ISSN (impreso) 0121–5167 / ISSN (en línea) 2462–8433

SECCIÓN GENERAL

La frontera entre Panamá y Colombia. La (in)movilidad humana como gestión necropolítica en el tapón del Darién^*

The Border between Panama and Colombia. Human (In)mobility as Necropolitical Management in the Darien Gap

Alejandra León Rojas¹ (Colombia)

¹ Filósofa. Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Doctora en Filosofía. Grupo de Investigación de Filosofía Política, Instituto de Filosofía, Universidad de Antioquia UdeA. Calle 70 No. 52–21, Medellín, Colombia. Correo electrónico: alejandra.leonr@udea.edu.co – Orcid 0000–0003–2016–6529 – Google Scholar https://scholar.google.es/citations?user=76loV7gAAAAJ&hl=es

Fecha de recepción: febrero de 2024

Fecha de aprobación: marzo de 2025

Cómo citar este artículo: León Rojas, Alejandra. (2025). La frontera entre Panamá y Colombia. La (in)movilidad humana como gestión necropolítica en el tapón del Darién. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 72, pp. 109–131. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n72a05

Resumen

El artículo se centra en la (in)movilidad humana en el corredor migratorio del tapón del Darién como respuesta bilateral entre Panamá y Colombia para enfrentar la crisis migratoria en la frontera que comparten ambos países durante 2021 y 2022. El objetivo es evidenciar de qué manera esta respuesta sobre la (in)movilidad de personas puede considerarse una manifestación más de la gestión necropolítica que, junto a la ausente respuesta y cooperación entre autoridades estatales y la invisibilización del fenómeno en la región, se asocia al tratamiento de la migración forzada. La metodología empleada es deductiva y exegética, y contó con la revisión de bibliografía relacionada con las categorías de biopolítica y necropolítica, en articulación con fuentes secundarias como informes de organizaciones no gubernamentales y de organismos internacionales, reportajes de presa, así como datos oficiales. A partir de esto, se sostiene que los acuerdos por una movilidad reducida entre Panamá y Colombia remiten a los migrantes a sufrir diversas formas de violencia, representadas en espacios de vulnerabilidad, precariedad, inseguridad y muerte.

Palabras clave: Migraciones; Necropolítica; Movilidad; Frontera; Panamá; Colombia.

Abstract

The article focuses on human (in)mobility in the Darién Gap migratory corridor as a bilateral response between Panama and Colombia to address the migration crisis at the border shared by both countries during 2021 and 2022. The objective is to demonstrate how this response to the (in)mobility of people can be considered another manifestation of necropolitical governance, which, together with the lack of response and cooperation among state authorities and the invisibilization of the phenomenon in the region, is associated with the treatment of forced migration. The methodology employed is deductive and exegetical, involving a review of literature related to the categories of biopolitics and necropolitics, along with secondary sources such as reports by non–governmental and international organizations, press coverage, and official data. Based on this, the article argues that the agreements for reduced mobility between Panama and Colombia lead migrants to suffer various forms of violence, represented in spaces of vulnerability, precariousness, insecurity, and death.

Keywords: Migrations; Necropolitics; Mobility; Border; Panama; Colombia.

Introducción

El año 2021 fue contundente al develar, por cuenta de los estrictos confinamientos impuestos en el mundo para contener el potencial riesgo sanitario de COVID–19, la precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes en los países de tránsito y acogida temporal. Las restricciones a la movilidad internacional que debieron ser acatadas se caracterizaron no sólo por los cambios sustanciales en los sistemas migratorios de muchos Estados —cierre parcial o total de fronteras terrestres, aéreas y marítimas, así como la suspensión de solicitudes de asilo y refugio—, sino también por el creciente número de personas atrapadas en lugares fronterizos, confinadas, sin empleo, sin casa y sin protección social (Osorio y Phélan, 2020; Ramírez y Lozano, 2021). En el caso de América Latina, el colapso de las economías informales y, consecuentemente, las pérdidas de trabajo durante los confinamientos condujeron a que, en la primera oportunidad, los migrantes se vieran obligados a regresar—principalmente, por vía terrestre— a sus países de origen o a retomar de manera irregular su intención de llegar a países del norte del continente (Osorio y Phélan, 2020).

En este punto, una de las rutas escogidas por los migrantes que se dirigen a Norteamérica es el tapón del Darién. Hasta hace unas décadas, era un corredor migratorio de selva espesa, sumido en la marginalidad, el abandono y el peligro que representa el tránsito de migrantes desde el sur del continente. En este trayecto, los migrantes deben soportar, además de las complicadas condiciones de la selva y el desamparo estatal en las fronteras, la presencia de distintas organizaciones criminales que se disputan tanto el control de las rutas y operaciones del narcotráfico como el creciente negocio de tráfico de personas.

Para 2015, la reactivación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, luego de años de congelamiento, generó temores entre la comunidad cubana al verse cuestionado el tratamiento preferencial que reciben como parte de la política migratoria estadounidense, lo que los impulsó a emprender un proceso de tránsito irregular para acogerse al beneficio (León y Contreras, 2020). Se estima que en 2016 se estableció una cifra récord de 27 000 migrantes, la mayoría cubanos, impulsados, en su momento, por las ventajas de la política «Pies secos, pies mojados», la cual los amparaba de la deportación al arribar a playas, costas o cayos de Estados Unidos (Anguiano y Machado, 2015).

