Desde las últimas décadas del siglo XIX la base de la economía chilena fue la industria del salitre, localizada esencialmente en el norte del país. Si bien el sector atravesó por distintas fluctuaciones, estas se agravaron considerablemente a partir de 1914, en buena medida por la invención del salitre sintético alemán. A partir de ese momento, las llamadas “oficinas salitreras” desemplearon a miles de obreros y generaron una crisis en el mercado laboral no prevista ni por los industriales ni por las autoridades políticas.
La gravedad del problema fue tal que las autoridades reubicaron a los obreros desempleados en “albergues fiscales” ubicados principalmente en Santiago y Valparaíso, en donde a la vez se buscó colocarlos en otras faenas, a la espera de la pronta reactivación de la industria del “oro blanco”. Sin embargo, los albergues, considerados como una medida temporal, se mantuvieron por muchos años y recibieron a miles de obreros y a sus familias. La llegada de los obreros del salitre al centro del país motivó intensos debates en la opinión pública, en los cuales se argumentó que solamente se estaba incentivando el ocio y la mendicidad, a la vez que los albergados propagaban tanto enfermedades como ideas “maximalistas”. En 1914, por ejemplo, el diputado Armando Quezada enfatizó que el gobierno debería facilitar trabajo a estos obreros desocupados, considerando “que es muy punible el abandono en que se tiene a estos trabajadores, porque eso no es solo falta de deberes a la humanidad, sino también a un verdadero peligro para el mantenimiento del orden público”.1
Este artículo identifica y analiza las prácticas de asistencia y de control social que se desplegaron hacia los obreros desempleados del norte. En este sentido, se considera importante conocer los actores e instituciones que se involucraron en el traslado, asistencia y control de los albergados. Esto requiere, a la vez, entender los intereses y motivaciones que guiaron estas acciones. De esta manera se podrán ofrecer nuevas interpretaciones sobre la concepción del “orden público” en Chile, durante un periodo en que los agentes del Estado empiezan a tomar por suyas algunas problemáticas de la llamada “cuestión social”. Así, se sugiere que la gestión del orden público fue una preocupación general, la cual incentivó las labores de reubicación laboral y provisión de vivienda, alimento y asistencia social, ejercidas por instituciones de diverso tipo.
Para los intereses de este trabajo, las obras de Julio Pinto, Sergio Grez, Daniel Palma, Angélica Illanes y Juan Carlos Yáñez resultan esenciales para entender el entrecruzamiento de las historias de los mineros del salitre, la asistencia pública y el papel que el Estado chileno tuvo en la gestión del orden en medio de una crisis económica. Pinto fue el primer historiador que ofreció un importante aporte a la experiencia de los albergados del salitre.2 Centrando su análisis en el papel político de los obreros desempleados, el autor sugiere que los albergados fueron agentes de difusión y propagación del movimiento socialista en las regiones del centro y del sur del país. Más tarde, Sergio Grez profundizó en la descripción de la agencia de los albergados para escenificar el clima de agitación política que se vivió principalmente en Santiago durante los años de 1919 a 1922.3 Anteriormente, hemos propuesto un estudio que reconstruye el debate público que se generó en torno a la presencia de los albergados en la ciudad de Santiago y aludimos principalmente a las prácticas políticas de corte socialista identificadas en los albergados.4 En conjunto, estos trabajos permiten acercarse a la figura del albergado como un sujeto político activo.
