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SECCIÓN GENERAL

Caracterización de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales asesinadas entre 2017–2022 en el departamento de Chocó^*

Characterization of Human Rights Defenders and Social Leaders Murdered between 2017–2022 in the Department of Chocó

Olga Lucía Fernández Arbeláez¹ (Colombia)

Leisa Yohana Martínez Valois² (Colomnbia)

¹ Psicóloga. Magíster en Derechos Humanos Gestión para la Transición y el Posconflicto. Doctora en Educación. Docente investigadora de la Universidad Católica de Manizales y docente de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Correo electrónico: ofernandez@ucm.edu.co – Orcid 0000–0001–8110–6381 – Google Scholar https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=LLmYETAAAAAJ

² Abogada. Magíster en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Correo electrónico: leyomava03@hotmail.com

Fecha de recepción: noviembre de 2023

Fecha de aprobación: marzo de 2024

Cómo citar este artículo: Fernández Arbeláez, Olga Lucía y Martínez Valois, Leisa Yohana. (2024). Caracterización de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales asesinadas entre 2017–2022 en el departamento de Chocó. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 71. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n71a06

Resumen

Este artículo surge de la investigación realizada por la Escuela Superior de Administración Pública sobre los mecanismos de protección para líderes de Derechos Humanos en Quibdó en el contexto del Acuerdo de paz de 2016. Su objetivo es caracterizar a las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Chocó asesinadas entre 2017 y 2022, e identificar acciones y medidas de protección efectivas en el municipio de Quibdó. Se utilizó una metodología cualitativa con perspectiva crítica donde se analizan experiencias de líderes sociales y registros de asesinatos en el departamento. Las categorías analíticas incluyen el significado de ser un líder social, los derechos territoriales, la seguridad, la importancia de la comunidad, la Guardia Indígena y estrategias de protección en la ruralidad relacionadas con la autonomía y protección territorial y ambiental. El artículo concluye destacando la importancia del Acuerdo de paz como herramienta clave para proteger la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Palabras clave: Paz Negociada; Seguridad; Derechos Humanos; Líderes Sociales; Defensores de Derechos Humanos; Colombia.

Abstract

This article is based on the research conducted by the Higher School of Public Administration (ESAP) regarding the protection mechanisms in Quibdó within the framework of de 2016 Peace Agreement. Its aim is to profile human rights defenders and leaders in Chocó who were murdered between 2017 and 2022, and to identify effective protection measures in Quibdó, utilizing a qualitative methodology with a critical perspective, the study examines the experiences of social leaders and records of murders in Chocó. Analytical categories explored include the significance of leadership, land rights, security, community importance, the role of the Indigenous Guard, and remote protection strategies in rural areas related to autonomy, land protection, and environmental safeguarding. This article underscores the Peace Agreement's pivotal role as a vital tool for safeguarding the lives of social leaders and human rights defenders.

Keywords: Negotiated Peace; Security; Human Rights; Social Leaders; Human Rights Defenders; Colombia.

Introducción

El incremento de asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia ha capturado la atención en los ámbitos nacional e internacional, destacando una preocupante tendencia ascendente en los últimos años. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Cumbre Agraria, Marcha Patriótica e Indepaz, 2018), en 2018 fueron asesinados 226 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos; en 2019 la cifra aumentó a 250, en 2020 ascendió a 310, en 2021 se registraron 108 asesinatos, en 2022, 179 y hasta abril de 2023 se contabilizaron 40 asesinatos, para un total de 1450 desde la firma del Acuerdo de paz en 2016. Asimismo, organizaciones como la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) (Jiménez y Montoya, 2018, marzo 1.°), Cumbre Agraria, Marcha Patriótica e Indepaz (2018), y la Heinrich Böll Stiftung (2018) han identificado y denunciado patrones en estos asesinatos.

Por otra parte, han surgido disparidades respecto a otras investigaciones. José Puentes (2020, febrero 3), por ejemplo, señala inconsistencias en el conteo. Para este autor, la Fiscalía lleva un «registro de 397 asesinatos entre 2016 y 2019»; para la Defensoría del Pueblo «llega a los 555 asesinatos entre 2016 y el 31 de octubre de 2019»; para las organizaciones de la sociedad civil, como Somos Defensores, la cifra es de «426 asesinatos entre 2016 y octubre de 2019»  y para Indepaz, «desde la firma definitiva del Acuerdo de paz —24 de noviembre de 2016— hasta el 30 de enero de este año [2019] fueron asesinados, según ellos, 756 líderes».

Lo anterior pone en evidencia dos elementos: por un lado, la cantidad de asesinatos y, por otro, la discrepancia entre cifras. En cuanto al primero, podría pensarse que con la terminación de la confrontación armada entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP) y el Estado colombiano descenderían las muertes por esa causa. En cuanto a lo segundo, estas discrepancias no sólo evidencian el desafío de cuantificar con precisión este tipo de crímenes, sino que subrayan la dificultad de definir quién califica como líder social, así como la variedad de roles y actividades que estos líderes pueden desempeñar. Este desafío se complica aún más por las diferencias metodológicas en la recopilación de datos, incluyendo el acceso a fuentes y registros (Pinto, Castiblanco, Hernández, 2022).

