1. Introducción
Desde hace ya algún tiempo, lo “nacional” se evidencia como una categoría permeable y las fronteras son desafiadas diariamente por múltiples movimientos migratorios, personas que se desplazan o son desplazadas por razones económicas, de seguridad y de oportunidad. Con ellas trasladan sus costumbres, lenguas, cosmovisiones, formas de entender y de habitar, que se acaban entremezclando con las culturas locales, a la vez que reconfiguran los lugares de destino, mediante el aporte de su capital social y cultural, su trabajo, su agencia y sus redes (Glick Schiller, 2010, p. 38).
Las mujeres son también protagonistas de esos desplazamientos desde el origen de los mismos y, en muchas ocasiones, sujetas activas e impulsoras durante el largo y complejo proceso de migración, así como en la llegada y posterior establecimiento en las comunidades receptoras. A menudo, rompen en ese curso con ciertos roles de género que tradicionalmente les habían sido asignados (Glick Schiller, 2010, p. 2) y, sin embargo, suelen enfrentarse a una doble marginación: por ser migrantes y por ser mujeres.
La intersección dinámica de estos elementos, junto con otros factores étnico-raciales, económico-sociales y de sexo-género, contribuye a la estigmatización de las mujeres que migran1 y dificulta su inserción en las redes locales de los países receptores. Si bien la discriminación es estructural y afecta al conjunto de aquellas, y, de forma agravada y específica, a aquellas situadas en los cruces o intersecciones (Crenshaw, 1994, p. 94) mencionados anteriormente, el estigma se acentúa si, además, en el lugar de llegada se encuentran en contextos de violencia de género o prostitución y no hablan el idioma. En estos casos, es imprescindible la intervención de intérpretes que hagan de puente de comunicación entre las mujeres y las instituciones públicas, de modo que puedan garantizarse sus derechos. Como señala Naredo Moledo:
En el caso de las mujeres extranjeras que desconocen el idioma, es preciso aplicar a los y las intérpretes las mismas garantías que al resto de eslabones de la cadena, competencia profesional y ausencia de prejuicios. De ello puede depender que su actuación constituya, o no, la llave que abre la puerta al ejercicio efectivo de los derechos por parte de las mujeres extranjeras. (2015, p. 43)
En este artículo, mediante un enfoque multidisciplinar, nos acercamos a los principales mitos y prejuicios que existen en España en torno a las mujeres migrantes en contextos de violencia de género o prostitución con el fin de ver, en futuras investigaciones, hasta qué punto interfieren en nuestra labor de interpretación y cómo la formación debe contribuir erradicarlos.
Definición y contextualización de violencia de género y de prostitución
El artículo 1 de la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”, elaborada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1993, describe la violencia sobre la mujer como:
[…] todo acto violento basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer; así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. (ONU, 1993)
Se trata de un concepto amplio, que engloba todas las violencias sobre la mujer basadas en la pertenencia al sexo femenino y que trasvasa los límites de las relaciones familiares, domésticas o afectivas. Sin embargo, la tipificación de la violencia de género varía según las legislaciones y los convenios particulares estatales y supraestatales (Abril Martí, 2015, p. 79). Así, en el presente artículo, siguiendo la Ley Orgánica 1 del 28 de diciembre de 2004, de “Medidas de protección integral contra la violencia de género” del ordenamiento jurídico español, cuando usamos el término “violencia de género”, nos referimos a:
[…] la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. (BOE, 2004)
Es decir, a pesar de considerar la “violencia de género” como un mecanismo de dominación más amplio y transversal, en este artículo hacemos uso de ese término para referirnos mayoritariamente a la violencia ejercida por un hombre contra una mujer con la que tenga o haya tenido una relación sentimental. Esto es lo que comúnmente se conoce como “violencia doméstica o familiar”, ya que así está tipificado en la legislación del contexto que analizamos.
Como advierte Abril Martí (2015, pp. 79-80), las mujeres migrantes suponen un grupo de riesgo ante la violencia de género, debido a factores socioculturales, psicológicos y personales vinculados a su situación que, normalmente, se traduce en un mayor aislamiento social, económico e institucional. Además de la complejidad de interpretar en estos contextos en términos no solo de las particularidades de los servicios públicos, sino también de la carga psicológica que conlleva atravesar o haber atravesado un contexto de violencia de género, la autora propone otra clave indispensable para ser capaz de realizar una interpretación competente en este campo: “dominar el concepto de violencia de género en todas sus vertientes” (Abril Martí, 2015, pp. 85-86).
