Pobres urbanos en las redes sociales del Yucatán borbónico: una visión a partir del asesinato del gobernador Lucas de Gálvez (1792-1806)*

Introducción

El estudio de las redes sociales desde la perspectiva historiográfica llegó desde hace años a la madurez. Han pasado más de 35 años desde la publicación del emblemático y provocativo L’eredità inmateriale de Giovanni Levi, con su puntual reto a las visiones estructuralistas y su llamado a superar “el teleologismo habitual” para incorporar al análisis histórico “las vicisitudes biográficas de cada habitante [...] que haya dejado algún resto documental”, y profundizar “en los intersticios de los sistemas normativos estables o en formación, [en donde] grupos y personas juegan una estrategia propia y significativa, capaz de marcar la realidad política con una huella duradera, no de impedir las formas de dominación sino de condicionarlas y modificarlas”.¹

Michel Bertrand coloca la propuesta de Levi como parteaguas fundacional del análisis histórico de redes sociales, al trascender el reduccionismo que supone la adscripción del actor social “a un grupo social de pertenencia ya sea esta una clase o un orden”, lo que lleva al historiador “a tomar en cuenta el sistema relacional o red del actor considerado”.² Levi, sin utilizar el concepto de red social, configura claramente su campo de estudio al presentar, en la introducción de su clásica obra, el contenido de su cuarto capítulo:

Es en este sentido en el que Bertrand concibe La herencia inmaterial como la “obra modélica” de una “nueva historia social”, centrada en los actores y sus redes relacionales.⁴ Esta “nueva historia social” tiene ya mucho trecho recorrido, sin embargo, presenta aún espacios poco explorados. Esto es una realidad particularmente significativa en el caso de los pobres, un sector social cuya impronta en las fuentes documentales es generalmente escasa. En estas más de tres décadas de análisis histórico de redes sociales, que José María Imízcoz Beunza llama “análisis relacional” para diferenciarlo del análisis sociológico de redes sociales, mucho más antiguo y generalmente vinculado a enfoques cuantitativos,⁵ se ha privilegiado el estudio de las elites políticas y económicas, así como de las redes familiares, con muy escasa atención a actores que no califican en estas categorías, y que solo aparecen, esporádicamente, como subordinados en relaciones de patronazgo.⁶

En general, el tema de la pobreza en el mundo colonial español ha sido muy poco estudiado.⁷ Sin duda, el trabajo más importante al respecto es el de Cynthia Milton,⁸ quien explora los diferentes significados de pobreza durante la transición dinástica de los Austrias a los Borbones, así como el proceso por el cual el concepto de pobre se fue transformando hasta incluir a los descendientes de españoles hacia fines del siglo XVIII. Para los efectos de este artículo, y dadas las limitaciones de las fuentes, que nos impiden por el momento una indagación más a detalle, nos basamos en el criterio de Jeremy Bentham, quien define la pobreza como “el estado de cualquiera que, para subsistir, se ve obligado a trabajar”, diferenciándola de la indigencia, condición de quien carece de todo, incluso de la capacidad de trabajar. En este sentido, Bentham atribuye a los pobres una importante función social, a diferencia de la inutilidad de los indigentes, y, sobre todo, destaca su papel en la generación de beneficios para las empresas capitalistas.⁹

El presente trabajo se centra en el estudio de la actuación de un grupo de pobres urbanos en la red social de los Quijano, la familia más poderosa de Yucatán a fines del siglo XVIII,¹⁰ en la coyuntura específica del asesinato del gobernador Lucas de Gálvez, quien tuvo la responsabilidad de aplicar las novedosas disposiciones de la “Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de Intendentes de Ejército y Provincia en el Reino de la Nueva España”, la más importante de las leyes que sirvieron de marco jurídico a las reformas borbónicas. Como se verá más adelante, los nuevos ordenamientos, así como la autoritaria personalidad de Gálvez, produjeron una serie de conflictos que desembocaron en una conspiración para asesinarlo, en la que varios pobres urbanos jugaron un papel protagónico. Estudiar la actuación de este grupo de pobres permitirá incorporar al análisis histórico del periodo las “estrategias propias y significativas”, así como el “frágil equilibrio de intereses irreconciliables” al que Levi invita.¹¹

Es pertinente aclarar la noción de “pobres urbanos”. Como se podrá advertir en el desarrollo del trabajo, estos actores se identificaban a sí mismos como “pobres” y cumplían con el criterio establecido líneas arriba, pues vivían de su trabajo. Su caracterización como “urbanos” resulta del hecho de ser vecinos de la ciudad de Mérida, específicamente del suburbio de San Sebastián, que en los siglos XVIII y XIX era considerado como “pobre”, un escenario de diversos actos de caridad de don Juan Esteban Quijano y Dávila, padre de los Quijano involucrados en el asesinato de Gálvez.¹²

1. Una red en peligro: Lucas de Gálvez y la Real Ordenanza en la Intendencia de Yucatán

A fines de marzo de 1792, Lucas de Gálvez, gobernador, capitán general y primer intendente de Yucatán, tomó una decisión gravísima: realizar una investigación secreta sobre los negocios de los Quijano, la familia más rica y poderosa de la provincia. La decisión tuvo como antecedente varios conflictos, surgidos desde que Gálvez puso un pie en Yucatán, pero cobró una enorme relevancia debido a la magnitud de los intereses de la familia criolla, que era líder en el comercio, la usura y la tenencia de la tierra, las principales actividades económicas de la región a fines del siglo XVIII.¹³

