Eder Maylor Caicedo Fraide2
Daniel Alfonso Barragán Ronderos3
DOI: 10.17533/udea.esde.v75n166a04
1 El presente artículo es producto del proyecto de investigación “La construcción democrática inmersa en la constitución de 1991”, desarrollado en la Universidad la Gran Colombia.
2 Doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Sociología y politólogo de la misma institución. Actualmente, Doctor-Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Gran Colombia, Colombia. Líder del grupo de investigación «Derecho de Familia, Conflictos Sociales y Proyección Social» en categoría C de Colciencias. Consultor de la Unidad de Restitución de Tierras – Ministerio de Agricultura. Correo electrónico: eder.caicedo@ugc.edu.co ORCID:0000-0002-6870-1482
3 Coordinador de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad La Gran Colombia, Colombia. Miembro del grupo de investigación: Teoría del Derecho, la justicia y la política. Reconocido por Colciencias, categoría D. Proyecto de Investigación: La construcción democrática inmersa en la constitución de 1991. Correo electrónico: daniel.barragan@ugc.edu.co ORCID:0000-0001-7471-9710
Posterior al fracaso del proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a inicios de 2002, se instauró la política nacional de la Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez que incrementó la presencia militar y de inteligencia de las fuerzas armadas en varias regiones del país. Neiva, capital del departamento del Huila, se convirtió en una zona de escalamiento de la guerra que hasta hace pocos años sufrió la constante inclemencia de los ataques de actores del conflicto armado. El presente artículo analiza los impactos del conflicto armado en la sociedad opita, haciendo énfasis en las dinámicas de despojos y abandonos forzados de tierras entre 2002 y 2017. También se destacan las incursiones guerrilleras en la ciudad de Neiva – Huila y el maltrato que los mismos guerrilleros de las FARC reconocieron haber perpetrado contra la población civil en el marco del escalamiento de las acciones armadas y de guerra sin cuartel. Los principales medios de comunicación y su constante denuncia del aumento de la violencia y la coacción contra la población civil se utilizaron como fuentes, así como los informes de la Procuraduría General de la Nación, entre otras entidades del Estado. También se hizo una descripción general de la historiografía especializada del periodo de las negociaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, la cual sirvió como asidero para interpretar las lógicas de abandono forzado y despojo en el sur del país.
Palabras clave: abandono forzado; despojo de tierras; conflicto armado en Colombia; violencia; procesos de paz; Fuerzas Armadas de Colombia; población civil; Neiva; Huila.
With the failure of the peace process between the government of Andrés Pastrana and the guerrilla of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) at the beginning of 2002, the national policy of the Democratic Security of the government of Álvaro Uribe Vélez was established, which increased the military and intelligence presence of the armed forces in various regions of the country. Neiva, capital of the department of Huila, became a zone of escalation of the war that until a few years ago suffered the constant inclemency of the attacks of actors of the armed conflict. The article analyzes the impacts of the armed conflict in the “opita” society, emphasizing the dynamics of dispossession and forced abandonment of land between 2002 and 2017. It also highlights the guerrilla incursions in the city of Neiva, and the abuse that the guerrillas of the FARC recognized to have perpetrated against the civilian population in the framework of the escalation of armed actions and war. The main means of communication and their constant denunciation of the increase in violence and coercion against the civilian population were used as sources, as well as reports from the Office of the Attorney General of the Nation, among other entities of the State. There was also a general description of the specialized historiography of the period of negotiations between the government of Andres Pastrana and the FARC, which served as a basis for interpreting the logics of forced abandonment and dispossession of land in the south of the country.
Keywords: forced abandonment; land dispossession; armed conflict in Colombia; violence; peace processes; armed Forces of Colombia; civil population; Neiva; Huila.
Após o fracasso do processo de paz entre o governo de Andrés Pastrana e a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) no início do ano de 2002, foi criada a política nacional da Segurança Democrática do governo de Álvaro Uribe Vélez que aumentou a presença militar e de inteligência das forças armadas em várias regiões do país. Neiva, capital do estado de Huila, tornou-se uma zona de escalada da guerra que até poucos anos sofreu a constante inclemência dos ataques de atores do conflito armado. É desta maneira que este artigo analisa os impactos do conflito armado na sociedade Huilense, fazendo ênfase nas dinâmicas de desapossamento e abandonos forçados de terras entre 2002 e 2017. Também se destacam as incursões da guerrilha na cidade de Neiva - Huila e o maltrato que os mesmos guerrilheiros das FARC reconheceram ter cometido contra a população civil dentro da escalada das ações armadas e da guerra sem tréguas. Os principais meios de comunicação e a sua constante denúncia do aumento da violência e da coação contra a população civil foram utilizados como fontes, bem como os relatórios da Procuradoria Geral da Nação, entre outros órgãos do Estado. Fez-se, também, uma descrição geral da historiografia especializada do período das negociações entre o governo de Andrés Pastrana e as FARC, a qual foi utilizada para interpretar as lógicas de abandono forçado e desapossamento no sul do país.