Dominar este concepto implica desgranarlo mediante una perspectiva de género que nos habilite para: 1) entender su origen en el marco de un sistema heteropatriarcal que discrimina estructuralmente a las mujeres; 2) percibir los patrones comunes de violencia, y 3) aprehender los distintos dispositivos que la mecanizan y la reproducen (Pérez Freire y Casado Neira, 2015, pp. 25-39). Además, implica revisarnos introspectiva y minuciosamente, pues debido a la socialización en el propio sistema, somos susceptibles de responder a mitos que, en palabras de Lonsway y Fitzgerald (1994), están constituidos por tres elementos relacionados con esos procesos sociales: “son creencias falsas o inventadas compartidas ampliamente, que explican un fenómeno cultural importante y que se usan para demostrar y justificar acuerdos culturales preexistentes (p. 134)”.2 Así, también las ideas preconcebidas pueden interferir en nuestras decisiones a la hora de interpretar (Abril Martí, 2015, p. 11; Toledano Buendía, 2019, p. 177). El prejuicio o preconcepto comprende una relación social que
[…] aparece como un modo de relacionarse con un “otro” diferente, a partir de la negación o de la desvalorización de la identidad del otro y de la supervalorización o de la afirmación de la identificación propia. (Bandeira y Soria Batista, 2002, p. 131)
Por otro lado, debido a factores heterogéneos y complejos -que no son objeto de análisis en el presente texto-, el ejercicio de la prostitución en el Estado español, aunque quizás de forma eventual, es transitado mayoritariamente por mujeres migrantes, procedentes de países en que, en efecto, existen crisis económicas, políticas y sociales (Médicos del Mundo -MdM- España, 2012, p. 21). Según el IX Informe de exclusión social 2004, casi un 90 % de las mujeres que transitan el mercado de la prostitución en el contexto español son migrantes (MdM, 2005). Algunos de los argumentos mediante los que se explica esto son: la feminización de la pobreza, en un contexto generalizado de ajustes estructurales guiados por políticas neoliberales, como los tratados de libre comercio, que acentúan las desigualdades de los países más empobrecidos del Sur global (Petrozziello, 2013, p. 40); la división sexual del trabajo, que empuja a las mujeres a sectores generalmente mal remunerados y con jornadas extensivas, como el ámbito doméstico y los trabajos de cuidados en las comunidades de destino del Norte (Petrozziello, 2013, p. 133), como en el caso del Estado español; las restricciones para el acceso al mercado laboral formal, así como la racialización y la sexualización de las migrantes (Hurtado Saa, 2008). Estas mujeres, a su vez, están demandadas por un mercado en los países hegemónicos del Norte, como en el Estado español y en Italia, que “orienta la participación de un volumen de mujeres en el mercado sexual y en la industria del entretenimiento turístico-erótico” (Hurtado Saa, 2008, p. 350).
Así, pues, las situaciones comunicacionales en que participan mujeres migrantes en contextos de prostitución están no solo atravesadas por estereotipos socioeconómicos, étnico-raciales y de sexo-género, sino también por el gran estigma que supone la prostitución en sí y que, sin duda, representa un gran desafío a la hora de, una vez más, realizar una interpretación competente, libre de injerencias prejuiciosas.
1.2. Interpretación en contextos de violencia de género y de prostitución
Ante la dificultad o la imposibilidad de manejarse en los idiomas locales, la interpretación es la clave que hace efectivo el derecho de estas personas a comunicarse (Del Pozo Triviño, 2017; Gentile, 2012). El acceso real de las comunidades migrantes a los servicios públicos, como la necesidad de que un servicio de interpretación profesional esté garantizado legalmente forman parte de un debate más amplio -como han evidenciado diversos trabajos (Abril Martí, 2006; Del Pozo Triviño, 2013, 2017; Gentile, 2012)-. No obstante, es imprescindible reflexionar acerca de la dificultad que supone interpretar a mujeres altamente estigmatizadas, ya que las personas que interpretan igualmente están influenciadas por las mismas lógicas que estigmatizan a la otredad.3
Los encuentros desigualitarios entre agentes externos, intérpretes y mujeres en contextos de violencia de género o prostitución están atravesados por relaciones de dominación que remiten a construcciones de sexo-género y étnico-raciales, e impregnan tanto la situación comunicacional como los procedimientos de interpretación. Así, la profesionalización de la interpretación en estos contextos debe basarse en una perspectiva de género y en un enfoque decolonial que permitan identificar cómo esas construcciones, en forma de mitos y prejuicios, inciden en la toma de decisiones al interpretar y, de este modo, poder actuar en consecuencia, para procurar un servicio interpretativo de mayor calidad (Del Pozo Triviño, 2013, 2017; Toledano Buendía, 2019; Toledano Buendía et al., 2015; Toledano Buendía y Del Pozo Triviño, 2015).
En esa línea, ante la falta de un debate riguroso en la profesión de intérprete, así como debido a la carencia de contenido y de preocupación en los programas académicos y, por extensión, en las aulas en torno a este tema, este artículo explora la necesidad de formar en y de ejercer una interpretación feminista. Para ello, llevamos a cabo una investigación documental multidisciplinar, que incluye trabajos que provienen de la traductología, de los estudios de género, de la antropología y de la sociología.
Como han constatado algunos de los trabajos propios de los estudios de traducción y de interpretación a los que nos referimos en este artículo, parte de las preocupaciones que abordamos están siendo tratadas en esta disciplina. No obstante, las contribuciones de esas disciplinas con las que dialogamos nos permiten conceptualizar y sugerir nuevos marcos y categorías para pensar qué pasa en el encuentro y en las relaciones que se establecen entre las personas que interpretan y las personas interpretadas.