Asimismo, en 2019, al menos 24 000 migrantes de 50 nacionalidades —entre las que se incluyen Haití, Venezuela, India, Camerún, Somalia, Congo y Bangladesh— cruzaron este corredor (Muñoz, 2020, marzo 9). Cabe señalar que este corredor migratorio no es de uso exclusivo para latinoamericanos, pues también lo transitan asiáticos y africanos que descubrieron esta última vía para llegar a Estados Unidos.

Pese a las cifras, este fenómeno de larga data ha ganado algo de visibilidad debido a la pandemia del COVID–19, donde el cierre generalizado de fronteras, especialmente entre Panamá y Colombia, ha generado represamientos prolongados de personas (Moreno, 2021, octubre 28); en la mayoría de los casos, haitianos y venezolanos que vieron sofocadas las economías informales en las que se encontraban insertos a través de trabajos precarios en Brasil, Chile, Ecuador y Colombia, países que en su momento les dieron entrada gracias a sus disposiciones laxas en cuanto a visas (León y Luque, 2022).¹ Para 2021, 133 000 personas cruzaron por el tapón del Darién, mientras que para 2022 lo hicieron 248 000 (Médicos sin Fronteras, 2022, diciembre 16). Un asunto relevante cuando del lado de Colombia esta migración ha pasado casi inadvertida por la gestión diametralmente opuesta que el país le ha dado a las manifestaciones del fenómeno migratorio en su territorio: la migración transnacional enmarcada en el éxodo venezolano y la migración transcontinental, caracterizada por el flujo poblacional Sur–Norte que pasa por el tapón del Darién (León y Antolínez, 2021). Por su carácter transitorio, esta última migración ha carecido de acciones para su atención a mediano y largo plazo, como ha sucedido con la migración venezolana; en su lugar, prevalecen medidas coyunturales y acciones mínimas que aseguren que los migrantes puedan continuar su tránsito hacia Panamá (Moreno, 2021, octubre 28).

Mientras tanto, del lado de Panamá, lo que puede considerarse la gestión migratoria de estos flujos ha estado mediado por el Servicio Nacional de Frontera (Senafront). Este cuerpo fronterizo orienta a los migrantes para cruzar por una serie de campamentos vigilados y operados en la selva que denominan estaciones de auxilio humanitario —en total, tres que funcionan en la provincia panameña del Darién (Bajo Chiquitos, Lajas Blancas y la Peñita)—, los cuales realmente funcionan como centros de detención migratoria donde, además de recibir asistencia humanitaria —en estos lugares están presentes la Cruz Roja, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y Médicos sin Frontera—, se les entregan fichas para que salgan por turnos hacia Costa Rica, con un límite de cien personas al día de lunes a viernes, esto, como parte del acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y Panamá (Miranda y Silva, 2022).

En este artículo se sostiene que el tapón del Darién, al mismo tiempo que representa una geografía de muerte debido a las complicadas condiciones y situaciones que deben soportar los migrantes durante su recorrido —además de los peligros de la impenetrable selva, robos, violaciones y asesinatos—, también constituye una manifestación necropolítica dentro de la gestión que Panamá y Colombia han acordado para la movilidad de personas en este corredor migratorio que las condena a permanecer varadas en la precariedad, aglomeradas a pesar del riesgo sanitario y controladas como mercancías, a la espera de ser explotadas por grupos que controlan la zona.

Este análisis se basa en una metodología deductiva y exegética que parte de la teoría de la necropolítica, especialmente, en su interpretación de Achille Mbembe, para aplicarla al contexto de la migración en el tapón del Darién. A través de esta metodología se realiza una lectura crítica basada en los datos proporcionados por fuentes secundarias que incluyen informes de organizaciones no gubernamentales y de organismos internacionales como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), así como reportajes de prensa y datos oficiales, con el fin de comprender las dinámicas de control y disciplinamiento que caracterizan la migración forzada en esta región.

Se propone una lectura a partir de un enfoque que, si bien alude a una forma de teorización del contexto africano, tanto colonial como poscolonial, se presenta como una herramienta para comprender los procesos sociales contemporáneos, especialmente aquellos vinculados a la producción y administración de la migración forzada internacional. A pesar de las limitaciones inherentes a la metodología adoptada y las dificultades asociadas a la realización de estudios en campo debido a los riesgos del contexto, el artículo es innovador porque evidencia, en articulación con fuentes secundarias y la categoría de necropolítica, cómo se manifiestan los diferentes dispositivos de disciplinamiento y control sobre la vida y muerte de los migrantes que cruzan por el tapón del Darién.

1. Marco teórico: la incorporación de la necropolítica a los estudios sobre migración

La biopolítica y la necropolítica son categorías analíticas constitutivas que permiten identificar las modalidades instrumentales y las formas de institucionalización que adquiere el poder en las sociedades contemporáneas (Estévez, 2018a). El primer concepto, catalogado como uno de los ejes dominantes de la filosofía política, lo desarrolla Michel Foucault, no exactamente como una teoría general del poder, sino como una filosofía analítica del poder que intenta establecer cómo funciona y cómo somete a los sujetos (Castro, 2008; Estévez, 2018a). Para el filósofo, la biopolítica es el producto de «la transformación de la política», en la medida en que «el poder empieza a tejerse alrededor de la vida biológica de los seres humanos» (Fajardo, 2019, p. 202). En otras palabras, la vida deja su lugar privilegiado como parte de la naturaleza humana para convertirse en un campo de intervención política (Rodríguez, 2017).

