Lina Patricia Montoya Restrepo**
*Artículo de investigación, derivado de una tesis doctoral.
**Estudiante de doctorado en Medio Ambiente y Sociedad, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Correo electrónico: lpmontoy@unal.edu.co. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0092-1830
Resumen
El territorio del Bajo Cauca (Antioquia, Colombia), en las últimas décadas, ha sido foco de explotación de minerales, especialmente de oro, reproduciendo la variante más reconocible del extractivismo contemporáneo. Tales acciones conllevan confrontaciones entre grupos armados y de estos ante el Estado, que parece ausente ante una sociedad con grandes brechas de desigualdad.
La identificación de los conflictos socioambientales en la región del Bajo Cauca y los consiguientes obstáculos al desarrollo local facilita categorizar efectos presentes y futuros (amenazas y oportunidades) sobre los recursos territoriales para el desarrollo de la región. El presente texto aborda los conflictos socioambientales en el Bajo Cauca antioqueño desde la complejidad de su carácter estructural. La persistencia de patrones comunes permite agregarlos por categorías y subcategorías constitutivas del conflicto y las debilidades de las políticas públicas presentes/ausentes. Este análisis multiescalar y multifactorial facilita la identificación de pautas propositivas (que no su plasmación real) y el tratamiento positivo de los conflictos en esta zona.
Palabras clave: territorio, medioambiente, políticas públicas, conflicto armado, extractivismo.
Abstract
The Bajo Cauca region (Antioquia, Colombia) has been recently the focus of mineral exploitation, gold mainly, as a sample of the most visible variant of contemporary extractivism. Such actions lead to confrontations between armed groups and between armed groups and the Government, which seems to be absent in front of a society with large inequality gaps.
The identification of socio-environmental conflicts in the Bajo Cauca region and the resulting obstacles to local development, facilitates the categorization of present and future effects (threats and opportunities) on territorial resources for the development of the region. This text approaches socio-environmental conflicts in the Bajo Cauca region of Antioquia from the complexity of their structural character. The persistence of common patterns allows us to aggregate them by categories and subcategories that constitute the conflict and the weaknesses of present/absent public policies. This multi-scalar and multi-factorial analysis facilitate the identification of propositional patterns (but not their real embodiment) and the positive treatment of the conflicts in this area.
Keywords: territory, environment, public policies, armed conflict, extractivism.
En 2022, el presidente colombiano electo, Gustavo Petro, durante su primer discurso a la nación, dio a conocer algunas de sus principales promesas, entre ellas, resaltó la paz con justicia ambiental y acabar con las violencias, “para que la paz sea posible, tenemos que terminar de una vez y para siempre con seis décadas de violencia y conflicto armado”(El Tiempo, 2022) En esta misma dirección, Galtung (2003), habló de la paz como una ciencia social y como el único escenario para la solución de los conflictos, y en su sentido amplio la entendió como la disminución o la no existencia de cualquier tipo de violencia, ya sea de forma directa o indirecta, que vaya dirigida hacia la mente o el cuerpo de cualquier ser humano o ser viviente.
En esta lectura de la complejidad de alcanzar la paz se refuerza un sentido específicamente positivo de los conflictos. Al respecto Cooley (1910), considera que el conflicto es la fuerza vital de la sociedad, de donde proviene su verdadero progreso. Como parte de este tratamiento creativo de los conflictos socioambientales, en el Bajo Cauca se impone la urgencia de abrir un proceso de paz con las organizaciones del Estado, empresas mineras, grupos ilegales desmovilizados y sociedad civil a través de procesos de negociación en medio de las diferencias y los conflictos, teniendo como horizonte la verdad, la justicia ambiental y social, la reparación, no repetición y los intereses de todos los actores, que permitan el reconocimiento del otro como “enemigo justo” (Arendt, 1998), en particular los de la comunidad de la región bajocaucana.
A partir del objeto de estudio, los conflictos socioambientales en el Bajo Cauca y las subcategorías que se pueden establecer para su comprensión, se organizó y codificó la información recogida. Luego, se pasó a construir el argumento descriptivo y encontrar las tendencias de cada subcategoría. Esta descripción, análisis e interpretación posibilitó encontrar como hallazgo que los conflictos en el Bajo Cauca tienen un carácter estructural y de larga duración, sobre los que urge tratar en perspectiva multiescalar y con procedimientos aglutinadores por parte de la sociedad y actores afectados, amén de mecanismos y vías para observadores internacionales con un plan comprometido por las partes. Y ha de ser así, puesto que se afrontan múltiples conflictos, complejos, con diversas expresiones y procesos, cuyos análisis han permitido identificar características o elementos comunes (patrones), que en el tiempo manifiestan su dinamicidad y adaptación a la realidad interna y el contexto que los envuelve.
En Colombia, los estudios sobre el impacto de las distintas formas de extracción minera denotan la casuística variada en la que esta se realiza; las repercusiones son diferentes en los territorios en donde se hacen proyectos de explotación de recursos naturales no renovables. Algunos de estos estudios (publicaciones, informes administrativo-técnicos) aluden a la contaminación ambiental de modo generalizado, mientras otros se centran en la pérdida de biodiversidad, el deterioro del paisaje, la afectación de la salud humana, etc. hasta plantear problemáticas de inseguridad, que logran despertar el ánimo colectivo con manifestaciones (a veces conflictivas) en el interior de las comunidades.
Los protagonistas en todo el escenario de conflicto son diversos, resultando un territorio vasto donde la población civil se encuentra indefensa, las condiciones ambientales son perjudiciales para la vida, en su mayoría, y la falta de cohesión social y de garantías impide cualquier avance, de ahí que persista una fuerte dependencia a merced de los grupos de poder. Es destacable la escasa presencia regulatoria del Estado, la disímil y ambigua normatividad, lo cual se ha convertido en campo propicio para que en diferentes subregiones del país operen procesos desordenados de explotación minera apoyados por un modelo extractivista a nivel nacional. En tal escenario confluyen diferentes factores formales, informales, a menudo ilegales, planteando frecuentes y agudas controversias con las comunidades asentadas tradicionalmente en los territorios.
Dada la débil presencia del gobierno, ausente en la vigilancia y garantía del Estado de derecho, en zonas como el Bajo Cauca se asiste a una histórica y cruenta tensión entre guerrillas, como las FARC y el ELN, y el Estado. Desde los años 80 del siglo XX dichos grupos insurgentes han ganado espacio y han hecho presencia en el territorio, construyendo proyectos políticos e ideológicos alrededor de sus intereses por constituirse como institución alternativa de poder.
