ISSN (impreso) 0121–5167 / ISSN (en línea) 2462–8433

TRADUCCIÓN

Movilizándose por la paz. Influencia de la sociedad civil en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (2010–2021)^*

Mobilizing for Peace: Civil Society's Influence on the Peace Process between the Colombian Government and the National Liberation Army (ELN) (2010–2021)

Cécile Mouly¹ (Francia)

Esperanza Hernández Delgado² (Colombia)

Traductora

Juanita Mogollón Giraldo³ (Colombia)

¹ Magíster en Estudios Diplomáticos e Internacionales. Doctora en Estudios Internacionales. Profesora investigadora y coordinadora del grupo de investigación en Paz y Conflicto, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Ecuador). Correo electrónico: camouly@flacso.edu.ec – Orcid 0000–0002–0499–8213 – Google Scholar https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=HHFGLHMAAAAJ

² Magíster en Estudios Políticos. Doctora en Paz, Conflictos y Democracia. Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación y coordinadora del Laboratorio de Paz, Universidad de La Salle, Colombia. Correo electrónico: eehernandez@unisalle.edu.co – Orcid 0000–0001–9816–4086 – Google Scholar https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=l_wb4VgAAAAJ

³ Abogada. Especialista en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario. Correo electrónico: juanitamgiraldo@gmail.com

Cómo citar este artículo: Mouly, Cécile y Hernández Delgado, Esperanza. (2025). Movilizándose por la paz. Influencia de la sociedad civil en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (2010–2021) (traductora Mogollón Giraldo, Juanita). Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 73. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n73a13

Resumen

Este artículo analiza cómo diferentes actores de la sociedad civil en Colombia utilizaron la resistencia civil para influir en el proceso de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) entre 2010 y 2021, contribuyendo así a una agenda de investigación reciente sobre resistencia civil y procesos de paz. A partir de entrevistas y análisis documentales, examinamos cómo diversos actores sociales emplearon tácticas noviolentas para: i) llevar a las partes a la mesa de negociaciones, ii) abrirse un espacio para participar en el proceso e influir en él, iii) presionar a las partes para que tomen medidas para aliviar el sufrimiento de los civiles, iv) ayudar a las partes a superar los obstáculos en la mesa de negociaciones y v) impulsar la reanudación de las conversaciones de paz tras su suspensión en 2019. Observamos que, aunque las negociaciones de paz no llegaron a una conclusión satisfactoria en ese momento, el movimiento por la paz ayudó a generar un entorno propicio para que se llevaran a cabo esas negociaciones y respaldó los esfuerzos de las partes por lograr la paz. Estos hallazgos sugieren una teoría del cambio que se aleja de la teoría del poder de Gene Sharp, que subyace en la mayoría de los estudios de resistencia civil, para los movimientos por la paz. En efecto, nuestros datos muestran que las campañas noviolentas por la paz contribuyen a los procesos de paz, principalmente, al influir en la sociedad en general, en lugar de directamente en las partes.

Palabras clave: Proceso de Paz; Negociaciones de Paz; Sociedad Civil; Resistencia Civil; Ejército de Liberación Nacional (ELN); Colombia.

Abstract

This article analyzes how different civil society actors in Colombia used civil resistance to influence the peace process between the government and the National Liberation Army (ELN) between 2010 and 2021, thereby contributing to a recent research agenda on civil resistance and peace processes. Drawing on interviews and documentary analysis, we examine how social actors employed nonviolent resistance tactics to: (i) get the parties to the negotiating table, (ii) carve themselves a space to participate in the process and influence it, (iii) press the parties to take measures to alleviate civilians' suffering, (iv) help the parties overcome hurdles at the negotiating table, and (v) push for a resumption of peace talks after their suspension in 2019. We find that, although the peace negotiations did not reach a successful conclusion at the time, the pro–peace movement helped to generate a propitious environment for such negotiations to take place and backed the parties' efforts to achieve peace. These findings suggest a theory of change that departs from Gene Sharp's theory of power –which underlies most civil resistance studies– for pro–peace movements. Our data indeed show that pro–peace civil resistance campaigns contribute to peace processes mainly by influencing society at large, rather than the parties directly.

Keywords: Peace Process; Peace Negotiations; Civil Society; Civil Resistance; National Liberation Army (ELN); Colombia.

Introducción

La mayor parte de la literatura sobre resistencia civil hasta la fecha ha tratado de documentar las campañas noviolentas y analizar sus resultados. Los objetivos de este tipo de campañas se han dividido en dos grandes categorías: i) objetivos maximalistas, como cambios de régimen o liberación nacional, y ii) objetivos minimalistas, como cambios en las políticas sobre explotación de recursos naturales o reducción de la violencia de género, entre muchos otros. Parte de la literatura se ha centrado en la resistencia civil en el contexto de los conflictos armados, examinando principalmente cómo dicha resistencia tiene como objetivo reducir la violencia armada y las diferentes formas de violencia estructural —por ejemplo, para obtener el reconocimiento de los derechos de las minorías excluidas o de las mayorías dominadas (Hallward, Masullo y Mouly, 2017; Hernández y Roa, 2019; Kaplan, 2017)—. Los académicos sólo recientemente han comenzado a investigar la resistencia civil en el contexto de los procesos de paz y se esfuerzan por comprender cómo esta forma de lucha puede influir en dichos procesos (Abbs, 2021; Dudouet, 2021).

Este artículo contribuye a esta reciente agenda de investigación. En él examinamos cómo diferentes actores sociales en Colombia utilizaron la resistencia civil para generar un ambiente propicio para el proceso de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de 2010 a 2021, e influir en las negociaciones. También discutimos cómo estos actores combinaron tácticas de resistencia civil con las convencionales, como el diálogo con las partes y la participación en audiencias públicas organizadas como parte del proceso de paz, y cómo otras campañas clave de resistencia civil afectaron el proceso. Con base en un enfoque cualitativo predominantemente inductivo, argumentamos que las campañas a favor de la paz y algunas otras campañas de resistencia civil en Colombia tuvieron una influencia indirecta en el proceso de paz entre el Gobierno y el ELN al ejercer presión social a favor de un acuerdo negociado. También afirmamos que, si bien algunas campañas pueden haber impulsado al ELN a realizar ciertos gestos, ninguna, salvo quizás la campaña de 2021 contra la reforma tributaria propuesta, ejerció suficiente presión sobre el Gobierno para una resolución pacífica de este conflicto armado. No obstante, en general, las campañas a favor de la paz fueron útiles para apoyar los esfuerzos de las partes por avanzar hacia una solución negociada, especialmente cuando sus posturas se debilitaron, como cuando el Gobierno perdió el referéndum de 2016 o después de que el ELN perpetró actos reprobables.