Para explicar este desplazamiento hacia la gestión y el poder sobre la vida, Foucault identifica tres tipos de poder que emergen en contextos históricos específicos y que, lejos de reemplazarse entre sí, se superponen: el poder soberano —la ley—, el poder disciplinario —los saberes y las instituciones— y el biopoder —la disciplina del cuerpo y las políticas de regulación sobre la población— (Estévez, 2018b; Ortega, 2021). Respecto a este último, el filósofo francés desarrolla lo que denomina «la tecnología política de la vida» que define, por un lado, una disciplina que se ejerce sobre el cuerpo del individuo y, por el otro, la regularización de las poblaciones (Lemke, 2017). La primera, que surge en el siglo XVII, apunta al cuerpo humano y a la optimización de su utilidad e integración en términos económicos. Foucault hace referencia a los «métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y le imponen una relación de docilidad–utilidad» (Foucault, 2003, p. 141). Así, los individuos son tratados como empresas que deben ser administradas para que sean útiles y competitivas y, en este sentido, logren insertarse o no en una sociedad liberal (Rodríguez, 2017).

La segunda, que hace su aparición a mediados del siglo XVIII, ya no se centra en el cuerpo individual, sino en el colectivo. En esta, la vida genera otras posibilidades de poder y da lugar a otras condiciones de gobernabilidad que atraviesan a todo el cuerpo social por medio de instituciones —hospitales, escuelas, manicomios y cárceles— como por prácticas, leyes y políticas públicas que regulan conductas ya sea induciéndolas, facilitándolas, limitándolas o impidiéndolas a una población concebida como cuerpo político (Estévez, 2018b; Fair, 2010; Ortega, 2021). De este modo, se ejecutan estrategias para intervenir sobre la existencia colectiva en el nombre de la vida, las cuales incluyen la sexualidad, la familia, las relaciones sociales, la natalidad, la mortalidad, la higiene pública y la capacidad de trabajo (Chavel, 2015; Rodríguez, 2017).

En el caso de la migración, Solange Chavel (2015) sostiene que, aunque se encuentra de paso mencionada como uno de los puntos de atención de la biopolítica, no es objeto de una exploración detallada por parte del filósofo francés; sin embargo, esto no ha impedido que se haya convertido en una lente a través de la cual aproximarse al fenómeno, reconociendo en este una modalidad del biopoder en el mundo contemporáneo. La autora argumenta que, para determinar si las migraciones constituyen o no un espacio del biopoder, es necesario analizar las prácticas efectivas del poder en contextos específicos, es decir, cómo operan y cuáles son los discursos que sustentan la existencia de dispositivos disciplinarios —controles fronterizos (vallas, controles policiales y policías) y tecnologías de regulación de tipo tecnócrata como normas y políticas públicas— sobre los cuales los Estados «administran y controlan la vida de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo de manera que sea funcional al capitalismo global» (Ortega, 2021, p.15).

El segundo concepto es desarrollado por el filósofo camerunés Achille Mbembe, que parte y se distancia de las teorizaciones foucaultianas. Para Mbembe (2011), la formulación foucaultiana de biopolítica resulta insuficiente para entender lo que ocurre en el mundo contemporáneo, donde la muerte está estrechamente vinculada con la política. Tania Rodríguez (2017) explica que la concepción de poder basada en la muerte que propone Mbembe es una parte innegable de la concepción moderna del poder y cobra importancia en tres sentidos: i) en la decisión sobre quién debe vivir y quién debe morir; ii) en que esta decisión de exclusión–inclusión recae en el soberano; iii) y en que, independientemente de que el objetivo sea la vida o la muerte de los sujetos, esta debe ser vista en términos de utilidad económica. En la necropolítica ya no es la vida sino la muerte la que se relaciona con la política y los dispositivos, las técnicas, las prácticas y las estrategias en las relaciones de dominación, las cuales tienes efectos muy radicales en contextos propios del tercer mundo, en los cuales prevalece tanto la violencia criminal como la violencia del Estado gubernamentalizado (Estévez, 2018a).

Mbembe (2011) argumenta que el tercer mundo reproduce escenarios propios de la necropolítica, caracterizados por su cercanía con el neoliberalismo —y no con el liberalismo económico mencionado por Foucault—, la destrucción máxima de personas y el sometimiento de numerosas poblaciones a condiciones de existencia que les confieren el «estatus de muertos–vivientes». A pesar de que el filósofo camerunés hace referencia al contexto africano, para Marina Gržinić (2010) se trata de una transformación del espacio social aplicable al tercer mundo —Asia, África y América Latina—, aunque no exclusivamente, en el que surgen nuevos modos de gubernamentalidad mediada por las condiciones extremas producidas por el capital —desregulación y privatización—² y por el manejo de la violencia, los conflictos y el miedo, lo que conlleva a la «muerte real por empobrecimiento masivo, y a la muerte simbólica por la intervención del capitalismo en lo social» (Estévez, 2018a, p. 20).

La lectura decolonial que realiza Mbembe del biopoder no sólo evidencia un desplazamiento del control de la vida, sino también su abandono (Estévez, 2018a). Desde esta perspectiva, las poblaciones son vistas como una gran masa de población superflua, es decir, grupos humanos a los que «el capitalismo gestiona como excedentes, por dos vías: la aniquilación por goteo, exponiéndoles a todo tipo de peligros y riesgos, o la puesta en práctica del recurso de “zonificación”, aislándolos y encerrándolos en zonas de control» (Girardi, 2019, p.4). De este modo, la vida humana es desacralizada y las personas son concebidas como productos provisionales, precarios y reemplazables (Girardi, 2019).