No es menos importante la presencia de los grupos paramilitares organizados, como los Caparros, el Clan del Golfo y de grupos o bandas armadas organizadas llamados Bacrim, con presencia en los últimos 10 años en el Bajo Cauca. Estos actores armados realizan control de territorios, motivados por intereses económicos, recursos naturales, cultivos ilícitos y por el dominio geoestratégico, rutas y corredores, que les permiten intercambiar insumos, armas, drogas y minerales. Los actores armados han realizado innumerables confrontaciones bélicas por el control territorial, la explotación de recursos como el oro y la hoja de coca, pero también la deforestación para explotación maderera, y la cadena productiva y comercial que se deriva en la zona, como rentas ilegales y lavado de activos. Así es como la gran comunidad de habitantes no integrada en esos grupos (más de 300.000 habitantes) se ve sometida a ellos sin posibilidad alguna de intervenir o actuar.
Molano (2011), describe el Bajo Cauca, como el corazón del conflicto y el epicentro de la guerra en la región antioqueña: en el año 2010, de todas las alertas en el país, por situaciones de riesgo, amenaza y vulnerabilidad, causadas por el conflicto o la violencia, el 33 % de estas alertas pertenecían al Bajo Cauca antioqueño (Defensoría del Pueblo, 2015). Desde ese mismo año, 2010, hasta la fecha, los Caparros, el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) tienen una marcada influencia en la región del Bajo Cauca antioqueño, con ejercicios violentos y control sobre una comunidad sometida mediante extorsiones, amenazas y desplazamientos. Tal como expresa Rutas del Conflicto (s. f.) “2 de octubre de 2020, en fachadas de casas y negocios de los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre y Nechí aparecen las siglas AGC, marca de la banda criminal Autodefensas Gaitanistas de Colombia, para amedrantar a las comunidades”.
Este es el escenario que se procede a explorar para conocer y comprender posibles mecanismos que pudieran articularse en pos de un proyecto de paz en la zona. Solo así se podrían emprender vías para trabajar en la cohesión territorial y social, toda vez que cuestiones como la emergencia climática y las grandes oleadas migratorias en todo el planeta expresan el agotamiento de un modelo socioeconómico que parece estar dando signos de extenuación, como los propios recursos naturales que se agotan alrededor del mundo.
La investigación que sirve de fuente para el presente artículo de reflexión tuvo como objeto de estudio: los conflictos socioambientales en la minería aurífera del Bajo Cauca y su relación con el desarrollo en la región en las últimas décadas del siglo XX. Su objetivo general: interpretar el sentido de los conflictos socioambientales en la minería aurífera del Bajo Cauca en las décadas del 2010 y 2020 del siglo XX y su incidencia en el desarrollo de la región. Tuvo como categoría para el análisis: el conflicto socio ambiental, las subcategorías: los contextos, partes, problema, formas solución y de resolución. Aspectos que componen las subcategorías: contextos (factores sociales, económicos y políticos); partes (generadoras y defensa de intereses); problema y génesis del conflicto (intereses, causas, necesidades); y formas o solución y resolución de los conflictos (violencia, aplicación de normas, decisiones judiciales, consultas populares, movilizaciones, formas administrativas, mediación, conciliación) políticas públicas.
La orientación cualitativa de la investigación se expresó en rescatar la subjetividad de los protagonistas, sus vivencias e intencionalidades y en develar el sentido de los conflictos para los actores, generando un conocimiento a través de la comprensión de unas relaciones sociales y humanas, como son los conflictos socioambientales en la minería aurífera del Bajo Cauca. Su enfoque investigativo, fue histórico-hermenéutico, por su carácter interpretativo y comprensivo de los conflictos mineros. Se utilizaron técnicas etnográficas como la entrevista, para recoger las visiones e interpretaciones del conflicto por las partes, lo cual permitió construir un relato acorde con los objetivos de la investigación. Este contexto fue representado en escenarios sociales y en periodos históricos concretos, posibilitando identificar el tratamiento de dichos conflictos y su relación con los procesos de desarrollo económico y social en la región del Bajo Cauca.
• Unidad de trabajo: comprender los testimonios que se evidencian en archivos históricos y en las experiencias o costumbres humanas vividas, que son narradas por parte de los actores y que comprenden la información sobre el desarrollo de los conflictos socioambientales en diferentes épocas, determinadas por el periodo de la investigación.
• Las fuentes consultadas fueron: archivos de prensa de los periódicos nacionales (El Tiempo y El Espectador) y de la prensa local (El Colombiano, El Mundo) y entrevistas realizadas a los actores claves que actuaron como parte o estuvieron vinculados de una u otra forma con las situaciones de los conflictos socioambientales en la minería aurífera del Bajo Cauca antioqueño. De este modo, los documentos de prensa y testimonios bien seleccionados sirvieron de fuente para el análisis e interpretación de los conflictos socioambientales, entendidos como acciones humanas en disputa por intereses entre sujetos o actores que la producen y representan realidades, de las cuales expresan sentidos de vida.
• La muestra: teniendo en cuenta el cuerpo de la investigación, el objeto de estudio, y los contextos de donde se obtiene la información, se asume como discernimientos generales para delimitar la muestra lo siguiente: el análisis documental, la delimitación extensiva con referencias amplias y las entrevistas a los actores claves. Con estos criterios claros se consideró saturada la información necesaria para responder a los objetivos y al problema de investigación.
• Las técnicas utilizadas: estas fueron el análisis de contenido y las entrevistas semiestructuradas. El propósito de cada técnica en el proceso de recolección y análisis de los datos fue el siguiente: por un lado, el análisis de contenido fue lo que permitió recoger información del contenido manifiesto o latente de los textos, y hacer generalizaciones a partir de lo descriptivo y lo interpretativo. Y, por otro lado, las entrevistas semiestructuradas posibilitaron reunir la información y sistematizar las experiencias de actores claves, y cubrir vacíos de información que son importantes para la interpretación de los conflictos socioambientales.
• Codificación y construcción de los hallazgos: una vez las técnicas fueron aplicadas para recolectar la información, esta se organizó a través de la matriz por subcategorías y se codificó. La organización de la información facilitó realizar la descripción a través de cada subcategoría, examinando los elementos comunes y particulares de cada una de ellas. Después de organizar, codificar y describir la información, se prosiguió con el análisis e interpretación del proceso investigativo, la construcción de hallazgos y, por último, los aspectos conclusivos.
