ISSN (impreso) 0121–5167 / ISSN (en línea) 2462–8433

SECCIÓN GENERAL

Percepción de la corrupción en Colombia en las últimas dos décadas (2001–2020)^*

Perception of Corruption in Colombia over the Past Two Decades (2001–2020)

Luis Fernando Restrepo Betancur¹ (Colombia)

¹ Estadístico. Especialista en Estadística y Biomatemática. Facultad de Ciencias Agrarias. Docente Titular Universidad de Antioquia UdeA. Calle 70 No. 52–21, Medellín, Colombia. Correo electrónico: frbstatistical@yahoo.es – Orcid 0000–0002–8583–5028 – Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=nrMCe58AAAAJ&hl=es

Fecha de recepción: agosto de 2024

Fecha de aprobación: mayo de 2025

Cómo citar este artículo: Restrepo Betancur, Luis Fernando. (2025). Percepción de la corrupción en Colombia en las últimas dos décadas (2001–2020). Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 74. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n74a02

Resumen

Este artículo responde a la pregunta de cómo se ha configurado la percepción de la corrupción en Colombia durante las dos últimas décadas (2001–2020). La tesis asociada sostiene que la corrupción, lejos de disminuir, se mantiene como un fenómeno estructural vinculado a deficiencias institucionales y a la desconfianza ciudadana hacia el Congreso, el Gobierno y las administraciones locales. A partir de un enfoque teórico–metodológico de carácter descriptivo exploratorio de tipo longitudinal, la información se recopilo de Transparency International, Our World in Data, Latinobarómetro y The Global Economy. El análisis evidencia que Colombia se ubica persistentemente entre los países con percepciones más negativas asociadas a la corrupción, lo que afecta la legitimidad del sistema político y limita el desarrollo social. Se puede concluir que la corrupción incide en la confianza de la ciudadanía, debilita la democracia, obstaculiza el desarrollo económico, agrava la desigualdad, incrementa la pobreza y la división social, entre otros. A diferencia de estudios previos, este trabajo enfatiza en la articulación entre indicadores internacionales y la opinión pública nacional para comprender la magnitud del problema.

Palabras clave: Instituciones Políticas; Cultura Política; Corrupción; Opinión Pública; Colombia.

Abstract

This article answers the question of how the perception of corruption in Colombia has been configured over the last two decades. The thesis associated with this study argues that corruption, far from decreasing, remains a structural phenomenon linked to institutional deficiencies and citizen distrust toward Congress, the government, and local administrations. Using a longitudinal, exploratory, descriptive theoretical–methodological approach, information was compiled from Transparency International, Our World in Data, Latinobarómetro, and The Global Economy. The analysis shows that Colombia persistently ranks among the countries with the most negative perceptions associated with corruption, which undermines the legitimacy of the political system and limits social development. It can be concluded that corruption impacts citizen trust, weakens democracy, hinders economic development, exacerbates inequality, increases poverty and social divisions, among other factors. Unlike previous studies, this work emphasizes the connection between international indicators and national public opinion to understand the magnitude of the problem.

Keywords: Political Institutions; Political Culture; Corruption; Public Opinion; Colombia.

Introducción

La corrupción ha sido uno de los mayores infortunios para las sociedades a lo largo de la historia. Su origen se debe, entre otros factores, a regímenes autoritarios, a ciertos sistemas políticos de gobierno y a la falta de desarrollo de la sociedad en general. La complejidad de la corrupción reside en la dificultad de su medición y análisis, debido a la incertidumbre que existe alrededor de su significado y a las diferentes formas en que puede presentarse, dependiendo de la región (Miranzo, 2018). Este es, sin duda, un fenómeno social complejo que ha encontrado la manera de colarse entre los sistemas sociales, políticos y económicos, entorpeciendo y dificultando en gran medida el progreso de las sociedades. Las motivaciones de las personas para hacer parte de actuaciones corruptas son variadas e incluyen múltiples factores que van desde lo específico hasta lo general (Bicchieri y Ganegonda, 2016).

La variabilidad e inconsistencia de la corrupción hace que esta pueda ser entendida desde perspectivas muy diferentes en cada sociedad. En este sentido, algunos autores la han clasificado en tres grupos: la corrupción negra, la gris y la blanca. La primera hace referencia al escenario en donde la corrupción es condenada tanto por las élites y las clases altas como por la sociedad, en este caso, existen repercusiones legales para quien lleve a cabo este tipo de conductas; el segundo escenario apunta hacia una situación intermedia en la que no hay un acuerdo entre la condena de la élite y de la comunidad, además de que las repercusiones legales pueden o no existir; finalmente, el último escenario hace referencia a una corrupción que es tolerada por los agentes y que no tiene repercusiones legales (Moya y Paillama, 2017).