Palavras-chave: abandono forçado; desapossamento de terras; conflito armado na Colômbia; violência; processos de paz; Forças Armadas da Colômbia; população civil; Neiva; Huila.
El fracaso de las negociaciones entre las FARC y el gobierno Pastrana, y el consiguiente clima adverso a una salida política negociada al conflicto, produjo como resultado el triunfo electoral del Álvaro Uribe Vélez en 2002, y después, los logros de su política de Seguridad Democrática lo llevaron a ser reelegido en 2006. Con el objetivo de conseguir la derrota militar de las FARC se desarrollaron los planes Patriota y Consolidación, los cuales tuvieron como escenario de fondo las zonas históricas de retaguardia de las FARC, “… a lo largo del Río Caguán, los Llanos del Yarí y la Amazonía” (Revista Semana, 2 de mayo de 2006).
Desde 2003 se evidenció un incremento sustancial en las acciones armadas en zonas de otrora, dominio de las FARC, donde quiso entrar el Ejército colombiano. Según lo relata el investigador Teófilo Vásquez (2015):
es precisamente durante el periodo de la seguridad democrática cuando se produce el mayor número de acciones por parte de la fuerza pública que afectan a la población civil, es decir que además de la intensificación de los combates, la política de Seguridad Democrática también afectó la vida e integridad personal. (p. 86)
El incremento de combates disparó de forma acelerada el desplazamiento de los campesinos. En el caso específico de Neiva, encontramos que posterior a la implementación de la política de Seguridad Democrática el número de personas desplazadas aumenta de 4.042 en 2003 a 6993 personas en condición de desplazamiento para 2007 (ver Anexo 1: Número de Personas Desplazadas Neiva: 1985-2016), cifras que evidencian las repercusiones que en la población civil tuvo la recuperación del territorio por parte del gobierno.
El desplazamiento de muchos de los campesinos estuvo acompañado por el abandono forzado de sus tierras. Precisamente, en la investigación de campo desarrollada se evidenció entre 2003 y 2010 el mayor número de abandonos forzados de predios. En la información recolectada se logró identificar que los casos de abandono forzado en la zona rural de Neiva se presentaron por i) la vinculación forzada de niños, niñas y jóvenes hijos de los campesinos a las filas de los frentes 17 «Angelino Godoy» y 66 «Joselo Lozada», con el fin de fortalecer su tropa en un escenario en disputa; ii) la información llevada por los milicianos a los comandantes guerrilleros sobre la población civil, en muchas ocasiones no era certera, situación que devenía en las amenazas contra la vida y el consecuente desplazamiento; iii) las FARC, en el dominio que pretendía tener sobre el territorio, estipulaba quiénes podían estar en la zona y quiénes debían abandonar (son notorios los casos en los que las FARC exigen a los campesinos que tienen hijos en el Ejército, que abandonen la zona); en otros casos, las FARC deciden desplazar a algunos campesinos para dejar en el predio a personas que son más cercanas a su proyecto político militar y iv) la exigencia ocasional de las FARC a las personas para abandonar los predios cuando se presentaban riñas o daños a las normas de convivencia. A continuación se describen con mayor detalle estos factores generadores de abandono forzado.
Con la terminación de la zona de distensión en febrero de 2002 se incrementaron los niveles de violencia, tanto en región desmilitarizada4 como en Neiva, municipio aledaño. Estos territorios entraron a ser «zonas en disputa» entre las FARC y las Fuerzas Militares. Los controles de las dos partes se acentuaron, de allí se explica el aumento creciente de los retenes militares por parte del Ejército y el control armado por parte del frente 17 de las FARC hacia la población.
La libre locomoción de los habitantes de zonas en disputa se ve limitada al interés que mantiene el grupo armado. En estos momentos el monopolio que ejercen sobre la violencia en una región les permite controlar los flujos demográficos, en el sentido en que deciden, según sus intereses, los individuos que pueden habitar en sus áreas de influencia. En palabras de Gustavo Duncan:
La apropiación del estado local no sucede en el vacío, ocurre en un territorio con sus respectivos habitantes que aceptan pagar una renta por ser protegidos, y acatar la justicia y demás elementos del orden social de los señores de la guerra. (Duncan, 2006, p. 20)
Para el control demográfico de la zona rural de Neiva, las FARC encomendaron esta tarea a sus Milicias Bolivarianas, que hacen parte de su estructura militar, pero no portan armas ostensiblemente visibles y se camuflan fácilmente en la población, debido a que transitan de civil.
Aunque las FARC habían desarrollado la política de «Milicias Bolivarianas» previo a la VIII Conferencia de 1993, en el informe que presentan reconocen el fracaso de la misma, pero aun así deciden seguirla impulsando:
Esta política prácticamente se convirtió en un fracaso porque algunas de ellas, con la responsabilidad de sus dirigentes, degeneraron su accionar en franco vandalismo y porque el enemigo tomó su nombre, deliberadamente para organizar las bandas criminales que actuaron contra los dirigentes de la Unión Patriótica, de las fuerzas democráticas y de la izquierda en general.
