ISSN (impreso) 0121–5167 / ISSN (en línea) 2462–8433
SECCIÓN GENERAL
Blendi Kajsiu1 (Albania)
1 Politólogo y economista. Magíster en Estudios Internacionales de Paz. Magíster y doctor en Análisis de Ideología y Discurso. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia UdeA. Calle 70 No. 52–21, Medellín, Colombia. Correo electrónico: blendi.kajsiu@udea.edu.co – Orcid 0000–0002–6256–2995
Fecha de recepción: febrero de 2024
Fecha de aprobación: abril de 2025
Cómo citar este artículo: Kajsiu, Blendi. (2025). La corrupción como un concepto esencialmente ideológico. El caso del discurso anticorrupción en las campañas presidenciales de 2022 en Colombia y sus implicaciones en la lucha contra la corrupción. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 73. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n73a03
Resumen
Aunque existe una amplia literatura sobre el fenómeno de la corrupción muy pocos trabajos han analizado de manera sistémica su dimensión ideológica. A partir de un análisis conceptual de la corrupción que identifica su dimensión ideológica tanto en la academia como en los discursos políticos de la campaña presidencial de 2022 en Colombia, el propósito principal de este artículo es llenar este vacío. Su argumento central es que cualquier definición de la corrupción que va más allá de su sentido básico como degradación se construye sobre un ideal político, económico o social que refleja una ideología específica. Esto implica que una política anticorrupción eficaz debería ser transparente en sus supuestos y agenda ideológica. También debería reconocer que la corrupción, independientemente de su definición, es consecuencia de la degradación de un sistema político, social o económico. Por lo tanto, su reducción no se logra simplemente a través del activismo judicial, sino con reformas sistémicas que tienen como objetivo la construcción de un orden político, social y económico más justo, más eficaz y más legítimo.
Palabras clave: Sistema Político; Instituciones Políticas; Corrupción; Discurso Anticorrupción; Ideología; Colombia.
Abstract
Although there is an extensive literature on corruption there is little research on its ideological dimension. Based on a conceptual analysis of corruption that identifies its ideological dimension not only in academia but also in the political discourses of the main presidential candidates in the 2022 election in Colombia, the aim of this article is to fill this void. Its main argument is that corruption is an essentially ideological concept insofar as any definition of corruption that moves beyond its basic meaning as degradation builds upon a political, economic or social ideal that reflects a particular ideology. This means that an efficient anti–corruption strategy has to be transparent in its ideological agenda and suppositions. It should also recognize that corruption, regardless of its definition, is a consequence of the degradation of a political, social or economic order. Hence its reduction cannot be achieved simply through judicial activism but through systemic reforms that seek to build a more just, efficient and legitimate political order.
Keywords: Political System; Political Institutions; Corruption; Anti–Corruption Discourse; Ideology; Colombia.
Introducción: la ignorada dimensión ideológica de la corrupción
Existe una amplia literatura sobre la corrupción, tanto en la ciencia política como en los campos de la economía y antropología, que explora su naturaleza, causas y consecuencias. Los economistas han analizado los costos económicos de la corrupción (Mauro, 1995; Aidt, 2009) y también las instituciones y las condiciones que lo posibilitan (Acemoglu y Verdier 2000; Lambsdorff, 2007; Rose–Ackerman y Palifka, 2016; Thompson, 1995). Los politólogos, por otro lado, han analizado la dimensión política de la corrupción y sus efectos sobre la democracia y el orden político (Miller, 2010; Warren, 2004; 2006; Della Porta y Vannucci, 2007; Dobel, 1978; Huntington, 1968). Finalmente, los antropólogos han criticado las definiciones universales del concepto de la corrupción desarrolladas por los economistas y politólogos para enfatizar su particularidad social y cultural. De acuerdo con Akhil Gupta (1995), por ejemplo, los discursos de corrupción varían mucho de un país al otro, dado que el concepto es producto de «trayectorias históricas particulares y de las gramáticas específicas de la cultura pública» (p. 392).
Lo que brilla por su ausencia en el análisis del concepto de corrupción es su dimensión ideológica. No cabe duda que las dimensiones económicas, culturales e institucionales de la corrupción son muy importantes para entender mejor su naturaleza, sus causas y consecuencias. Es difícil, sin embargo, entender bien el concepto de la corrupción y la mejor manera de enfrentarlo si ignoramos su dimensión ideológica, pues el concepto de la corrupción y la lucha anticorrupción se utilizan a menudo para implementar un ideal político especifico (Kajsiu, 2015).
La multiplicidad de las definiciones de la corrupción no es solamente producto de los diversos contextos culturales, económicos, políticos o institucionales en los cuales surge dicho fenómeno, sino también de los diferentes lentes ideológicos a través de los cuales leemos el fenómeno de la corrupción. Es un concepto «arraigado en modos de pensar sobre la política —es decir, que exista alguna “condición naturalmente sana” (descrita de manera diferente por diferentes autores) de la cual un acto corrupto se desvía—» (Philp, 1997, p. 446. Traducción propia). En otras palabras, la definición de la corrupción forma parte de nuestra ideología política y no es algo que se puede juzgar independientemente de nuestro entendimiento de la política (Philp y Dávid–Barrett, 2015, p. 392). Por lo tanto, la ausencia de trabajos que exploren de manera sistémica la dimensión ideológica del concepto de la corrupción más allá de su uso ideológico —véase, por ejemplo, Blendi Kajsiu (2020)— constituye un vacío preocupante, especialmente en el campo de la ciencia política.
El propósito de este artículo es reducir este vacío identificando la dimensión ideológica del concepto de corrupción y sus implicaciones por la lucha anticorrupción. Su argumento principal es que el concepto de corrupción es esencialmente ideológico. La corrupción en sus diferentes definiciones marca la distancia entre un ideal político y su limitada realización en la práctica. Cualquier articulación de la corrupción implica la identificación de cierto ideal, un contraste entre este ideal y la realidad, y por lo tanto un camino para cambiar dicha realidad en armonía con el ideal expuesto. Aquí se encuentra la dimensión esencialmente ideológica del concepto de la corrupción que lo separa de varios otros conceptos políticos que, aunque se pueden utilizar de manera ideológica, no son esencialmente ideológicos; es decir, ningún otro concepto político se define como la distancia entre un estado ideal y su ausencia en la práctica.