El artículo contiene los siguientes apartados: el primero es sobre las características generales del contexto colombiano y la subregión del Bajo Cauca antioqueño; el segundo, describe los conflictos en el Bajo Cauca a partir de la identificación de su carácter estructural y de larga duración, explicitados en unos patrones o elementos comunes de los conflictos; y un tercer apartado se relaciona con las políticas públicas y su implementación en el Bajo Cauca. Todo este recorrido permite extraer conclusiones, como aportes para nuevas vías de solución a los conflictos en esta zona.
Colombia es un país latinoamericano marcado por las improntas estructurales del subdesarrollo y los factores de inequidad tanto de sus comunidades como de sus regiones, subregiones y localidades. Autores como Forer y López (2010) y Leal (1989), coinciden en apreciar que Colombia no ha alcanzado la consolidación de un proyecto integrado de nación, ni en su perspectiva socioeconómica ni como consolidación de la democracia en términos participativos. Uno de los detonantes de los múltiples conflictos sociales y políticos en que se ha visto inmerso el país, señalado por Pecaut (2012), se inscribe en la histórica inequidad planteada por la concentración de la propiedad de la tierra en pocas personas y por los conflictos que se derivan de las relaciones sociales de producción en el campo colombiano y los altos índices de las violencias por parte de algunos actores políticos en la defensa de sus intereses.
En esta dirección, en las décadas de entre 1980 y 1990, concurrieron hechos y factores que dejaron al descubierto la debilidad de la presencia institucional del Estado. Las mafias del narcotráfico fueron penetrando en los estamentos políticos y sociales, asimilando a organismos de seguridad del Estado y conformando grupos paramilitares, entrando a disputar la supremacía y hegemonía militar, que detentaban los grupos insurgentes. Los grupos paramilitares tuvieron formas organizativas autónomas, que posteriormente, a finales de la década de 1990 y principios de 2000, hasta su desmovilización, hicieron presencia en el Bajo Cauca, como las Autodefensas el Bloque Mineros y el Bloque Central Bolívar (Tovar Pinzón, 2001).
Después de la desmovilización de los paramilitares, realizada entre los años 2003 y 2006, en Colombia han surgido numerosos grupos delincuenciales, liderados por desmovilizados y estructuras colectivas (Rhodes, 2019; Villarraga, 2015); solamente por citar algunos grupos de influencia en esta subregión se destacan los grupos armados residuales denominados como Los Paisas, Los Rastrojos, Los Urabeños (denominación que fue cambiada por las autoridades por Clan del Golfo) y Los Caparrapos (Fundación Paz y Reconciliación, 2020). Estas bandas criminales, llamadas Bacrim, incursionan con una diversificada gama de delitos que van desde el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, hasta el tráfico de armas, lavado de capitales y minería ilegal.
La ubicación estratégica del Bajo Cauca antioqueño lo hace ser un cordón económico, político y territorialmente muy importante para los actores presentes en la zona. Pertenece a la región centro occidental de Colombia. Está ubicada en el nororiente del departamento de Antioquia, en estribaciones de la cordillera Central. La subregión comprende un área de 8.485 m2 de extensión y la conforman los municipios de Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza.
De acuerdo con una investigación realizada por Comfenalco Antioquia (2018), entidad de servicios integrales y apoyo a la comunidad y las empresas, la subregión cuenta con unos 312 331 habitantes, de los cuales el 61 % habita las zonas urbanas y un 39 % las áreas rurales. Se ubica entre las serranías de Ayapel y San Lucas, limita con los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Cuenta con dos arterias fluviales de gran caudal que son los ríos Cauca y Nechí (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2012).
La subregión del Bajo Cauca posee una atractiva posición geoestratégica, en virtud de su frontera con el departamento de Córdoba, que tiene salida al mar, de ahí que goza de una ventaja potencial de asimilarse al flujo de movilidad hacia los mercados internacionales (Arango, Gómez, Maya y Bejarano, 2000). Esta ventaja comparativa ha sido capitalizada por los actores ilegales para transportar sustancias ilícitas y otros productos asociados con sus actividades criminales.
Para la comprensión de las características y naturaleza de los conflictos en el Bajo Cauca, es importante desarrollar una conceptualización sobre el conflicto como género, la tipología de los conflictos socioambientales, el concepto de conflicto y el marco de interpretación como guía para su análisis y explicación del sentido de los conflictos en esta zona de Colombia.
La conflictología, una disciplina muy reciente (Vinyamata, 2015), plantea que el conflicto ha sido poco investigado y sistematizado, en parte por su naturaleza compleja y, en parte, porque toma para sí conceptualizaciones de otras disciplinas. Además, la visión negativa del conflicto, como conciencia dominante en la cultura occidental, que confunde conflicto con violencia, no reconoce el conflicto como una institución humana y social, connatural a cualquier proceso social y humano. Al respecto Valenzuela (1994), plantea lo siguiente “pese a que convivimos con el conflicto, con frecuencia le tememos y no sabemos cómo abordarlo, debido a que tradicionalmente se ha enfatizado su carácter negativo, identificándolo con la violencia” (p. 59). Un residente del Bajo Cauca expresaba: “En el Bajo Cauca antioqueño, es baja la cultura de la negociación de los conflictos socioambientales entre los actores. No existe una cultura de reconocimiento del conflicto, existe una cultura de las violencias” (Entrevista-2, 2020).
En este sentido, la reflexión de Colom (2003), evidencia cómo la integración, complejidad, conflicto y cambio, aparecen como los retos más grandes en los cuales se deberá la sociedad desarrollar, e igualmente, se muestra como una mutable cultural, que conducirá tanto a nuevos paradigmas para comprender el conflicto como algo consustancial con la sociedad, como al tratamiento positivo de estos.
Con toda la dificultad para la conceptualización del conflicto como género, Fisas (1998), lo define como:
Una situación en la que un actor (persona, comunidad, estado) se encuentra en oposición consciente con otro actor, a partir del momento en que persiguen objetivos incompatibles (o estos son percibidos como tales), lo que los conduce a una oposición, enfrentamiento o lucha. (p. 48)
En este sentido, Merlinsky (2020), reflexionando sobre la productividad de los conflictos socioambientales, expresa que los diferentes debates se pueden producir por la calidad del agua o la definición del valor cultural de un paisaje. Estos conflictos consiguen facilitar el avance de procesos de transformación social, dado que las relaciones entre distintos grupos de científicos, movimientos sociales y diferentes entes estatales consiguen cambiar el modo en que se enrolan las problemáticas sociales en la esfera pública.