La interpretación feminista implica formación feminista (Norma y García-Caro, 2016, p. 1306), esto es, requiere un proceso por el que se adquiera conciencia y compromiso para revertir el sistema sexo-género4 como principio de organización social que históricamente se ha articulado en relaciones patriarcales, subordinando de forma sistemática a las mujeres (Brah, 2004 [1996], p. 112). Sin embargo, la categoría “género” no puede comprenderse sin otras formas de relación social por la que es constituida y de la que es constitutiva: clase, racismo, sexualidad (Brah, 2004 [1996], p. 112). Por esta razón, la formación feminista, para interpretar, ha de ser abordada desde un enfoque decolonial. Quijano define la colonialidad como:
[…] uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia social cotidiana y a escala societal. (2000, p. 342)
A partir de trabajos como el de Oyěwùmí (1997, p. 20), que revela la inexistencia del género como un principio organizador, institucionalizado, de la sociedad precolonial yorubá,5 Lugones entiende que la colonialidad del poder y este sistema de género se constituyen mutuamente (2008, p. 93), articulando así el sistema moderno/colonial de género (p. 72). La autora complejiza de esta forma el sistema de género que, en definitiva, es el principio organizador a partir del que se sitúan y se analizan los contextos de interpretación a los que se apela en este trabajo. Además, precisa sus atributos históricamente específicos: dimorfismo biológico y organización patriarcal y heterosexual de las relaciones sociales (p. 78).
La formación para intérpretes en estos contextos ha de incluir una comprensión decolonial del feminismo, es decir, ha de ser enfocada desde la necesaria decolonización epistemológica (Quijano, 2007, p. 177) que habilite para comprender, en lo posible, cómo las múltiples formas de esos rasgos del sistema moderno/colonial de género se materializan e interactúan entre sí, dando lugar a “una nueva dimensión de desempoderamiento” (Crenshaw, 1994, p. 96).
1.3. Objetivos y metodología
El objetivo de este artículo radica, entonces, en aportar algunas ideas a un campo incipiente, que nos permitan reflexionar conjuntamente acerca de nuestros comportamientos y de nuestra formación para lidiar con interlocuciones en que intervienen, particularmente, mujeres en contextos de violencia de género o prostitución.
Si bien lo que aquí se presenta es una propuesta reflexiva acerca de nuestros comportamientos, basada principalmente en una investigación documental, dicha propuesta se sustenta en los resultados obtenidos por el proyecto “Speak Out for Support” (SOS-VICS), realizado en España entre 2012 y 2014,6 en el seno del cual se llevaron a cabo: dos talleres, que reunieron a los participantes (profesionales, víctimas e intérpretes) en los procesos comunicativos (Del Pozo Triviño y Fernandes del Pozo, 2018); un cuestionario, dirigido a agentes con experiencia en la asistencia a víctimas extranjeras de violencia de género (Del Pozo Triviño et al., 2014a); una encuesta, orientada hacia intérpretes con experiencia en el trabajo con víctimas extranjeras de violencia de género (Del Pozo Triviño et al., 2014b), así como doce entrevistas semiestructuradas, destinadas a víctimas y supervivientes, y otras doce, para proveedores de servicios públicos.
Las mujeres entrevistadas eran de edades comprendidas entre los 25 y los 43 años, y de procedencia diversa (Brasil, Etiopía, Guinea, Marruecos, Nigeria, Rumania y Rusia). Con cada una de ellas se llevó a cabo una entrevista abierta, guiada por las investigadoras del proyecto, con el fin de conocer sus puntos de vista y experiencias. Las conversaciones fueron grabadas y posteriormente transcritas para su análisis.
De esta manera, en el siguiente apartado se plantean algunas ideas que permiten comprender mejor las experiencias de los grupos que nos inquietan específicamente en este estudio: las mujeres migrantes en situaciones de violencia de género o de prostitución. A continuación, el análisis profundiza en los mitos y los prejuicios socialmente establecidos y ampliamente expandidos en el contexto español en torno a la violencia de género, por un lado, y a la prostitución, por otro, a la vez que aporta algunos conceptos que, aun no siendo propios de la especialidad de la interpretación, sugieren algunas posibilidades para pensarnos como intérpretes y como formadoras de intérpretes. El texto se cierra con las conclusiones del estudio aquí presentado.
2. Las mujeres migrantes como sujetos de la interpretación
2.1. El binomio migración y género
Existe la tendencia de no abordar las migraciones desde una perspectiva de género (Hondagneu-Sotelo, 2013, p. 180). Como han demostrado diversos estudios que parten de un foco diferente (McGee Deutsch, 2010; Pedraza, 1991; Putnam, 2013), a menudo se considera a los hombres como los sujetos que, principal y mayoritariamente, participan en los desplazamientos y los encabezan. Así también en la academia, hasta los años setenta, gran parte de las investigaciones sobre migraciones internacionales partían de este supuesto, y aunque desprovistas de estadísticas contundentes que arrojasen datos empíricos sobre la división por sexos, ignoraban la participación de las mujeres migrantes en el mercado laboral y se centraban exclusivamente en los hombres como referentes del mundo de los trabajadores internacionales y, por extensión, como los únicos sujetos de las migraciones (Carretero Palacios, 2014; Zlotnik, 2003). Investigaciones más recientes han concluido que la participación de mujeres en los movimientos migratorios ha sido mucho más representativa durante décadas de lo que a priori sugiere esta falta de visibilidad, llegando a cubrir, desde los años sesenta, cerca del 50 % de las masas desplazadas a nivel global.
