Juan Carlos Monedero1
DOI: 10.17533/udea.esde.v75n166a01
1 Miembro del Comité Científico de la Revista Estudios de Derecho adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, España. Correo electrónico:juancarlos.monedero@gmail.com ORCID: 0000-0002-5566-9655
La cartelización de los partidos políticos expresada por Katz y Mair (1995), así como el proceso de parlamentarismo racionalizado (Vergottini de, 1983) (que ha ido dando de manera creciente más tareas a los Ejecutivos en detrimento de los Parlamentos), tiene como una de sus consecuencias una mayor inclinación en las democracias liberales a la corrupción. Esto tiene que ver con al menos cuatro aspectos.
Por un lado, el que en el sistema política cartelizado el ganador nunca gana todo y el perdedor nunca se queda sin nada, de manera que todos los partidos que están dentro del sistema político apuestan por el pacto porque tienen razones para mantenerse dentro del juego político. Una derivada de este compromiso institucional tiene que ver con lo que expresó Maurice Duverver hace medio siglo: un diputado de extrema izquierda tiene más que ver con un diputado de extrema derecha que con sus propias bases. La conclusión es que hay una serie de acuerdos entre los partidos que se turnan en tareas de gobierno en las democracias liberales que pasa por no perseguir al anterior por casos de corrupción. Como si perder las elecciones fuera el precio que se paga por una mala gestión del dinero público. Y así se garantiza que ese comportamiento será recíproco llegado el caso.
En segundo lugar, hay que considerar lo que Huntington, Crozier y Watanuki propusieron en su libro de 1975 La crisis de la democracia. En este informe a la Comisión Trilateral, estos autores planteaban la necesidad de poner freno a lo que llamaban “exceso de democracia”. Uno de los remedios para ese mal consistía en financiar pública y privadamente a los partidos políticos para evitar que los militantes determinaran la línea ideológica del partido. Al emancipar las campañas electorales de la tarea de los militantes, siempre más orientados ideológicamente que los cuadros, se lograba acercar las líneas del partido a posiciones sistémicas. De alguna manera, todos los partidos políticos de la democracia liberal tienden hacia el centro en las campañas electorales pues es el lugar donde menos se molesta al votante y, por tanto, menos se arriesga. Pero la separación del militante de la gestión de los partidos, crecientemente funcionarizados, hacía que se perdieran los controles internos dentro de las propias fuerzas partidistas. Desaparecía lo que O’Donnell llamaba accountability horizontal(1997), esto es, la rendición de cuentas cotidiana que los votantes, y más en especial los militantes, hacían sobre los dirigentes y su patrimonio.
En tercer lugar, la primacía del ejecutivo en los actuales Estados de partidos implica un evidente debilitamiento del Estado de derecho al debilitarse la tarea del Parlamento y del poder judicial (García Pelayo, 1986; 1986 b). En el caso del poder judicial el proceso es más complicado al ser un ámbito donde la democratización iniciada con los procesos de transición de los años setenta y ochenta no ha llegado a todo el colectivo de jueces y fiscales. Además de que la selectividad estratégica del Estado opera en el ámbito de las leyes de manera especialmente rígida.
La judicialización de la política en las democracias liberales es una expresión de ese debilitamiento de la división de poderes, de la misma manera que el papel creciente de los grandes litigios nacionales e internacionales de tipo económico construye una vinculación muy estrecha entre la judicatura y los grandes bufetes de abogados –las puertas giratorias entre la justicia y el ejercicio privado de la abogacía- que debilitan la defensa de los intereses nacionales de los Estados y facilitan el comportamiento de las empresas multinacionales o de las grandes empresas nacionales. Dependiendo de los países, no es extraño ver ámbitos del poder judicial plegados a intereses políticos concretos, por lo general vinculado a partidos políticos conservadores, si bien se identifica también esa parcialidad desde algunos Gobiernos regidos por partidos que se reclaman de izquierda.2
Por último, los procesos de privatización del sector público vinculados al modelo neoliberal, así como la globalización de la economía han abierto posibilidades de negocio ilegal, que nacen de una autorización política, por lo general gubernamental. Las privatizaciones han generado enormes oportunidades de negocio al desmantelarse los monopolios estatales y dejar enormes lagunas legales así como ámbitos de mercado a ocupar. El otorgamiento de las oportunas licencias por parte del poder político han abierto presiones por parte de intereses económicos que tienen como destinatarios los funcionarios públicos de los que depende la decisión. Lo mismo ocurre con todos los rescates bancarios o con contratos blindados con empresas ligadas a la financiación ilegal de los partidos.
