Recensión

Lorena Chano Regaña*

Criado de Diego, M. (2019).
Territorio y acceso a la justicia en el posconflicto colombiano. Estudio sobre la conflictividad y los mecanismos de resolución de conflictos en las zonas rurales de Guapi, Cauca.

Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
282 pp. ISBN 9789587902617

*  Lorena Chano Regaña (lorenachano@unex.es). Profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura (España). Doctora en Derecho Constitucional con mención internacional y premio extraordinario de Doctorado. Web of Science ResearcherID: AAA-9660-2019. ORCID: 0000-0002-7475-3852.


La obra recoge un estudio sobre la conflictividad y los mecanismos de resolución de conflictos en las zonas rurales de Guapi, Cauca (Colombia), a través de un trabajo de campo muy exhaustivo, que incorpora una metodología atípica en el ámbito de las ciencias jurídicas. El estudio integra el método territorial o espacial al plantear y analizar las problemáticas de acceso a la justicia y resolución de conflictos a partir de la realidad social vinculada al territorio (spatial turn). Ello en el contexto de posconflicto colombiano y de la implementación del Acuerdo de Paz, que se firmó el 24 de noviembre de 2016, para poner fin a más de cincuenta años de conflicto armado entre la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

La consideración del territorio como eje vertebrador del diagnóstico y de las propuestas sobre el acceso a la justicia parte de dos planteamientos problemáticos: primero, la ausencia o debilidad del Estado en las comunidades rurales, medidas a través de las dificultades de acceso a la justicia, en cuanto a garantía del poder del Estado; y, segundo, el vacío que dejan las FARC-EP como autoridad de hecho en las zonas rurales. Además, también tiene presente la diversidad con la que el conflicto armado y las economías ilegales han impactado en las distintas zonas.

Este método es acorde al enfoque territorial contemplado en el Acuerdo de Paz y desarrolla la línea de investigación iniciada en 2016 por el autor de la obra, el Dr. Marcos Criado de Diego, sobre la paz territorial. En este contexto puede leerse la obra dirigida por el autor en 2017: La paz en el territorio. Poder local y posconflicto en Colombia, editada por la Universidad Externado de Colombia. Y, dentro de la obra, el capítulo titulado “¿Qué es la paz territorial?”. También: “Hacer la paz en los lugares del conflicto. La paz territorial como eje central del proceso de paz en Colombia” (2018), en Memoria y justicia transicional en Europa y América Latina, editado por Comares.

La obra viene a concretar las investigaciones previas del autor, asentando la teoría general y abstracta de la paz territorial en una dimensión material, que permite medir y detectar las necesidades concretas de justicia en un determinado territorio y hacer propuestas de implementación de recursos acordes con las necesidades reales. La originalidad del estudio respecto a otros trabajos sobre la implementación del Acuerdo radica en que trasciende del análisis jurídico sobre las condiciones y consecuencias del Acuerdo a una realidad concreta acotada en un territorio específico: Guapi.

Guapi se presenta como una muestra idónea para el estudio de campo por diversas razones. En primer lugar, es una zona periférica, eminentemente rural, que escapa al poder de la fuerza institucional del Estado. En este municipio coexisten varias estructuras sociales derivadas de la concurrencia de distintos grupos armados de ideologías dispares. En segundo lugar, geográficamente es una localización estratégica a nivel de producción de recursos naturales, legales e ilegales y del narcotráfico. Y, por último, es un lugar habitado por afrodescendientes que tienen sus propios mecanismos de resolución de conflictos y su propia jurisdicción no reconocida dentro del pluralismo jurídico colombiano. Estas fórmulas consuetudinarias y tradicionales son propias de la comunidad afrodescendiente ligada al territorio y constituyen un sistema que, de alguna forma, hay que integrar en el modelo de protección y acceso a la justicia del Estado y que debe tener en cuenta el proceso de implementación de paz y de regeneración democrática del mismo. Estos mecanismos perviven con no pocas amenazas e inconvenientes por los propios factores que convergen en el territorio y por las consecuencias y efectos del posconflicto.

En particular, la obra se plantea tres preguntas: ¿Qué conflictos se producen en el municipio de Guapi e identifican como tales sus habitantes? ¿A qué mecanismos de resolución acuden, tanto de justicia formal como comunitarios o propios del territorio? Y ¿Cómo funcionan los mecanismos propios de resolución de conflictos? Para dar respuestas a estas preguntas y siguiendo el método indicado, el autor estructura la obra en cuatro capítulos precedidos de una introducción y terminando con un apartado de conclusiones y resultados.