No obstante, estos aportes no se enfocan en el estudio de la labor institucional para producir información sobre la crisis del mercado laboral, reubicar a los obreros en otras labores o gestionar los albergues. En ese sentido, los estudios de Juan Carlos Yáñez y Angélica Illanes resultan reveladores, pues identifican el rol del Estado en la atención a los problemas de la cuestión social, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX. Yáñez, por ejemplo, afirma que los políticos e intelectuales de estos años, ya fuesen conservadores, liberales o socialistas, “concordaban que los funcionarios del trabajo debían iluminar el camino hacia la nueva organización social de progreso y armonía que Chile se merecía para el siglo XX”.5 Los autores dejan ver que la intervención social del Estado en Chile se expresa desde inicios de siglo en la evolución en el campo legislativo,6 así como en la creación de organismos como la Oficina del Trabajo, dependiente del Ministerio de Industria y Obras Públicas,7 la cual se encargó de recabar información sobre el mercado laboral y gestionar las acciones ante la crisis de cesantía en el norte salitrero. A decir de Yáñez, esta Oficina desempeñó labores de carácter tanto informativo como resolutivo, ya que se encargó de actualizar las estadísticas acerca de la producción industrial y el empleo, además de que creó el Servicio de Colocación para ofrecer ocupación a la considerable cantidad de obreros desocupados.8
Por su parte, en un estudio reciente Daniel Palma ofrece un análisis sobre los intentos por parte de funcionarios de las policías fiscales por estrechar lazos con la clase trabajadora, con la intención de apaciguar las relaciones conflictivas que caracterizaron a las décadas de 1910 y 1920 y que, de acuerdo con el autor, se interpretaban como parte de un “odio ancestral”.9 Desde una línea similar, Cristian Palacios aborda el carácter higienista de la Policía de Santiago, aludiendo al establecimiento del Hospital Policial que atendió a muchos de los albergados ubicados en Santiago. Esto, de acuerdo con el autor, atendía a un interés por construir un “deber ser” policial, el cual a su vez forma parte de un difícil proceso de profesionalización de la policía chilena.10
Con la intención de continuar con estas reflexiones, el presente estudio propone un análisis a partir de las premisas interpretativas del Estado “desde adentro”, sugeridas por Bohoslavsky y Soprano. Desde este enfoque, el Estado “aparece profundamente fragmentado y desacoplado en una multiplicidad de agencias, figuras, lógicas y prácticas sociales”. Esto permite “percibir las fuertes interlocuciones entre actores estatales, societales, del mercado y de la política”.11 En este sentido, nos proponemos profundizar en los vínculos entre los funcionarios y las instituciones del Estado chileno con los sectores populares, tomando como caso de estudio a los mineros del salitre que fueron desplazados y reubicados en los albergues fiscales.
A manera de hipótesis, proponemos que si bien existieron diferentes y variadas posturas políticas sobre la forma de dar solución a los problemas de la “cuestión social” hacia 1920, parece haber un consenso sobre la necesidad de intervención por parte del Estado. En buena medida, este consenso tuvo como base el interés por mantener en lo posible el orden público de carácter burgués, cuya estabilidad parecía estar amenazada por el desempleo, la marginación, las epidemias y la agitación política. Con la intervención social del Estado se empezaba a ensayar un sistema de previsión social, el cual procuró evitar que los problemas laborales, higiénicos y de vivienda desestabilizaran el orden social. Es importante aclarar que los intentos por generar un acercamiento estatal hacia los sectores populares involucraron fuertes tensiones, que en no pocas ocasiones desembocaron en prácticas represivas.
Este trabajo se construye a partir de documentos oficiales provenientes del Archivo Nacional de la Administración (ARNAD), y particularmente de los fondos del Ministerio del Interior (MI) y de la Dirección General del Trabajo (DGT). Los telegramas de estas instituciones muestran la información compartida con otras instancias como el ministro de Industria, inspectores, intendentes, prefectos, funcionarios de la asistencia pública, Dirección General de Sanidad o autoridades policiacas. Además, el trabajo se complementa con las opiniones públicas que se realizaron desde distintas plataformas, como periódicos y revistas, así como los pronunciamientos de diputados y senadores plasmados en sus respectivos diarios de debates. A diferencia de otros trabajos que se han preocupado por la historia de los albergados a partir de la prensa obrera, en este escrito, como se observa, sugerimos dar mayor relevancia a las fuentes institucionales, pues estas permiten un acercamiento al carácter social del Estado chileno.
Miguel Carrasco Navarro fue uno de los miles de obreros desocupados que habitaron los albergues fiscales establecidos en la región centro-sur de Chile. El largo viaje del norte desértico a la capital chilena implicaba un gran esfuerzo físico para cualquier adulto de sesenta años, como lo era el señor Carrasco. Don Miguel Carrasco llegó enfermo a un albergue de Santiago en los últimos días de invierno de 1919, motivo por el cual el sábado 13 de septiembre los responsables del albergue llamaron a la Asistencia Pública para que lo atendieran. No obstante, debido a la falta de camas en los hospitales, el señor Carrasco no pudo ser atendido por los médicos, o por lo menos esa fue la razón que la Asistencia Pública expresaba cada vez que los funcionarios del albergue solicitaban auxilio.