La vinculación entre el crimen organizado y la corrupción no es menos evidente. No solamente por la protección pública a mafias, paramilitares y bandas internacionales de todo tipo, sino porque el tipo de negocio supranacional que desató la economía globalizada y financiera hacía que el dinamismo de los ámbitos ilegales desbordara la capacidad estatal para controlarlo. La mayor capacidad de actuación al no tener que respetar las leyes, la desinhibición a la hora de ejercer la violencia, la mayor movilidad internacional, la capacidad de contratar los más eficaces –y costosos- bufetes de abogados nacionales e internacionales, así como la capacidad de contratar a los gerentes más eficaces con nacionalidad y movilidad internacionales ha situado a los estados nacionales en una situación de indefensión que debilita aún más su capacidad de tener recursos para financiar su funcionamiento.
Otro ángulo de este crimen internacional muy vinculado al modelo neoliberal tiene que ver con lo que David Harvey ha llamado acumulación por desposesión–la recuperación de las herramientas de la acumulación originaria- y que tiene a la guerra, tanto comercial y financiera como tradicional, como la principal herramienta del mismo (Harvey 2004). Las guerras se han convertido en oportunidades de negocio que, además, están vinculadas al deep State, esto es, a ese ámbito del Estado opaco y ajeno a cualquier control bajo la excusa de la guerra contra el terrorismo, el secreto de Estado, las tareas de contrainteligencia o la salvaguarda de los intereses económicos nacionales. Todos los procesos de compra de armas están ligados a tareas de lobby con sus correspondientes comisiones. E igualmente, el control del crédito por parte de unos pocos organismos financieros internacionales hace que los Estados, siempre necesitados de fondos, tengan mayores tentaciones para caer en las trampas que ponga el país o la empresa que asegure financiación, crédito, obras, o intercambios sin necesidad de dinero -petróleo, minerales, gas a cambio de bienes manufacturados-, etc.
La conclusión de este escenario es devastadora para la democracia, toda vez que la corrupción rompe los principales acuerdos de la convivencia democrática en prácticamente todos los órdenes sociales. Rompe la idea de igualdad cuando quiebra el principio de libre competencia empresarial, permitiendo a algunos grupos eludir la búsqueda de competitividad sustituyéndola por los acuerdos políticos. Rompe la igualdad en los procesos electorales, ya que permite a los partidos corruptos una financiación ilegal que les ayuda a ir “dopados” a la competición electoral. La corrupción debilita el sistema judicial cuando lo penetra, generando indefensión jurídica en la ciudadanía y lo mismo ocurre cuando afecta al ejército o a la policía, ciudadanos armados que usan su monopolio de la violencia física no para hacer cumplir la Constitución sino para usos espurios y arbitrarios. La corrupción aumenta las desigualdades, tanto porque genera enriquecimientos enormes como porque debilita la capacidad económica del Estado para redistribuir la renta. Por último, la corrupción genera anomia. ¿Por qué tendrían los ciudadanos que cumplir las leyes cuando los funcionarios públicos, el gobierno, los partidos, oficiales y grandes empresarios no las cumplen? La desafección ciudadana bebe en buena medida de la corrupción, por lo que combatirla, en tiempos donde muchos comportamientos sociales la alimentan, es una obligación para que la respuesta a la crisis de la democracia liberal no sea la negación de la democracia.
La corrupción se señala siempre como aquel comportamiento que vulnera la ley por parte de funcionarios públicos con vistas a obtener algún tipo de beneficio. La corrupción, sin embargo, tiene dos ámbitos que son legales pero nocivos para la ética pública. Por un lado, la frivolización de la corrupción o el uso interesado por parte de los medios. La corrupción puede ser minimizada o construida como un escándalo por parte de los medios de comunicación, vinculados a los grandes grupos económicos y a los partidos sistémicos dentro de cada país. En América Latina y también en Europa y Estados Unidos hemos visto que la crisis de los partidos políticos tradicionales generadas por gobiernos de cambio ha sido confrontada por los medios convertidos en el principal partido de la oposición a los gobiernos de Kirchner, Da Silva, Correa, Morales, Chávez, Clinton, Obama, Rodríguez Zapatero, Tsipras, etc. El caso del grupo Clarín en Argentina es emblemático, pero es el mismo comportamiento de CNN en español o de las principales cabeceras en todos los países. La corrupción está vinculada a la idea de escándalo de una manera contradictoria, ya que son los medios los que tienen la capacidad de ocultar un caso de corrupción o maximizar un error hasta convertirlo en un asunto público. Al tiempo, la publicación de más casos de corrupción, que generan alarma social, no son sino una señal de que la corrupción se persigue. La desaparición en los medios del periodismo de investigación –que es caro- y su sustitución por chivatazos, casi siempre interesados, no ayuda a la defensa de la democracia frente a esta amenaza.
