Yeferson David Novoa Orjuela
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Bogotá, Colombia**
La desigualdad económica y social en América Latina representa uno de los mayores desafíos para la estabilidad democrática de la región, impactando directamente en la cohesión social y la confianza en las instituciones. En este ensayo se reflexiona sobre cómo estas brechas afectan la democracia, con especial atención en Colombia, donde la falta de equidad limita la participación política y profundiza las tensiones sociales. Además, se examina el rol creciente de los movimientos de izquierda, que promueven políticas redistributivas y justicia social como vías para reducir la disparidad y consolidar una democracia más inclusiva. La propuesta de una política que equilibre la balanza entre los sectores más vulnerables y privilegiados emerge como una posible solución para estabilizar el panorama político y fomentar una mayor confianza ciudadana en el sistema democrático.
Palabras clave: Desigualdad económica, estabilidad democrática, América Latina, justicia social, movimientos de izquierda, política redistributiva.
Economic and social inequality in Latin America represents one of the greatest challenges to democratic stability in the region, directly impacting social cohesion and trust in institutions. This essay reflects on how these gaps affect democracy, with special attention to Colombia, where the lack of equity limits political participation and deepens social tensions. In addition, it examines the growing role of left-wing movements, which promote redistributive policies and social justice as ways to reduce inequality and consolidate a more inclusive democracy. The proposal of a policy that balances the scales between the most vulnerable and privileged sectors emerges as a possible solution to stabilize the political landscape and foster greater citizen confidence in the democratic system.
Keywords: Economic inequality, democratic stability, Latin America, social justice, left-wing movements, redistributive politics.
La desigualdad económica y social en América Latina ha sido, históricamente, una de las características más persistentes y desafiantes de la región. Este fenómeno, lejos de limitarse a disparidades en los ingresos, representa un factor determinante que afecta profundamente la estabilidad y calidad de las democracias latinoamericanas (CEPAL, 2016). En el contexto actual, estas democracias enfrentan crecientes desafíos derivados de la exclusión social, la desconfianza en las instituciones y el desencanto con los procesos políticos tradicionales. La estabilidad democrática puede entenderse como un delicado equilibrio donde las instituciones políticas son inclusivas y legítimas, garantizando la protección de los derechos fundamentales, la participación ciudadana y la justicia social.
Es crucial destacar que una democracia estable no solo se mide por elecciones libres y transparentes, sino también por su capacidad para abordar las profundas desigualdades que dividen a la sociedad y para garantizar oportunidades equitativas para todos los ciudadanos. En este marco, el ideal democrático en América Latina trasciende la ausencia de conflictos políticos, buscando fomentar la cohesión social y fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes. Este ensayo examina cómo la desigualdad económica y social actúa como un obstáculo para el desarrollo democrático en la región, con especial énfasis en el caso colombiano, donde estas brechas han contribuido a una fragmentación social que compromete la gobernabilidad y el progreso sostenible.
Este trabajo fue desarrollado a partir de una investigación documental y un ejercicio reflexivo autónomo. Como herramienta de apoyo, se utilizó inteligencia artificial generativa —específicamente ChatGPT de OpenAI (OpenAI, 2024)— con el propósito de organizar la estructura general del texto y definir la secuencia lógica de sus secciones. Adicionalmente, la IA se empleó para facilitar la comprensión inicial de ciertas cifras e indicadores socioeconómicos, permitiendo al autor orientar su análisis de manera más precisa. No obstante, es importante aclarar que ninguna de las contribuciones generadas por la IA fue utilizada de manera literal. Cada fragmento fue deconstruido, reinterpretado, ampliado y contextualizado por el autor, quien asumió plenamente la elaboración de los argumentos, ideas centrales y redacción del contenido. En ese sentido, la inteligencia artificial fue empleada únicamente como una herramienta complementaria, sin sustituir en ningún momento el juicio, el criterio analítico ni la autoría intelectual del investigador.
En el umbral de 2024, la región se encuentra en una encrucijada crítica. Las consecuencias de la desigualdad arraigada amenazan con socavar los cimientos de los sistemas democráticos, que se han construido y mantenido con tanto esfuerzo en las últimas décadas (CEPAL, 2024a). El panorama actual revela una realidad compleja y multifacética, donde la brecha entre ricos y pobres no solo persiste, sino que, en muchos casos, se ha ampliado, generando tensiones sociales, desconfianza en las instituciones y un creciente desencanto con los procesos democráticos tradicionales (Banco Interamericano de Desarrollo, 2024). Con relación a lo anterior, cabe señalar que también se analizará el papel emergente de los movimientos de izquierda como respuesta a estas disparidades y su propuesta de políticas redistributivas como vía para fortalecer la democracia y la cohesión social (CEPAL, 2016).