Si bien, en la actualidad, se está volviendo más común hablar de la feminización de las migraciones y, en consecuencia, se está visibilizando el papel de las mujeres en las mismas, además de que se ha observado cómo ha ido creciendo la proporción de migrantes mujeres respecto a los migrantes hombres (Parella i Rubio, 2003, p. 86; Petrozziello, 2013, p. 39; Solé y Parella, 2003, p. 61), sería un error obviar su protagonismo en los movimientos anteriores:
Las políticas de gestión de la inmigración que se han desarrollado lo han hecho casi en paralelo a las políticas de igualdad de género. Hasta hace poco no existían estadísticas desglosadas por sexo, lo que ha dificultado el análisis con perspectiva histórica del papel de las mujeres en las migraciones. En las últimas décadas los datos sí visibilizan el papel protagonista en los movimientos migratorios, pudiendo contrarrestar la representación de las mujeres migrantes con un papel meramente secundario y como una categoría homogénea. (Carretero Palacios, 2014, p. 5)
Por otra parte, analizar las migraciones desde una perspectiva de género permite comprender mejor las experiencias de las mujeres a las que interpretamos, pues todo el proceso migratorio está atravesado y determinado por cuestiones de género (Hondagneu-Sotelo, 2013, p. 180). En palabras de Petrozziello,
El género influye sobre los motivos para migrar, la decisión de quién migra, las redes sociales empleadas para hacerlo, las experiencias de integración e inserción laboral en el país de destino, y las relaciones con el país de origen. (2013, p. 22)
En ese sentido, para comprender dichas experiencias, es necesario situarlas en los flujos migratorios que circulan de Sur a Norte, de periferia a centro (Parreñas, 2001, p. 250; Petrozziello, 2013, p. 43). Aplicar la perspectiva de género al estudio de las migraciones no solo es productivo en cuanto que habilita a percibir cómo las relaciones de poder entre hombres y mujeres influyen en la caracterización de cada corriente migratoria, sino que además permite dilucidar cómo la migración en sí misma afecta a las relaciones de género (Carretero Palacios, 2014, p. 5).
Existen otros elementos dinámicos -étnico-raciales, socioeconómicos, de nacionalidad y de estatus migratorio, de preferencia sexual, entre otros- que interseccionan con las construcciones de género y que dan como resultado distintas relaciones de poder, a su vez cambiantes: a nivel micro (individuo, hogar, comunidad), a nivel meso (mercado laboral, redes sociales) y a nivel macro (división internacional del trabajo) (Parreñas, 2001; Petrozziello, 2013). Derivado de esto, se puede observar cómo, en las migraciones, se materializa la reproducción globalizada de los roles tradicionales de género, tanto en los ámbitos públicos como privados, en los espacios domésticos y en los laborales (Parella i Rubio, 2003, p. 90; Parreñas, 2001, p. 28). El sistema sexo-género cruza fronteras y deriva en la asignación por antonomasia de las tareas vinculadas al trabajo reproductivo (cuidados domésticos, cuidados de personas) a las mujeres, mientras que, sin olvidar los obstáculos propios de su situación migrante, tiende a asignar a los hombres el trabajo productivo remunerado. Por otra parte, son estos trabajos productivos y remunerados los que suelen contar con mayor valoración social y económica, por lo que la desigualdad de oportunidades y la desigualdad de poder se continúan retroalimentando (Petrozziello, 2013, p. 24). Esto constituye un factor clave para entender los contextos de las migrantes en situaciones de violencia de género o en situaciones de prostitución, cuando hayan participado o participen de este mercado.
La internacionalización de la división sexual del trabajo (Parreñas, 2001) da lugar a la demanda transfronteriza de mano de obra barata, para cubrir nichos de mercado artificialmente segmentados en función de las construcciones sociales asentadas sobre los sexos, de forma que el género se constituye en un elemento organizador de los mercados laborales a nivel internacional, aunque no el único, pues aparece imbricado con otros elementos de índole étnico-racial y socioeconómica (Hondagneu-Sotelo, 2001; Parella i Rubio, 2003; Petrozziello, 2013).
En correspondencia con esa demanda del capitalismo global, la inserción laboral de las mujeres migrantes se canaliza hacia las denominadas “cadenas globales de cuidados” (Parreñas, 2001, p. 3): el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico y el cuidado de personas se traspasan de las mujeres nativas de las familias, que normalmente se encargan de realizar esa labor sin remuneración, a las mujeres migrantes que, además de generizadas, suelen ser personas racializadas.7 Las razones de esta transferencia son múltiples y tienen mucho que ver con las desigualdades entre los países del Norte y los países del Sur, así como con las desigualdades intrarregionales, que generan otros movimientos.
