácticas como el secuestro y el reclutamiento de menores, tal y como se discute más adelante.
En el marco de estos aportes, esta investigación contribuye a la identificación y evaluación de asuntos críticos que están relacionados con el estado del conflicto armado en Colombia y la fragmentación de grupos rebeldes que inciden en las posibilidades de ponerle fin a la confrontación armada mediante la negociación.
2. Metodología
La investigación se basa en una metodología cualitativa que combina análisis documental, revisión de bases de datos y la construcción de cartografía temática mediante el software ArcGis (ESRI, 2019) para examinar la distribución espacial de variables de interés como hechos del conflicto armado, hechos de afectación y su correspondencia con la territorialidad de los frentes de guerra del ELN.
Entre las fuentes secundarias que fundamentan el análisis se destaca la información de la plataforma de datos multitemporal del Proyecto de seguimiento del conflicto armado en Colombia de la Universidad Externado de Colombia. Esta plataforma, construida por los autores de este artículo, consolida información sobre variables de conflicto armado y violencia de fuentes como Ministerio de Defensa (2024, septiembre 16), Medicina Legal (s. f.), Policía Nacional (s. f.), Ejército Nacional (s. f.), Unidad para las Víctimas (s. f.), Observatorio de Drogas de Colombia (s. f.), Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz a través del Mecanismo Unificado de Riesgos del Sistema Integral para la Paz (JEP, s. f.), y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac, s. f.).
A partir de estas fuentes de información se consolidaron los datos de las acciones armadas del ELN, así como de los combates del Estado en su contra con el propósito de estimar la correlación de fuerzas entre ambos actores de manera histórica y con especial atención a los momentos en que se han registrado iniciativas de paz. Además, a partir del Mecanismo Unificado de Riesgos JEP (s. f.) se recolectó y procesó información relativa a los eventos de conflicto1 y hechos de afectación2 de cada frente de guerra del ELN para evaluar las transformaciones de su conducta militar y la magnitud de la violencia de manera previa y durante el cese al fuego pactado con el gobierno Petro.
Adicionalmente, para analizar el estado e implicaciones de la correlación de fuerzas y de la fragmentación del ELN, se revisaron 108 alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo (s. f.) desde enero de 2017 a octubre de 2023, así como documentos analíticos especializados e informativos de prensa de centros de pensamiento que indagan sobre la cohesión de este grupo armado y su actitud frente a la salida política negociada del conflicto.
3. Evolución de la correlación militar de fuerzas y las iniciativas de paz
Tras la negativa rotunda del ELN a adelantar diálogos de paz con gobiernos anteriores, durante la presidencia de César Gaviria (1990–1994) se llevaron a cabo en Venezuela y México encuentros con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), de la que el ELN hacía parte. Los objetivos de las negociaciones estaban dirigidos tanto a la solución definitiva del conflicto armado como a la concreción de políticas que apuntaran a erradicar definitivamente las causas que lo originaron. Aunque el proceso de paz fracasó ante la imposibilidad de lograr un acuerdo de cese al fuego y de continuar las negociaciones mediante la discusión de una agenda amplia de transformación social, se produjo la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), una disidencia del ELN.
Tal como se advierte en la gráfica 1, durante las negociaciones entre el gobierno Gaviria y la CGSB se registró una tendencia ascendente tanto en las acciones del ELN como en los combates por iniciativa de las Fuerzas Armadas. Cabe anotar que el propósito de los integrantes de la CGSB de presentarse como un único ejército sólo llegó a tener expresión en la ejecución de acciones armadas, puesto que ninguno de ellos renunció a sus liderazgos, identidad política e independencia financiera.
Gráfica 1. Iniciativas de paz y correlación militar de fuerzas. Combates de las Fuerzas Armadas versus acciones del ELN, 1987–2023.
Fuente: elaboración propia a partir de la plataforma de datos del Proyecto de seguimiento del conflicto armado en Colombia de la Universidad Externado de Colombia (1987–2016) y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac, s. f.) (2017–2023).
Los esfuerzos encaminados a reiniciar las negociaciones de paz con el ELN en el gobierno de Ernesto Samper (1994–1998) contaron con el apoyo de Alemania, al tiempo que las gestiones de los emisarios de ese país hicieron posible que integrantes del ELN viajaran a Europa y que el pago millonario por el rescate de Brigitte Schonne contribuyera al fortalecimiento militar del grupo guerrillero. Con todo, el apoyo del Gobierno alemán, en sus intentos de encontrar una solución política al conflicto, se expresó en la reunión de Puerta del Cielo y los diálogos en Maguncia, los cuales contaron con la participación de representantes de la sociedad civil y del ELN (Borda, 2012, p. 142).