Gálvez, un militar con una carrera de más de 30 años en la marina española,¹⁴ llegó a Yucatán en marzo de 1788 con los nombramientos de teniente de rey de Campeche, máximo mando militar de la provincia, con derecho de sucesión en ausencias interinas y accidentales del gobernador y capitán general,¹⁵ y primer intendente, además de la encomienda de iniciar la aplicación de la Real Ordenanza de Intendentes de la Nueva España. Don Lucas era pariente lejano de José de Gálvez, marqués de Sonora y ministro de Indias y, por ende, formaba parte de la red familiar del poderoso abogado malagueño.¹⁶ El marino ecijano había aceptado el nombramiento de teniente de rey de manera provisional, solo después de que su tío le prometió el gobierno y la capitanía general, ofrecimiento que le fue confirmado por Antonio Valdés, el sucesor del marqués, fallecido repentinamente en julio de 1787.¹⁷

Según Horst Pietschmann, la intendencia indiana fue la institución central del reformismo borbónico, impulsada por José de Gálvez para culminar la obra de modernización administrativa, fiscal, militar, política y económica del imperio español.¹⁸ Desde un principio, concitó la oposición de la burocracia tradicional y, sobre todo, de las familias criollas privilegiadas, ya que sus objetivos fundamentales fueron estrechar el control político de las colonias y fortalecer los ingresos de la Real Hacienda, desplazando a los grupos que detentaban el poder en ultramar.¹⁹

Cuando Gálvez llegó a Yucatán, ejercía el gobierno José Merino y Ceballos, un militar de avanzada edad. Los grupos privilegiados hicieron causa común con Merino y presentaron ante la Corona quejas sobre la actuación del nuevo funcionario.²⁰ Uno de los quejosos fue el síndico procurador del cabildo meridano, Juan Esteban Quijano y Dávila, el patriarca de los Quijano, quien dirigió larga comunicación al rey, donde señalaba los perjuicios que Gálvez había ocasionado desde su llegada: “Este vuestro ministro no consulta para ejecutar los arbitrios que se le ofrecen con personas de experiencia y conducta, que pudieran advertir y allanar las dificultades que infaliblemente ocurren en su práctica, [...] sin incomodar a los vasallos de Vuestra Majestad. Con este motivo están desazonados, nada contentos y llenos de melancolía”.²¹

Sin embargo, el relevo de Merino y la unión de la intendencia con la gubernatura y capitanía general en manos de Lucas de Gálvez eran decisiones tomadas, que se materializaron en abril de 1789. Tras un año de residencia en Campeche -el puerto y segunda población en importancia de la provincia-, Gálvez se trasladó a Mérida para ejercer a plenitud sus cargos. Una de sus primeras acciones ahí fue el nombramiento de los subdelegados, funcionarios que replicaban su autoridad en una microrregión. Para el ejercicio de este cargo, los candidatos naturales eran quienes se habían desempeñado anteriormente como capitanes a guerra,²² puestos que supuestamente se enfocaban en las necesidades militares de la provincia, pero que en realidad actuaban como gestores de los intereses tanto de la elite burocrática como de las familias privilegiadas y, en consecuencia, como miembros de las redes sociales del territorio a su cargo.²³ En este contexto, Manuel Antolín, capitán a guerra del partido de la Costa durante los últimos años, se sintió despojado de su segura subdelegación cuando Gálvez se inclinó por otro candidato en mayo de 1789. La posición era estratégica, pues se situaba en la zona de mayor expansión de las haciendas maicero-ganaderas, en donde la familia Quijano tenía sus propiedades agrícolas más importantes. Antolín era uno de los principales miembros locales de la red social de los Quijano, y quien gestionaba sus asuntos legales,²⁴ por lo que su desplazamiento fue tomado por la familia como un agravio.²⁵

Un año después, en mayo de 1790, se produjo un nuevo encontronazo cuando Gálvez ordenó que todos los individuos que usaran “la insignia del bastón presentaren el privilegio que tenían para ello”,²⁶ o se abstuvieran de hacerlo. La medida causó enojo en el joven Juan Esteban Quijano y Cetina, cuarto hijo del patriarca Quijano, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Mérida y escribano de gobernación y guerra, quien lucía con orgullo un lujoso bastón al acudir a las ceremonias públicas. Unas semanas después, Juan Esteban se llevó un nuevo disgusto al serle impedido “sentarse en silla de respaldo, teniendo el asiento inmediato al Gobernador”, con el argumento de que dichas preeminencias no le correspondían.²⁷

