ISSN (impreso) 0121–5167 / ISSN (en línea) 2462–8433

SECCIÓN TEMÁTICA

Disputas en el espacio político–digital de México durante el ciclo de reformas, 2018–2024^*

Disputes in Mexico's Political–Digital Space During the Reform Cycle, 2018–2024

Ernesto Treviño Ronzon¹ (México)

¹ Licenciado en Pedagogía. Magíster en Educación. Doctor en Ciencias. Investigador Titular en el Instituto de Investigaciones Histórico–Sociales, Universidad Veracruzana, México. Correo electrónico: etrevino@uv.mx – Orcid 0000–0001–7687–7106 – Google Scholar https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=9aGd3okAAAAJ

Fecha de recepción: enero de 2025

Fecha de aprobación: septiembre de 2025

Cómo citar este artículo: Treviño Ronzon, Ernesto. (2025). Disputas en el espacio político–digital de México durante el ciclo de reformas, 2018–2024. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 74. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n74a09

Resumen

En este artículo se abordan algunas implicaciones que los recientes desarrollos en la tecnología digital han tenido en la configuración del espacio político–digital a través del análisis del ciclo de reforma ocurrido en México entre 2018–2024. Se delinean algunos de los rasgos generales del entorno digital contemporáneo poniendo énfasis en sus implicaciones para la vida política, se presentan las coordenadas conceptuales y metodológicas que sustenta la exposición, se pone énfasis en el concepto de espacio político–digital y en la construcción y análisis discursivo del referente documental, se presenta una caracterización del entorno político–digital de México después de 2018 y se abordan tres reformas que permiten delinear la dinámica de interacción política reciente: la reforma de seguridad, la reforma al sistema de salud y la reforma educativa. Se concluye con una discusión sobre la configuración del espacio político–digital contemporáneo que implica interacciones entre seres humanos y digitales, nuevas dinámicas de polarización y nuevos retos para la construcción de lo común.

Palabras clave: Espacio Político; Inteligencia Artificial; Reforma Educativa: Polarización; Políticas Públicas; México.

Abstract

This article addresses some of the implications that recent developments in digital technology have had on the configuration of the digital political space through an analysis of the reform cycle that occurred in Mexico between 2018 and 2024. The article outlines some of the general features of the contemporary digital environment, emphasizing their implications for political life, the conceptual and methodological coordinates that support the exposition are presented, emphasis is placed on the concept of digital political space and the discursive construction and analysis of the documentary referent, presents a characterization of Mexico's digital political environment after 2018, and addresses three reforms that allow us to outline the dynamics of recent political interaction: the security reform, the health system reform, and the education reform. The article concludes with a discussion about the configuration of the contemporary digital political space, which involves interactions between human and digital beings, new dynamics of polarization, and new challenges for constructing the common.

Keywords: Political Space; Artificial Intelligence; Educational Reform; Polarization; Public Policy; Mexico.

Introducción

En plena tercera década del siglo XXI, es casi una obviedad afirmar que la diseminación de la tecnología digital ha impactado significativamente numerosos aspectos de la vida social y política en prácticamente todo el mundo o, cuando menos, en las sociedades donde la adopción de los dispositivos, las redes y las plataformas digitales ha sido intensa. Una rápida mirada a una muestra de las numerosas publicaciones especializadas en el ámbito académico deja ver cierta convención en este asunto, sea que se aborden procesos electorales, la participación política o la movilización ciudadana (Gilardi, 2022; León y García; 2024; Sánchez, 2019; Zumárraga, 2020). Sin embargo, algo que no siempre resulta convencional o evidente es el reconocimiento de que la diseminación y los impactos de la tecnología tienen alto grado de heterogeneidad, y por ello los referentes y conclusiones derivadas del análisis de un proceso específico no necesariamente se pueden adoptar para otros, incluso con las mediaciones espaciales o temporales del caso.

Asumiendo esta complejidad, en este artículo se problematizan algunas de las implicaciones que los recientes cambios y usos en el ámbito de la tecnología digital han tenido en la configuración del espacio de interacción política digital y, por extensión, en las formas de construcción de lo político y lo común a través del abordaje de un caso particular: la construcción del espacio político–digital en el ciclo de reforma política y gubernamental de México entre 2018–2024.

Para abordar el tema es pertinente presentar los ejes analíticos que articulan el texto. El primer eje atañe a la configuración del espacio político–digital que se entiende aquí como el ámbito de interacción configurado por una red de relaciones y de intercambios de fronteras borrosas donde las formas tradicionales de deliberación, debate y acción social y política se mezclan con formas relativamente novedosas marcadas por la asincronía y por la escasa precisión de los participantes a través de redes y plataformas digitales. El espacio político–digital implica experiencias políticas relativamente nuevas que se combinan con las tradicionales, dando como resultado procesos inéditos de subjetivación política.

Este eje analítico se configura en el contexto de la diseminación de tecnologías digitales que acompañan cotidianamente a millones de personas —aunque, ciertamente, no a todas— y que ha transformado nuestras actividades de convivencia, comunicación, trabajo, consumo, educación, ocio y más. De entre estas tecnologías destacan las redes sociales digitales que han ganado creciente densidad y relevancia modificando de manera significativa diferentes aspectos de la vida de millones de personas.

Algo muy interesante de las redes sociales digitales ha sido su gradual pero constante transformación en espacios de expresión política. Aunque han estado disponibles desde casi el inicio del siglo XXI, fue hasta que su rol específico se hizo evidente en la ampliación o incluso en la definición de temas de agenda de medios, política y, eventualmente, electoral que sus usos y capacidad de influencia comenzaron a ser tomadas «en serio» en diferentes ámbitos académicos, políticos y económicos. Ejemplo de esto han sido las campañas políticas que llevaron al poder al expresidente Barack Obama (2008) y a Donald Trump (2016 y 2024) en Estados Unidos, los procesos que configuran la así llamada Primavera Árabe (2010–2011), el Brexit (2016), las elecciones en México posteriores a 2010 y en otros países de América Latina como Argentina, Chile, Colombia y Brasil. Todos esos hechos han tenido como caja de resonancia y también como campo de batalla diversas plataformas y redes sociales digitales.