Para muchas sociedades actuales la corrupción ha dejado de ser un fenómeno distante y se ha convertido en un elemento cotidiano que se ha insertado en el sistema, esto se conoce como corrupción sistémica e influye directamente sobre las dinámicas económicas y políticas de las regiones. Una de las características de este tipo de corrupción es que se propaga de manera espontánea, pues la población no la percibe como un conjunto de acciones ilegales, sino más bien naturales y cotidianas (Hava, 2016).

El objetivo del presente estudio consiste en evaluar la percepción de la corrupción en Colombia en las últimas dos décadas (2001–2020), con base en la información reportada por los portales: Transparency International, Our in World in Data, Global Corruption Index, Latinobarómetro y The Global Economy.

1. Marco teórico

América Latina es una de las regiones del mundo más afectadas por la corrupción, lo que perjudica significativamente el desarrollo de los sistemas democráticos, hace cada vez más grande la brecha de la desigualdad y propicia la mala utilización de la autoridad y de los recursos de un Estado para suplir intereses privados. Uno de los casos de corrupción de más resonancia en esta región es el de Odebrecht, constructora brasileña implicada en una red de sobornos para la obtención de contratos en países en los que figura Colombia, involucrando a varios partidos políticos y funcionarios de diferentes gobiernos. Situaciones como esta alimentan la desconfianza en las instituciones democráticas latinoamericanas y se convierten en un instrumento que motiva una serie de reformas y reestructuraciones políticas efectivas a la hora de enfrentar las prácticas corruptas (Ramos y Álvarez, 2019).

La corrupción repercute de manera especial en la capacidad que tiene el sector público y, en general, el Estado para adelantar sus funciones en beneficio de los ciudadanos, como el recaudo de impuestos o destinar recursos para aportar al crecimiento de la economía local o para contribuir más eficientemente a la calidad de vida de los ciudadanos (Ivanyna, Moumouras y Rangazas, 2016). En los grandes actos de corrupción los beneficios que reciben los involucrados —la mayoría de las veces burócratas de alto rango o grupos de interés del sector privado— son tan altos que superan en buena medida los riesgos y costos que podrían enfrentar, haciendo que esta desafortunada práctica se repita con frecuencia (Mashali, 2012). Mientras tanto, en lo que se conoce como pequeña corrupción es más sencillo identificar a los responsables, normalmente mandos medios y ciudadanos, en sobornos poco representativos (Córdoba y Ponce, 2017). Estas malas prácticas, incluyan o no grandes o pequeñas sumas de dinero, afectan la buena marcha de una democracia y frenan el desarrollo de las instituciones (Correa, 2017).

La corrupción en la gestión pública, la cual se caracteriza por el abuso del cargo en beneficio y provecho propio, va desde situaciones tan simples como autenticar un documento o agilizar la entrega de una licencia hasta la firma y aprobaciones para grandes proyectos de infraestructura, situación que repercute de tal manera que propicia un ambiente de incertidumbre y desconfianza, no sólo en el ámbito nacional, sino internacional. Por razones como estas, atacar la corrupción es fortalecer la democracia (Palacios, 2014).

La globalización y el desarrollo de servicios financieros transnacionales han permitido a gobiernos clasificados como corruptos y bien organizados ocultar fondos obtenidos mediante la corrupción y extraer recursos del país a gran escala. Las poblaciones que lucharon por la democracia en los Estados poscoloniales se han visto privadas de sus derechos por el establecimiento de regímenes cleptocráticos que manejan el aparato estatal en su propio interés. Desde China y Pakistán hasta Egipto y Myanmar, pequeños grupos de élites han desviado recursos estatales en gran cuantía y han controlado las instituciones del Estado en beneficio propio y de sus familias. Mantienen el poder sobre la población con el fin de perpetuar los actos corruptos que se derivan de sus actividades políticas o empresariales. Esto no sólo provoca el sufrimiento de miles de millones de personas en todo el mundo, sino que, como estas élites corruptas en la cúspide de las instituciones estatales influyen en la política y la seguridad mundial, amenazan los cimientos del orden mundial basado en normas (MacLachlan, 2017).

Estudiar y analizar la corrupción pública se ha hecho especialmente relevante con el objetivo, entre otros, de reducir la brecha existente entre los ingresos y los gastos públicos. Sin embargo, uno de los principales obstáculos en medio de este proceso es la identificación, definición y medición de la corrupción, ya que además de existir una delgada línea entre lo legal y lo ilegal no hay instrumentos que la logren percibir objetivamente. No obstante, existen dos índices reconocidos internacionalmente que plantean una forma de medirla: el primero de ellos es conocido como el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), publicado anualmente por Transparencia Internacional, el cual indica, mediante una clasificación del 1 al 10, qué tan transparente es un país, es decir, mientras más alto sea su valor entonces menor será el grado de corrupción; el segundo hace referencia al Índice de Control de Corrupción (CC) del Banco Mundial, el cual oscila entre –2.5 y 2.5, y que indica menor grado de corrupción mientras más alto sea su valor. Ambos índices son construidos a partir de impresiones de expertos acerca del manejo del poder por parte de los funcionarios para agilizar trámites y obtener retribuciones privadas que favorezcan sus intereses (Castañeda, 2016).