El joven Juan Esteban no se quedó cruzado de brazos y, en septiembre de aquel año, se presentó ante la Real Audiencia de México en reclamo de sus privilegios, al solicitar que “se sirva mandarle [...] a vuestro Gobernador de Yucatán no le perturbe [...] dejándolo en su antigua posesión”.²⁸ El pleito se prolongó el resto del mandato de Gálvez, y quedó inconcluso ante el asesinato del gobernante. Antes de ello, en octubre de 1791, don Lucas se dirigió a la Real Audiencia calificó como falsa la solicitud de Quijano y lo acusó de actuar “en desprecio de la Ley 53, título 18, partícula tercera, y otras dirigidas a contener estos desórdenes de los súbditos que tanto perturban los tribunales y ofenden a los superiores contra quien se subleva el fantástico orgullo de tales sujetos”.²⁹

También en 1791, surgió un nuevo conflicto cuando Tomasa, la décima hija del viejo Juan Esteban, acudió al gobernador en juicio de disenso ante la oposición de su padre a su boda con José Boves, un comerciante asturiano recién llegado a la provincia. El asunto de ningún modo era menor, dada la importancia del matrimonio en la construcción de alianzas políticas y económicas, y representó un fracaso tan grave para la poderosa familia criolla que Boves fue amenazado y atacado físicamente para tratar de impedir la unión.³⁰

Para marzo de 1792, una investigación sobre contrabando arrojó indicios contra los Quijano.³¹ Al respecto, hay que señalar que la persecución de dicho delito estaba explícitamente mandada por la Real Ordenanza³² y que tal actividad era una de las principales fuentes de ingresos para los comerciantes criollos en aquellos tiempos y también, sin duda, para los Quijano.³³ De hecho, previamente el contrabando era tolerado por la Corona, e incluso lo utilizaba como un dispositivo informal para el movimiento de bienes y la obtención de fondos para la Real Hacienda.³⁴ No obstante, las reformas borbónicas pretendieron, al menos en principio, combatir este fraude, y Gálvez, quien como marino había perseguido frontalmente a la piratería y el contrabando,³⁵ así lo entendió. Las evidencias de que los Quijano controlaban este ilegal negocio lo impulsaron a ordenar una investigación secreta, la cual encargó al teniente Juan José Fierros, su secretario privado.

2. La red en acción: el asesinato del gobernador Lucas de Gálvez³⁶

Encargar a Fierros la investigación sobre los Quijano fue un gran error de Gálvez, pues su secretario también era parte de la red social de estos, e inmediatamente avisó a sus patrones sobre la encomienda.³⁷ La reacción del padre Tadeo Quijano, el quinto hijo del viejo Juan Esteban, no se hizo esperar y, en reunión con Manuel Antolín y Esteban Castro, exclamó: “Doy dos mil pesos si hubiera quien quitara del camino al pícaro del gobernador”.³⁸ Castro era el intérprete general de indios de la provincia, un puesto que hasta el siglo XVII tenía cierta significación, pero que a fines del siglo XVIII pertenecía a los rangos menores de la burocracia local.³⁹ Sin embargo, Castro no podía ser considerado pobre, ya que tenía una pequeña propiedad agrícola, era sujeto de crédito para el viejo Juan Esteban⁴⁰ y, además, manejaba la hacienda y la encomienda de Josefa Quijano, quien era su amante, así como la séptima hija del patriarca Quijano.⁴¹

Unos pocos días después de esta reunión, a mediados de abril de 1792, Castro se encontró con su compadre Bernardo Lino Rejón, un ladrón, contrabandista y traficante de aguardiente, vecino de San Sebastián, un suburbio pobre de los extramuros de la ciudad de Mérida, que había recibido muchos beneficios del viejo Juan Esteban.⁴² Rejón se quejó de su suerte, pues había perdido algunos pesos jugando a los gallos la noche anterior. Castro vio su oportunidad y le dijo: “si quieres salir de pobre, dan dos mil pesos para matar a un hombre grande”. Rejón pensó que el intérprete hacía referencia al esposo de Josefa y le contestó “no contento con injuriarlo, ¿quieres quitarle la vida?”. Castro entonces lo sacó de su error y le informó que a quien había que matar era al gobernador. Rejón se puso muy serio y terminó aquella conversación diciendo “compadre, eso son caballadas”.⁴³

Tres o cuatro días después, Castro recibió la visita de Manuel Alfonso López, otro ladrón, contrabandista y traficante de aguardiente, quien también se quejó de su falta de dinero. Entonces le trasladó el ofrecimiento de Quijano: “si quieres ganar dos mil pesos, los dan por matar al gobernador”. López se interesó, pero cuestionó quién daría el dinero. Sin tapujos, el intérprete señaló a los Quijano, sin especificar a alguno. López declaró que era “cosa fácil”, y así quedó establecido el trato.⁴⁴

Castro acudió de inmediato con Antolín para informarle de las novedades. Antolín entonces sugirió que se utilizara un veneno. Para conseguirlo, se involucró a José Zepeda y Lira, otro compadre de Castro, comerciante en pequeño y contrabandista.⁴⁵ Al final se desechó este medio y se decidió que fuera un ataque a cuchilladas. Tras dicho acuerdo, López viajó por tres semanas a Hopelchén, a unos 170 kilómetros al sur de Mérida, para vender aguardiente. En ese lapso, Antolín y el padre Quijano se reunieron en varias ocasiones con Castro para ultimar los detalles del atentado. Cuando López regresó, el 19 de junio de 1792, visitó a Castro; en ese momento, se determinó cuál sería el arma homicida y quedó establecido el escenario para la noche del 22.⁴⁶