Desde los marcos de comprensión y análisis de los conflictos para la interpretación de los mismos, se encuentra la concepción multipolar (Redorta, 2004), la cual plantea unos 18 elementos. De este marco complejo, el estudio ha retomado los siguientes elementos o categorías para el análisis de la conflictividad socioambiental en el Bajo Cauca: el contexto, las partes o actores, los intereses, el proceso y las formas de solución de los conflictos.
Los conflictos socioambientales son un tipo particular de conflicto social, al respecto Folchi (2001) lo define como la:
Consecuencia de la acción de un agente extraño que altera y pretende modificar las relaciones preexistentes entre una comunidad y su ambiente, o bien a la inversa, cuando una comunidad decide modificar su vinculación con el ambiente afectando los intereses de alguien más. (p. 91)
Asimismo, investigadores en sociedad y medioambiente como Walter (2009) y Santandreu y Gudynas (1998), encuentran elementos comunes para identificar los conflictos ambientales como una tipología del conflicto social por su dinamicidad y su desenvolvimiento de larga duración, dado que se comparten cíclicamente; es decir, se motivan por causas estructurales y actores definidos en sus intereses y necesidades, a la vez que comportan un desarrollo y unos desenlaces que pueden ser resueltos, total o parcialmente, e incluso, mutar a otras dimensiones de conflicto, con otros actores y mismos intereses, disputando territorios, y con movimientos sociales que se gestan y manifiestan en un ámbito público. Este enfoque teórico sirve como un referente para el análisis de las diferentes categorías, ya que aportó a la construcción e identificación de patrones de conflictos.
Encontrar, como lo expresa Redorta (2004) “el molde, el patrón o estructura de algunos sucesos sociales” (p. 107), en relación con los conflictos socioambientales en esta zona del Bajo Cauca, encaja, en un sentido amplio, con el término de patrón del conflicto, según lo explica Escudero (1977) “medios a través de los cuales se puede interpretar el mundo de los conflictos” (p. 21). El mismo concepto da cuenta, de cierta forma, de los conflictos, de su estructura, y no menos importante, de un cierto nivel de previsibilidad. Es lo que Redorta (2004) define como “extraer las características más relevantes” (p. 107).
El marco multipolar, expresado en las subcategorías de análisis, que a continuación se presentan, permite construir unos patrones o rasgos comunes de los conflictos en el Bajo Cauca, que fundamentan su carácter estructural y de larga duración.
En este sentido, la problemática del contexto internacional y nacional, sus contextos económicos y políticos, relacionados con la globalización, el bum de la demanda global de minerales como el oro y otras materias primas se tradujeron en nuevas incursiones extractivistas en territorios como el Bajo Cauca, generando e intensificando los conflictos socioambientales en la región. Se podría decir que gobiernos como los de Colombia en los últimos 20 años promueven la industria extractivista, centrados en los precios fluctuantes de las materias primas, con la amenaza constante de manifestaciones o protestas por parte de las comunidades afectadas (Rodríguez y Baquero, 2020).
Un líder social de Cáceres, expresó:
Para entender el problema de la explotación minera, en el Bajo Cauca, yo lo llamo problema, porque desde la década de 1960, el Bajo Cauca ha venido influenciando su desarrollo con la explotación creciente del oro, a través del extractivismo, con todos los conflictos que este modelo ha contraído para la región. (Entrevista-1, 2020)
El modelo de desarrollo del extractivismo en Colombia y el débil papel del Estado colombiano con respecto al control de los impactos negativos que este ha ocasionado en el Bajo Cauca, se han reflejado en las deficiencias en políticas sociales para la población y en la afectación y destrucción del medioambiente, aunado, el tratamiento violento de los conflictos socioambientales por parte de actores ilegales, constituyendo factores que afectan el desarrollo social y económico de la región.
El Bajo Cauca ocupa los primeros puestos, como productor de oro, pero a la vez, es uno de los más pobres. El gobierno, no tiene una visión de integración de Antioquia hacia la región, en términos económicos y sociales, sino, que, ha sido considerada desde el ordenamiento territorial, para la extracción de recursos, más que para toda una política social. (Fundación Ideas para la Paz y Comisión de la Verdad, 2020)
Colombia desarrolló, por otro lado, un texto constitucional inclusivo con marcado acento medioambientalista y de reconocimiento a la diversidad sociocultural. De ello se desprende una prolija producción normativa medioambiental con detallada institucionalidad en los planos nacional, regional y local, aunque confusa frente a las directrices de la minería. Es aquí donde aparece la gran contradicción entre el proyecto del Estado y la sociedad en relación con el espíritu de la Constitución del 91 por una parte, y la clase dirigente, por otra, que ha gestionado sus prácticas de gobernanza (agendas y pactos de gobernabilidad) en dirección contraria al proyecto constituyente de 1991.
A raíz de las incongruencias en los intereses del Estado, donde en la práctica se nota un apoyo al modelo extractivista, pero donde, a su vez, en la carta de navegación nacional se hace énfasis en la preservación del medioambiente, otros actores entran a competir por su poder en el territorio, como es el caso de las guerrillas, quienes buscan rentabilidad económica, así cuestionan la propiedad privada, luchan por un Estado más eficaz y legítimo por la construcción de una ciudadanía republicana y la defensa de territorios de una manera armada.
Y como es el caso de los intereses de los grupos paramilitares y las bandas criminales llamadas Bacrim, quienes pretenden copar espacios de carácter geoestratégico que permitan la exportación de estupefacientes y la importación de insumos y armas a fin de posibilitar su consolidación y hegemonía económica, territorial y política. En cuanto a lo anterior, un líder social de la zona decía:
En relación con los poderes de los diversos actores armados del paramilitarismo y los grupos armados llamados Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las bandas criminales de Los Caparrapos, hoy se puede plantear que hay disputa por territorios, nuevos dominios de poder por esta zona. (Entrevista-1, 2020)
Los intereses del Estado colombiano en el Bajo Cauca se han basado en mantener el orden, la soberanía, el Estado de derecho y la aplicación de la normatividad en el tratamiento y resolución de sus conflictos. Dicha soberanía está cuestionada por una institucionalidad débil en inversión y seguridad, y por la fragilidad en sus tareas constitucionales, expresadas en la insatisfacción de las necesidades básicas fundamentales por parte de las comunidades en extensas regiones del Bajo Cauca.
Los grandes proyectos de extracción de recursos naturales y de infraestructura llegan a Colombia con una normativa ambiental debilitada por reformas que solicitan un modelo ambiental menos estricto, esto se hace con el fin de captar capital e inversiones donde estos proyectos se enfrentan a una estructura institucional que tiene poco control y gestión en su propio territorio (Sánchez, 2019).