Existe también otra forma de clasificar la corrupción según quién la propicie, de allí surge los denominados corrupción institucional y corrupción ciudadana. La primera se refiere a la forma en que los funcionarios abusan del poder que tienen, aprovechándose del cargo que ocupan para obtener beneficios propios o en favor de terceros. Esta es la más común y representativa en los gobiernos, afectando de manera considerable los ámbitos social, político y económico. Por otro lado, la corrupción ciudadana se refiere a la práctica en la que intervienen los intereses de la población para aprovecharse deshonestamente de los recursos, programas o servicios que ofrece el Estado mediante el soborno de los funcionarios públicos para obtener un beneficio mutuo. A pesar de que esta práctica es rechazada, por la costumbre de romper el orden jurídico para acceder a dichos beneficios, las personas se han encargado de hacerla cotidiana, al punto que, pese al rechazo de muchos, finalmente parezca que es aceptada (Hernández, 2017).

De otro lado, vale la pena resaltar que el derecho al voto por parte de la ciudadanía no debe concebirse únicamente como el acto periódico del sufragio, sino como una práctica permanente de vigilancia, participación deliberativa y corresponsabilidad en la toma de decisiones públicas. Una ciudadanía participativa e interventora se configura como un factor esencial de la gobernanza democrática, en la medida en que demanda la interacción de los ciudadanos en los asuntos colectivos, no sólo durante los procesos electorales, sino en las fases previas y posteriores (Rios y Cardinelli, 2023). Desde esta perspectiva, el ciudadano deja de ser un sujeto pasivo o un mero receptor de las decisiones de los agentes estatales para convertirse en un actor con incidencia política, capaz de ejercer control social, exigir rendición de cuentas y disuadir comportamientos corruptos mediante mecanismos de fiscalización social. Los medios de comunicación son fundamentales en propiciar un debate público más amplio, favoreciendo el pluralismo ideológico y permitiendo fortalecer la cultura democrática mediante la apropiación de espacios deliberativos abiertos, informados y transparentes (Rios y Cardinelli, 2023).

2. Marco metodológico

El estudio es descriptivo exploratorio de tipo longitudinal y de carácter cuantitativo. Para el análisis de la información se emplea la técnica multivariada de grafo con segmentación de clúster, complementado con pruebas de comparación de porcentajes con base en un nivel de confiabilidad de 95%. Se emplearon los paquetes estadísticos SAS University y Python.

El Índice Global de Corrupción —Global Corruption Index (GCI)— (Risk Watch Initiative, s. f.) se compone de 28 variables construidas sobre la base de conjuntos de datos que se sustraen de manera exclusiva de entidades de reconocimiento internacional. El GCI sigue una metodología estricta que abarca 198 países y sus datos describen la exposición al riesgo de corrupción que se deriva tanto del sector público como del privado. También incluye temas relacionados con delitos de cuello blanco y, más específicamente, con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El GCI se basa en varios métodos para recopilar datos que reflejan la variedad de formas disponibles para estimar la corrupción. Este proceso permite promover el objetivo de proporcionar estimaciones lo más cercanas posible a los valores reales. La puntuación de cada país se calcula a partir de un mínimo de tres fuentes de datos tomadas de trece estudios y evaluaciones que miden los siguientes temas: soborno, malversación de fondos públicos, funcionarios que utilizan su cargo público para obtener lucro personal sin afrontar las consecuencias, capacidad del gobierno para prevenir la corrupción en el sector público, excesiva burocracia en el sector público que puede incrementar las oportunidades de ejercer la corrupción, nepotismo en el nombramiento de funcionarios públicos, legislación que garantice la transparencia en las declaraciones de finanzas personales y posibles conflictos de interés en los cargos públicos, protección legal de denuncias de casos de soborno y corrupción, captura del Estado por intereses privados, acceso a la información sobre asuntos públicos de interés ciudadano y actividades de gobierno. El índice de corrupción no tiene en cuenta las percepciones directas de corrupción por parte de los ciudadanos, fraude fiscal, movimientos ilícitos de fondos, facilitadores de corrupción, blanqueo de fondos, corrupción en el sector privado, economías y mercados informales.

La puntuación de cada Estado evaluado se efectúa a partir de un promedio de las cifras reportadas por las distintas fuentes, con base en una escala de 0 a 100. Un requisito para que un país o territorio forme parte del GCI es que existan al menos tres fuentes que lo consideren en su evaluación.

El GCI se divide en seis indicadores: i) Estado de ratificación de convenciones; ii) Percepción de la corrupción; iii) Experiencia de corrupción; iv) País características; v) Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; y vi) Membresía al GAFI u organismos relacionados (véase cuadro 1).

Cuadro 1. Variables empleadas para establecer el Índice Global de Corrupción (GCI).

Fuente: elaboración propia.