En el caso del fenómeno migratorio, la necropolítica ha emergido como un enfoque clave para evidenciar que, si bien el interés por la vida de los migrantes es un tema de gran relevancia en la actualidad, en realidad se trata de un tema instrumentalizado (Gržinić, 2010). El drama humanitario que enfrentan miles de seres humanos que migran forzadamente a través de las fronteras de los Estados más prósperos contrasta con el ascenso de declaraciones políticas xenófobas y aporófobas que intensifican mecanismos que reproducen masivamente la vulnerabilidad, la precariedad, el abandono y la inseguridad en torno a la movilidad de estas poblaciones (García, 2020).

En este punto, es común que, al recurrir a la necropolítica para analizar el fenómeno migratorio, esta se vincule más a las fuerzas de expulsión y muerte detrás de los desplazamientos de poblaciones marginadas que a los dispositivos de administración con los que los Estados gestionan las migraciones que arriban a sus fronteras (León y Antolínez, 2021).

En ambos casos, se alude a las dos facetas del necropoder que operan en la migración forzada: la producción y la administración. Para Ariadna Estévez (2018b), ambas facetas están relacionadas con tres necropolíticas interrelacionadas: a) el despoblamiento forzado, que produce solicitantes de asilo, refugiados y los denominados migrantes indocumentados; b) el asilo como administración del sufrimiento, que recurre a la legislación y a las instituciones de asilo para controlar el tiempo y el espacio de los solicitantes, refugiados y migrantes, en lugar de ofrecerles protección legal frente a la persecución; y c) los bolsones de desechabilidad, entendidos como sitios de muerte especialmente definidos, donde estas poblaciones son confinadas cuando el asilo, como aparato de administración del sufrimiento, falla en su contra (pp. 6–7).

En el caso de las fuerzas de expulsión y muerte, la atención se dirige hacia los migrantes como resultado residual de estrategias de producción capitalista —legales e ilegales— que operan en sus lugares de origen. En el caso de los dispositivos de administración, una vez instauradas las condiciones que generan migración forzada, los migrantes se enfrentan a los necropoderes que subyacen al imperio de la ley: normativas restrictivas y racializadas sobre extranjería y asilo, procesos de securitización fronteriza, centros de detención y nudos burocráticos diseñados para desincentivar las solicitudes de protección. A través de estos mecanismos se trazan verdaderas geografías de muerte, instrumentalizadas también por redes criminales que extorsionan, abusan y asesinan a quienes transitan por estas (Estévez, 2018b).

Adicionalmente, Osmar Villalobos y Rubén Ramírez (2019) desarrollan lo que denominan regímenes fronterizos, que consisten en «acuerdos bilaterales o multilaterales sobre las fronteras, las prácticas en torno a ellas, la administración y la gestión de los controles, los sistemas de policía y los acuerdos e instituciones para la cooperación transfronteriza» (p. 19). Estos autores sostienen que tales regímenes complementan la administración de la migración forzada y transforman las fronteras en potentes dispositivos de control desterritorializado «que terminan por convertirse en redes de frontera interiores y móviles que gestionan el movimiento de recursos, mercancías y personas estableciendo derechos y movilidades diferenciales a partir de clasificaciones tipificadas racialmente» (p. 20). De este modo, las estrategias de los Estados se complementan con el objetivo de mantener su derecho soberano a decidir quiénes pueden cruzar sus territorios, mientras posibilitan la muerte social de los migrantes, quienes se convierten en el «blanco de formas de gobierno que consideran que existen grupos, individuos y espacios que están inexorablemente fuera de cualquier civilidad y a los que solo resta administrar, excluir o remover espacialmente» (p. 31).

2. Marco metodológico

El artículo adopta una metodología deductiva y exegética, centrada en el análisis teórico–crítico de las dinámicas migratorias en la región del tapón del Darién, a partir de la perspectiva de la necropolítica. El objetivo es comprender cómo las estructuras de poder operan en este contexto. La metodología deductiva parte de teorías —como la de Achille Mbembe— para aplicar y analizar las dinámicas migratorias en la frontera colombo–panameña. Por su parte, la estrategia exegética facilita una lectura crítica de los textos y documentos que registran y documentan el fenómeno.

A diferencia de las investigaciones empíricas tradicionales, este estudio se basa en un enfoque analítico que integra fuentes secundarias. Se incluyen informes de organizaciones no gubernamentales y de organismos internacionales como Acnur y OIM, así como reportajes de prensa y datos oficiales que documentan la situación en la región. Estas fuentes se contrastan para comprender las dinámicas sociales, políticas y económicas que estructuran la migración forzada en el tapón del Darién.

Este artículo no se enfoca en la recolección de datos empíricos directos, sino en una interpretación crítica de las políticas migratorias y las manifestaciones de la necropolítica en este contexto específico. Se presta especial atención a los dispositivos de poder en la frontera entre Colombia y Panamá, analizando las interacciones entre actores estatales, criminales y locales, y cómo estos afectan a los migrantes en tránsito.

La elección de esta metodología responde a las limitaciones logísticas y los riesgos asociados con el trabajo de campo en una zona caracterizada por violencia estructural, control fronterizo de múltiples actores y restricciones sanitarias durante la pandemia del COVID–19 que dificultaron el acceso al territorio.