Ejemplos en otros ámbitos incluyen la crisis económica de 2008, la pandemia de alcance global entre 2020 y 2022, la proliferación de nuevos conflictos bélicos de diferente escala, numerosos movimientos sociales y políticos en diferentes partes del mundo, el ascenso de numerosos gobiernos autodenominados de izquierda y las reacciones de numerosos sectores identificables como de derecha que en algunos casos han logrado recuperar el poder gubernamental. En este proceso, formas diversas de agonismo y polarización se han hecho presentes y atraviesan diversos intercambios en el campo digital.

En interacción con los medios tradicionales, con las experiencias de vida cotidiana, los desarrollos tecnológicos como los que impulsan las redes sociales digitales se han convertido en actores —directos o indirectos— en medios y en espacios donde las personas plenamente identificadas o en el anonimato se encuentran para hacer patentes formas específicas de expresión política: compartiendo ideas, memes, likes o equivalentes, críticas, reproduciendo mensajes, dando cuerpo a tendencias o combatiéndolas. Además, la más reciente generación de inteligencia artificial generativa (IAG) ha venido introduciendo variaciones a la experiencia de interacción digital, a la generación de contenido y ya ha ganado influencia progresiva en varios aspectos de nuestra experiencia política debido a su deliberado diseño para emular o imitar acciones, respuestas o gestos humanos a través del procesamiento de lenguaje natural, de sonidos y de imágenes fijas o en movimiento (Ananthaswamy, 2025). De esto se hablará un poco más adelante, pero es posible anticipar que todo ello conforma un espacio político heterogéneo con disputas y contenidos de diferente procedencia, convicción, profundidad o precisión que, aunque hace algunos años podrían haber parecido pasajeros o superficiales, han comenzado a transformar y extender las formas de expresión e intercambio de intereses, preocupaciones y valores, creando numerosos nuevos retos.

El segundo eje analítico hace referencia al caso particular. En 2018, México experimentó un relevo político en el ámbito federal con un nuevo partido que llegó al poder por vía de las elecciones populares. Es el primer gobierno autodenominado de izquierda en la historia de México y su llegada trajo consigo una intensa revisión del proyecto político y económico del país, una amplia agenda de reformas legales y diferentes iniciativas de política pública que se han visto acompañadas por intensos debates y olas de polarización. Dentro de este horizonte de intensos cambios se inscribe la reforma a las políticas de salud, seguridad, ciencia, desarrollo social, económico y educación (Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, 12 de julio de 2019). Cada una de estas reformas ha tenido como arena de litigio y debate el Senado, el Congreso, tanto federal como estatal, los medios de comunicación tradicionales —prensa, radio y televisión—, pero también el espacio político–digital, cuya configuración está teniendo diversas implicaciones para la participación política y para la forma de construir lo político y lo común en México.

En la base de esta exposición hay algunas preguntas de trabajo: ¿cómo se está configurando el espacio político–digital a partir de los acelerados cambios tecnológicos que impactan la interacción cotidiana de las personas? ¿Qué rol desempeña la polarización política en el debate de asuntos públicos en el espacio político–digital? Esta exposición parte de varios supuestos. El primero es que el espacio político–digital en México se está transformado, de alguna forma, ampliándose al espacio digital, pero, paradójicamente, esto no asegura mayor diversidad de puntos de vista interactuando, sino que puede implicar, eventualmente, polarización y diversas formas de simplificación de las experiencias políticas. Otro supuesto es que el espacio político–digital y las experiencias políticas en él necesitan mayor análisis, pues, si bien hay trabajo académico sobre el papel de las redes sociales en procesos como las campañas políticas, todavía es incipiente en asuntos como la presentación y defensa de iniciativas ciudadanas, o la discusión y análisis de las reformas o políticas públicas. De hecho, procesos de reforma como los que vive México desde 2018 son muy útiles para estudiar inductivamente la configuración y reconfiguración del espacio político–digital.

1. Marco conceptual

De los cerca de 8 mil millones de habitantes del planeta, a 2024 se calculaba que poco más de 5 mil millones usaban Internet cotidianamente, pero en algunos países los indicadores de densidad e intensidad llegan casi 100% (Statista, s. f.). En el caso de México, de los cerca de 126 millones de habitantes, más de 100 millones emplean Internet. Cerca de 80% de la población mayor de 6 años lo usan de manera cotidiana y los celulares han desplazado de manera significativa a las computadoras como principales dispositivos tecnológicos (Inegi, s. f.). De ese porcentaje, casi el total de los usuarios usa por lo menos una red social digital sin contar mensajeros como WhatsApp o Telegram, de amplísima disponibilidad. Asimismo, el tiempo que las personas pasan «en línea» se ha incrementado significativamente en años recientes, por lo que noticias, entretenimiento, consumo, mensajería y decenas de actividades productivas también se han desplazado al espacio digital, transformando la economía de consumo tradicional por una que disputa, primero que nada, la atención.

Lo anterior está ayudando a configurar lo que aquí se denomina espacio político–digital. Con esta noción se entiende el ámbito de interacción configurado por una red de relaciones y de intercambios de fronteras borrosas donde las formas tradicionales de deliberación, debate y acción social y política se mezclan con formas relativamente novedosas marcadas por la tensión entre sincronía–asincronía, y por la precaria precisión de los participantes en dichas redes y plataformas digitales. Esta noción contiene dos conceptos clave: uno de ellos es el espacio, la otra es la de sujeto político. En cuanto al primero, sea que se lo entienda como área, escenario, territorio, contenedor, universo, delimitación, demarcación o diferenciación, el espacio constituye uno de los principales recursos conceptuales para dilucidar la conformación de los Estados modernos, la configuración de leyes, derechos y la misma idea de acción política (Cairo, 2013). Sin embargo, la noción de espacio político–digital con la que aquí se trabaja se acerca más a las problematizaciones espaciales desarrolladas a partir del trabajo de Gilles Deleuze y Felix Guattari (1980) que ayuda a pensar desde un punto de vista no esencialista la configuración contingente de codificaciones sobre el espacio en forma de territorializaciones y desterritorializaciones (Van Rosmalen, 2016; Sibertin y García, 2023).