El capítulo primero establece un marco teórico y metodológico de referencia a partir del concepto de territorio como producto social, aunando la clásica visión historicista con aquella que integra la ordenación del poder, la economía, las dinámicas de vida, la cultura y la idiosincrasia de la zona como proceso de transformación material del territorio. A continuación, en el capítulo se concreta cómo afectan las singularidades del territorio y el conflicto armado a la producción del orden social y al acceso a la justicia en las zonas rurales. Respecto al orden social, presenta una revisión sobre la construcción diacrónica del Estado, examinando los avatares históricos, políticos y jurídicos que han marcado la evolución de la tierra y explicando la desfragmentación y desarticulación del Estado a partir de factores diversos como las sucesivas ocupaciones de las áreas rurales por campesinado pobre, la desarticulación del poder a través de las lógicas del funcionamiento comunitario, las autoridades de facto de los grupos armados, la desigualdad, la violencia, las economías ilegales y el fracaso de planes y acciones políticas que no tuvieron en cuenta las singularidades vitales de los distintos territorios. La heterogeneidad del Estado se define a partir de las diferencias entre las zonas urbanas y las zonas rurales y periféricas, a donde no llega la fuerza institucional del Estado. En lo que respecta a la administración de justicia, se identifican como principales problemas de acceso: el miedo a denunciar y a que los responsables locales sean colaboradores de la guerrilla, la falta de apoyo institucional, la corrupción, el descrédito y la desconfianza en los mecanismos de justicia formal y la percepción de que los recursos comunitarios o las autoridades fácticas son mucho más eficaces y solventes a la hora de responder las demandas de justicia.

Una vez establecido el contexto y la situación material de las áreas rurales, el autor analiza la respuesta del Estado para acercar la administración de justicia a estas zonas. Primero, define el enfoque territorial exigido por el Acuerdo de Paz y por la Constitución colombiana de 1991, para después establecer unas consideraciones críticas sobre el sistema de administración de justicia basado en la oferta institucional. Las críticas, respaldadas en el estudio de campo, se resumen en que esta oferta es insuficiente, desarticulada y discriminatoria; además de no contemplar las necesidades de las personas; estar absolutamente desconectada de la realidad de la conflictividad en el territorio y no cumplir la función última de garantía del Estado, que debe tener todo sistema de justicia formal en un Estado de derecho.  El capítulo es pertinente y de gran utilidad para la comprensión de la obra en toda su amplitud, pues permite asentar la noción de heterogeneidad del Estado colombiano y aproximarse a las problemáticas apuntadas en la investigación.

El capítulo segundo singulariza al municipio de Guapi, precisando todas las características generales de los territorios rurales colombianos. La caracterización del municipio es muy completa, abarcando los aspectos históricos, geográficos, demográficos, sociales, económicos y la organización político-administrativa y financiera de la zona. Avanza ya a modo ilustrativo algunos de los resultados de la investigación, poniendo de relieve las carencias de servicios básicos y la especial vulnerabilidad de Guapi. Entre las características que distinguen a esta zona del Pacífico sur colombiano, se destacan el papel central del río como elemento estructurador de la vida económica, doméstica y sociocultural, las migraciones masculinas y el profundo abandono del Estado. Se alude también a la importancia de las mujeres en el tejido social asociativo y a las violencias específicas que estas sufren, de las cuales normalmente no queda registro. En este sentido, cabe destacar que la perspectiva de género está presente en toda la obra de forma transversal.