Como explica Petrozziello (2013, pp. 133-136), la externalización del trabajo doméstico y de los cuidados en países hegemónicos de Europa occidental, como España, cuyos puestos de trabajo son ocupados por mujeres migrantes, se origina por la confluencia de varios factores; por ejemplo, en el Norte, urge la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado mientras falta una estrategia estatal para reorganizar el trabajo reproductivo (Parella i Rubio, 2003, pp. 89-90). Por otro lado, en el Sur, el impacto de las políticas de ajuste neoliberales provoca la búsqueda de estrategias alternativas, por ejemplo, de movilidad, para contener el empobrecimiento. Ahora bien, esta transferencia no hace sino acentuar las desigualdades y las jerarquías de poder en el orden global, imperial y patriarcal, así como en las experiencias individuales de las mujeres migrantes, pues este tipo de trabajo está precarizado, mal remunerado y socialmente infravalorado (Parella i Rubio, 2003, p. 86), como si no fuese un “trabajo real” (Hondagneu-Sotelo, 2001, p. xxviii).
Asimismo, en el mercado sexual de países del Norte, como España e Italia, existe una demanda alta de mujeres procedentes de países no hegemónicos, como Colombia y Ecuador en América del Sur, por ejemplo, que ostentan características étnico-raciales (Jolly y Reeves, 2005; Staab, 2003), como la tez trigueña o negra. Este mercado aparece muchas veces asociado al mercado doméstico y matrimonial, lo que supone la canalización acelerada de muchas mujeres migrantes hacia la prostitución, el turismo erótico y el mercado matrimonial (Hurtado Saa, 2008; Pérez Freire, 2017).
De nuevo, estos sectores intensifican las asimetrías de poder y refuerzan la desigualdad de la que estas mujeres son objeto en términos económicos y sociales, dificultando su acceso equitativo a garantías y derechos. La doble marginación de la que se parte, por ser mujeres y por ser migrantes, es, entonces, interpelada y modificada en el proceso migratorio por otras formas de vulnerabilidad a las que son expuestas, como resultado de la intersección de múltiples identidades (Hurtado Saa, 2008).
El mercado de la prostitución en el contexto español es mayoritariamente ocupado por mujeres migrantes por razones diversas: las restricciones y los múltiples obstáculos para acceder al mercado laboral formal, la alta demanda de mujeres extranjeras para los mercados sexuales y matrimoniales (Cortina, Esteve y Domingo, 2006, p. 77), así como otras complejidades que pueden darse por las violencias propias del tráfico de personas en los desplazamientos (Cobo Bedía, 2017), entre otras.
Por otro lado, la incidencia de violencia de género es superior en las mujeres migrantes (Abril Martí, 2015, pp. 79-80; Pérez Freire y Casado Neira, 2015, p. 48).8 Esto demuestra la necesidad imperante de capacitarse según las especificidades de sendos contextos, para poder interpretar sin que eso suponga una nueva vulneración de la situación de las mujeres migrantes, pues no hay ninguna razón aparente por la que quienes interpretan estén “menos influenciados por ideas distorsionadas sobre las mujeres que el resto de la población” (Norma y García-Caro, 2016, p. 1312).
2.2. Formación especializada para interpretar a las mujeres migrantes
En esta línea, el apremio por colocar en el centro del análisis estas experiencias viene dado por los estudios y los datos comentados que documentan tanto las formas específicas en que estos contextos afectan a mujeres migrantes, como la magnitud en que les afectan en relación con las mujeres nativas (Abril Martí, 2015; Bolaños Naranjo, 2006). Dichos estudios revelan, además, la falta de profesionalización y de preparación del personal de los servicios públicos que las atiende, siendo particularmente importante el caso de los servicios de interpretación que median entre las personas que proveen servicios en las instituciones públicas y quienes necesitan acceso a ese servicio (Abril Martí, 2015, p. 81).
Las mujeres migrantes, por razones que están directamente relacionadas con las marginaciones comentadas anteriormente, se ven abocadas, en definitiva, a una mayor precarización laboral y a una posición subalterna en la sociedad de destino;9 además, están más expuestas a sufrir violencia de género y tienen más obstáculos para poder sobrevivir a esa situación (Abril Martí, 2015, pp. 79-81). En esa línea, la inseguridad económica y el estatus migratorio suponen un gran obstáculo, ya sea por contar con empleos más precarios o por ocuparse del trabajo reproductivo no remunerado, especialmente en casos de migración por reagrupación familiar o porque su situación en el país sea irregular o dependa de dicha reagrupación. Su condición se ve agravada por el desarraigo, el mayor aislamiento social y el desconocimiento del funcionamiento de los sistemas públicos y de sus derechos, y más, si tienen dificultades para manejarse en las lenguas locales (Abril Martí, 2015, pp. 80-81). Esta situación, si bien ya es extremadamente complicada de por sí, se vuelve incluso más compleja cuando consiguen superar los obstáculos anteriores, pero se enfrentan con la estigmatización, los juicios de valor y la inoperatividad en los servicios públicos.