La mayoría de estudios sobre la corrupción se enfocan principalmente en medir, reducir y eliminar los actos de corrupción, sin prestar mucha atención a la dimensión ideológica de sus definiciones. Por lo tanto, muchas políticas anticorrupción, en lugar de reducir fenómenos concretos como soborno, peculado o la captura del Estado, han servido principalmente para implementar y justificar ciertas agendas políticas como libres de corrupción. Cualquier programa anticorrupción que no reconoce los supuestos e implicaciones ideológicas de su articulación de corrupción está condenado a fracasar, en cuanto ignora o esconde los ideales políticos, económicos o sociales que intenta consolidar a través de la derrota de la corrupción. Es por esta razón que desenterrar la dimensión ideológica del concepto de corrupción nos ayuda no solamente en entender mejor este fenómeno, sino a construir programas anticorrupción que sean más transparentes y eficientes.
1. La especificidad de la corrupción: su dimensión ideológica
En su sentido más general, como degradación o degeneración, la corrupción marca la transición de un estado ideal a un estado problemático. La corrupción marca la destrucción de un estado ideal o sano, sea este físico, moral, social o político. El vocablo latino corruptio, de donde surge el concepto corrupción, refleja bien este hecho. En la raíz de este vocablo se encuentra el verbo latino rumpere que puede traducirse como «quebrar, partir, hacer pedazos, estallar» (Pardo, 2018, p. 91). Como muestra su origen etimológico, el concepto hace referencia a la destrucción de un estado sano que resulta en una situación problemática de degradación, depravación o degeneración, sea moral, política, administrativa, cultural o social. Es decir, el concepto de la corrupción, en su sentido general, no hace referencia a la presencia de un estado especifico per se, sino a la destrucción de un estado ideal o a la transición de un estado ideal a un estado problemático.
Aquí se encuentra la especificidad del concepto de corrupción comparado con otros conceptos políticos, como injusticia, pobreza, opresión, explotación o autoritarismo. Todos estos conceptos denotan un estado específico, incluso cuando esto implica la ausencia de un ideal concreto o de un estado deseado. El concepto de pobreza, por ejemplo, no denota solamente la ausencia de riqueza, sino un estado específico donde una persona tiene limitados recursos materiales, financieros o culturales a su disposición. De la misma manera, conceptos como autoritarismo u opresión no identifican solamente la ausencia de la democracia o la libertad, sino la presencia de un orden político donde las decisiones se toman por un grupo limitado de personas y donde los derechos de los ciudadanos son limitados, ignorados o violados.
La identificación de un estado especifico es aún más claro en conceptos «positivos» como justicia o democracia. Aunque existe un debate incesante sobre la definición y sentido de conceptos como democracia o justicia, ellos en sus diferentes definiciones hacen referencia directa a la presencia de algo y no a su ausencia. El concepto de justicia, por ejemplo, se puede definir con Jesús en términos de reciprocidad: «¡Haz a los otros lo que tu deseas que te hagan a ti!». Se puede definir en términos de proporcionalidad o meritocracia, en el sentido de que uno debería recibir lo que uno merece, proporcional a su aporte. Justicia se puede definir también, siguiendo a John Rawls (2019), en términos de imparcialidad y equidad o fairness. En todos estos casos el concepto «justicia» hace referencia directa a la presencia de algo específico, sea reciprocidad, proporcionalidad o imparcialidad, o una combinación de ellos.
La corrupción, por otro lado, en su sentido más general de degradación, no denota ninguna presencia sino una transición entre dos estados diferentes, la transición de un estado ideal, bueno o sano a un estado deteriorado, malo o insano. En este sentido general, el concepto de corrupción es bastante claro y ampliamente aceptado. Como señala Mark Philp (1997), es un concepto que «se fundamenta en la idea de que una cosa ha sido cambiada desde su condición naturalmente sana en algo insano, impuro, degradado, infectado, contaminado, adulterado, depravado, pervertido» (p. 445. Traducción propia).
Por lo tanto, la corrupción, en su sentido general, no marca la ausencia de un ideal específico, como es el caso de otros conceptos como injusticia, autoritarismo o pobreza, los cuales marcan la ausencia de la justicia, de la democracia o de la riqueza, respectivamente. La corrupción marca la ausencia de cualquier ideal político que define su contenido específico más allá de su sentido general de degradación. Es por esta razón que, a diferencia de otros conceptos políticos, es imposible encontrar un opuesto específico de la corrupción (véase cuadro 1).
Cuadro 1. Varios conceptos políticos y sus opuestos.
Concepto |
Opuesto |
Injusticia |
Justicia |
Intolerancia |
Tolerancia |
Autoritarismo–totalitarismo |
Democracia |
Exclusión |
Participación |
Monopolio |
Competencia |
Anarquía–desorden |
Orden–autoridad |
Desigualdad |
Igualdad |
Esclavitud |
Libertad |
Ilegitimidad |
Legitimidad |
Pobreza |
Riqueza |
División |
Unidad |
Dependencia |
Independencia |
Corrupción |
Regeneración / honestidad / virtud / moralidad / buen gobierno / transparencia / participación (inclusión) política / empoderamiento / separación público–privado / ausencia de soborno / justicia / justicia social |
Fuente: elaboración propia.
Como muestra el cuadro 1, en la mayoría de los conceptos políticos es relativamente fácil encontrar su opuesto. Este no es el caso con el concepto de corrupción. Estrictamente hablando, si el concepto de corrupción denota un proceso de degradación, su opuesto sería el concepto de regeneración. Sin embargo, este concepto escasamente se utiliza como el opuesto de la corrupción. Para muchos, el opuesto de la corrupción es el buen gobierno; para algunos, el opuesto de la corrupción es la transparencia y una clara la separación entre la esfera pública y privada; y para otros, la participación política y la democracia es el opuesto de un régimen corrupto.
La multiplicidad de los opuestos de la corrupción refleja la pluralidad de los ideales políticos que definen el significado especifico de la corrupción. Como explica Philp (1997) hay mucho debate sobre la definición de la corrupción porque «el concepto se fundamenta en maneras de pensar sobre la política —es decir, en que exista una “condición naturalmente sana” (descrita de manera diferente por diferentes autores) de la cual se desvían los actos corruptos—» (p. 446. Traducción propia). Esto implica que los debates sobre la definición de la corrupción son en realidad debates ideológicos sobre el ideal político en relación con el cual se debería definir la corrupción.