(…) Hoy solo tenemos pequeñas unidades de milicianos en los Frentes, algunas de las cuales, ante la ausencia de control y de una política clara terminaron cometiendo errores y en ocasiones suplantando a la guerrilla. Es la verdad de lo que tenemos actualmente. Pero a pesar de estos problemas la política de milicias ha pegado en la población. Habrá que otorgarles carácter de organización armada para que entren a desempeñar el rol que les asigna el Plan Estratégico”. (Farc-ep, 8ª Conferencia, 2018, p. 4)
A pesar del reconocimiento por parte de las FARC de los errores de implementar en las regiones urbanas y rurales la política de milicias, estás tuvieron un papel protagónico cuando finalizó formalmente la Zona de Despeje.
En efecto, las milicias fueron cruciales en el control sobre la población y la determinación de los individuos que podían o no permanecer en el territorio, además de hacer cumplir las «normas de convivencia» en una zona específica. Entre las funciones que cumplían los milicianos en la zona rural de Neiva estaban las de vigilar a quienes ingresaban en la zona, cobraban «impuestos» por la movilidad de vehículos, limitaban el tránsito de las personas, determinaban los horarios de circulación e imponían la fuerza para el cumplimiento de las «normas de convivencia».
En los estatutos de las Milicias Bolivarianas, son definidas como:
Una organización militar donde caben todas las personas cuya integridad física e intereses sean amenazados por la represión reaccionaria, la guerra sucia y sus funestas secuelas. Las Milicias Bolivarianas se organizan en todas las áreas de los Frentes de las FARC y donde aquellos tengan influencia, para la defensa de la vida y los intereses de la población urbana y rural. (FARC-EP, 8ª Conferencia, 2018)
En definitiva, las Milicias Bolivarianas manejaban la información de los hechos cotidianos de las veredas, con el fin de comunicar a la comandancia guerrillera cualquier situación, que a su juicio fuera anómala o extraña.
El gobierno, por su parte, también diseñó una estrategia para recuperar información de inteligencia militar, pero en esta ocasión utilizando directamente a civiles. Recién posesionado como presidente, Álvaro Uribe Vélez expidió el decreto 3222 de 2002 el cual crea las «redes de apoyo y solidaridad ciudadana» definidas como:
El conjunto de actividades organizadas, canalizadas y lideradas por la policía nacional, con la finalidad de captar información sobre hechos, delitos y conductas que afecten o puedan afectar la tranquilidad y seguridad, aprovechando los recursos técnicos y humanos que poseen las personas naturales o jurídicas que prestan los servicios [de seguridad privada de carácter público o privado, comunitarios de vigilancia, entre otros] a que se refiere el decreto-ley 356 de 1994. (Presidencia, 2002)
Estas redes surgen con el fin de obtener y canalizar información “ágil, veraz y oportuna que permita prevenir, evitar y disminuir la realización de hechos punibles, en especial los relacionados con el terrorismo” (Presidencia: 2002, Decreto 3222). Las personas jurídicas debían entregar información relacionada con su personal para construir la base de datos de las redes de cooperantes e informantes y recibir capacitación por parte de la Policía Nacional para el adecuado suministro de información (Muñoz, 2014). En el marco del programa se creó un «Manual de la Red de Cooperantes» el cual recopila la doctrina, lo estandariza a nivel nacional, brinda directrices en cuanto a los coordinadores de red de informantes y establece cómo desarrollar el trabajo de la Red. El Huila fue uno de los primeros departamentos donde el gobierno implementó de forma inmediata la red de cooperantes. Justificando las permanentes acciones de la insurgencia en los municipios, la entonces Ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez mencionaba:
Trataremos de llegar en esa zona a 30.000 cooperantes en el curso de las próximas semanas, esa es la tarea en la que ya está trabajando el comandante de la Brigada en el área. La titular de la cartera de Defensa justificó la medida, al señalar que la población civil es objeto de permanentes acciones de la insurgencia con el ataque a cuarteles y cascos urbanos, así como el plagio con fines extorsivos (El nuevo siglo, 3 de septiembre de 2002).
Los resultados no se hicieron esperar. Para inicios de 2003 los medios de comunicación reportaban la captura de alias JJ y César, jefes de finanzas del frente 66 “Joselo Lozada” que operaba en la zona rural del occidente de Neiva, especialmente en las veredas de Aipecito, Chapinero y San Luis (Caracol Radio, 14 de febrero de 2003). En el mismo sentido, para octubre de ese año se reportaba la baja del segundo al frente de la columna móvil Teófilo Forero, Edgar Gustavo Navarro alias el mocho, que coordinaba operaciones en el corregimiento de Vegalarga y a quien las autoridades le sindicaban el secuestro del avión que transportaba al ex congresista Gechen Turbay, la casa-bomba, en la que intentaron atentar contra el entonces presidente Uribe y haber apoyado en la inteligencia para el secuestro masivo en el edificio de Miraflores, Neiva (El Tiempo, 21 de octubre de 2003). En las dos notas periodísticas referenciadas se argumenta que estos triunfos del Ejército en su lucha contra la insurgencia, obedecieron al apoyo de la red de informantes y cooperantes. Las noticias regionales informaban constantemente sobre las presuntas capturas de guerrilleros y los frustrados atentados de la guerrilla en Neiva en el marco de la política de la red de informantes y cooperantes.
