ISSN (impreso) 0121–5167 / ISSN (en línea) 2462–8433
EDITORIAL
Deiman Cuartas Celis1 (Colombia)
Andrés Felipe Lopera Becerra2 (Colombia)
1 Director de la revista Estudios Políticos. Economista. Filósofo. Magíster en Ciencia Política. Doctor en Ciencias Sociales con especialización en Estudios Políticos. Grupo Hegemonía, guerras y conflictos, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia UdeA. Calle 70 No. 52–21, Medellín, Colombia. Correo electrónico: deiman.cuartas@udea.edu.co – Orcid: 0000–0002–3644–6501 – Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=VM–KiGYAAAAJ
2 Editor académico de la revista Estudios Políticos. Politólogo. Magíster en Ciencias en Desarrollo Local. Doctor en Humanidades. Grupo Hegemonía, guerras y conflictos, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia UdeA. Calle 70 No. 52–21, Medellín, Colombia. Correo electrónico: andresf.lopera@udea.edu.co – Orcid: 0000–0002–1084–0172 – Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=jp2wp–8AAAAJ
Cómo citar este editorial: Cuartas Celis, Deiman y Lopera Becerra, Andrés Felipe. (2025). Siguiendo el rastro de la violencia en tanto objeto de saber. Estudios Políticos, (Universidad de Antioquia), 73. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n73a01
La literatura sobre las causas de la violencia en Colombia es vasta y diversa (Sánchez, 1987; Blair, 2010; Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015). Antes de que este fenómeno fuera analizado desde comienzos de la década de 1960, con las herramientas analíticas propias de algunas ciencias sociales —historia, derecho, sociología, entre otras—, las explicaciones sobre la problemática estuvieron compuestas por novelas, crónicas, cuentos, artículos de opinión en revistas y periódicos, ensayos y discursos políticos, entre otras producciones literarias y periodísticas (Zuleta, 2011).
Entre los estudiosos del fenómeno hay acuerdo en considerar que el trabajo pionero en analizar la violencia de finales de las décadas de 1940 y 1950, con las herramientas propias de la sociología, fue el libro intitulado La Violencia en Colombia, publicado en 1962 por Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna.
Desde la perspectiva de Gonzalo Sánchez (1991), es posible clasificar la literatura sobre la violencia anterior a este libro en apologética y testimonial. Con la literatura apologética de la violencia se hace referencia a un cúmulo diverso de materiales escritos, la mayor parte de ellos durante la década de 1950, en la que «se revelan los elementos básicos de las representaciones que las élites o instituciones asociadas a ellas, como la Iglesia y el ejército, se hacen de la Violencia» (p. 23). Buena parte de dicha literatura no tienen una intención analítica, más bien tiene el carácter de una «proclama partidista y presentan los acontecimientos en una perspectiva maniquea» (p. 23).
En relación con la literatura denominada como testimonial, la que está constituida por los relatos de los protagonistas o víctimas de los acontecimientos de violencia, su importancia radica en el hecho de que no se trata de:
La evaluación de extraños, de la distante percepción de los académicos o los políticos, sino de la vivencia de los actores desde sus múltiples funciones sociales: el guerrillero convencido de su causa y ansioso de transmitir el idealismo de su lucha, el soldado orgulloso de su guerra que por diferentes razones también considera legítima, el sacerdote obligado a tomar partido en un terreno que no es el suyo (Sánchez, 1991, p. 24).
Si bien en el conjunto de la literatura testimonial hay un marcado acento en los aspectos militares de la contienda, también se encuentran referencias sobre las bases sociales del reclutamiento de seguidores y eventualmente sobre la vida cotidiana de las fuerzas irregulares (Sánchez, 1991, pp. 25–26).