Si el ideal político que uno propone es justicia social, entonces la corrupción se define como su ausencia o como la presencia de injusticia social o de la desigualdad. Si el ideal político de uno, por otro lado, fuera una sociedad racialmente pura —como en el sur de Estados Unidos en el siglo XIX y en la Alemania nazi del siglo XX—, la corrupción marcaría el proceso de mestizaje que acaba con el ideal de la pureza racial. Es el ideal político que uno aboga lo que le da el contendido específico al concepto de corrupción. Aquí se encuentra su dimensión esencialmente ideológica, cualquiera definición de la corrupción conlleva, de manera implícita o explícita, un ideal político específico. Es imposible darle un contenido específico al concepto de la corrupción en general y de la corrupción política en particular en ausencia de una cosmovisión que estipula «la condición naturalmente sana» de la política, de la economía o de la sociedad.
Un ejemplo concreto sería suficiente para mostrar este punto: una de las definiciones más sofisticadas de la corrupción política desarrollada por Mark Warren (2004) sostiene que se trata de «una forma de exclusión dañina y engañosa de los que tienen derecho a ser incluidos en las decisiones y acciones colectivas. La corrupción implica un tipo específico de desapoderamiento injustificado» (p. 329. Traducción propia). La razón es porque en su esencia la democracia significa que «cada individuo potencialmente afectado por una decisión colectiva debería tener la oportunidad de afectar dicha decisión de manera proporcional a su interés en el resultado» (Warren, 2006, p. 804. Traducción propia). La corrupción representa, en consecuencia, una desviación de este ideal. Por lo tanto, la superación de la corrupción implicaría más participación en las decisiones políticas.
La exposición del concepto de corrupción por Warren (2006) contiene las tres dimensiones básicas de una ideología de Andrew Heywood (2012, p. 12): i) una explicación del orden vigente; ii) propone una visión de la buena sociedad; y iii) explica cómo el cambio político puede y debe ocurrir —cómo llegar de i) a ii). En el caso concreto, la definición de la corrupción 1) describe una situación concreta de exclusión engañosa como desviación de ii) una concepción ideal de la democracia como participación proporcional a la toma de decisión, desviación de este ideal, y iii) de manera implícita explica cómo se puede ir de i) a ii) abriendo el proceso de la toma de decisiones a la gente de manera proporcional con el grado de afectación que experimenten por dichas decisiones.
Esta dimensión ideológica del concepto de corrupción a menudo se esconde detrás de la definición dominante de la corrupción —tanto en el campo económico como jurídico— como «abuso del poder público por fines privados». A primera vista, la definición parece no–ideológica, objetiva y empírica, a pesar de la presencia del concepto «abuso», el cual es muy difícil de precisar. Sin embargo, esta definición refleja el ideal liberal que informa nuestra concepción moderna de la política basada en el individuo y una separación clara entre la esfera privada y la pública. Por esta razón, la corrupción se define como un acto individual que viola la separación entre la esfera pública y la privada, y no como un problema de degradación y deterioro de un régimen, de un sistema político o de una institución.
En la época medieval o premoderna «no existía la separación entre la esfera pública y privada» (Dodd, 2011, p. 720. Traducción propia). Por lo tanto, las categorías «de lo público y privado son integrales para la noción moderna de la corrupción» (Bratsis, 2003, p. 12. Traducción propia). Esto implica que la concepción moderna de la corrupción como abuso del poder público por intereses privados se construye sobre una concepción de la política «que toma por sentado la integridad de la división público–privado» (p. 17. Traducción propia). La definición, por lo tanto, aboga por un ideal político que asume que la clara división entre intereses públicos y privados es no solamente posible sino también deseable. En este sentido, a pesar de su aparente objetividad, esta definición de la corrupción es la expresión de un ideal político específico y también de la manera como este ideal se podría realizar, guardando y aclarando las fronteras entre lo público y lo privado.
Aquí es importante aclarar que el argumento de que la corrupción es un concepto esencialmente ideológico no quiere decir que los otros conceptos políticos no tienen una dimensión ideológica o que no se articulan ideológicamente. La dimensión ideológica, sin embargo, es más importante y esencial en el caso del concepto corrupción porque este, a diferencia de otros conceptos políticos, no se puede desligar de un juicio normativo sobre lo que constituye una condición política sana, deseada o ideal. Es decir, es imposible articular una definición clara de la corrupción que al mismo tiempo no proponga un ideal político, económico, administrativo, social o cultural.
Este no es el caso de otros conceptos políticos como la democracia, por ejemplo, el cual se puede definir de manera no–normativa o simplemente descriptiva como un «arreglo institucional para llegar a decisiones políticas donde los individuos adquieren el poder de decidir a través de una lucha competitiva para el voto de la gente» (Schumpeter, 1950, p. XIII. Traducción propia). En este caso, la definición de la democracia no implica un juicio normativo sobre la deseabilidad de la democracia como un sistema político o sobre la deseabilidad de un sistema político donde haya elecciones. Se trata de una definición descriptiva per se, aunque con profundas implicaciones políticas, ideológicas y normativas.
Esta operación es imposible en el caso del concepto de corrupción, el cual es inherentemente normativo. Es imposible desarrollar una definición simplemente descriptiva o neutral de la corrupción porque su definición, cualquiera sea, conlleva una ideal, un estado deseado o una norma, en relación con la cual se define la desviación que constituye la corrupción. Por lo tanto, en cualquier definición de la corrupción hay siempre una dimensión normativa como abuso —de poder—, degradación, exclusión —política o social—, traición —del interés público—, falta de transparencia —en la toma de las decisiones— o captura del Estado.
Esta es la razón, en parte, por la cual es más difícil llegar a una definición «objetiva» de corrupción, en comparación con otros conceptos como democracia, igualdad, justicia o pobreza. No es coincidencia que no exista un «índice» de corrupción, aunque haya índices de democracia, de pobreza, de desigualdad y de movilidad social. El índice de corrupción que se utiliza de manera más frecuente es el Índice de Percepción de Corrupción —CPI, por su sigla en inglés— desarrollado por Transparency International que, como el mismo nombre lo indica, no mide los niveles de corrupción, sino la percepción de corrupción en un país (Transparency International, s. f. a).