La evidencia presentada también muestra cómo el ELN llevó a cabo entre 2000 y 2001 la mayor cantidad de acciones armadas registrada en toda su historia, representado, principalmente, en sabotajes contra la infraestructura petrolera que buscaban presionar la desmilitarización de una zona para llevar a cabo una «convención nacional» e iniciar un proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana (1998–2002) (Gutiérrez, 2004). Cabe anotar que, tras el fallido intento de adelantar conversaciones en el país, delegados del ELN y del Gobierno se reunieron en La Habana gracias a la mediación de Fidel Castro hasta mayo de 2002, cuando el presidente Pastrana puso punto final a los acercamientos con el grupo guerrillero aduciendo que no estaba comprometido con la paz. Es importante señalar que mientras que se adelantaban las conversaciones el ELN fortaleció su relación con los países vecinos, especialmente con Venezuela. Según versiones periodísticas, los contactos se establecieron a partir de 1995, cuando el presidente Hugo Chávez y Nicolás Bautista, alias Gabino, se habrían reunido en Arauca (Borda, 2012, p. 145).
Aunque la actuación de los grupos paramilitares es un factor determinante del debilitamiento del ELN, no lo es menos la creciente capacidad de combate de las Fuerzas Armadas contra el grupo guerrillero desde 1999, y que a partir de 2003 se expresa en una correlación militar de fuerzas favorable al Estado, tal como se advierte en la gráfica 1. El declive del ELN, el cual se manifiesta en la reducción de la cantidad de integrantes, así como en la ostensible disminución de su actividad armada, da paso a una mayor atención a la actividad política y a una propuesta de paz ligada a mecanismos de participación social (Aguilera, 2006). Al respecto, cabe anotar que entre el primer y segundo mandato de Álvaro Uribe (2002–2010), contando con la mediación del presidente mexicano Vicente Fox, se realizaron ocho rondas de diálogos exploratorios de paz que iniciaron en diciembre de 2005 y finalizaron sin éxito en agosto de 2007 debido a la falta de consensos en temas como el cese al fuego y las hostilidades con verificación, y la liberación de los secuestrados en poder de este grupo guerrillero (Borda, 2012, p. 146).
La pérdida de la iniciativa armada del ELN entre 2002 y 2009 es resultado de la superioridad alcanzada por la Fuerza Pública y el mayor protagonismo de los grupos paramilitares que se insertaron en la dinámica de la confrontación. Con la desmovilización de los paramilitares, sobreviene el enfrentamiento con las FARC–EP por el predominio en Arauca, circunstancia que pesa mucho en el declive del ELN. A partir de 2010 la cantidad de acciones armadas del ELN repunta luego de un marcado descenso registrado desde 2002, como se muestra en la gráfica 1. En este intervalo, la actividad armada de las estructuras de la guerrilla se localiza en zonas claramente definidas. El frente de guerra Oriental o fuerza de Área ABC al mando de Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, es la estructura con el mayor protagonismo armado, concentrado principalmente en Arauca y la zona del piedemonte entre Boyacá y Casanare, donde el accionar de esta estructura supera la cantidad de combates que parten de la iniciativa de las Fuerzas Armadas (Echandía y Cabrera, 2017).
El accionar del frente de guerraOriental, el cual ha determinado de tiempo atrás la dinámica que el ELN exhibe generalmente, no se aparta de la tendencia ascendente observada durante los cuatro primeros años del gobierno Santos, resultado del acuerdo de no agresión y distribución territorial que puso fin al enfrentamiento con las FARC–EP en Arauca. El fuerte control que el ELN logró sobre la frontera con Venezuela le permitió establecer primordiales ramificaciones en los estados de Zulia, Táchira, Apure y Anzoátegui, y disponer de fondos muy significativos derivados del contrabando, las extorsiones y los secuestros (Cabrera y Echandía, 2023, febrero 26).
El repunte del accionar armado del ELN entre 2010 y 2014 buscó presionar su inclusión en las negociaciones de paz en el gobierno Santos, de ahí que con posterioridad al anuncio presidencial del inicio de contactos con el ELN en junio de 2014 para definir una agenda de negociación las acciones de sabotaje contra la infraestructura eléctrica y petrolera tendieran a disminuir en el conjunto nacional. En el mes de junio de 2014, a través de un comunicado conjunto, el ELN y el Gobierno nacional anunciaron el comienzo de conversaciones exploratorias a fin de definir una agenda para un proceso de paz similar al iniciado con las FARC–EP en La Habana. En marzo de 2016 se dio a conocer la agenda acordada y en febrero de 2017 se iniciaron las negociaciones en Ecuador, teniendo a Cuba y Noruega como garantes del proceso. Posteriormente, la Mesa de Conversaciones se trasladó a Cuba sin que se registraran avances concretos hacia finales del gobierno Santos (Echandía y Cabrera, 2017).
El Gobierno y el ELN, tras dos años de conversaciones lograron acordar en 2016 una agenda que abrió la posibilidad de ponerle fin al conflicto armado mediante la negociación. A partir de ese momento, la existencia de condiciones favorables a la búsqueda de una salida negociada del conflicto radica principalmente en que, a diferencia de los diálogos adelantados en gobiernos anteriores, la iniciativa de paz de la administración Santos se produjo en un escenario en el que las guerrillas, que fueron afectadas no solamente en las áreas centrales del país, sino también en su retaguardia, ya no podían alcanzar sus objetivos estratégicos a través de la lucha armada (Echandía y Cabrera, 2017).