Las diversas formas de violencia desplegadas en la década de 1950 —con un carácter marcadamente partidista— pusieron en vilo al sistema político colombiano para generar espacios de apertura y fueron perfilando nuevos contextos de conflictos, teniendo como resultado la conformación de grupos de guerrillas campesinas (Ortiz, 1994). Dichos grupos de guerrillas ya no sólo demandaron integrarse en las lógicas del poder y de las relaciones sociales imperantes, sino que buscaron hacerse de este, con lo cual se fue fraguando un complejo escenario de confrontación armada entre estas fuerzas insurgentes y el Estado colombiano a lo largo de la segunda mitad del siglo XX (Medina, 2010; Molano, 2015).
Desde finales de la década de 1970 la violencia ha dado lugar a un conjunto de investigaciones y a una comunidad de estudiosos que han indagado por las causas y consecuencias de esta, relacionándola con «factores socioeconómicos, con la lucha por la posesión del territorio y señalando una violencia sociocultural por la defensa de un orden moral o social» (Cartagena, 2016, p. 67).
Este ensayo postula que la institucionalización de las ciencias sociales en Colombia tuvo incidencias en la construcción y consolidación de un espacio y comunidad académica dedicada a la violencia, en tanto objeto de saber. Comunidad académica que luego en el ámbito nacional y en algunos espacios internacionales ha sido denominada «violentología». Como antecedentes del tratamiento y análisis de la violencia a partir de una perspectiva científica, en este caso, desde la psicología, en 1959 se llevó a cabo el seminario Radiografía del odio en Colombia, auspiciado por la Sociedad Colombiana de Psiquiatría; un año antes, la Junta Militar convocó a la Comisión Nacional Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia (1958), la cual puede ser considerada como un antecedente de los análisis y reflexiones del trabajo de Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña Luna en 1962 (Jaramillo, 2011).
En las décadas de 1960 y 1970 se llevaron a cabo en Colombia varias iniciativas académicas que buscaron dar cuenta a partir de una exégesis crítica de los diversos procesos sociales y de violencia vividos desde finales de la década de 1940. Dichos episodios de violencia tuvieron como epítome tanto el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948 como la violencia bipartidista desatada a partir de este hecho en las zonas rurales de gran parte de la geografía nacional (Giraldo, 2015).
Adicionalmente, es preciso señalar que el análisis desplegado por Guzmán, Fals Borda y Umaña (1962) resulta significativo para la formación de las ciencias sociales en Colombia, ya que a partir de este se configuró un conjunto variado de reflexiones que fueron perfilando discusiones, así como marcos analíticos e interpretativos sobre esta compleja problemática en el país.
Es justamente la característica analítica y sistemática del estudio, aun con sus limitaciones teóricas y metodológicas, lo que convierte a este texto en el trabajo pionero y gestor de un campo de estudios sobre La Violencia, constituyendo el fenómeno en objeto de investigación y promoviendo el desarrollo de las Ciencias Sociales en Colombia (Blair, 2009, p. 24 citado en Cartagena, 2016, p. 77).
Hay tres campos importantes de discusión para el análisis de la problemática de la violencia colombiana en esta época: en primer lugar, las referidas al «origen» mismo de la violencia, dando cuenta, por un lado, de aquellos análisis que postulan factores que privilegian el origen político partidista del conflicto —luchas por el botín burocrático, luchas dentro de la clase dirigente—; mientras que desde otra perspectiva se privilegian dimensiones de análisis referidas con los «factores socioeconómicos» o el carácter de clase de la violencia.
El segundo campo de discusión radica en analizar los efectos económicos de la violencia. Se estudia el presunto carácter burgués y democrático del régimen liberal anterior a los episodios de violencia contenidos en la «Revolución en Marcha» del dos veces presidente de Colombia Alfonso López Pumarejo (1934–1938 y 1942–1945), sobre el cual hay interpretaciones disímiles: la primera lo señala como un proceso de «refeudalización» y de subdesarrollo del país; mientras que la segunda se estudia como un proceso de expropiación campesina y de expansión capitalista; en tercer lugar se establece una discusión —formulada Camilo Torres (1929–1966), el sacerdote revolucionario, doctorado en Sociología por la Universidad de Lovaina en Bélgica y fundador con Orlando Fals Borda y otros de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia en 1959— sobre el impacto de la violencia en las clases populares y, de manera concreta, sobre la conciencia política del campesinado: «La participación del campesinado en la violencia, sobre todo en el proceso de resistencia, había contribuido a romper su tradicional actitud de sumisión, su aislamiento y atomización. Dejó esbozada así la necesidad de analizar la violencia no solo desde arriba, como dominación, sino también desde abajo, como rebelión» (Sánchez, 1991, p. 28).
