ISSN (impreso) 0121–5167 / ISSN (en línea) 2462–8433

SECCIÓN GENERAL

Dinámicas de la violencia homicida contra excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP) en Antioquia, 2017–2023^*

Homicidal Violence Dynamics against Former Combatants of the Revolutionary Armed Forces of Colombia–People's Army (FARC–EP) in Antioquia, 2017–2023

Geraldine Ramírez Chavarría¹ (Colombia)

¹ Politóloga. Grupo Hegemonías, guerra y conflicto, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia UdeA. Calle 70 No. 52–21, Medellín, Colombia. Correo electrónico: geraldine.ramirez1@udea.edu.co – Orcid 0009–0003–3888–6222

Fecha de recepción: agosto de 2024

Fecha de aprobación: mayo de 2025

Cómo citar este artículo: Ramírez Chavarría, Geraldine. (2025). Dinámicas de la violencia homicida contra excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP) en Antioquia, 2017–2023. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 73. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n73a09

Resumen

En este artículo se examinan las dinámicas de la violencia homicida contra excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP) en Antioquia entre 2017–2023 a partir de una metodología mixta con técnicas de análisis documental y de datos, sistemas de información geográfica y entrevistas semiestructuradas, por medio de los cuales se identificaron algunos rasgos sobre la violencia homicida contra excombatientes en Antioquia: el uso de la violencia para desarticular liderazgos políticos y comunitarios; la instrumentalización del homicidio como mecanismo de control territorial por parte de grupos armados y la vulnerabilidad particular de los excombatientes en zonas de disputa o expansión por el control territorial de otros grupos armados. Se concluye que la continuidad en la guerra por parte de otros grupos armados que se disputan el control territorial, junto con la ineficacia de medidas de protección por parte del Estado, crean un escenario de riesgo que impide desmovilizaciones exitosas y la construcción de paz, generando la apertura de un nuevo ciclo de violencia.

Palabras clave: Conflicto Armado; Posconflicto; Desmovilización; Violencia Homicida; Ciclos de Violencia; Colombia.

Abstract

This article examines the dynamics of homicidal violence against ex–combatants of the Revolutionary Armed Forces of Colombia–People's Army (FARC–EP) in Antioquia between 2017–2023 based on a mixed methodology with documentary and data analysis techniques, geographic information systems and semi–structured interviews, through which some features about homicidal violence against ex–combatants in Antioquia were identified: the use of violence to disarticulate political and community leaderships; the instrumentalization of homicide as a mechanism of territorial control by armed groups; and the particular vulnerability of ex–combatants in areas of dispute or expansion for territorial control by other armed groups. It is concluded that the continuity of the war by other armed groups disputing territorial control, together with the ineffectiveness of protection measures by the State, create a risk scenario that prevents successful demobilizations and peace building, generating the opening of a new cycle of violence.

Keywords: Armed Conflict; Post–Conflict; Demobilization; Homicidal Violence; Cycles of Violence; Colombia.

Introducción

Nos están matando más que cuando estábamos en la guerra (Yudis, comunicación personal, junio 9, 2024).

Las palabras del epígrafe fueron pronunciadas por una excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del pueblo (FARC–EP) durante una de las entrevistas realizadas en el marco de la investigación que dio forma a este artículo. Aunque es claro que las probabilidades de morir en el conflicto son objetivamente superiores en comparación con el proceso de desmovilización, la percepción de inseguridad y desprotección que tienen los excombatientes implica esta paradoja: habiendo sobrevivido a años de conflicto armado, muchos excombatientes se sienten vulnerables frente a una violencia persistente justo cuando han decidido renunciar al recurso de la vía armada. Y aunque la renuncia a las armas puede ser un elemento significativo de esa percepción de inseguridad, factores como la persistencia de actores armados, las disputas territoriales y la débil respuesta estatal han configurado un escenario de riesgo sostenido para esta población.

Este artículo se concentra en el análisis de las dinámicas de la violencia homicida ejercida contra excombatientes de las FARC–EP en el departamento de Antioquia desde la firma del Acuerdo de paz en 2016 hasta 2023, basado en la hipótesis de que esta violencia no es aleatoria, sino que responde a lógicas propias del nuevo ciclo de violencia que enfrenta el país, caracterizado por disputas por el control territorial, retaliaciones políticas y la reacción de actores armados frente al liderazgo comunitario de los firmantes, todo esto acompañado de una falta de acción y cumplimiento por parte del Estado en la contención de la violencia.

El artículo se basa en un enfoque exploratorio–descriptivo con uso de una metodología mixta —cualitativa y cuantitativa— que combinó el análisis documental, georreferenciación y entrevistas semiestructuradas, permitiendo caracterizar las dinámicas de violencia homicida contra excombatientes de las FARC–EP en Antioquia entre 2016 y 2023. Con esto, el estudio pretende aportar teóricamente al debate sobre los ciclos de violencia en marcos de negociación, particularmente, en contextos donde la paz se implementa de manera fragmentada. Empíricamente, ofrece una caracterización general del caso de Antioquia, con lo que se busca contribuir a la literatura académica sobre violencia política, justicia transicional y construcción de paz, y ofrecer insumos útiles para el diseño de políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad de quienes han dejado las armas.

1. Marco teórico

Dentro de la vasta literatura y producción académica acerca de la violencia en Colombia, es común encontrarse con análisis que entienden la violencia como un compendio de ciclos, cada uno con sus propias características, pero que tienen en común que su ocurrencia está fundamentada en una serie de fallas estructurales del Estado y la persistencia de ciertos actores armados que no permiten ponerle un fin al conflicto.