Por lo tanto, la distinción entre la sistematicidad y la generalidad de estos asesinatos, como señala Cristian Delgado (2017, diciembre 22), enfatiza la importancia de reconocer tanto la naturaleza organizada de estos crímenes como su amplio impacto. La existencia de un patrón sistemático sugiere la presencia de un problema profundo y estructurado en la sociedad que requiere atención urgente.

En ese sentido, factores como el abandono estatal y la ineficaz gestión pública agudizan esta problemática en áreas rurales y departamentos remotos, afectando comunidades históricamente marginadas. De acuerdo con Diana Caro (2019), los principales objetivos de la nueva ola de violencia son líderes indígenas y afrodescendientes, así como la población campesina y comunal, incluyendo a aquellos encargados de liderar la sustitución gradual de cultivos ilícitos. Por su parte, Hannah Arendt (2006) vincula la discriminación racial como un factor que genera violencia y la Defensoría del Pueblo, USAID y Universidad Nacional de Colombia (2021) señalan que si el Estado cumpliera con su deber de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos no sería necesario que los ciudadanos asumieran el rol de defensores de estos derechos.

Así, la relación entre el aumento de asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos y la postura del Estado, junto con el contexto de violencia selectiva en comunidades específicas, ilustra un complejo panorama de vulnerabilidad y resistencia en Colombia. La contribución de Ana Carolina Vargas (2020) sobre la postura pasiva del Estado amplía la comprensión de la problemática, sugiriendo que esta actitud institucional no sólo es insuficiente, sino que podría estar alimentando el ciclo de violencia.

Por su parte, Carlos Corredor (2018) concuerda con Caro (2019) en que los asesinatos de líderes sociales se concentran, especialmente, en comunidades afrodescendientes y campesinas en regiones ricas en recursos como en el Chocó, sugiriendo que el control territorial y los recursos naturales son factores significativos en el conflicto. Este enfoque resalta la intersección entre la violencia contra líderes sociales y la lucha por los recursos, ofreciendo una dimensión adicional a la problemática que va más allá de la mera violencia política o social, adentrándose en el terreno de la explotación y el conflicto ambiental.

Además, Melissa Rubio (2014), al discutir la violencia selectiva y la imposición de gobiernos por actores armados en áreas de escasa presencia estatal, aporta una visión crítica sobre cómo la violencia impacta la cohesión y el tejido social de las comunidades afectadas. La disminución de la participación en organizaciones comunitarias debido a la desconfianza y el miedo subraya las consecuencias a largo plazo de la violencia en la sociedad civil y la gobernanza local.

Lo anterior revela una situación crítica en el ámbito nacional y, para los propósitos de este artículo, específicamente, en el departamento del Chocó, donde, a pesar de la falta de cifras extensas, se busca caracterizar a los defensores de derechos humanos y líderes sociales asesinados en el departamento entre 2017 y 2022, tras la firma del Acuerdo final de paz en 2016, y determinar medidas de protección efectivas para ellos en el municipio de Quibdó. Para ello se realizó una revisión documental de informes y artículos, complementada con entrevistas a tres líderes y defensores pertenecientes a organizaciones sociales indígenas y afrodescendientes, lo que permitió profundizar en la situación de estos individuos en el territorio, especialmente en Quibdó. En ese sentido se estableció la cantidad de líderes asesinados y se recopilaron datos personales para su caracterización, incluyendo nombre, foto, edad, pertenencia étnica, fecha de los hechos, descripción del municipio, mapa, detalles del asesinato, jurisdicción militar del municipio y presencia de grupos armados ilegales.

Dicha recopilación y caracterización detallada de los datos sobre los líderes sociales asesinados es fundamental por varias razones: primero, permite humanizar a las víctimas, destacando sus historias personales y el impacto de su pérdida en las comunidades a las que sirvieron; segundo, facilita el análisis de patrones de violencia, identificando posibles causas comunes o áreas de alto riesgo; tercero, estos datos son esenciales para desarrollar estrategias de prevención y medidas de protección efectivas; cuarto, aportan a la memoria histórica, asegurando que las contribuciones y sacrificios de estos líderes no sean olvidados.

1. Marco metodológico

Tras analizar los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos mediante la revisión de literatura de autores y organizaciones relevantes, se profundizó en el estudio de estos fenómenos mediante entrevistas semiestructuradas con los afectados directos para captar sus vivencias y puntos de vista. Se seleccionó una muestra probabilística (Pimienta, 2000) con el objetivo de estudiar un segmento representativo de la población. Esta muestra estuvo compuesta por participantes voluntarios y se optó por un muestreo estratificado, eligiendo a los líderes según su etnia y rol comunitario.

En esa lógica, los participantes fueron un líder afrodescendiente del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), un líder indígena del municipio de Juradó y un líder afrodescendiente de Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina y Popular del Alto Atrato (Cocomopoca). Su colaboración ofreció una comprensión detallada de los asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en Quibdó.

En dichas entrevistas —preparadas con cuestionarios específicos (véanse Anexo 1 y Anexo 2)—, los líderes compartieron sus experiencias y percepciones sobre el asunto, revelando nuevas categorías tras analizar las transcripciones que enriquecieron la investigación y las cuales se abordarán a lo largo de este artículo.