Por último, la corrupción tiene una manifestación contradictoria cuando un comportamiento ilegítimo y visto como corrupto pasa a estar legalizado. Las desregulaciones liberales han ido en esa dirección. Y lo mismo ocurre con las tierras robadas y todos los procesos de desposesión.
En conclusión, la pregunta acerca de si la corrupción es el lubricante de las democracias liberales es pertinente. Sólo la elección de Donald Trump en los Estados Unidos ha generado una alarma académica acerca de la crisis de la democracia liberal, como si las gestiones de Reagan, Clinton, Bush y Obama fueran ejemplos virtuosos de comportamiento democrático (pensemos simplemente en las ejecuciones extrajudiciales autorizadas por los Presidentes norteamericanos o su apoyo a guerras de conquista). Es igualmente pertinente notar que los actores políticos y sociales poco comprometidos con la democracia encuentran en los mecanismos de la corrupción la posibilidad de jugar con las cartas marcadas (Levitsky, 2018; Castells, 2017; Harari, 2018; Mounk, 2018). En los tiempos del Lawfare, donde la judicatura puede jugar un papel arbitrario a favor de intereses particulares, la defensa del Estado de derecho, de la independencia judicial y de la transparencia y pluralidad de los medios de comunicación –incluido el big data y las redes sociales- se convierte en una de las más urgentes medidas para defender las democracias.
Castells, M. (2017). Ruptura. La crisis de la democracia liberal. Madrid. Alianza Editorial.
Crozier, M., Huntington, S. & Watanuki, J. (1975). The crisis of democracy. Report On the Governability of Democracies to the Trilateral Commission. New York. New York University Press.
García Pelayo, M. (1986). Las transformaciones del Estado contemporáneo. Madrid. Alianza Editorial.
García Pelayo, M (1986 b). El Estado de partidos. Madrid. Alianza Editorial.
Harvey, D. (2004). El Nuevo imperialismo. Madrid, Akal.
Katz, R. & Mair, P. (1995). Changing Models of Party Organization and Party Democracy. The Emergence of the Cartel Party, Party Politics, vol.1, nº 1.
Levitsky, S. (2018). ¿Cómo mueren las democracias? Madrid, Ariel.
Mounk,Y. (2018). El pueblo contra la democracia: Por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla. Barcelona. Ariel.
O’Donnell, G. (1997). Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires. Paidós.
Vergottini de, G. (1983). Derecho constitucional comparado. Madrid. Espasa Calpe.
2 En las elecciones en Brasil de octubre de 2018, que ganó Jair Bolsonaro, fue determinante en la victoria del candidato de extrema derecha que el candidato del PT, Lula Da Silva, fuera encarcelado. Antes de su apresamiento, la intención de voto de Lula Da Silva era de más de 30 puntos respecto de Bolsonaro. Después de la victoria, el juez Moro, que había encarcelado a Da Silva en un proceso muy contestado por los juristas brasileños, fue nombrado por el Presidente Bolsonaro Ministro de Justicia e Interior, pese a que había manifestado, en las discusiones del apresamiento de Da Silva, que no tenía ningún interés en la política. Desde el ámbito de la izquierda, Venezuela es señalada frecuentemente como un país donde no funciona el Estado de derecho. En cualquiera de estos casos, parece necesario que funcionaran organismos supranacionales con credibilidad –que la OEA ha perdido por su beligerancia– para garantizar las bases democráticas en la región.
Juan Carlos Monedero
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3 Member of the Scientific Committee of the journal Estudios de Derecho.
The cartelization of the political parties expressed by Katz and Mair (1995), as well as the process of rationalized parliamentarism (Vergottini 1983) (which has been increasingly giving more tasks to the Executives to the detriment of the Parliaments), has as one of its conclusions a greater inclination in the liberal democracies to corruption. This has to do with at least four aspects.