Este artículo se inscribe en este marco, al estudiar un nuevo ciclo de violencia que emerge tras la desmovilización de las FARC–EP y que se manifiesta en el asesinato de excombatientes en el ámbito nacional donde, lejos de consolidar un escenario de paz, el proceso de reincorporación ha coincidido con una reconfiguración del conflicto armado, cuyos actores disidentes, organizaciones criminales y estructuras armadas herederas del paramilitarismo se disputan los territorios antes ocupados por las FARC–EP y recurren a la violencia homicida como herramienta de control territorial. En el caso de los excombatientes, se trata de una violencia selectiva, orientada a intimidar, desalojar, desarticular liderazgos comunitarios y enviar mensajes de advertencia a su entorno cercano.

Esta violencia puede entenderse en el marco de lo que Mary Kaldor (2001) denomina «nuevas guerras», cuyos actores armados priorizan imponer control político a través del miedo, el desplazamiento y la exclusión. A diferencia de las guerras revolucionarias, estas nuevas formas de violencia no buscan ganar el apoyo de la población, sino eliminar o desplazar a quienes no encajan en sus marcos de control, recurriendo a estrategias como el asesinato selectivo, la estigmatización y la fragmentación social.

Paradójicamente, si bien los procesos de negociación han representado, inicialmente, una disminución de los índices de violencia, también pueden abrir nuevas fases de conflicto. El posacuerdo es la etapa más frágil para el retorno a la violencia debido al desarrollo económico desigual, la debilidad de las instituciones, la continuidad de economías ilegales y la presencia de actores armados no desmovilizados (Collier, Hoeffler y Söderbom, 2006).

En Colombia, los procesos de negociación se han caracterizado porque inician cuando no han callado los fusiles (Rettberg, 2012), porque se negocia con actores específicos mientras que otros continúan haciendo la guerra. Esta estrategia, aunque pragmática, ha consolidado lo que Gonzalo Sánchez (2021) denomina un modelo de «paz fragmentada», en la que se alcanza la desmovilización de un grupo, pero persisten o emergen otros.

Este modelo trae tanto ventajas como desventajas. En teoría, los procesos de desmovilización deben restaurar el monopolio legítimo del Estado sobre el uso de la fuerza y reintegrar a los excombatientes en la vida civil (Weinstein y Humphreys, 2005). No obstante, las experiencias previas de desmovilización en Colombia muestran que la paz fragmentada ha llevado a que allí donde hay un vacío ante la desmovilización de un grupo armado se da la ocupación de su territorio por otros grupos, a menudo, con un discurso más radical, resultando en la reproducción de la violencia en lugar de su reducción, ya que las negociaciones con actores individuales no conducen a una paz acumulativa, sino a una guerra prolongada (Sánchez, 2021), conduciendo a la apertura de un nuevo ciclo de violencia. Desde la perspectiva de Christian Gerlach (2006), las sociedades extremadamente violentas se caracterizan por la coexistencia de múltiples actores —estatales y no estatales— que participan en formas de violencia masiva, no siempre coordinadas entre sí. En este tipo de contextos, la violencia se convierte en un medio de regulación social y política, lo que contribuye a su persistencia y legitimación.

En este panorama, la nueva competencia entre organizaciones criminales emergentes o grupos armados ya existentes por el control de rentas ilegales es una de las principales razones para explicar el incremento de la violencia posdesmovilización. La expansión de las oportunidades para la venganza y la aparición de múltiples grupos intensifica la disputa territorial y económica, aumentando los grados de violencia general que también pueden afectar desproporcionadamente a los excombatientes (Nussio y Howe, 2014).

2. Marco metodológico

La reintegración social de excombatientes es uno de los aspectos más críticos y a la vez complejos e intangibles de los procesos de construcción de paz (Bowd y Özerdem, 2013). A diferencia de la reintegración económica, donde es posible establecer indicadores cuantitativos claros —como el acceso al empleo o a la vivienda—, la medición del éxito de la reintegración social es un desafío. Este estudio aborda dicho reto metodológico mediante un enfoque exploratorio–descriptivo, el cual combina diversas técnicas orientadas a comprender un tipo de violencia específica ejercida contra una población determinada en un lugar y tiempo concretos: la violencia homicida contra excombatientes de las FARC–EP en Antioquia entre 2016 y 2023.

La elección de Antioquia como recorte espacial responde a la relevancia que tiene este departamento en la construcción de paz nacional, debido a la histórica presencia de numerosos actores armados, a la vez que es uno de los departamentos con más presencia de excombatientes (Valencia, 2020) y el tercer departamento con más homicidios hacia esta población; además, su relevancia territorial y política lo convierte en un caso crítico para observar las lógicas de reproducción de la violencia en el contexto del posacuerdo.

Para el análisis se combinan tres técnicas principales: análisis documental, análisis geoespacial y entrevistas semiestructuradas. El análisis documental incluye la revisión y sistematización de fuentes secundarias de entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), a partir de las cuales se construyó una base de datos propia con los casos reportados (véase anexo 1); asimismo, con esta base se realizó un ejercicio de georreferenciación que permitió establecer relaciones espaciales entre los homicidios, el control territorial y la presencia de grupos armados en Antioquia.

Aunque los datos cuantitativos y geográficos resultan útiles para analizar la violencia, no permiten captar dimensiones subjetivas significativas como el miedo, la estigmatización o la percepción de abandono institucional (Bowd y Özerdem, 2013). Por esta razón se usaron entrevistas semiestructuradas a seis actores clave: excombatientes de las FARC–EP en proceso de reincorporación, funcionarios de la Unidad de Investigación de la JEP y de la Defensoría del Pueblo. Las entrevistas permitieron explorar no sólo las principales causas asociadas al fenómeno señaladas por parte de la institucionalidad, sino la percepción, emociones y apreciaciones que los excombatientes tienen ante la violencia a la que están expuestos (véase anexo 1).