Aunque el gobierno de Iván Duque (2018–2022) buscó retomar la negociación, los líderes del ELN ignoraron el llamado a dar muestras de voluntad de paz y más bien insistieron en continuar las conversaciones sin condiciones. En 2019, el ataque presuntamente comandado por alias Pablito a la Escuela de Policía General Santander en Bogotá llevó al Gobierno a cerrar la puerta a las negociaciones que había iniciado la administración Santos.
Con el repunte de su accionar armado en 2022, tal como se observa en la gráfica 1, del cual fue protagonista el frente de guerra Oriental, el ELN tuvo como doble propósito despedir al gobierno Duque y enviar un mensaje al mandatario entrante. La escalada del ELN, que no alcanza los grados registrados en 2000 y 2014, es llevada a cabo por medio de bloqueos a las vías, hostigamientos a la fuerza pública, activación de explosivos contra la infraestructura eléctrica y de comunicaciones, voladuras de puentes y tramos de oleoductos, acciones que no requieren de un gran esfuerzo militar para su ejecución (Echandía y Cabrera, 2022, febrero 27).
Tras asumir la Presidencia en agosto de 2022, Gustavo Petro reanudó los diálogos con el ELN. Entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de ese mismo año se realizó la primera ronda de conversaciones en Caracas, Venezuela. El objetivo de este primer encuentro fue ratificar la agenda que se había comenzado a discutir en el gobierno Santos entre 2017 y 2018. La agenda giró sobre cinco temas generales para discutir en la Mesa de Negociaciones y un punto final referido a la implementación de los acuerdos: i) participación de la sociedad en la construcción de la paz; ii) democracia para la paz; iii) transformaciones para la paz; iv) víctimas; v) fin del conflicto armado; y vi) implementación de los acuerdos. Una vez superado el impase que se creó por el anuncio precipitado del Gobierno de un cese al fuego con el ELN, en febrero de 2023, en Ciudad de México, se dio inicio al segundo ciclo de conversaciones, el cual se centró en analizar lo planteado por las poblaciones del Valle y Chocó, el cese al fuego y las formas en que se desarrollaría la participación de la ciudadanía en el proceso de paz.
Desde el segundo ciclo de conversaciones se ha hecho evidente un asunto crítico asociado a la correlación de fuerzas: la visión exagerada que el ELN tiene sobre su poder militar, a partir de la cual logró que se acordara con el gobierno de Petro una agenda de negociación sin un foco claro. En los procesos de paz es fundamental que el horizonte y compromisos de la agenda de negociación sean viables y coherentes con la situación militar de las partes (Walter, 2009; Bejarano, 1995). Sin embargo, el ELN terminó exigiendo la incorporación de compromisos de alta complejidad y difíciles de cumplir, tales como el punto 2.2 Examinar, desde una perspectiva democrática, el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional, así como el punto 5.2.3 Los acuerdos parciales son de implementación inmediata y deben ser articulados de manera armónica con un acuerdo general (Delegación de Diálogos ELN de Paz, 2023).
En mayo de 2023 las negociaciones se trasladaron a La Habana para dar inicio al tercer ciclo de conversaciones. En este escenario se anunció la conformación a partir de julio del Comité Nacional de Participación (CNP) para garantizar la participación de la sociedad en el proceso. No obstante, la vinculación de la sociedad civil en la discusión de temas de la agenda que pueden llegar a ser inabarcables en el trasfondo revela la percepción equivocada del ELN en cuanto a su representatividad social y la premura del Gobierno en mostrar logros tempranos hacia la paz sin considerar la viabilidad de los compromisos o el impacto de las expectativas que se generan entre los sectores sociales y las víctimas invitados a la Mesa de Negociaciones.
Adicionalmente, en el mismo ciclo se dio inicio al alistamiento del cese al fuego bilateral, que a partir de agosto de 2023 tendría vigencia de 180 días y podría ser prorrogado tras la evaluación de las partes. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del cese al fuego quedó conformado por el Gobierno, el ELN, la Iglesia católica, la ONU y una veeduría social. Sin embargo, el establecimiento de un cese al fuego sin una concentración geográfica de los frentes que permita la verificación y cumplimiento de unas normas de conducta, y que tampoco implica una suspensión de los eventos violentos, constituye una concesión del Gobierno opuesta a lograr la paz, toda vez que la guerrilla puede utilizar la suspensión de las operaciones militares en su contra para mantener la correlación de fuerzas a su favor y emplear la violencia de acuerdo con sus intereses.
Entre agosto y septiembre de 2023 se llevó a cabo en Venezuela el cuarto ciclo de conversaciones, en el que se acordó un marco político y conceptual para que el cese al fuego cumpliera un propósito humanitario. En este sentido, se declararon «zonas críticas» las comunidades del municipio Medio San Juan en el departamento del Chocó, el territorio de Bajo Calima del departamento de Valle del Cauca, además de la región de Bajo Cauca antioqueño, el nordeste del departamento de Antioquia y el sur del departamento de Bolívar. No obstante, como se detalla en el siguiente apartado, la intención de la delegación del ELN de reducir la violencia contrasta con el comportamiento de varios frentes de guerra durante el cese al fuego debido a que han aumentado los hechos de afectación en el marco de disputas con otros grupos armados.