2. Caracterización de defensores de derechos humanos y líderes sociales de Chocó asesinados en 2017–2022, tras la firma del Acuerdo final de paz

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (26 de febrero de 2020) y el relator especial Michel Forst (2018, diciembre 3) examinaron la situación de derechos humanos en Colombia, enfocándose en la implementación del Acuerdo de paz, particularmente, en justicia transicional, seguridad, reforma rural y derechos de las víctimas, y se subraya el elevado riesgo de defender los derechos humanos en el país. Por ejemplo, en 2019 se presentaron 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales 15 eran mujeres y dos integrantes de la población LGBTI, lo que representa un aumento de 50% respecto al año anterior (Oficina del Alto Comisionado, 26 de febrero de 2020, p. 6). La vulnerabilidad de lideresas, líderes sociales y defensores de derechos humanos se vincula a la actividad de grupos armados ilegales en Chocó, aprovechando la densa selva para ocultarse de la fuerza pública y la riqueza en recursos naturales como la madera, la cual representa 61% de la producción nacional (DNP, s. f.).

Vargas (2020) critica la postura pasiva del Estado y sus instituciones, lo que ha permitido que los ataques contra defensores de derechos humanos aumenten y se mantengan a lo largo de los años. Las discrepancias en las cifras de asesinatos debido a la falta de reportes confiables complican el seguimiento de estos casos (Eguren, 2003). Estas diferencias en los registros evidencian la variabilidad y la poca fiabilidad de los datos disponibles.

Corredor (2018) señala que según las organizaciones no gubernamentales los asesinatos se concentran principalmente en comunidades afrodescendientes y campesinas con recursos valiosos como oro y cultivos de coca, atractivos para la insurgencia y otros grupos ilegales. Estos elementos están presentes en Chocó, provocando conflictos por el control territorial. La significativa riqueza natural de Chocó no sólo atrae la inversión y el interés económico legítimo, sino que también provoca la incursión de actores armados que buscan controlar estas fuentes de riqueza para financiar sus operaciones y expandir su influencia.

Las comunidades ubicadas en estas áreas ricas en recursos se encuentran en una posición particularmente vulnerable, enfrentándose a violencia, intimidaciones y, en muchos casos, al asesinato de sus líderes, quienes son a menudo el blanco de estas organizaciones debido a su papel en la defensa de los derechos territoriales y ambientales. Este panorama refleja una dinámica compleja en la que los conflictos por el control territorial van más allá de la lucha armada, involucrando también aspectos socioeconómicos y ambientales.

Cabe considerar que la Alcaldía de Quibdó (s. f.) describe una composición demográfica diversa, con un predominio de 87,5% de población negra, seguido de 10,2% de mestizos y blancos, y 2,3% de indígenas. La presencia de 14 resguardos y 18 asentamientos urbanos en zonas rurales refleja la creciente cantidad de familias indígenas, las cuales ascienden a 5725 debido al desplazamiento forzado. La región alberga 83 Consejos Comunitarios de afrocolombianos y 123 resguardos indígenas, habitados por las etnias Wounaan, Emberá Dóbida, Emberá Katío, Emberá Chamí, Zenú, Kubeo, Tule, Carapana y Eperera Siapidara (Defensoría del Pueblo, 2022). Este mosaico demográfico y territorial subraya la complejidad del contexto en el que se deben implementar medidas de protección para los defensores de derechos humanos. Las adversidades que enfrenta Quibdó, exacerbadas por un crecimiento urbano impulsado por el desplazamiento forzado, lo han convertido en el principal receptor de población desplazada según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). Este fenómeno ha situado al municipio entre los de mayor desempleo y menor acceso a servicios básicos en Colombia (Castillo, 2016).

El Equipo Local de Coordinación Chocó (s. f.) resalta que sólo en el primer semestre de 2020 al menos 11 146 personas de comunidades étnicas han sido afectadas por el conflicto armado. Los actos victimizantes no sólo son numerosos, sino que además revisten una complejidad particular debido a las cosmovisiones y la estrecha relación de estas comunidades con su territorio. Estos hechos incluyen el señalamiento y la estigmatización de líderes sociales y étnicos, en su mayoría indígenas, y las constantes amenazas de grupos armados ilegales que buscan desarticular sus estructuras organizativas comunitarias.

Por su parte, la caracterización de las víctimas realizada busca arrojar luz sobre la identidad de quienes han sido asesinados en Chocó, mostrando sus rostros y resaltando aspectos como su pertenencia étnica. Esta aproximación permite una comprensión más profunda de la crisis, evidenciando no sólo la magnitud del problema, sino el impacto humano detrás de las cifras, enfatizando la urgencia de atender y proteger a estas comunidades en medio de un contexto de violencia y vulnerabilidad.

Gráfica 1. Rostros de los líderes asesinados en Chocó, 2017–2022.

Fuente: elaboración propia a partir de Indepaz (s. f.) y Pacifista (2020, febrero 10).

Gráfica 2. Asesinatos de líderes sociales por año, 2017–2022.

Fuente: elaboración propia a partir de Indepaz (s. f.) y Pacifista (2020, febrero 10).

