Introducción
El 21 de marzo “varios internos de la cárcel La Modelo -Bogotá- protestaron por las condiciones inhumanas y la falta de medidas sanitarias frente a la pandemia del COVID-19” (El Tiempo, 2020). Esto desencadenó una respuesta institucional con un saldo de 23 reclusos fallecidos y 83 heridos. Este hecho, en el marco de la crisis sanitaria por COVID-19, develó el problema estructural del sistema penitenciario, declarado como crisis carcelaria por el gobierno colombiano, ya que, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para el 14 de abril habían “112 establecimientos carcelarios en el país en los que el nivel de hacinamiento supera el 20%, otros 13 están por debajo de este porcentaje y apenas 7 tienen cupos disponibles”” (El Tiempo, 2020). Esto indica que, de una capacidad de 80.928, se atiende a una población reclusa de 120.242 personas.
Teniendo en cuenta el hacinamiento del 48 % (González, 2020) y ante la crisis por COVID-19, el gobierno colombiano, luego de varias peticiones de la sociedad civil y sectores académicos, el 14 de abril de 2020 promulgó el Decreto 546 que buscó la excarcelación y detención domiciliaria de población recluida bajo criterios de selección determinada. El decreto buscó beneficiar a cerca de 4.000 personas en condición de reclusión, pero esa cantidad se correspondería solo con el 12 % de ese 48 % de sobrepoblación la cual, al 19 de julio contaba con 1.700 casos positivos por COVID-19 (López, 2020).
Este debate no es nuevo. La Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia T-153 de 1998 alertó por la crisis del sistema penitenciario producto del hacinamiento. Para el 2013, en la Sentencia T-388 la misma Corte se refirió a la política criminal. Indicó que era reactiva, no apegada al contexto nacional y débil en la pretensión de resocializar a la población condenada. Su invitación fue al diseño de una política no reactiva sino preventiva. Por último, en el 2015 con la Sentencia T-762 se ratifica este argumento a partir de la identificación del diseño de la política criminal desde la dogmática sin el acompañamiento de estudios y aportes multidisciplinarios para su diseño.
La academia colombiana no ha sido ajena a esta situación. Se ha adelantado la discusión sobre la crisis del sistema penitenciario desde varias ópticas: la de la vulneración de derechos de la población carcelaria, el hacinamiento carcelario y sus efectos, y la eficacia del sistema penitenciario para responder a la demanda de justicia del país. Iturralde (2010) plantea la precaria situación de los centros carcelarios en Colombia pese a la inversión realizada por el Estado y la relación con el aumento del encarcelamiento no por razones del incremento de los delitos, sino por un control de la criminalidad basada en patrones de coerción de un sistema penitenciario de corte autoritarios por parte del gobierno nacional. Ariza e Iturralde (2011) plantean que, pese a los intentos de reformas al sistema penitenciario en América Latina basados en la reducción del aislamiento por vía del aumento de presiones, el sistema crece, pero no mejora su eficiencia, pasando por la violación de derecho humanos y ampliando los problemas internos de las presiones.
El trabajo de Gutiérrez (2014) indaga por la realidad de la justicia penal con base en la eficacia de la pena, evidenciando las contradicciones de las funciones punitivas; Tham (2014) sustentado en la revisión de los casos de Europa, plantea el éxito que han tenido las intervenciones preventivas del crimen y la institucionalización de políticas públicas de prevención de la criminalidad; Mariño (2014) en Colombia y Durán-Chavarría (2014) para Centroamérica, proponen la necesidad de una revisión de la justicia penal para menores de edad, dando prioridad a la justicia restaurativa y el cumplimiento de la normatividad internacional como garantía de derechos de esta población; Dalto (2014) propone la necesidad de conocer el derecho indígena y aprender de las lecciones para el diseño de políticas criminales. Finalmente, Abaunza et al. (2014) dan cuenta de las difíciles condiciones de la población carcelaria de adultos mayores, la vulneración de derechos y la necesidad de crear programas de intervención a esta población. Por último, en el texto de Gutiérrez y Olarte (2018), se generan reflexiones sobre las diferentes problemáticas que se experimentan al interior de las prisiones, que atentan contra los derechos de la población carcelaria y hacen la invitación a la reflexión sobre principios normativos, su aplicabilidad y el alcance de las medidas judiciales en estas crisis.