Una de las principales causas de dicha inoperatividad radica en la falta de regulación, de sistematización e implementación, o la falta de control público de los servicios de interpretación en el ámbito de los servicios públicos (Blasco Mayor y Del Pozo Triviño, 2015; Del Pozo Triviño, 2013). Aunque el marco difiere enormemente en función de la regulación de cada Estado, estudios recientes han comprobado y denunciado tanto la falta sistemática de profesionalización en términos generales, como la ausencia de preparación y de capacitación en violencia de género (Del Pozo Triviño, 2017; Del Pozo Triviño et al., 2014a).10 En este sentido, sirvan como ejemplo las palabras de una psicóloga forense entrevistada por el proyecto SOS-VICS:
La intérprete interpretaba las palabras de la víctima, le aconsejaba o incluso le reñía. Se trataba de una amiga de la víctima, por lo que había dos problemas fundamentales: las barreras lingüísticas, derivadas del conocimiento insuficiente de la lengua de la persona que hacía de intérprete; y la información adicional suministrada por la persona que hacía de intérprete respecto de lo que decía la propia víctima, ya que al conocer lo que le había sucedido rellenaba silencios y añadía datos, interfiriendo en la evaluación psicológica. (citada en Borja Albi, 2015, p. 118)
Más allá de ser imperante la regulación pública y la implementación real de servicios de interpretación profesionales en los servicios públicos, no deja de ser imprescindible que quienes interpretan, además del resto de agentes profesionales que intervienen, se formen adecuadamente para no caer en una nueva vulneración de las migrantes que atienden; más, si esas migrantes se encuentran en contextos tan estigmatizados como la violencia de género o la prostitución (Naredo Moledo, 2015). Ser profesional, en el marco de formación actual, no significa necesariamente haber comprendido que el género y la racialización son construcciones sociales, ni que la violencia de género y la prostitución, como resultados de relaciones de dominación en que ambos constructos entran en juego, están sostenidas por mitos y prejuicios arraigados, interiorizados y reproducidos por el conjunto de la sociedad. Así, quienes interpretan requieren de una reflexión profunda y de una formación transversal e intercultural en perspectiva de género, sin la cual el ejercicio de su profesión no puede lograr su objetivo: una comunicación en condiciones equitativas (Reimóndez Meilán, 2017; Toledano Buendía, 2019).
3. Mitos y prejuicios en la interpretación, ¿alguna vez nos preguntamos por ellos?
Las formaciones universitarias en el Estado español parecen estar desligadas en algún punto de la realidad: lejos de trabajar con contextos heterogéneos, como finalmente nos encontramos en el ámbito laboral (Carretero Palacios, 2014, p. 44), tienden a mostrarse y a debatirse escenarios monolíticos y poco complejos. La traducción y también la interpretación podrían ser un ejemplo de ello (Basaure-Cabero y Contreras-Torregrosa, 2019; Toledano Buendía, 2019). Limitados por un marco que desatiende la interpretación en los servicios públicos, en el contexto español existe una mayor preocupación por formar en situaciones y modalidades de interpretación menos cambiantes, como la interpretación de conferencias. En esta modalidad de interpretación, los contextos acostumbran a ser estables y emocionalmente mesurados, y quienes participan de los mismos suelen compartir un mismo estatus socioeconómico, incluidas las intérpretes (Abril Martí, 2006, p. 58; Gentile, Ozolins y Vasilakakos, 1996, p. 11). Esto quiere decir que es mucho más probable que quienes intervienen en esa situación comunicativa cuenten con un respaldo socioeconómico aproximado, niveles de formación similares, así como un acceso al ejercicio de la ciudadanía parejo, lo que significa, generalmente, garantías y derechos compartidos.11 Además de las asimetrías que caracterizan la interpretación social (Shackman, 1984, p. 18) y de los múltiples y cambiantes contextos en que se da, interpretar supone un desafío adicional cuando intervienen personas que sufren o han sufrido situaciones traumáticas, como es el caso de las migrantes víctimas o supervivientes de violencia de género y de mujeres en contextos de prostitución. Por esta razón, se conoce la interpretación social como “interpretación extrema” (Bambaren-Call et al., 2012, p. 6).