El quinto ciclo de conversaciones se llevó a cabo en México entre el 30 de noviembre y el 17 de diciembre de 2023, en el cual el ELN adquirió el compromiso de suspender los secuestros económicos, en buena medida, por la crisis generada en la Mesa de Negociaciones y el amplio rechazo ciudadano al secuestro en octubre del padre del futbolista Luis Díaz. Además, se acordó la creación de condiciones para prorrogar el cese al fuego y la adopción por parte del Gobierno de medidas para impedir el accionar de fuerzas paramilitares y otros grupos armados (El Espectador, 2024, junio 17).
Entre enero y febrero de 2024 se llevó a cabo en Cuba el sexto ciclo de diálogos. El resultado principal de esta ronda de conversaciones fue la prórroga del cese al fuego bilateral por seis meses, hasta agosto de 2024. Al finalizar este encuentro las tensiones entre las partes se agudizaron con el anuncio por parte del Gobierno de un proceso de paz regional en Nariño en el que el frente Comuneros del Sur del ELN ha decidido participar. El desarrollo de este proceso ha sido calificado por el Comando Central (COCE) como una traición a la Mesa de negociaciones por parte del Gobierno, encaminada a generar división en la organización guerrillera. Las diferencias con el COCE llevaron al frente Comuneros del Sur a no acatar sus directrices y a pedir al Gobierno ser reconocido como un actor independiente (El Espectador, 2024, junio 17).
La crisis generada en la Mesa condujo al aplazamiento del inicio del séptimo ciclo de negociaciones que estaba previsto para abril de 2024. Adicionalmente, en mayo la organización guerrillera levantó la suspensión de los secuestros con fines económicos, compromiso que había adquirido en el quinto ciclo de conversaciones en México, aduciendo un supuesto incumplimiento del Gobierno en la creación de un fondo para el proceso de paz, pese a que desde el comienzo fue claro que no destinaría recursos para el ELN mientras siguiera en armas.
Con todo, mediante la realización de seis ciclos de conversaciones entre noviembre de 2022 y febrero de 2024 se sellaron veintiocho acuerdos, entre ellos, la participación de la sociedad en la construcción de la paz, este último firmado en mayo 2024 en una reunión extraordinaria llevada a cabo en Caracas. Entre los temas que se abordaron, contando con una amplia participación de la sociedad, se destacan la creación de una «democracia directa, redistributiva, poder social y poder popular y ciudadano»; la doctrina de seguridad y la actuación de la Fuerza Pública; un rediseño institucional que vaya acompañado por una reforma electoral; la implementación del Acuerdo de Escazú; la propiedad, uso y tenencia de la tierra; y la eliminación y transformación de economías ilegalizadas y del narcotráfico, que son sólo algunos de los que se han contemplado, de acuerdo con miembros del CNP. Una gran polémica se produjo alrededor de este acuerdo que se firmó sin que el ELN renunciara a la práctica del secuestro, como lo había exigido el Gobierno, y porque no hay claridad en cuanto al alcance que tendría la participación de la sociedad en los temas denominados «ejes de las transformaciones» y que atañen al régimen político, al modelo económico, a la política ambiental, a la educación y a la cultura (El Espectador, 2024, mayo 30).
En su sexto congreso, llevado a cabo en junio de 2024, el ELN ratificó a los integrantes de la Dirección Nacional, reiteró su voluntad de paz y compromiso para cumplir lo acordado en la Mesa de Diálogos, pero al mismo tiempo definió como «grave crisis» la situación por la que atraviesa el proceso de paz y pidió al Gobierno rectificar el cumplimiento de los diversos acuerdos que desde su perspectiva se han incumplido (Ríos, 2024, agosto 4).
Por su parte, el Gobierno ha puesto en duda la conveniencia de prorrogar el cese al fuego si no tiene nuevos contenidos que alivien a la población civil de las hostilidades que el grupo guerrillero continúa realizando (El Espectador, 2024, julio 30). La mayor dificultad en la evaluación del cese al fuego bilateral es que no se ha podido poner en marcha de manera eficaz el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) que debía presentar informes periódicos, de los cuales no se conoce ninguno. El seguimiento realizado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) muestra que desde el inicio del cese el 3 de agosto de 2023 hasta el 5 de julio de 2024 se registraron 45 eventos violentos atribuidos al ELN considerados violaciones (39) o incumplimientos (6) de la tregua. En las 39 violaciones 5 personas fueron asesinadas, 3 fueron heridas, 52 fueron secuestradas, 37 fueron liberadas y 3 permanecen en poder de esa guerrilla (Ríos, 2024, agosto 4).