Bajo este contexto del caso colombiano se inscribe la siguiente investigación. No indaga específicamente por el análisis del sistema penitenciario y carcelario de Colombia, pero nace de ahí y tiene la pretensión de examinar los aportes de la academia a la comprensión de los retos o desafíos de las crisis carcelarias. En el mundo, aunque con mayor evidencia en América Latina, el hacinamiento en las cárceles es un problema extremadamente grave, ya que no solo está relacionado con el sufrimiento de las personas privadas de la libertad y la vulneración de sus derechos, sino con un problema latente: las crisis de los sistemas penitenciarios y las respuestas efectivas de la política criminal de cada Estado.
Las crisis de los sistemas penitenciarios que enfrenta el mundo, donde se incluye el hacinamiento, la sobrepoblación, la vulneración de derechos humanos al interior de las cárceles y la poca capacidad de la infraestructura penitenciaria son realidades irrefutables. Sin embargo, la mirada al tema no se agota ahí. El debate se ha centrado también en el rol de los Estados en cuanto a la atención a estas crisis. preguntas como: ¿Es efectiva la política criminal que siguen los países en crisis? ¿Qué arreglos institucionales deben hacer los Estados para atender estas crisis? Dan cuenta de ello.
El intento por responder a estos interrogantes ha guiado el diseño metodológico de esta revisión sistemática. En la búsqueda de criterios para iniciar el análisis, una revisión preliminar de los temas tratados por la academia sobre crisis carcelaria, política criminal y hacinamiento permite advertir la hoja de ruta de la revisión.
La Figura 1 es una red semántica de sentido construida en la primera revisión bibliográfica, que da cuenta de las conexiones entre los tres temas y permite identificar los criterios de búsqueda de la información. Tres temas de investigación se lograron reconocer: las situaciones dentro de los centros penitenciarios, las reformas propuestas a las políticas criminales y las oportunidades de mejora de los sistemas carcelarios. En este sentido, el objetivo de este artículo de revisión es indagar por estos debates e identificar los aportes que han realizado diversas investigaciones al dilema en el que se enfrentan los Estados para dar respuesta a la crisis carcelaria que experimentan: la reducción del hacinamiento carcelario y la eficiencia de la política criminal en materia de efectividad de los sistemas penitenciarios y la garantía de derechos humanos en los centros de reclusión.
Metodología
Para darle alcance al objetivo, se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos Scopus utilizando dos palabras clave: 1. criminal policy y 2. prison overcrowding. En la Figura 1, en la que se presenta el mapa de calor realizado con VOSviewer, se observan estas dos palabras y sus relaciones conceptuales más inmediatas y frecuentes.
La pesquisa arrojó un total de 393 documentos y se procedió a limitar la selección de referencias bibliográficas a partir de tres criterios. Primero, un período de referencia 1999-2019, que concentró el 79,4 % de la producción académica; conviene decir que existen referencias desde 1959. Como resultado de esta restricción, la nueva búsqueda redujo la consulta a 249 textos. Segundo, el área de conocimiento pertinente para la investigación. Si bien Scopus identifica diecinueve áreas de conocimiento, se seleccionaron solo los textos clasificados en ciencias sociales. Esta consulta tuvo como resultado 206 textos. Tercero, se consideraron los textos más citados y aquellos que tuvieran relación directa con los criterios de la investigación, ya que subáreas como contabilidad, administración, psicología y afines estaban incluidas en el reporte. De este modo, luego de la exclusión, se trabajaron 78 textos.
Una vez identificados, se procedió a sistematizarlos en una matriz de análisis diseñada en Microsoft Word para tal fin. El análisis se desarrolló luego de la lectura correspondiente a los criterios de resultados de cada investigación.
Resultados
Producto del análisis de los textos, nace la siguiente codificación, como modelo de interpretación de los resultados de la revisión, a partir de tres categorías de análisis: 1) desafíos del sistema carcelario y la política criminal, 2) la situación actual del sistema carcelario y el hacinamiento; y, por último, 3) las opciones de respuesta al sistema carcelario. Cada una de ellas cuenta con códigos los cuales permitieron el diseño del siguiente modelo explicativo:
Como se observa en la Figura 3, la producción académica agrupada en las tres categorías intenta desagregarse en códigos que incluyen temas específicos que han sido abordados por las investigaciones consultadas. La primera categoría se denomina “desafíos de la política criminal” y agrupa a aquellos textos que dan cuenta de los retos en materia de resocialización, el diseño de programas penitenciarios efectivos, el control a la reincidencia, el debate alrededor de la flexibilización punitiva y la privatización carcelaria. La segunda categoría se llama “factores endógenos de las crisis carcelarias” y devela los problemas estructurales estudiados dentro de las cárceles, y finalmente, la tercera da cuenta de las propuestas, los desafíos y retos del sistema de la política criminal y los aportes desde la academia al debate por la eficiencia del sistema carcelario.