Para comprender la magnitud del desafío que representa la disparidad para las democracias latinoamericanas, es crucial partir de una visión panorámica de la situación actual. América Latina es reconocida como una de las regiones con mayor disparidad del mundo, un fenómeno que no solo se manifiesta en términos económicos, sino también en el acceso a servicios básicos, como educación y salud, y en oportunidades de participación política. Según los datos más recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe —CEPAL—, la desigualdad social continúa siendo una “trampa para el desarrollo”1 en la región (CEPAL, 2024b). Entendiendo que estas trampas son una “combinación de factores que se refuerzan entre sí y que limitan el logro de mayores avances” (OCDE, 2019). Esta desigualdad limita el crecimiento social y económico a largo plazo. En este marco, la estabilidad democrática de la región se ve constantemente amenazada por las tensiones derivadas de la exclusión y la fragmentación social.
A pesar de los avances logrados en las primeras décadas del siglo XXI, donde varios países experimentaron una reducción en sus índices de disparidad2, la pandemia de COVID-19 y sus secuelas económicas han revertido muchos de estos progresos. El Banco Mundial (2024), en su informe sobre desarrollo sostenible, resiliencia y crecimiento en América Latina, señala que la región debe aprovechar urgentemente la actual dinámica económica para impulsar políticas redistributivas que aborden de manera efectiva la desigualdad persistente. Esta disparidad no sólo se manifiesta en términos de ingresos, sino que abarca aspectos como el acceso a la educación de calidad, servicios de salud básicos, oportunidades laborales y una mejora significativa en la representación política de todas las clases sociales que constituyen al Estado.
Nota. Elaboración propia con datos de CEPAL (2020).
También, debemos recordar que la pandemia de COVID-19 agudizó las desigualdades preexistentes en América Latina, intensificando la crisis social y económica. Para 2022, el coeficiente de Gini3 regional retrocedió a 0.49 (CEPAL, 2023), mientras que 86 millones de personas cayeron en pobreza extrema, borrando avances sociales de más de una década. En Colombia, el aumento del Gini de 0.52 a 0.54 (DANE, s.f.) y el desempleo urbano del 16.8% (OIT, 2021) reflejan cómo la crisis profundizó las brechas, especialmente en acceso a educación y salud, donde el gasto de bolsillo en servicios médicos escaló al 38% (OPS, s.f.).
La falta de acceso equitativo a servicios básicos como la salud y la pérdida de empleos en los sectores más vulnerables han llevado a una mayor desconfianza hacia las instituciones democráticas. La CEPAL (2024a) resalta que los efectos de la pandemia han revertido algunos de los avances logrados en la reducción de la pobreza, contribuyendo a una sensación de abandono entre los ciudadanos y alimentando las incógnitas hacia el sistema político.4
Sin embargo, la implementación de políticas redistributivas ha encontrado resistencias significativas por parte de ciertos sectores de la élite económica, que ven estas medidas como una amenaza a sus intereses. En países como Colombia, México, Chile y Uruguay, las reformas fiscales progresivas y la expansión de programas sociales han generado debates y, en ocasiones, crisis políticas que reflejan la dificultad de alcanzar consensos en contextos polarizados. A pesar de todos estos desafíos, los movimientos de izquierda argumentan que una política más inclusiva es esencial para reducir la fragmentación social y fortalecer la cohesión democrática.
Dicho lo anterior, es claro que la persistencia de estas brechas socioeconómicas tiene un impacto directo y profundo en la calidad y estabilidad de las democracias latinoamericanas. En primer lugar, erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en la capacidad del sistema para responder a sus necesidades y aspiraciones. La incapacidad del sistema para responder a necesidades trae consigo el problema de la mala distribución y mala gestión de los bienes y recursos existentes.