On the one hand, in the cartelized political system the winner never wins everything and the loser never remains without anything, then all parties that are within the political system are committed to the pact because they have reasons to stay within the political game. A derivative of this institutional commitment has to do with what Maurice Duverver expressed half a century ago: a deputy from the extreme left has more to do with a deputy from the extreme right than with his own bases. The conclusion is that there is a series of agreements between the parties that take turns in tasks of government in the liberal democracies that passes by not persecuting the former president due to cases of corruption. As if losing the elections was the price paid for mismanagement of public money. And thus it is guaranteed that this behavior will be reciprocal if necessary.
Second, we must consider what Huntington, Crozier and Watanuki proposed in their 1975 book The crisis of democracy. In this report to the Trilateral Commission, these authors raised the need to curb what they called “excess of democracy”. One of the remedies for this evil was to publicly and privately finance the political parties to prevent the militants from determining the ideological line of the party. By emancipating the electoral campaigns from the task of the militants, always more ideologically oriented than the cadres, it was possible to bring the lines of the party closer to systemic positions. In a way, all the political parties of liberal democracy tend towards the center in electoral campaigns because it is the place where the voter is least annoyed and, therefore, less risk. But the separation of the militant from the management of the parties, increasingly functionalized, led to the loss of internal controls within the party forces themselves. What O’Donnell called horizontal accountability (1997) disappeared, that is, the daily accountability that the voters, and more especially the militants, made about the leaders and their patrimony.
Third, the primacy of the executive in the current party States implies a clear weakening of the rule of law as the task of Parliament and the judiciary weakens (García Pelayo 1986, 1986b). In the case of the judiciary, the process is more complicated as it is an area where the democratization started with the transition processes of the seventies and eighties has not reached the whole group of judges and prosecutors. In addition to that the strategic selectivity of the State operates in the field of laws in a particular rigid manner.
The judicialization of politics in liberal democracies is an expression of this weakening of the division of powers, in the same way that the growing role of large national and international economic disputes builds a very close link between the judiciary and the big law firms- the revolving doors between justice and the private practice of the legal profession- that weaken the defense of the national interests of States and facilitate the behavior of multinational companies or large national companies. Depending on the countries, it is not strange to see areas of the judicial power folded to specific political interests, usually linked to conservative political parties, although that bias is also identified from some governments ruled by parties that claim to be leftist4.
Finally, the processes of privatization of the public sector linked to the neoliberal model, as well as the globalization of the economy, have opened possibilities for illegal business, which arise from a political authorization, usually governmental. Privatizations have generated enormous business opportunities by dismantling state monopolies and leaving huge legal gaps as well markets areas to occupy. The granting of the appropriate licenses by the political power has opened pressures on the part of economic interests that have as recipients the public officials on whom the decision depends. The same applies to all bank rescues or armored contracts linked to the illegal financing of political parties.
The link between organized crime and corruption is no less obvious. Not only for the public protection of mafias, paramilitaries and international gangs of all kinds, but also because the type of supranational business unleashed the globalized and financial economy, made by the dynamism of the illegal spheres exceed the State’s capacity to control it. The greater ability to act by not having to respect the laws, disinhibition when exercising violence, greater international mobility, the ability to hire the most effective –and expensive- national and international firms, as well as the ability to hiring the most effective managers with international citizenship and mobility has placed the national States in a situation of defenselessness that further weakens their capacity to have resources to finance their operation.
Another angle of this international crime closely linked to the neoliberal model has to do with what David Harvey (2004) called accumulation by dispossession –the recovery of the tools of original accumulation- and that has war, both commercial and financial, as the main tool of it. Wars have turned into business opportunities that, besides, are linked to the deep State, that is, to that area of the opaque State and alien to any control under the excuse of the war against terrorism, the State secret, the tasks of counterintelligence or the safeguarding of national economic interests. All weapons purchase processes are linked to lobbying tasks with their corresponding commissions. And likewise, the control of credit by a few international financial organizations means that States, always in need of funds, have greater temptations to fall into the traps set by the company that guarantees financing, credit, works, or exchanges without the need for money –oil, minerals, gas in exchange for manufactured goods-, etc.