De este modo, el análisis se articula en dos secciones: en la primera se realiza una revisión crítica a los flujos migratorios y las políticas de los Estados involucrados, identificando las manifestaciones necropolíticas presentes en su gestión del tránsito de personas por el tapón del Darién; y en la segunda se examina cómo la respuesta a la movilidad reducida, como medida bilateral entre panamá y Colombia, se configura como una estrategia adicional del necropoder en la administración de la migración en este corredor.

3. Manifestaciones necropolíticas en la gestión fronteriza de los Estados involucrados

El tapón del Darién no sólo es la ruta natural que conecta a Panamá con Colombia, y a Centroamérica con Suramérica, sino que también se ha convertido en la única vía que tienen los migrantes para dirigirse hacia Estados Unidos y Canadá. Este bloque selvático de 575 000 hectáreas que interrumpe la carretera Panamericana está compuesto por barreras naturales conformadas por ríos caudalosos, vegetación espesa y un ecosistema que reúne, además de animales e insectos peligrosos, grupos criminales dedicados al narcotráfico y a la trata de personas que convierten este trayecto en una experiencia traumática para quienes intentan cruzarlo. Pese a esto, el tapón del Darién sigue siendo un paso más en la extensa y peligrosa ruta que emprenden los migrantes hacia Norteamérica.

Los registros del Servicio Nacional de Frontera de Panamá documentan que entre 2016 y 2021 por este corredor migratorio transitaron personas de al menos 102 nacionalidades, principalmente de las Américas, África y Asia. Hasta 2021, los migrantes de origen haitiano y cubano, así como los hijos de ciudadanos haitianos provenientes de Chile y Brasil, fueron los más representados en los registros migratorios (Miranda y Silva, 2022).³ Como se muestra en la tabla 1, en 2022 el perfil migratorio experimentó un cambio significativo. Se registró un aumento considerable en el número de migrantes venezolanos (150 357), seguidos por ecuatorianos (29 356), haitianos (22 435), cubanos (5961) y colombianos (5064).

Tabla 1. Perfil migratorio en el tapón del Darién (2021–2022).

*Hijos de ciudadanos haitianos cuyos registros de nacimiento corresponden a estos países.

Fuente: elaboración propia a partir de Servicio Nacional de Migración de Panamá (2021; 2022).

Las condiciones geográficas y la situación de orden público que caracterizan esta zona fronteriza exponen a los migrantes a mayores riesgos, en comparación con otros corredores migratorios en Centroamérica. Este, precisamente, es el primero de cuatro espacios de tránsito entre Suramérica y México —uno en la frontera Costa Rica–Nicaragua y dos más en territorio mexicano— en el camino hacia Estados Unidos (Miranda y Silva, 2022). La ruta se encuentra sumida en el abandono y la invisibilidad, lo que se evidencia en la precaria respuesta institucional de los Gobiernos regionales, lo cual ha servido para agravar la condición de vulnerabilidad de las personas en movilidad que la transitan. Estas personas son sometidas a todo tipo de violencia, incluyendo abuso sexual, trata de personas y extorsión. Gema Cortés (2023) señala, por ejemplo, que la violencia sexual en contra de las mujeres y menores se ha convertido en un instrumento de amedrentamiento y ha ido en aumento en esta zona. «Entre abril de 2021 y marzo de 2022 se registraron 396 casos de abuso sexual en la selva del Darién; 58 de los casos involucraron a niñas entre 9 y 17 años, quienes fueron violadas, incluso con las mismas armas de fuego» (Marcano, 2022, abril 15). Cabe resaltar que, en estos espacios, los migrantes deben sortear, además de los impedimentos interpuestos por agentes migratorios, policías y soldados, la mediación de organizaciones criminales asociadas a la migración que han convertido al tráfico ilegal de personas en una actividad lucrativa (Angulo et al., 2019).

En este contexto de alta vulnerabilidad, la OIM (2021) menciona que Migración Colombia ha detectado a migrantes traficados por redes, en su mayoría de nacionalidad haitiana (60%), seguidos por cubanos (175); además, se identificaron personas provenientes de diversas regiones, incluyendo Sudamérica, África y Asia. Para 2021, el informe señala que 98% de estos migrantes ingresaron por las fronteras terrestres, mientras que 2% lo hizo por medios marítimos y fluviales.

Es importante señalar que el proceso necropolítico de la migración forzada se caracteriza por la progresiva desprotección legal y física de los migrantes, quienes son conducidos a través de geografías que propician su aniquilación o la «miserabilización de la vida de quienes son “desechables” o “hiperexplotables” hasta la muerte» (Varela, 2020, p. 1). En este contexto, los migrantes se perciben como mercancías —además de desechables— producidas, comercializadas y eliminadas a través de políticas de muerte que sostienen toda una cadena de explotación en la que participan tanto agentes estatales como no estatales, motivados por dinero o cierta sensación de poder (Treviño, 2020). La ausencia de acciones contundentes, particularmente por parte de los Gobiernos de Panamá y Colombia, ha dado lugar a la aparición de formas de gestión ilegal y paralegal de la movilidad humana (Garcés, 2022, octubre 23). Un claro ejemplo de esto son las bandas criminales que, mientras controlan las rutas del narcotráfico —como el Clan del Golfo, que opera en la zona con financiamiento de cárteles mexicanos—, habilitan a los coyotes para guiar a los migrantes a través de la selva.