Esta combinación de enfoque, referentes y técnicas permitió tener una visión más integral del problema y concluir que la continuidad en la guerra por parte de otros grupos armados que se disputan el control territorial, junto con la ineficacia de las medidas de protección brindadas por el Estado, crean un escenario de riesgo para cualquier experiencia de desmovilización, impidiendo la construcción de paz y prolongando los ciclos de violencia.

3. Resultados

3.1 Un panorama de los procesos de desmovilización y de la violencia letal contra excombatientes en Colombia

Colombia cuenta con una de las trayectorias más extensas y complejas del mundo en materia de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de actores armados con al menos catorce casos y nueve programas distintos aplicados de manera secuencial o simultánea (CNMH, 2017). Estas experiencias han involucrado actores insurgentes, paramilitares y milicias urbanas en contextos marcados por la continuidad del conflicto armado.

La experiencia colombiana demuestra que, aunque es posible implementar procesos de desmovilización incluso en contextos de paz fragmentada, el éxito de estos procesos no depende sólo de la dejación de armas, sino de una serie de esfuerzos en materia política, social y económica que le apunten a la permanencia en la vida civil de los desmovilizados con garantías mínimas y condiciones dignas.

En Colombia, sin embargo, estas condiciones han sido insuficientes o parciales. La experiencia acumulada muestra que, si bien los procesos de DDR han tenido logros puntuales, también han estado marcados por limitaciones estructurales que han impedido una reintegración adecuada. Uno de los principales síntomas de estas limitaciones ha sido la persistencia de la violencia letal contra excombatientes, un problema recurrente que ha acompañado la historia del país desde la década de 1990. Esta violencia no sólo pone en entredicho la eficacia de las medidas de reincorporación, sino que refleja la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los excombatientes e incluso revela, en algunos casos, su responsabilidad directa en la ejecución de estas violencias.

En la tabla 1 se muestra el volumen global de violencia letal en distintas experiencias de desmovilización y se verifica que la protección de los excombatientes durante el proceso de DDR es un problema variable pero persistente en el país.

Tabla 1. Excombatientes asesinados en distintos procesos de desmovilización en Colombia.

Fuente: elaboración propia a partir de Giraldo y Mesa (2013).

En el caso del M–19, la época posterior a su desmovilización y la formación del movimiento político Alianza Democrática M–19 estuvo marcada por la violencia. El caso de mayor resonancia fue el asesinato durante la campaña presidencial de 1990 de Carlos Pizarro Leongómez, excombatiente y candidato presidencial de la Alianza Democrática M–19. Asimismo, otros veinticuatro desmovilizados del M–19 fueron asesinados, de los cuales han sido señaladso como presuntos responsables los paramilitares y agentes de algunas instituciones estatales como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que en 1994 ofreció disculpas públicas por el asesinato de cinco desmovilizados de esa organización (El Espectador, 2011, marzo 1).

El EPL, por su parte, con la intención de participar de la Asamblea Nacional Constituyente, firmó su desmovilización en 1991 y creó el movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Para ese entonces las guerrillas de las FARC–EP y del ELN asumieron la desmovilización del EPL como una traición a la revolución, lo que derivó en ataques armados como la masacre de La Chinita, en la que fueron asesinados 35 miembros del nuevo movimiento (Comisión de la Verdad, 2022a).

La Comisión de la Verdad (2022a) señala que este proceso de desmovilización fue fallido porque no logró contener la violencia, especialmente en el Urabá Antioqueño. Sin embargo, la violencia contra los miembros de Esperanza, Paz y Libertad no se redujo a un enfrentamiento por parte de las FARC–EP o del ELN, sino que se enmarcó en una lógica más amplia de aniquilamiento en donde hubo una ofensiva estratégica por parte del Estado, así como por intereses empresariales y terratenientes que tenían por objetivo desarticular tanto a las organizaciones políticas armadas como a la fuerte movilización social y civil que había logrado consolidarse en la región, la cual se manifestaba desde antes de la firma del Acuerdo de paz (Tinjacá, 2023). De acuerdo con testimonios recogidos por la Comisión, entre 1990 y 2000 se registraron al menos 73 masacres contra excombatientes, sindicalistas y líderes vinculados al EPL (Comisión de la verdad, s. f.).

Ante el recrudecimiento de la violencia, una parte significativa de los desmovilizados no sólo rearmó movimientos propios —como los Comandos Populares—, sino que pasaron a integrar y a aliarse con grupos paramilitares como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) de los hermanos Castaño con la idea de combatir especialmente a las FARC–EP (Tinjacá, 2023). Esta reconfiguración del conflicto abrió un nuevo ciclo de violencia que azotó fuertemente la zona del Urabá y que aún tiene repercusiones en la actualidad.

En cuanto al Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), grupo de autodefensa de las comunidades indígenas del Cauca surgido en 1984 y que reivindicaba la defensa de esas comunidades y la recuperación de tierras, fue una organización poco numerosa que se vio enfrentada a las fuerzas estatales y a otros grupos guerrilleros como las FARC–EP. Tras algunos años de lucha armada, este grupo se desmovilizó en 1991 para participar de la Constituyente. Este proceso de desmovilización es reconocido como exitoso, dado el considerable apoyo social y la baja cantidad de excombatientes asesinados.