The conclusion of this scenario is devastating for democracy; since corruption breaks the main agreements of democratic coexistence in practically all social orders. It breaks the idea of equality when the principle of free enterprise competition breaks down, allowing some groups to avoid seeking competitiveness by substituting it for political agreements. It breaks the equality in the electoral processes, since it allows the corrupt parties and illegal financing that helps them to go “doped” to the electoral competition. Corruption weakens the judicial system when it penetrates, generating legal defenselessness in the citizenship and the same occurs when it affects the army or the police, armed citizens who use their monopoly of physical violence not to enforce the Constitution but for spurious and arbitrary uses.
Corruption increases inequalities, both because it generates enormous enrichment and because it weakens the State’s economic capacity to redistribute income. Finally, corruption generates anomie. Why would citizens have to comply with the laws when public officials, government, parties, official and big business do not comply? Citizen disaffection largely draws on corruption, so combating it, in times where much social behavior feed it, is an obligation so that the response to the crisis of liberal democracy is not the negation of democracy.
Corruption is always referred to as the behavior that breaches the law on the part of public officials with a view to obtaining some kind of benefit. Corruption, however, has two areas that are legal but harmful to public ethics. On the one hand, the frivolization of corruption or the interested use by the media. Corruption can be minimized or constructed as a scandal by the media, linked to large economic groups and systemic parties within each country. In Latin America and also in Europe and the United States we have seen that the crisis of the traditional political parties generated by governments of change have been confronted by the media converted into the main opposition party to the governments of Kirchner, Da Silva, Correa, Morales, Chávez, Clinton, Obama, Rodríguez Zapatero, Tsipras, etc. The case of the Clarín group in Argentina is emblematic, but it is the same behavior of CNN in Spanish or the main headers in all countries. Corruption is linked to the idea of scandal in a contradictory way, since it is the media that have the ability to hide a case of corruption or maximize an error until it becomes a public issue. At the same time, the publication of more cases of corruption, which generate social alarm, are only a sign that corruption is being persecuted. The disappearance in the media of investigative journalism –which is expensive- and its replacement by snitches, almost always interested, do not help the defense of democracy in the face of this threat.
Finally, corruption has a contradictory manifestation, when illegitimate behavior seen as corrupt becomes legalized. Liberal deregulations have gone in that direction. And the same happens with the stolen lands and all the processes of dispossession.
In conclusion, the question of whether corruption is the lubricant of liberal democracies is relevant. Only the election of Donald Trump in the United States has generated an academic alarm about the crisis of liberal democracy, as if the efforts of Reagan, Clinton, Bush and Obama were virtuous examples of democracy behavior (think simply of authorized extrajudicial executions by the American Presidents or their support for wars of conquest). It is equally pertinent to note that political and social actors little committed to democracy find in the mechanisms of corruption the possibility of playing with marked cards (Levitsky, 2018; Castells, 2017; Harari, 2018; Mounk, 2018). In the times of Lawfare, where the judiciary can play an arbitrary role in favor of particular interests, the defense of the rule of law, judicial independence and the transparency and plurality of the media –including big data and social networks- becomes one of the most urgent measures to defend democracies.
Castells, M. (2017). Ruptura. The crisis of liberal democracy. Madrid. Alianza Editorial.
Crozier, M., Huntington, S. & Watanuki, J. (1975) The crisis of democracy. Report On the Governability of Democracies to the Trilateral Commission. New York. New York University Press.
García Pelayo, M (1986 b) The State of parties. Madrid. Alianza Editorial.
García Pelayo, M. (1986). The transformations of the contemporary State. Madrid. Alianza Editorial.
Harari, Y.N. (2018). 21 lessons for the 21st century. Barcelona. Debate.
Harvey, D. (2004). The new imperialism, Madrid, Akal.
Katz, R. & Mair, P. (1995) Changing Models of Party Organization and Party Democracy. The Emergence of the Cartel Party, Party Politics, vol.1, nº 1.
Levitsky, S. (2018) How do democracies die?, Madrid, Ariel.
Mounk,Y. (2018) The people against democracy: Why our freedom is in danger and how to save it. Barcelona. Ariel.
O’Donnell, G. (1997) Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires. Paidós.
Vergottini de, G. (1983). Comparative constitutional law. Madrid. Espasa Calpe.