Siguiendo esta idea, aquí el espacio político se piensa en plural, es decir, como arenas de encuentro que pueden o no incluir al Estado y donde lo material y lo virtual–digital se mezclan de manera síncrona y asíncrona con o sin la presencia de personas. Los espacios políticos contemporáneos han experimentado procesos de modificación intensa en este siglo XXI, pues el desarrollo del mundo digital ha propiciado nuevas y complejas formas de interacción. Las redes sociales y las plataformas de distribución de contenido se han transformado gradualmente en un complejo ecosistema poroso que nos acompaña casi de manera permanente. Dado que las novedades tecnológicas digitales experimentan escalamiento significativo con las actuales generaciones de IAG que facilitan la generación, diseminación y conversión de contenidos e interacciones con o sin la presencia de seres humanos, es necesario tener presente que este orden digital, desde el que se moldean numerosas experiencias vitales, incluido el diálogo, el debate y el intercambio político, tienen alto grado de incertidumbre en su operación.

Uno de los aspectos más importantes del espacio político–digital es que sus codificaciones no sustituyen las formas tradicionales de participación o intercambio. En diferentes partes del mundo es posible notar la extensión del espacio político a través de las configuraciones digitales que sirve para amplificar, complementar, enriquecer, contrariar o incluso contener las formas tradicionales de interacción política, como la plaza pública, la radio, la televisión, la prensa, la asamblea o el diálogo vecinal. Esto coincide, además, con una intensa transformación del demos en gran parte del mundo, con miles de personas interactuando en torno a diferentes temas en línea o fuera de línea. Sólo a manera de ejemplo, piénsese cómo ha sido evidente que en algunos países que las redes sociales digitales han sido empleadas en diferentes campañas políticas o incluso en los procesos electorales con poca transparencia, no sólo posicionando temas, sino intentando influir en los electores (Aral y Eckles, 2019; Jamieson, 2020; Fujiwara, Müller y Schwarz, 2024). Así, el espacio político–digital ha venido a suplementar, a complementar y altera la forma en que interactúa el ser colectivo a través del cual se construyen ideas de lo público y, eventualmente, de lo común (Derrida, 1978).

Por otro lado, la noción de espacio político–digital implica pensar en aspectos como la configuración de la subjetividad política y en cómo se configura en los entornos digitales donde conviven seres humanos y no humanos, donde además hay nuevas nociones de tiempo no cronológico y espacio físico y no físico. En este sentido, es pertinente asumir una noción de sujeto político no determinista. Es posible llegar a ella de diferentes formas. Por ejemplo, desde hace un par de décadas, para millones de personas parte de su ser es digital —como más o menos lo previó Nicholas Negroponte (1996)—, es decir, la información que les caracteriza y completa en forma de preferencias, miedos, gustos, interacciones, convicciones y datos de identificación convergen en el espacio tecnológico digital por decisión o por efecto. Además, esta forma de ser sujeto como resultado del orden digital se ha extendido al presente de formas mucho más complejas (Goriunova, 2019).

Por ello, la noción de sujeto debe pensarse como un lugar vació que se llena al interior de relaciones contingentes, en medio de procesos de interpelación e identificación a partir de diferentes llamados y contenidos (Laclau y Zac, 2013). El sujeto político en el espacio político–digital viene a ser al interior de juegos de identificación donde interactúan diferentes tipos de información, seres humanos y no humanos —virtuales— cuyas interacciones circulan y atraviesan el espacio físico y el espacio digital con toda su complejidad, conformando así nuevas dinámicas de subjetividad.

Ahora bien, la configuración del espacio político–digital también tiene características que se pueden catalogar como negativas. Por ejemplo, mientras se puede esperar la ampliación de la experiencia política al extenderse las modalidades o incluso el tiempo de participación, también hay efectos contrarios. Esto ocurre, por ejemplo, cuando quienes participan en los intercambios político–digitales quedan «atrapados» en tendencias o en burbujas de comunicación que tienden a mostrar posiciones o información sesgadas, sin diversidad o con ausencia de matices. Esto, a su vez, puede fácilmente formar parte de efectos de polarización que, en lugar de enriquecer, empobrecen o simplifican en extremo la experiencia política (Chueca del Cerro, 2024).

Tanto las burbujas de comunicación como la polarización son problemas político–comunicacionales viejos, pero que se han acentuado y complejizado con el ascenso de las tecnologías digitales. Mientras que la segunda se ha estudiado por largo tiempo como fenómeno que tiende a construir posicionamientos dicotómicos estilo nosotros–ellos de mayor o menor duración, no queda claro que las burbujas de comunicación sean causa necesaria para la polarización en la era digital (Boxell, Gentzkow y Shapiro, 2017; Waisbord, 2020; Yarchi, Baden y Kligler–Vilenchik, 2024). Tanto los temas de debate como las circunstancias sociales, culturales y afectivas de quienes participan en ellos pueden influir en los efectos de polarización, por lo que el acto de leer o escuchar opiniones diversas o seguir usuarios diferentes en las redes sociales no sería suficiente para mantener una perspectiva amplia o abierta que ayude a superar la polarización (Koc–Michalska y Lilleker, 2016). Esto es así porque las redes sociales digitales se han transformado a tal punto que tanto las más tradicionales como Facebook y X y otras como Instagram, TikTok o incluso los mensajeros personales están impulsadas por diferentes formas de inteligencia artificial, no por algoritmos tradicionales, y el «toque humano» ha salido de ellas gradualmente (Krönke, 2019; Hajli, Saeed, Tajvidi y Sirazhi, 2022).