Las diferentes variables y la información recopilada están vinculadas a la medida de corrupción o delitos de cuello blanco, ya sea directa o indirectamente. Las medidas directas del índice de corrupción consisten en la elaboración de tres encuestas de percepción e igual número de encuestas de experiencia que han sido reportadas.

En este estudio se utilizó, adicionalmente, el CPI elaborado por Transparencia Internacional (Transparency International, s. f. a), el cual permite evaluar la corrupción en distintos países a partir de encuestas a expertos y empresarios. Igualmente, se recopilo información de Our World in Data (Herre, Samborska y Ortiz–Ospina, 2025), la cual ofrece bases de datos comparativas que integran indicadores de gobernanza y percepción ciudadana sobre corrupción en el ámbito global. También se empleó el portal Latinobarómetro (s. f.), el cual proporciona indicadores de percepción ciudadana asociadas a la corrupción; particularmente, responde a preguntas orientadas a establecer cuánto considera la población que la corrupción está generalizada en el Gobierno y en las instituciones públicas, lo cual refleja el grado de confianza en las estructuras políticas y administrativas. Finalmente, se usó TheGlobalEconomy.com (s. f.), que mide diferentes aspectos asociados a la corrupción.

3. Resultados

La gráfica 1 define las variables relacionadas con el GCI descritos en el cuadro 1 en cuatro clústeres temáticos: corrupción (rojo), gobernanza (verde), justicia (azul) y democracia (naranja). Cada estrato refleja un conjunto de indicadores interdependientes que permiten entender la situación institucional de Colombia. En el clúster de corrupción, los valores bajos en incidencia, profundidad y tasa de soborno muestran que este sigue siendo un problema estructural. El clúster de gobernanza refleja un desempeño intermedio: existen avances en calidad regulatoria, pero persisten deficiencias en la supervisión presupuestaria. La efectividad del Gobierno, aunque moderada, se ve limitada por la falta de control en la corrupción, lo cual reduce la confianza ciudadana. En el clúster de justicia se evidencian las mayores debilidades, especialmente en independencia judicial y en la protección contra influencias indebidas. El estrato naranja refleja fortalezas en voz y responsabilidad, pero la estabilidad política es un punto débil. La polarización y la violencia que se da en Colombia afectan la calidad democrática del país. Las correlaciones más fuertes se observan entre participación pública, control de la corrupción y justicia imparcial, lo que sugiere que mejorar uno de estos aspectos repercute positivamente en las otras variables. El grafo circular describe que todos los componentes asociados al índice están interconectados, sin posibilidad de abordar un indicador de forma aislada.

Gráfica 1. Grafo circular de gobernanza y corrupción en Colombia.

Fuente: elaboración propia a partir de Basel Institute on Governance (2020).

En la gráfica 2 se puede observar la evolución de la posición que ocupa la nación en el ámbito mundial en las últimas dos décadas (2001–2020) relacionado con el Índice de Percepción de la Corrupción, de acuerdo al informe suministrado por Datosmacro.com (s. f.), se aprecia un incremento significativo a partir de 2012. Al establecer el coeficiente de variación este permitió determinar un patrón homogéneo en el último lustro. En 2020 Colombia ocupó la posición 92 de 179 naciones evaluadas, de acuerdo al portal Datosmacro.com (s. f.).

Gráfica 2. Evolución del ranking relacionado con el Índice de Percepción de la Corrupción de Colombia en el ámbito mundial.

Fuente: elaboración propia a partir de Datosmacro.com (s. f.) y TheGlobalEconomy.com (s. f.).

En la tabla 1 se describe la percepción por parte de la ciudadanía respecto a diferentes entes gubernamentales. Los concejales, parlamentarios, el presidente y sus funcionarios se consideran con mayor corrupción en sus actos administrativos. Los líderes religiosos son los menos afectados en la calificación otorgada. Un bajo porcentaje de las personas indagadas consideran que no existe corrupción en los diferentes entes gubernamentales (Latinobarómetro, s. f.).

Tabla 1. Percepción de corrupción por parte de la ciudadanía, porcentaje (n=1200).

Fuente: elaboración propia a partir de Latinobarómetro (s. f.).

En la tabla 2 se puede ver la opinión de las diferentes personas encuestadas en Colombia respecto a la percepción de la corrupción en los diferentes entes (Latinobarómetro, s. f.), anotando que en la escala 1 indica ausencia y 10 denota la mayor percepción de corrupción. El Congreso, el Gobierno y los diferentes centros municipales tienen las calificaciones más nefastas, mientras que el sector empresarial es el que posee las notas menos malas.

Tabla 2. Escala de corrupción a partir de la opinión ciudadana en Colombia, en porcentaje (n=1200).

Fuente: elaboración propia a partir de Latinobarómetro (s. f.). Nota: letras diferentes indican divergencia estadística significativa.

El último reporte efectuado por Latinobarómetro (s. f.), relacionado con el esfuerzo de reducir la corrupción en Colombia, encontró que la ciudadanía encuestada ve que poco o nada se está realizando al respecto (véase tabla 3).