Es interesante notar cómo los intentos por parte de Transparency International de producir una definición de la corrupción objetiva y no–ideológica resultan en una acepción vacua de este como «el abuso del poder encomendado por beneficio privado», el cual reduce la corrupción a un acto individual. (Transparency International, s. f. b). Cualquier intento de darle un contenido específico a la definición anterior conlleva la articulación de un ideal o estándar político, en relación con el cual se define lo que constituye abuso del poder encomendado y lo que es un beneficio privado aceptable o inaceptable. En otras palabras, la definición de la corrupción por Transparency International no elimina la dimensión esencialmente ideológica de la corrupción, simplemente lo aplaza a través de una definición muy general.
2. La dimensión ideológica de la corrupción en la ciencia política
La dimensión ideológica del concepto corrupción es fácil de encontrar en la academia, a pesar de sus pretensiones de objetividad. Para mostrar esto se puede concentrar en los análisis de corrupción dentro del campo de la ciencia política. En este caso, la mayoría de los trabajos sobre corrupción se pueden agrupar dentro de tres paradigmas: de modernización, económico y político. Naturalmente, no todos los estudios acerca de la corrupción están dentro de estos enfoques, muchos trabajos combinan el enfoque de la modernización con el enfoque económico o con el político; sin embargo, la mayoría y los más significativos análisis de corrupción se pueden categorizar dentro de los anteriores paradigmas.
2.1 Paradigma de modernización: la corrupción como falta de modernización
Desde el enfoque de la modernización, la corrupción surgió como consecuencia de la falta de modernidad o de un proceso de modernización incompleto, por lo tanto, se identifica con fenómenos premodernos —como el nepotismo, el clientelismo, el soborno o el desfalco—, fenómenos que socavaban el ideal del Estado moderno weberiano (Nye, 1967, p. 419). Dado que estos fenómenos están más presentes en los países subdesarrollados, estos son más corruptos que los países desarrollados; en consecuencia, la corrupción marca la diferencia entre el primer y el tercer mundo. No obstante sus diferencias, las múltiples definiciones de corrupción dentro del paradigma modernista —desviación de los deberes formales (Nye, 1967); manera alternativa de articular los intereses de grupos excluidos de la toma de decisiones (Scott, 1969); una institución extralegal utilizada para influir el actuar de la burocracia (Leff, 1964); la desviación del comportamiento de los oficiales públicos de las normas universales (Huntington, 1968)— la articulan como la distancia entre el primer y el tercer mundo, la modernidad y la tradición, lo universal y lo particular. Por esta razón todas estas definiciones se enfocan de manera casi exclusiva en el Estado, en general, y en los funcionarios públicos, en particular, dos características fundamentales de la modernidad. Políticamente hablando, un Estado organizado de manera legal–racional, con una administración pública libre de nepotismo, patronazgo y soborno es lo que distingue a la sociedad moderna de las sociedades tradicionales o en vía de modernización.
Si la falta de modernidad está caracterizada por la corrupción, entonces la modernidad capitalista estaba libre de esta. Como anota Robin Theobald (1990), en el análisis de la corrupción dentro del paradigma de la modernización «las estructuras estatales de Europa Occidental y EE. UU., supuestamente operan según procedimientos racionales y principios universales donde no hay lugar para personalismo, clientelismo y sobre todo para la confusión entre los intereses privados y públicos» (p. 47. Traducción propia). En otras palabras, la corrupción en el paradigma de modernización articula el ideal de una modernidad capitalista libre de corrupción.
2.2 Paradigma económico: hay que reducir el sector público
Con el ocaso del marco teórico de la modernización, el nuevo enfoque que domina el estudio de la corrupción en la ciencia política, especialmente durante las décadas de 1980 y 1990, es el paradigma económico, en el cual la corrupción está estrechamente relacionada con el Estado y su intervención en la economía. Primero, porque la intervención estatal crea rentas que generan corrupción; segundo, desde la perspectiva de elección racional y la teoría económica agente–principal, los oficiales públicos —que se suponen egoístas y empeñados en maximizar sus ingresos— abusan de su poder público por ganancias personales, siempre y cuando tuvieran una oportunidad.
En el paradigma económico la corrupción se analiza dentro del enfoque de la elección racional, donde los individuos se suponen como seres egoístas que intentan maximizar su utilidad de manera racional (Mueller, 2003, p. 1). En este sentido, la mera existencia del Estado y sus políticas públicas crean las condiciones para la corrupción.
No es de sorprender que en la mayoría de los análisis económicos la corrupción se defina como abuso del oficio–poder público a favor de intereses privados, una definición que lo limita al sector público (Hodgson y Jiang, 2007, p. 1045). Uno de los más importantes analistas de la corrupción en el paradigma económico argumenta que este fenómeno no se puede encontrar en el sector privado: «La corrupción se debe distinguir de ciertas otras formas de conducta criminal que involucran solamente sujetos privados. La evasión fiscal, el contrabando, el mercado negro, operaciones con información privilegiada en la bolsa [...] se pueden realizar sin abusar del poder público» (Lambsdorff, 2007, p. 19. Traducción propia).
Como muestra el análisis anterior, la definición de corrupción como abuso del poder público, dominante en el análisis económico, restringe este fenómeno al sector público y lo excluye del sector privado, de ahí que si se eliminara el sector público, por definición, la corrupción desaparecería (Kajsiu, 2015).
2.3 Paradigma político: la corrupción de la política
A diferencia del paradigma económico y de la modernización, donde la corrupción se define en términos de un comportamiento individual, en el paradigma político la corrupción hace referencia al proceso político en general. Visto así, la corrupción no se aborda solamente como un fenómeno económico que se relaciona con la violación de la distinción entre lo público y lo privado, o no como «un fracaso individual, sino como un fenómeno social» (Hindess, 2012, p. 11. Traducción propia). Es decir, este enfoque intenta desarrollar un entendimiento más amplio de este fenómeno vinculado con el «deterioro del cuerpo político» (p. 19. Traducción propia). En el enfoque político se retoman planteamientos clásicos que se remontan a pensadores antiguos como Aristóteles y Platón, para quienes la corrupción entraña la degradación de un régimen político —pthora— o su perversión —parekbaseis— cuando los gobernantes siguen su interés personal en lugar del interés común (Mulgan, 2012, p. 29).