Como se colige de la gráfica 2 y la gráfica 3, durante el cese al fuego el esfuerzo militar que el ELN había destinado a la confrontación con la Fuerza Pública se ha concentrado en el enfrentamiento con grupos rivales, lo que ha generado amenazas, confinamientos, secuestros, homicidios y retenes, entre otras afectaciones a la población civil. Los incumplimientos del cese al fuego, las dificultades para verificarlos y el efecto contraproducente para el Estado en la correlación militar de fuerzas con el ELN han puesto en duda la efectividad de esta medida y la conveniencia de su entrada en vigor desde el inicio de la negociación.
Gráfica 2. Eventos del conflicto asociados al ELN. Comparación del cese al fuego (agosto de 2023–junio de 2024) con el periodo inmediatamente anterior (septiembre de 2022–julio de 2023).
Fuente: elaboración propia a partir de JEP (s. f.).
Gráfica 3. Eventos de afectación asociados al ELN. Comparación del cese al fuego (agosto de 2023–junio de 2024) con el periodo inmediatamente anterior (septiembre de 2022–junio de 2023).
Fuente: elaboración propia a partir de JEP (s. f.).
En definitiva, se ha visto cómo, a partir de una lectura equivocada de la correlación de fuerzas, el ELN ha exigido un conjunto de condiciones y temáticas de negociación que dificultan el éxito de los diálogos de paz. Tal situación, no sólo se debe a la escaza viabilidad de los compromisos que se han pactado hasta el momento, sino por la ausencia de una estrategia de seguridad del Estado que limite la capacidad armada del ELN y su impacto humanitario.
4. La ausencia de cohesión en el ELN, ¿un asunto menor para la Paz Total?
Con lo avanzado en las conversaciones entre el Gobierno y el ELN es necesario examinar la incidencia de la estructura federada del grupo guerrillero en la posibilidad de ponerle fin a la confrontación armada mediante la iniciativa de paz del gobierno Petro. Como se referenció en el apartado teórico, Duursman y Fliervoet (2021) han encontrado que la fragmentación de un grupo armado como resultado de divisiones estructurales y sustanciales terminan por obstaculizar el desarrollo y éxito de negociaciones de paz. De acuerdo con lo anterior, este apartado revisa de qué manera en el contexto de la política de Paz Total se ha puesto en evidencia la ausencia de cohesión en el ELN y cómo tal condición afecta las posibilidades de concretar una solución negociada al conflicto.
En términos de las divisiones estructurales que sugieren Duursman y Fliervoet (2021), el ELN es, sin duda, un grupo armado descentralizado que para el inicio del gobierno Petro estaba organizado en 6 frentes de guerra con aproximadamente 6000 integrantes (Rodríguez, 2024, marzo 13). A comparación del frente urbano del ELN que aglutina las estructuras presentes en diferentes ciudades principales, los otros cinco frentes de guerra —Darío Ramírez, Occidental, Suroccidental, Nororiental y Oriental— tienen un alcance regional diferenciado, operan con un alto grado de autonomía y cuentan con una capacidad militar disímil a través de redes rurales, urbanas y móviles.
Aunque per se la existencia de varios frentes en un grupo rebelde no supone una situación de fragmentación, las estructuras del ELN han atravesado múltiples procesos de reorganización debido a la presión militar tanto del Estado como de grupos armados ilegales que han afectado la cohesión de la organización guerrillera. Así, en los procesos de reclutamiento y recomposición de las diferentes facciones del ELN han ingresado integrantes con mayor interés en los beneficios económicos que otorga su pertenencia al grupo armado que en el cumplimiento de los objetivos políticos establecidos por los miembros más antiguos que serían más proclives a buscar una solución del conflicto mediante la negociación (FIP, 2022).
Sin embargo, las divisiones sustanciales, entendidas como las divergencias en los objetivos o prioridades de las unidades que componen un grupo armado (Duursman y Fliervoet, 2021), tendrían un mayor peso en el caso del ELN a la hora de entender la ausencia de cohesión que hoy incide en la negociación con el Gobierno. Básicamente, tales divisiones sustanciales se pueden evidenciar en la conducta diferenciada y poco coherente de los frentes del ELN en el marco de la iniciativa de Paz Total.
Como se aprecia en la gráfica 4, la gráfica 5 y la gráfica 6, los cinco frentes de guerra han tenido una actividad militar y violenta disímil desde el inicio del gobierno Petro, teniendo en cuenta los eventos del conflicto, los enfrentamientos y los hechos de afectación asociados a cada una de estas estructuras. Aunque se suponía que con el inicio de las negociaciones esta guerrilla asumiría una conducta coordinada desde las directrices del COCE y que esta instancia nacional garantizaría la reducción de la actividad armada de sus frentes acorde con el cese al fuego, el desempeño de cada una de estas facciones ha variado según sus propias capacidades e intereses. Al tiempo, los eventos de afectación de los frentes de guerra se han incrementado en varios departamentos, lo que se traduce en un aumento de la violencia contra la población civil que contradice el objetivo central de la política de Paz Total.