Discutiendo esta última perspectiva de análisis se argumenta que las lógicas de acción colectiva y de movilización que se despliegan con la violencia tienen un carácter negativo de «desconfianza en la acción de masas como instrumento de conquista de reivindicaciones campesinas básicas» (Sánchez, 1991, p. 28). Posteriormente, en las décadas de 1980 y 1990 estas discusiones fueron relevantes para el análisis de las relaciones entre luchas campesinas, actores y conflicto armado (Fajardo, 2015).
La Violencia en Colombia (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 1962) puede ser considerada una obra seminal en la conformación de un objeto de estudio y campo de investigación en las ciencias sociales colombianas:
Este suceso significó mucho más que una anécdota de la historia de las ciencias humanas colombianas. Inauguró un campo de estudios sobre lo real, en el que sólo a través de la objetividad científica pudo garantizarse la verdad [...]. Nació un objeto que tenía por función hacer conocer la verdad histórica y forjar una memoria colectiva, que garantizara que esa experiencia no fuera jamás a repetirse [...]. No es extraño, pues, que se establezca tal fecha como el momento cuando, en el territorio de las ciencias humanas colombianas, ingresó el pensamiento propio de la «razón ilustrada», entendido como ciencia «empírica, teórica, acumulativa y objetiva» (Cataño, 1997, p. 39 citado en Zuleta, 2006, p. 57).
Fue durante las décadas de 1970 y, sobre todo, de 1980 que la producción académica sobre este nuevo objeto de las ciencias sociales en Colombia tuvo un trascendental auge. Al respecto, Sánchez (1991) indica:
En los últimos años la violencia ha empezado a convertirse en uno de los ejes de reflexión de las ciencias sociales en Colombia, y probablemente lo seguirá siendo [...]. Este renovado interés, particularmente notorio en las nuevas generaciones, obedece, en parte, a un proceso de avance acumulativo de la investigación, y [...] a la coyuntura política (pp. 28–29).
Para la década de 1980 las preocupaciones analíticas de los estudios sobre las causas de la violencia colombiana se inscribieron en tres ejes temáticos principales: en primer lugar, el tránsito del análisis de la violencia como coyuntura política (1945–1965) a perspectivas de larga duración, en las cuales el fenómeno se proyecta como un elemento estructural de la evolución política del país: las bases sociales de las guerras civiles, la relación entre estructuras agrarias y conflictos bélicos, las formas organizativas, la persistencia de la guerra en ciertos escenarios de la geografía, así como la permanencia de la guerra irregular (Sánchez, 1991, p. 29).
En segundo lugar, es posible encontrar investigaciones que tienen un interés creciente en desplazar las miradas y explicaciones «globalizantes» hacia los estudios regionales y hacia unidades temáticas y analíticas referidas a coyunturas específicas. En este orden de ideas, trabajos que en el ámbito regional buscan dar cuenta de las relaciones entre estructura agraria, estructura de clases y conflictos sociales, otros estudios que combinan una unidad temática con perspectivas regionales —bandoleros, gamonales, campesinos—, la relación entre clase obrera–violencia o Iglesia–violencia, Ejército–violencia, entre otros (Sánchez, 1991, pp. 31–33).
Al interior de esta segunda perspectiva de investigaciones que se inscriben para este periodo y que son importantes durante la década de 1990, en el marco de la expansión militar, logística y territorial de los actores armados y del conflicto armado, se encuentran aquellas que postulan la necesidad de diferenciar las modalidades regionales del conflicto, así como una controvertida tesis alrededor del «derrumbe» parcial del Estado, señalando con ello cuestiones políticas y metodológicas referidas a, por un lado, la relación entre la diferenciación regional y unidad nacional, y por otro lado, los acercamientos y búsquedas por la formulación y comprensión de una adecuada relación entre la fragmentación del objeto de estudio —violencia— en sus diversas manifestaciones fenomenológicas y el reto continuo de síntesis, de comprensión articulada e integral de dicha problemática (Sánchez, 1991, pp. 33–34).