Para ilustrar este tipo de análisis es pertinente referir el trabajo de J. Patrick Dobel (1978), que utilizando autores clásicos como Platón, Aristóteles y Maquiavelo desarrolla una teoría sobre la corrupción estatal o social como «la incapacidad moral de los ciudadanos de comprometerse moralmente de manera desinteresada con acciones, símbolos e instituciones que benefician al bienestar común» (p. 960. Traducción propia). Aquí afirma que la corrupción no tiene que ver con un comportamiento específico, sino con la desintegración de un orden político producto de la inhabilidad o indisposición «de los ciudadanos de actuar espontáneamente o desinteresadamente para apoyar a otros ciudadanos y a las instituciones comunales» (p. 963. Traducción propia). En este contexto, comportamientos corruptos, como recibir o pedir sobornos, son síntomas de la corrupción más que su encarnación.
Para algunos autores del paradigma político la corrupción significa el fracaso de la democracia, por ello se debería analizar desde la perspectiva de la teoría democrática. Utilizando el marco teórico de Dennis Frank Thompson (1993), Warren (2004, p. 329) sostiene que existe una relación sólida entre la teoría democrática y la corrupción. La corrupción marca el fracaso de la democracia porque viola uno de sus prerrequisitos fundamentales, en cuanto excluye de manera engañosa o injustificada a los ciudadanos del proceso de toma de decisiones colectivas (p. 333). Compréndase que la preocupación aquí no es en relación con la corrupción o con actos de corrupción en democracia, sino con la corrupción de la misma democracia.
De la misma manera, Michael Johnston (2005) ve la corrupción como un síntoma del fracaso de la política. Para él la esencia del fenómeno no es la exclusión engañosa, sino la injusticia. La corrupción lleva en sí la injusticia, por cuanto le impide al ciudadano buscar su bienestar libre de explotación. Así pues, en relación con la corrupción, «la cuestión es justicia —mejorar la habilidad de los ciudadanos de buscar y defender su bienestar económico libre del abuso y explotación de élites políticas y económicas— la oportunidad de participar en procesos económicos y políticos [...] abiertos, competitivos y justos» (p. 187. Traducción propia).
En el paradigma político, la dimensión ideológica de la corrupción es relativamente transparente. Varios autores reconocen que su entendimiento de la corrupción se origina en un ideal político específico. Thompson (1993), sea dicho, argumenta que su concepción de la corrupción institucional «se podría justificar mejor desde [...] la concepción deliberativa de la democracia», dado que «intenta traducir intereses privados directamente en políticas públicas, eludiendo el proceso democrático de discusión y competencia política» (p. 377. Traducción propia). De la misma manera, Warren (2006) plantea que su concepción de la corrupción, como exclusión engañosa, supone un ideal democrático donde «cada individuo potencialmente afectado por una decisión colectiva debería tener la oportunidad de afectar esta decisión proporcionalmente a su interés en su resultado» (p. 804. Traducción propia). La corrupción representa, en consecuencia, una desviación de este ideal. Johnston (2005) también expone el ideal democrático en relación con el cual se desarrolla su concepción de la corrupción: «un sistema donde la participación económica y política es abierta, vigorosa, y generalmente balanceada —en el sentido de que los actores políticos no dominan la economía y viceversa—» (p. 199. Traducción propia). Desde este ideal, la corrupción significa «abuso y explotación por [parte de] las élites políticas y económicas» (p. 187. Traducción propia).
3. La dimensión ideológica de los discursos anticorrupción en la política: Gustavo Petro versus Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia
Dado que cualquier definición de corrupción implica un ideal político, el discurso y las políticas anticorrupción son maneras de abogar por la realización de este mismo ideal. En este sentido, los discursos y las políticas anticorrupción son también esencialmente ideológicas, aunque a menudo se presentan como soluciones técnicas, legales o administrativas. Esto es especialmente claro en las campañas electorales donde, aunque todos los candidatos políticos rechazan y denuncian la corrupción, sus políticas anticorrupción reflejan y fortalecen sus distintas ideologías políticas.
En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia, ambos candidatos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, articularon un fuerte discurso anticorrupción. Este último ubicó el mensaje anticorrupción en el centro de su campaña presidencial. Su mensaje electoral se podría resumir en la idea de que todos los males de Colombia surgen de una clase política corrupta que roba el dinero público:
Yo primero les quiero decir que el mal de Colombia [...] es que todo lo que pagamos de impuestos, los políticos que nosotros elegimos, llámese el presidente de la República, senadores, representantes, gobernadores diputados, alcaldes y concejales, con raras excepciones, se están robando los recursos públicos. El mal de Colombia no es otro, no es otro que estamos administrados por ladrones que nosotros mismos elegimos (Hernández, 27 de mayo de 2022).
Desde esta perspectiva, la corrupción se define como el robo de recursos públicos por políticos y empleados públicos. Es una articulación de la corrupción que cae dentro de su definición dominante como abuso del poder público por intereses privados. Como ya vio más arriba, este tipo de definición es altamente ideológico, en cuanto reduce la corrupción al sector público. Desde esta perspectiva, la corrupción privada es casi inexistente. Son los políticos y sus testaferros, no los actores privados como empresarios independientes, quienes han capturado y abusan del Estado.
Esta es una lógica neoliberal muy clara que valoriza el sector privado como fuente de honestidad y eficacia, y denuncia al sector público como fuente de corrupción, abuso e ineficacia. Por lo tanto, la solución anticorrupción que ofrecía Hernández es tan sencilla como lógica dentro de su definición de corrupción. Primero, hay que condenar de manera más severa a los políticos corruptos con «una pequeña modificación al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal para quitarles la impunidad» (CNN Español, 2022, junio 19); segundo, hay que reducir el sector público y la burocracia en general: «Cero burocracias, cero mezquindades» (Hernández, s. f.). A tal fin, el mecanismo principal anticorrupción que propone Hernández (2022) en su programa político es la «La urgente modernización del Estado: una reforma burocrática profunda» (p. 64).