Gráfica 4. Eventos del conflicto asociados a los frentes del ELN del ámbito departamental. Comparación del cese al fuego (agosto de 2023–junio de 2024) con el periodo inmediatamente anterior (septiembre de 2022–julio de 2023).
Fuente: elaboración propia a partir JEP (s. f.).
Gráfica 5. Enfrentamientos de los frentes del ELN con grupos armados en el ámbito departamental. Comparación del cese al fuego (agosto de 2023–junio de 2024) con el periodo inmediatamente anterior (septiembre de 2022–julio de 2023).
Fuente: elaboración propia a partir JEP (s. f.).
Gráfica 6. Eventos de afectación asociados a los frentes del ELN del ámbito departamental. Comparación del cese al fuego (agosto de 2023–junio de 2024) con el periodo inmediatamente anterior (septiembre de 2022–julio de 2023).
Fuente: elaboración propia a partir JEP (s. f.).
De hecho, con la entrada en vigor del cese al fuego entre agosto de 2023 y junio de 2024 se advierte que no se han suspendido los eventos del conflicto asociados a los frentes del ELN y, en este sentido, es preciso notar cambios en el protagonismo armado de estas estructuras. Previo al cese al fuego, la mayor cantidad de eventos del conflicto era resultado del accionar de los Frentes Darío Ramírez, Suroccidental y Oriental. Durante el cese al fuego el Frente Occidental, desplazando al Frente Oriental, entró a ocupar el tercer lugar en términos de iniciativa militar y presenta un incremento de su actividad armada, lo que contrasta con el comportamiento descendente de los eventos asociados a los otros frentes.
Lo que se evidencia al considerar la gráfica 4, la gráfica 5 y la gráfica 6 es que la mayor parte de los eventos del conflicto asociados a los tres frentes con mayor iniciativa militar corresponde a enfrentamientos con otros grupos armados. Así, aunque el COCE una y otra vez ha manifestado su voluntad de paz e interés en avanzar en la discusión de los temas de la agenda de negociación, en la práctica, varios frentes han sabido aprovechar la suspensión de los combates por parte del Estado para aumentar y defender su poder territorial mediante enfrentamientos con otros grupos armados.
En el caso del Frente Suroccidental, del que hace parte el Frente Comuneros del Sur, la información disponible en la JEP permite estimar que alrededor de 31,94% de los eventos del conflicto y de 34,4% de los enfrentamientos en los que se ha involucrado el ELN durante el cese al fuego han sido responsabilidad de esta estructura. Con todo, este frente no cuenta con una presencia consolidada en Cauca ni en Nariño por las disputas continuas con otros grupos armados y, de hecho, en este último departamento lo que se evidencia desde de agosto de 2023 es el incremento de los enfrentamientos por el esfuerzo de esta estructura de mantener su zona de influencia y, en este contexto, de los eventos de afectación a la población.
De acuerdo con información de la Fuerza Pública (El Espectador, 2024, mayo 8), la incursión de disidencias de Iván Mordisco en el suroccidente del país ha debilitado significativamente al frente de guerra con presencia en esta región y por ello su líder, alias HH, habría incluso establecido cierto grado de coordinación y cooperación con las estructuras de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las FARC–EP comandada por Iván Márquez. Así, tanto el relacionamiento del Frente Suroccidental con tales disidencias como varios actos de insubordinación al COCE por parte de alias HH en torno al manejo del narcotráfico habrían sido los detonantes de los conflictos que condujeron a la ruptura definitiva del Frente Comuneros del Sur con el ELN en 2024 y la decisión de esta estructura de explorar una negociación directa con el Gobierno.
Por su parte, el Frente Darío Ramírez es responsable de 33,33% de los eventos del conflicto y de 36,06% de los enfrentamientos asociados al ELN durante el cese al fuego. Aunque históricamente su actividad militar se ha encaminado a garantizar su influencia en el Sur de Bolívar, el Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, de manera reciente ha sido protagonista tanto de disputas como de acuerdos esporádicos en torno a actividades del narcotráfico y la minería con el Clan del Golfo y las disidencias de los frentes 24, 4, 36 y 18 de las FARC–EP. De esta manera, la suspensión de los combates por parte del Estado ha sido un factor funcional para intentar ampliar su poder en la región, toda vez que en medio del cese al fuego el Frente Darío Ramírez ha intensificado los enfrentamientos con otros grupos armados, tal y como se aprecia en la gráfica 4, la gráfica 5 y la gráfica 6 (Defensoría del Pueblo, s. f. AT052–18; AT023–22; AT024–23). Bajo estas condiciones, las disputas entre este frente de guerra y otras organizaciones armadas pueden revertir la tendencia a la baja que han tenido los eventos de afectación durante el cese al fuego.
