EDITORIAL

 

 

Preparándonos para el postconflicto:
Rol de la Universidad en la trasformación del campo

 

 

Luis Guillermo Palacio Baena
Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias
Universidad de Antioquia

 

 

Es indudable que el campo ha sido motor del desarrollo económico de Colombia. Sin embargo, su atraso económico y de infraestructura, además de la ausencia institucional y la falta de políticas de estado han generado la injusta brecha existente entre sus indicadores sociales y económicos y los del sector urbano colombiano.

El campo ha sido el epicentro del conflicto armado durante muchos años. Los pobladores rurales han estado sometidos por décadas a la voluntad de diversos grupos al margen de la ley. Esos grupos -que en ocasiones se autodefinen como protectores de la población rural- han generado miseria, pobreza, muerte y desolación en nuestra población campesina indefensa. Ante la presión de las armas, multitud de campesinos han optado por abandonar su terruño. Muchos otros, sin tener a donde ir, han permanecido indefensos, destinados a morir laborando
su parcela. Miles han sido cobardemente ajusticiados con una bala de fusil, destrozados por el estallido de un cilindro bomba, o en el mejor de los casos han sobrevivido, desmembrados, a la crueldad de las minas antipersona. Otros, para mantenerse con vida, no han tenido más opción que engrosar las filas de los violentos.

Por fortuna estamos ahora hablando de posconflicto. Esperamos que los diálogos de La Habana permitan que esa paz tan esquiva por fin llegue y que el campo, vórtice de violencia, se torne en epicentro de desarrollo y oportunidades, mejorando la calidad de vida y llevando bienestar a nuestros campesinos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” y la Misión Rural buscan la transformación del campo mediante políticas de Estado para construir la paz, abogando por un campo con garantías; con “oportunidades económicas y derechos económicos, sociales y culturales” para que sus habitantes tengan la opción de vida digna que merecen.

Dicho Plan establece mecanismos de intervención integral en territorios rurales, definiendo “lineamientos, criterios, parámetros, temporalidad y financiación para la ejecución de operativos; que serán construidos de manera participativa y en coordinación con las autoridades departamentales y municipales”. Se espera que se gestione y financie la formalización de tierras de forma progresiva y se modifique la Ley 607 de 2000, por la cual se crean y operan las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Directa Rural.

El Gobierno deberá definir una política de “crecimiento verde” de largo plazo, en la cual se definan objetivos y metas de crecimiento económico sostenible. Para esto se diseñará un programa de “promoción de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el fortalecimiento de la competitividad nacional y regional a partir de productos y actividades”.

Según el Documento Marco de la Misión Rural se debe “fomentar un enfoque territorial participativo, que reconoce una ruralidad diferenciada y a sus habitantes como gestores y actores de su propio desarrollo, entendido como un proceso integral, que busca la inclusión, tanto social como productiva, de todos los habitantes rurales”. Y agrega: “esto implica la necesidad de superar la visión asistencialista de las políticas rurales y considerar a los habitantes rurales no solo como agentes de desarrollo productivo sino como sujetos de derechos y, por ende, como plenos ciudadanos”.

Las Universidades y en general el sistema de educación superior deberá entender y atender las demandas requeridas por el posconflicto, generando propuestas de solución integrales ante las diversas situaciones que afectan la competitividad de los productores rurales; soluciones que finalmente deben mejorar su calidad de vida y bienestar. Es un compromiso ineludible de la
comunidad académica (no solo de las áreas asociadas a la producción agraria sino también de los sectores económicos, sociales y de salud) aportar a la construcción de una verdadera paz en el campo colombiano a través de la gestión de la innovación y el conocimiento, poniéndose al servicio directo de esa tercera parte de la población colombiana.

La universidad tiene un papel fundamental en la transformación del campo y sus necesidades: búsqueda de la reducción de la pobreza, ampliación de la clase media rural, impulso de la competitividad rural, fortalecimiento de la presencia institucional, ordenamiento del territorio rural y acceso a la tierra por los pobladores rurales. Todo esto se requiere para cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la movilidad social y el bienestar de todos los colombianos.