Desde el punto de vista teórico, el manejo de la información y los trabajos de inteligencia local, son fundamentales para que uno de los bandos triunfe en la guerra. Según refiere Fernando Estrada Gallego, en su texto La información y el rumor en zonas de conflicto:
La confrontación directa entre tropas enemigas va precedida regularmente por operaciones de inteligencia con informantes capacitados para ofrecer detalles que permiten reducir riegos. La información constituye una pieza clave para comprender la vida en una localidad; generalmente se la usa con la finalidad de reconocer aspectos relevantes sobre recursos económicos, contratos, funcionarios e inversiones. Pero la información ha servido además para identificar perfiles de la población y características de los cargos de poder en el gobierno, sus alcances y sus límites. Los agentes de conflicto utilizan la información que pueden obtener con la finalidad de imponer sobre la población normas, hábitos de conducta, amenazas o castigos, hasta culminar en homicidios y masacres (Estrada: 2013, p. 45)
En la búsqueda de la información, el control de la región y los rumores sobre la vida cotidiana de las personas se cometieron las mayores violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la zona, al tiempo que se incrementó el desplazamiento y el abandono forzado de predios.
Son diversas las tareas de colaboración y recolección de información utilizadas en Neiva por las estructuras de las FARC. Entre otras, encontramos: compilar datos con nombres-características y seleccionar a las potenciales víctimas (enemigos de la causa), entre informantes o, en algunos casos, objetivos estratégicos que se tenían que usar selectivamente con el único fin de expulsar a los contrarios y «colaborar» con la entrega al grupo guerrillero de los hijos a «la causa» (Kalyvas, 2010).
La forma en la que operó el Frente 17 en Vegalarga (oriente de Neiva) tuvo características similares a los practicados por el Frente 66 Joselo Lozada (occidente). La colaboración que pretendían los frentes guerrilleros e incluso el Ejército por parte de los campesinos, violó abiertamente el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario. En esa medida, la negativa de los pobladores a acceder a lo que las FARC consideró un «favor», derivó en la estigmatización a la población civil como «sapos» o «contrarios a la causa» por parte de este grupo.
En el marco de la guerra sin cuartel entre las FARC y las Fuerzas Armadas, la organización guerrillera llevó a cabo su IX Conferencia. En abril de 2007, la comandancia subversiva decidió realizar el encuentro de forma virtual por medio del envío de informes de cada Bloque sobre el análisis de unas tesis centrales, la situación de las regiones y la relación entre la guerrilla y la población civil.
En esta Conferencia las FARC reconoció el maltrato a la población civil dada por la guerrilla, consideró el reclutamiento como delito y el control a los milicianos, pues se observó un «exceso de autoridad» frente a la población civil. Observemos algunos apartes de los informes solicitados a la Fiscalía General de la Nación en el marco de la investigación:
Elaborar estatutos, reglamentos y normas internas para las milicias populares por Ahora… La mayoría de asambleas propusieron la superación, del mal trato a la población civil, el sometimiento de toda la comandancia y la guerrillera da en general a la subordinación, el cumplimiento de planes, determinaciones, orientaciones y ordenes de organismos superiores (Fiscalía Nacional: 2006, p. 378).
5. Que el intento de homicidio en compañeros o gente de las masas, pase a ser delito. 6. [L]a violación de las normas de reclutamiento pase a ser delito (Fiscalía Nacional: 2006, p. 376).
Mejorar nuestro comportamiento con la población civil: controlar los ajusticiamientos, hay mucho miliciano y guerrilleros sin experiencia excediéndose en autoridad (Fiscalía Nacional: 2006, p. 381).
7. Realizar mejor la inteligencia financiera para no equivocarnos en las retenciones y cobro de impuestos. 8. Mayor control al trabajo de las milicias que muchas veces nos han desprestigiado. 9. elevar el abandono de tropas, el intento de homicidio y las conversaciones por radio con desconocidos a la categoría de delitos. Sancionar ejemplarmente la violación a las normas de reclutamiento (Fiscalía Nacional: 2006, p. 383).
Al igual que en la VIII Conferencia, en la reunión general de 2007 las FARC plantean la necesidad de mejorar el comportamiento con la población civil, sin embargo, en la práctica, cada vez fue más hostil la relación guerrilla-campesinos. En el acápite siguiente, se describe la manera en que las FARC utilizaron el territorio y regulaba el acceso a la tierra en Neiva.
En conclusión, se observa el reconocimiento propio de la violencia causada por la guerrilla de las FARC-EP, siendo un escenario propicio para la necesidad de un cese de hostilidades hacia la población civil, priorizando escenarios proclives al diálogo y la reconstrucción del tejido social, destruido por el incesante enfrentamiento que desangraba a la comunidad y que profundizaba la animadversión de los pobladores hacia esa guerrilla.