Finalmente, hay que remplazar a los corruptos actores del sector público, los políticos y sus servidores públicos con actores honestos del sector privado, como el mismo Hernández, que no se identifica como político sino como empresario independiente. Según Hernández (29 de septiembre de 2022) los candidatos de su Liga de Gobernantes Anticorrupción deberían ser gente que:
Principalmente que, ojalá, sea un empresario. Principalmente que tenga independencia económica. Principalmente que tenga reconocimiento en el municipio o departamento. No podemos seguir poniendo politiqueros en las alcaldías de los municipios, en la gobernación que el único interés que tienen es robarse la plata de los impuestos de sus mismos coterráneos.
Como muestra la cita anterior, el gobernante ideal para Hernández no viene del sector público sino del sector privado y, especialmente, del empresarial. El candidato ideal sería alguien que tiene experiencia en administración y es independiente, es decir, un empresario que no depende de un salario, como los políticos o los servidores púbicos.
Gustavo Petro, por otro lado, aunque denuncia la corrupción de la clase política de una manera muy parecida a Hernández, propone soluciones anticorrupción muy diferentes. Esto porque con corrupción Petro no entiende simplemente el hecho de que los políticos roban el erario. Cuando habla de una clase política corrupta o cuando pretende derrocar lo que él denomina «un régimen de corrupción» tiene en mente un régimen que es excluyente, antidemocrático y basado en una economía no productiva que se alimenta del dinero fácil del carbón y la cocaína, en una sociedad profundamente desigual, con una política dominada por el clientelismo y la compra de votos (Petro, 22 de mayo de 2022). Por lo tanto, la anticorrupción que propone Petro implica primero democratizar a Colombia y no simplemente una reforma burocrática o el castigo de los políticos corruptos. Anticorrupción, en este contexto, implica remplazar el gobierno de una clase política corrupta con el gobierno del pueblo, remplazar una sociedad desigual y violenta por una sociedad igual y en paz:
Yo creo [...] que las campanas están doblando por una clase política que no va a seguir gobernando a Colombia porque le llegó el momento de gobernar al pueblo, yo creo que las campanas doblan en Colombia por el hambre, por la injusticia social, por la desigualdad, yo creo que las campanas doblan en Colombia por la guerra porque vamos a ser trizas la guerra en Colombia (Petro, 20 de mayo de 2022).
Aquí la anticorrupción significa el fin, no solamente de la clase política sino del sistema político construido por ella, el fin de la violencia, la desigualdad de la guerra y la construcción de una democracia verdadera. Esta articulación de la anticorrupción como democratización es evidente en el programa de gobierno presentado por Petro y Francia Márquez en las elecciones presidenciales de 2022. Desde la perspectiva petrista, la erradicación de la corrupción resulta en la construcción de una democracia incluyente y plural:
El Pacto Histórico es la construcción de una democracia multicolor con los niños y las niñas, los jóvenes, los adultos mayores, el campesinado, los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y Rom, las diversidades de género y orientación sexual, las víctimas, los trabajadores, productores, empresarios y actores de la economía popular, en fin, con toda la sociedad para que, con sus voces, sus saberes y su participación, derroquemos el régimen de corrupción (Petro y Márquez, s. f., p. 6).
En su programa electoral, la anticorrupción se equipara con la democratización del Estado, como indica el apartado Democratización y erradicación del régimen de corrupción de su programa electoral: «Lucha frontal contra la corrupción. El proceso de democratización del Estado pasa por asegurar un mayor nivel de participación vinculante de la ciudadanía en las decisiones públicas» (Petro y Márquez, s. f., p. 46).
Detrás de las denuncias de la corrupción por parte de Petro y Hernández yacen dos ideologías políticas que a menudo se esconden y se confunden detrás de los discursos anticorrupción. Aunque a veces ellos parecen denunciar el mismo fenómeno, la corrupción de la clase política, su articulación de la corrupción y sus propuestas de lucha anticorrupción son muy diferentes. Estas diferencias, a su vez, son consecuencia de sus diferentes ideales políticos que se expresan a través de, e informan sus discursos anticorrupción.
La Colombia ideal de Hernández es un lugar donde no hay políticos, politiqueros o burocracia, sino empresarios y administradores que manejan el Estado de manera eficiente y ética como si fuera una empresa privada. Aquí el problema de la corrupción se reduce al sector público y a la robadera del dinero por los políticos corruptos. Por lo tanto, la solución se restringe a remplazar los políticos corruptos por administradores y empresarios honestos, como él. No es necesaria una reforma profunda del sistema político, no es necesaria una reforma tributaria redistributiva, una profunda reforma agraria o pensional, porque la plata existe, pero se la roban. Uno de sus eslóganes más importantes era «Donde nadie roba la plata alcanza» (Hernández, 2022, p. 5), una visión esencialmente neoliberal donde la política y los politiqueros no se meten con el mercado y los empresarios, y donde no existe ninguna tensión inherente o conflicto de interés entre la democracia y el emprendimiento.
La Colombia ideal de Petro, por el otro lado, es un lugar donde no hay desigualdad, no hay concentración de tierras y capitales, y donde no existe un sistema económico de explotación basado en el extractivismo y la cocaína, sino una economía productiva basada en la tecnología, donde gobierne el pueblo y no las élites, donde no haya exclusión de los grupos marginalizados. Por lo tanto, su reforma anticorrupción implica la materialización de este ideal político a través de reformas políticas, agrarias y tributarias más profundas de las que proponía Hernández. Son dos visiones políticas diferentes que producen dos discursos de corrupción y anticorrupción diferentes que a menudo se confunden detrás de la denuncia de la misma clase política corrupta.
4. Implicaciones de la lucha anticorrupción
Dado que la corrupción es un concepto que marca la distancia entre un ideal y su falta de realización, los discursos anticorrupción y las propuestas que ellos engendran no sólo sirven para eliminar fenómenos específicos, como soborno o abuso del poder público, sino para implementar y legitimar ideales políticos determinados. Contra la corrupción se podría abogar al mismo tiempo por más capitalismo, más mercado, más democracia, menos impuestos y más gasto social. En este sentido, la corrupción es un enemigo muy útil por cuanto sirve no solamente para implementar una agenda política, sino para ocultar sus contradicciones internas. Esta utilidad política puede explicar tanto la predominancia de las propuestas anticorrupción como su escaso éxito.