En contraste, la desmovilización de las Milicias Populares en Medellín en 1994, primer proceso de paz exclusivamente urbano, registró el mayor porcentaje de asesinatos contra desmovilizados (22,2%) (Villamizar, 1997). Esta cantidad podría estar relacionada, entre numerosos motivos, con su incorporación a la Cooperativa de Seguridad y Servicio a la Comunidad (Coosercom), promovida como solución alternativa en el marco del proceso. Esta estructura, respaldada por el Estado, terminó funcionando como una fuerza parapolicial involucrada en enfrentamientos tanto internos como con otros actores armados, lo que agravó la vulnerabilidad de los exmilicianos.

De acuerdo con Jorge Giraldo y Andrés Preciado (2016), este proceso coincidió con el reacomodo de los agentes violentos del narcotráfico y el ascenso nacional de los grupos armados más relevantes del país —FARC–EP, ELN y paramilitares—, lo que, combinado con la precaria presencia estatal, dio paso a un segundo ciclo de conflictos en la ciudad, caracterizado por dinámicas de violencia local integradas con dinámicas del conflicto armado nacional.

Aunque en términos proporcionales el caso de las milicias presenta el mayor porcentaje de homicidios, el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) supera dramáticamente las cifras de cualquier otro grupo armado: 3589 excombatientes asesinados. Pese a esta exorbitante cifra, son escasos los estudios de la violencia contra los exparamilitares. Manuel Alonso y Germán Valencia (2008) realizaron un balance del proceso de DDR de este grupo en la ciudad de Medellín y afirmaron que entre las posibles causas de violencia homicida contra desmovilizados de las AUC en la ciudad se destacan las fallas del diseño del proceso de desmovilización, las actuaciones impropias de los excombatientes y el involucramiento de los desmovilizados en actividades criminales como bandas dedicadas al narcotráfico,² lo que aumentaría las probabilidades de ser víctimas de homicidio.

Estas experiencias muestran que, a pesar de los aprendizajes acumulados desde el M–19 hasta las AUC, los procesos de desmovilización en Colombia han enfrentado limitaciones estructurales persistentes. Estos factores, sumados al estigma social, la falta de garantías efectivas y demás elementos constituyen una falla en la construcción de paz, subraya la necesidad de revisar y fortalecer los programas de desmovilización y reintegración, y así evitar que excombatientes reincidan en actividades criminales perpetuando el ciclo de violencia en el país.

3.2 Violencia contra excombatientes de las FARC–EP

La violencia contra excombatientes de las FARC–EP sucede en el marco de una gran promesa de paz como lo fueron los acuerdos de 2016. Para aterrizar la gravedad del problema, en términos porcentuales, la cantidad de excombatientes de las FARC–EP víctimas de violencia homicida es relativamente baja en contraste con otros procesos de paz en el país (3,1%), pero eso no desconoce la premisa según la cual la práctica y persistencia de graves violencias contra excombatientes no sólo pone en riesgo la implementación del proceso en marcha, sino que ofrece pocas garantías sobre el cumplimiento de los acuerdos en negociaciones futuras.

Dado que la situación de violencia en el posconflicto era previsible, el Acuerdo de paz incorpora garantías de seguridad con el objetivo de salvaguardar la vida y garantizar la integridad física de la población excombatiente, y durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010–2018) se logró avanzar significativamente en el diseño normativo de instituciones y estrategias para abordar la seguridad en el posconflicto. Entre estas medidas se destacan la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el Programa de Protección Especializada de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Gobierno de Colombia y FARC–EP, 2016) y la redacción del documento Conpes 3931 del 22 de junio de 2018 para la reincorporación social y económica. Sin embargo, con la llegada de Iván Duque a la Presidencia (2019–2022) se realizaron cambios significativos en la metodología para abordar la paz. Durante su mandato se implementó la política de «Paz con Legalidad» que entorpeció la implementación del Acuerdo de paz y el funcionamiento de instituciones clave como la JEP —por ejemplo, la dilación en la sanción de la Ley Estatutaria 1957 de 2019— y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que pasó de ser una institución central a una instancia consultiva sin poder de decisión (González, 2022, enero 29).

Durante este mismo periodo de gobierno se vivió la peor ola de violencia contra líderes sociales y excombatientes en el país: 2019 y 2020 registraron el acumulado anual más elevado de violencia homicida contra excombatientes en el ámbito nacional, mientras que abril de 2021 fue el mes que registró la frecuencia más alta de homicidios desde la firma del Acuerdo de paz, pues cada veinticuatro horas fue asesinada una persona en proceso de reincorporación (Unidad de Investigación y Acusación, s. f.). Esta época coincidió, según la Comisión de la Verdad (2022a), con un reacomodo y reactivación de la violencia y con la inestabilidad de la implementación de los acuerdos de paz.

En 2022, tras la declaración del estado de cosas inconstitucional por la vulneración sistemática de derechos fundamentales de los firmantes, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno nacional y a instituciones como la UNP, implementar las acciones necesarias para cumplir de manera perentoria con lo previsto en el Acuerdo de paz. Desde entonces, aunque la violencia no se encuentra en los picos alcanzados en 2019–2020, se mantiene en una media de 46 homicidios anuales entre 2021–2023. Por lo tanto, se puede inferir así una débil implementación de lo acordado en materia de seguridad como uno de los elementos que ha contribuido al aumento de estos casos.

Gráfica 1. Excombatientes de las FARC–EP víctimas de violencia homicida, 2016–2023.

Fuente: elaboración propia a partir de JEP (s. f.).