En las situaciones de interpretación social o interpretación extrema participan, entonces, personas con bagajes culturales muy diferentes, socializadas en entornos dispares. Las intérpretes, interventoras en la situación comunicativa, mediante el acto de interpretar ejecutan, de hecho, competencias socialmente adquiridas (Valdettaro, 1997). Así pues, la práctica pone en jaque diariamente la aclamada neutralidad propuesta por la teoría, de tal forma que han sido varias las investigaciones que han llamado a una revisión de la función de la intérprete (Angelelli, 2004; Davidson, 2000, 2001; Metzger, 1999; Reimóndez Meilán, 2017; Roy, 2000; Toledano Buendía, 2019; Toledano Buendía y Del Pozo Triviño, 2015; Wadensjö, 1993, 1998a, 1998b). En este sentido, Gentile et al. (1996, p. 19) establecen tres dimensiones que inciden en la situación comunicacional y en el quehacer de la intérprete: el bagaje cultural, que determina los comportamientos y las expectativas de cada participante; la formación y la experiencia profesional, y el estatus social, no solo en términos de estrato económico, sino además del estatus de las lenguas mayoritarias respecto de las lenguas minoritarias. La comunicación se construye como el resultado de múltiples aristas, producto de la confluencia de factores heterogéneos puestos en relación entre quienes participan; así, también la interpretación se construye desde la perspectiva de quien la ejecuta (Pöchhacker, 2004, p. 79).
Abogar por la “invisibilidad” de las intérpretes sería no solo ciertamente ingenuo, sino además contraproducente. En la interpretación, la persona que interpreta está igualmente provista de una carga social y cultural, mediante la cual “co-construye una definición de la realidad con los demás co-participantes en la interacción” (Angelelli, 2003, p. 16). No obstante, a pesar de las relaciones desiguales de poder y de conocimiento entre quienes participan, es responsabilidad de la intérprete posibilitar una comunicación que sea satisfactoria para todas las partes (Shackman, 1984, p. 18) pues es, en definitiva, quien hace efectivo el derecho a comunicarse (Del Pozo Triviño, 2017). En esos términos, realizar una interpretación que obvie las relaciones de dominación y que, por lo tanto, vulnere la situación de las mujeres víctimas o supervivientes de violencia de género o de las mujeres en contextos de prostitución, supondría obstruir el ejercicio de, mínimamente, un derecho humano (Gentile, 2012, p. 159). En una primera instancia, debemos, por consiguiente, entender la lengua como una herramienta clave en las relaciones de poder, que habilita a ejercer otros derechos, a la vez que concede un lugar más o menos equitativo o, de lo contrario, provoca un desequilibrio en la situación comunicativa (Castro, 2013). Partiendo de esto, debemos cuestionarnos, entonces, qué se pone en juego y cómo interfieren las asimetrías en los encuentros en que la parte que ostenta la posición de poder y la parte subalterna no comparten la misma lengua ni las mismas referencias culturales (Fairclough, 1989, p. 47).
Desde nuestro lugar de intérpretes, como personas que ocupamos un espacio en esa conversación, hemos de ser conscientes de que, al igual que el resto de los participantes, llevamos a nuestro self con nosotras; es decir, las normas culturales y los factores sociales a partir de los que comprendemos la realidad pueden tener efecto en nuestras relaciones interpersonales (Angelelli, 2003, p. 16). El self incluye aquello perceptible visualmente (fisonomía, complexión, edad), múltiples identidades performativas, como el género (Butler, 2002, 2004; Goffman, 1995 [1956]), la racialidad, la etnicidad, así como las ideas preconcebidas, los prejuicios, las representaciones. Tales conformaciones son producto de las experiencias sociales por medio de las cuales se construye y se interpreta la realidad.
Para poder percibir los sentimientos y las sensaciones que emergen en el contexto de trabajo (Toledano Buendía y Del Pozo Triviño, 2015, p. 280), se necesita implementar un continuo análisis introspectivo que permita entender el porqué de los razonamientos propios y advertir las incursiones y repercusiones de nuestro self en la comunicación. Mezirow describe este análisis introspectivo como:
El proceso mediante el cual tomamos conciencia sobre cómo y por qué nuestras creencias limitan la forma en que vemos, entendemos y sentimos el mundo que nos rodea…, y así tomar decisiones o actuar de otra manera según estas nuevas interpretaciones. (1990, p. 167)
El enfoque feminista y decolonial (Lugones, 2010) es crucial para entendernos como seres sociales, es decir, para deconstruirnos y redefinir las construcciones establecidas (Ostapiej-Piatkowski y McGuire, 2008, p. 6). Situadas en nuestro ámbito laboral, el debate en estos términos es una parte fundamental para encaminar la mejora de nuestra formación, si pretendemos interpretar de modo profesional a migrantes con estas experiencias, como también lo es el análisis de algunos mitos y prejuicios asentados y compartidos ampliamente en el contexto español. A continuación, comentamos brevemente varios de ellos, en lo que sería una propuesta de algo que, además de ser discutido a nivel teórico-práctico en las formaciones de los y las intérpretes que trabajen en estos contextos, convendría investigar en la práctica aplicada a nuestro ámbito -adaptando, por ejemplo, el modelo de evaluación de mitos sobre la violencia de género propuesto por Megías et al. (2017)-. De este modo, se podrían extraer datos concretos con los que poder reivindicar, de forma más efectiva, la necesidad inminente de una perspectiva de género y decolonial en la interpretación.