Finalmente, la tercera tendencia en los estudios para esta época se inscribe en el «desprendimiento gradual de cierto economicismo predominante en los albores de los años 70 [sic]» (Sánchez, 1991, p. 34), indagando por el tipo de régimen económico y de producción social —feudal o capitalista— imperante en Colombia y sus conexiones con la violencia hacia marcos de análisis en los cuales se busca reconocer y comprender los determinantes políticos, ideológicos y culturales en los procesos y fenómenos de la violencia (pp. 34–38).
En la década de 1990 se asistió a un giro epistemológico en los estudios sobre las causas de la violencia, a partir del cual se busca no sólo dar cuenta de las diversas expresiones que se concretan en dicha problemática, sino analizar sus grados de incidencia en el sistema político y en el tejido social de la nación colombiana (Montenegro, 1995; Martínez, 2001). Esto resulta comprensible si se tiene en cuenta que Colombia, durante la segunda mitad del siglo xx y a comienzos del siglo xxi, sigue siendo una sociedad en la cual se presentan altos índices de violencia (Bonilla, 2009).
Por giro epistemológico se alude aquí a un cambio acontecido en una determinada comunidad académica alrededor de la manera de concebir teórica y metodológicamente un determinado objeto de estudio (Guba y Lincoln, 2002), así como las implicaciones políticas e institucionales que de este cambio puedan derivarse. Por implicaciones políticas e institucionales se hace referencia a los efectos derivados de la constitución de la violencia en tanto objeto de saber, es decir, los estudios económicos sobre las causas de la violencia configuran un orden del discurso que teje un entramado de relaciones de poder y de prácticas políticas que posicionan unos dispositivos de intervención y de comunicación para la reconfiguración de la hegemonía estatal, en un periodo en el cual esta se estaba viendo erosionada por los efectos de las diversas formas de violencia. Es entonces que en las comunidades académicas se configuran ciertos elementos en común, un conjunto de técnicas, así como modelos y valores a los que estos miembros de la comunidad adhieren más o menos conscientemente (Kuhn, 2004).
Igualmente, puede concebirse como un elemento singular de este conjunto que, sirviendo de ejemplo común, sustituye las reglas explícitas y permite definir una tradición de investigación particular y coherente (Agamben, 2010). Sin embargo, es importante señalar que el predominio de unos determinados enfoques y perspectivas teóricas y metodológicas en un campo académico implica disputas por controlar una determinada noción de cientificidad sobre el conocimiento.
Desde la década de 1990 una parte significativa de las lógicas explicativas a partir de las cuales se buscaba analizar la violencia colombiana se inscribía dentro de la economía con sus marcos de análisis neoclásicos y sus metodologías econométricas (Montenegro y Posada, 1995; Rubio, 1999; Sánchez y Núñez, 2001), relegando con ellos a otras explicaciones construidas a partir de diversas ciencias sociales, las cuales privilegiaron instrumentales teóricos, metodológicos e interpretativos propios de disciplinas como la sociología, la historia, la antropología y el derecho, así como de la literatura y del arte en sus múltiples manifestaciones.
Los variados trabajos e investigaciones llevados a cabo a partir de la economía desarrollaron balances críticos de las investigaciones sobre la violencia en Colombia, de manera particular, de aquellas realizadas por la sociología, la historia, la antropología, el derecho, la psicología, entre otras ciencias sociales. La perspectiva económica no sólo criticó las visiones holísticas de estos trabajos —que denominaron «tradicionales»—, sino el precario uso de herramientas estadísticas y econométricas, el manejo de las fuentes de información y la calidad y confiabilidad de sus resultados (Gaitán, 1995; Gutiérrez, 2001). Esta perspectiva de análisis que se fue difundiendo de manera acelerada sobre el estudio de la violencia en Colombia durante la década de 1990 y que continúa hasta el presente se autodenomina nuevos estudios sobre la violencia en Colombia, debido a que en la comunidad académica de los economistas se considera que a partir de los análisis sobre el comportamiento criminal, basados originalmente en los trabajos sobre economía y crimen de Gary Becker (1968) y otros, se realizaró una renovación fundamental sobre las que se consideraban como las causas de la violencia y el conflicto armado que seguían agobiando al país (Montenegro y Posada, 2001; Sánchez y Chacón, 2005).