Los factores explicativos de la violencia homicida contra excombatientes en Colombia y para el caso de las FARC–EP son diversos. Juan Carlos Garzón, Tatiana Prada, Ángela Silva y Lorena Zárate (2019) destacan que los homicidios están ligados a las precarias condiciones de seguridad y protección brindadas por las autoridades. La Corte Constitucional (Auto 481 de 2023), coincidiendo con ese mismo diagnóstico, declaró el estado de cosas inconstitucional en el Acuerdo de paz a raíz de la vulneración sistemática de derechos fundamentales de los firmantes, sus familias e integrantes del partido político Comunes. Allí se señaló que existe una deficiencia en los esquemas de seguridad asignados a los firmantes y falta de recursos para implementar las medidas.

El riesgo que corren los excombatientes también se ve agravado por otros motivos. Los estudios que se han ocupado del análisis del fenómeno a partir de una perspectiva territorial (Ríos y González, 2021) concluyen que los homicidios están relacionados principalmente con la disputa desatada entre grupos armados organizados (GAO) que han desplegado dinámicas de violencia para controlar las economías ilegales en los territorios abandonados por la guerrilla. Esta circunstancia ha aumentado el conflicto directo entre grupos armados y los riesgos de victimización de la población, incluida la población excombatiente.

A diciembre de 2023, los departamentos con mayor cantidad de casos de violencia contra exguerrilleros de las FARC–EP son Cauca (69), Nariño (45), Antioquia (42) y Caquetá (38).³ En esos mismos departamentos hicieron presencia entre dos y cinco estructuras armadas ilegales, lo cual es reflejo de la paz fragmentada, resultado de negociar con actores por separado mientras otros continúan reproduciendo la violencia.

3.3 Patrones de la violencia homicida contra excombatientes de las FARC–EP identificados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

En la academia y en los ejercicios de esclarecimiento de verdad la identificación de patrones de violencia constituye una herramienta metodológica que permite correlacionar y comparar formas en las que se ejerce la violencia en escenarios complejos y diferenciar los casos aislados de las formas de violencia masivas y sistemáticas que tuvieron lugar durante el conflicto armado.

La Unidad de Investigación y Acusación (2020) identifica dos patrones de violencia letal contra excombatientes de las FARC–EP: el primero es el patrón de desmonte de los proyectos políticos, económicos o comunitarios, en el que se encuentran involucrados líderes políticos, líderes de procesos de reincorporación y líderes comunales o de proyectos productivos. Este patrón sucede en el ámbito nacional y tiene por objetivo el debilitamiento de los procesos de reincorporación y la eliminación de liderazgos que puedan representar una amenaza para los intereses de grupos armados ilegales, actores políticos o económicos locales.

El informe señala que los presuntos responsables del asesinato de excombatientes que asumen roles de liderazgo son grupos armados ilegales, actores políticos o económicos locales y, en algunos casos, miembros de la fuerza pública. Entre esos grupos armados ilegales se destacan las disidencias de las FARC–EP, los grupos paramilitares y los grupos armados organizados. En muchos casos, las víctimas han sido personas que lideraban procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, oposición a proyectos extractivos o iniciativas de participación política. Esta hipótesis ha sido respaldada por informes de organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz, 2020, diciembre 21), que en 2020 documentó que 21% de los excombatientes asesinados en el ámbito nacional cumplían roles de liderazgo en iniciativas ligadas a la implementación del Acuerdo de paz.

Esta tendencia también se observa en Antioquia. Del total de 42 excombatientes asesinados en el departamento entre 2016 y 2023, al menos 35% tenían un rol activo como líderes de proyectos productivos, agrícolas o políticos.⁴ Este dato no sólo refuerza el patrón identificado en el ámbito nacional, sino que evidencia cómo los liderazgos surgidos del proceso de reincorporación son más vulnerables a la violencia.

El segundo patrón identificado por la JEP es de carácter regional y está vinculado ala prevalencia y la disputa entre disidencias de las FARC–EP en antiguas zonas de retaguardia del Bloque Oriental, el Bloque Sur y el Comando Conjunto de Occidente, y se refiere a la violencia homicida que afecta a los excombatientes en regiones específicas donde operan las disidencias del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia,⁵ que se disputan el control de zonas estratégicas de importancia histórica, simbólica, militar y social. Allí, las disidencias idearon un plan para recuperar por la vía militar las antiguas zonas de operación de las FARC–EP, creando un clima de sospecha permanente hacia los excombatientes, quienes son vistos como un obstáculo o incluso como traidores.

A diferencia del primer patrón, el segundo se concentra en regiones como Caquetá y Putumayo, donde las confrontaciones entre estructuras disidentes han derivado en amenazas, hostigamientos y asesinatos selectivos. La naturaleza regional de este patrón subraya la necesidad de realizar análisis diferenciados por territorio, reconociendo las especificidades locales que determinan las dinámicas de violencia.

4. Dinámicas de la violencia homicida contra excombatientes en Antioquia

Antioquia ha sido históricamente un territorio clave del conflicto armado y lamentablemente encabeza las estadísticas nacionales en múltiples formas de violencia. Esta intensidad se explica, en parte, por su ubicación geoestratégica, la cual lo convierte en un corredor clave para diversos actores armados, incluidos las FARC–EP, el ELN, el EPL, organizaciones narcotraficantes y estructuras paramilitares. A ello se suma la histórica disputa por la propiedad y el uso de la tierra —uno de los ejes estructurales de la violencia— y la presencia de una cultura hegemónica autoritaria, tradicionalista y excluyente que ha promovido el desprecio hacia la diferencia política y racial (Comisión de la Verdad, 2022b). La consolidación del paramilitarismo en la región, especialmente durante la década de 1990 con la expansión de las AUC, implicó el despliegue sistemático de una estrategia de eliminación del «enemigo interno», centrada en la persecución de liderazgos sociales y militantes de izquierda, lo que intensificó la represión y la violencia en el territorio.