3. Georreferenciación de asesinatos

En la primera fase del estudio se llevó a cabo una selección y revisión documental que facilitó la comprensión de la problemática a partir de varias perspectivas y permitió la caracterización de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Se encontró que de los 30 municipios del departamento del Chocó en 15 se han registrado asesinatos de líderes, tanto en áreas urbanas como rurales, evidenciando su desprotección y vulnerabilidad. Además, se resalta que los afectados representan la diversidad étnica del país y del departamento, la cual incluye indígenas, afrodescendientes y mestizos. Al respecto, Johan Galtung (1999) señala que:

La violencia directa, física y/o [sic] verbal, es visible en forma de conductas. Pero la acción humana no nace de la nada, tiene raíces. Se indican dos: una cultura de violencia (heroica, patriarcal, etc.) y una estructura que en sí misma es violenta por ser demasiado represiva, explotadora o alienadora; demasiado dura o demasiado laxa para el bienestar de la gente. Las grandes variaciones en la violencia se explican fácilmente en términos de cultura y estructura: la violencia cultural y estructural causan violencia directa, utilizan como instrumentos actores violentos que se rebelan contra las estructuras y empleando la cultura para legitimar el uso de la violencia (p. 15).

Tabla 1. Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Chocó, 2017–2022.

Fuente: elaboración propia a partir de Indepaz (s. f.) y Pacifista (2020, febrero 10).

Gráfica 3. Mapa de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Chocó, 2017–2022.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Georreferenciación de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Chocó, 2017–2022.

Fuente: elaboración propia a partir de Indepaz (s. f.) y Pacifista (2020, febrero 10).

La vulnerabilidad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el Chocó los expone significativamente a ataques. De acuerdo con Leonardo González, Juana Valentina Cabezas y Paco Zimmermann (2021), este departamento se ha convertido en uno de los principales escenarios del conflicto armado en Colombia, particularmente afectado por la presencia y enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), especialmente en municipios como Riosucio, El Carmen del Darién, Bojayá, Quibdó, Alto Baudó, Istmina y Medio San Juan, al sur del Chocó.

La Comisión de la Verdad (2019, noviembre 27) enfatiza la dificultad de defender los derechos humanos en Chocó, con Quibdó como principal receptor de víctimas de desplazamiento forzado. Este contexto ha convertido a la región en un punto crítico para los líderes sociales que buscan proteger y defender a sus comunidades. Tanto el ELN como las AGC emplean estrategias de control poblacional, convocando comunidades a reuniones o enviando mensajes a través de sus líderes. Estas prácticas no sólo exponen a las personas a riesgos de seguridad, sino que facilitan la estigmatización por grupos armados rivales. En particular, las AGC buscan someter a la población civil de Quibdó mediante el control violento de los procesos organizativos locales, como las Juntas de Acción Comunal (JAC), las cuales han sufrido amenazas e intimidaciones constantes (Defensoría del Pueblo, 2022).

4. Determinación de acciones y medidas de protección efectivas a favor de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Quibdó, Chocó

En las entrevistas semiestructuradas se seleccionaron líderes sociales representantes de tres organizaciones sociales acorde a sus labores y pertenencia étnica: i) líder afrodescendiente; ii) líder indígena perteneciente a los pueblos indígenas del municipio de Juradó; y iii) líder afrodescendiente. Se pudo evidenciar en el análisis de las entrevistas varias categorías emergentes:

4.1 Significado de ser líder social

Los líderes y defensores de derechos humanos viven bajo un constante temor por su seguridad. Un líder afrodescendiente compartió su inquietud sobre las amenazas que enfrentan: «Hoy todos los líderes estamos amenazados, ser líder y reclamar tus derechos en el gobierno que tenemos automáticamente es montarte una lápida, no hay un interés del Estado en proteger la vida de los líderes, hoy se quiere es que todo lo que se esté haciendo quede bajo la impunidad» (Líder afrodescendiente 1, comunicación personal, diciembre 2, 2021).

En relación con estas amenazas, María Francisca Aguilar (2020) hace un llamado a los gobiernos para que intensifiquen sus esfuerzos mediante programas de protección dirigidos a defensores de derechos humanos con el fin de prevenir y alertar sobre posibles amenazas y agresiones. El Líder afrodescendiente 1 añadió: «El tema de liderazgo requiere de mucha responsabilidad, porque un líder no es el que toma el poder por la fuerza, el líder pone su conocimiento al servicio del pueblo, el líder no es el que da órdenes, lo que caracteriza a un líder es su disposición al servicio del pueblo» (comunicación personal, diciembre 2, 2021).

4.2 Derechos territoriales

Los entrevistados enfatizan que en este momento es delicado el tema de los derechos territoriales, puesto que configuran un elemento clave para las comunidades. Cabe resaltar que el Líder afrodescendiente 1 (comunicación personal, diciembre 2, 2021) expresa: «en nuestros territorios se está dando la pelea de un dominio territorial por los diferentes actores armados, ya que encuentran en el Chocó un corredor estratégico y un medio de subvención económica».

Somos Defensores (2018 citado por Fernández, 2018, p. 6) señala que los activistas enfrentan peligros debido a su trabajo en áreas como la defensa de la tierra, la lucha contra los crímenes de odio y la corrupción. Este panorama refleja la falta de capacidad del Estado para asegurar la protección de aquellos que promueven la organización comunitaria, los derechos en zonas rurales y la salvaguarda de territorios étnicos.