Desde 2010, el conflicto en Neiva se concentró en la zona rural de Vegalarga, el cual es de estratégico control para la insurgencia, pues comunica a San Vicente del Caguán con Neiva por la vía Balsillas que atraviesa cerca al corregimiento. Aunque en el occidente de Neiva, el frente 66 mantuvo su presencia armada, ésta fue reducida debido al asedio del Ejército y al número de bajas que sufrió este frente. Para noviembre de 2010, en combates con el Ejército murió alias Vladimir, el segundo al mando del Frente 66 Joselo Lozada, encargado de los anillos de seguridad del extinto jefe guerrillero Alfonso Cano (La Nación. 13 de noviembre de 2010, p. 16A). El 21 de marzo de 2011, en operaciones militares en el sector de Chapinero –zona rural de Neiva- fue dado de baja el comandante del Frente Joselo Lozada, alias Jerónimo Galeano, quien además era el líder guerrillero del Comando Conjunto Central Adán Izquierdo (El Nuevo Día. 21 de marzo de 2011, p. 8A).
En mayo de 2013, murió un guerrillero de esta estructura en operativo militar; al tiempo, fueron «recuperados» cuatro menores de edad, quienes habían sido reclutados por los subversivos en enero de 2013. Según comentó el comandante del Ejército encargado de la operación, los menores «nos dijeron que estaban en las filas (de las FARC) forzados… la presión militar les permitió volarse y entregarse a las tropas» (La Nación. 25 de mayo de 2013, p. 32). La última acción militar en contra del frente 66 que se registró, fue la muerte del comandante alias Pedro Nel en un operativo del Ejército en marzo de 2015 (El Nuevo Día. 25 de marzo de 2015, p. 8A). Alias Pedro Nel fue referenciado por algunas de las víctimas entrevistadas como el directo responsable del abandono forzado de sus predios. Estos golpes militares a la estructura guerrillera fueron definitivos para reducir los abandonos forzados de campesinos en la zona rural del occidente de Neiva.
Por su parte, en Vegalarga (oriente de Neiva) el poderío militar del frente 17 se incrementó por medio de un constante asedio a las Fuerzas Armadas y las consecuentes repercusiones a la población civil. A mediados de agosto de 2010, las FARC realizaron un ataque con explosivos a una caravana del Ejército, la cual dejó cuatro militares heridos (El Heraldo, 15 de agosto de 2010, p 6B). Un bulto de plátanos y naranjas con explosivos que el frente 17 de las FARC dejó sobre la vía principal del caserío, fue el artefacto con el que atentaron contra los militares (La Nación, 15 de agosto de 2010, p. 4A y 5A). Según se relata en la noticia, el «bulto-bomba» fue dejado en la «casa del cafetero Efraín López» (La Nación. 15 de agosto de 2010, p. 4A y 5A) hecho que involucra a la sociedad civil en el conflicto.
Para diciembre de 2010, el Frente 17 de las FARC activó un carro-bomba frente a la estación de policía de la población de Vegalarga, el cual dejó un número indeterminado de muertos y ocho policías heridos (El Nuevo Siglo. 1 de diciembre de 2010, p C6). La misma estructura guerrillera utilizó una carga explosiva de alto poder en una camioneta de transporte interveredal, para realizar el atentado contra la estación de policía (El País. 1 de diciembre de 2010, p. A12). En declaraciones del entonces Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, “…la gravedad de la explosión ha hecho que solamente queden restos humanos irreconocibles en la zona y por eso no podemos precisar el número de víctimas de esta acción terrorista de las FARC” (El Espectador. 1 de diciembre de 2010, p. 28).
Para 2011, el frente 17 continuó ensañándose contra la Fuerza Pública y la población de Vegalarga. El 24 de marzo la policía desactivó de manera controlada una camioneta con 120 kilos de nitrato de amonio. En la desactivación se afectó el colegio, la iglesia y al menos 12 viviendas de la localidad (El Tiempo. 24 de marzo de 2011, pp. 1-5).
Tan grave era la situación de conflicto en Vegalarga que el gobierno, por medio del Ministro de Defensa, anunció que la Fuerza Pública se mantendría en la zona y se reforzaría. “Por primera vez en la historia, el gobierno tocó las puertas de Vegalarga, corregimiento huilense perdido en la cordillera oriental que ha sido víctima de más de 20 ataques de las FARC” (El Tiempo. 31 de marzo de 2011, pp. 1-6).