Al gobierno lo que le interesa es favorecer la gran inversión minera, al respecto, Patricia Tobón, una comisionada de la verdad, expresaba:
El Bagre por ejemplo, tiene uno de los primeros lugares como extractor de oro, pero al mismo tiempo es de las zonas más pobres. No hay una visión de integración entre el gobierno departamental de Antioquia, con la región del Bajo Cauca en términos económicos y sociales, sino que ha sido considerada, desde el ordenamiento territorial, para la extracción de recursos, más que para toda una política social. (Fundación Ideas para la Paz y Comisión de la Verdad , 2020)
Las comunidades, como actores sociales, tienen intereses en resistencias y luchas contra los poderes constituidos. Los niveles de las violencias tuvieron como elemento común las mismas banderas de lucha por la defensa de la vida, por la tierra, por un medioambiente sano, contra todo tipo de violencias exógenas en el Bajo Cauca antioqueño, y siempre resistencia contra los poderes constituidos.
En relación con la anterior, autores como Idárraga, Muñoz y Vélez (2010), plantean que este escenario de violencias vulnera de manera sistemática los derechos humanos: el sometimiento forzoso al trabajo, la esclavitud sexual, despojo de tierras, usurpación de minas, expansión ilícita de la frontera agrícola, desplazamiento de comunidades rurales y confinamiento de población debido a los combates entre unos y otros actores, suelen caracterizar el panorama del conflicto con acciones e intensidades de apaciguamiento, tensiones y escalamientos críticos o de dimensiones dramáticamente superlativas.
El abordaje de los conflictos socioambientales en el Bajo Cauca está marcado por la violencia persistente y predominante de las guerrillas, el paramilitarismo, las Bacrim, y el Ejército del Estado. Por otro lado, el uso de estructuras jurídicas y legales arroja un limitado éxito en los movimientos sociales, al detener parcialmente algunos proyectos generadores de tensiones que estuvieron acompañados de movimientos de protestas, paros y acciones de la comunidad ciudadana.
Un representante de la Corporación Jurídica Libertad expresaba:
La violencia en el Bajo Cauca es cíclica y nunca se ha acabado. Si bien hay algunos grupos que han cambiado sus nombres, en el centro está el Estado, pero no desde la garantía de derechos. ¿Qué pasa con los cinco mil efectivos que hay en el Bajo Cauca? ¿Con la Policía de Cáceres? Ese es el territorio donde más se violenta a los líderes. El Estado está, pero ¿de qué manera?, porque no está del lado de la población (Santisteban, 2020).
La conflictividad en el Bajo Cauca ha configurado un contexto complejo desde lo político, que trasciende y pone en juego cuestiones estructurales de relevancia regional y nacional. Hoy vuelven cíclicamente a expresarse nuevas organizaciones armadas, producto de los procesos de negociación con las FARC y de la problemática alrededor del proceso de posconflicto más la implementación de los acuerdos. Todo esto acarrea un incremento de las violencias e inquietudes por parte de la sociedad civil, rompiendo la convivencia y frenando el desarrollo de la región. A continuación, se pueden observar con más detenimiento los actores, intereses y procesos que, sobre este escenario, contribuyen a descifrar la realidad de los citados patrones de conflicto.
Con respecto al marco jurídico sobre la minería en Colombia, se puede señalar que solo a partir del año 2001 cuando se expide la Ley 685 (Código de Minas), cabía esperar cambios administrativos de procedimientos. Se creó una política sectorial nacional reforzada al aprobar el Plan Nacional de Desarrollo Minero Visión 2019 (Unidad de Planeación Minero Energética [UPME ], 2006) en el año 2006.
Antes de la expedición de dicha ley existía una política desordenada a nivel nacional, pero el efecto conseguido no fue el que se buscaba, con la entrada de múltiples empresas transnacionales (periodo de “reestructuración y ajuste”), el país comienza a disponer de un marco institucional normativo, dirigido a ofrecer seguridad a las grandes compañías con capital privado presentes en el territorio colombiano. Así, las reformas actuales sobre la Constitución colombiana y sobre las legislaciones minero-energéticas corresponden en buena medida a los requerimientos del modelo neoliberal que sustenta al capital transnacional y subordina al Estado colombiano, reduciendo sus capacidades para cumplir las funciones sociales, políticas y económicas que se buscaban. Así, finalmente, este poder sobre el Estado colombiano lo limita a promulgador de políticas públicas, para disminuir los aspectos negativos de los conflictos.
En los foros internacionales, las Naciones Unidas y otras entidades defensoras de los derechos humanos han indicado que un modelo de desarrollo liberal que se centre en el poder y la riqueza expresa un retraso neto en el progreso de una región en lo concerniente al desarrollo social, cultural, económico e institucional, y denota poca democracia participativa. Al mismo tiempo, este desarraigo por parte de los entes estatales posibilita que grupos al margen de la ley controlen los territorios, haciendo intervención social en términos coercitivos, e igualmente, realizan explotaciones de recursos naturales, situación que implica conflictos socioambientales (Sánchez, 2019).
En este sentido, un miembro administrativo de El Bagre informaba:
Si bien es cierto que la Constitución de 1991 y la normatividad ambiental poseen un rico acervo de principios, normas, conceptos e instrumentos, para hacer de Colombia un país líder en protección del medioambiente, la realidad es otra, porque en términos de oficio fáctico, la clase dirigente, inmersa en prácticas de corrupción, ineficiencia y ausencia de competencias, está más interesada en el reparto de grandes comisiones y beneficios personales, que en la preservación del medioambiente, los recursos naturales y la preservación de las culturas y grupos étnicos indígenas, campesinos y afrodescendientes, vulnerados sistemáticamente por los conflictos , derivados y conexos, a tan deleznables prácticas. (Entrevistado-3, 2020)
Es pertinente introducir aquí el papel de la política pública (PP), como referente positivo para el tratamiento de dicha conflictividad. Para algunos autores, como Roth (2002), la política pública está ligada a uno o varios objetivos tratados por una organización gubernativa con el fin de orientar el interés de diferentes actores que plantean una amenaza o desequilibrio ya sea en el entorno social, económico o/y ambiental; amenaza que perjudica directamente a la comunidad involucrándola en uno o varios conflictos (Roth, 2002). El autor, puntualiza que el análisis sobre PP permite profundizar la comprensión acerca del Estado y su relación con diferentes actores de la sociedad a partir de situaciones concretas.
Como se puede inferir de ese concepto, y conocido el escenario en el que se centra la investigación, se identifican dos dimensiones objeto de intervención de las PP en el Bajo Cauca: la primera, que se refiere al conflicto entre el medio natural y las acciones antrópicas, y la segunda, referida a la vulneración de los derechos humanos y a la responsabilidad de los diferentes actores.