La Asistencia Pública atendió el llamado de la 7ª Comisaria de Carabineros el martes 16. Visitó el albergue y atendió a dos personas; uno de ellos presentaba todos los síntomas del tifus. En cuanto al caso del “anciano Carrasco”, insistieron en que era inútil solicitar cama de hospital, médico y medicinas para su atención, pues de aquello nada había disponible. Con el paso de las horas, el estado de salud del señor Carrasco se agudizaba todavía más, y la pérdida de una vida frágil parecía inevitable. Don Miguel falleció un 17 de septiembre a las nueve de la mañana dentro de un albergue en donde el alimento escaseaba y la salud de seis obreros y una señora era sumamente delicada.12
El caso particular de Miguel Carrasco Navarro permite visualizar una serie de elementos y actores que fueron cercanos a la experiencia de los albergados. Resalta, por un lado, una situación de contingencia en donde la atención médica y el alimento dentro de los albergues no satisfacían las necesidades básicas, ya no para el bienestar, sino para la sobrevivencia misma de quienes habitaban ese espacio. Pero dentro de esa realidad también se relacionan los funcionarios encargados específicamente de la movilización, asistencia y control de los obreros desocupados y de sus familias. Las problemáticas del mercado laboral motivaron la formación y emergencia de nuevas instituciones y funcionarios del gobierno que intentaron resolver a su manera una situación sumamente compleja en términos económicos y sociales. El Servicio de colocación de obreros desocupados fue una de ellas y, si bien no logró cubrir todas las necesidades de sustento de los cesantes, permite identificar un interés por mostrar un rostro social del Estado chileno, al que tanto se le achacaba su ausencia dentro de esa materia.
Igualmente, el “espectáculo de los albergues”13 desató una serie de debates dentro de la opinión pública chilena en cuanto a la administración y efectividad de los albergues como solución al problema de la cesantía, considerando sobre todo las polémicas generadas en torno a la malversación de los recursos destinados a los albergues y a la percepción del aumento del “desorden social” en la capital chilena, en donde tanto la Asistencia Pública como las policías fiscales estuvieron directamente involucradas.
No obstante, antes de asistir y controlar al albergado, había que reubicarlo. En este sentido, resulta importante entender cuál fue el funcionamiento institucional para el traslado de los obreros desempleados a otras regiones del país. El Servicio de colocación fue la organización que se encargó de esta labor, la cual tiene sus orígenes en 1914, pocas semanas después de que la Gran Guerra había iniciado. El 18 de agosto de 1914 la Oficina del Trabajo -institución creada en 1907- emitió un decreto en el cual estableció el “Servicio de colocación de obreros”, considerando:
Que ante la gravedad extraordinaria de la crisis jeneral [sic.] del trabajo provocada por las repercusiones económicas y financieras de la actual guerra europea, consideraciones superiores de interés público y de previsión social, aconsejan al Gobierno adoptar sin pérdida de tiempo todas aquellas medidas útiles para regularizar la distribución y colocación de los obreros desocupados, procediendo desde luego y dentro de los medios á su alcance á la creación del servicio á que se ha hecho referencia...14
Pese a que el decreto no menciona explícitamente a qué sector productivo pertenecen los trabajadores cesantes, una gran variedad de documentos nos permiten inferir que en su gran mayoría se trataba de obreros provenientes del norte salitrero. Un telegrama enviado el 19 de agosto -tan sólo un día después de la emisión del decreto arriba mencionado- al ministro de Industria y Obras Públicas por parte del intendente de Tacna, provincia perteneciente a Chile en ese entonces, expresa que más de 500 operarios desempleados de las salitreras de Tarapacá llegaron a Arica sin medios para alimentarse: “su situación es gravísima y témese molestias autoridades”.15
La preocupante condición en la que se encontraban los cesantes, a quienes no se les proveía de ningún tipo de remuneración o pensión una vez que eran despedidos de las oficinas, rápidamente alarmó a las autoridades de las intendencias correspondientes. Durante noviembre y diciembre de 1914 la intendencia de Tarapacá compró diversos productos, tales como sal de cocina, mote, pan, parafina, cebolla, carbón, leña, grasa y manteca,16 con el fin de “atender a la mantención de obreros desocupados con motivo de la paralización de las oficinas salitreras”.17
La situación que se experimentaba en el norte preocupaba no sólo por las pésimas condiciones en las que se encontraban los cesantes y sus familias, sino también por el grado de convulsión social que este fenómeno estaba provocando. En medio de una discusión sobre el uso de dinero fiscal para la construcción de un ferrocarril, los diputados Guillermo M. Bañados y Armando Quezada advertían la necesidad de darle trabajo a los desocupados del norte, cuyo número ascendía a 8 525 en Antofagasta y 12 534 en Tarapacá, lo que representaba, según sus informes, una población afectada de alrededor 78 000 personas. Como señala Angélica Illanes, “la imagen de la cesantía y el hambre junto con los cadáveres de los apestados era entonces la vida cotidiana en Iquique, Chañaral, Antofagasta, Tai-Tal. El temor a la destrucción de las propiedades fruto del hambre, mandó «devolver» a los obreros del salitre al centro y sur del país”.18