Este fenómeno se observa en diversas regiones, donde la corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública han llevado a una disminución significativa de la confianza ciudadana. Por ejemplo, en Salta, Argentina, múltiples denuncias de corrupción contra intendentes5 han evidenciado fallas en los mecanismos de control y han afectado directamente la percepción ciudadana sobre la política como herramienta de servicio público (Auditoría General de la Provincia, 2024).
Además, la mala gestión de los recursos públicos no solo compromete el desarrollo municipal, sino que perpetúa la disparidad y la exclusión al desviar recursos destinados a las necesidades básicas de la población (Economía e Inversión, 2024). La confianza en las instituciones es esencial para la cooperación y el desarrollo social, y su erosión puede llevar a un ciclo de apatía y desencanto en la ciudadanía (Güemes, 2017).
El Latinobarómetro (2023), una encuesta anual que mide las actitudes hacia la democracia en la región, ha documentado una tendencia preocupante de desencanto creciente con el funcionamiento de los sistemas democráticos. Este desencanto se traduce en una disminución de la participación política, un aumento del escepticismo hacia los procesos electorales y, en casos extremos, un respaldo a alternativas autoritarias —dictaduras— que prometen “soluciones” rápidas a problemas estructurales. Es por eso que la disparidad también impacta negativamente en la cohesión social, un elemento fundamental para el funcionamiento saludable de cualquier democracia.
Cuando las disparidades económicas y sociales son tan pronunciadas, se generan sociedades fragmentadas donde diferentes grupos viven realidades radicalmente distintas, lo que dificulta la construcción de un proyecto nacional común y consensuado, entre unos y otros. Esta fragmentación social se manifiesta en la polarización política, el aumento de la criminalidad y la violencia, y finalmente, en la erosión del tejido social que sustenta la convivencia democrática. Según Hopenhayn y Sojo (2011), las profundas transformaciones en América Latina, impulsadas por la globalización, han exacerbado la segregación y marginalización6 social, impidiendo que ciertos sectores se integren a las dinámicas productivas y de desarrollo. Además, la polarización política se intensifica cuando las disparidades económicas crean barreras insuperables entre diferentes grupos sociales, lo que lleva a un aumento de la desconfianza y, posteriormente, al conflicto (Cortés Landazury, 2024).
La cohesión social, definida como la capacidad de una sociedad para garantizar el bienestar de todos sus miembros, se ve comprometida, lo que resulta en una mayor fragmentación y debilitamiento de los lazos comunitarios (Benard, 2012). La criminalidad y la violencia también aumentan en contextos de alta desigualdad, ya que las oportunidades son limitadas, y la exclusión social fomenta comportamientos delictivos como una forma de resistencia y supervivencia (CEPAL, 2007). En muchos países de la región, incluida Colombia, esta situación ha llevado a un ciclo vicioso donde la disparidad alimenta el conflicto social, y este, a su vez, profundiza las brechas existentes (Banco Mundial, 2024).
El caso de Colombia resulta particularmente ilustrativo de cómo la desigualdad puede desafiar la estabilidad democrática. A pesar de ser una de las democracias más antiguas y estables de América Latina en términos formales, o sea, en términos de papel, Colombia ha enfrentado desafíos significativos derivados de su alta disparidad económica y social. El conflicto armado que azotó al país durante décadas, aunque tiene raíces complejas, se vio intensificado por las profundas disparidades en la distribución de la tierra y las oportunidades económicas (PNUD, 2024). Aunque el Acuerdo de Paz de 2016 marcó un hito histórico, la implementación de sus disposiciones, especialmente aquellas relacionadas con la reforma rural y la reincorporación económica de excombatientes, ha sido lenta y parcial, en gran parte debido a las resistencias de sectores que se benefician del status quo de desigualdad (Amaya, 2022).
En Colombia, como en otros países de la región, la disparidad se manifiesta de manera multidimensional. No solo se trata de una brecha de ingresos, sino también de desajustes en el acceso a servicios básicos, educación de calidad, salud y oportunidades laborales. Estas desigualdades tienen un componente geográfico marcado, con regiones enteras del país, especialmente áreas rurales y periferias urbanas, quedando rezagadas en términos de desarrollo y presencia estatal. Esta situación ha creado lo que algunos analistas denominan “democracias de baja intensidad” en estas zonas, donde la participación política es limitada, el Estado de derecho es débil y las economías ilegales prosperan (PNUD, 2024).