La Constitución Política de Colombia de 1991 protege la diversidad étnica y cultural de la nación en su artículo 7, estableciendo un marco para la autonomía territorial de los pueblos indígenas según el artículo 246 y la Ley Estatutaria 270 de 1996; además, el artículo 55 transitorio, junto con la Ley 70 de 1993, concede derechos de propiedad colectiva a grupos étnicos, permitiéndoles autonomía sobre sus territorios dentro del marco legal nacional. No obstante, debido a su estratégica ubicación geográfica, Chocó se ha convertido en un área de interés para grupos armados, tanto por ser una ruta de tráfico de armas como por los cultivos ilícitos. Esta situación ha sumido al departamento en una ola de violencia, especialmente en las zonas rurales, donde se intensifica la lucha por el control territorial. Como resultado, la sociedad civil y, en particular, los líderes comunitarios que defienden sus comunidades, territorios y derechos, se ven seriamente afectados. Estos líderes promueven la paz y ejercen su defensa únicamente a través de la palabra y el valor, sin recurrir a armas ni a la fuerza, actuando como mediadores en sus comunidades.

El caso de Leiner Palacios, líder afrodescendiente 1 (comunicación personal, diciembre 2, 2021), líder oriundo de Bojayá y miembro de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, ilustra claramente la violencia que enfrentan los líderes en el Chocó. Por revelar la verdad sobre el conflicto en el río Bojayá Palacios tuvo que huir de su municipio hacia Quibdó debido a amenazas contra él y su familia. Sobreviviente de la masacre de Bojayá, las amenazas continuaron, lo que lo obligó a mudarse a Cali, donde posteriormente un escolta suyo fue asesinado. Este relato evidencia que no sólo los líderes comunitarios son blanco de persecuciones, sino también sus familias, quienes enfrentan amenazas como táctica para intimidar y coaccionar sus acciones.

Es crucial reconocer el papel de los Consejos Comunitarios en la defensa de los derechos territoriales de las comunidades afrodescendientes. Establecidos por la Ley 70 de 1993, estos consejos actúan como administradores internos, responsables de la delimitación y asignación de tierras, la preservación cultural y la protección de los derechos de propiedad colectiva y de recursos naturales. Al ser considerados autoridades en sus territorios, también se convierten en blanco de amenazas y ataques, especialmente aquellos líderes que se involucran en la protección ambiental y del territorio. Los Consejos Comunitarios, como escenarios de liderazgo, son particularmente vulnerables en el contexto del conflicto armado, ya que los actores armados ilegales buscan controlar los corredores estratégicos dentro de sus jurisdicciones, haciéndolos objetivos directos en el conflicto por defender los derechos de sus comunidades.

4.3 «La seguridad entre comillas»

Los líderes sociales expresan insatisfacción con la protección estatal, criticando las insuficientes medidas de seguridad frente a la alta tasa de asesinatos en el ámbito nacional. Consideran que las estrategias de protección actuales no son efectivas. Argumentan que su trabajo comunitario se ve comprometido al estar acompañados por escoltas o personal de seguridad, lo que los hace parecer más vulnerables ante su comunidad, reflejando una «seguridad entre comillas». Además, señalan la ineficacia de la respuesta policial, que suele actuar tardíamente, lo que agrava su situación de riesgo.

Las medidas de protección que está empleando el Gobierno para los líderes sociales son unas medidas de mostrar quién es el líder social para que lo maten más fácil. Esta situación es muy compleja, uno vive con incertidumbre. Salgo de mi casa, por ejemplo, a las ocho de la mañana o a las seis, pero yo no sé a qué hora llego ni cómo llego (Líder afrodescendiente 1, comunicación personal, diciembre 2, 2021).

Este escenario refleja una profunda vulnerabilidad ante autoridades públicas en distintos ámbitos, dado que, en su rol de veedores, los líderes sociales destacan tanto la corrupción prevalente como las condiciones de vida precarias en sus comunidades, donde una gran parte de la población enfrenta pobreza extrema. No obstante, se reconoce que algunas entidades estatales, como la Defensoría del Pueblo, han desempeñado adecuadamente su función de salvaguardar los derechos de los líderes:

Si el Gobierno nacional no da respuesta a los informes de alertas tempranas que presenta dicha entidad, si el Estado se da cuenta de los hechos y no le presta atención, ¿será que nos va a hacer caso a nosotros los líderes? La Defensoría es un aliado de los diferentes procesos organizativos en el Chocó, puesto que, cuando hay esos peligros inminentes, tanto de la comunidad como de líderes sociales, proyecta sus alertas tempranas, están haciendo lo que tienen que hacer, lo cual es informar al responsable que es el Gobierno nacional, que sepan que el líder está hablando no por él, sino por toda una comunidad (Líder afrodescendiente 1, comunicación personal, diciembre 2, 2021).

Vargas (2018) argumenta que en Colombia las medidas legales para proteger a los defensores de derechos humanos, como leyes y resoluciones, se quedan cortas y no ofrecen garantías reales de seguridad. En su lugar, se ofrecen soluciones materiales —teléfonos de emergencia, chalecos antibalas, vehículos blindados, escoltas y armas— que no abordan las causas subyacentes de la violencia contra estos defensores, a pesar de las constantes denuncias por parte de organizaciones sociales.