Lo anterior no debe entenderse como un asunto humanitario, sino como parte de una estrategia de instrumentalización de las redes de tráfico de personas, en la que las organizaciones criminales en el Darién obligan a los migrantes a transportar droga y dinero desde Colombia hacia Panamá. Este fenómeno se ha documentado en informes técnicos que señalan que los grupos criminales controlan las rutas migratorias y someten a los migrantes a actividades ilícitas a cambio de permitirles continuar su recorrido sin violencia (Cajiao, Tobo y Botero, 2022). En paralelo, algunos reportes de prensa también documentan cómo las redes de tráfico utilizan violencia directa, obligándolos a realizar estos traslados bajo amenazas (Semana, 2022, octubre 7): «Desde Colombia se han conocido denuncias de que el Clan del Golfo usa a los migrantes o a los miembros de las comunidades indígenas locales para trasegar cocaína por el Darién. Entre 2018 y 2022, se han decomisado más de 13 toneladas de cocaína» (Lizcano y Ballestín, 2022, noviembre 24).

A esto se suma que la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral —incluida la mano de obra infantil, la mendicidad y el trabajo doméstico— se constituye como una forma de pago impuesta por las estructuras de tráfico a los migrantes para que puedan pasar por diferentes puntos controlados o para que obtengan los recursos necesarios para continuar su tránsito hacia Panamá (Lizcano y Ballestín, 2022, noviembre 24; Acnur, 2022).

Por su parte, la gestión gubernamental, como faceta necropolítica, también se manifiesta a través de la toma de decisiones, en las cuales las burocracias se proyectan en diferentes tipos de aparatos que manejan la vida de los migrantes (Estévez, 2018b). En este contexto, la unilateralidad y la flexibilización en ciertos trámites y requisitos han agudizado la vulnerabilidad de los migrantes en esta ruta. Se destaca la laxitud en cuanto a visas y los cambios implementados en el ingreso a países como Ecuador y Brasil que han motivado desplazamientos trasatlánticos provenientes de países tan lejanos como Pakistán, China, Bangladesh, Nepal, Eritrea e India. En el caso particular de Ecuador, este se convirtió en un país clave para la región al marcar la pauta con su perspectiva sobre la migración —a partir de 2008 con Rafael Correa al mando—, al priorizar la movilidad humana y la «ciudadanía universal» mediante políticas de puertas abiertas que eliminaron la exigencia de visados para cualquier extranjero que deseara ingresar al territorio ecuatoriano (Monroy, 2021, marzo 27).⁴ Por su parte, en Brasil «la existencia de acuerdos comerciales y administrativos con varias naciones de África, que contemplan beneficios migratorios, ha facilitado la llegada de estos migrantes al continente» (Obando y Espinosa, 2019, marzo 4).⁵

Al respecto, la UNODC (2013) destaca algo paradójico: «no solo las restricciones migratorias se constituyen en la principal causa del tráfico o la migración irregular, sino también la flexibilización en términos de visado» (p. 22). De hecho, algunas disposiciones que transforman las leyes y las prácticas migratorias propician, al mismo tiempo que incentivan, el negocio de la migración y lo que conlleva: tortura y muerte a una escala gigantesca (Treviño, 2020). Como sostiene Estévez (2018b), el único propósito de muchos de los cambios en la gobernanza de la migración forzada es «administrar y regular la muerte más allá de la vida para asegurar la reproducción del capital criminal y legal» (p. 6). Así, no resulta descabellado que las distintas rutas migratorias desde Suramérica establecidas por los traficantes de migrantes hayan considerado a aquellos Estados con exenciones de visado o facilidades migratorias. Esto se evidencia en el incremento significativo de flujos provenientes de África y Asia hacia Latinoamérica con registro de ingresos en Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, países donde no se exige visa a los nacionales de estos continentes y donde se facilita el ingreso hacia Colombia.

No cabe duda de que tanto Colombia como Panamá se han posicionado como países estratégicos debido a su ubicación geográfica al gestionar los desplazamientos por el tapón del Darién, desempeñando al mismo tiempo un papel clave en el marco de la externalización y militarización de las fronteras de Estados Unidos. En el caso colombiano, la escasa visibilidad de esta ruta migratoria, la porosidad de sus fronteras y el hecho de que el ingreso de manera irregular al país no se considere un delito han alimentado la industria de tráfico de personas. De manera similar, los subregistros y la falta de infraestructura para ofrecer servicios básicos en la frontera con Panamá contrastan con los esfuerzos del país para atender la migración proveniente de Venezuela. El ánimo de permanencia de la migración venezolana ha dado lugar al desarrollo de acciones y estrategias orientadas a satisfacer las necesidades de esta población, particularmente, en cuanto al acceso a los derechos reconocidos a los extranjeros conforme a su propósito de residencia en el territorio nacional.

En este punto, se destaca el liderazgo de Colombia en la gestión de la migración proveniente de Venezuela, para la cual se crearon, en su momento, varios espacios de diálogo, articulación y gestión regional orientados a su atención. En contraste, los flujos migratorios que transitan por el corredor del tapón del Darién han sido gestionados de manera diametralmente distinta. Héctor Angulo et al. (2019) señalan que, a pesar de que la migración en tránsito aumenta la vulnerabilidad de los migrantes dentro del territorio nacional, «las propuestas de políticas públicas y de leyes, han estado enfocadas a la migración con vocación de arraigo, debido a la falta de instrumentos que determinen actores, riesgos y perfiles de vulnerabilidad frente al fenómeno» (p. 3). Este argumento se respalda en el hecho de que, al tratarse de migración en tránsito, la única responsabilidad tanto de Colombia como de Panamá ha consistido en acelerar el paso de migrantes, mientras siguen exponiendo sus vidas (Garcés, 2022, octubre 23). Un desbalance que, si bien puede explicarse por la magnitud y la novedad del fenómeno migratorio proveniente de Venezuela, pone de manifiesto la desarticulación no sólo de Colombia, sino de otros países igualmente comprometidos con la migración en tránsito por el Darién, cuyas medidas coyunturales asemejan una «papa caliente» de la cual nadie desea hacerse cargo.