Asimismo, la desigualdad en Colombia ha tenido un impacto directo en la participación política y la representatividad del sistema democrático. Históricamente, el poder político y económico ha estado concentrado en manos de una élite relativamente pequeña, lo que ha limitado la capacidad de amplios sectores de la población para influir efectivamente en la toma de decisiones políticas. Esta subrepresentación ha alimentado un sentimiento de exclusión y desconexión con el sistema político, que se refleja en altos niveles de abstención electoral y desconfianza en las instituciones. Según datos del Latinobarómetro (2023), Colombia ha experimentado una disminución constante en la satisfacción con la democracia en los últimos años, una tendencia que se correlaciona fuertemente con la percepción de desigualdad y falta de oportunidades.
Ahora bien, el impacto de la disparidad en la estabilidad democrática de Colombia se ha manifestado de manera dramática en los últimos años. Las protestas masivas de 2019 y 2021, conocidas como el Paro Nacional, fueron una expresión clara del descontento acumulado por décadas de políticas que no lograron abordar efectivamente las brechas socioeconómicas. Además, coincidieron con una caída de 12 puntos en el Índice de Libertad de Freedom House para Colombia (2021). Las movilizaciones, que en muchos casos fueron reprimidas con fuerza excesiva por parte de las autoridades, evidenciaron la fragilidad del contrato social y la urgente necesidad de reformas estructurales que aborden las causas profundas de la desigualdad (ONU-DH Colombia, 2022).
Según la CEPAL (2020), la represión de las protestas sociales en la región ha evidenciado la falta de mecanismos efectivos para canalizar las demandas ciudadanas. Además, el Banco Mundial (2022) destaca que reformas en áreas como la educación y el empleo son esenciales para reducir las brechas de disparidad y promover un desarrollo inclusivo.
Por otro lado, la elección de Gustavo Petro como presidente en 2022, convirtiéndolo en el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia, puede interpretarse como una respuesta directa a esta crisis de disparidad y representación (CNN Español, 2022). Si bien Petro es el primer presidente de un movimiento socialista explícito, Colombia ha tenido figuras políticas de izquierda moderada o progresista en el pasado, como Alfonso López Pumarejo, quien implementó reformas sociales y políticas progresistas durante su mandato. López Pumarejo y su gabinete pertenecían al Partido Liberal Colombiano, y su política estaba sin duda más a la izquierda del espectro. Miembros clave de su gobierno, incluido el ministro de Asuntos Exteriores Gabriel Turbay, se adhirieron a las ideologías socialistas en su juventud (LSE Blogs, 2022).
La elección de Gustavo Petro también refleja un cambio significativo en las preferencias electorales de los colombianos, quienes priorizaron temas económicos y sociales en su decisión de voto. Según un análisis de las preferencias de voto en la primera vuelta presidencial de 2022, los votantes escogieron a Petro con base en la satisfacción de sus preferencias más importantes, particularmente frente a temas económicos, y restaron importancia a sus diferencias con el candidato en temas relacionados con las libertades individuales (Bitar, Tolosa Bello, & Tolosa Bello, 2023). Esto significa que, en la primera vuelta presidencial de 2022, muchas personas votaron por Gustavo Petro porque creían que él podía mejorar la situación económica del país, que era su principal preocupación. Aunque algunos no estaban completamente de acuerdo con él en temas como las libertades individuales, consideraron que sus propuestas económicas eran más importantes en ese momento.
Pero hablando específicamente de su plataforma política, centrada en promesas de reforma agraria, expansión de programas sociales y una transición hacia una economía más sostenible y equitativa, resonó en amplios sectores de la población que se sentían marginados por el sistema político tradicional. Sin embargo, la implementación de estas políticas enfrenta resistencias significativas, lo que subraya la complejidad de abordar desigualdades estructurales en un contexto de polarización política (El País, 2022).
El fenómeno observado en Colombia no es aislado, sino que refleja una tendencia regional más amplia donde movimientos y líderes de izquierda han ganado una visibilidad importante como respuesta a la persistente disparidad. En países como Bolivia, Chile, Brasil, México y Uruguay7, entre otros, se han visto victorias electorales de candidatos que prometen políticas redistributivas y un enfoque más intervencionista del Estado en la economía.
Estos movimientos argumentan que las políticas neoliberales implementadas en las décadas anteriores, si bien lograron crecimiento económico en algunos casos, fallaron en distribuir equitativamente los beneficios de ese crecimiento, perpetuando y en ocasiones exacerbando las desigualdades existentes (Banco Mundial, 2024).