Tabla 3. Grado de progreso en reducir la corrupción en las instituciones del Estado, porcentaje (n=1200).

Fuente: elaboración propia a partir de Latinobarómetro (s. f.). Nota: letras diferentes indican divergencia estadística significativa.

De acuerdo con la opinión ciudadana Latinobarómetro (s. f.), no se encontró diferencia estadística entre sexos en relación al aumento de la de corrupción en Colombia. Tanto los hombres como las mujeres creen que se ha incrementado mucho esta problemática (41%). Las personas adultas mayores a los cuarenta años son las que en mayor medida enfatizan dicho factor, al igual que los casados, solteros y separados (véase tabla 4).

Tabla 4. Aumento de la corrupción en Colombia, porcentaje (n=1200).

Fuente: elaboración propia a partir de Latinobarómetro (s. f.). Nota: letras diferentes indican divergencia estadística significativa.

En la gráfica 3 se puede apreciar la opinión respecto a diferentes preguntas elaboradas por Latinobarómetro (s. f.), donde un porcentaje significativo de encuestados consideran que estarían de acuerdo en que se emplee cierto grado de corrupción para solucionar diferentes aspectos problemáticos en la nación. 40% de los indagados, si presenciaran un acto corrupto, se quedarían callados; 21% consideran que no serían cómplices por no denunciar a tiempo el acto; y 63,6% de las personas afirman que la corrupción en Colombia se ha incrementado de manera notoria.

Gráfica 3. Percepción en relación a la corrupción en Colombia.

Fuente: elaboración propia a partir de Latinobarómetro (s. f.).

El grafo de tipo circular elaborado con base en la recopilación de información Basel Institute on Governance (2020) permitió reflejar cómo la corrupción en Colombia emerge de una compleja red de factores interrelacionados, agrupados en tres clústeres: institucionales, económico–políticos y culturales–sociales. En el clúster institucional predominan debilidades como la impunidad judicial y la captura de la nación, las cuales afectan de manera marcada la capacidad del Estado para sancionar conductas ilícitas. El grupo económico–político destaca la influencia del narcotráfico, el crimen organizado y el financiamiento ilegal de campañas, mostrando cómo personas con poder económico pervierten las estructuras del Estado. Por su parte, los factores culturales y sociales reflejan una normalización de la corrupción, promovida por la apatía ciudadana y la escasa ética pública (véase gráfica 4).

Gráfica 4. Grafo circular con factores de corrupción en Colombia.

Fuente:  elaboración propia a partir de Basel Institute on Governance (2020) y Herre, Samborska y Ortiz–Ospina (2025).

En la gráfica 5 se proyecta la percepción de la corrupción en el ámbito global por parte de Transparency International (s. f. b) y Bastian Herre, Veronika Samborska y Esteban Ortiz–Ospina (2025). Colombia es calificada con una nota de 4.4, siendo una de las naciones del mundo con nota desfavorable. En general, la mayoría de los países de Sudamérica tienen alta nota en la clasificación mundial, al igual que un grupo de naciones de África y Asia. El CPI puntúa a los países en una escala de 0 (se percibe como muy corrupto) a 100 (se percibe como muy limpio). El indicador es representativo de la opinión de los expertos, ya que se construye tomando los promedios de varias encuestas estandarizadas efectuadas entre ellos, donde se incluye, entre otras, la Fundación Bertelsmann, el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial. De acuerdo con la opinión de las personas calificadas para otorgar una nota por su experiencia reconocida, Colombia es puntuada con un alto índice de corrupción, mientras Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur y Suecia son las naciones con mejor nota, al considerarlas como naciones limpias. En el otro extremo se ubican los países con las puntuaciones más bajas, entre ellos se destacan Somalia, Siria, Sudán del Sur, Yemen y Corea del Norte.

Gráfica 5. Valoración media de la corrupción percibida en el sector público.

Fuente: tomado de Herre, Samborska y Ortiz–Ospina (2025).

El soborno es una de las formas más comunes de corrupción. En la gráfica 6 se proyecta el porcentaje de ciudadanos que declaran haber pagado un soborno en el último año con el fin de poder acceder a servicios públicos como la educación, el poder judicial, la medicina y la salud, la policía, el registro y servicios de permisos, servicios públicos, recaudación de impuestos y aduanas, y servicio de tierras. Se destaca gran heterogeneidad entre países. En India, Yemen, Liberia y Vietnam al menos 2 de cada 3 encuestados afirman haber pagado un soborno en el último año. En Japón, Reino Unido y Suecia sólo 1 de cada 100 o menos personas declaran haber pagado un soborno en el mismo periodo de tiempo. Colombia se ubica en un lugar intermedio con 30%.

Gráfica 6. Ciudadanos que declaran haber pagado un soborno en el último año, porcentaje.

Fuente: tomado de Herre, Samborska y Ortiz–Ospina (2025).