Los desafíos de las políticas criminales
Al hablar de desafíos de las políticas criminales, el primer tema que se logra evidenciar está relacionado con la propuesta de recategorización de las penas. Autores como Daems (2008), para el caso belga; o Lurigio & Loose (2008), Alan (2011) y Barati (2019) en Estados Unidos, hacen esta invitación luego de investigar sobre el hacinamiento carcelario y la discusión alrededor de la compatibilidad de las penas y las víctimas de los casos. Bouagga (2014), Dubois & Vrancken (2015) y Schartmueller (2015) por su parte, advierten en la necesidad de eliminar la privación y el exceso en el uso de las cadenas perpetuas. Todas estas investigaciones concluyen que, si las políticas criminales logran un equilibrio en la discusión sobre las penas, el hacinamiento se podría reducir. Sin embargo, es evidente que no solo con la relaboración punitiva se reduciría la sobrepoblación de presos, pues una modificación al sistema carcelario sin considerar la reincidencia como un factor determinante en esta sobrepoblación, genera expectativa en cualquier discusión de reforma a políticas criminales o penales.
Sobre la reincidencia, las investigaciones de Kensey & Tournier (1999) y Nishi (2019) en Estados Unidos; y Bales, Burkes, Scaggs & Clark (2015), Marion (2002) y Drago, Galbiati & Vertova (2011) indagan por las estrategias de programas que buscan la reducción de la reincidencia en Europa, en especial en Francia e Italia, luego de analizar las causas de los altos casos de reincidencia producto de las fallidas políticas de intervención carcelaria y resocialización. Sobre esta última, quizá la categoría más sensible, que permite evaluar la eficacia de las políticas carcelarias, las investigaciones de Snyder, Van Wormer, Chadha & Jaggers (2009), Johnson (2009); Dünkel, Pruin, Storgaard & Weber (2018), Tulkens (2014), Jiménez (2017) y García & Domínguez (2016) coinciden en la necesidad de evaluar, reformular y proponer mecanismos de seguimiento a los programas de resocialización y reasentamiento, considerando los múltiples contextos de la población carcelaria y la inyección de recursos fiscales para ampliar la cobertura de esta atención; pues sin una eficiente resocialización no habría finalidad de justicia de las penas impuestas.
Algunos ejemplos de análisis de estrategias para mejorar las condiciones de resocialización son el fomento a los programas educativos con énfasis en aprendizajes para la vida (Rangel, 2019) y el fortalecimiento de entornos correctivos (Brown & Marusek, 2014) apoyados en prácticas de sociabilidad comunitaria apegados a prácticas de comunidades hawaianas , así como la propuesta de cuidado y el compromiso de trabajo colaborativo entre población penitenciaria en Inglaterra (Stewart, 2018), y el fortalecimiento de los lazos de solidaridad entre la población carcelaria, a partir de las condiciones socioeconómicas similares, adelantados en Italia (Santorso, 2015).
Finalmente, se advierte una línea de investigación que atina a proponer, como mecanismo para la reducción de la crisis de sobrepoblación carcelaria y la garantía de no vulneración de derechos, la privatización de los centros penitenciarios. A partir del caso israelí, Timor (2006); Schabbach (2020) para el brasilero y Price & Riccucci (2005) en Estados Unidos, se explora la eficacia en la reducción de las crisis de hacinamiento y conductas violentas luego de la implementación de administraciones militares o privadas de estos centros carcelarios. Esto, bajo la hipótesis de que la sobrepoblación, reincidencia y el crimen son producto de la misma lógica endógena de las prisiones y de la debilidad institucional para intervenir estos estos casos dentro de las mismas.
La crisis carcelaria y el hacinamiento: el problema endógeno
El anterior argumento, si bien es producto de los resultados de las investigaciones y se propone como una alternativa a debatir, permite develar los problemas endógenos que viven los centros de reclusión y que han llamado la atención de la comunidad académica. Se ha denominado endógeno siguiendo el argumento de Glazener & Nakamura (2020), quienes advierten la fuerte relación entre sobrepoblación y mala conducta dentro de los centros penitenciarios.