El despliegue que propuso el Ministro de Defensa se percibió en una mayor presencia del ejército en el corregimiento. A pesar del reforzamiento militar propuesto por el gobierno, las FARC en agosto del mismo año dejaron incomunicados a los habitantes de Vegalarga con la cabecera municipal de Neiva, al atravesar en la vía una «chiva-bomba». Según lo registraron los medios de comunicación, “una ‘chiva’ al parecer cargada con explosivos por la guerrilla de las FARC y pintada con la palabra ‘peligro’ tiene en zozobra y aislados a los habitantes del corregimiento de Vegalarga con la ciudad de Neiva” (La Nación, 11 de agosto de 2011, p. 2). El bus fue interceptado por guerrilleros del frente 17 quienes obligaron al conductor y pasajeros a abandonar el vehículo, posteriormente lo cargaron con explosivos y lo dejaron en la vía (La Nación, 11 de agosto de 2011, p. 2). En septiembre del mismo año, la misma estructura guerrillera atravesó un camión cargado de explosivos en la carretera Balsillas que comunica a Neiva con San Vicente del Caguán, muy cerca de Vegalarga. Luego de realizar los protocolos de seguridad, la policía por medio de un helicóptero intentó llegar a la zona, pero fue hostigado por algunos subversivos (La Nación, 20 de septiembre de 2011, p. 32).
Como consecuencia de esta serie de atentados con carros y paquetes bombas, se produjo el desplazamiento de algunos campesinos. Continuando con los hechos de violencia, observamos que a pesar de la tregua firmada por el gobierno y la insurgencia, para mediados de 2014 se mantuvieron las acciones guerrilleras del frente 17 con miras a limitar la producción y comunicación entre la zona urbana de Neiva y el corregimiento de Vegalarga. La incineración de un vehículo que transportaba pipetas de gas, que realizaba el trayecto de Neiva hasta San Antonio de Anaconia y Vegalarga, generó la parálisis en el transporte a las zonas rurales y a los municipios del nororiente del Huila; debido a esto las autoridades se vieron en la obligación de realizar un Consejo de Seguridad en el cual el alcalde señaló que 100 hombres del Ejército reforzarían los corregimientos y veredas (La Nación. 27 de agosto de 2014, p. 2).
En el mismo sentido, para inicios de marzo de 2015 dos integrantes del Frente 17 lanzaron una granada contra uniformados que se encontraban en un puesto de control en Vegalarga, del cual resultaron 2 uniformados heridos; esta acción guerrillera fue denunciada por la quinta División del Ejército, señalando que el frente 17 habría violado la tregua con el atentado mencionado (La Nación. Marzo 1 de 2015, p 31). Según el Ejército, “con este hecho las FARC estarían violando el acuerdo de cese al fuego unilateral, teniendo en cuenta que además del atentado con granada, sostuvieron combates con tropas de la Quinta División y la Novena Brigada del Ejército” (La Nación. 7 de marzo de 2015, p. 3); incluso este atentado guerrillero llevó a que el ministro de Defensa denunciara ante la opinión pública el incumplimiento por parte de las FARC, al respecto señaló:
yo no entro a evaluaciones de orden político en ese caso. Las cosas son concretas y la información es como es. Hace un par de semanas en la estación de policía de ese municipio, dos policías fueron heridos y les robaron un fusil. (El Heraldo. 9 de marzo de 2015, p 3B)
Aunque los niveles de violencia han disminuido sustancialmente y los ataques de las FARC no se han presentado desde 2015, el 14 de mayo de 2017 se escucharon varios disparos contra la parte trasera de la estación de policía de Vegalarga y luego los uniformados respondieron, al parecer fueron dos sujetos los que atacaron la estación. El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva señaló que no fue un hostigamiento a la estación, pero “se entiende la alarma suscitada por el hecho, debido a los antecedentes que ha tenido Vegalarga con todo el historial de guerra que vivió” (La Nación. 14 de mayo de 2017). En indicaciones realizadas por el Representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, al parecer se trata del inicio de un “plan pistola en Vegalarga, corregimiento de Neiva (Huila). Allí solamente han delinquido las FARC” (La Nación. 14 de mayo de 2017).
En el marco de los atentados en Vegalarga también se evidenció la disputa que las FARC empezaron a tener con las Juntas de Acción Comunal (JAC), realidad que devino en amenazas y señalamientos a los presidentes de algunas JAC que contrariaron las «orientaciones» impartidas por los comandantes guerrilleros. Hacia finales de agosto de 2010 la prensa registró el asesinato de un líder comunal; el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Anacleto García fue asesinado por heridas de arma de fuego por desconocidos (La Nación, 30 de agosto de 2010, p 32). A pesar de que no se pudo determinar los autores del homicidio, las FARC sí desarrollaron acciones de desplazamiento y amenazas en contra de algunos líderes que no acogían sus directrices.
Las amenazas y desplazamientos a líderes sociales y a presidentes de JAC fueron constantes en la zona de Vegalarga. Este fenómeno obedecía a que los presidentes de JAC en situaciones concretas podían desafiar el poder local de la organización guerrillera. En efecto, la existencia de normas escritas o no escritas que definieran las faltas, conflictos y procedimientos de la justicia practicadas por las JAC, podían entrar en contradicción con las directrices impuestas por la guerrilla en territorios determinados. Las «normas de convivencia» eran reglas cardinales de observancia general para garantizar el orden (castigos al homicidio, al hurto, etc) y la seguridad de la guerrilla (castigo al “sapeo”, a los informantes y colaboradores del Ejército, etc).