El ascenso de estos movimientos de izquierda plantea tanto oportunidades como desafíos para la estabilidad democrática en América Latina. Por un lado, representan una renovación del contrato social8 y una promesa de mayor inclusión para sectores históricamente marginados. Sus políticas, que a menudo incluyen expansión de programas sociales, reformas fiscales progresivas y mayor inversión en educación y salud pública, tienen el potencial de reducir las brechas socioeconómicas y fortalecer la cohesión social. Además, al incorporar demandas de movimientos sociales y grupos minoritarios, estos gobiernos pueden ampliar la participación política y hacer que las democracias sean más representativas y responsivas.
Sin embargo, el giro hacia la izquierda también presenta riesgos para la estabilidad democrática si no se maneja adecuadamente. La polarización política que a menudo acompaña a estos cambios puede profundizar las divisiones sociales y dificultar la construcción de consensos necesarios para implementar reformas estructurales (Diálogo Político, 2024). Además, en algunos casos, líderes de izquierda han mostrado tendencias autoritarias, utilizando la retórica de la lucha contra la disparidad para justificar la concentración de poder y la erosión de controles institucionales. Este fenómeno, observado en países como Venezuela y Nicaragua, subraya la importancia de mantener un equilibrio entre la búsqueda de mayor equidad y el respeto a los principios democráticos fundamentales (International IDEA, 2024).
La experiencia de América Latina en las últimas décadas demuestra que abordar la desigualdad es una tarea compleja que requiere más que simples cambios de gobierno o promesas electorales. Requiere una transformación profunda de las estructuras económicas, sociales y políticas que han perpetuado las disparidades.
En este contexto, emerge la necesidad de un nuevo paradigma de desarrollo que equilibre el crecimiento económico con la distribución equitativa de sus beneficios, sin comprometer la estabilidad macroeconómica ni los principios democráticos. Un aspecto crucial en esta búsqueda de equilibrio es la reforma de los sistemas tributarios en la región. América Latina se caracteriza por tener sistemas fiscales regresivos que no logran redistribuir efectivamente la riqueza.
Por ejemplo, la alta dependencia de impuestos indirectos, como el IVA, afecta desproporcionadamente a los sectores de menores ingresos (Jiménez, 2017). Además, según datos de la CEPAL (2015), la presión fiscal en la región es relativamente baja, lo que limita la capacidad de los gobiernos para financiar políticas públicas redistributivas.
Una reforma fiscal progresiva, que aumente la carga tributaria sobre los sectores más pudientes y las grandes corporaciones, podría generar recursos significativos para invertir en programas sociales y desarrollo de infraestructura. Sin embargo, estas reformas deben implementarse cuidadosamente para no desincentivar la inversión y el crecimiento económico, un equilibrio delicado que requiere consenso político y planificación a largo plazo (Banco Mundial, 2024).
La educación emerge como otro pilar fundamental en la lucha contra la disparidad y el fortalecimiento de la democracia. Invertir en educación de calidad, convertirla en accesible para todos los sectores de la sociedad, no solo tiene el potencial de reducir las brechas de ingresos a largo plazo, sino que también fomenta una ciudadanía más informada y participativa (CEPAL, 2016). En este sentido, las políticas educativas deben ir más allá de aumentar la cobertura, enfocándose en mejorar la calidad de la enseñanza, adaptar los currículos a las necesidades del mercado laboral del siglo XXI y promover valores democráticos y de convivencia ciudadana.
La transformación digital y la Cuarta Revolución Industrial9 traen consigo ventajas como problemas cuando de desigualdad y democracia se habla. Por un lado, las nuevas tecnologías ofrecen herramientas poderosas para mejorar la transparencia gubernamental, facilitar la participación ciudadana y crear nuevas oportunidades económicas. Sin embargo, también existe el riesgo de que estas tecnologías incrementen las brechas existentes si no se garantiza un acceso equitativo a ellas. Políticas que promuevan la inclusión digital, la formación en habilidades tecnológicas y la regulación efectiva de las plataformas digitales son esenciales para aprovechar el potencial democratizador de la tecnología (Banco Mundial, 2024).