Asimismo, la mayoría de las organizaciones insurgentes del país tuvieron presencia y buscaron el control de Antioquia. En su momento, las FARC–EP desplegaron varios de sus frentes en la región: el Frente 5 en la subregión de Urabá, 34 en los límites con el Chocó, los frentes 35, 36 y 37 en el Nordeste, el 9 y el 47 en el Magdalena Medio y el Oriente. Esta trayectoria histórica explica, en gran medida, la alta concentración actual de excombatientes en proceso de reincorporación en el departamento, pues según datos de la ARN (2024, marzo), hasta mayo de 2024 Antioquia concentra 10,6% de los excombatientes de las FARC–EP en proceso de reincorporación —1075 personas—, siendo el segundo departamento con mayor cantidad en el país.

Desde la firma del Acuerdo de paz hasta 2023, Antioquia registró 42 homicidios contra excombatientes. La violencia fue especialmente intensa entre 2018 y 2020 por cuenta del proyecto expansivo de los grupos armados organizados que operan en la región.⁶ El Clan del Golfo (AGC), en particular, impulsó un proceso de copamiento territorial, mientras que el ELN se consolidó como una fuerza de ocupación e intimidación interesada en expandir su presencia en el departamento (Pares, 2020). De hecho, entre 2018 y 2020 Antioquia fue el departamento con mayor registro de acciones por parte del ELN, especialmente contra el Clan del Golfo (Observatorio de conflictividades y Derechos Humanos, 2021).

Aunque pueda suponerse que la presencia de múltiples grupos armados incrementa automáticamente la violencia, los datos y el análisis del contexto local muestran que este comportamiento no es homogéneo, sino que depende de las dinámicas entre grupos armados: si existen alianzas, acuerdos de no agresión o, por el contrario, confrontaciones directas por el control territorial y de economías ilegales. Se ha evidenciado que las disputas entre el Clan del Golfo (AGC) y grupos de carácter insurgente, como el ELN y los Grupos Armados pos FARC–EP —Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia—, han dado lugar a enfrentamientos armados en los que predominan repertorios de violencia como confinamiento, desplazamiento forzado, reclutamiento, amenazas y homicidios (Pares, 2020). En estos enfrentamientos los excombatientes han sido particularmente vulnerables y algunos fueron desplazados de sus lugares de reincorporación por amenazas directas de muerte.⁷

Algunos excombatientes entrevistados expresaron que en las zonas donde un solo actor armado impone las reglas de juego y ejerce control la situación de seguridad es más estable y se corre menor riesgo. Por el contrario, en las áreas donde hay disputas entre dos o más grupos los excombatientes se encuentran en una posición vulnerable, quedando en medio del fuego cruzado.

Un ejemplo claro es el municipio de Dabeiba, que alberga una gran cantidad de excombatientes y donde está ubicado el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Llanogrande, en el que viven al menos cien excombatientes con sus familias. En esta zona, que tiene comparativamente pocos asesinatos (3), los excombatientes han manifestado que la principal razón para esta relativa tranquilidad es que se trata de un territorio que no está siendo disputado entre dos o más grupos armados. Aunque existe un control hegemónico por parte del Clan del Golfo, los excombatientes que se encuentran allí manifiestan que siempre existe el temor de que esta situación pueda cambiar y que en cualquier momento puedan ser objeto de violencia:

Afortunadamente, la lectura que nosotros hacemos es que eso es lo que nos ha permitido un poquito de tranquilidad, porque hasta ahora no ha llegado otro [grupo armado]. El día que llegue la Segunda Marquetalia o cualquier otro grupo disidente, ahí sí, como decíamos nosotros en la guerra: la guerra es como los ríos, tiene dos orillas. O es de allá, o es de allá, porque si usted se queda en el centro, las balas de aquí para allá o las de allá para acá le van a dar (Excombatiente en el AETCR de Dabeiba, comunicación personal, junio, 2024).

En contraste, en el norte del departamento se han documentado alianzas militares entre estructuras como Los Caparros y el Frente 18 de la Segunda Marquetalia, orientadas a enfrentar al Clan del Golfo en zonas estratégicas como el Nudo del Paramillo. Estas alianzas y combates han intensificado la conflictividad y generado múltiples afectaciones, en las que resalta el caso de Ituango,⁸ donde se forzó el desplazamiento completo del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía y se dejó un saldo de quince excombatientes asesinados, siendo el municipio de Antioquia con mayor cantidad de homicidios a excombatientes.

Gráfica 2. Presencia de grupos armados en Antioquia. Corte a 2023.

Fuente: elaboración propia a partir de Pares (2023, febrero 16).

Como se evidencia en los mapas, existe una predominancia de actores armados en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste. El interés de estos actores en expandir su presencia en el departamento está relacionado con las rentas ilegales de la minería y de las demás actividades previamente manejadas por las FARC–EP como el narcotráfico. Las zonas atravesadas por las cordilleras, al ser montañosas, permiten economías del oro y la plata, y la conectividad con el sur de Bolívar, departamento de gran importancia para grupos como el ELN, que permite el movimiento de economías como el gramaje por el paso de la droga y el afianzamiento de la presencia nacional.

La relación entre el aumento de los cultivos ilícitos y la consolidación de economías ilegales también ha sido un factor clave. En 2019, las hectáreas de coca en Antioquia crecieron 69% respecto a 2017 (UNODC, 2021). Y aunque la JEP ha señalado que no hay una correlación directa entre cultivos ilícitos y homicidios de excombatientes, el fortalecimiento financiero de los grupos armados ha derivado en mayor presión sobre la población, especialmente sobre líderes sociales y firmantes que promueven procesos de sustitución voluntaria o de defensa del medio ambiente.