A continuación, se analizan las subcategorías que explican el conflicto y su relación con la aplicación de las PP en esta región.
Colombia posee una muy rica y nutrida normatividad en lo relacionado con el tema medioambiental, la ecología y el manejo de los recursos naturales, pero igualmente, denota un déficit de acción institucional en virtud de la poca articulación y capacidad de acción que garantice la protección de los territorios, las reservas naturales y la poca regulación minera. No obstante, el problema del débil control territorial debe ser abordado desde la concepción del modelo de desarrollo económico y administrativo, que se encuentra inmerso en el inmovilismo de rígida centralización y el exceso de burocratismo en las altas esferas de poder que, en consecuencia, resulta asimétrico en términos de inversión y gasto social, lo cual implica el abandono a las regiones.
Dadas las condiciones de desarticulación entre el Estado y los territorios, los actores armados se perfilaron como agentes sustitutivos de gobierno y autoridad en diferentes ámbitos rurales, asimismo, desarrollan actividades económicas y usufructúan parte de los recursos y ganancias de los campesinos.
El estado actual de los grupos armados es de disociación en diferentes reductos que pugnan por la hegemonía en territorios, disputan corredores estratégicos para sus propósitos, controlan poblaciones rurales, vulneran sistemáticamente los derechos humanos y mantienen su poder intimidatorio y de emulación entre ellos y con las fuerzas de seguridad mediante emboscadas y atentados selectivos a autoridades y líderes sociales.
Los grupos armados participan directa e indirectamente de las actividades ilegales de la minería y el narcotráfico, bien como tenedores de minas y cultivos de hoja de coca, o con vacunas (captadores de tributos) en porcentajes que ellos imponen a campesinos o a quienes explotan esas actividades.
Más de 400 personas se vieron forzadas a dejar sus hogares en el municipio de El Bagre en el departamento de Antioquia, en la última semana, debido a los combates entre el grupo guerrillero de las Farc y el clan Úsuga, la mayor banda criminal del país. La defensoría del pueblo aseguró que se trata de 421 personas pertenecientes a 138 familias, que abandonaron sus lugares de origen por combates entre grupos armados ilegales en la región del Bajo Cauca. (El Mundo, 2016)
La empresa más representativa de la zona se encuentra en el municipio de El Bagre, llamada Mineros S. A., cuenta con una gran trayectoria en toda la zona del Bajo Cauca, debido a que su primer asentamiento fue cerca al municipio de Zaragoza en los inicios del siglo XIX, con el nombre de Pato Gold Mines.
La empresa Mineros S. A. es el principal referente en los municipios de Zaragoza, El Bagre y Nechí. Empresa que cuenta como principales accionistas al Grupo Colpatria y el Grupo Aval, ambas empresas con capital nacional (Rivera, 2014). Caucasia, por otro lado, cuenta con empresas como la Compañía Minera Piamonte Ltda., Minerales Oro Verde S. A. S, Asociación Agro Minera de Villa del Socorro Caucasia Antioquia, entre otras.
Existe una especie de contradicción en los discursos o narrativas que hacen las grandes empresas mineras acerca de ser protectoras de la naturaleza y el medioambiente y de realizar constantes actividades en la mitigación derivadas de la explotación de minerales, pues en la práctica y en diferentes recorridos de observación, se demuestran otros resultados.
Esta situación advierte grandes hechos de impacto socioambiental, como la problemática generada por el desarrollo del modelo extractivo, que se expresa en los impactos en las distintas formas de vida existentes en el hábitat del río y el territorio aledaño. Es necesario cuestionar las relaciones de poder que surgen en el interior de los conflictos ambientales, donde suelen perderse de vista las representaciones que tienen de la naturaleza, los habitantes de estos territorios.
Por otra parte, los campesinos, indígenas y afrodescendientes, quienes son las comunidades asentadas en las zonas rurales, son los más afectadas en la vulneración de sus derechos fundamentales, a lo cual se suma el abandono por parte del Estado en todas sus dimensiones institucionales, sociales, económicas y de inclusión al desarrollo regional, lo que implica una gran vulnerabilidad en su seguridad humana, ya que suelen ser sujetos que tienden a padecer los rigores de la violencia armada entre actores ilegales y las Fuerzas Armadas; sufren confinamientos, desplazamientos forzados, reclutamiento de infantes y adolescentes, esclavitud laboral y sexual, desaparición forzada, homicidios, masacres y restricciones a sus elementales derechos de movilidad y asociación comunitaria.
La región también cuenta con organizaciones sociales surgidas desde la sociedad civil, que asumen posturas críticas y propositivas, las cuales están conformadas por asociaciones locales, gremios de mineros y pescadores, y representantes de colectivos afrodescendientes e indígenas. Estos colectivos asumen la vocería y exponen los clamores de la comunidad, organizan jornadas de reflexión, marchas o movilizaciones, manifestaciones de rechazo a todas las formas de violencia, y en términos generales, procuran reivindicaciones de necesidades sociales y defienden la protección de los derechos humanos y el medioambiente.
Para los grupos ilegales, la minería ilegal es uno de los principales objetivos, puesto que la extracción de minerales como el oro, les deja una rentabilidad alta, no pagan impuestos, no invierten en recursos tecnológicos que ayuden a hacer los procesos productivos de forma limpia. Las rentas ilegales se convierten en el gran objetivo.
Los mineros informales, personas de arraigo y tradiciones propias de la región, tienen como propósito la explotación aurífera a pequeña escala, barequeo generalmente, con el fin de subsistir. Lo mismo pasa con los pescadores y los campesinos jornaleros del subsector agrícola y pecuario, incluso, los recolectores de hoja de coca, que no pueden catalogarse como infractores, puesto que derivan su sustento del jornaleo, son prácticas que afectan el medioambiente y que no cuentan con políticas públicas que permitan el restablecimiento de los daños ocasionados.
El sector empresarial realiza la actividad formalizada de la minería, compuesta principalmente por la empresa Mineros S. A., personas naturales y sociedades que explotan oro, acreditando los requisitos exigidos por las autoridades gubernamentales, tanto mineras como ambientales, dado que sus intereses son la explotación, proceso y comercialización de oro, donde se logra igualmente una rentabilidad, pero con costos de producción, pago de tributos, salarios, tecnología e insumos.