4.4 La comunidad como un todo

En el Chocó, las comunidades indígenas son una de las principales poblaciones y sus líderes sufren la mayor cantidad de asesinatos en el departamento. Se subraya la necesidad de considerar su cultura y su modo de vida. El Líder indígena 2 (comunicación personal, 6 diciembre, 2021) revela la grave situación en sus territorios, donde muchos líderes han sido asesinados por adoptar posturas de no involucramiento con grupos armados. Estos grupos justifican los asesinatos alegando falsamente colaboración con bandos opuestos, pese a la resistencia de las comunidades y de sus líderes a ser partícipes o permitir actividades contrarias a sus principios y reglamentos internos.

Los grupos armados ven a los líderes comunitarios como obstáculos para sus objetivos, los cuales incluyen manipular a la población civil para sus fines bélicos y sembrar discordia entre la gente. La valía de estos líderes radica en su capacidad para impedir la influencia de actores armados en sus comunidades, educándolas sobre las intenciones de estos grupos. Esta labor de concienciación los convierte en blanco para dichos grupos, pues desafían su intento de controlar y dividir a las comunidades (Líder indígena 2, comunicación personal, diciembre 6, 2021).

Se destaca la importancia de la comunidad como pilar de su propia defensa y protección territorial. Los pueblos indígenas, enfocados en el bienestar colectivo, emprenden sus luchas en nombre del grupo, inculcando valores comunitarios y la relevancia de la unidad en sus enseñanzas. Esta formación es clave para enfrentar a grupos armados sin recurrir a la violencia, utilizando el diálogo y métodos tradicionales de resolución de conflictos, como el bastón de mando. El recorrido del Líder indígena 2 ilustra la centralidad de la comunidad para estos pueblos y el rol crucial de cada miembro en la paz colectiva.

4.5 La Guardia Indígena, «mecanismo de protección»

El Líder indígena 2 se pronunció a cerca de la Guardia Indígena como mecanismo de protección:

Las medidas de protección que conozco y que considero a nosotros no nos sirven mucho, es esa protección que da el Gobierno a través de la Unidad de Protección. Por lo que uno sabe que un celular, un chaleco y últimamente he escuchado que un botón, no sé qué es eso, no sirve para nada. Ah, y acá en la ciudad dizque le dan un carro. En ese contexto, tales medidas en la comunidad no sirven, sino con lo que la comunidad pueda organizar para protegerse ellos mismos. En ese caso, se tienen mecanismo como la Guardia Indígena, que se están organizando constantemente para la protección de todos los miembros de la comunidad, porque llegar con un escolta a estas zonas rurales y de difícil acceso se tiene claro que ese señor es un muerto también si va para allá (comunicación personal, diciembre 6, 2021).

Ángela Lascarro, Claudia Marín y Yaneth Casas (2017) afirman que la Guardia Indígena ha reforzado la protección y el control territorial en el Chocó los últimos seis años, con un crecimiento notable en la cantidad de sus integrantes. En el departamento actualmente se cuenta como integrantes 400 mujeres y 1000 hombres.

El Líder indígena 2 (comunicación personal, diciembre 6, 2021) ve en la Guardia Indígena una solución práctica para la protección comunitaria y de los líderes, dada la inadecuación de las medidas estatales en las áreas rurales donde residen las comunidades indígenas. Este enfoque subraya la falta de implementación del enfoque diferencial étnico por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a pesar de que el Decreto 4065 de 2011 especifica que las medidas de protección deben ser oportunas, eficaces, adecuadas y contar con este enfoque.

Las medidas de protección proporcionadas por el Estado no han satisfecho las necesidades de seguridad esperadas por los líderes, especialmente en el Chocó y, en concreto, en las zonas rurales de Quibdó. Estas acciones no han resultado efectivas en el campo, ya que fueron diseñadas con un enfoque urbano, lo que las hace inaplicables a la realidad rural, «no se pensó en las zonas de difícil acceso» (Líder indígena 2, comunicación personal, diciembre 6, 2021).

Uno se pone a ver todas las medidas y no hay una medida que sirva en el campo. Por lo tanto, el Estado debe construir medidas adecuadas a estas condiciones, porque hasta ahora lo que se ve por parte del Gobierno es la protección individual, en la que se pone un escolta y se le da un carro, mientras que se escapa la colectividad. Todo lo anterior evidencia que hay ausencia del Estado, no hay presencia en los territorios (Líder indígena 2, comunicación personal, diciembre 6, 2021).

Ahora bien, en cuanto al confinamiento que se genera a causa del miedo, la comunidad ha sido la principal afectada en toda esta problemática social:

Cuando asesinan a un líder y la gente escucha que fue el grupo «X» y que están por ahí, esos días la gente no baja ni de la casa, lo que ha generado confinamiento. Por ejemplo, está la comunidad en la que yo empecé como líder en San José, en donde el asesinato de un señor conocido promovió el desplazamiento de toda la comunidad porque sintieron miedo hasta el nivel [sic] de causarles daño moral. Después del desplazamiento, uno les dice a las comunidades que hagamos el retorno y la gente piensa cuál va a ser la garantía que nosotros vamos a tener para esa situación. Además, se preguntan si los hechos se van a volver a repetir [sic] y cómo nos va a apoyar el Estado, cuál va a ser la respuesta del Estado (Líder comunitario 3, comunicación personal, enero 14, 2022).