4 In the elections in Brazil in October 2018, which Jair Bolsonaro won, it was decisive in the victory of the far-right candidate that the PT candidate, Lula Da Silva, was imprisoned. Before his arrest, Lula Da Silva’s intention to vote was more than 30 points for Bolsonaro. After the victory, Judge Moro, who had imprisoned Da Silva in a very contested trial by Brazilian jurists, was appointed by president Bolsonaro Minister of Justice and Interior, although he had stated, in the discussions of the arrest of Da Silva, who had no interest in politics. From the perspective of the left, Venezuela is frequently identified as a country where the rule of law does not work. In any of these cases, it seems necessary to operate supranational bodies with credibility –which the OAS has lost due to its belligerence- to guarantee de democratic foundations in the region.
Juan Carlos Monedero5
5 Membro do Comitê Científico Revista Estudios de Derecho.
A cartelização dos partidos políticos expressa por Katz e Mair (1995), bem como o processo de parlamentarismo racionalizado (Vergottini, 1983) (que tem dado, de forma crescente, mais tarefas aos Executivos em detrimento dos Parlamentos), tem como uma de suas conclusões uma maior inclinação à corrupção nas democracias liberais. Isto tem a ver com pelo menos quatro aspectos.
Por um lado, o fato de que no sistema político cartelizado o ganhador nunca ganha tudo e o perdedor nunca fica sem nada, de modo que todos os partidos que estão dentro do sistema político apostam pelo pacto porque têm razões para manter-se dentro do jogo político. Uma derivada deste compromisso institucional tem a ver com o que expressou Maurice Duverver há meio século: um deputado de extrema esquerda tem mais a ver com um deputado de extrema direita do que com as suas próprias bases. A conclusão é que existe uma série de acordos entre os partidos que se revezam em tarefas de governo nas democracias liberais que passa por não perseguir o anterior por casos de corrupção. Como se perder as eleições fosse o preço a pagar por uma má gestão do dinheiro público. E assim garante-se que esse comportamento será recíproco se for o caso.
Em segundo lugar, é preciso considerar o que Huntington, Crozier e Watanuki propuseram em seu livro de 1975 A Crise da Democracia(1975). Neste relatório à Comissão Trilateral, estes autores propunham a necessidade de pôr termo ao que chamavam de "excesso de democracia". Um dos remédios para esse mal consistia em financiar pública e privadamente os partidos políticos para evitar que os militantes determinassem a linha ideológica do partido. Ao emancipar as campanhas eleitorais da tarefa dos militantes, sempre mais orientados ideologicamente que os quadros, conseguia-se aproximar as linhas do partido de posições sistemáticas. De alguma maneira, todos os partidos políticos da democracia liberal têm uma orientação ao centro nas campanhas eleitorais, pois é o lugar onde menos é incomodado o votante e, por tanto, menos se arrisca. Mas a separação do militante da gestão dos partidos, crescentemente funcionarizados, fazia com que se perdessem os controles internos dentro das próprias forças partidistas. Desaparecia o que O'Donnell chamava de accountability horizontal(1997), isto é, a prestação de contas cotidiana que os votantes, e mais especialmente os militantes, faziam sobre os dirigentes e o seu patrimônio.
Em terceiro lugar, a primazia do executivo nos atuais Estados de partidos implica um evidente enfraquecimento do Estado de direito ao tornar-se fraca a tarefa do Parlamento e do poder judicial (García Pelayo, 1986; 1986b). No caso do poder judicial o processo é mais complexo ao ser um âmbito onde a democratização iniciada com os processos de transição dos anos setenta e oitenta ainda não chegou a todo o coletivo de juízes e procuradores. Além disso, a seletividade estratégica do Estado opera no âmbito das leis de maneira especialmente rígida.
A judicialização da política nas democracias liberais é uma expressão desse enfraquecimento da divisão de poderes, da mesma forma que o papel crescente dos grandes litígios nacionais e internacionais de tipo econômico constrói uma ligação muito estreita entre a magistratura e as grandes firmas de advogados -as portas giratórias entre a justiça e o exercício privado da advocacia- que enfraquecem a defesa dos interesses nacionais dos Estados e facilitam o comportamento das empresas multinacionais ou das grandes empresas nacionais. Dependendo dos países, não é raro observar âmbitos do poder judicial submetidos a interesses políticos concretos, em geral vinculado a partidos políticos conservadores, embora identifica-se também essa parcialidade desde alguns Governos regidos por partidos que se dizem de esquerda6.