A su turno, la conducta del Frente Occidental Omar Gómez evidencia la falta de concordancia con el COCE, lo que repercute en la viabilidad de una salida negociada. Su disputa inconclusa con el Clan del Golfo en el Sur y el Centro del Chocó, así como en el Norte de Buenaventura le ha impedido alcanzar la hegemonía en zonas clave para el narcotráfico, la extorsión y la minería. En efecto, durante el cese al fuego este frente ha sido responsable de 27,77% de los eventos del conflicto y de 27,86% de los enfrentamientos asociados al ELN; sin embargo, su retroceso militar y financiero respecto a los avances del Bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo del Clan del Golfo desde 2021 lo han inclinado a multiplicar la violencia contra la población como método de control territorial, superando con creces los grados de afectación de las demás estructuras del ELN (Defensoría del Pueblo, s. f. AT017–22, AT012–22; AT034–22, AT013–23). Así, más allá de los compromisos asumidos por el COCE, este frente tiene como prioridad asegurar su influencia territorial a sangre y fuego.
A lo anterior se suma que este frente de guerra ha desafiado la iniciativa de paz del Gobierno, evidenciando con ello las fisuras dentro del ELN. Por un lado, en un comunicado de marzo de 2023 criticó el establecimiento de un cese al fuego con otros grupos armados por la supuesta connivencia de las Fuerzas Armadas con grupos paramilitares, a la vez que manifestó que no ve con buenos ojos el proceso de paz con el gobierno Petro y que cada día tiene más interrogantes e incertidumbres (El Espectador, 2023, marzo 30). Y, por otro lado, la declaración de dos paros armados en Chocó —uno en febrero de 2024, apenas se prorrogó el cese al fuego, y el otro en agosto de 2024—, así como el registro de dos combates con el Ejército ocurridos en Risaralda y en Chocó3 muestran la renuencia de esta estructura del ELN a acatar a cabalidad la suspensión de las actividades militares en contra del Estado y las afectaciones a la población civil.
Por su parte, el Frente Oriental no ha incrementado su actividad militar ni los enfrentamientos con otros grupos durante el cese al fuego; de hecho, ha sido responsable de tan solo 4,16% de los eventos del conflicto y 1,6% de los enfrentamientos con otros grupos que ha protagonizado el ELN. Justamente, su mayor capacidad militar y política le ha permitido mantener sus bases armadas y sociales entre Arauca, Boyacá y Casanare, así como en los estados venezolanos de Apure y Amazonas, por lo que ha logrado mitigar el poder de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) en sus zonas de influencia y no habría incrementado los enfrentamientos desde agosto de 2023 (Defensoría del Pueblo, s. f. AT011–23; AT015–23).
De esta manera, el poder armado y financiero que aún detenta este frente y que en buena medida se apalanca de su presencia transfronteriza es una condición que no sería funcional para las negociaciones, no sólo por su percepción favorable de la relación de fuerzas con el Estado y otros grupos armados, sino porque sus miembros han logrado ampliar sus fondos a partir de secuestros, extorsiones y de actividades transnacionales asociadas al contrabando de oro, el narcotráfico, el tráfico de migrantes y la trata internacional de personas. Es más, sus intereses económicos habrían primado sobre el cumplimiento del cese al fuego, toda vez que de manera contraria al punto 14 del protocolo, en el que se estableció no utilizar de manera alguna a menores de 15 años de edad en el conflicto armado, en enero de 2024 se detectaron audios del Frente Oriental dando instrucciones para incrementar sus finanzas y poder de fuego a partir del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (El Colombiano, 2024, junio 26).
Mientras tanto, el Frente Nororiental exhibe el menor protagonismo armado con una participación de 2,77% de los eventos de conflicto asociados al ELN durante el cese al fuego, a lo que se suma un aumento poco significativo de los hechos de afectación en el departamento de Cesar y un registro nulo de enfrentamientos con otros grupos. Si bien este frente cuenta con una capacidad armada moderada y tiene acceso a mercados ilícitos entre Norte de Santander, Cesar, Zulia y Táchira, la reorganización del Frente 33 de las disidencias de las FARC–EP condujo a esta estructura a buscar alianzas con este último grupo (Defensoría del Pueblo, s. f. AT004–21; AT006–21; AT026–22; AT026–23). Bajo estas condiciones, su acceso a la frontera con Venezuela y a las actividades de financiamiento, dada su localización, implican un riesgo para el COCE en términos de que los integrantes del Frente Nororiental se inclinen más a incrementar su poder territorial y económico que a favorecer la salida negociada del conflicto.
De acuerdo con la conducta armada diferenciada de los frentes de guerra del ELN durante el cese al fuego, es posible evidenciar problemas de cohesión que no sólo afectan la credibilidad de las negociaciones, sino que contradicen el propósito de la política Paz Total en términos de reducir el impacto humanitario del conflicto. De acuerdo con la evidencia contenida en la gráfica 7, las conductas y los intereses particulares de cada una de las estructuras han deteriorado las condiciones de seguridad de numerosas comunidades, teniendo en cuenta el aumento de la violencia y de los enfrentamientos en los municipios donde se encuentran activos los frentes de guerra del ELN.
Gráfica 7. Variación de los enfrentamientos y los hechos de afectación asociados a los frentes del ELN en el ámbito municipal. Comparación del cese al fuego (agosto de 2023–junio de 2024) con el periodo inmediatamente anterior (septiembre de 2022–julio de 2023).