El fortalecimiento de las instituciones democráticas es otro aspecto crucial para reducir la brecha y preservar la estabilidad política. Esto implica no solo combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del Estado, sino también crear mecanismos más efectivos de participación ciudadana y rendición de cuentas. La descentralización del poder, el fortalecimiento de los gobiernos locales y la implementación de presupuestos participativos son algunas estrategias que pueden acercar la toma de decisiones a los ciudadanos y mejorar la respuesta del Estado a las necesidades locales.
La experiencia de países como Uruguay y Costa Rica, que han logrado mantener niveles relativamente bajos de desigualdad social y altos índices de estabilidad democrática en comparación con sus vecinos regionales, ofrece lecciones valiosas. Estos países han priorizado la inversión en educación y salud pública, han mantenido sistemas de protección social robustos y han fomentado un diálogo social continuo entre diferentes sectores de la sociedad. Son esos resultados la muestra de que sí se puede reducir la desigualdad sin frenar el crecimiento económico y la estabilidad democrática, aunque cada país debe adaptar estas lecciones a su contexto específico (CEPAL, 2016).
El papel de la sociedad civil y los movimientos sociales en la lucha contra la desigualdad y el fortalecimiento de la democracia no puede subestimarse. En toda América Latina, organizaciones de base, sindicatos, grupos indígenas y movimientos de mujeres, entre otros, han sido fundamentales en la articulación de demandas de justicia social y en la promoción de una democracia más inclusiva. Estos actores no estatales desempeñan un rol crucial en la fiscalización del poder político, la promoción de la transparencia y la defensa de los derechos de grupos marginados. Fortalecer y proteger el espacio para la sociedad civil es esencial para mantener las democracias vibrantes y responsivas.
Es esa participación activa de estos grupos la que ha sido clave en la implementación de políticas públicas que buscan reducir la disparidad y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, en Colombia, los movimientos sociales han jugado un papel importante en la promoción de la paz y la reconciliación, especialmente en el contexto del conflicto armado (García, 2020). Asimismo, la CEPAL ha destacado la importancia de la sociedad civil en la promoción de la justicia social y la equidad en la región (CEPAL, 2022).
La crisis económica reciente en América Latina, exacerbada por la pandemia de COVID-19, ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer estos actores no estatales para garantizar una recuperación inclusiva y sostenible. Según el Banco Mundial (2021), la pandemia ha tenido un impacto negativo desproporcionado en los trabajadores informales y poco calificados, lo que ha aumentado la brecha social y la pobreza en la región.
La cooperación regional e internacional también juega un papel importante en la lucha contra la desigualdad y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Organismos como la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA) pueden proporcionar apoyo técnico, financiamiento y espacios de diálogo para abordar desafíos comunes. Además, la cooperación Sur-Sur10 dentro de la región permite el intercambio de experiencias y mejores prácticas en la implementación de políticas sociales y económicas. Sin embargo, es crucial que esta cooperación respete la soberanía de cada país y se adapte a las realidades locales.
En este contexto, la cooperación internacional también resulta crucial para enfrentar otro desafío que profundiza la desigualdad en la región, como, por ejemplo, el cambio climático. Son los fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes y sequías, los que han aumentado en frecuencia e intensidad, afectando gravemente a comunidades ya empobrecidas (WWF, 2023). Además, la degradación ambiental, como la deforestación y la contaminación, agrava la situación al reducir la capacidad de estas comunidades para adaptarse y, posteriormente, recuperarse (National Geographic, 2023).
Para mitigar estos efectos, los países latinoamericanos han impulsado mecanismos de cooperación ambiental en el marco de organismos multilaterales11. Por ejemplo, iniciativas como el acuerdo de Escazú12, los fondos de financiamiento climático del Banco Interamericano de Desarrollo y los programas de adaptación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que buscan reducir la vulnerabilidad de las comunidades más afectadas por estos fenómenos y promover un desarrollo sostenible e inclusivo. Sin embargo, el éxito de estas estrategias no solo depende de quién y cómo se elaboren, sino también de la voluntad política y del compromiso de los gobiernos de cada país para implementar medidas efectivas que integren la lucha contra el cambio climático con la reducción de la desigualdad en sus respectivas zonas.
La CEPAL (2024b) destaca la necesidad de una "transición justa" que incluya medidas como la mejora de la infraestructura, la protección social y la educación ambiental. Solo así se podrá reducir la vulnerabilidad de las poblaciones más afectadas y promover un desarrollo inclusivo y sostenible.