En la gráfica 7 se puede apreciar gran heterogeneidad en la percepción de la corrupción referente a los partidos políticos. Colombia se sitúa como uno de los países con mayor porcentaje desfavorable de percepción en la ciudadanía. Se observa que las naciones de Centroamérica y gran parte de Sudamérica y Asia son las regiones con valoraciones bajas de acuerdo con la proyección descrita en el mapa.

Gráfica 7. Personas que piensan que los partidos políticos son muy corruptos, porcentajes.

Fuente: tomado de Herre, Samborska y Ortiz–Ospina (2025).

En la gráfica 8 se puede apreciar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) frente al Índice de Percepción de la Corrupción (CPI). En el eje vertical se proyectan los puntajes en una escala de 0 a 1, donde los valores más bajos reflejan un desarrollo más bajo de la nación. El eje horizontal muestra los diferentes puntajes asociados al CPI de acuerdo con Transparency International (s. f. b) y en la que los valores más bajos reflejan corrupción percibida en cada país. Colombia se correlaciona de manera más significativa con China, Cuba, Vietnam, México, Argentina y Jamaica.

Gráfica 8. Índice de Desarrollo Humano (IDH) frente al Índice de Percepción de la Corrupción (CPI).

Fuente: tomado de Herre, Samborska y Ortiz–Ospina (2025).

4. Discusión

Transparencia Internacional (s. f. a) define la corrupción como el abuso del poder confiado para beneficio propio. La corrupción erosiona la confianza, debilita la democracia, obstaculiza el desarrollo económico y agrava aún más la desigualdad, la pobreza, la división social y la crisis medioambiental. Sólo se puede denunciar la corrupción y exigir responsabilidades a los corruptos si se entiende cómo funciona la corrupción y los sistemas que la hacen posible. La corrupción es un fenómeno que abarca muchos aspectos diferentes, por lo que resulta difícil dar una definición precisa y exhaustiva. Los ejemplos clásicos son el soborno, el clientelismo y la malversación. Otros ejemplos de corrupción, a menudo más sutiles y a veces incluso legales, son los grupos de presión y el clientelismo.

La impunidad en los temas de gran corrupción no debe ser tolerada por ningún Estado y debe evitarse a toda costa, especialmente en aquellos casos que se identifican con las siguientes características y factores: i) implican grandes sumas de dinero, lo que se relaciona con el factor económico; ii) son impulsados y promovidos por las altas esferas del poder, lo que tiene que ver con el factor político; iii) ponen en práctica actos planificados que quedan inmersos como si hicieran parte normal del funcionamiento de un país, lo que tiene relación con el factor sistémico; iv) el perjuicio causado afecta también a los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, lo que se relaciona con el factor social; v) la relación entre las altas esferas de poder y la planificación que llevan a que los responsables eludan la justicia, lo que finalmente es factor de impunidad.

Es claro que la mayoría está de acuerdo con la importancia de perseguir internacionalmente a los corruptos y lograr que los responsables no puedan evadir las consecuencias jurídicas y legales de cometer estos actos. En este caso, para hacer efectivo este propósito y lograr que los responsables paguen las consecuencias, es fundamental saber, entender y conocer contra qué se lucha (Hava, 2016). No es un secreto que la gran corrupción se da en las más altas esferas del Estado y que muchas veces son sus protagonistas quienes influyen en la creación de las leyes y políticas que buscan debilitar las acciones con las que se pretende atacar este flagelo (Mantzaris, 2018).

Evadir las funciones públicas con el propósito de satisfacer intereses privados es la máxima muestra de abuso del poder, en especial, cuando es difícil distinguir entre lo público y lo privado (Gutiérrez, 2018). Hoy en día el asunto radica en que la sociedad, en lugar de concentrarse en la corrupción como una problemática latente, se encarga más que todo de opinar acerca de ella, esto refleja un vacío ético y una falta de comprensión de esta problemática, debido a la influencia de factores ideológicos, morales y jurídicos externos (Moriconi, 2018). En este sentido, la corrupción no es más que una amenaza para el desarrollo de las regiones que carecen de voluntad y educación política. En respuesta a ello, los gobiernos han implementado iniciativas como las de prevención, las cuales buscan evitar que los ciudadanos lleven a cabo prácticas corruptas, y estrategias de desvinculación, que pretenden recuperar los recursos perdidos a causa de la corrupción y reformar a los involucrados con estas prácticas (Nathan y Jackob, 2019).