Los movimientos cotidianos de Gálvez eran conocidos, lo que permitió planear la operación con minuciosidad. El gobernador se retiraba de su Palacio aproximadamente a las seis de la tarde para visitar a su tesorero, aunque sería mucho más preciso señalar que en realidad visitaba a su esposa, la joven Casiana Melo. El matrimonio habitaba una residencia enfrente del Palacio Episcopal, a escasos 150 metros del Palacio de Gobierno. La velada generalmente se prolongaba hasta cerca de las once de la noche, tras lo cual don Lucas se retiraba, a bordo de su calesa, hacia su domicilio particular, situado 300 metros al nororiente de la casa del tesorero. Así había sido cada noche desde principios de 1792, cuando el gobernador comenzó a cortejar a Casiana.⁴⁷

La relación de la joven Melo con el gobernador fue un precioso regalo para los conspiradores, ya que puso en su camino al “chivo expiatorio” ideal: Toribio del Mazo, sobrino del obispo, mantenía desde hacía un par de años un romance con Casiana. Gálvez, superior jerárquico de Toribio, quien servía como teniente de la cuarta compañía del batallón de voluntarios blancos de milicias disciplinadas de Mérida, trató de separarlos, al enviar al militar a diversas comisiones fuera de la ciudad, pero Toribio regresaba secretamente varias noches a la semana para visitar a su amada. Diversos testigos declararon que el joven profería continuamente insultos y amenazas contra Gálvez, como una ocasión en que le escucharon decir “soy capaz de sacarle el alma por la boca”.⁴⁸

Los conspiradores aprovecharon a la perfección la situación. Manuel Alfonso López vistió un ropaje similar al disfraz que utilizaba Toribio en sus visitas clandestinas, el cual le fue confeccionado por su esposa Ana, quien era hermana de Bernardo Lino Rejón. Incluso el pelaje del caballo fue pintado de negro por José Salazar, un artesano cercano a Castro y Rejón, también vecino de San Sebastián, para emular el corcel del militar. La huida simuló seguir la ruta del amante de Casiana.⁴⁹

El atentado fue una hazaña de precisión, obra de la coordinación de al menos una docena de individuos.⁵⁰ Gálvez partió de la residencia de Casiana a las 22:45 de aquel viernes, y fue agredido a unos 70 metros de su domicilio. Un fuerte grito detuvo la calesa e impulsó al gobernador a acechar por la ventana. Fue todo lo que necesitó López para arremeter sobre su víctima y clavarle un puñal en el costado derecho. Con el mismo impulso, el contrabandista alcanzó en unos pocos minutos la plaza de Santiago, a unos 500 metros al poniente del lugar del ataque, donde dejó el caballo en manos de Hipólito, uno de los criados de Esteban Castro. López probablemente se refugió en los montes cercanos, pues no regresó a Mérida sino hasta la mañana del domingo 24.⁵¹ Hipólito condujo el caballo hasta entregarlo a un tal Aguilar, quien cambió de rumbo y lo llevó a Tixkokob, a unos 20 kilómetros al oriente de Mérida -en la ruta que utilizaba usualmente Toribio del Mazo-, donde fue guardado.⁵² Poco después de la medianoche, el repique de las campanas de las iglesias anunció al pueblo meridano la muerte de su gobernador.

En este punto, cabe reconstruir la red de relaciones detectadas en el tejido de la conspiración para asesinar a Gálvez: el padre Tadeo Quijano, uno de los miembros de la familia más poderosa de la provincia, ofreció dos mil pesos para matar al gobernador. El ofrecimiento fue hecho delante de Manuel Antolín, el encargado de los asuntos legales de los Quijano, y de Esteban Castro, un funcionario menor de gobierno muy cercano a Antolín, quien era amante de una de las Quijano -cuyos negocios manejaba-, además de ser deudor del viejo patriarca de la familia. Castro, a su vez, estaba estrechamente relacionado con Bernardo Lino Rejón, Manuel Alfonso López, José Zepeda y Lira y José Salazar, quienes se involucraron en la conspiración. De ellos, los tres primeros se dedicaban al contrabando y al tráfico de alcohol, dos de los negocios más redituables de los Quijano. Las propias redes de estos contrabandistas aportaron la participación de Ana Rejón, hermana de Bernardo y esposa de López, y la complicidad de Cayetana Díaz, esposa de Rejón, en tanto que Castro aportó la colaboración de Hipólito, uno de sus criados.