Muchas comunidades han sufrido confinamientos debido a la disputa territorial en sus territorios. Cuando los líderes defienden a sus comunidades son asesinados, lo que genera temor y zozobra sobre la posibilidad de más víctimas. Esta situación se ha vuelto cotidiana para muchas comunidades y ha provocado fenómenos como el desplazamiento forzado, especialmente hacia la zona urbana de Quibdó, donde se encuentran todas las instituciones estatales que se supone deberían ayudar a resolver el conflicto. Sin embargo, la atención brindada por la Alcaldía en estos casos es precaria y no llega de manera oportuna para satisfacer las necesidades de la población afectada.

4.6 Medidas ajenas a la ruralidad

En cuanto a las medidas de protección para los líderes, estas no cumplen las expectativas necesarias para mitigar el riesgo que enfrentan. Por ejemplo, el teléfono proporcionado como medida de protección resulta ineficaz, ya que a través de este medio la UNP los contacta para preguntarles sobre aspectos de su seguridad, lo que supuestamente pone en riesgo su confidencialidad, dado que se sospecha que estos teléfonos están «chuzados» —intervenidos—. De esta manera, los actores armados ilegales pueden enterarse de la información que se comunica, aumentando así el peligro para los líderes (Líder comunitario 3, comunicación personal, enero 14, 2022).

En relación con la protección de la Policía Nacional en Quibdó para los líderes:

Existe una falta de voluntad en algunas instituciones, ya que se aferran a normativas elaboradas desde escritorios que no reflejan la realidad. Un ejemplo claro es la actitud de la Policía, quienes afirman que es necesario supervisar constantemente a los líderes. Durante mi estadía en Quibdó durante un mes sólo vinieron una vez para que firmara que habían realizado visitas periódicas. La situación con el hombre de protección no es diferente. En ocasiones, al mediodía en Quibdó, el hombre de protección decide irse a su casa, que está en el extremo opuesto de la ciudad. Cuando intento comunicarme con él la comunicación se torna bastante [sic] compleja y arriesgada. En caso de presentarse un peligro, no tengo manera de contactar al hombre de protección y su reacción no es inmediata, sino tardía (Líder comunitario 3, comunicación personal, enero 14, 2022).

4.7 Autonomía territorial y protección ambiental

El Líder comunitario 3 (comunicación personal, enero 14, 2022) realiza un análisis de la situación actual de los líderes en cuanto a los derechos territoriales y la defensa del medio ambiente. Expone que se han desencadenado ataques contra los líderes y defensores de los derechos humanos debido a su rol en la sociedad colombiana. Algunos actores no muestran interés en el beneficio social que generan los liderazgos, lo que provoca una ofensiva contra los líderes sociales. En este contexto, el Líder comunitario 3 aborda la protección del territorio y los recursos naturales: «Para hacer esa defensa de nuestro territorio, de los recursos naturales, por ejemplo, en el Alto Atrato, los actores que hacen el aprovechamiento de los recursos forestales, de los recursos mineros, no les gusta que nosotros trabajemos por la conservación de estos recursos» (comunicación personal, enero 14, 2022).

Una de las causas más comunes de persecución contra los líderes sociales afrodescendientes del departamento del Chocó es la defensa del territorio y del medio ambiente. En este contexto, están involucrados actores ilegales y empresas multinacionales a las cuales el Estado otorga licencias ambientales sin respetar la consulta previa a los pueblos étnicos. Esto ha resultado en revictimización y una clara vulneración de los derechos de las minorías étnicas, las cuales son objeto de especial protección por parte del Estado.

Nuestro discurso de conservación de los recursos naturales afecta los intereses de los actores, personas incluso del mismo territorio y otros externos que traen a nuestro territorio esa dinámica de aprovechamiento que para nosotros no es amigable con el medio ambiente. Por lo que nosotros al realizar acciones y controlar esas situaciones, eso nos ha venido generando riesgo. Particularmente, la mayoría de los líderes han sufrido de esa situación riesgosa en el Pacifico. Pero lo que nos ha hecho más vulnerables es que nosotros manejamos un discurso, empezamos a tener incidencia a través de la búsqueda de aliados, de la institucionalidad y de las denuncias de esos casos en el territorio (Líder comunitario 3, comunicación personal, enero 14, 2022).

En tal sentido, el Líder comunitario 3 enfatiza que la autonomía territorial establecida en la Ley 70 de 1993 debe ser respetada y quien debe garantizar ese respeto es el Estado. Esto se debe a que la principal causa de los asesinatos de líderes étnicos ocurre cuando están defendiendo sus territorios entre disputas con actores armados o protegiendo el medio ambiente.

5. Discusión

La promoción y salvaguarda del derecho a la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos requiere la colaboración de todas las instituciones estatales para coordinar medidas que satisfagan las necesidades de estos actores, al igual que de sus familias y comunidades, quienes también se ven afectadas. Es importante destacar que aquellos que operan en zonas rurales enfrentan un mayor riesgo, son sacados de sus comunidades y abandonados en la selva después de ser torturados y asesinados por grupos armados ilegales. Por lo tanto, ser líder en áreas rurales debe considerarse como un factor de riesgo adicional al otorgar medidas de protección.