Por otro lado, el Estado tiene, a su vez, varios actores con intereses específicos. Los gobiernos municipales tienen como finalidad promover el desarrollo en la región, en áreas de pequeñas infraestructuras, bienestar social y recaudo de impuestos, garantizando la sostenibilidad y viabilidad de cada uno de los municipios. Así mismo, el gobierno departamental sustenta y fomenta el desarrollo de las regiones y municipalidades por medio de apoyo en inversión social e infraestructura, gestión de políticas públicas y manejo de la seguridad ciudadana. Las autoridades ambientales vigilan, orientan y promueven la conservación del medioambiente; y las autoridades mineras, coordinan el uso y direccionan estrategias de uso del suelo por medio de otorgamiento de licencias y supervisión de las actividades mineras. Estas tareas sociales constitucionales, como mandatos, son incumplidas por parte del Estado en la región del Bajo Cauca, lo que contribuye aún más a la violación de los derechos humanos. Al respecto, el periódico El Mundo del 15 de abril de 2010, planteó:
En el ayer, se vivió un tiempo de tranquilidad, porque el ejército patrullaba toda esta zona y establecía seguridad y orden. Hoy es evidente el vacío del Estado en el Bajo Cauca, con todas sus consecuencias en torno al orden y seguridad: Por lo menos el 50% del territorio no cuenta con la presencia de la fuerza pública, ventaja que es utilizada por los actores armados ilegales para sus propósitos criminales. (El Mundo, 2010)
Las fuerzas de seguridad tienen por objeto prevenir, reprimir y disuadir las actividades ilícitas, garantizar el orden público, y combatir estructuras subversivas y delincuenciales. Los organismos de control y la rama judicial tienen como misión garantizar que se haga justicia, proteger los derechos humanos y atender las demandas, resolver querellas y diferendos de distinto orden. Este cometido constitucional se reduce por parte de las fuerzas armadas del Estado a reducir el conflicto y a los actores a través de la confrontación armada, tratamiento que genera más violencia y vulneración de derechos humanos en dicha región.
La emulación y competencia entre actores armados que buscan satisfacer sus intereses es un problema que se manifiesta en confrontaciones bélicas, asesinatos y violación de derechos fundamentales contra la población civil. Los enfrentamientos suelen desplazar poblaciones rurales hacia las áreas urbanas, o algo más grave, confinarlos:
De acuerdo con esta entidad, las intimidaciones son la principal causa del desplazamiento forzado, en la disputa por el territorio, por el control de las rentas ilegales, tanto comerciantes como transportadores, son grupos altamente vulnerables a la acción violenta de los grupos armados ilegales. Concluyó la Defensoría. (El Colombiano, 2019)
Las marchas de mineros, pescadores, campesinos y sindicatos, es otra expresión de los conflictos sociales y medioambientales, tienen motivaciones múltiples, entre ellas, la protección al derecho a la vida, al trabajo, la movilidad, y a vivir en paz, estas son complementadas con la realización de eventos culturales de alto contenido en expresiones simbólicas, que, es a su vez, es la manifestación civilista y pacífica del movimiento social.
Los bloqueos a las vías surgen cuando sectores de la población ven vulnerados derechos como el trabajo, la protesta frente a excesos de la fuerza pública, las cuales suelen ser movilizaciones protagonizadas por mineros informales, campesinos y pescadores. Además, se realizan peticiones, se hacen diálogos de distensión y se conforman mesas de negociación. Como puede verse, es en el ámbito de la movilización en donde se tramitan y gestionan o aproximan a las resoluciones del conflicto de manera concertada.
El proceso del conflicto ambiental como tal, se demuestra no tanto en movilizaciones, se expresa tal cual en la medida y forma de lo que muestran los paisajes, los hábitos, las situaciones de carencias generalizadas de la salud, el deterioro del paisaje, la amenaza de extinción de recursos vegetales y fauna, secamiento de humedales, erosión sin medida de terrenos, deslizamiento de tierras e inundaciones. Estos conflictos, se repiten de manera cíclica, se escalan en espirales de auge por los altos niveles de las violencias, decrecen por momentos, se apaciguan, mas no desaparecen ni se resuelven, con sus repercusiones negativas para el tratamiento positivo y desarrollo de la región.
La respuesta a ese proceso es el flujo de voces que denuncian el estado de cosas, la enunciación de propósitos, políticas públicas, campañas, planes de reforestación, programas de diversificación productiva, educación ambiental, alertas tempranas, acciones de mitigación y gestión de los riesgos, obviamente, sí hay acciones, mas no las suficientes. Las consecuencias de las acciones antrópicas, manifiestas en las alteraciones al entorno, muestran el conflicto entre las acciones humanas y la naturaleza. Las denuncias y estrategias para el tratamiento de los problemas constituyen los procesos, a la sazón, liderados por la sociedad civil y el Estado.
En el terreno de las dinámicas conflictivas de la región existen diversas formas de solución que comprometen a los actores. La violencia es predominante por parte de los actores ilegales a través de delitos que se perpetran como la enajenación de terrenos y propiedades, confrontaciones bélicas, entre otras, permitiendo que se reinicien una y otra las confrontaciones, lo que conlleva al recrudecimiento de la crisis humanitaria que ha atravesado el país durante varias décadas.
Por parte del Estado, en esta región colombiana persiste, como en otras regiones del país, una ausencia de políticas públicas concretas y de compromiso público inversor en zonas marginales, de ahí que permanezca frenado cualquier proyecto de integración e inclusión de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. El tratamiento militar por parte del gobierno, encargado (a nivel formal) de destruir entables mineros, neutralizar o dar de baja a jefes de reductos armados, no resuelve las inequidades ni la inseguridad, por tratarse del ejército, sujeto a reemplazos, y compuesto en parte por una estructura que habría que reorganizar para controlar las infraestructuras de minería ilegal o de actividad cocalera.
En definitiva, el Estado, por una parte, no ofrece alternativas productivas al campesinado y, por otra parte, las políticas y estrategias de seguridad no tienen cobertura para atacar y perseguir toda la cadena financiera y productiva que desarrollan las organizaciones delincuenciales, cada día más sofisticadas e involucradas con eslabones del crimen organizado internacionalmente, como el Clan del Golfo y sus nexos con carteles mexicanos.
Al Estado le corresponde vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las empresas mineras en materia de uso efectivo de la responsabilidad social y ambiental, monitorear por medios tecnológicos de georreferenciación, los territorios y caudales hídricos, siendo veloz en los actos y procesos administrativos y penales sancionatorios.
Compete a las autoridades velar efectivamente por las garantías al derecho al trabajo que tienen los mineros tradicionales artesanales informales, los pescadores y campesinos que trabajan en modalidad de jornaleo.