Así, al hecho de que estas redes se han transformado en grandes empresas trasnacionales, también han modificado su operación de forma poco clara, apoyándose en herramientas como las redes neuronales, el aprendizaje profundo y los procesos automatizados y semiautomatizados que han desplazado a miles de personas que antes trabajaban moderando su «contenido», operando con datos y afectos, a la vez masivos y personalizados, intentando modelar la subjetividad de las personas (Kubin y Von Sikorski, 2021). Este fundamental cambio es desconocido para la mayoría de los usuarios y tiene grandes implicaciones, pues tiende a incrementar el anonimato, la intensidad y la frecuencia en la circulación de contenido, y hace más difícil para los usuarios alfabetizados y no alfabetizados en los usos de tecnologías digitales escapar de los encapsulamientos en tendencias y contenidos. Todo ello interactúa con el intento deliberado de miles de personas, en diferentes ámbitos, de generar y difundir noticias faltas y datos no verificados a través de las redes sociales digitales (Aïmeur, Amri y Brassard, 2023).

2. Marco metodológico

La discusión en este documento tiene una orientación cualitativa y crítica, forma parte de una línea de investigación sobre las formas de lo político en el campo social con énfasis en procesos político–educativos que progresivamente ha puesto atención a la forma en que ciertas tecnologías de última generación han modelado numerosas interacciones sociales. Para esta exposición se retoman elementos del análisis discursivo de elementos que circulan en el espacio digital, articuladas en torno a políticas, programas y reformas impulsadas después de 2018 en México, poniendo énfasis en la reforma de salud, de seguridad y educativa. El énfasis en la dimensión discursiva permite arrojar luz sobre los significantes en torno a los cuales se articulan diversas redes de significado y que pueden dar paso a diferentes formas de articulación, diferenciación y antagonismo político, es decir, a diferentes relaciones de poder (Glynos, Howarth, Norval y Speed, 2009).

Desde esta perspectiva, en la investigación que sustenta este texto se construyó un corpus de investigación basado primeramente en documentos gubernamentales. Se incluyó también la transcripción de diferentes intervenciones de actores políticos específicos en el espacio público —en la prensa física y digital, y en las redes sociales— respecto a dichas reformas. Entre estos actores se incluye a políticos, integrantes del Gobierno, periodistas, académicos, entre otros. Además, se hizo seguimiento y descarga de redes sociales.

Dada la cantidad de información, para mantener consistencia se hicieron filtrados siguiendo criterios de confiabilidad y pertinencia. Posteriormente, se hicieron rondas de análisis y codificación hasta concluir códigos saturados con apoyo de Atlas.Ti (Saldaña, 2025).

Para este artículo se recuperan algunos referentes cualitativos relacionados específicamente con los dos ejes previamente señalados y se retoman algunos componentes del referente empírico.

3. Configuración del espacio político–digital en el México después de 2018

Conviene una breve mirada al espacio político–digital contemporáneo de México. Éste se ha enriquecido con elementos más o menos compartidos en el ámbito global, pero que también tiene particularidades en el orden nacional o subnacional. En el caso mexicano, los procesos descritos en apartados previos deben ser analizados a la luz de un cambio político y demográfico iniciado en la transición de siglos que no ha terminado. En este nuevo contexto, la heterogénea sociedad mexicana experimenta procesos interesantes, por ejemplo, desde el inicio del siglo XXI es posible notar cierta pluralización de participantes en el debate público que en los espacios políticos tradicionales tenían menor visibilidad; también lo que se podría denominar una alta politización social, la cual sugiere que más personas se involucran en el diálogo y el debate sobre diversos temas de interés colectivo. En este contexto, por ejemplo, el debate sobre los «resultados reales» de la democracia en la vida de la población ha tenido diferentes etapas. Como resultado de una extraña combinación de todos estos factores, en lo que va del siglo XXI en México se puede notar la llegada y salida de diferentes actores de la escena pública que no necesariamente se expresan como partidos o fuerzas políticas convencionales (Woldenberg, 2012) y que han ocupado rápidamente las redes sociales digitales y otras formas de activismo político–digital.

Por supuesto, los «nuevos» participantes conviven con otros más convencionales y por ello los contenidos, los valores, las aspiraciones y los significados que circulan en el espacio virtual puede responder tanto a viejas como a nuevas preocupaciones políticas que se actualizan en nuevos marcos de interacción síncronos y asíncronos. En el espacio político–digital conviven nuevas preocupaciones, demandas y propuestas sobre ampliación y respeto a derechos, participación política, transparencia, rendición de cuentas, preservación del medioambiente o reconocimiento de la diferencia con otras más viejas acerca del bienestar, el progreso, la salud o la educación. Eso también ha hecho que los elementos para la construcción de lo común entre las y los mexicanos se hayan vuelto más heterogéneos.

Numerosos actores políticos buscan extender viejas prácticas al lugar que antes estaba reservado a las y los disruptores, o a quienes no tenían otros foros dónde expresarse. Así, en México, actores políticos «tradicionales» siguen usando los spots televisivos o de radio que se replican en medios digitales; asimismo, el discurso juguetón, creativo y ecléctico de las redes sociales digitales comenzó a poblarse por formas de hablar y de comunicar propias de la «política tradicional».

En el caso mexicano, el ascenso de las redes sociales digitales ha coincidido con diferentes relevos en el poder político en las escalas nacional y subnacional (Gómez, 2020; Sánchez, Guerrero y Silva, 2022). Entre el inicio del siglo XXI y 2024, tres grandes fuerzas política se han alternado en el liderazgo del Gobierno federal en la escala nacional y una cantidad mayor en los gobiernos locales. Por ejemplo, en 2018, por primera vez en la historia del país, una fuerza política autoidentificada como de izquierda alcanzó el poder político nacional, en varios estados de la república y, eventualmente, en numerosos municipios, con una alta legitimidad electoral y política (Olvera, 2022, junio 13).

Se trata, además, de una fuerza política liderada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, emanado del otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero asentado en un partido relativamente nuevo, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), reconocido como partido en 2014, el cual articuló diversos actores y movimientos sociales. Este partido capitalizó el descontento popular frente a diversos problemas históricos no resueltos: la prevalencia de la corrupción, la violencia y la desigualdad, la ineficacia gubernamental, la incapacidad y poca legitimidad de los partidos políticos tradicionales para presentar una agenda creíble para enfrentar dichos problemas, lo cual coincide con cierto hartazgo social y un relevo generacional de los votantes.