Fuente: elaboración propia a partir JEP (s. f.).
Conclusión
La percepción equivocada de la correlación de fuerzas y la fragmentación del ELN constituyen dos factores clave que en su conjunto han terminado por generar múltiples obstáculos en el proceso de negociación entre el Gobierno y el grupo guerrillero. En primer lugar, algunos frentes del ELN tienen una visión optimista y positiva sobre la continuación de la lucha armada, dado que desde hace tiempo han superado la iniciativa militar del Estado mediante acciones que implican bajo esfuerzo y han logrado conservar zonas de control estratégico, incluso en medio de disputas con otros grupos armados. Esto ha generado la existencia de una facción belicista que no considera la negociación como su mejor opción.
El segundo obstáculo para lograr una negociación exitosa y que está asociado a la falta de cohesión del ELN, es la inclinación de varios de sus frentes a usar tácticamente el cese al fuego para ampliar el dominio territorial y el poder armado. Como se evidenció con los datos del sistema de monitoreo de la JEP, los frentes de guerra han aprovechado la suspensión de las operaciones militares pactada con el Gobierno para concentrar su iniciativa militar y repertorios violentos con el objetivo de garantizar su influencia en corredores de movilidad y financiamiento donde, además, otros grupos armados compiten por estos mismos intereses.
En este sentido, el tercer obstáculo radica en la incapacidad de la delegación del ELN y del COCE para comprometer a todos los frentes con el cumplimiento de lo acordado en la Mesa de Negociación y, en particular, lo concerniente a la reducción de los hechos de afectación. El COCE no sólo tiene una línea de mando restringida para regular las actividades militares y violentas de sus frentes de guerra (Aponte y Larratt–Smith, 2023), sino que por sus capacidades y necesidades diferenciadas los frentes dependen de la violencia para contener a otros grupos armados como el Clan del Golfo o para garantizar su acceso a las fuentes de financiamiento.
Entre tanto, las exigencias del ELN formuladas en agosto de 2024 para reanudar los diálogos y ampliar el cese al fuego confirman la visión cortoplacista de la delegación de esta guerrilla en términos de lograr ventajas militares y políticas en medio de la negociación. Sus pretensiones de ser retirado de la lista de grupos armados organizados (GAO), acceder a un fondo para financiarse a cambio de cesar el secuestro extorsivo, de suspender las conversaciones entre el Gobierno y el Frente Comuneros del Sur, y que cesen las operaciones ofensivas de las fuerzas de seguridad del Estado, en caso de cumplirse, contribuirían en su conjunto a mantener la correlación de fuerzas a su favor.
Aunque no hay unanimidad en términos de los beneficios que otorgan tales demandas, se puede señalar que con el primer y último punto impiden que el ELN sea objeto de bombardeos o de operaciones que afecten a sus integrantes, puesto que tales acciones militares sólo son posibles contra estructuras armadas organizadas que sean declaradas como tal al cumplir ciertas condiciones según los Convenios de Ginebra. Con la segunda petición los mandos del ELN podrían acceder a una financiación que no dependa de los frentes, a la vez que es innegable que los secuestros extorsivos no son la única fuente de recursos de esta guerrilla. Y con la tercera exigencia se buscaría castigar la deslealtad interna hacia el COCE y obstaculizar cualquier intento del Gobierno de llevar a cabo mesas separadas con los frentes que integran el ELN. En caso de no lograr una respuesta favorable por parte del Gobierno resultan demandas útiles para ganar tiempo en medio de la presión que otros grupos armados ejercen sobre varios frentes del ELN.
En definitiva, se evidencia que el Estado, y en particular la política de Paz Total, no cuenta con una estrategia de seguridad que incida en la correlación política y militar de fuerzas para inclinar la balanza hacia una solución definitiva del conflicto y que apunte a varios asuntos clave: que el ELN renuncie a la pretensión de abandonar las armas sólo hasta que se lleven a cabo las transformaciones contempladas en el marco de las negociaciones, que el ELN reconozca su imposibilidad de lograr una victoria militar sobre el Estado, que esta guerrilla no utilice tácticamente el cese al fuego y que se proteja a la población en medio del proceso de paz.
Notas
* Artículo derivado del proyecto de investigación Posibilidades de ponerle fin al conflicto armado en el marco de la iniciativa «paz total» del gobierno Petro, Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia.
1 Los eventos del conflicto corresponden al registro de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, combates entre la guerrilla y las fuerzas estatales; hostigamientos, emboscadas, ataques con francotirador, acciones sicariales y otras afectaciones a la fuerza pública.
2 Los hechos de afectación corresponden al registro de diferentes repertorios violentos contra la población civil como las amenazas, desplazamientos forzados, secuestros, paros armados, homicidios, entre otros.
3 Estas acciones documentadas en el Sistema de Monitoreo de la JEP configurarían incumplimientos al cese al fuego entre este grupo armado y el Gobierno.
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