Esto no quiere decir que las políticas anticorrupción sean inútiles, aún menos que se debería intentar construir propuestas anticorrupción libres de ideología. La corrupción es un concepto esencialmente ideológico, por lo cual sería imposible construir propuestas anticorrupción libres de esta. Al contrario, la mejor política anticorrupción es una que de manera transparente ponga sobre la mesa sus ideales y suposiciones políticas en lugar de implementarlos o legitimarlos sigilosamente. Por esta razón, las propuestas anticorrupción del paradigma económico son las más problemáticas, porque intentan esconder sus ideales políticos debajo del disfraz de la tecnocracia y la ciencia. Ninguna cantidad de análisis econométrico puede superar el problema de la definición de la corrupción que permanece como un asunto ineludiblemente ideológico.
Muchos de los análisis de la corrupción del paradigma económico han sido utilizados por instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional para justificar sus reformas neoliberales. Hay que decirlo: en la mayoría de las políticas anticorrupción el problema de la definición del fenómeno y sus implicaciones ideológicas se ignoran. El afán de luchar contra la corrupción a menudo supera la necesidad lógica de definir lo que se está combatiendo.
Este afán ha penetrado la literatura sobre la corrupción en tal medida que incluso autores reconocidos como Johnston (2005) elogian los análisis al respecto que ignoran el asunto de definición: «el problema de definiciones [de corrupción] no se ha resuelto sino evitado —sabiamente en la mayoría de los casos— para enfocarse en los procesos que se califican como corruptos desde cualquier definición» (p. 18. Traducción propia). De la misma manera, uno de los autores más importantes en el paradigma económico sostiene que: «Las definiciones de la corrupción se pueden discutir ampliamente sin que necesariamente le ofrezcan un valor agregado al lector. [...] estos debates tienden a absorber mucha de la energía que se necesita desesperadamente en otros lados» (Lambsdorff, 2007, p. 15). Los «otros lados» son los esfuerzos necesarios para combatir la corrupción.
El afán de luchar contra la corrupción redujo este fenómeno al soborno, el cual se puede medir y cuantificar, ignorando otros fenómenos más complejas y difíciles de cuantificar, como la captura del Estado. No es de sorprender que estos tipos de análisis encuentren más corrupción en el tercer mundo que en el primero y más corrupción en el sector público que en el sector privado. El problema aquí es que el soborno no se trata como consecuencia de la corrupción del sistema político, sino como la corrupción en sí misma. En la teoría de Dobel (1978), por ejemplo, donde la corrupción se define como la pérdida de la lealtad cívica, el soborno es una expresión de esa pérdida, pero no algo idéntico a ella. Es posible tener una pérdida de lealtad cívica sin altos niveles de soborno.
A diferencia del paradigma económico, el enfoque político es mucho más transparente, porque expone de manera explícita el ideal político con el cual define la corrupción. Entonces, para construir una propuesta anticorrupción transparente, se debería empezar con una concepción de la corrupción surgida desde este enfoque. La concepción política de la corrupción hace referencia a la degradación de un orden político y no simplemente a conductas específicas corruptas. Esto supone que es imposible luchar contra la corrupción per se, porque no es más que una consecuencia o la manifestación de problemas más amplios de un orden político. En este sentido, una política anticorrupción real comporta interrogar y mejorar un orden político, su funcionamiento, su legitimidad e integridad. Es decir, la mejor política anticorrupción es una que no lucha, sino que construye un orden político legítimo y con integridad. Esta es una tarea tanto política y no simplemente tecnocrática y jurídica.
La solución jurídica del problema de la corrupción es tan soñada como insuficiente por tres razones: primero, porque jurídicamente no se puede luchar contra la corrupción, sino solamente sus consecuencias o síntomas, como el peculado, el cohecho u otras violaciones que son parte de, pero no idénticas a, con la corrupción como fenómeno. De hecho, aunque en la legislación colombiana se menciona la corrupción, en realidad se trata de fenómenos muy específicos como cohecho, peculado o interés indebido en el manejo de contratos. La corrupción privada, por ejemplo, se define en el artículo 250–A del Código de Penal de Colombia (Ley 599 de 2000) como «una dádiva o cualquier beneficio no justificado [...] a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación»; es decir, se trata de un soborno, pero en el sector privado, no del público.
Esta es una tendencia común que se encuentra en casi todos los códigos penales. Para los penalistas «el discurso de la corrupción es —solamente— sobre cohecho, aceptación de beneficios y asuntos muy ligados a eso. En su esencia la injusticia de corrupción entendida de esta manera consiste en comprar o vender decisiones equivocadas» (Zimmermann, 2021, December 17. Traducción propia).
Sin embargo, el concepto de la corrupción no se puede reducir a estos fenómenos que, más que su representación, son su consecuencia. Esto implica —y aquí se llega al segundo punto— que la lucha jurídica es siempre tardía, porque está tratando los síntomas o las consecuencias más que las causas de la corrupción que son siempre políticas. En este sentido, el sistema de justicia es la última no la primera línea de defensa contra la corrupción. Una sociedad que espera liberase de la corrupción sistémica simplemente a través del sistema de justicia ya está cerca de ser derrocada por este fenómeno. Esto es un punto significativo porque muchas campañas anticorrupción ponen al sistema de justicia a encabezar la erradicación de este fenómeno, olvidando que la justicia puede corregir pero no eliminar la corrupción, especialmente cuando se trata de un fenómeno sistémico.
Finalmente, es muy difícil que la lucha anticorrupción, desde la perspectiva jurídico, satisfaga las expectativas del público, dado que la primera define a la corrupción en términos muy restringidos como cohecho, mientras que el segundo —el público— a menudo entiende la corrupción en términos políticos e ideológicos amplios, como la degradación de un orden político. Es decir, la expectativa anticorrupción del público no tiene que ver simplemente con casos específicos de cohecho o corrupción, sino con la injusticia o degradación de un sistema político o económico en general. Por esta razón, el sistema judicial difícilmente puede satisfacer todas las expectativas anticorrupción del público.