Siguiendo este argumento, el tema de condiciones violentas y su relación con el hacinamiento dentro de las cárceles es estudiado, en particular para América Latina, por Cabanillas (2012), Krüger, de Oliveira & Mariani (2018) y Limoncelli, Mellow & Na (2020). Para Italia, por Ricciardelli, Power & Medeiros (2018). Y para Estados Unidos, por Lurigio & Lurigio (2016), Guetzkow & Schoon (2015), y Erasmus & Hornigold (2015) y Paoline & Lambert (2012), quienes evidencian prácticas de violencia tanto de población penitenciaria, relacionadas con peleas entre grupos por control territorial de las cárceles, consumo de sustancias psicoactivas, así como también casos de violencia infringida por parte de actores institucionales. Estas prácticas, sumadas al contexto de sobrepoblación, se presentan como los retos susceptibles de intervención más inmediatos debido a la posible violación de Derechos Humanos, como lo evidencian en América Latina Matthews (2011) y Ungar & Magaloni (2009); y la posibilidad de generar conflictos endógenos de mayores proporciones.
La salud es un tema recurrente cuando se investiga por la crisis del hacinamiento carcelario. La salud mental, y en especial el suicidio, ocupa buena parte de la atención de las investigaciones revisadas. Estudios como los de Fritz et al. (2020) que advierten de los 1.324 suicidios en diez cárceles en América Latina. O van Ginneken, Sutherland & Molleman (2017) quienes analizan los casos en Inglaterra y Gales producto del hacinamiento; o Preti & Cascio (2006) y Franklin, Franklin & Pratt (2006) quienes dan cuenta de los comportamientos autolesivos producto de las crisis internas de las penitenciarías en Italia; o Duthé, Hazard, Kensey & Ké Shon (2009) en Francia y Rabe (2012) y Dye (2010) en Estados Unidos, por citar algunos ejemplos, coinciden en determinar no solo la necesidad de intervenir este fenómeno de manera médica sino también social. Programas de intervención psicosocial, ecológicos y de prevalencia, según las investigaciones, permitirían disminuir la incidencia de estos casos, así como determinar el acompañamiento y seguimiento a los casos de ideación suicida recurrente en las penitenciarías.
Por su parte, y continuando con los estudios sobre salud y hacinamiento carcelario, investigaciones como las de Hough, Allen & Solomon (2008), Spencer (2012) y Elger, Ritter & Stöver (2016) en Estados Unidos; Barsaglini, Kehrig & de Arruda (2015) en Brasil; y Sander & Lines (2016) en América Latina, advierten de las difíciles condiciones en las que vive la población carcelaria producto de la deficiencia en el sistema de atención en salud. Casos como VIH, hepatitis y tuberculosis son afecciones recurrentes y de difícil detección, con alta propagación debido a la sobrepoblación, el hacinamiento y los débiles sistemas de salud penitenciarios existentes.
Las opciones de respuesta al sistema carcelario
Considerando los problemas endógenos que se han identificado en las referencias bibliográficas consultadas, conviene iniciar señalando las estrategias que se proponen como opciones de respuesta al último de los problemas expuestos: el de salud, toda vez que, es un imperativo luego que el COVID-19 afectara también las prisiones del mundo. Ante estas situaciones, la excarcelación inteligente o liberación compasiva se ha propuesto como una solución al hacinamiento y a la reducción de costos de tratamientos de enfermedades crónicas de salud de la población penitenciaria.
Estados Unidos es quizá el contexto donde más referencias aparecen frente a esta alternativa. Las investigaciones de Pitts, Griffin & Johnson (2014), Sundt, Salisbury & Harmon (2016), Skinns (2016) y Holland, Prost, Hoffmann & Dickinson (2020), y Alexander, Allo & Klukoff (2020), han evaluado las iniciativas de liberación inteligente y compasiva de la población que presenta dificultad en sus condiciones de salud o enfermedades terminales. Igual conclusión se evidencian en los textos de Handtke, Wangmo, Elger & Bretschneider (2017) analizando esta circunstancia en Europa; Nunes (2015) en Brasil; Zevallos (2016) en Perú, y Skinns (2016) en América Latina.
Muy similar a esta propuesta, pero considerando no solo asuntos de salud o argumentos compasivos, sino la excarcelación por delitos menores, las investigaciones de Herzog-Evans (2019) en Francia y la propuesta de lanzamiento anticipado, Losier (2017) y el análisis de la ley y el orden en New York o Simon (2017) sobre la política de enjuiciamiento en Estados Unidos, los debates de la legislación belga evidenciados por Cliquennois & Herzog-Evans (2018) y la revisión de los casos de delitos menores en India adelantada por Saxena (2020), ponen sobre la mesa una propuesta al sistema carcelario ambiciosa como polémica, toda vez que, implicaría una revisión exhaustiva de los marcos normativos y penales y la reconfiguración de estrategias de seguimiento a la población que llegase a ser beneficiada, en procura de limitar la reincidencia en casos de sensible atención.