Con el fin de ilustrar de manera más visible la relación entre los mitos o los prejuicios identificados y los aspectos que se deben considerar en los dos contextos que nos ocupan: violencia de género y prostitución, se ha organizado la información en las dos tablas que se presentan a continuación. No es nuestra intención revisar todos los mitos y prejuicios asociados a las mujeres migrantes en contextos de violencia de género o prostitución, sino poner sobre la mesa algunas de las creencias que a menudo subyacen en los discursos que circulan en el Estado español, con el fin de poder sopesar hasta qué punto las tenemos interiorizadas y cómo pueden afectar a nuestro trabajo de mediación interlingüística.
Teniendo en cuenta el enfoque multidisciplinar del que se parte en este artículo, la Tabla 1 constituye una síntesis de elaboración propia que pone en diálogo recursos bibliográficos tomados de la traductología (Abril Martí, 2015; González, 2014; Toledano Buendía y Del Pozo Triviño, 2015), de la sociología (Pérez Freire y Casado Neira, 2015), de la psicología y de la salud pública (Bosch-Fiol y Ferrer Pérez, 2012; Campbell, 2001; Gómez Hermoso et al., 2012.; Megías, Toro y Carretero, 2017) e informes de organizaciones sin ánimo de lucro (Amnistía Internacional España, 2007; RCC, Dublin Rape Crisis Center, 2008). En la primera columna de la tabla 1 se presentan algunos de los mitos o prejuicios que circulan en el Estado español acerca de la violencia de género y en la segunda se incluyen ejemplos, extraídos principalmente de la prensa, que ilustran esas representaciones.12 En la columna final de la Tabla 1 se exponen algunas consideraciones en relación con esos discursos.
De la misma forma, y siguiendo con la metodología multidisciplinar, la Tabla 2 surge también de la elaboración propia a partir de la puesta en común de algunas ideas y datos provenientes de la sociología y de la antropología (Cobo Bedía, 2017; Hurtado Saa, 2008; Pérez Freire, 2017), del activismo y de las políticas públicas (Bolaños Naranjo, 2006; Gimeno Reinoso, 2011), así como de otros registros de organizaciones o instituciones sin ánimo de lucro (alter Grupo de investigación, 2008; MdM, 2012). Como en el caso anterior, en la primera columna de la Tabla 2 se presentan algunos de los mitos o prejuicios que circulan en el Estado español acerca de la prostitución, seguidos, en la segunda columna, de algunos ejemplos que ilustran esas representaciones encontrados en la prensa.13 En la columna final de la Tabla 2 se plantean algunas consideraciones sobre dichos mitos o prejuicios.
4. Conclusiones
En este artículo hemos expuesto y buscado comprender mejor los símbolos ampliamente compartidos acerca de las mujeres migrantes en contextos de violencia de género o prostitución en el marco del Estado español, aunque algunos podrían traspasar las fronteras estatales. Además, hemos querido poner en común y repensar brevemente algunos de los mitos y de los prejuicios que afectan de forma amplia a las mujeres en situaciones de violencia de género o de prostitución, para manifestar la necesidad de este ejercicio y de otros similares en el proceso de preparación de las personas que interpreten a mujeres migrantes que hayan atravesado o atraviesen estos contextos. Como ya han estudiado otras autoras mencionadas, la interpretación en estas situaciones comunicacionales entraña particularidades que, ciertamente, requieren de capacidades concretas (Abril Martí, 2015; Toledano Buendía, 2019; Toledano Buendía y Del Pozo Triviño, 2015).
En esa línea, gracias a un enfoque con múltiples aristas, hemos propuesto la aplicación de algunas cuestiones debatidas de manera exhaustiva en otros campos del saber, como las relaciones de poder o la interseccionalidad, con la finalidad de entender el impacto de nuestros mitos y prejuicios en el trabajo de interpretación con migrantes en contextos de violencia de género o de prostitución. Concluimos que, sin este ejercicio, dicha interpretación no puede ser realmente profesional, de calidad, ni equitativa. Realizar este ejercicio supone, en efecto, cuestionarnos a través del diálogo con la perspectiva de género decolonial, que se presenta como un elemento ineludible en nuestra formación como intérpretes (Toledano Buendía, 2019). Sería de gran interés, en el futuro, ampliar esta reflexión con estudios de campo que aporten datos empíricos de las realidades de interpretación actuales y que permitan construir y expandir proyectos de formación y de profesionalización de intérpretes que no reproduzcan desigualdades.
Esperamos, pues, que esta contribución aporte a la reivindicación de la inminente necesidad de deconstruirnos como intérpretes, de revisar una “formación” que nos continúa empujando a reproducir mitos y estereotipos que obstaculizan el ejercicio de los derechos de estas mujeres. En conclusión, nuestra apuesta es optar por una interpretación que se centre no en la experiencia propia, sino en la de cada una de las mujeres a las que se interpreta (Ostapiej-Piat-kowski y McGuire, 2008, p. 10), de forma que se deje de dilatar la posición de vulnerabilidad de las migrantes en contextos de violencia de género o de prostitución. Confiamos en que esta aportación sirva para alimentar la necesaria decolonización del pensamiento y la conveniencia de la interpretación feminista decolonial; interpretar es, en definitiva, un acto político.