Estas reglas que originalmente surgieron de las prácticas de la justicia guerrillera eran verbales; con el paso de los años, a inicios de la década pasada empezaron a aparecer por escrito firmadas por cada frente; según refiere Mario Aguilera, estas normas fueron de dos clases:
de un lado, las que contenían un listado de prohibiciones y penas, a veces manuscritas, sobre diversas materias o sobre materias especializadas, por ejemplo, sobre el medio ambiente; de otro lado, las más elaboradas que contenían una parte emotiva y una parte resolutiva, al estilo de las sentencias estatales (Aguilera: 2014, p. 433)
A pesar que las JAC participaban en la elaboración o reformulación de las «normas de convivencia», había directrices que las FARC les exigían a los presidentes de Junta que iban en contravía con sus funciones y el cumplimiento de las normas.
El relacionamiento y en ocasiones la imposición que las FARC establecía a las JAC en la zona rural, a inicios de la presente década se trasladó al ámbito urbano. La instrumentación de la JAC para imponer orientaciones o tomar decisiones que eran propias de la comunidad se empezó a reflejar algunas JAC de barrios de invasión del perímetro urbano de Neiva.
Finalizada la zona del Caguán, la capital del Huila se convirtió en escenario de constantes extorsiones a la población civil. La «vacuna», como le ha denominado la insurgencia al cobro extorsivo, fue la fuente principal de ingresos de las FARC. Tanto el Frente 17 en el oriente de Neiva, como la Columna Móvil Teófilo Forero en la zona urbana de Neiva utilizaron esta fuente de ingresos para financiar la guerra. A inicios de la presente década la extorsión era tan común en Neiva que el establecimiento que no cancelara sufría un atentado explosivo.
En la primera semana de 2011 se presentaron tres atentados y la desactivación de dos artefactos explosivos en la ciudad. El comandante de policía manifestó que estos hechos fueron cometidos por las FARC y obedecieron a las presiones del pago de «extorsiones» y «vacunas»; al respecto señaló: “estos atentados obedecen cuando algunos empresarios y personas se resisten al pago de las vacunas, milicianos realizan un llamado de atención” (La Nación, 3 de enero de 2011, p. 15A). El oficial también hizo un llamado al gremio del comercio para que no acceda a las pretensiones de la guerrilla, al tiempo que mencionó que durante el 2010 en la capital huilense la agrupación insurgente perpetró atentados contra ferreterías, hoteles y apuestas de chance.
En mayo de ese mismo año, la prensa titulaba «Continúan Bombazos-Extorsivos en Neiva», señalando que la Columna Móvil Teófilo Forero había vuelto costumbre que al no pago de las extorsiones, utilizaba artefactos explosivos para presionar los desembolsos de dinero. En el balance realizado a mayo se observa que son 10 las acciones perpetradas por la Teófilo Forero a los comerciantes que se negaron a pagar. Entre las entidades que fueron afectadas ese año se encontraba Coagrohuila, Hielos 1A, Casa de la Pintura, y Ferretería Mundial (La Nación, 11 de mayo de 2011, p. 8A).
Las acciones extorsivas se fueron ampliando a sectores de la población como pequeños comerciantes y microempresarios. En julio de 2012, presuntamente las FARC atentaron contra una tienda ubicada en un barrio subnormal del sur de Neiva al parecer para el pago de una extorsión. Contra el “Autoservicio La Gaitana” ubicado en la comuna 7 fue lanzada una granada de fragmentación desde una motocicleta en movimiento que dejó vidrios rotos y esquirlas en las paredes. Este atentado dejó muchas dudas al Gaula pues según las labores preliminares no pudieron establecer si detrás del hecho estaría la delincuencia común o el grupo guerrillero de las FARC (La Nación, 14 de julio de 2012, p. 32).
Para el 2014, previo a la tregua unilateral anunciada por las FARC, la Columna Móvil Teófilo Forero realizó una última arremetida contra la población civil exigiendo el pago de las «vacunas». En efecto, para julio de ese año alias “Fabián”, jefe de finanzas de la Teófilo Forero, realizó varios atentados contra comerciantes de Neiva. En una reunión del Consejo Gremial del Huila se determinó que alias Fabián citaba a los comerciantes de Neiva a zonas rurales del Caquetá para acordar con ellos el pago, quienes no asistían o no cancelaran sufrían los atentados. Las autoridades manifestaron que el jefe insurgente está ofreciendo el 10% de las extorsiones cobradas a los milicianos que den información sobre potenciales víctimas (La Nación, 28 de julio de 2014, p 28).
Desde finales de 2014 la columna Teófilo Forero no ha llevado a cabo extorsiones y secuestros en Neiva. Sin embargo, la secuela que dejó esta práctica fue asumida por bandas de delincuencia común que continúan la extorsión y el secuestro como negocio ilícito para lucrarse. Por ejemplo, en marzo de este año fue capturada una banda de presuntas extorsionistas que operaban en Neiva, las cuales fueron acusadas por la Fiscalía de los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión.