Los estudios económicos de la violencia toman sus modelos explicativos de la teoría de la elección racional que, junto con las formalizaciones estadísticas y los modelos econométricos, permiten exponer los microfundamentos de los agentes y las motivaciones que explicarían la compleja violencia del país. Para explicar la incidencia de las diversas expresiones del crimen y la violencia manifiestas en Colombia es necesario tener en cuenta varios factores: primero, el desempeño del sistema de justicia, referido a la impunidad, la investigación y judicialización de los implicados en los crímenes (Rubio, 1999; Montenegro y Posada, 2001; Montenegro y Pedraza, 2009); segundo, la emergencia y consolidación del narcotráfico y sus ingentes ingresos que financian estructuras armadas y a una multiplicidad de actividades ilegales conexas (Steiner y Corchuelo, 1999; Sánchez y Núñez, 2001; Camacho, Gaviria y Rodríguez, 2010); tercero, derivados del deterioro en la respuesta institucional del sistema de justicia y seguridad, y con la expansión del narcotráfico se expanden también las diversas estructuras armadas asociadas con el conflicto armado interno, lo que les permite un crecimiento logístico, militar y territorial que tiene incidencia en las tasas de homicidio en las regiones donde estas estructuras se disputan territorios y hacen presencia, pero también en las ciudades en donde se reconfigura el mundo del crimen organizado y común (Sánchez y Chacón, 2005; Restrepo y Aponte, 2009).
Es posible postular que desde la década de 1990 una parte sustancial de los estudios que buscan explicar las causas de la violencia vienen generándose con los marcos teóricos y metodológicos de la teoría económica, en detrimento de trabajos e investigaciones que a partir de estos nuevos estudios económicos se suelen denominar como explicaciones tradicionales o de las denominadas causas objetivas de la violencia. Un conjunto de investigaciones (Gaitán, 1995; Rubio, 1999; Montenegro y Posada, 2001; Sánchez y Núñez, 2001; Sánchez, 2007) consideran que las diversas formulaciones empíricas contenidas en los modelos econométricos no respaldan las intuiciones analíticas reseñadas por diversos trabajos (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 1962; Sánchez, 1987) que asocian factores como la concentración del ingreso, la riqueza o la estrechez del sistema político como factores relevantes para la explicación de la violencia en el país y sus regiones, o al menos no más que los grados de incidencia que tales factores pudieran tener para explicar los índices de violencia presentes en otras sociedades. Igualmente, descartan que los diversos conflictos que se sintetizan en la denominada intolerancia y la dimensión cultural sean un elemento explicativo consistente para revelar la naturaleza y características de los índices de violencia presentes en la sociedad colombiana en general (Llorente, Escobedo, Echandía y Rubio, 2001).
Este giro epistemológico ha implicado la subordinación de formas de interpretación de la violencia de naturaleza holística, etnográfica y cualitativa hacia aquellas que privilegian el individualismo metodológico, las formalizaciones estadísticas, econométricas y, en general, enfoques cuantitativos. En este sentido, es posible afirmar que hay un desplazamiento analítico y metodológico en el estudio de la violencia.
En el plano institucional, los nuevos estudios sobre las causas de la violencia en Colombia fueron generados desde varias agencias y organismos —dependencias técnicas del Gobierno como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Banco de la República, entre otros— y desde centros de investigación y tanques de pensamiento como el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes o la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), entre otros, a partir de los cuales se difunde un modelo de análisis económico, tanto sobre las causas de la violencia como de otros fenómenos sociales (Palacios, 2001; Neiburg y Plotkin, 2004; Uribe, 2011).