La falta de educación y conciencia anticorrupción en los países occidentales se debe fundamentalmente a que durante el siglo XX se creía que este era un problema únicamente de países subdesarrollados o sistemas de gobierno poco democráticos. Esto debido a que dichos ambientes institucionalmente débiles, propensos a irregularidades políticas y actuaciones públicas deshonestas, propician escenarios de corrupción y malas gestiones gubernamentales (Miranzo, 2018). Sin embargo, es importante resaltar que no se puede ligar por completo a la corrupción con una forma de gobierno en específico, pues los acontecimientos y factores sociales, políticos, ideológicos, culturales, económicos e institucionales de un país son continuamente cambiantes. Dentro de las principales repercusiones que tiene la corrupción en las sociedades se encuentran la disminución en la generación de empleos y una menor productividad y recaudación de impuestos a raíz de las afectaciones que sufren las principales fuentes de ingreso en los países. Además de ello, la corrupción interfiere con el crecimiento y el normal funcionamiento del tejido social, impulsando de alguna manera la criminalidad, la ilegalidad y la conformación de grupos al margen de la ley que buscan dominar el territorio mediante acciones violentas (Serrano, 2019).

Durante la última década, la calidad y la cantidad de los datos referentes a la corrupción ha mejorado considerablemente, esto ha permitido comprender y analizar de una manera más efectiva los precedentes y las consecuencias de los acontecimientos relacionados con la corrupción, así como la variabilidad de los efectos que esta puede tener en las diferentes regiones. Gracias a ello ha sido posible recopilar documentación e información pertinente sobre las causas y los efectos de la corrupción, puntos que no se han medido ni científica ni empíricamente, como tampoco se ha podido evaluar el impacto y la incidencia de Internet en esta problemática y sus consecuencias en las personas. Es evidente que la corrupción es un obstáculo para el desarrollo económico y social de las regiones (Dimant y Tosato, 2017).

Con el fin de desarrollar políticas anticorrupción estructuradas y eficaces, es fundamental comprender el contexto, las características y los predictores potenciales de la corrupción en las diferentes regiones. Por ejemplo, los resultados de una investigación llevada a cabo en Bosnia–Herzegovina indican que estas prácticas se dan especialmente en medio de personas que tienen un buen nivel socioeconómico (Mangafić y Veselinović, 2020). Los resultados de las acciones corruptas se ven reflejados en los escándalos y rumores que atraviesan las ciudades y que tienen un impacto político significativo; sin embargo, en ocasiones no bastan para generar un verdadero cambio en cuanto a lo institucional (Pereyra, 2020). A raíz de ello, es necesario acabar con la concepción tradicional de las medidas anticorrupción y plantear, mediante un pensamiento innovador, estrategias más eficaces y mejor fundamentadas que logren combatir la mala gobernanza, las prácticas deshonestas y la falta de participación ciudadana (Naher et al., 2020).

Desde el inicio del siglo XXI la comunidad internacional se ha pronunciado ante la importancia de las iniciativas anticorrupción, basándose en la creencia compartida de que esta ralentiza e impide el desarrollo de las naciones. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, 2005) afirma que los discursos anticorrupción, a pesar de ser elementos importantes para la causa, están tan inmersos en la retórica política que se terminan convirtiendo en un elemento más para satisfacer los intereses privados de los funcionarios y resultan siendo completamente ineficaces para hacer frente a estas malas prácticas. En este sentido, el movimiento anticorrupción se termina insertando a los ciclos políticos gubernamentales como un elemento más, sin cumplir su objetivo inicial, que es el de propiciar el desarrollo económico y social de la nación (Pozsgai–Alvarez, 2018). Con el propósito de combatir la corrupción existen una serie de herramientas como la gestión de conflictos de intereses y la gestión financiera, la utilización de plataformas digitales para la vigilancia, la mejora de políticas y procesos de investigación y sanción de actos de corrupción, la participación comunitaria, el crowdsourcing de información, el uso de big data y el uso de datos minería, y el reconocimiento de patrones con el objetivo de identificar fraudes. Sin embargo, es importante resaltar que para que estas herramientas sean eficaces es fundamental entender, en primer lugar, el contexto, el funcionamiento y la forma en que se pueden superar los desafíos que se presentan a la hora de implementarlas (García, 2019).

La naturaleza poco ética y a menudo ilegal de la corrupción hace que la medición que se realiza sea especialmente complicada. Los datos sobre corrupción suelen proceder de la observación directa, normalmente, registros de las fuerzas del orden o de encuestas de percepción. La principal desventaja de la observación directa es que la corrupción es, como debería desprenderse de su definición, difícil de observar (Herre, Samborska y Ortiz–Ospina, 2025). Esto significa que las estimaciones, en general, son sesgadas y no son adecuadas para las comparaciones entre naciones, ya que las diferencias en los niveles pueden deberse a diferencias en la aplicación de la ley, más que a diferencias reales en la corrupción. Por otra parte, la principal desventaja de medir la percepción de la corrupción, en lugar del comportamiento corrupto directamente, es que las estimaciones son muy sensibles a la forma en que los encuestados o los expertos forman sus percepciones en primera instancia. Por ejemplo, las diferencias en la percepción de la corrupción entre países pueden deberse a diferencias en la forma de definir la corrupción o de considerarla moralmente, más que a diferencias en el comportamiento real. En cualquier caso, a pesar de estas limitaciones, ambas fuentes proporcionan información muy valiosa sobre las pautas subyacentes. Por ejemplo, los estudios que se basan en la observación directa se han utilizado ampliamente para estudios dentro de un mismo país, específicamente, en contextos en los que se considera que la aplicación de la ley es, en general, constante en todos los estados o municipios (Herre, Samborska y Ortiz–Ospina, 2025).