Por medio de llamadas, la banda se hacía pasar como integrantes de grupos armados al margen de la ley como las FARC o paramilitares, para que las victimas les entregaran dinero. En la comunicación exigían la compra de medicamentos para combatientes que se encontraban heridos; “sin embargo, tras las amenazas e intimidaciones le exigían [a la víctima] que ante la urgencia, fuera consignado dinero a la supuesta enfermera para que esta se encargara de la compra de la medicina” (La Nación. 3 de marzo de 2017). Los extorsionistas contaban con la complicidad de delincuentes recluidos en centros penitenciarios, configurándose la «extorsión carcelaria». Las consecuencias que trajo consigo la escalada extorsiva de las FARC en Neiva durante el primer lustro de la presente década, continúan evidenciándose en la actualidad por vía del fortalecimiento de bandas de delincuencia común que exigen dinero a comerciantes y pobladores, haciéndose pasar por disidentes de la guerrilla u organizaciones paramilitares.
La escalada de las acciones insurgentes se observa como una presión ejercida por grupos armados al margen de la ley y que tienen el sentido beligerante de amedrentar a la población civil en búsqueda de recursos financieros que mantengan su obrar, dejando una perspectiva bastante negativa de un grupo guerrillero que se encontraba en un proceso de diálogos de paz.
Sin embargo, es típico de los procesos de paz que haya retrocesos en cuanto al recrudecimiento de la violencia, por lo consiguiente se auspicia un escenario en el cual haya diferentes consecuencias, que en principio se develan a lo largo del documento, pero que a su vez, determinan los paradigmas que han gobernado el conflicto armado colombiano.
Como se pudo observar en la investigación, finalizada la zona de distensión a inicios de 2002, las FARC dejan de ser un actor hegemónico en la región, razón por la que Neiva empieza a ser un territorio en disputa con las Fuerzas Armadas del Estado colombiano. Esta situación entre actores armados repercutió en afectaciones y violación de derechos de los pobladores del municipio. Se evidenció, por parte de las FARC, un incremento en el reclutamiento de los hijos de los campesinos, factor que obligó a abandonar los predios a varias de las familias víctimas del conflicto armado; entretanto, a algunas de las víctimas cuyos hijos fueron vinculados al ejército (voluntaria o involuntariamente), la guerrilla les exigió que abandonaran los predios por considerarlos informantes de las Fuerzas Armadas.
A pesar que las FARC, por su presencia histórica en la región, logró mantener el dominio sobre el acceso, distribución y producción de la tierra, las dinámicas impositivas sobre la población repercutieron en el abandono forzado de los predios de varios campesinos de la zona. Como se pudo establecer, Neiva fue un municipio en el que la dinámica del conflicto tuvo una escalada en las últimas dos décadas, principalmente por presencia tres bloques de las FARC: en la zona occidente, que comprende los corregimientos de Chapinero, Alpecito, el Diamante, San Luis, entre otros, hizo presencia el Comando Conjunto Central Adán Izquierdo, por intermedio de su Frente 66 Joselo Lozada; en el oriente, especialmente en el corregimiento de Vegalarga –límites con San Vicente del Caguán-, la estructura que más influencia tuvo fue el frente 17 Angelino Godoy, que hace parte del Bloque Oriental. Entretanto, en la zona urbana de Neiva, la Columna Móvil Teófilo Forero del Bloque Sur incidió en la mayoría de las acciones guerrilleras, especialmente en los secuestros y las extorsiones a comerciantes y políticos.
Otro de los factores que influyó en que los campesinos abandonaran sus predios fue la disputa en el poder local que mantuvo las FARC con las Juntas de Acción Comunal. En estos escenarios, los comandantes de las FARC exigieron a los presidentes de JAC realizar acciones que atravesaban el ámbito de lo legal, situación que no fue aceptada por los líderes sociales viéndose en la necesidad de desplazarse por amenazas de algunos comandantes de la organización guerrillera.
En definitiva, la presencia de guerrilla en Neiva se evidenció tanto en la parte urbana, como en la rural. Los excesos cometidos por las estructuras de las FARC hacia la población civil repercutieron en el desplazamiento de los campesinos; no obstante, esta violencia se incrementó con la puesta en marcha de la política de Seguridad Democrática que financió el programa de informantes y cooperantes durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez; la respuesta de la FARC fue incorporar a sus filas un mayor número de milicianos para disputarle al gobierno la información y el control sobre la población, situación que devino en violaciones a los derechos de los habitantes del municipio y consecuentes desplazamientos forzados.
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Fuente: Red Nacional de Información. Fecha de corte. 1 de mayo de 2018.
4 La zona de
distensión se creó en noviembre de 1998 y entró en efecto en enero de
1999. Comprendió una extensión de 42.000 kilómetros cuadrados y estuvo
conformada por los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y
Vista Hermosa en el departamento del Meta, y por San Vicente del Caguán en
el departamento del Caquetá.