En la dimensión política, los nuevos estudios empezaron a emerger en el marco de un contexto de crisis institucional del Estado y de la sociedad colombiana (González, Bolívar y Vázquez, 2003; Wills, 2015) que se expresaba tanto por los agudos grados de desigualdad social y en las diversas formas de violencia como también por el deterioro en el funcionamiento de las instituciones, el clientelismo y la corrupción al interior del sistema político colombiano (Estrada, 2015). Incluso algunos analistas internacionales y, sobre todo, una parte significativa de la comunidad académica colombiana empezaron a señalar que la violencia de las últimas décadas fue erosionando paulatinamente las instituciones gubernamentales y el tejido social del país, conduciéndolo en la década de 1990 a un «colapso parcial» del Estado (Pizarro, 2004; Moreno, 2011).
En este contexto general de crisis institucional y social el Estado colombiano llevó a cabo un conjunto de reformas de orden político y económico, dando lugar a la creación de la Constitución Política de 1991, que junto con un proceso acelerado de apertura y liberalización de la economía buscaban mitigar los altos grados de conflictividad social y política, y con ello mejorar los índices de desarrollo y bienestar social, a la par que introducían a la economía colombiana en los circuitos financieros y comerciales internacionales.
Así, es plausible postular que el giro epistemológico producido en los estudios sobre las causas de la violencia en Colombia durante la década de 1990 tiene implicaciones políticas e institucionales, en tanto hace parte de un proceso más amplio de reconfiguración de la hegemonía estatal como respuesta a la crisis institucional y «colapso parcial» del Estado durante este periodo. El Estado y sus lógicas hegemónicas se recomponen a partir de un discurso que legitima esta reconstrucción, en este caso, a partir de la economía y su lectura de la violencia, para injerir en la esfera política y en el espacio público de la sociedad (Estrada y Puello–Socarrás, 2005).
Desde esta perspectiva, interesa comprender cómo estas diversas formas de explicar el fenómeno obedecen a regímenes discursivos (Foucault, 1979) en los cuales se configuran disputas sobre la manera de comprender y explicar, así como sobre los modos de intervenir en el fenómeno. Así, el giro epistemológico presenta no sólo efectos de saber, sino efectos de poder, pues:
No puede configurarse un elemento de saber si, por un lado, no está conforme a un conjunto de reglas y de constricciones propias de cierto tipo de discurso científico en una época dada y si, por otro, no está dotado de los efectos de coerción típicos de lo que está validado como científico, o simplemente racional o comúnmente admitido (Foucault, 1994, III, pp. 54–55 citado en Agamben, 2010, p. 12).
El giro epistemológico dado desde la década de 1990 en los estudios sobre las causas de la violencia en Colombia representa un problema de «política del enunciado científico», pues «no se trata de saber cuál es el poder que pesa desde el exterior sobre la ciencia, sino qué efectos de poder circulan entre los enunciados científicos; cuál es, de alguna manera, su régimen interno de poder; y de qué modo y por qué, en ciertos momentos, éstos se modifican de una manera global» (Foucault, 1994, III, pp. 143–144 citado en Agamben, 2010, p. 17).
Lo que se persigue es la reconstrucción teórica, conceptual y metodológica de un campo específico de conocimiento en las ciencias sociales. El saber sobre las causas de la violencia en Colombia, que es un saber que construye objetos, construye metodologías, elabora un conjunto de conceptos, una comunidad epistémica, instituciones, políticas, entre otros. De esta manera, los objetos de saber pueden concebirse como «aquello que identifica, y produce, los modos perceptivos. [...] no surgen solamente para dar cuenta de la realidad fenoménica, sino que ellos mismos son invención contingente, que emergen al interior de un régimen específico de identificación y de pensamiento y que proveen de un horizonte de sentido al mundo de las prácticas sociales (Polo, 2010, p. 18).