Estos ejemplos ilustran, a grandes rasgos, la situación crónica de abandono de las comunidades a su suerte por parte de un Estado rígidamente centralizado, mal distribuido burocráticamente y concentrado fiscalmente en tener mayores gastos de funcionamiento que inversión en las regiones, especialmente en la ruralidad, donde no existen vías terciarias suficientes, equipamientos de servicios públicos e institucionalidad esencial para veredas y corregimientos, escolaridad, conectividad y las prioridades que a diario reclaman.
Es imperativo que el Estado no desestime las consultas a las comunidades rurales sobre la toma de decisiones en proyectos de infraestructura, empresas extractivas y de políticas públicas ambientales.
Es pertinente señalar como evidencia del conflicto múltiple descrito, que el contexto conflictivo del Bajo Cauca se constituye en escenarios donde concurren situaciones de conflictos socioambientales y se hacen evidentes las vulneraciones a los derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Derechos elementales como el respeto a la vida, a la propiedad, el trabajo digno, la movilidad, la libertad de expresión, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, los derechos de asociación, libertad de pensamiento y opinión. Y derechos colectivos como son el derecho al ambiente sano, infraestructuras garantes de higiene, la subsistencia y seguridad alimentaria, la salud y/o la educación pública.
La región del Bajo Cauca es rica en biodiversidad y cuenta con grandes riquezas minerales como el oro, estas ventajas comparativas se hacen mucho más atractivas por considerarse como la puerta que conecta al Caribe colombiano con el oriente del país. Sin embargo, históricamente la región es una de las más afectadas por el abandono del aparato público y la ausencia del Estado, lo que, al mismo tiempo, constituye una debilidad y una amenaza para la zona, solo explicada por la persistencia de razones que se definen hoy como permanentes o estructurales, tal es la concepción del desarrollo económico, político y social de las administraciones del Estado, cuyas miras se concentran en algunos sectores de la economía y en otras zonas diferentes a la referida.
Pese al admirable desarrollo normativo e institucional, Colombia se enfrenta a complejas contradicciones, cuyos orígenes son históricos y de orden estructural. Como país emergente, también llamado en vías de desarrollo, Colombia se inscribe en un plano de modernización parcial, un modelo de desarrollo focalizado, no integral (evocador de los antiguos polos de desarrollo en diferentes países europeos como España o Francia) que está vinculado con una red obsoleta de infraestructuras de transportes y comunicaciones. A todo ello, se une una notoria brecha de desigualdades y marginalidades locales, en virtud de la concentración de la propiedad en pocas manos y una persistente continuidad del modelo exportador de materias primas, entre las que destacan minerales e hidrocarburos.
Una de las grandes paradojas de la economía mundial, de la que no escapa Colombia, es la contradicción en que se sume con sus compromisos ambientales. A la par que el país se inscribe en el contexto de la globalización y al modelo económico del neoextractivismo, también se suscribe en compromisos ambientales internacionales de orden vinculante, como el Acuerdo de París, el Convenio de Estocolmo, el Acuerdo de Escazú, entre otros, muchos de ellos contrapuestos en razón de los fines e intereses de las naciones a empresas trasnacionales y en contra de objetivos comunes e imperativos categóricos, como la protección al medioambiente y la lucha contra el calentamiento global.
Por otro lado, existen evidentes alusiones y formulaciones expresas de políticas públicas gubernamentales de orden nacional y regional en materia de medioambiente y minería, según las cuales son formuladas con arreglo a las directrices de los planes de desarrollo. No obstante, esos esfuerzos se disocian en razón de las múltiples carencias de las municipalidades, cuyas prioridades terminan por cubrir gastos de funcionamiento y rubros (en áreas de salud, educación y gestión de riesgos naturales) con recursos que no alcanzan a ser cubiertos durante las vigencias fiscales y presupuestales.
Naturalmente, la zona del Bajo Cauca antioqueño, como centro de análisis de su conflictividad medioambiental, no es una insularidad con respecto a estos propósitos. Se podría decir que las expectativas del futuro cercano para esta zona dependen, en gran medida, del modelo que se imponga hoy en torno a la concepción de paz territorial, a juicio de la investigadora, pieza clave en el abordaje del escenario complejo. Instalar esta idea territorial, como eje de políticas, planes/programas y proyectos, requiere asumir que en el actual proceso de construcción de paz total y de posconflicto se redefinen los actores sociales y políticos, y surgen nuevas subjetividades y formas para explicar la realidad y el mundo, en la tarea de reconstruir los tejidos quebrantados por las violencias. Implica que el Estado colombiano se fortalezca y se legitime con la implementación de políticas públicas en el desarrollo rural y permita satisfacer los derechos de las víctimas. Que la epifanía del otro como víctima responda a la extensión del relato de su dolor, como expresión simbólica del requerimiento de una sociedad sin violencias, pero también al reconocimiento de sus derechos en la reconstrucción del proyecto personal y colectivo como sociedad, con sus repercusiones en el desarrollo económico y social en Colombia y en la región del Bajo Cauca, como decía Galeano:
La memoria puede ayudar a devolver a la historia el aliento, la libertad y la palabra. A lo largo de los siglos, América Latina no sólo ha sufrido el despojo del oro y de la plata, del salitre y del caucho, del cobre y del petróleo: también ha sufrido la usurpación de la memoria. Desde temprano ha sido condenada a la amnesia por quienes le han impedido ser (Galeano, 1982, p. 12)
Y como dijo también en años posteriores: “hoy, más que nunca, es preciso soñar. Soñar juntos, sueños que se desensueñen y en materia mortal encarnen” (Galeano, 1992, p. 95).
Se debe insistir en la puesta en práctica de toda la teoría de la resolución de conflictos, no quedar anclados en la concepción de los patrones y la identificación de los conflictos en sí. Existen razones, pero existen también múltiples grupos de interés frente a los actores identificados, grupos civiles que abogan por la construcción de un sentido positivo de los conflictos, lo que implica avanzar en el reconocimiento del otro, cambiar la relación absoluta amigo-enemigo por relaciones de enemigo justo, opositores que tienen como arma para defender sus intereses la comunicación que se construye entre desiguales, en donde el otro no es un extraño porque ambos, a través de los conflictos, resuelven la satisfacción de necesidades humanas que posibilitan proyectos de desarrollo humano y social.
Por lo tanto, más allá de una desiderata, el logro de estos propósitos y la paz territorial son referentes de un orden social deseable para muchos individuos y colectivos, y debe ser el producto de un esfuerzo conjunto que involucre a actores armados, el Estado, gobiernos y sociedad civil.
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