En cuanto a las relaciones de los pobres urbanos con los Quijano, destaca lo siguiente: López desde años antes había colaborado en las actividades comerciales y de contrabando de la familia y mantenía un trato personal con el viejo Juan Esteban y con su hijo homónimo.⁵³ Además, era cuñado de Bernardo Lino Rejón, compadre de Castro por haberle llevado a bautizar a las tres hijas que tuvo con Josefa Quijano, a cuya crianza se dedicó, junto con su esposa Cayetana.⁵⁴ Cayetana Díaz, por su parte, conocía y trataba a Josefa, además de cuidar a sus hijas. Incluso la visitaba frecuentemente haciéndose pasar por tía de una de ellas, a la que Quijano se empeñó en criar en su propia casa aún en vida del marido.⁵⁵ Las fuentes son un tanto vagas en relación con José Zepeda y Lira, ya que únicamente señalan que “realizaba trabajos para varios miembros de la familia Quijano”. Otros datos lo señalan como contrabandista y traficante de aguardiente,⁵⁶ por lo que es posible deducir que su vínculo se encontraba en el comercio ilegal. De José Salazar, solo se sabe que era pintor, vecino y muy cercano a Castro, y que a través de este tenía conocimiento de la familia Quijano, aunque se ignora si llegó a relacionarse directamente con ellos.⁵⁷

3. Reclamos, amenazas, expectativas y temores: la erosión de la red

Al amanecer del domingo 24 de junio de 1792, Manuel Alfonso López se presentó en la casa de Esteban Castro con grandes golpes en la puerta y gritos destemplados: “anda pendejo a cobrar ese dinero, ya está hecha la obra”. El intérprete se acobardó y respondió por lo bajo: “Válgame Dios Manuel, ya me perdiste”. López mantuvo el tono violento y contestó: “Hombre, eres una puta [...] puede que yo te quite también del camino”. Ante el escándalo, Bernardo Lino Rejón se acercó a la casa y Castro aprovechó para hacerlo pasar a fin de que fungiera como testigo de su compromiso de hacer la diligencia del cobro. Ello tranquilizó un tanto a López, aunque fue necesaria una nueva reunión el lunes 25, siempre en casa de Castro, ahora con la participación de José Salazar, donde acordaron entre todos la división del dinero. De momento, López aceptó 200 pesos como un adelanto, en tanto que Rejón y Salazar se contentaron con 70 y 50 pesos, respectivamente.⁵⁸

Unos seis meses después, en enero de 1793, llegó a Mérida el oidor Manuel de la Bodega, nombrado por la Real Audiencia de México como fiscal del crimen. En este contexto, López insistió ante Castro sobre su pago. El intérprete le transmitió la demanda a Antolín, quien respondió con el ofrecimiento de una “tenencia” para cuando obtuviera su subdelegación, lo que fue aceptado por López.⁵⁹ Pero el fiscal De la Bodega se tragó el cuento de la culpabilidad de Toribio del Mazo, quien fue detenido en los primeros días de febrero, lo que inició una feroz batalla con el obispo Piña que paralizó la causa durante varios meses. Ante ello, De la Bodega fue sustituido por Francisco de Guillén en la primavera de 1794, hecho que volvió a revolver el panorama para los conspiradores.⁶⁰

Guillén mantuvo la prisión de Toribio y la investigación sobre su actuación, pero también se fijó en las declaraciones de algunos testigos, rendidas a finales de diciembre de 1792, las cuales involucraban a los Quijano y a Esteban Castro en maniobras sospechosas.⁶¹ El nuevo fiscal ordenó la prisión incomunicada del intérprete. Desesperados, López y Rejón se presentaron ante Josefa Quijano, a quien le pidieron visitar a Castro y envenenarlo para evitar su delación. Josefa aceptó, pero Castro fue liberado muy pronto, por lo que el plan fue abandonado.⁶²

En la primavera de 1795, Guillén presentó sus conclusiones ante la Real Audiencia, que a su vez las elevó al rey Carlos IV, quien expidió Real Cédula que mandó trasladar a Del Mazo a la prisión de San Juan de Ulúa y la causa a la Audiencia. Las disposiciones fueron cumplidas en enero de 1796, con lo que parecía terminar el proceso.⁶³

Los Quijano continuaron viviendo momentos de esplendor, y establecieron una firme alianza con Arturo O’Neill, el sucesor de Gálvez. Antolín logró la subdelegación ambicionada, y los negocios e intereses de la familia se mantuvieron viento en popa.⁶⁴ Pero para los pobres las cosas no fueron fáciles. Antolín no le cumplió a López el ofrecimiento de empleo y sus nuevos reclamos monetarios fueron acallados con la entrega de 250 pesos, esta vez pagados por fray Manuel Antonio de Armas, provincial franciscano en aquellos tiempos muy cercano a Antolín y también destacado miembro de la red social de los Quijano.⁶⁵ Además, por esos días, Francisco Solís, un ladrón que participó en el asesinato, fue aprehendido por robo y estuvo en prisión por algunos meses. Como era contacto de López, este se puso muy nervioso, pero el episodio finalmente no tuvo consecuencias.⁶⁶

Las preocupaciones de Bernardo Lino Rejón fueron muy diferentes. En 1795, una enfermedad lo tuvo “a la muerte”, por lo que confesó in articulo mortis. Su confesor, el padre Ortiz, le recomendó callar, aunque le advirtió que si Toribio del Mazo moría en prisión o era condenado a muerte, “perdería su alma”.⁶⁷ Rejón sobrevivió, pero sus tribulaciones espirituales continuaron y, en el curso de 1799, consultó a otros tres sacerdotes, quienes le ratificaron lo dicho por Ortiz.⁶⁸ Con su inquietud en crecimiento, en septiembre de 1800 se presentó ante el alcalde de primer voto de Mérida, José del Castillo, un hombre cuyos intereses rivalizaban con los de los Quijano,⁶⁹ para acusarse del asesinato de Gálvez y develar la conspiración. El alcalde apresó entonces al contrabandista y escribió una larga misiva a don Emeterio Cacho y Calderón, oidor de la Real Audiencia de México, pariente lejano del fallecido obispo Piña y Mazo y, por ende, de Toribio. Apenas la recibió, en los primeros días de noviembre, don Emeterio acudió al virrey Félix María de Berenguer, quien de inmediato envió a Mérida al capitán Juan Jabat a hacer las averiguaciones, tomar declaraciones, prender a los responsables y trasladarlos a la capital de la Nueva España para proceder a su juicio.⁷⁰