Además de lo anterior, junto con una intensa agenda de cambios y reformas de diferente tipo y alcance en el ámbito de la política económica, social, educativa, de salud y seguridad (Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, 12 de julio de 2019), vale la pena destacar que en el país se ha venido dando la ampliación del espacio político–digital, proceso impulsado tanto por los millones de usuarios como por el Gobierno mismo. Siguiendo la dinámica iniciada desde el ascenso de las redes sociales digitales, el Gobierno de México que arrancó su gestión en 2018 se ha destacado porque ha construido una forma de retórica política persuasiva que combina elementos discursivos y tecnológicos tradicionales y nuevos. En esa estrategia convivieron discursos presidenciales cotidianos, transmitidos por medios tradicionales como la televisión y la radio, intentado comunicar una épica del cambio, con estrategias para ocupar sincronizadamente numerosas plataformas digitales.¹ Este instrumental sirvió para difundir contenidos de agenda política y gubernamental, pero también para enfrentar las críticas de quienes, desde la perspectiva del Gobierno, se consideran adversarios. Por supuesto, los críticos al Gobierno han usado estrategias parecidas, pero en otra escala.

En esta forma de hacer política circula un lenguaje enriquecido, diferentes estrategias retóricas y la manipulación de símbolos e imágenes que se han vuelto protagónicos en numerosos intercambios en el espacio político–digital en forma de clips, memes, stickers y más. Por ejemplo, desde el orden discursivo gubernamental, diversos hechos y personajes del pasado del país, como los expresidentes Benito Juárez, Porfirio Díaz y Lázaro Cárdenas, se han hecho comparecer de maneras ad hoc para introducir un imaginario con pretensiones hegemónicas (Laclau, 2006), bien para descalificar cambios previos, bien para descalificar opositores, bien para acompañar acciones que aspiran a formar parte de una nueva épica de transformación de nacional, y proponer un nuevo futuro que, anclado en el presente, respondería a las mejores herencias del pasado (Treviño, 2023).

Diferentes actores políticos y sociales han intentado combatir dicho discurso con posicionamientos críticos acusando al Gobierno de falta de eficacia, irresponsabilidad, demagogia, falta de transparencia y más. En este proceso es frecuente que actores políticos, gubernamentales y no gubernamentales recurran a combinaciones de información cierta, incompleta, falsa o inverificable, así como a la generación de diferentes tipos de contenidos que circulan intensamente por diferentes plataformas digitales.²

Como consecuencias de ello, en México, como en otras partes del mundo, han surgido procedimientos, portales o áreas de diferentes medios, agencias y hasta en universidades dedicados a la «verificación» de imágenes, dichos y hechos que circulan por la red y que son generados por numerosos actores humanos y no humanos (Juneström, 2021; Rodríguez, Soler y Marzal, 2021), dando cuenta de una nueva arena de disputa y de nuevas formas de litigio de lo público.

4. Resultados: el espacio político–digital y el ciclo de reformas

A partir de este contexto, es posible hacer foco en algunas de las reformas señaladas al inicio de este artículo y que han sido objeto de litigio en el espacio político–digital. Desde finales de la década de 1990 en México, el estado de la educación, de la violencia y de los servicios de salud, y la situación económica de la población más vulnerable han ocupado un lugar privilegiado en las agendas de ciudadanos, de los medios y en las agendas de políticas, en tanto implican problemas sociales y públicos difíciles de resolver. Por ello, en parte, en lo que va del siglo XXI cada propuesta de reforma o de nueva política que intente atender alguna de estas problemáticas es objeto de gran atención y polémica.

En este sentido, algunas de las propuestas de políticas y reformas de la administración 2018–2024 tuvieron amplia aceptación popular desde el inicio, pues atendían a problemas sociales y públicos largamente estudiados. Se incluyen aquí programas amplios de entrega de apoyos sociales a grupos necesitados como las personas de la tercera edad, estudiantes, jóvenes, entre otros, que, en general y con algunas críticas, tuvieron desde el inicio buena aceptación. Aunque varias de estas políticas y las reformas legales que han requerido no son exactamente nuevas porque iniciativas parecidas existen en México desde la década de 1970, su ampliación a un esquema de nuevos derechos ha representado un compromiso político inédito.

Para efectos de este artículo, se hace foco en tres reformas que movilizaron intensamente el espacio digital: la creación de la Guardia Nacional, la reforma al sistema de salud y la reforma educativa. Por razones de espacio, se harán exposiciones someras para mostrar su lugar en el espacio político–digital.

La creación de la Guardia Nacional se inscribe en una política de atención a la violencia que por varios años ha sido un problema de amplia escala en México. El lema «Abrazos, no balazos» de la nueva administración designaba una iniciativa de no exacerbar la violencia con el tradicional enfoque policial o de seguridad pública. En ese sentido, al inicio del sexenio se creó una nueva corporación nacional que paradójicamente tenía pocos integrantes civiles y una mayoría de fuerzas militares para hacer funciones de seguridad ciudadana (Presidencia de la República, Decreto Ley del 27 de mayo de 2019; Nája, 2020, mayo 14). La decisión de la administración causó desconcierto y pugnas en diversos medios, incluidas las redes sociales, en torno a hashtags como #GuardiaNacional o #Militarización, pues en la campaña presidencial se prometió regresar a los militares a sus cuarteles, dados los abusos que habían cometido durante los años previos y su ineficacia para reducir la violencia. Tanto la creación de la Guardia Nacional como los indicadores de violencia se colocaron al centro de uno de los principales focos de polarización político–digital en el país, en parte, porque la cantidad de muertes violentas en el país no sólo no se redujo, sino que a finales de 2024 superó la de cualquier sexenio del México moderno (Inegi, 2024, enero 23), situación agravada por el fenómeno de desplazamiento forzado en diversas partes del país.