Nuestro análisis se basa en fuentes primarias y secundarias, incluyendo i) más de sesenta entrevistas semiestructuradas con diversos actores relacionados con el proceso de paz, tanto en los ámbitos nacional como regional; ii) documentos oficiales —declaraciones, vídeos, entre otros— de las dos delegaciones negociadoras; iii) informes de organizaciones clave sobre el proceso de paz; iv) artículos periodísticos; v) otros documentos relevantes; y vi) grabaciones escritas y audiovisuales de eventos públicos relacionados con el proceso de paz.

Aunque desde 1955 se han llevado a cabo campañas masivas de resistencia civil en una quinta parte de las situaciones de conflicto armado interno, la literatura sobre la resistencia noviolenta y los procesos de paz sigue siendo embrionaria (Abbs, 2021). En particular, no encontramos ningún estudio sobre la relación entre la resistencia civil y el proceso de paz 2012–2019 entre el Gobierno colombiano y el ELN, a pesar de ser un caso significativo, dada la importancia de la participación de la sociedad en este proceso. Diversos actores de la sociedad civil aprovecharon el hecho de que la participación de la sociedad era el primer punto de la agenda de negociación para tratar de incidir en este proceso de manera más significativa que en las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC.EP), donde la participación de la sociedad civil fue notable pero restringida a ciertos espacios, los cuales muchos líderes sociales consideraron insuficientes (Mouly, 2023; Mouly y Hernández, 2020; 2022).

Después de ofrecer un breve contexto del proceso de paz y un panorama general de los estudios sobre la resistencia civil y los procesos de paz realizados hasta el momento, analizamos las tácticas de resistencia civil empleadas por ciertos sectores de la sociedad civil, en combinación con tácticas convencionales, para ejercer presión sobre las partes en diferentes momentos del proceso de paz, desde antes de su inicio hasta después de su suspensión en enero de 2019.

Contexto

Varios actores de la sociedad civil en Colombia han abogado durante mucho tiempo por las conversaciones de paz con la guerrilla, pero se sintieron particularmente empoderados durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2010–2018) que hizo de las negociaciones de paz con los grupos insurgentes una prioridad de su gobierno. Durante el gobierno de Santos el movimiento por la paz buscó inicialmente promover negociaciones tanto con las FARC–EP como con el ELN. El Gobierno y el ELN iniciaron conversaciones exploratorias en 2012, pero sólo firmaron un acuerdo marco para iniciar negociaciones de paz formales en marzo de 2016 (Gobierno de Colombia y ELN, 2016). Se tardó casi otro año en iniciar conversaciones formales debido a discrepancias entre las partes (Mouly y Hernández, 2020). Durante ese tiempo, y especialmente entre 2015 y 2017, ciertos sectores de la sociedad civil se agruparon en tres grandes coaliciones: Paz Completa, Mesa Social para la Paz y la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz) —que inicialmente se unió a Paz Completa, pero luego actuó de manera autónoma—, las cuales desempeñaron un papel activo en presionar a las partes para que se sentaran a la mesa de negociaciones.

Tras el inicio de las negociaciones formales en febrero de 2017, estos actores de la sociedad civil se mantuvieron activos, supervisando las conversaciones y presionando para lograr un alto al fuego bilateral y medidas humanitarias para aliviar el sufrimiento de la población civil en las zonas afectadas por la guerra. Luego de algunos avances notables, como un cese al fuego bilateral sin precedentes entre octubre de 2017 y enero de 2018, y audiencias públicas en octubre y noviembre de 2017 para definir mecanismos de participación pública en el proceso de paz, las conversaciones se estancaron durante dos meses entre enero y marzo de 2018 debido a varios ataques del ELN. Durante este periodo, los actores de la sociedad civil se movilizaron para pedir la reanudación de las conversaciones de paz y se ofrecieron a mediar entre las partes. Finalmente, lograron presionar a las partes para que reanudaran las conversaciones en marzo de 2018. Sin embargo, sólo dos meses después la mesa de negociaciones se vio obligada a trasladarse a La Habana tras la decisión del Gobierno ecuatoriano de dejar de ser sede de las negociaciones. En agosto de 2018 las conversaciones se estancaron cuando Santos dejó el cargo y fue reemplazado por el presidente Iván Duque (2018–2022), un fuerte crítico de los esfuerzos de paz de su predecesor. El proceso de paz finalmente colapsó en enero de 2019 después de que el ELN atacara la Escuela de Cadetes de Policía General Santander en Bogotá (Mouly y Hernández, 2020).

Los esfuerzos de la sociedad civil para impulsar el proceso de paz entre el Gobierno y el ELN tuvieron lugar en un contexto de significativa polarización y desacuerdo en torno a la solución del conflicto armado interno (Rettberg y Quiroga, 2017). Mientras que algunos actores sociales y políticos presionaron por una solución negociada al conflicto, otros pidieron más acciones militares para derrotar a los grupos armados restantes, incluido el ELN. Algunos de los más inclinados hacia una solución política trataron de participar en las negociaciones de paz e influir en ellas. Este activismo ocurrió antes, durante y después de las negociaciones de paz formales de 2017–2019. También coincidió con los esfuerzos a favor del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC–EP, y la implementación del Acuerdo de paz de 2016, así como con diversas movilizaciones sociales, como los paros agrarios. Además, se caracterizó por un amplio repertorio de acciones de resistencia civil como manifestaciones, caravanas, los denominados «twitteratones» y protestas creativas, combinadas con acciones convencionales para facilitar la transformación pacífica del conflicto armado y abrir espacios para que diferentes actores sociales pudieran expresar sus demandas.

Nuestro estudio dentro de la literatura sobre resistencia civil y procesos de paz

Este estudio de la movilización de la sociedad civil a favor de las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN en el periodo 2010 a 2021 ofrece insumos valiosos sobre el papel de los movimientos sociales en los procesos de paz, tanto en el ámbito académico como práctico. En el ámbito académico se ha comenzado a investigar recientemente el nexo entre resistencia civil y procesos de paz, y aún se sabe poco sobre cómo la resistencia civil incide en dichos procesos (Abbs, 2021; Dudouet, 2021). Entre estas investigaciones, Desirée Nilsson e Isak Svensson (2023) examinaron las movilizaciones masivas de la sociedad civil durante los procesos de paz en su estudio de todas las negociaciones de paz que tuvieron lugar en situaciones de conflicto armado intraestatal en África y las Américas entre 1989 y 2018. Descubrieron que tales movilizaciones aumentaban la probabilidad de lograr un acuerdo de paz al fomentar una mayor inclusión de la sociedad civil en la mesa de negociaciones. Del mismo modo, Luke Abbs (2021) realizó un estudio cuantitativo de numerosos procesos de paz, demostrando que la resistencia noviolenta puede mejorar las perspectivas de transformación pacífica de los conflictos armados internos al desafiar al Estado, abrir el espacio político y empoderar a los actores de la sociedad civil. Estos hallazgos respaldan los de Bahar Leventoğlu y Nils Metternich (2018), que encontraron que es más probable que un Gobierno negocie con un grupo insurgente cuando ocurren protestas masivas contra el Gobierno.