En la senda propuesta por Levi hay claros ejemplos de cómo diversos actores, con “intereses irreconciliables”,⁷¹ desarrollaron estrategias propias ante circunstancias cambiantes e inciertas. Los pobres urbanos se involucraron en el asesinato de Lucas de Gálvez principalmente para obtener un premio económico, el cual no consiguieron más que parcialmente y tras airados reclamos. Ante la amenaza del castigo por parte del aparato judicial, estos mismos pobres reaccionaron con agresividad y planearon la eliminación del principal intermediario, Esteban Castro, para lo cual no dudaron en establecer alianzas con actores de mayor nivel, como Josefa Quijano. Frente al temor del castigo eterno, uno de ellos, Bernardo Lino Rejón, prefirió enfrentar la justicia humana, aunque ello llevara -como llevó- a algunos de sus patrones a enfrentar la posibilidad del cadalso.

4. Un proceso inverosímil: acusaciones, rectificaciones, tortura y muerte en la Real Audiencia de México

Unos días antes de la delación de Rejón, Esteban Castro hizo lo propio ante Anastasio de Lara, el alcalde de segundo voto de Mérida. Pero la reacción de este funcionario fue muy distinta a la de Del Castillo, pues mandó a encerrar al intérprete, pero guardó absoluto silencio sobre los motivos. La razón de esta actitud es fácil de comprender, ya que De Lara era yerno del viejo Juan Esteban -estaba casado con Nicolasa, su octava hija- y era uno de los miembros principales de su red social.⁷² Al ocultar el encarcelamiento de Castro, probablemente esperaba ganar tiempo para urdir una estrategia, pero la acción de Rejón modificó la situación. Así, De Lara se vio obligado a reportar la confesión de Castro en escrito, que llegó a México poco después de las primeras comunicaciones.⁷³

Jabat arribó a Mérida a inicios de diciembre para tomar nuevas declaraciones a Rejón y Castro, las cuales derivaron en las prisiones de José Salazar, de los esposos Manuel Alfonso López y Ana Rejón y de Cayetana Díaz, esposa de Rejón, todos ellos vecinos pobres del suburbio de San Sebastián. También se aprehendió a Manuel Antolín, subdelegado de la Costa, y a los hermanos Tadeo y Josefa Quijano. Otros implicados que emergieron claramente de estas primeras declaraciones y de los documentos hallados en los cateos de las casas de los detenidos fueron fray Manuel Antonio de Armas y José Zepeda y Lira, quienes habían fallecido recientemente.⁷⁴

Los nueve detenidos fueron llevados a la capital novohispana, en un trayecto de casi un año, con escalas en Campeche, San Juan de Ulúa y el fuerte de Perote, en donde, por sus condiciones de salud, Antolín ya no pudo continuar, y falleció a principios de 1802, al tiempo que los demás llegaban a México.⁷⁵ En el curso de estas dos primeras declaraciones quedaron establecidos los hechos que ya se conocen.

En San Juan de Ulúa, los detenidos mantuvieron comunicación libremente, lo que permitió una nueva conspiración, esta vez para centrar la culpa en López, salvar por completo a los Quijano y matizar las responsabilidades de los demás. De acuerdo con las evidencias, fueron Antolín y Josefa quienes urdieron esta rectificación. En la versión modificada, rendida ante Manuel del Castillo, alcalde del crimen de la Real Audiencia, Castro declaró que nunca hubo ninguna conspiración, que el ofrecimiento a López fue una “chirigota”⁷⁶ y que su delación ante el alcalde De Lara fue hecha en venganza contra los Quijano por haberle negado el casamiento con Josefa, quien había enviudado recientemente. Todos los demás, con excepción de López, rectificaron en concordancia con Castro, mientras que el padre Tadeo se mantuvo en la posición de negar todo conocimiento de los hechos.⁷⁷

Al intentar sostener la rectificación en interrogatorios y careos, Castro cayó en notorias contradicciones y absurdos. En ocasiones sostuvo que los Quijano sabían de su “amistad ilícita” con Josefa, y en otros momentos lo negó completamente. Al carearse con López sobre la presentación del arma homicida en su casa dos días antes del asesinato, aseguró que había pensado que el contrabandista la usaría para ahuyentar a los perros que merodeaban por su vecindad; al ser inquirido sobre por qué implicó a Antolín, dijo que lo hizo por saber que era muy buen abogado y que, por lo tanto, sería capaz de salvarlo. Cuando se le cuestionó sobre las reuniones con Antolín y el padre Tadeo, afirmó no recordar qué las había motivado y, al ser presionado para dar una respuesta, se soltó a llorar sin más.⁷⁸ También se encontraron contradicciones menores en las declaraciones de los demás implicados, como Josefa, quien primero dijo que sus hermanos se habían distanciado de ella por su “incontinencia” con Castro, pero posteriormente declaró que nadie se había enterado de sus amores ilícitos.⁷⁹