Las siguientes subregiones con más casos de excombatientes asesinados son Occidente (6) y Nordeste (4). En dichas zonas existe una amplia presencia de las AGC y el ELN. En Occidente, tras sangrientas disputas con los demás grupos, las AGC lograron establecer un control hegemónico y consolidar el control de economías ilegales derivadas del oro y la coca. En el caso del Nordeste, los grupos armados mantienen una dinámica de alianza entre unos y confrontaciones armadas entre otros (Pares, 2023, febrero 16). Allí, organizaciones de derechos humanos han denunciado incursiones paramilitares, aumento del desplazamiento forzado y asesinatos de líderes y firmantes de paz (Unidad de Víctimas, 2023, diciembre 19). En este territorio, desde 2018 se han registrado enfrentamientos entre las disidencias de las FARC–EP y el ELN con el Clan del Golfo. Durante una incursión del Clan del Golfo en una vereda en el municipio de Segovia el 22 de septiembre de 2023, entre otros actos —violencia sexual y maltrato físico— contra miembros de la comunidad, se produjo el asesinato de un excombatiente.

En concordancia con lo anteriormente expuesto, en contraste con los patrones de violencia identificados por la JEP, se puede evidenciar que en Antioquia el principal responsable de la violencia contra excombatientes es el Clan del Golfo. Si bien en Antioquia hay 6 casos identificados de homicidios relacionados con grupos disidentes pos Farc–EP, la prevalencia de homicidios vinculados con grupos derivados del paramilitarismo permite observar un escenario en el cual en las zonas donde hay disputas entre el Clan del Golfo y otros actores armados como el ELN y los grupos disidentes post FARC–EP aumenta la violencia contra excombatientes.

Gráfica 3. Actores armados por subregión e intensidad de violencia homicida contra excombatientes de las FARC–EP en Antioquia, 2016–2023.

Fuente: elaboración propia a partir de Pares (2023, febrero 16) y JEP (2023).

Aún con las escandalosas cifras de violencia, la presencia de excombatientes en el departamento de Antioquia es alta. Tras el Acuerdo de paz, en Antioquia fueron ubicados cuatro Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) —actualmente denominados Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR)—. También se han creado Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) y algunos excombatientes se encuentran realizando el proceso de reintegración de forma individual. En su mayoría, quienes deciden vivir en esos AETCR o en las NAR las eligen porque están ubicadas en lugares donde operaron durante su pertenencia al grupo y porque son territorios que conocen o en los que tienen algún tipo de arraigo (Ríos, 2024).

La mayoría de los excombatientes están ubicados en las subregiones de Norte, Nordeste y Occidente de Antioquia. En esas zonas, en los municipios de Anorí, Remedios. Dabeiba y Mutatá, se encuentran ubicados los AETCR y también hay alta presencia de excombatientes realizando su reincorporación individual. Estos espacios han desempeñado un papel significativo y aunque fueron diseñados para facilitar la transición de los excombatientes hacia la vida civil los datos revelan que 14 de los 42 homicidios ocurridos en el departamento fueron cometidos contra personas que estaban en proceso de reincorporación en alguno de estos AETCR.

Es importante señalar que, aunque ninguno de los asesinatos se perpetró dentro de los predios de los AETCR, ya que las condiciones de seguridad son relativamente sólidas dentro de estos espacios, las víctimas fueron atacadas al desplazarse hacia o desde estos espacios, mayoritariamente en vía pública de las zonas rurales. Por otro lado, algunos excombatientes, ante las amenazas recibidas, decidieron abandonar estos espacios y fueron asesinados posteriormente en las nuevas zonas a las que se trasladaron. Este fenómeno sugiere que, a pesar de los esfuerzos por garantizar la seguridad y la reincorporación de los excombatientes, persisten riesgos significativos que ponen en peligro sus vidas, especialmente cuando se desplazan fuera de los AETCR o intentan reubicarse en otros territorios.

El anterior recuento de la situación de violencia en Antioquia deja un gran interrogante respecto al balance frente al Acuerdo de paz firmado en 2016. Según la Alerta Temprana 034 de la Defensoría del Pueblo (2023, septiembre 28), aunque el proceso de paz disminuyó la violencia temporalmente, la situación de violencia, especialmente la relacionada con las disputas territoriales entre actores armados, se ha recrudecido desde 2020. Esto da a entender que el Estado no logró llegar después del Acuerdo de paz a los territorios más azotados por la violencia, permitiendo así el reacomodo de otros actores.

Este nuevo ciclo de violencia que se replica en el ámbito nacional ha estado caracterizado por un alto aumento en el asesinato de excombatientes y líderes sociales en hechos asociados con reclamaciones y titulación de tierras, apoyo a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y la defensa del medio ambiente (Defensoría del Pueblo, 2023, septiembre 28). A su vez, este ciclo de violencia se ha caracterizado por la radicalización de grupos disidentes del Acuerdo de paz y de estructuras heredadas del paramilitarismo, los cuales, pese a los intentos de acercamiento para la negociación por parte del gobierno de Gustavo Petro, se han mostrado reacios a detener la ola de violencia que enfrenta el país actualmente.

Conclusiones

La violencia homicida contra excombatientes de las FARC–EP en Antioquia no es aleatoria, sino que obedece a lógicas específicas que reafirman la idea de que Colombia atraviesa un nuevo ciclo de violencia tras la firma del Acuerdo de paz. Entre las principales dinámicas identificadas se encuentran: el uso de la violencia para desarticular liderazgos políticos y comunitarios; la instrumentalización del homicidio como mecanismo de control territorial por parte de grupos armados; y la vulnerabilidad particular de los excombatientes en zonas de disputa o expansión por el control territorial de otros grupos armados.