Además, Véronique Dudouet (2015; 2017; 2021) ha explorado la relación entre la resistencia civil y los procesos de paz en varias publicaciones, incluido un informe de 2021 que sintetiza sus principales argumentos. Al igual que Amy Finnegan y Susan Hackley (2008) y Anthony Wanis–St. John y Noah Rosen (2017), Dudouet argumenta que la resistencia civil puede ayudar a reequilibrar las relaciones de poder entre las partes, facilitando así el diálogo. Algunos estudios de caso respaldan estos hallazgos. Por ejemplo, los estudios de Subindra Bogati y Ches Thurber (2021) y D. B. Subedi y Prakash Bhattarai (2017) revelan cómo la resistencia civil contribuyó a poner fin a la guerra civil en Nepal, mientras que Janel B. Galvanek y James Suah Shilue (2021) hacen afirmaciones similares con respecto a Liberia.

Dicho esto, muchos de estos estudios se centran en protestas masivas que representan una visión limitada de las luchas noviolentas. Estas luchas pueden librarse utilizando una amplia gama de métodos, incluida la no cooperación y el establecimiento de instituciones alternativas autónomas (Beer, 2021; Sharp, 1973b). Además, estudios como el de Abbs (2021) sólo dan cuenta de campañas de resistencia civil con objetivos maximalistas, mientras que en casos como el nuestro las campañas de resistencia civil tenían objetivos minimalistas que iban desde solicitar el inicio de las conversaciones de paz hasta abogar por una reanudación de las negociaciones durante su estancamiento o la exigencia de reformas socioeconómicas y políticas. Una excepción es el reciente estudio de Dudouet (2021), el cual distingue tres tipos de campañas de resistencia civil que tienen diferentes impactos en los procesos de paz: i) campañas a favor de la paz, ii) campañas a favor del cambio con objetivos minimalistas —por ejemplo, reformas socioeconómicas— y iii) campañas a favor del cambio con objetivos maximalistas —por ejemplo, cambio de régimen—.

En este estudio exploratorio examinamos principalmente las campañas de resistencia civil a favor de la paz, especialmente aquellas que abogan por una solución negociada al conflicto, y en menor medida las campañas a favor del cambio con objetivos minimalistas, las cuales fueron las más relevantes durante nuestro periodo de observación (2010–2021) en Colombia. Reconocemos que durante este periodo ocurrieron algunas campañas de resistencia civil contra el Acuerdo de paz de 2016, en particular, en torno al referéndum destinado a ratificarlo, y pueden haber influido en el proceso de paz entre el Gobierno y el ELN. Si bien esto puede constituir una limitación de nuestro estudio, creemos que no invalida nuestro argumento principal. En general, nuestra investigación contribuye a los debates actuales sobre la resistencia civil y los procesos de paz al examinar cómo acciones de resistencia noviolenta con objetivos distintos, tanto a favor de la paz como del cambio, incidieron en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN entre 2010 y 2021, y al concluir con algunas hipótesis al respecto.

Resistencia civil y proceso de paz entre el Gobierno y el ELN, 2012–2019

Con base en nuestros datos empíricos, distinguimos cinco objetivos principales de las campañas de resistencia civil en apoyo al proceso de paz entre el Gobierno y el ELN. En primer lugar, examinamos las acciones de diversos actores sociales encaminadas a llevar a las partes a la mesa de negociaciones. En segundo lugar, analizamos los esfuerzos de ciertos sectores de la sociedad civil por crear un espacio de participación en el proceso e incidir en él. En tercer lugar, discutimos los intentos de estos sectores de presionar a las partes para que acuerden medidas que alivien el sufrimiento de la población civil en los territorios afectados por la guerra. En cuarto lugar, analizamos los esfuerzos de estos sectores para alentar a las partes a permanecer en la mesa de negociación y a superar los escollos. Por último, consideramos las iniciativas de la sociedad civil destinadas a impulsar la reanudación de las conversaciones de paz tras su suspensión en enero de 2019. Paralelamente, examinamos cómo influyeron en él otras campañas significativas de resistencia civil que no estaban directamente vinculadas al proceso de paz.

Acciones de la sociedad civil para presionar a las partes para que inicien conversaciones de paz

Al igual que Mauricio García Durán (2006) en el contexto de Colombia, Dudouet (2021) afirma que «la movilización por la paz tiende a alcanzar su punto álgido ya sea como reacción a episodios violentos [...] o cuando las oportunidades para la paz parecen más tangibles» (p. 7). En este caso, las primeras acciones de resistencia civil a favor de la paz surgieron en relación a esta última situación, específicamente cuando el presidente Santos asumió el cargo y priorizó la paz como uno de sus principales objetivos. En ese momento, la sociedad civil estaba dividida y tenía visiones divergentes sobre la posibilidad de negociaciones de paz con la guerrilla. Un grupo de organizaciones cercanas al Gobierno no estaban interesadas en esta posibilidad o creían que los guerrilleros simplemente debían dejar las armas. Un segundo grupo, relacionado con la Iglesia, apoyaba la idea de un proceso de paz. Un tercer grupo, más numeroso, compuesto por organizaciones de derechos humanos y algunas organizaciones ideológicamente cercanas al ELN, condicionó un proceso de paz a que produjera transformaciones estructurales clave. Mientras que algunos en este tercer grupo mantuvieron posiciones radicales que insistían en la necesidad de cambios sociales significativos, muchos comenzaron a abogar por un proceso de paz a partir de 2012, reconociendo que las negociaciones con la guerrilla presentaban una oportunidad para que sus demandas fueran escuchadas. En consecuencia, en 2013 el Congreso de los Pueblos, una red de organizaciones de la sociedad civil de tendencia de izquierda creada en 2010 y parte de este tercer grupo, organizó una gran convención por la paz en Bogotá que reunió a aproximadamente 20 000 participantes (E24, comunicación personal, septiembre, 2021; E38, comunicación personal, octubre, 2021; E41, comunicación personal, octubre, 2021; Tobón, 2012).

En 2013 varios grupos sociales, entre ellos campesinos, indígenas y colombianos afrodescendientes, se unieron para organizar un paro agrario, una campaña masiva a favor del cambio que por primera vez reunió a personas de zonas rurales y urbanas. Curiosamente, esta campaña a favor del cambio no sólo reclamó nuevas políticas de desarrollo rural, sino que también respaldó algunas demandas de los grupos a favor de la paz, como el pedido de alcanzar la paz para permitir a la gente ejercer su derecho a la participación en espacios públicos sin arriesgar sus vidas (E38, comunicación personal, septiembre, 2021; E41, comunicación personal, octubre, 2021; E31, comunicación personal, enero, 2022). Como señala Dudouet (2021), los movimientos a favor del cambio a menudo aprovechan los procesos de paz como la oportunidad más tangible para transmitir sus demandas y abogar por ciertas reformas. Este fue efectivamente el caso aquí, ya que en ese entonces el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC–EP, junto con un posible futuro proceso de paz con el ELN, representó una oportunidad significativa para generar cambios en las políticas de desarrollo rural. A este primer paro agrario le siguió otro en 2014.