En ese sentido, el incumplimiento del Acuerdo final de paz de 2016 agrava la situación de los líderes y defensores de derechos humanos. Esto refleja el escaso interés y la falta de voluntad del Estado para mejorar las condiciones de los más vulnerables y proteger sus derechos humanos, llegando incluso a negar la realidad en los ámbitos nacional e internacional, a pesar de las pruebas contundentes de los abusos. La implementación efectiva del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Gobierno y FARC–EP, 2016) en Quibdó es urgente debido a los asesinatos y a que la ciudad es el principal destino de líderes sociales y defensores de derechos humanos del departamento. El Acuerdo podría ser una herramienta crucial para la protección y la acción efectiva.

John Lederach (2007) sugiere que la construcción de la paz implica crear «redes nacionales a través de espacios sociales en escenarios de conflicto violento prolongado» (p. 130). Esta visión resalta la importancia estratégica de tejer redes para promover la paz en contextos de conflicto. Sin embargo, la realidad ha demostrado que existen dificultades económicas para implementar el Acuerdo de paz, lo que obstaculiza el desarrollo del punto 2 sobre participación política y garantías de seguridad para los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Lo anterior refleja la falta de aplicación de la normativa destinada a proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo que los obliga a recurrir a instancias internacionales para asegurar su protección frente al Estado colombiano. Sin embargo, estos muchas veces no ofrecen una protección inmediata y su ayuda se limita a ser subsidiaria, lo que significa que no llega con la rapidez requerida en la mayoría de los casos. Las medidas de protección hacia los líderes y lideresas sociales, así como los defensores de derechos humanos del municipio de Quibdó, Chocó, carecen de un enfoque diferencial adaptado a las particularidades de cada líder social. La problemática expuesta revela que las acciones destinadas a proteger la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte del Estado son ineficaces debido a la falta de voluntad y la pasividad en sus actuaciones, lo que impide una protección real y efectiva.

Se ha constatado que las medidas de protección están principalmente dirigidas a la zona urbana. En las zonas rurales los vehículos no son prácticos porque el transporte debe ser por río, los teléfonos celulares tienen poca cobertura, los chalecos antibalas no son adecuados para las altas temperaturas y la humedad del departamento, y los escoltas corren peligro al dirigirse a las zonas rurales. Esto explica la alta cantidad de asesinatos de líderes indígenas. Para los pueblos indígenas, la protección otorgada debe ser colectiva. La Guardia Indígena es responsable de proteger a los líderes en sus territorios cuando hay presencia de actores armados, lo que a menudo resulta en represalias contra ellos.

En relación con la impunidad, es crucial que la Fiscalía General de la Nación investigue prioritariamente los asesinatos y amenazas a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (26 de febrero de 2020) señala que la tasa de impunidad de los homicidios y femicidios contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia ha alcanzado aproximadamente 95 %, en comparación con la tasa de impunidad de los casos de homicidios dolosos conocidos por las autoridades.

Ahora bien, es importante mencionar el homenaje realizado por la Comisión de la Verdad (2022) a los defensores de derechos humanos en su informe final. Reconocen como un deber honrar a aquellos que lucharon sin armas por la dignidad humana y la paz, y que fueron asesinados. Este reconocimiento también abarca a sus familias y compañeros, quienes sufren el dolor de las pérdidas y continúan corriendo riesgos en la noble labor de defender los derechos humanos. Específicamente, se menciona a los líderes espirituales, sabios indígenas y afrodescendientes que perdieron la vida.

Conclusiones

Se recomienda la implementación de un registro de líderes asesinados, lo que permitirá caracterizarlos y determinar las posibles causas del asesinato y el modus operandi de los actores involucrados. Esto facilitaría la generación de medidas de protección efectivas.

Es necesario llevar a cabo conversatorios semestrales con líderes sociales del departamento del Chocó, especialmente en Quibdó. Estos conversatorios deberían centrarse en desarrollar medidas de seguridad con un enfoque diferencial étnico que aborden las necesidades específicas de las zonas rurales. Además, se deben verificar las condiciones de seguridad de los líderes en estas reuniones.

Se deben organizar conversatorios con los líderes indígenas y sus comunidades con el objetivo de crear medidas de protección en coordinación con la Guardia Indígena. Esto garantizaría una protección más efectiva y adaptada a las necesidades específicas de los pueblos indígenas.

Es fundamental crear condiciones que garanticen la participación efectiva de los líderes y defensores de derechos humanos en todos los escenarios donde se tomen decisiones sobre su protección, especialmente en la formulación de políticas públicas.

Se anima a continuar con el estudio sobre el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, ya que esto puede contribuir a la resolución de esta problemática que afecta profundamente a todas las regiones y requiere una atención especial y urgente.

Finalmente, para proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, el Estado debe abordar la problemática social causada por sus asesinatos y adoptar una postura proteccionista. Es crucial que el Estado cumpla con las obligaciones establecidas en el Acuerdo final entre el Estado de Colombia y las FARC–EP, especialmente en lo relacionado con el punto 2. Además, es necesario que el Estado aplique y cumpla con los instrumentos nacionales e internacionales firmados y ratificados por Colombia para proteger a los defensores de derechos humanos, ya que su inaplicación los convierte en meras palabras sin acción.

Notas

^* Artículo derivado de la investigación Mecanismos de protección a líderes de Derechos Humanos en el Municipio de Quibdó en el marco del Acuerdo de Paz, Escuela Superior de Administración Pública, 2022.

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