La administración de López Obrador hizo diversas consultas públicas sobre varias reformas, pero no sobre la creación de la Guardia Nacional. Esto entró en contradicción con una de las viejas demandas de los movimientos de izquierda en México sobre limitar la participación del Ejército en la vida pública. En 2016, el entonces candidato dijo en una intervención pública: «No continuar con la política coercitiva, pues no se resuelve nada con el uso del Ejército, Marina, policías, cárceles, amenazas de mano dura, con leyes más severas, dado que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia», pero en 2022 dijo: «Cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron» (El Sol de México, 2024, abril 25).

Otra reforma de gran alcance y también controversial fue la del sistema de salud pública, la cual proponía sustituir diversos esquemas de atención. Históricamente, la salud pública en México ha funcionado de manera desigual, con servicios públicos o privados de primera calidad para segmentos específicos de la población y precarios para el resto. En el sector público se tenía esquemas de financiamiento más o menos estables, si bien precarios, que en algunos segmentos incluían el cofinanciamiento de la atención y los medicamentos. La reforma (Secretaría de Salud, Decreto del 28 de noviembre de 2019) buscaba cambiar eso e incluía numerosos instrumentos: reformas legales, financieras, estructurales y técnicas, reestructuración y reorganización de servicios, modificación en la compra de medicamentos y apertura de clínicas y hospitales, pero al ser implementada rápidamente, de forma poco coordinada y con poca evidencia para atender el cambio y las resistencias, se comenzó a experimentar una crisis de coordinación médica, en la disposición de medicamentos, en la cantidad de citas especializadas y demás (Agren, 2021).

Estos cambios devinieron un debate agudo durante la pandemia, cuando el sistema de salud quedó rebasado como en otros países. En el espacio político–digital hubo quienes afirmaron que esto tuvo como consecuencia que México reportara algunas de las tasas de mortalidad más alta del mundo —tanto por COVID–19 como por otros padecimientos—. Para el Gobierno esto no fue así y esta pugna se extendió nuevamente por diferentes plataformas digitales (Ordoñez y Basurto, 2023; CIIP COVID–19, 2024). La política federal en materia de salud, antes, durante y después de la pandemia, fue centro de crítica y de largos episodios de polarización que convocó a integrantes de la comunidad médica, académicos, sociedad civil, partidos políticos y otros grupos de interés.

No está demás señalar que, independientemente de esta polémica, el Gobierno tuvo que reorientar parte de su reforma al sistema de salud. Por ejemplo, tuvo que echar para atrás la creación del Instituto de Salud del Bienestar (Insabi), el cual fracasó por resistencias y su consecuente inoperatividad. Algo parecido ocurrió en aspectos como la compra de medicamentos o los estudios especializados que funcionan de forma irregular. Al final del sexenio, la polarización no disminuyó. En una declaración polémica que permanece a la fecha en el espacio político–digital, el entonces presidente dijo que el sistema de salud era mejor que el de Dinamarca. A pocos meses de terminar su administración afirmó que dicha declaración era «para provocar a la oposición» (Regeneración, 2024, septiembre 3), y respecto al Insabi dijo: «No funcionó lo que teníamos pensado» (Vargas, 2024, julio 14).

El último caso es la reforma educativa. Desde el inicio del siglo XXI la educación pública en México ha estado en el centro de numerosos debates por la forma de construir las prioridades y de atender a las necesidades, por la trama institucional y normativa que da dirección al sistema educativo, por los planes de estudio, por las relaciones patronales, laborales y sindicales con el magisterio, por el presupuesto y el papel político de los grandes sindicatos y por la calidad educativa y los resultados en las pruebas estandarizadas. La reforma educativa era esperable, en tanto representaban atención a demandas específicas del sector magisterial que encabezó uno de los periodos de protesta callejera más amplios en la historia reciente del país entre 2013 y 2016 (Treviño y Mendoza, 2018), y respaldó en gran parte del país la llegada de López Obrador a la Presidencia.

Al respecto, es pertinente recordar que el Estado mexicano está obligado desde hace más de cien años a ofrecer educación pública y gratuita. Comenzó así en el nivel básico y eventualmente este carácter se ha ampliado al nivel superior. En más de cien años los diferentes gobiernos que han ocupado el Gobierno federal han presentado numerosas reformas, aunque la mayoría han ocurrido después de 1990. Durante la campaña electoral de 2018 el entonces candidato López Obrador prometió derogar la reforma educativa de 2013 que había sido muy polémica entre gran parte del magisterio —pero bien vista por otra parte—³ por la forma en que fue aprobada, por su caracterización negativa del profesorado, por intentar reestructurar el ingreso a la carrera docente, así como por los nuevos esquemas de evaluación del profesorado de educación pública en los niveles básico y medio que eventualmente podía llevarlos al despido. La reforma educativa (Presidencia de la República, Decreto del 15 de mayo de 2019) ha sido una de las más discutidas y ha tenido varios componentes: constitucional, administrativo, laboral y curricular.

Como en los casos previos, una exploración de los principales debates sobre la gestión de la educación durante los últimos años deja ver un escenario tendencialmente polarizado. De un lado, el sector gubernamental y sus adeptos desplegaron una estrategia fundamentada en enunciaciones orientada a exaltar la reforma y a descalificar prácticamente todo lo hecho en el pasado —la formación docente, la orientación curricular, quiénes hacían los libros, qué contenido se incluían y más—. No hay espacio para desarrollar un análisis detallado de los elementos desplegados, pero en entradas como la de a continuación, ampliamente circulada en redes sociales con diferentes hashtag #ReformaEducativa o #NuevaEscuelaMexicana,se pueden encontrar ejemplos claros de los posicionamientos:

Boletín No. 236 Se consolida el proyecto educativo del Presidente Andrés Manuel López obrador: Moctezuma Barragán

Está en marcha el Acuerdo Educativo Nacional con una mejor legislación y acorde a la realidad.

Secretaría de Educación Pública | 01 de diciembre de 2019

• Se acabaron las evaluaciones punitivas y el magisterio ahora es revalorizado.