La primera coalición de apoyo a los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN, liderada por la Iglesia menonita y organizaciones de mujeres, e integrada por organizaciones de la sociedad civil del segundo grupo, surgió a principios de 2015: Paz Completa. A finales de 2015, sobre la base de años de trabajo de base de la Iglesia menonita en Arauca —un bastión del ELN— para impulsar negociaciones de paz desde abajo hacia arriba, Paz Completa organizó una caravana por la paz desde Bogotá hasta Arauca. Más de una treintena de participantes de diversos sectores sociales y cinco periodistas viajaron en bus hasta el municipio de Tame, Arauca, como parte de la caravana, la cual tuvo una amplia cobertura, especialmente en las redes sociales. El ELN saludó la iniciativa en un comunicado en el que afirmó: «Bienvenida la paz completa». A su llegada, los miembros de la caravana participaron en el cuarto foro internacional convocado por la Iglesia menonita titulado «Horizontes para la paz y la reconciliación», junto a muchos líderes locales, incluyendo a miembros de las comisiones de paz y reconciliación de base establecidas en todos los municipios del departamento como parte del programa «Puentes de paz» de la Iglesia menonita (Hernández, 2015). Los participantes también marcharon con antorchas por las calles de Tame para demostrar las aspiraciones de paz de los habitantes de Arauca. Como resultado de la caravana, aproximadamente sesenta organizaciones se sumaron a la campaña por una paz completa, incluyendo muchas organizaciones de mujeres (Negrete, 2015, diciembre 15; Por una Paz Completa, 2015, diciembre 15; E24, comunicación personal, septiembre, 2021; E12, comunicación personal, octubre, 2021).

La segunda coalición en apoyo a los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN surgió de la desilusión de muchos miembros del tercer grupo de la sociedad civil con respecto al proceso de paz entre el Gobierno y las FARC–EP. Consideraron que en el proceso en mención se excluyeron temas clave, como el modelo económico, que esperaban que se discutiera y la metodología para la participación ciudadana limitó su capacidad para influir en las discusiones en la mesa de negociaciones.¹ En consecuencia, comenzaron a abogar por un proceso de paz entre el Gobierno y el ELN que potencialmente podría permitirles abordar temas importantes y ejercer una mayor influencia en las negociaciones, conformando finalmente la coalición Mesa Social para la Paz (E12, comunicación personal, octubre, 2021; E24, comunicación personal, junio 2019; septiembre, 2021; E38, comunicación personal, septiembre, 2021; E41, comunicación personal, octubre, 2021). La Mesa Social para la Paz convocó a miles de participantes durante su lanzamiento en Bogotá y otras regiones, incluyendo a miembros del Congreso de los Pueblos y diversas organizaciones de derechos humanos destacadas, como MINGA, en noviembre de 2015 (Mesa Social para la Paz, 2015, octubre 28; El Espectador, 2015, noviembre 5; E24, comunicación personal, septiembre, 2021; Mesa Social para la Paz, 2 de noviembre de 2015).

En 2015–2016, antes del inicio de las negociaciones formales de paz entre el Gobierno y el ELN, Paz Completa buscó colocar el concepto de «paz completa» en la agenda, particularmente, a través del activismo digital mediante el uso de los hashtags #PorUnaPazCompleta y #PazCompleta. Difundió cartas de apoyo a los diálogos de paz a través de las redes sociales y lanzó la campaña #YoApoyo para fomentar un entorno más favorable para el proceso de paz. Del mismo modo, la campaña digital #QueSeSienten se volvió viral, ya que muchas personas grabaron videos de sí mismas sentadas para alentar a las partes del conflicto a entablar un diálogo, convirtiéndose en una tendencia nacional (E24, comunicación personal, septiembre, 2021; E12, comunicación personal, octubre, 2021; E41, comunicación personal, octubre, 2021).² Paz Completa también tomó fotografías de figuras públicas clave con banderas blancas o carteles que decían «Falta la paz completa» y difundió estas imágenes en las redes sociales.³

Esta campaña por una «paz completa» resultó efectiva, ya que el presidente Santos hizo referencia a la necesidad de lograr una «paz completa» en varias declaraciones, lo que indica cómo el concepto ganó fuerza entre los tomadores de decisiones de alto nivel (Guerra, 2020, p. 220; Mouly, 2023). Además, en una entrevista de 2014, el comandante en jefe del ELN declaró que su organización estaba atenta a los muchos colombianos que pedían la paz (Venceremos, 2014, noviembre 2). Un líder de la sociedad civil señaló que esta movilización social por una «paz completa» y por la participación en las negociaciones de paz llevó al ELN a volver a priorizar la construcción de poder popular a través de la participación pública después de años de enfatizar la acción militar, como lo demuestran las declaraciones del ELN luego de su convención de 2015 (E38, comunicación personal, septiembre, 2021). En este contexto de presión desde la sociedad civil, el Gobierno comenzó a reconocer públicamente su participación en diálogos exploratorios con el ELN. El grupo guerrillero lo confirmó posteriormente y afirmó que la participación pública sería un foco central de las negociaciones de paz (E24, comunicación personal, septiembre, 2021; Szalkowicz, 2015, enero 20).

El 30 de marzo de 2016 el Gobierno y el ELN anunciaron que habían llegado a un acuerdo sobre la agenda de negociaciones de paz que llevaría a la apertura de conversaciones oficiales (Gobierno de Colombia y ELN, 2016). Este anuncio empoderó a muchos grupos de la sociedad civil que creyeron que el punto 1 de la agenda, «Participación de la sociedad en la construcción de la paz», abriría un espacio para participar en el proceso de paz y expresar sus demandas (E24, comunicación personal, septiembre, 2021; E41, comunicación personal, octubre, 2021). En junio y julio de 2016 tuvo lugar otro paro agrario de 45 días. Si bien se centró en cuestionar las políticas de desarrollo rural del Gobierno, también criticó los impactos negativos de las políticas minero–energéticas del Gobierno —uno de los temas clave que se discutirían en futuras negociaciones entre el Gobierno y el ELN— y dinamizó los movimientos a favor del cambio y la paz, en particular, la Mesa Social para la Paz (Tobón, 2016; E41, comunicación personal, octubre, 2021).