Del lado panameño, el Senafront «aparece desde la fuerza y la seguridad que defiende del terrorismo global (a Estados Unidos) y cuida a quien lo necesita» (Peláez, 2022, marzo 30). Desde 2017 Estados Unidos ha reforzado las «áreas de cooperación» con Panamá con el objetivo de que este último desanime la llegada de migrantes a territorio norteamericano, a fin de descongestionar su frontera sur. Algunas medidas han incluido la imposición de visas, por ejemplo, a personas de nacionalidad venezolana, haitiana y cubana, así como los represamientos en las estaciones de auxilio humanitario. En estos centros, además de darles atención sanitaria y alimentación, se les toma los datos biométricos a los migrantes, los cuales son enviados al sistema de registro de la embajada de Estados Unidos en Ciudad de Panamá. «Sea por solicitud de asilo o por razones de seguridad, la embajada decide el proceso que seguirá cada persona o grupo, y algunos pueden llegar a esperar en los refugios fronterizos incluso meses» (Peláez, 2022, marzo 30).

4. Panamá y Colombia: la (in)movilidad como manifestación necropolítica

El represamiento o la (in)movilidad constituye otra estrategia necropolítica que se integra a la administración de la migración forzada. Si bien la (in)movilidad no es un recurso novedoso dentro de la gestión migratoria internacional,⁶ en el caso del Darién se convirtió en la única medida acordada entre Colombia y Panamá para hacer frente a la migración en tránsito por este corredor durante 2021 y 2022. Tras el levantamiento de las medidas de confinamiento, los Gobiernos de ambos países recibieron fuertes presiones, ya que su frontera se había transformado en un cuello de botella debido a la desbordada cantidad de personas agolpadas en los espacios de tránsito entre México y Estados Unidos.

Los acuerdos sobre la movilidad inicialmente establecidos entre Panamá y Costa Rica se extendieron a Colombia en un intento desesperado por recobrar el control durante la crisis migratoria en la frontera colombo–panameña. Así, se determinó que una cantidad limitada de migrantes (650) pudiera cruzar diariamente —de martes a sábado—, con el objetivo de reducir la presión en las estaciones de auxilio en el lado panameño. De este modo, el paso controlado de migrantes, de acuerdo con ambos países, serviría para evitar el acecho del crimen organizado en la inhóspita selva del Darién (France24, 2021, agosto 12). Sin embargo, la cantidad de personas habilitadas para cruzar era ínfima en comparación con los cientos que recurrían a esta ruta para llegar a Norteamérica, lo que resultó en efectos indeseados para los migrantes, tales como represamientos —a pesar de las alertas sanitarias que no fueron atendidas hasta el segundo semestre de 2021—, acceso deficiente a servicios básicos y una mayor predisposición a ser vulnerados por una amplia variedad de actores. De acuerdo con Mixed Migration Centre (2022, octubre 14), durante el 4 de julio y el 4 septiembre de 2022 los abusos fueron perpetrados principalmente por miembros de la comunidad local (54%), otros migrantes (20%) y traficantes (20%) en el tapón del Darién, basado en entrevista cara a cara con 219 migrantes.

Del lado de Colombia, los migrantes se vieron obligados a «reemprender, tramitar o reajustar sus (in)movilidades» (Miranda y Silva, 2022). Al carecer de protección estatal inmediata y adecuada, y debido a su precarizada condición socioeconómica, se vieron expuestos a diversas formas de violencia local. Estas violencias no solo provenían de actores armados ilegales, sino también de las propias comunidades —lancheros, hoteleros, maleteros y comerciantes que encontraron un negocio en el fenómeno migratorio—, así como de representantes de instituciones gubernamentales que, mucho antes de la pandemia, comenzaron a lucrarse tanto de la espera de los migrantes como del ofrecimiento de nuevas rutas. En 2022, por ejemplo, fue desmantelada una red criminal que «obteniendo documentos y permisos falsos, y con complicidad de funcionarios de Migración Colombia, enviaban irregularmente a migrantes desde la costa Atlántica colombiana hacia Estados Unidos, Europa y Países de Suramérica» (El Tiempo, 2022, octubre 5). En particular, Necoclí identificó en los represamientos la posibilidad de explotar su atractivo turístico y comercial, bajo la regulación de precios estipulada por el Clan del Golfo para albergues y demás necesidades de los migrantes en espera.

Del lado de Panamá, las presiones de Costa Rica y su imposición de reducir los cruces en la frontera resultaron en un aumento de población migrante represada en territorio panameño. Las estaciones de frontera desempeñaron un papel fundamental, tanto para retener a los migrantes como para recibir ayudas económicas destinadas a gestionar la crisis. Estados Unidos ha sido el principal contribuyente, destinando US$4 millones en 2021 y cerca de US$18 millones en 2022. Estos fondos han permitido la intervención de organismos internacionales —Acnur, Unicef, OIM y Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad)— para atender a las personas que atraviesan el corredor migratorio del Darién. Sin embargo, los cambios más notables se reflejaron en las poblaciones cercanas, como Bajo Chiquito, «que antes dependía de la pesca y la agricultura para sobrevivir y que encontró en cada migrante y su familia una oportunidad de negocio». A pesar de ser conscientes del drama y las paradojas que atraviesan los cientos de migrantes que arriban a su territorio, los habitantes de esta comunidad están mucho más enfocados en acaparar los recursos que estos traen consigo (Bethancourt, 2023, junio 1.°).