• La Nueva Escuela Mexicana avanza en todo el territorio nacional.

• El ciclo escolar 2019–2020 transcurre sin contratiempos en todo el país. (SEP, 2019, diciembre 1.°).

Frente a ello hubo posturas que en su mayoría criticaron el proceso impulsado por el Gobierno. En algunos casos, las críticas son detalladas (Guevara, 2023, febrero 6; Piñón, 2023, agosto 2), pero en otros, sobre todo en redes sociales, emplean la misma estrategia de generalización, centrada en hacer notar las deficiencias y la ausencia de matices. El efecto para el espacio político–digital es que el cúmulo de los discursos desplegados de un lado o del otro, una vez vistos como un gran campo discursivo, mostraban poco espacio para intercambios detallados y fundamentados en datos, evidencias o en marcos conceptuales. Los diálogos entre los actores políticos eran escasos y la posibilidad de avanzar en una reflexión edificante se redujo significativamente.

Conviene hacer una referencia al deep fake⁴ o la proliferación de información falsa como tendencia reciente en el campo político–digital que se teje con posicionamientos políticos específicos. Un caso entre muchos se vivió con el nombramiento de Leticia Ramírez, la tercera secretaria de Educación de México durante la administración 2018–2024. Apenas llegó al puesto, en una entrevista para un medio nacional y ante una pregunta expresa sobre la enseñanza de las matemáticas en el modelo pedagógico propuesto por la reforma educativa afirmó que «no podría responder a eso». Partes de esa entrevista se diseminaron, bien como videos, bien como gifs o memes. En otros casos se diseminó un video más amplio donde se daba contexto completo de sus dichos. Ante el hecho, miles de personas descalificaron el nombramiento de la secretaria, otros, los dichos, y otros, los comentarios generados. Decenas de personas llegaron a pensar que el video era un montaje o un deep fake, al tiempo que, en efecto, hubo versiones editadas de la declaración. Esta fue cierta y a partir de ella y sus reacciones diversos comentaristas y columnistas participantes del espacio político–digital aprovecharon para circular diferentes posicionamientos antagónicos de tipo polarizante. Hubo quienes presentaron declaración como un acto de cinismo, otros como un acto de honestidad y otros lo trataron hasta como un caso de linchamiento y discriminación pública.

Un columnista posteó en la red X que se atacaba a la secretaria por ser bajita y morena, es decir, que se trataba de clasismo y racismo. En otro post presentó un argumento más elaborado sobre el problema de ser de alguna «estirpe» para ocupar la Secretaría de Educación (Gómez Bruera, 2022, agosto 21). En ningún caso reconoció que la secretaria tenía años de no dedicarse a la educación y mucho menos hizo referencia a sus dichos.

Este caso ilustra el problema con la desconfianza que habita el espacio político–digital. Y es que no sólo puede crear reacciones diversas, sino que bloquea conversaciones más importantes y el aprendizaje colectivo. La discusión del perfil de la secretaria de Educación debería poder abordarse, igual que el modelo educativo, más allá de lo que aparece en algunos post o declaraciones. Se podría pensar que un gran debate público sobre la educación debería servir para esclarecer su estado, las mayores preocupaciones y las prioridades de las comunidades educativas, los horizontes hacia donde sería deseable orientar el proyecto educativo, sus contenidos y materiales, pero un análisis de lo que ocurre en diferentes espacios físicos y digitales muestra una polarización constante en la que es difícil encontrar posturas fundamentadas. Por el contrario, lo más visible son formas de agonismo apoyadas en figuras retóricas elementales pero efectivas donde se usan expresiones, imágenes, memes, videos y slogans para englobar, descalificar, descartar, exagerar y diferir las posibilidades de intercambios agonistas (Mouffe, 2013). No se pretende afirmar que en México se vive un proceso de polarización permanente donde el diálogo es imposible —en el caso de la reforma educativa, el nuevo derecho de acceso universal a la educación superior tuvo gran consenso inicial—, sino más bien que ha irrumpido con frecuencia y esto ha dado paso a numerosos foros de discusión por sus diversas implicaciones (Moreno, 2024).

5. Discusión

En numerosos foros especializados se argumenta que el cambio tecnológico digital, incluida la IAG, será de gran relevancia en casi todos los aspectos de la vida por venir e incluso se especula que puede desempeñar un papel fundamental en mejorar la participación de la ciudadanía al ayudar a personalizar la información política y gubernamental, al crear plataformas de diálogo y deliberación utilizando tecnologías de procesamiento del lenguaje natural para moderar las discusiones, identificar consensos y desacuerdos. También se especula que puede ser útil en el análisis de sentimientos y opiniones procesando grandes volúmenes de datos, mejorando la accesibilidad de información y los servicios políticos, la predicción y el modelado de políticas o creando nuevas experiencias de educación cívica (Foos, 2024).

Pero en la actualidad los usos vigentes de la tecnología digital son diversos y problemáticos: el uso gradual de herramientas de IAG se ha incrementado entre personas que participan en el espacio político–digital, la creación de granjas de bots o la imposición de hashtags se ha transformado en la creación de robots digitales y agentes que interactúan con personas y aprenden de ellas, lo que alimenta el espacio político–digital de una dinámica de interacción creciente entres seres humanos y no humanos.

En contextos como el mexicano, en medio de un proceso de reforma y cambio político, uno de los elementos más interesantes de la composición del espacio político–digital es su intensidad y tendencia a la polarización. Es relativamente fácil que declaraciones, intervenciones o propuestas de gobierno y política escalen a interacciones contenciosas o litigiosas, dando paso a dinámicas diversas de articulación y antagonismo.

En este sentido, aunque no es un tema que se ha tocado en detalle en este artículo, es pertinente señalar que desde hace un tiempo la dimensión emocional y afectiva es significativa para comprender la configuración de lo que se denomina espacio político–digital (Papacharissi, 2015; Wakefield y Wakefield, 2016). Si a ello se agrega el factor de la IAG, se avizora un escenario más complejo, donde propiciar diálogos informados sobre temas como la reducción de la violencia, la mejora de la educación o de la salud requiere atravesar el campo de la polarización, no sólo política, sino también afectiva.