Acciones de la sociedad civil para influir en el resultado de las negociaciones de paz

Los grupos de la sociedad civil comenzaron a movilizarse para tener voz en las futuras negociaciones de paz, incluso antes del inicio de las conversaciones formales. En noviembre de 2016, por ejemplo, aproximadamente ochocientas organizaciones sociales emitieron una declaración pública en la que expresaban su disposición a participar en el proceso de paz (Mesa Social para la Paz, 2016, noviembre 9; E24, comunicación personal, septiembre, 2021). Cuando las negociaciones de paz comenzaron formalmente, estos grupos intensificaron sus esfuerzos para asegurarse un espacio de participación e influencia en las negociaciones. Una campaña significativa en este sentido fue la movilización por parte de Paz Completa con los hashtags #LaParticipaciónTambiénEsConmigo y #YoTambiénParticipo en las redes sociales, la cual se convirtió en tendencia nacional.⁴ Esta campaña tuvo como objetivo generar un clima favorable para la participación de la sociedad en esta etapa del proceso de paz y demostrar el fuerte interés de la sociedad civil en participar.

Mientras tanto, la Mesa Social para la Paz lanzó activamente la campaña #ParticiparEsPaz, a través de movilizaciones masivas y redes sociales.⁵ Además de estas campañas, algunos grupos de la sociedad civil organizaron diálogos multisectoriales y asambleas locales para proponer ideas sobre el diseño y el contenido de las negociaciones de paz. Varias organizaciones viajaron a Quito para interactuar con el Gobierno y las delegaciones del ELN, y presionar por sus intereses específicos, incluidos temas humanitarios, reformas sociales y derechos de las mujeres. Mesa Social para la Paz, Paz Completa y Redprodepaz presentaron propuestas para el diseño de la participación de la sociedad en las negociaciones. En particular, la Mesa Social para la Paz organizó cien eventos —reuniones, pinturas, obras de teatro, entre otros— en toda Colombia en febrero de 2017 con el fin de recopilar insumos para la propuesta que presentaría a la mesa de negociación (Comité de Impulso de Mesa Social para la Paz, 2017, febrero 1; Por una Paz Completa, Congreso Nacional de los Pueblos y Comité de Impulso de Mesa Social para la Paz, 2016, octubre 10; E41, comunicación personal, octubre, 2021; El Espectador, 2016, octubre 11; 2017, diciembre 2). Posteriormente, en octubre y noviembre, más de doscientos representantes de diversos grupos sociales participaron en audiencias públicas consultivas organizadas por el Gobierno y delegaciones del ELN cerca de Bogotá para expresar sus puntos de vista sobre i) cómo deseaban participar en el proceso y ii) qué temas debían discutirse como parte del punto 1 de la agenda para brindar insumos a la mesa de negociación (Celis, 2019; Ramírez, 2018, septiembre 11; Restrepo, 2020). Esto incluyó a las tres coaliciones —Paz Completa, Mesa Social para la Paz y Redprodepaz—, las cuales publicaron una carta abierta a las partes en la que detallaban los requisitos para la participación pública en el proceso (Redprodepaz, Comité de Impulso de Mesa Social para la Paz, y Por una Paz Completa, 2017, octubre 31). Incluso cuando los equipos negociadores se trasladaron a La Habana en abril de 2018, varias organizaciones continuaron visitándolos para expresar sus preocupaciones (Mouly, 2023).

Las organizaciones de la sociedad civil plantearon principalmente tres tipos de propuestas a las partes: i) sobre la metodología para la participación de la sociedad en el proceso de paz, ii) sobre los temas sustantivos de la agenda, incluyendo temas humanitarios y de desarrollo, y iii) sobre temas transversales como el género (E24, comunicación personal, septiembre, 2021; PNUD, 2017). Aunque las negociaciones finalmente se estancaron antes de que se pudiera evaluar plenamente la influencia de estas propuestas, los miembros de las dos delegaciones aseguraron que habían considerado las propuestas de la sociedad civil para construir un modelo viable de participación de la sociedad en las conversaciones de paz (Mouly, 2023). Sin embargo, algunos entrevistados de la sociedad civil afirmaron que las organizaciones más cercanas a las partes tenían mayor influencia en las discusiones en la mesa de negociaciones (E12, comunicación personal, febrero, 2019).

Acciones de la sociedad civil para presionar a las partes a que tomen medidas para aliviar el sufrimiento de los civiles

Algunas de las principales campañas de resistencia civil relacionadas con el proceso de paz tuvieron como objetivo presionar a las partes para que adoptaran medidas destinadas a aliviar el sufrimiento de la población civil, como el desminado, la liberación de rehenes y la cesación de hostilidades en zonas pobladas. Estas acciones comenzaron antes de las conversaciones de paz y continuaron después de su suspensión, adquiriendo protagonismo durante las negociaciones oficiales, ya que diversos grupos de la sociedad civil aprovecharon la discusión del punto 5f de la agenda, relacionado con cuestiones humanitarias. También ocurrieron en respuesta a un empeoramiento del conflicto armado en ciertas regiones, como el Chocó y el Catatumbo, lo que coincide con los hallazgos de Dudouet (2021) y García Durán (2006), que sugieren que las personas tienden a movilizarse por la paz como reacción al aumento de la violencia.

Tanto Paz Completa como Mesa Social para la Paz comenzaron a presionar por un cese al fuego bilateral para aliviar el sufrimiento de la población civil antes de las conversaciones de paz oficiales y continuaron abogando por él hasta su anuncio en septiembre de 2017, justo antes de la visita del papa (Mesa Social para la Paz, 2016, noviembre 9; Por una Paz Completa, 2016, julio 13; El Espectador, 2017, enero 19; 2017, junio 30; 2017, junio 13). El cese al fuego bilateral temporal duró 101 días, de octubre de 2017 a enero de 2018. Diversas organizaciones de la sociedad civil que habían presionado para el cese al fuego establecieron un mecanismo para supervisar su aplicación. Participaron aproximadamente 75 grupos nacionales y locales, entre ellos la Mesa Social para la Paz y sus ramas locales en las zonas afectadas por la guerra. Juntos, presentaron su primer informe el 29 de noviembre de 2017, en el que reconocieron los esfuerzos de las partes y las instaron a hacer más para aliviar el sufrimiento de la población civil (Veeduría Social Humanitaria, 2017). En declaraciones públicas en octubre de 2017 y enero de 2018 la delegación del ELN acogió con beneplácito los esfuerzos de la sociedad civil para supervisar el cese al fuego y expresó su compromiso de reducir la intensidad de la violencia armada (Delegación de Diálogos ELN, 2018, enero 30; 2017, octubre 11; Colombia Informa, 2018, enero 10).