Sin duda, resulta una propuesta muy polémica, y más en medio de una pandemia, pero el control y seguimiento a estos casos es un desafío, y ante ello, la propuesta del monitoreo activo se convierte en una posible solución anticipada a esta situación. La gestión de estas alternativas de monitoreo es estudiada por Herzog-Evans (2020) en Brasil; así como también por Dünkel, Thiele & Treig (2017) en Alemania; Maes, Mine De Man & Van Brakel (2012); Maes & Mine (2013) y Beyens & Roosen (2017) en Bélgica; Simon (2018) en Estados Unidos, ven en los casos de monitoreo electrónico una medida eficaz para resolver los problemas de hacinamiento carcelario.
La última de las alternativas propuestas e identificadas tiene que ver con el fomento a la detención domiciliaria o la liberación condicional, e incluso de cumplimiento de las penas a partir de trabajo comunitario. Estas conclusiones se encuentran en las investigaciones de Plesničar (2012) y Meško, Fields & Smole (2011) para la revisión del caso en Eslovenia; en China la indagación de Jiang et al. (2014); Bonta & Gendreau (2019) y Zanis et al. (2003) en Estados Unidos; Di Vita (2020) y Gualazzi, Mancuso, & Mangiaracina (2012) en Italia; Maxfield & Baumer (1992) y Anagnostaki (2011) en Grecia. Todas estas investigaciones tienen un punto de inflexión en su análisis: propenden por la implementación de medidas. Si bien, estas alternativas pueden leerse como propuestas de reforma al sistema penitenciario sobre la base de atenciones efectivas desde la inmediatez de las crisis, giran alrededor de un diseño institucional que abogue por la prevención de los delitos como solución final a los problemas que las crisis penitenciales develan: la garantía de derechos, la reducción del hacinamiento y la resocialización efectiva de la población condenada.
Conclusiones
El hacinamiento en un fenómeno carcelario y una crisis por sí mismo, ya que es la cabeza de turco que devela problemas estructurales dentro de los centros de reclusión. Dentro de las cárceles, la problemática se puede explicar en tres vías. La primera, está relacionada con aquellos factores endógenos que complejizan las condiciones de vida de la población recluida. Las violencias vividas dentro de las cárceles por el control territorial, el consumo de sustancias psicoactivas y las riñas son factores que no son solo poco estudiados, sino poco intervenidos por la institucionalidad. La segunda vía está relacionada con las demandas por la garantía de derechos humanos. Casos de abusos de fuerza, violaciones a derechos y tratos indebidos han sido denunciados en no pocas oportunidades. La tercera está relacionada con la salud integral y la salud mental de la población recluida. Casos de pacientes con enfermedades crónicas sin atender, población sometida a contagios y el suicidio, son problemas que han sido intervenidos con mucha debilidad por los gobiernos.
Como soluciones a estos problemas, se advierte en la bibliografía consultada al menos cuatro propuestas o desafíos al sistema carcelario. El primero de ellos está relacionado con las propuestas por la reducción del hacinamiento por vía de la excarcelación inteligente o liberación compasiva, más usada en contextos de crisis de salud, como la vivida por la pandemia de COVID-19. El segundo, quizá el que más polémica puede generar, propugna por la efectividad de una reforma a la ponderación de la severidad de las penas. El tercero, se refiere a la reducción de la sobrepoblación por vía de la excarcelación monitoreada, no solo a través de dispositivos electrónicos, sino por mecanismos sociales de trabajo comunitario y, la última, por la reclusión domiciliaria. Estas dos últimas, son empleadas en muchos países y se encuentran en constante evaluación de eficacia.
Todas las propuestas, están soportadas en amplias y relevantes investigaciones en cada uno de los países de consulta. En América Latina, el desafío aún está latente. Implementar una o varias de las alternativas rastreadas, implica un rediseño institucional a la política criminal y a los sistemas penitenciarios, que, dicho sea de paso, urgen por soluciones efectivas a las crisis que cada día develan la fragilidad de la resocialización de la población carcelaria y la garantía de justicia plena de la sociedad. En suma, estas apuestas parecen ser de corte inmediato a las crisis, pero en esencia, conservan el espíritu de reforma institucional que da paso a la prevención de los delitos.