Por supuesto, es importante asumir que en el campo político algunos usuarios privilegian estrategias para evitar el debate plural olvidando que ello podría ayudar a un esclarecimiento colectivo, pues en términos estratégicos esto podría hacerles avanzar sus agendas frente a sus públicos. En algunos casos, el problema es tal que la transformación del espacio político–digital hace relativamente fácil negar la existencia de hechos reales, argumentando que se trata de creaciones digitales, e incluso es posible notar la renuencia de la discusión de datos. Apelar a la combinación a priori de exclusión por género, raza y grupo social a los engaños digitales se está convirtiendo en estrategia recurrente que tiene como efecto colateral que no pocos participantes del espacio político ya no tengan que verificar los datos —sobre la pobreza, la violencia, sobre el rezago educativo o sobre los dichos concretos de una persona— bajo el principio de que pueden ser falsos.

En este contexto, creer al mensajero de preferencia o al contenido digital que parece coincidir con los dichos de ese mensajero de preferencia parece intensificarse, lo que coincide, en ocasiones, con una cierta noción de compromiso político y una cierta necesidad de creer que aumenta en algunas coyunturas con consecuencias diversas, como que personas que podrían promover intercambios por encima de las etiquetas tienden a retirarse del espacio político–digital polarizado.

Conclusión

La IAG en una de sus caras se está convirtiendo en un actor recurrente de la configuración del espacio político–digital, es un protagonista no humano que interactúa constantemente sin anunciarse con seres humanos que tienen diferentes grados de información y reflexividad. Se podría asumir que los usos políticos de la IAG son simplemente una extensión de las prácticas que las personas hacen con o sin las redes sociales, con o sin los nuevos softwares generativos. Sólo seríamos nosotros mismos en transfiguración. Pero esta postura es poco adecuada, porque si bien algunos de esos contenidos y formas de uso pueden ser fácilmente detectables, otros no, y cada vez será más difícil. La inteligencia artificial y esas formas de antagonismo estratégico basadas en una cierta retórica donde se mezclan hechos con información no comprobable son protagonistas no sólo de campañas políticas, sino de otros muchos procesos y las personas participarán de ello con mayor o menor literacidad o conciencia.

Conforme avanza el siglo XXI, aumentan los acuerdos para intentar regular la inteligencia artificial, como los aprobados por el Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europa en 2024, que se convierten también en llamados a una ética del cuidado de sí y de los otros, a una mayor participación de las instituciones reguladoras y formadoras para aprender a usarla éticamente. Esto obliga a pensar en función de la configuración de un nuevo espacio y de nuevos territorios digito–políticos donde la experiencia política, los sistemas de acción e interacción están habitados por nuevos entes que no son necesariamente biológicos y mucho menos humanos, pero sí participan del orden del significado y de la vida.

Frente a este escenario, es importante preguntarse si acaso la interacción politizada con largos momentos de polarización puede o no simplificar la forma en que el debate político se desarrolla en el tiempo. De ser así, se estaría frente a una gran paradoja, pues las tecnologías digitales, que en la investigación médica, biológica o ecológica se usan como herramientas clave, en el campo de la experiencia política podrían estar configurando un instrumento altamente volátil que no ayudarían a una nueva construcción de lo común. Por supuesto, lo común es una construcción siempre inacabada que articula intereses, ideales, convicciones y demandas de entes sociales y políticos heterogéneos que no excluye las relaciones agónicas o adversariales, y que ahora tiene actores digitales no humanos, pero es fundamental seguir reflexionando sobre la forma actual del agonismo digital que, siendo importante para ejercer el derecho a disentir, puede propiciar efectos como la excesiva simplificación de la experiencia política.

Notas

^* Artículo de reflexión derivado de la investigación Problemas, políticas e intervenciones públicas: la educación, la violencia y la construcción de lo común (2024–2026), adscrito al Instituto de Investigaciones Histórico–Sociales, Universidad Veracruzana, México.

¹ El expresidente López Obrador dio aproximadamente 1423 conferencias «mañaneras» en vivo que eran ampliamente difundidas en radio, televisión y redes sociales. YouTube, en 2019, entregó el Botón de Oro al presidente (Expansión, 2019, junio 21).

² La cantidad de espacios digitales, columnas y cuentas en redes sociales para estos fines es monumental. Dos ejemplos de espacios que promueven este tipo de contenidos favorables al Gobierno federal en el periodo son Regeneración MX (https://regeneracion.mx/) y Chamucho Media (https://www.youtube.com/channel/UCyr–mGOzY0oMe4Ghd4KBSNA). Dos portales que promueven información en contra son Latinus (https://latinus.us/) y Emeequis (https://emeequis.com/).

³ Es importante señalar que con la reforma de 2013 miles de docentes pudieron acceder a puestos de trabajo y obtener asensos que de otra forma habrían sido imposibles.

⁴ Forma de creación de contenidos con tecnología como el aprendizaje profundo —deep learning— para hacer pasar por verdaderos hechos que no ocurrieron o que no son como se representan (Bennett y Livingston, 2020).

Referencias bibliográficas

1. Agren, David. (2021). Lack of Medicines in Mexico. The Lancet, 398 (10297), pp. 289–290. https://doi.org/10.1016/S0140–6736(21)01656–1

2. Aïmeur, Esma; Amri, Sabrine & Brassard, Gilles. (2023). Fake News, Disinformation and Misinformation in Social Media: A Review. Social Network Analysis and Mining, 13 (1), 30. https://doi.org/10.1007/s13278–023–01028–5

3. Ananthaswamy, Anil. (2025). Why Machines Learn: The Elegant Math Behind Modern AI.Penguin.

4. Aral, Sinan & Eckles, Dean. (2019). Protecting Elections from Social Media Manipulation. Science, 365 (6456), pp. 858–861. https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.aaw8243

5. Bennett, Lance & Livingston, Steven (Eds.). (2020). The Disinformation Age. Cambridge University. https://doi.org/10.1017/9781108914628