A manera de epílogo
En las tramas que configura la violencia en tanto objeto de saber existe toda una política del enunciado, bajo la cual se recrea y se construye una serie de narrativas sobre la naturaleza de la constitución de lo sociohistórico y de lo político en Colombia, al menos desde la segunda mitad del siglo XX hasta el presente. Las categorías del conocimiento científico moderno asociadas, por ejemplo, a la objetividad, la neutralidad valorativa o incluso con la preeminencia de lo fáctico, entre otras, buscan ser instituidas como dimensiones prácticas y representaciones sobre el conocimiento con un carácter totalizante y ahistórico.
No sólo es posible dar cuenta de la lógica de producción de las teorías y de las categorías que buscan explicar un fenómeno o proceso social, sino que es posible entender los sentidos e intenciones que subyacen a estos campos de fuerzas en la configuración de un objeto de saber determinado. De esta manera, concebir que el mundo social e histórico humano, así como sus múltiples producciones, entre ellas, el conocimiento acumulado en torno a diversos fenómenos sociales —para este caso, sobre la violencia—, es el resultado de unos juegos de poder y fuerza que es posible conocer en tanto poseen significatividad.
La hegemonía de un enfoque empírico analítico en los estudios sobre las causas de la violencia en Colombia desde la década de 1990 es correlativa no sólo con un problema de carácter epistemológico, sino de un proceso político e institucional más amplio relacionado con la reconfiguración de la hegemonía estatal, signada, como antes ha sido señalado, por un «colapso parcial» del Estado colombiano durante la década de 1990 (Gutiérrez, 2014).
Por hegemonía, en términos generales, puede concebirse la capacidad que tiene un determinado grupo o actor social para dirigir política, espiritual y moralmente tanto al Estado como a la sociedad (Gramsci, 1967). En el caso de la hegemonía estatal, esta puede ser comprendida como «la organización del consentimiento: el proceso que construye formas subordinadas de conciencia sin recurrir a la violencia o la coerción. El bloque dominante, según Gramsci, no opera sólo en la esfera política, sino en toda la extensión de la sociedad» (Barrett, 2003, p. 266).
Esta idea implica, en primera instancia, que la hegemonía no es sólo un proceso de dirección o de guía que debe ser concebido en términos políticos, sino que es un proceso que implica expresiones culturales y, sobre todo, de visión o concepción del mundo. El grupo o actor social que logra que su concepción del mundo se torne hegemónica desarrolla con ello una acción política, ideológica y cultural que busca mantener integrados a sus intereses y objetivos a un conjunto de agentes heterogéneos (Gruppi, 1978, p. 95), logrando con ello un cierto grado de cohesión y articulación de las diversas fuerzas sociales y políticas.
El trabajo científico de las ciencias sociales implica no sólo un proceso de construcción de teorías, elaboración de conceptos y de formulación de hipótesis susceptibles de verificación empírica, o de su crítica racional e hipotético deductiva, las ciencias sociales son, de alguna manera, un campo de fuerzas a partir del cual en sus lógicas de acercamiento e indagación a su objeto de estudio es posible develar una trama que da cuenta de la dinámica histórica que atraviesa su constitución como un campo de saber, así como las formas de subjetivación que de este se van instituyendo en su devenir.
Se trata de proponer un análisis de las condiciones de formación de las categorías de pensamiento, de los «modelos» de interrogación y de las transformaciones que las han atravesado. De lo que se trata es, en última instancia, de reconocer que las síntesis conceptuales que hacen posible las formas de representación de las interacciones y procesos que hacen parte del mundo social son en sí mismas objetivaciones de prácticas sociales, así como de los cambios ocurridos en el campo del saber en su devenir histórico y procesual.
Notas
* Este ensayo se inscribe en un conjunto más amplio de reflexiones realizadas en la tesis doctoral Los nuevos estudios sobre las causas de la violencia en Colombia: giro epistemológico e implicaciones políticas e institucionales, 1990–2010, dirigida por el Dr. Rafael Polo Bonilla en el marco del Doctorado en Ciencias Sociales con Especialización en Estudios Políticos (2012–2015), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Ecuador.
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