Es sorprendente que, ante tantas contradicciones, el alcalde Manuel del Castillo haya dispuesto en su resumen judicial que únicamente se hicieran cargos a Esteban Castro y Manuel Alfonso López, aunque también recomendó mantener en prisión a los demás reos. Así, López y Castro confesaron según los usos de la época, es decir, bajo tortura.⁸⁰ Manuel Alfonso murió dramáticamente tras los primeros tormentos: “afectose tanto su ánimo [...] que comenzó a sudar abundantísimamente; el sudor penetró sus vestidos groseros, goteó en el suelo, y pasó el asiento de la silla de paja en que estaba sentado”, en tanto que Castro sufrió daños cervicales, pero sobrevivió para recibir la leve condena de diez años de prisión.⁸¹

5. Los Quijano y los pobres urbanos: destinos contradictorios

Desde que se decretó la prisión del padre Tadeo y de Josefa, la poderosa familia Quijano se movilizó para lograr su exoneración. El viejo Juan Esteban nombró procurador en la Corte de Madrid al coronel Francisco Suárez Valdez, caballero de la orden de Calatrava, quien representó ante el monarca para solicitar las inhibiciones en la causa del virrey Berenguer y del oidor Cacho y Calderón, así como el desafuero de Toribio del Mazo, a fin de que se le hicieran los cargos correspondientes por el asesinato de Gálvez. La estrategia era clara: ya sin fuero, Del Mazo sería sometido a tortura, de la que difícilmente hubiera sobrevivido tras una prisión con grilletes durante ocho años, los últimos cinco en una lúgubre mazmorra de San Juan de Ulúa.⁸² El procurador logró su cometido con prontitud, si se consideran los intrincados vericuetos de las decisiones monárquicas, y la Real Cédula que concedía todo lo solicitado fue decretada en el otoño de 1801.⁸³

No obstante, el virrey Berenguer estaba convencido de la culpabilidad de los Quijano y la inocencia de Toribio del Mazo, y actuó con mayor celeridad aún. Tras poner en entredicho la Real Cédula, decretó la libertad del militar español. Ya sin materia, la orden de desafuero quedó obsoleta y se abandonó la primera estrategia defensiva de los Quijano.⁸⁴ Sin embargo, al lograr que se aceptara la rectificación de Esteban Castro, Tadeo y Josefa quedaron a salvo de la causa, aunque permanecieron en prisión.

Paralelamente, el viejo Juan Esteban envió a su hijo homónimo a la capital novohispana para encargarse de la defensa de sus hermanos hasta lograr su libertad, lo que ocurrió en 1804.⁸⁵ El joven Juan Esteban permanecería tres años más en México, ocupado en el desembargo de los bienes de sus fraternos, y en realidad jamás volvió a su natal Mérida, pues cuando se dispuso a retornar, la embarcación en la que viajaba naufragó poco después de salir de Veracruz.⁸⁶

De este modo, en el invierno de 1804, Tadeo y Josefa, así como el artesano José Salazar, retornaron a Yucatán. Tadeo regresó a sus funciones religiosas como canónigo penitenciario, pero murió cinco años después, aquejado de una larga dolencia. Josefa, por su parte, tras recuperar sus bienes, se casó con su primo Fernando Quijano y Bustamante, y falleció en la ancianidad.⁸⁷ Los Quijano lograron recuperar parcialmente su posición de privilegio sobre todo en la persona de Miguel, el tercer hijo del viejo Juan Esteban, quien se mantuvo al margen de la causa criminal, adquirió un regimiento perpetuo en el cabildo meridano y, tras la trágica muerte de su hermano Juan Esteban, reclamó para sí el honor de alférez real, un cargo que implicaba una destacada participación pública en ceremonias ordinarias y extraordinarias. De esta manera, cuando la crisis monárquica de 1808, Miguel Quijano tuvo una actuación protagónica al portar el pendón real, realizar las proclamas y discursos, y ofrecer diversos actos en honor del rey Fernando, quien, como prisionero en Francia a disposición de Napoleón, se convirtió en el símbolo de la resistencia española.⁸⁸ Miguel Quijano todavía dio un paso más al frente, al ofrecerse a mantener un batallón, con un gasto de 18 mil reales mensuales, hasta lograr la libertad del rey y la expulsión del invasor francés. El ofrecimiento le fue premiado con la concesión del título de “Brigadier de los Reales Ejércitos”, con lo que se convirtió en el militar de mayor graduación de la provincia, con derecho a ejercer el mando en caso de ausencia del capitán general.⁸⁹

Muy distinto fue el destino de los pobres urbanos. Como ya se vio, Manuel Alfonso López fue uno de los dos coacusados, pero su proceso se vio interrumpido por su dramática muerte después de sufrir su primera sesión de tortura. Su fallecimiento resultó muy conveniente para los Quijano, pues era el único que continuaba sosteniendo la participación de la poderosa familia. Queda la duda de si dicho desenlace fue “natural”, atribuible a un error de los atormentadores, a un accidente cardiovascular o provocado por quienes tenían interés en su desaparición. José Salazar fue el único pobre que regresó a la provincia, sin que se conozca nada más sobre el resto de su vida. Bernardo Lino Rejón, su esposa Cayetana Díaz y su hermana Ana permanecieron en prisión hasta 1806, fueron liberados tras el cierre de la causa⁹⁰ y tampoco se supo algo más de sus destinos. Otros dos pobres urbanos, José Zepeda y Lira y un hombre de apellido Aguilar, murieron jóvenes y, en el caso de este último, aparentemente de forma violenta.