Para Wendy Vogt (2013), este tipo de contextos ejemplifican cómo la gestión de la migración forzada y la actuación de actores entre legales e ilegales «debe entenderse como intersecciones entre las economías locales y globales que se benefician de los derechos humanos de las personas en movilidad» (p. 764). En este sentido, los migrantes se convierten en tipos particulares de mercancía que pueden ganar y perder valor dependiendo de las condiciones locales, al mismo tiempo que representan oportunidades laborales y de aprovechamiento para quienes habitan e intervienen las fronteras. Tal como señala Javier Treviño (2021; 2020), las cuestiones de seguridad que envuelven la migración pasan a un segundo plano cuando de beneficiarios, colaboradores y perpetradores se trata. La movilidad de personas se ha transformado en una industria que genera abundantes ganancias y, en algunos casos, una sensación de poder. Lo particular del asunto es que, con la (in)movilidad, se hace aún más evidente este hecho al desplegarse toda la red de poderes, tanto legales como ilegales, que confluyen en los espacios de confinamiento, donde lo que menos importa es el bienestar de los migrantes, quienes están condenados a ser explotados hasta la muerte.

Conclusión

La lectura a partir de la necropolítica sobre la ruta del tapón del Darién revela cómo la gestión de la migración forzada por parte de Colombia y Panamá ha conducido a la deshumanización de la figura del migrante. Quienes se atreven a cruzar este corredor migratorio se convierten no sólo en el objeto de políticas orientadas a administrar, regular, controlar, inmovilizar e incluso invisibilizar su tránsito migratorio —como lo sugieren las dinámicas de la gobernanza global contemporánea—, sino que, a la par, se transforman en el blanco de diversos actores —tanto legales como ilegales, privados y públicos, estatales e individuales— que los instrumentalizan hasta convertirlos en mercancías desechables. Como consecuencia del mencionado hecho, poco o nada importa lo que estas poblaciones deben atravesar durante su tránsito, siempre que generen algún tipo de ganancia. Incluso, las medidas por una (in)movilidad entre 2021 y 2022 ejemplifican este proceso, ya que evidencian el despliegue de toda una red que se aprovecha tanto de la desesperación de los migrantes como de las necesidades derivadas de sus represamientos.

Notas

^* Este artículo de reflexión se deriva del proyecto de tesis Filosofía política y migración. Los debates contemporáneos sobre la gestión de la migración forzada internacional, para el Doctorado en Filosofía, Universidad de Antioquia, 2018–2023.

¹ Desde 2007 se han venido presentando cambios normativos para facilitar el arribo de extranjeros a países suramericanos. Para ese año, Colombia eximió de visados a ciudadanos de nacionalidad china y sudafricana, lo cual generó un incremento de migrantes provenientes de países del cuerno de África. Un año después, Ecuador implementó la política «puertas abiertas», la cual establecía que ningún extranjero requeriría visa para entrar y permanecer por un tiempo máximo de noventa días en su territorio. En el caso de Brasil, la existencia de acuerdos comerciales y administrativos con varias naciones africanas facilitaron la llegada de migrantes de estas latitudes al continente (Angulo et al., 2019).

² Gržinić (2010) describe ambos conceptos como fundamentales para comprender cómo funciona el neoliberalismo contemporáneo, ya que afectan todas las esferas de la sociedad, incluidas sus instituciones y prácticas sociales, políticas, económicas, culturales y artísticas. La privatización implica el retiro del Estado de estas esferas, dejándolas sumidas en la competencia por el capital privado y, al mismo tiempo, a merced de la instrumentalización privada de lo público. La desregulación, por su parte, hace referencia a la aparente retirada de los Estados en favor de grandes estructuras de capital concentrado y de intereses oligárquicos, lo que afecta no sólo sus políticas de (des)inversión, sino también sus historias, estrategias de intervención, ideologías, rituales y formas de organización.

³ En el caso de Chile, el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas, la creciente dificultad para acceder a mecanismos de regularización migratoria y servicios sociales, sumado al aumento de discursos xenófobos, fueron factores clave para los planes de emigración de la comunidad haitiana hacia finales de 2021, tras el término del año escolar, con un incremento particular de niños y niñas no acompañados entre los migrantes (OIM, 2021).

⁴ Una perspectiva que, aunque está contemplada en la ley migratoria y la Constitución ecuatoriana, sufrió un retroceso durante la presidencia de Lenín Moreno en 2017, debido al desplazamiento de venezolanos que se consolidó como un tema coyuntural en la región (Monroy, 2021, marzo 27).

⁵ También se destaca la exención del visado para los ciudadanos chinos en 2007 en Colombia. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2013), el aumento en las cifras de detección de víctimas del tráfico ilícito de migrantes en Colombia coincide con la exención de visado para los ciudadanos de la República Popular China, implementada a principios de ese año.

⁶ La contención se ha convertido en una pieza clave para suspender las garantías procesales y crear grandes zonas de no–derechos para los migrantes. A través de esta estrategia se busca generar las condiciones que imposibiliten que los migrantes accedan a sus derechos legales y obtengan la documentación necesaria para ingresar a los Estados receptores.

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