Además, poco después del inicio de los diálogos de paz oficiales en febrero de 2017, las autoridades municipales y diversas organizaciones de la sociedad civil de Samaniego y Santacruz de Guachávez, ubicados en el departamento suroccidental de Nariño, anunciaron la reactivación del pacto de paz local que constaba de diez reglas que debían ser respetadas por los grupos armados que operaban en el territorio. Presionaron activamente para que las partes consideraran su propuesta de desminado humanitario en tres lugares en la mesa de negociaciones (Comunidades de Nariño et al., 2017, febrero 26; Alcaldía de Samaniego; 28 de febrero de 2017).

Ambas delegaciones respaldaron oficialmente estas iniciativas y comenzaron a discutir la propuesta de desminado como parte del punto 5f de la agenda (Masullo, Mouly y Garrido, 2019; Mouly, 2023; Mouly y Bustos, 2021; E44, comunicación personal, diciembre, 2021). Sin embargo, a pesar de su apoyo a la propuesta, al final de la última ronda de negociaciones en agosto de 2018 no se habían logrado avances significativos en el tema (E. Herrera, E., 2021; Mouly, 2023; Restrepo, 2020). Además, el arresto y la detención temporal de algunos líderes que habían abogado activamente por esta iniciativa humanitaria en abril de 2018 los disuadió de seguir adelante con la propuesta (E44, comunicación personal, diciembre, 2022; Diario del Sur, 2018, abril 27; 2018, abril 22).

En agosto de 2017 diversas organizaciones de la sociedad civil del departamento noroccidental del Chocó impulsaron el «Acuerdo Humanitario ¡Ya! para el Chocó» en respuesta al deterioro de la situación humanitaria en ese departamento. Lo hicieron a través de un acto protocolario, varias marchas y comunicados de prensa, en los que solicitaron al Gobierno y al ELN hacer todos los esfuerzos para reducir los daños a la población civil causados por la violencia armada en el departamento y respetar la autonomía comunitaria. Algunos líderes de la sociedad civil incluso viajaron a Quito y La Habana para discutir la propuesta con los equipos negociadores (E6, comunicación personal, enero, 2019; febrero, 2022; E43, comunicación personal, octubre, 2021; E46, comunicación personal, diciembre, 2021; E51, comunicación personal, febrero, 2022; Restrepo, 2020; Rodríguez, Rosen y Masullo, 2021). Como resultado de esta presión, las delegaciones abordaron el «Acuerdo Humanitario ¡Ya! para el Chocó» tres veces como parte del punto 5f, pero no llegaron a un acuerdo para implementarlo antes de la suspensión de las negociaciones de paz en agosto de 2018, luego de que el presidente Duque asumió el cargo (Mouly, 2023). Sin embargo, según un líder de la sociedad civil y otra fuente local, durante los diálogos de paz, el ELN atendió de alguna manera las súplicas de la población civil en el Chocó y redujo los ataques armados y el reclutamiento (E46, comunicación personal, diciembre, 2021; E51, comunicación personal, febrero, 2022).

Asimismo, justo después del anuncio de un cese al fuego bilateral en septiembre de 2017, la Mesa Social para la Paz envió una carta al papa solicitando sus buenos oficios para garantizar la protección de los activistas por la paz colombianos bajo el lema «¡Qué la paz no nos cueste la vida!» (Comité de Impulso de Mesa Social para la Paz, 2017, septiembre 8). Mientras tanto, representantes de las comunidades locales del Catatumbo se comunicaron con las partes negociadoras para solicitar que los actores armados mantengan distancia de las zonas pobladas y que el ELN retirara las minas antipersonales colocadas en una escuela secundaria en Tibú. Sin embargo, a pesar de la aquiescencia de las partes, se lograron pocos avances en la práctica (E54, comunicación personal, abril, 2023).

Las organizaciones locales de la sociedad civil continuaron promoviendo algunas de estas iniciativas humanitarias tras el fin de las negociaciones de paz, aunque con un éxito limitado. Lo hicieron, por ejemplo, en el Chocó (E28, comunicación personal, enero, 2021; E46, comunicación personal, diciembre, 2021), el sur de Bolívar (E31, comunicación personal, enero, 2022; Colombia Informa, 2021, noviembre 26) y Nariño (E44, comunicación personal, diciembre, 2021).

Acciones de la sociedad civil para presionar a las partes para que permanezcan en la mesa de negociaciones

Cuando las negociaciones se estancaron en enero de 2018, tras el fin del cese al fuego y una serie de ataques del ELN en la ciudad caribeña de Barranquilla, las organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos local y nacional emprendieron diversas acciones de resistencia civil para superar el impasse, incluyendo comunicados, peticiones y el twitteratón #QueSiganLosDialogos. Por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil que habían supervisado el cese al fuego emitieron una declaración el 25 de enero de 2018 solicitando a ambas partes que regresaran a la mesa de negociaciones, negociaran un nuevo cese al fuego con la participación activa de la sociedad civil y tomaran medidas para aliviar el sufrimiento de los civiles y proteger mejor a los líderes sociales (Veeduría Social al CFBTN, 2018, enero 25). El ELN reconoció esta iniciativa publicándola en su sitio web cuatro días después y afirmó que estaba escuchando los llamados de la sociedad civil para reducir los enfrentamientos armados (Comosoc, 2018, enero 25). Asimismo, Paz Completa lanzó la campaña #NoSeParenDeLaMesa en las redes sociales con el apoyo de numerosas organizaciones de la sociedad civil. El 29 de enero de 2018 publicaron una petición firmada por 55 grupos de la sociedad civil y numerosos líderes sociales en la que solicitaban a ambas partes reanudar las conversaciones de paz y negociar un nuevo cese al fuego (Por una Paz Completa, 2018, enero 29; Mesa Social para la Paz, 1.° de febrero de 2018).

El 1.° de febrero las tres principales coaliciones a favor del proceso de paz, junto con numerosas organizaciones sociales emitieron un comunicado al Gobierno, al ELN y a los Estados garantes en el que se declararon en un «proceso de paz permanente» y ofrecieron mediar entre las partes (Redprodepaz et al., 2018, febrero 1; Porunapaz Completa, 1.° de febrero de 2018). El mismo día la delegación del ELN acogió con beneplácito la carta y expresó su disposición a entablar un diálogo con las organizaciones firmantes, al tiempo que agradeció esfuerzos similares para dialogar con el Gobierno y los Estados garantes (Delegación de paz del ELN, 2018, febrero 1). Del mismo modo, el presidente Santos aceptó el ofrecimiento y el 7 de febrero de 2018 se llevó a cabo un encuentro entre el Gobierno y la sociedad civil (Caracol Radio, 2018, febrero 7; RCN Radio, 2018, febrero 9; El Espectador, 2018, febrero 7). Poco después, el 9 y 10 de febrero, algunos representantes de la sociedad civil se reunieron con la delegación del ELN en Quito. Durante el encuentro, las organizaciones persuadieron al ELN para que hiciera un gesto y bajara el grado de hostilidades con el Gobierno para allanar el camino para la reanudación de los diálogos de paz (Delegación de paz del ELN, 2018, febrero 12). En consecuencia, dos semanas después el ELN declaró un cese al fuego unilateral durante las elecciones de marzo, un gesto aplaudido por el presidente Santos, que afirmó que esperaba que tales acciones reanudaran las conversaciones de paz (El Nuevo Herald, 2018, febrero 26; El País, 2018, febrero 26; Suárez, 2018, marzo 12; La FM, 2018, febrero 26; Mouly, 2023; Semana, 2018, marzo 12).