Es preciso apuntar, sin embargo, que el esfuerzo realizado por los Quijano para asesinar a Gálvez y luego lograr la exoneración de sus miembros procesados fue enorme. Un observador contemporáneo estimó el costo en unos cien mil pesos,⁹¹ aproximadamente la mitad de la fortuna atesorada por la familia en más de tres décadas de hegemonía política, económica y social.⁹² Además del desgaste económico, el desprestigio motivó un retroceso generalizado de la poderosa familia que el reposicionamiento de Miguel Quijano no logró restaurar del todo. Cuando en 1820 el brigadier reclamó el mando militar, las elites emergentes lograron apartarlo con facilidad. El ahora líder de los Quijano continuaba siendo el hombre más rico de la provincia, pero también era un anciano con escasa salud y una red erosionada. En esas condiciones, fue encarcelado y obligado a deponer su reclamo. Poco después del incidente falleció.⁹³ Los Quijano sobrevivientes entraron entonces en un ruinoso pleito, que terminó una década después, tras del cual la inmensa fortuna de la que fuera la familia más poderosa de Yucatán quedó fragmentada. Paradójicamente, el deudo mejor librado resultó ser José Boves, el comerciante peninsular cuya pretensión matrimonial hacia Tomasa Quijano desencadenó uno de los conflictos que posteriormente derivaron en el asesinato del primer intendente de Yucatán.⁹⁴

Consideraciones finales

El asesinato de un gobernador nunca será algo “sin importancia” ni “una historia corriente”, como el Santena de Levi.⁹⁵ El atentado a Lucas de Gálvez fue un suceso tan impactante, que puso en marcha un sin fin de pesquisas minuciosas, que a su vez generaron una copiosísima documentación. El proceso judicial produjo un potente haz de luz sobre actores y relaciones generalmente poco perceptibles. En este caso, se dirigió la atención hacia un pequeño grupo de pobres urbanos que participó en la planeación, la ejecución y el ocultamiento del crimen, como parte de una extensa red en torno a la familia Quijano.

Así, se han podido reconstruir las vicisitudes de algunos de estos pobres, como Manuel Alfonso López, el asesino material, quien mantuvo continuas disputas con Esteban Castro por el cobro de su prometida y nunca cabalmente cumplida recompensa. Se supo de su agresividad, pero también de su temor cuando las investigaciones parecieron acercarse al descubrimiento del complot, así como del hecho de haber terminado como un auténtico “chivo expiatorio”, cuando estratégicamente los demás procesados decidieron cargarle la responsabilidad del magnicidio. También fue posible reconstruir significativamente la actuación de Bernardo Lino Rejón, probablemente el hombre más cercano a Esteban Castro, cuyo principal dilema tuvo que ver con la salvación de su alma, y cuya delación develó a los responsables del crimen, con grave amenaza para toda la red involucrada, particularmente para los Quijano.

La investigación judicial alumbró la vida de estos pobres urbanos, pero otros actores -los Quijano y sus aliados más cercanos- se encargaron de obstaculizar esa luz. De este modo, algunos miembros de la red apenas emergen subrepticiamente, y poco se puede aportar sobre su actuación. Tal es el caso de José Zepeda y Lira, quien llegó a ser mencionado en el proceso, e incluso declaró, pero que falleció repentinamente justo cuando sus compañeros comenzaban su condena, así como del tal Aguilar, de quien las fuentes no recogen ni siquiera el nombre.

Las mujeres, generalmente invisibilizadas en las fuentes, emergieron también en este proceso, y con particular importancia Cayetana Díaz, una mujer pobre que tuvo una relación muy cercana con la rica y poderosa Josefa Quijano, a quien le cuidó a las hijas que procreó con Esteban Castro, además de visitarla cotidianamente, simulando ser pariente de una de ellas, que la Quijano acogió en su casa como huérfana aún en vida de su primer esposo.

El caso estudiado ha permitido echar una mirada a un grupo de pobres urbanos de Mérida, Yucatán, en la coyuntura del establecimiento de las reformas borbónicas. Incidentalmente, también se han reconstruido las actuaciones de la familia Quijano y otros miembros de su red, quienes desarrollaron una serie de estrategias en una época de inestabilidad y cambio. Al ampliar esta mirada, es posible percibir cómo los poderosos Quijano de Yucatán, al igual que los pobres urbanos, actuaron estratégicamente en la defensa de sus intereses y, aunque fueron incapaces de detener las transformaciones que los afrentaban, pusieron en juego acciones que matizaron y modificaron su realidad.