En Colombia, Transparencia por Colombia (2021, diciembre 2) elaboraron un estudio en el cual identificaron y sistematizaron 967 hechos de corrupción en Colombia, y más de dos mil notas de prensa escrita entre 2016 y 2020. De acuerdo con las cifras detectadas, 73% de los hechos afecta a entidades de la Rama Ejecutiva. La cantidad de dinero que se pierde debido a diferentes actos de corrupción en el país equivale a 17% del presupuesto general de la nación para 2020, según un reporte del Canal UNO (Contraloría General de la República de Colombia, 18 de noviembre de 2017). Cada año, la corrupción le quita 50 billones de pesos a los colombianos, lo que equivale a más de dos reformas tributarias. Se infiere que en Colombia las empresas privadas pagan en promedio 17% del valor total del contrato para poder ganar una licitación. De acuerdo al periódico El Tiempo (2016, agosto 27), las cuentas de la Auditoría General indican que por cada 1000 pesos en procesos de responsabilidad fiscal sólo se recuperan por parte del Estado 4%, lo cual equivale a 40 pesos.

La corrupción en Colombia se incrementa exponencialmente, lo que conduce a que se minimice la confianza en las instituciones gubernamentales y en los diferentes funcionarios que hacen parte de ellas. De otro lado, las políticas anticorrupción muestran no ser para nada eficaces y además inciden en el crecimiento y desarrollo socioeconómico del país. Los grupos al margen de la ley repercuten de manera marcada en la forma de ascenso social, permeando los sectores políticos y económicos, entre otros entes, tanto de índole gubernamental como del sector privado (De la Hoz, 2021).

Finalmente, vale la pena destacar que las instituciones democráticas y la libertad de prensa cumplen un rol fundamental en el control de la corrupción. Diversas investigaciones han permitido evidenciar que la influencia combinada de la democracia, la libertad de prensa y el acceso a Internet y las redes sociales puede reducir de manera significativa la corrupción. Al mismo tiempo, dada la actual crisis internacional de las instituciones democráticas, resulta pertinente profundizar en estas relaciones causales a fin de prevenir la corrupción en el ámbito internacional (Viana y Boehm, 2024).

Conclusiones

En Colombia se observa que los resultados asociados al índice de corrupción se han incrementado a través del tiempo, donde la confianza de la ciudadanía cada vez es menor en las instituciones gubernamentales y en los funcionarios que rigen sus destinos, lo que ha afectado el presupuesto del Estado. Lo anterior repercute de manera directa en la población, ya que se afectan las partidas presupuestales destinadas a salud, educación, manejo ambiental, transporte, recreación y deporte, entre otros. No existen cifras exactas reportadas por el Gobierno año a año de lo que se deja de percibir por actos de corrupción en la nación. Además, la mayoría de sujetos que son capturados por corrupción no pagan o tienen pocos años de condena. Por lo tanto, se requiere en Colombia fijar penas drásticas de cárcel y garantizar que esas personas jamás puedan ejercer cargo público, no importando la cuantía que se roben.

La corrupción en Colombia representa un fenómeno estructural y persistente que compromete gravemente la legitimidad institucional, la gobernabilidad democrática y la eficacia de las políticas públicas. Sea evidenciado en este estudio que esta nefasta práctica puede afectar de manera significativa en el desarrollo económico, la distribución equitativa de los recursos y la confianza ciudadana. Lo anterior repercute en la asignación del gasto público, afectando particularmente sectores como la salud y la educación, entre otros aspectos. Asimismo, la falta de control por parte de los entes gubernamentales conlleva a que la ciudadanía pierda la confianza en el Estado. Por lo tanto, se requiere unas políticas públicas que articulen reformas normativas, fortalecimiento institucional y cultura ética que permitan mitigar la corrupción en el país. Sólo mediante una intervención integral, sostenida y basada en estadísticas solidas será posible minimizar dicha práctica que es lesiva para la nación.

Un análisis detallado de esta problemática permite concluir que la posibilidad que tiene la sociedad civil de ser juez y parte en los procesos de corrupción la convierte en el actor central de esta situación, en cuyas manos está la solución o no de esta. Los ciudadanos tienen la posibilidad de rechazar y denunciar hechos corruptos, pero al mismo tiempo son los responsables de estimularlos, de ahí la importancia de involucrarlos en todas las campañas e iniciativas que surjan para prevenir este flagelo e incentivar la cultura de la sanción y castigo a quienes se dedican a cometer este tipo de delitos, esto además de la consolidación de una sociedad con criterio que rechace y denuncie de manera permanente la corrupción.

Notas

^* Agradecimientos a la Universidad de Antioquia por permitirme investigar y a Nova Cecilia por su constante compañía.

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