Finalmente, os processos de privatização do setor público vinculados ao modelo neoliberal, bem como a globalização da economia abriram possibilidades de negócio ilegal, que nascem de uma autorização política, geralmente governamental. As privatizações geraram grandes oportunidades de negócio após serem desmantelados os monopólios estatais e deixar enormes lacunas legais bem como âmbitos de mercado a ocupar. A concessão das oportunas licenças pelo poder político abriram pressões por parte de interesses econômicos que têm como destinatários os funcionários públicos de quem depende a decisão. O mesmo ocorre com todos os resgates bancários ou com contratos blindados com empresas ligadas ao financiamento ilegal dos partidos.
A ligação entre o crime organizado e a corrupção não é menos evidente. Não só pela proteção pública de máfias, paramilitares e gangues internacionais de todo tipo, mas também porque o tipo de negócio supranacional que desencadeou a economia globalizada e financeira fazia com que o dinamismo dos âmbitos ilegais desbordasse a capacidade estatal para controlá-lo. Com uma maior capacidade de atuação, ao não ter que respeitar as leis, a desinibição no momento de exercer a violência, a maior mobilidade internacional, a capacidade de contratar as mais eficazes -e caras- firmas de advogados nacionais e internacionais, bem como a capacidade de contratar os gerentes mais eficazes com nacionalidade e mobilidade internacionais colocou os estados nacionais em uma situação de vulnerabilidade enfraquecendo ainda mais a sua capacidade de ter recursos para financiar o seu funcionamento.
Outro ângulo deste crime internacional muito ligado com o modelo neoliberal tem a ver com o que David Harvey chamou de acumulação por desapossamento -a recuperação das ferramentas da acumulação originária- e que tem na guerra, tanto comercial e financeira quanto tradicional, a sua principal ferramenta (Harvey 2004). As guerras se tornaram oportunidades de negócio que, adicionalmente, estão ligadas ao deep State, isto é, àquele âmbito do Estado opaco e alheio a qualquer controle sob o pretexto da guerra contra o terrorismo, o segredo de Estado, as tarefas de contrainteligência ou a salvaguarda dos interesses econômicos nacionais. Todos os processos de compra de armas estão ligados a tarefas de lobby com as suas correspondentes comissões. E, além disso, o controle do crédito por umas poucas instituições financeiras internacionais faz com que os Estados, sempre carentes de fundos, tenham maiores tentações para cair nas armadilhas do país ou da empresa que garantir um financiamento, crédito, obras ou intercâmbios sem necessidade de dinheiro -petróleo, minerais, gás em troca de bens manufaturados-, etc.
A conclusão deste cenário é devastadora para a democracia, pois a corrupção rompe os principais acordos da convivência democrática em praticamente todas as estruturas sociais. Rompe a ideia de igualdade quando quebra o princípio de livre concorrência empresarial, permitindo a alguns grupos eludir a busca de competitividade substituindo-a pelos acordos políticos. Rompe a igualdade nos processos eleitorais, pois permite aos partidos corruptos um financiamento ilegal que os ajuda a ir "dopados" à competição eleitoral. A corrupção enfraquece o sistema judiciário quando o penetra, gerando vulnerabilidade jurídica na cidadania e o mesmo ocorre quando afeta as forças armadas ou a polícia, cidadãos armados que usam o seu monopólio da violência física não para fazer cumprir a Constituição, mas sim para usos espúrios e arbitrários. A corrupção aumenta as desigualdades, tanto porque gera enriquecimentos enormes como porque enfraquece a capacidade econômica do Estado para redistribuir a renda. Por último, a corrupção gera anomia. Por que deveriam os cidadãos cumprir as leis quando os funcionários públicos, o governo, os partidos, oficiais e grandes empresários não as cumprem? A desafeição cidadã bebe, em grande medida, da corrupção, por isso combatê-la, em tempos em que muitos comportamentos sociais a alimentam, é uma obrigação para que a resposta à crise da democracia liberal não seja a negação da democracia.