Un ejemplo típico de esta situación se dio en Estados Unidos después de la crisis financiera de 2008, donde el público estaba muy indignado con la corrupción del sistema bancario, pero el sistema de justicia fue incapaz de producir condenas para los responsables de la crisis (Taylor, 2013, May 13). Mientras que para el sistema de justicia de Estados Unidos la corrupción es un acto individual de abuso, para el público norteamericano la corrupción es una característica sistémica del sector bancario y de Wall Street.
Por todas las razones anteriores, el sueño del activismo judicial de limpiar la política a través de jueces y fiscales honestos se puede transformar en una pesadilla si se delega el trabajo de la reducción de la corrupción solamente a la Rama Judicial. Obviamente, con esto no se quiere afirmar que jueces y fiscales honestos no son necesarios y esenciales en la lucha contra la corrupción, sino resaltar que la lucha judicial no es suficiente y puede ser contraproducente, incluso cuando es bien intencionada. Dada su ineludible dimensión ideológica, la corrupción es sobre todo un fenómeno político antes que jurídico.
Este es el aprendizaje de distintos intentos de limpiar la política que se basaron principalmente en la Rama Judicial. El último gran ejemplo de este intento en América Latina fue la operación Lava Jato (2014–2022) en Brasil, la cual culminó con la condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y logró «244 convicciones sobre cargos de corrupción por un total de 2249 años de condenas» (Mészáros, 2020, p. 58. Traducción propia). Las más recientes investigaciones de este proceso muestran que no ha servido para fortalecer la democracia brasileña (Estrada y Bourcier, 2022, March 11). Según algunos investigadores, la cruzada anticorrupción de Lava Jato no solamente debilitó el debido proceso en la jurisprudencia de Brasil, sino también la misma democracia brasileña, empoderando «el autoritarismo de la derecha parlamentaria y extraparlamentaria» (Mészáros, 2020, p. 57. Traducción propia).
Algo parecido sucedió con otro ejemplo significativo del activismo judicial, la operación anticorrupción Manos Limpios —Mani Pulite— en Italia durante el periodo 1992–1996. Esta operación acabó con los viejos partidos políticos y los más importantes representantes de la clase política tradicional en Italia, por lo tanto, se denominó «la revolución de los jueces» (Della Porta y Vanucci, 2007, p. 830. Traducción propia). Aunque en su tiempo la operación Mani Pulite recibió un fuerte apoyo del público italiano y alimentó bastante optimismo, su efecto de largo plazo ha sido «un pesimismo muy arraigado sobre la integridad de las élites económicas y políticas; una deslegitimización de casi todas autoridades institucionales; el refuerzo de la tolerancia generalizada a las prácticas ilegales» (Vannucci, 2009, p. 258. Traducción propia).
Las campañas judiciales contra la corrupción, incluso cuando tienen existo en la exposición y condena del abuso del poder público por intereses privados, «no pueden eliminar las causas profundas de la corrupción» (Vannucci, 2016, p. 66. Traducción propia). La lucha judicial contra la corrupción en Italia logró condenar a muchos políticos, pero no pudo cambiar las estructuras políticas, sociales y económicas que alimentaban el fenómeno. Por lo tanto, fue una campaña que al final del día le abrió camino a Silvio Berlusconi, el primer ministro más cuestionado por corrupción en la historia de Italia.
La experiencia de los países exitosos en bajar los niveles de corrupción muestra que esta reducción no se lidera por el sistema judicial. En el caso de Chile, uno de los países con los más bajos niveles de corrupción en América Latina, «la gente no les atribuye a las Cortes el mérito de aplastar la corrupción y no confía plenamente en ellos» (Mungiu–Pippidi, 2016, p. 101. Traducción propia). En general, en los pocos países donde la lucha anticorrupción ha tenido éxito, «las restricciones legales de la corrupción parece haber seguido y no liderado cambios en el balance social del poder y la adopción de políticas de buen gobierno» (Mungiu–Pippidi, 2016, p. 101. Traducción propia).
Las sociedades que esperan la liberación de la corrupción solamente por la Rama Judicial ya han sido derrotadas por ese fenómeno. La Rama Judicial es la última línea de defensa que puede limitar pero no contener ni remediar la corrupción que produce todo el sistema político, desde el clientelismo, el patronazgo, el conflicto de intereses, el peculado o el robo de los recursos públicos en general.
Conclusión: por una lucha anticorrupción transparente
En este artículo se ha argumentado que la corrupción es un concepto esencialmente ideológico. Esto quiere decir que cualquier definición de la corrupción más allá de su sentido básico como degradación de un orden político, social, moral o económico se erige sobre un ideal político, social, moral o económico. En este sentido, cualquier definición de la corrupción política articula un ideal político deseable, identifica su ausencia en la realidad política y de manera implícita indica el camino para realizarlo, eliminando la corrupción. La lucha anticorrupción, entonces, implica la implementación de un ideal político, económico o social.
Esta dimensión ideológica a menudo se ignora y a veces se oculta detrás de articulaciones de la corrupción como un fenómeno objetivo que se puede identificar, medir y eliminar, independientemente de los ideales políticos que uno sostiene. Como consecuencia, se construyen políticas anticorrupción que no son transparentes, en cuanto no exponen los ideales, los supuestos y las agendas políticas que intentan implementar a través de las políticas anticorrupción. Son políticas que bajo la bandera anticorrupción implementan de manera sigilosa una agenda política que no necesariamente reduce los niveles de corrupción.
Para ser eficaz, la política anticorrupción debería ser transparente en sus supuestos y en su agenda ideológica. Una política anticorrupción transparente reconoce su sesgo ideológico y la agenda política que busca implementar para eliminar la corrupción. También reconoce que la corrupción, independientemente de su definición, es consecuencia de la degradación de un sistema político, social o económico. Por lo tanto, su reducción implica reformas sistémicas para eliminar las causas que producen la corrupción, en lugar de luchar contra la consecuencia, que es la corrupción.
Es en este sentido que algunas de las mejores políticas anticorrupción ni siquiera mencionan este fenómeno. Son políticas que tienen como objetivo la construcción de un orden político, social y económico más justo, más eficaz y más legítimo. La reducción de la corrupción es la consecuencia lógica de la construcción de este orden, pero no debería ser su razón de ser.
Notas
* Artículo derivado del proyecto de investigación Polarización ideológica y votación de clase en las elecciones presidenciales de Colombia 2006–2022, financiado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Universidad de Antioquia, 2023.
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