Como lo demuestra el caso de Antioquia, las zonas con mayor confrontación entre grupos tienden a registrar más desplazamientos, amenazas y homicidios, pero esto no ocurre únicamente en función de la cantidad de actores armados presentes, sino del tipo de relaciones —alianzas o disputas— que los actores establecen entre sí. Esta complejidad resalta la importancia de adoptar una perspectiva territorial para entender este nuevo ciclo de violencia.

La seguridad de los excombatientes fue una de las principales preocupaciones expresadas en los diálogos de La Habana y la falta de garantías efectivas para su protección representa un factor crítico de riesgo. El abandono de procesos de reincorporación, la reactivación armada y la vinculación con nuevas estructuras ilegales son escenarios que se vuelven más probables en ausencia de condiciones mínimas de seguridad.

Las entrevistas realizadas reflejan un sentimiento generalizado de abandono por parte del Estado. Muchos excombatientes perciben que, tras haber entregado las armas y apostado por la paz, han quedado desprotegidos ante la reconfiguración de la violencia en sus territorios. Esta percepción de traición afecta la confianza en el Estado y en los procesos de desmovilización: «Pecamos de buena fe. Nunca se nos pasó por la mente que iban a haber más de 400 asesinatos. El estado nos falló. Se repite la historia» (Excombatiente en el AETCR de Dabeiba, comunicación personal, junio, 2024).

Así las cosas, resulta urgente repensar el enfoque y las medidas de seguridad para la población excombatiente. Las medidas existentes han resultado insuficientes y se han concentrado en proteger los altos mandos, mientras que quienes permanecen en zonas rurales y aquellos que se encuentran haciendo el proceso de reincorporación individual enfrentan una mayor vulnerabilidad. Ante esto, es importante formular políticas y modelos de reintegración con enfoque territorial y con consideración de los elementos que aumentan el riesgo de victimización. Asimismo, mientras el Estado no asuma plenamente su compromiso con los acuerdos ya pactados y no logre desmantelar —por la vía negociada o mediante el sometimiento— a los demás grupos armados que hacen presencia en el país, la «Paz total» no será viable.

Notas

^* Artículo derivado del proyecto de investigación Violencia homicida contra excombatientes de las FARC en el marco del posacuerdo en Colombia, aprobado en la Convocatoria para proyectos de investigación presentados por estudiantes del semillero Conflictos, construcción de paz y memoria del grupo de investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos, Instituto de Estudios Políticos, y con el apoyo del Comité para el Desarrollo de la Investigación, Universidad de Antioquia.

¹ La cifra de los desmovilizados de las AUC es dispar entre distintas fuentes. Según Verdad Abierta fueron 31 671.

² Aunque con variaciones, se estima que al menos 15,5 % de los excombatientes desmovilizados reincidieron en actividades delictivas o se integraron a nuevos grupos armados ilegales; además, cerca de 1000 postulados a Justicia y Paz denunciaron amenazas entre 2007 y 2009, muchas de ellas con el objetivo de silenciarlos para no colaborar con la justicia o presionarlos para volver a las armas (FIP, 2010; Verdad Abierta, 2010, noviembre 25; CNMH, 2015).

³ En estos departamentos se registra una alta presencia de estructuras armadas ilegales. Antioquia concentra la mayor cantidad de grupos con presencia simultánea —Clan del Golfo en 59 municipios, ELN en 31, Estado Mayor Central en 19, Caparros en 11 y Segunda Marquetalia en 4—, seguido por Cauca, donde operan al menos 5 grupos, destacándose el Estado Mayor Central con presencia en 36 municipios. En Caquetá y Nariño también se observa una concurrencia de actores armados, incluyendo facciones disidentes de las FARC–EP, el ELN y el Clan del Golfo (Pares, 2023, febrero 16).

⁴ Se destacan los homicidios de Ánsel de Jesús Montoya y Vilmar Asprilla cometidos por integrantes del Clan del Golfo en el municipio de Peque mientras se encontraban organizando una reunión política en apoyo a los candidatos del Partido FARC —ahora Comunes— a la Cámara de Representantes en 2018 (El Espectador, 2018, junio 30).

⁵ La JEP identificó este patrón dentro de lo que denominan la zona de «retaguardia histórica de las FARC–EP», que comprende el Norte del Caquetá y zona Yari–Ariari, Cañón de las Hermosas y conexiones y Bota Caucana, sur del Caquetá y norte del Putumayo (Unidad de Investigación y Acusación, 2020).

⁶ Los años con mayor cantidad de casos de excombatientes víctimas de homicidio en Antioquia fueron 2019 (9), 2018 (8) y 2020 (7), a partir de allí los casos descendieron a 5 en 2021, 6 en 2022 y 3 en 2023 para la fecha de corte de la investigación (JEP, s. f.).

⁷ En el municipio de Frontino, subregión del Occidente, donde se encuentra ubicada la Nueva Área de Reincorporación (NAR) La Blanquita, al menos treinta excombatientes que desarrollaban allí proyectos productivos abandonaron el lugar como consecuencia de amenazas de muerte por parte de ambos grupos (La Paz en el Terreno, 2021, julio).

⁸ Ituango se encuentra en una zona geográfica estratégica que conecta la mayoría de subregiones de Antioquia y el sur del departamento de Córdoba entre sí, lo cual ha hecho que el territorio se encuentre atravesado por diversas dinámicas del conflicto armado a lo largo del tiempo, favoreciendo la presencia de grupos armados, la movilización de tropas y la expansión de otros grupos con intereses en la zona, especialmente por el control de rentas ilegales asociadas a minería y narcotráfico.

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