A corrupção é apontada sempre como aquele comportamento que vulnera a lei por parte de funcionários públicos com o objetivo de obter algum tipo de benefício. A corrupção, no entanto, tem dois âmbitos que são legais, mas prejudiciais à ética pública. Por um lado, a frivolização da corrupção ou o uso interessado pela mídia. A corrupção pode ser minimizada ou construída como um escândalo pela mídia, vinculada aos grandes grupos econômicos e aos partidos sistêmicos dentro de cada país. Na América Latina e também na Europa e nos Estados Unidos vemos que as crises dos partidos políticos tradicionais geradas por governos de câmbio têm sido confrontadas pela mídia, transformada no principal partido da oposição aos governos de Kirchner, da Silva, Correa, Morales, Chávez, Clinton, Obama, Rodríguez Zapatero, Tsipras, etc. O caso do grupo Clarín na Argentina é emblemático, mas é o mesmo comportamento da CNN em espanhol ou dos principais cabeçalhos em todos os países. A corrupção está ligada à ideia de escândalo de uma maneira contraditória, pois é a mídia quem tem a capacidade de ocultar um caso de corrupção ou de maximizar um erro até torná-lo um assunto público. Ao mesmo tempo, a publicação de outros casos de corrupção, que geram alarme social, são apenas um sinal de que a corrupção é perseguida. O desaparecimento na mídia do jornalismo de investigação -que é caro- e a sua substituição por furos, quase sempre interessados, não ajuda na defesa da democracia diante desta ameaça.
Por último, a corrupção tem uma manifestação contraditória quando um comportamento ilegítimo e visto como corrupto passa a ser legalizado. As desregulamentações liberais vão nessa mesma direção. E o mesmo fenômeno ocorre com as terras roubadas e todos os processos de desapossamento.
Em conclusão, a pergunta sobre se a corrupção é o lubrificante das democracias liberais é pertinente. Só a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos gerou um alarme acadêmico sobre a crise da democracia liberal, como se as administrações de Reagan, Clinton, Bush e Obama fossem exemplos virtuosos de comportamento democrático (pensemos simplesmente nas execuções extrajudiciais autorizadas pelos presidentes norte-americanos ou o seu apoio a guerras de conquista). Também é pertinente salientar que os atores políticos e sociais pouco envolvidos com a democracia encontram nos mecanismos da corrupção a possibilidade de jogar com as cartas marcadas (Levitsky, 2018; Castells, 2017; Harari, 2018; Mounk, 2018). Nos tempos do Lawfare, onde a magistratura pode ter um papel arbitrário em favor de interesses particulares, a defesa do Estado de direito, da independência judicial e da transparência e pluralidade da mídia -incluído o big data e as redes sociais- torna-se uma das mais urgentes medidas para defender as democracias.
Castells, M. (2017). Ruptura. La crisis de la democracia liberal. Madrid. Alianza Editorial.
Crozier, M., Huntington, S. & Watanuki, J. (1975). The crisis of democracy. Report On the Governability of Democracies to the Trilateral Commission. New York. New York University Press.
García Pelayo, M. (1986). Las transformaciones del Estado
contemporáneo. Madrid. Alianza Editorial.
García Pelayo, M (1986 b). El Estado de partidos. Madrid. Alianza
Editorial.
Harvey, D. (2004). El Nuevo imperialismo. Madrid, Akal.
Katz, R. & Mair, P. (1995). Changing Models of Party Organization and Party Democracy. The Emergence of the Cartel Party, Party Politics, vol.1, nº 1.
Levitsky, S. (2018). ¿Cómo mueren las democracias? Madrid, Ariel.
Mounk,Y. (2018). El pueblo contra la democracia: Por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla. Barcelona. Ariel.
O’Donnell, G. (1997). Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires. Paidós.
Vergottini de, G. (1983). Derecho constitucional comparado. Madrid. Espasa Calpe.
6 Nas eleições no Brasil em outubro de 2018, cujo vencedor foi Jair Bolsonaro, foi determinante na vitória do candidato de extrema direita o fato de que o candidato do PT, Lula da Silva, fosse preso. Antes da sua detenção, a intenção de voto de Lula da Silva era de mais de 30 pontos com relação a Bolsonaro. Depois da vitória, o juiz Moro, quem tinha encarcerado Lula da Silva em um processo muito contestado pelos juristas brasileiros, foi nomeado pelo Presidente Bolsonaro Ministro da Justiça e Interior, apesar de que tinha expressado, nas discussões do encarceramento de da Silva, que não tinha interesse algum em política. Desde o âmbito da esquerda, a Venezuela é apontada frequentemente como um país onde não funciona o Estado de direito. Em qualquer um destes casos, parece necessário que funcionassem órgãos supranacionais com credibilidade -que a OEA perdeu por causa de sua beligerância- para garantir as bases democráticas na região.