Al mismo tiempo, Paz Completa organizó una serenata dedicada al Gobierno y al ELN en Bogotá, solicitando su regreso a la mesa de negociaciones. Pusieron una mesa con un mantel blanco en la plaza principal de Bogotá, la Plaza de Bolívar, e invitaron a los mariachis a tocar. La iniciativa contó con el apoyo de la Embajada de Suecia y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP–OEA). La serenata atrajo la atención de los medios de comunicación y tres días después el Gobierno y el ELN anunciaron la reanudación de las negociaciones (Contagio Radio, 2018, marzo 9; El Espectador, 2018, marzo 12; Semana, 2018, marzo 12; Suárez, 2018, marzo 12; Porunapaz Completa, 2 de abril de 2019, 18–19m). En combinación con las iniciativas de la sociedad civil para mediar entre el Gobierno y el ELN, y la declaración de cese al fuego unilateral por parte del ELN, esta iniciativa proporcionó a las partes cierto «oxígeno político» para hacer el anuncio (E12, comunicación personal, octubre, 2021).

Acciones de la sociedad civil para impulsar la reanudación de las negociaciones de paz

El colapso del proceso de paz tras el ataque del ELN a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander en Bogotá en enero de 2019 provocó una serie de reacciones de la sociedad civil, incluidas peticiones para reanudar las conversaciones de paz. Sin embargo, la suspensión indefinida del proceso de paz y el aumento de las amenazas y la persecución judicial contra líderes sociales, incluidos activistas por la paz, debilitaron gradualmente el movimiento propaz (E41, comunicación personal, octubre, 2021; E31, comunicación personal, enero, 2022; E48, comunicación personal, enero, 2022). Además, la fuerte oposición del gobierno de Duque a la continuación de las negociaciones de paz llevó a muchas organizaciones de la sociedad civil a esperar un contexto más favorable para retomar las grandes campañas a favor de la paz y buscar medios alternativos para incidir en el proceso, incluso a través de congresistas y, especialmente, de la plataforma «Defendamos la Paz». Esta plataforma, compuesta por diversos líderes de la sociedad civil y de los partidos políticos, incluidos los miembros de las tres coaliciones a favor de la paz que apoyaron activamente el proceso de paz, buscó defender la paz abogando por i) la implementación del Acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC–EP y ii) las negociaciones de paz entre el Gobierno y los grupos armados restantes, como el ELN, para poner fin al conflicto armado. En 2020, «Defendamos la Paz» reunía a casi 4000 personas de diversos orígenes políticos e ideológicos, tenía ramas en múltiples regiones de Colombia e incluso en el extranjero, y gozaba de una imagen pública positiva (E24, comunicación personal, enero, 2020; E27, comunicación personal, diciembre, 2019; E12, comunicación personal, octubre, 2021; E31, comunicación personal, enero, 2022; E33, comunicación personal, enero, 2022).

La plataforma emitió varios comunicados que buscaban desescalar el conflicto armado, entre ellos, uno del 4 de abril de 2019, en el que pedía al ELN que declarara un cese de hostilidades (ONIC, s. f.), y otro en abril de 2020 en el que se pedía a todos los actores armados el cese de hostilidades en el contexto de la pandemia (Defendamos la Paz, 2020, abril 17). El ELN acogió con beneplácito ambos comunicados y declaró un cese al fuego unilateral durante la Semana Santa en respuesta al primero (ELN, 2019, abril 11). «Defendamos la Paz» también organizó un evento público en abril de 2020 para entregar oficialmente los documentos del proceso de paz a la ONU para asegurar la custodia de este material hasta que se pudiera llevar a cabo un nuevo proceso de paz (Defendamos la Paz, 2020, abril 17; E24, comunicación personal, septiembre, 2021; E12, comunicación personal, octubre, 2021). Sin embargo, según un entrevistado, la campaña electoral de 2021 afectó a la plataforma «Defendamos la Paz», la cual «se parlamentarizó», lo que llevó a varias organizaciones de la sociedad civil a distanciarse de esta (E12, comunicación personal, octubre, 2021).

Si bien el ELN hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil afines a movilizarse y buscar la continuación de los diálogos de paz y las reformas socioeconómicas y políticas (Herrera E., 2021, p. 142), la campaña de resistencia civil más notable durante este periodo fue contra una propuesta de reforma tributaria que surgió en abril de 2021, en gran medida, sin injerencia de los grupos armados. Aunque el ELN apoyó las protestas masivas y algunos miembros participaron desarmados, no fueron los instigadores. Los sectores más pobres de la sociedad lideraron la campaña con poca o ninguna injerencia del grupo, lo que indica que las partes en conflicto no deben monopolizar la discusión de cuestiones sustantivas en el proceso de paz, sino que deben involucrar a los actores sociales relevantes en la discusión (E12, comunicación personal, octubre, 2021; E29, comunicación personal, enero, 2022; E31, comunicación personal, enero, 2022). Además, esta campaña evidenció el descontento generalizado entre muchos grupos sociales con respecto a las políticas económicas del Gobierno y demostró que las reformas económicas para mejorar el bienestar de la población se habían convertido en la prioridad número uno de la sociedad civil. Al hacerlo, la campaña demostró que pudo haber sido un error dejar los temas económicos fuera de la agenda de las negociaciones de paz con las FARC–EP y el ELN (E12, comunicación personal, octubre, 2021). La campaña finalmente terminó después de que sus líderes negociaran con el Gobierno, el cual acordó retirar las reformas planteadas. Si bien la influencia de esta campaña en el proceso de paz es discutible, sus demandas incluían la reanudación de los diálogos de paz con el ELN y la implementación del acuerdo de paz de 2016, y algunos afirman que tuvo un impacto en las elecciones presidenciales de 2022 (Herrera, M. A., 2022, abril 28; Vieira, 2022, mayo 23).