El capítulo tercero describe el trabajo de campo y la metodología aplicada, presentando los resultados sistematizados de forma cuantitativa sobre la conflictividad en Guapi sistematizados de forma cuantitativa. El objetivo es analizarlos de forma cualitativa en el cuarto y último capítulo, haciendo énfasis en los mecanismos de resolución de conflictos. El autor precisa el método de obtención de información: diversos tipos de encuestas a los principales representantes municipales, a las comunidades y a las personas y, además, consulta de datos estadísticos de fuentes nacionales oficiales; mapeo de la información; cruce de datos; y presentación de los resultados en las comunidades para discutirlos como si de un grupo focal se tratase. El cruce de datos entre las autoridades y las comunidades o individuos, su constatación con las fuentes estadísticas oficiales y la propia confrontación en las reuniones de presentación de resultados arrojan diversas contradicciones sobre la tipología de los conflictos.  Con base en la observación, las contradicciones pueden justificarse, según el autor, por dos motivos: uno, el mantenimiento del medio de subsistencia (pues, es llamativo que en las encuestas no se identificara conflictividad en relación con la minería, principal fuente económica de carácter ilegal);  y , dos, el miedo a hablar de la violencia de los actores armados, de los mineros y de la violencia contra las mujeres (ya que le resulta significativo también que apenas se identifiquen conflictos relacionados con la seguridad de las personas en el territorio). Especialmente relevante es la contextualización del miedo, la inseguridad y la incertidumbre que hace el Dr. Marcos Criado de Diego en este capítulo, donde además dedica especial atención a las situaciones de violencia contra las mujeres. Este tipo de violencias queda circunscrito al ámbito intrafamiliar y privado, sin que las comunidades intervengan ni existan apenas datos registrados de acceso a la justicia formal por estas causas. 

En el capítulo cuarto se exponen los resultados de la investigación sobre los mecanismos de resolución de conflictos, comparándolos con otros estudios en la materia realizados en Colombia. Marcos Criado analiza el conocimiento/desconocimiento de las instituciones de justicia formal, los instrumentos que se utilizan para resolver los conflictos y las autoridades deseadas para este fin por la comunidad. Se lleva a cabo una riquísima caracterización de los mecanismos comunitarios e informales de resolución de conflictos, su funcionamiento y su percepción por parte de los habitantes del territorio, aspecto este último donde se aprecia una ruptura generacional importante. La inactividad destaca como la primera fórmula de resolución, seguida de los mecanismos informales, como la conciliación privada, las autoridades comunitarias y la guerrilla. El sentimiento de grupo y la necesidad de mantener las fuentes y redes de subsistencia (principalmente ilegales), así como la desconfianza en el Estado y la experiencia de respuestas agresivas por parte de este, justifican que la justicia formal sea el último recurso al que se acuda.

Es decir, no existe ausencia de Estado, sino desarticulación, insuficiencia e ineficacia a la hora de dar respuesta a las necesidades del territorio. Este se percibe como una instancia para paliar los efectos de determinados conflictos más que como un mecanismo apto para la resolución. Especialmente destacable es el análisis del papel de los actores armados en la resolución de los conflictos y la situación de vacío en la que queda la comunidad tras la retirada de las FARC-EP, vacío que si la autoridad del Estado no es capaz de copar, terminará siendo ocupado por los actores de las economías ilegales a costa del territorio.

La obra termina con un apartado de conclusiones y recomendaciones, donde Marcos Criado aboga por la reevaluación de los sistemas locales de administración de justicia que conformen la dimensión formal y comunitaria a partir de un enfoque territorial, teniendo en cuenta las particularidades de la zona. Conforme a la experiencia y resultados de la investigación, el autor propone estrategias específicas para facilitar el acceso a la justicia, articular el caos imperante entre diversas instancias y fortalecer institucionalmente el Estado frente a los actores criminales que pueden ocupar el vacío dejado por las FARC-EP. Todo ello partiendo del Programa de Sistema Locales de Justicia promovido por el Ministerio de Justicia y de otros instrumentos normativos que han previsto fórmulas de justicia local.

Se destaca la originalidad de las propuestas finales y la rigurosidad del estudio de campo, así como el acierto en la aplicación del enfoque territorial al análisis jurídico, unido a la maestría con la que Marcos Criado expone los contenidos. Todo ello justifica que podamos afirmar, sin lugar a duda, que nos encontramos ante una obra excepcional. Territorio y acceso a la justicia en el postconflicto colombiano, del Dr. Marcos Criado de Diego, es todo un referente para los estudios territoriales, al establecer un marco teórico y metodológico novedoso y referencial en el abordaje de problemas jurídicos vinculados al territorio y visibilizar desde su vulnerabilidad el pluralismo jurídico de América Latina. A esto habría que añadir la relevancia de la investigación en el aspecto sociológico. La aplicación del enfoque territorial al análisis jurídico contribuye al conocimiento y estructura de la sociedad, arrojando resultados significativos también en el campo de la sociología. Lo atrayente del proyecto es que no se circunscribe a una teoría general y abstracta de la sociedad, sino que se acota en una comunidad de vida concreta: las zonas rurales fluviales del municipio de Guapi. En definitiva, la obra recensionada en estas líneas supone un importante aporte jurídico y sociológico para la academia y para los agentes públicos y operadores del derecho.