Graglia (2017) señala que uno de los principales retos para reducir la desigualdad y mejorar la cooperación —regional e internacional—, es empezar por prestar seria atención en el vaciamiento —es decir, el debilitamiento— de las democracias, ya que es ese fenómeno, causado por la falta de políticas públicas efectivas y transparentes, el que erosiona los fundamentos del sistema democrático. En el caso de Colombia, según un informe de Portafolio (2024), la economía colombiana ha enfrentado un crecimiento estancado y una alta tasa de desempleo, lo que ha exacerbado la crisis social y económica en el país. La implementación de políticas públicas transparentes y efectivas es crucial para restaurar la confianza en el sistema democrático y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Un aspecto central para el fortalecimiento de la democracia es la capacidad del Estado de diseñar, ejecutar y comunicar políticas públicas orientadas al desarrollo integral, donde la transparencia es esencial. Graglia (2017) argumenta que el secretismo y la demagogia son fallas recurrentes en la región, y ambos deben ser combatidos para evitar la desconfianza ciudadana y el desencanto con las instituciones. En este contexto, la difusión clara y transparente de las políticas públicas ayuda a que la ciudadanía no solo sea —y esté— informada, sino que también participe activamente en el proceso democrático.
Para que las políticas públicas en América Latina sean realmente transformadoras, es necesario que los gobiernos logren un equilibrio entre el diseño y la ejecución de políticas que promuevan el bienestar social, y que comuniquen esos avances de manera veraz y sin propaganda engañosa. La crítica de Graglia (2017) hace hincapié en que gobernar implica más que diseñar políticas; también significa comunicar de forma efectiva y responsable, lo cual es indispensable para lograr la aceptación ciudadana y consolidar el apoyo democrático. En definitiva, la pregunta que surge es: ¿están los gobiernos de la región dispuestos a superar el secretismo y la demagogia para construir democracias de fondo, más allá de la forma?
La estabilidad democrática en América Latina requiere no sólo de reformas temporales, sino de un compromiso sostenido hacia políticas que promuevan la inclusión y la equidad en todos los niveles. Sin un cambio profundo en las estructuras que perpetúan la desigualdad, la región seguirá enfrentando ciclos de tensión social que amenazan con debilitar el contrato social y los cimientos democráticos.
Para consolidar esta estabilidad, es esencial abordar las causas estructurales de las brechas sociales, como la falta de acceso a educación de calidad y servicios básicos. Según un informe del Banco Mundial (2021), las crisis económicas en América Latina han tenido efectos duraderos sobre la estructura del empleo, expulsando a muchas personas de la economía formal y aumentando la informalidad laboral. Este fenómeno no sólo agrava la desigualdad, sino que también debilita las bases democráticas al generar descontento y desconfianza en las instituciones que deberían velar por el bienestar de la población.
Además, la CEPAL (2022) ha señalado que la región podría enfrentar una nueva "década perdida" debido al bajo crecimiento económico y la persistente desigualdad. Con ello, pone en evidencia la necesidad de crear políticas públicas que no sólo mitiguen los efectos inmediatos de las crisis, sino que también promuevan una recuperación inclusiva y sostenible.
El futuro de la estabilidad democrática en América Latina está inextricablemente ligado a nuestra capacidad para abordar de manera efectiva las desigualdades estructurales que han perpetuado tensiones sociales y políticas a lo largo del tiempo en la región. La disparidad en América Latina no es solo un desafío económico, sino una herida abierta que afecta la cohesión social y la estabilidad democrática. En un contexto donde las brechas en el acceso a la educación, la salud y las oportunidades son profundas, se perpetúa un ciclo de exclusión y descontento ciudadano. Esto erosiona la confianza en las instituciones y fomenta polarización, tensiones sociales y, en casos extremos, respuestas autoritarias disfrazadas de soluciones rápidas. ¿Hasta qué punto pueden las democracias de la región resistir las fracturas que esta disparidad genera, sin realizar cambios estructurales en sus bases económicas y políticas?
A medida que surgen movimientos que prometen reformas redistributivas, la pregunta esencial es si estos enfoques lograrán construir sociedades más justas sin sacrificar los valores democráticos. La experiencia histórica muestra que cualquier transformación significativa requerirá la participación activa de la ciudadanía, un compromiso político sostenido, un equilibrio entre la equidad y el crecimiento económico. Como bien señaló Nelson Mandela: "La superación de la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia." (Honores, 2018). Y la verdadera pregunta es ¿seremos capaces, como sociedad, de transformar esta lucha en una oportunidad para construir democracias más fuertes e inclusivas?