Conclusiones

Diversos grupos de la sociedad civil promovieron activamente el proceso de paz entre el Gobierno y el ELN entre 2010 y 2021, y buscaron incidir en él a través de un amplio repertorio de acciones. Emplearon la creatividad y fueron activos tanto en los ámbitos local como nacional. Si bien los grupos de la sociedad civil que participaron en estas acciones se empoderaron más y trataron de influir en el proceso de paz, su impacto hacia las partes fue limitado y otros factores obstaculizaron la conclusión exitosa de las conversaciones de paz iniciadas durante el gobierno de Santos. Estos factores incluyen: i) el debilitamiento de la posición del gobierno de Santos cuando inició los diálogos de paz con el ELN —especialmente, después de perder el referéndum para respaldar el Acuerdo de paz de 2016 con las FARC–EP—, ii) el escaso tiempo disponible para que el Gobierno firme un acuerdo de paz con el ELN antes de ser reemplazado por una nueva administración y iii) los obstáculos para la implementación del Acuerdo de paz de 2016, lo que aumentó la desconfianza del ELN en una solución pacífica sin suficientes garantías (Mouly, 2023; Mouly y Hernández, 2022). Estos factores, combinados con una opinión pública que se volvió cada vez más crítica de las acciones del ELN —especialmente su renuencia a abandonar el secuestro— y un contexto internacional menos favorable, fueron discutidos en otra publicación (cf. Mouly y Hernández, 2020).

Nuestros hallazgos respaldan los de autores como Abbs (2021), Dudouet (2021) y Leventoğlu y Metternich (2018), proporcionando más evidencia de que para que una campaña de resistencia civil contribuya decisivamente a la firma de la paz entre un Gobierno y un grupo insurgente debe representar un desafío significativo para el Gobierno para ejercer suficiente presión sobre él, especialmente si el Gobierno no está a favor de una solución negociada. En nuestro caso, en efecto, ninguna de las acciones de resistencia civil ocurridas antes, durante y después del proceso de paz constituyeron una amenaza seria para el Estado colombiano, lo que podría explicar por qué no lograron ejercer suficiente presión sobre el Gobierno para negociar una solución pacífica al conflicto armado con el ELN. Si bien algunas acciones de resistencia civil influyeron en el Gobierno y ayudaron a superar obstáculos significativos para el proceso de paz, en particular, al proporcionar un apoyo político muy necesario para las políticas de paz tras la pérdida del plebiscito de 2016 o el fin del cese al fuego en 2018, el impacto general de las acciones de la sociedad civil en el Gobierno fue limitado, incluso durante la administración de Santos, a pesar de su voluntad de lograr una «paz completa». La única campaña de resistencia civil que constituyó un desafío significativo para el Estado fue la movilización masiva de 2021 contra una propuesta de reforma tributaria. Si bien es posible que no haya influido directamente en el proceso de paz, algunas fuentes sugieren que incidió en los resultados de las elecciones de 2022, lo que llevó a la elección de un gobierno a favor de la paz que se apresuró a reanudar las conversaciones de paz con el ELN.

Nuestros hallazgos complementan la literatura existente al sugerir una teoría del cambio que se aleja de la teoría del poder de Gene Sharp (1973a) —que subyace en la mayoría de los estudios de resistencia civil— para los movimientos a favor de la paz. Nuestros datos muestran cómo las campañas de resistencia civil a favor de la paz pueden influir en la sociedad en general y contribuir a los procesos de paz. Tales campañas pueden ayudar a reequilibrar la correlación de fuerzas entre los sectores que están a favor de los procesos de paz y los que se oponen a ellos, demostrando cómo el conflicto armado es perjudicial para muchos y la mayoría de las personas desean verlo terminado y vivir en paz. Al hacerlo, reducen el espacio para que los saboteadores o los sectores reticentes perturben los procesos de paz y apoyan los esfuerzos de las partes para negociar la paz. Si bien la teoría del cambio prevalente en los estudios de resistencia civil explica el éxito en términos de cómo los movimientos noviolentos pueden promover un cambio de comportamiento en sus oponentes socavando el poder de estos últimos, nuestros datos indican que los movimientos a favor de la paz fomentan el cambio principalmente mediante la creación de un entorno favorable para las negociaciones de paz, dejando de lado a los saboteadores y respaldando los esfuerzos de las partes para lograr la paz. En particular, este artículo revela que ese apoyo a los esfuerzos de paz de las partes es especialmente importante cuando están debilitadas, como ocurrió con el gobierno de Santos tras la pérdida del plebiscito de 2016 o con la guerrilla del ELN tras las acciones violentas ampliamente repudiadas por la sociedad. En consecuencia, el éxito de las campañas de resistencia civil a favor de la paz no debe evaluarse únicamente en términos de los resultados exitosos de las negociaciones de paz entre las partes en conflicto, sino más bien por su capacidad para promover un mayor consenso en la sociedad a favor de una salida negociada al conflicto armado e, indirectamente, su capacidad para ayudar a las partes a eludir la oposición de sus propias filas o de actores externos.

Nuestros hallazgos también revelan cómo la resistencia civil puede influir en los grupos insurgentes y presionarlos para que hagan concesiones, una dimensión frecuentemente descuidada en la literatura. En este caso, diversas acciones de resistencia civil tuvieron un impacto significativo en el ELN, obligándolo a realizar gestos como el cese de hostilidades y la liberación de rehenes. Esta influencia fue particularmente notable cuando los sectores considerados como las bases sociales del ELN participaron en estas acciones.

En la práctica, esto significa que los movimientos de resistencia civil a favor de la paz pueden proporcionar un valioso apoyo a los procesos de paz al influir en la opinión pública cuando las partes del conflicto son sensibles a esta, como se ha visto en Colombia. Además, las acciones de resistencia civil pueden empoderar a los actores sociales para que exijan su participación en las principales discusiones sobre las reformas políticas y socioeconómicas como actores clave, dando así forma a las negociaciones de paz y fomentando una mayor apropiación del proceso de paz. Mientras pocos estudios han tratado de comprender cómo la resistencia civil puede incidir en los procesos de paz, este estudio de caso arroja luz sobre algunos de los roles que puede desempeñar.

Notas

^* Traducción del artículo Mouly, Cécile & Hernández Delgado, Esperanza. (2024). Mobilizing for Peace: Civil Society's Influence on the Peace Process between the Colombian Government and the National Liberation Army (ELN) (2010–2021). Peace and Conflict Studies, 31 (1), Article 4. https://nsuworks.nova.edu/pcs/vol31/iss1/4

¹ Una lideresa de la sociedad civil, por ejemplo, relató la frustración que ella y otros representantes de la sociedad civil sintieron cuando fueron a La Habana, pero nadie de los equipos negociadores aceptó reunirse con ellos (E41, comunicación personal, octubre, 2021).

² Véanse algunos videos de figuras clave que participaron en la campaña en https://www.youtube.com/hashtag/quesesienten

³ Véase, por ejemplo, la página de Facebook de Paz Completa https://www.facebook.com/porunapazcompleta

⁴ Véase, por ejemplo, la página de Facebook de Paz Completa https://www.facebook.com/porunapazcompleta

⁵ Véanse, por ejemplo, la página de Facebook de Mesa Social para la Paz https://www.facebook.com/MesaSocialParaLaPaz o el video de Mesa Social para la Paz (19 de enero de 2017).

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