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* Este artículo es el resultado de una
investigación propia llevada a cabo de manera individual y autónoma,
utilizando fuentes y recursos propios. Todo el contenido fue
desarrollado desde casa, sin la asistencia de terceros.
** Estudiante de Ciencia Política, quinto
semestre. Investigador semilla, columnista y colaborador editorial.
Correo electrónico: [email protected]. ORCID:
https://orcid.org/0009-0008-1518-3811. CvLAC:
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002395372
1 El concepto de "trampa para el desarrollo" se
refiere a una situación en la que, debido a diversos factores como la
falta de acceso a recursos básicos (educación, salud, empleo digno), las
personas se ven atrapadas en un ciclo de pobreza y desigualdad difícil
de romper (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2024c).
2 Esto se demuestra en la caída del índice del
coeficiente de Gini en América Latina de 0.54 a 0.46 (CEPAL, 2020) o la
reducción del índice de Palma en Brasil de 4.3 a 3.1 (Banco Mundial,
2021).
3 El coeficiente de Gini es un indicador
económico que mide la desigualdad en la distribución de ingresos o
riqueza dentro de un país o grupo. Fue desarrollado por el estadístico
italiano Corrado Gini en 1912 y se expresa como un valor entre 0 y 1 (o
entre 0% y 100%, si se multiplica por 100). Compara la distribución real
de ingresos o riqueza con una distribución perfectamente igualitaria:
“El índice de Gini también es conocido como coeficiente de Gini. Se
utiliza para medir la desigualdad que existe entre los habitantes de una
región, mediante la comparación de sus salarios. Cuanto mayor sea la
desigualdad mayor será el índice de Gini, con un máximo de 100 (o uno,
en función de la escala que utilicemos) y por contra, cuanta más
igualdad exista entre los ingresos salariales de la población menor,
será el índice hasta llegar a cero si existiera igualdad absoluta.”
(Expansión, s.f.).
4 El sistema político se refiere al conjunto de
instituciones, normas y procesos mediante los cuales un país organiza el
poder y la toma de decisiones. Incluye actores como los partidos
políticos, los gobiernos y las leyes que regulan la vida política y
social de un país. (Easton, 1965).
5 Son las personas que ocupan el cargo más
importante en el gobierno de una ciudad o municipio en Argentina.
6 Son formas de exclusión social. La segregación
es cuando ciertos grupos son separados o aislados del resto de la
sociedad, mientras que la marginalización ocurre cuando estas personas
no tienen acceso a oportunidades importantes, como educación, empleo o
servicios básicos, quedando en desventaja frente a otros.
7 Estas victorias electorales, incluyen a
presidentes como: Luis Arce (Bolivia, asumió el 8 de noviembre de 2020),
Gabriel Boric (Chile, asumió el 11 de marzo de 2022), Luiz Inácio Lula
da Silva (Brasil, asumió el 1 de enero de 2023), Claudia Sheinbaum
(México, asumió el 1 de octubre de 2024) y Yamandú Orsi (Uruguay, asumió
el 1 de marzo de 2025).
8 Es un acuerdo “imaginario” entre las personas
y el gobierno. Las personas aceptan seguir reglas y el gobierno se
compromete a cuidarlas, proteger sus derechos y trabajar por el
bienestar de todos (Hermida, 2000).
9 La Cuarta Revolución Industrial, se refiere a un cambio profundo en la forma en que producimos, trabajamos y vivimos, impulsado por avances tecnológicos como la inteligencia artificial (Schwab, 2016).
10
Es un modelo de colaboración entre países en desarrollo para fomentar el
intercambio de conocimientos, tecnología, experiencias y recursos para
promover el desarrollo sostenible y la autonomía regional. (Naciones
Unidas, 2018).
11 Son organizaciones conformadas por tres o
más naciones que trabajan conjuntamente en temas globales, como el
comercio, la paz y el desarrollo sostenible (EADIC, 2017).
12 Es un tratado regional que promueve el
acceso a la información, la participación pública y el acceso a la
justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Fue
adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, y entró en vigor
el 22 de abril de 2021 (CEPAL, 2021).