Fue en este sentido que el Servicio de colocación tuvo como objetivo recopilar información sobre la oferta y demanda de trabajo, por lo que se dio a la tarea de preguntar tanto a intendentes como a dueños o administradores de empresas, haciendas, oficinas y sociedades información sobre la situación de desocupación y sobre su disponibilidad para contratar nuevos trabajadores, para así eventualmente colocar a los obreros sin trabajo. Las respuestas que recibía el jefe de la Oficina del Trabajo no eran en absoluto alentadoras. Prácticamente todos los intendentes y gobernadores insistieron en la imposibilidad de dar trabajo a los desocupados del norte, ya que incluso en sus mismos territorios existía un “exceso de brazos”. Debido a que fábricas y faenas agrícolas se encontraban paralizadas por las restricciones de créditos que ejercieron los bancos sobre los hacendados e industriales durante la “crisis general” -devenida del conflicto europeo-, y que el duro invierno dificultó el trabajo agrícola, el número de desempleados creció considerablemente en muchas provincias del país. Más aún, los intendentes no sólo negaban la posibilidad de ofrecer un trabajo a los cesantes del norte, sino que aprovecharon la oportunidad para proponer y solicitar al Ministerio de Industria el inicio de obras públicas, refiriéndose principalmente a la construcción de líneas y estaciones de ferrocarril, puentes, regadíos y canales, para así darle ocupación no sólo a trabajadores del norte, sino también a los de sus propias regiones.19
Otra labor del Servicio consistió en difundir información concerniente a las vacantes laborales, dirigida a los trabajadores cesantes que se encontraban en Santiago. La Oficina pagaba a algunos periódicos como El Chileno, El Mercurio, El Diario Ilustrado, La Mañana, La Unión y La Opinión para que publicaran sus anuncios, en los cuales, por ejemplo, “se avisa a los obreros que han llegado de las Provincias del Norte y que se encuentran en Santiago sin trabajo, que en la Oficina del Trabajo (calle Bandera 46), de 9 a 11 A.M. y de 1 a 5 P.M. se les atenderá para los efectos de procurarles ocupación en diversas obras públicas y faenas agrícolas e industriales”.20
Paralelamente, en la Cámara de Diputados también se discutía sobre posibles proyectos que pudieran dar trabajo a los cesantes del norte. Uno de ellos, entre muchos otros, fue el propuesto por el Consejo Superior de Habitaciones para Obreros, que consistía en la edificación de casas en los terrenos que el Consejo poseía en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Concepción y Valdivia; a esto, el diputado Agustín Correa pedía a dicho Consejo que mejor “se preocupara de los obreros que están desocupados en Santiago, antes de echar mano de los que vienen de fuera, porque aquí hay también una cantidad enorme de trabajadores sin ocupación. Estos tienen la ventaja, continúa el diputado, de residir permanentemente entre nosotros, mientras los del norte vienen solo de paso…”21 Este último señalamiento de Correa expresa el grado de certidumbre que se tenía sobre el corto tiempo que los cesantes del norte supuestamente estarían en Santiago.
Si nos remitimos a los datos emitidos por el Servicio de Colocación de finales de 1914, la mayoría de los trabajadores cesantes eran enviados como jornaleros agrícolas y trabajadores en la construcción de líneas férreas, así como también los llamaban para realizar trabajos de canalización de ríos. De acuerdo con los informes de Eugenio Frías Collao, Jefe de la Oficina del Trabajo en ese entonces, entre agosto de 1914 y abril de 1915 el servicio oficial de colocación logró procurar una ocupación a más de 13.000 trabajadores y empleados en diversas profesiones y oficios.22 Para mediados de 1915, se había logrado dar ocupación a 20 000 trabajadores de los 30 000 que estaban inscritos en el servicio.23 Si bien estos datos expresan que la Oficina del Trabajo logró colocar a un número considerable de trabajadores inscritos al Servicio de colocación, el problema de la cesantía estaba lejos de resolverse si se considera que fueron alrededor de 60 000 trabajadores los que perdieron sus ocupaciones hacia 1915.24
Para finales de ese año el problema de la cesantía parecía haber pasado a segundo término. Durante los siguientes tres años la Oficina del Trabajo se ocupó de otros asuntos de no menor importancia como la reorganización de las Cajas de Ahorros, seguros de accidentes, descanso dominical, así como la recopilación de información sobre huelgas y habitaciones obreras.25 Pero eso no significaba que el problema de la cesantía hubiera terminado, sino que al parecer el Servicio de colocación suspendió sus actividades debido a una ausencia de fondos. El Ministerio del Interior era quien se encargaba de pagar a la Empresa de Ferrocarriles del Estado los pasajes para movilizar a los obreros desocupados; a mediados de 1915 Pedro N. Montenegro, ministro del Interior, informaba al ministro de Industria, Cornelio Saavedra, sobre la imposibilidad de solventar los gastos correspondientes con el pago de pasajes a Ferrocarriles del Estado, y que inclusive se solicitaron fondos al Congreso Nacional, los cuales al parecer no fueron otorgados. Por su parte, Ferrocarriles del Estado estuvo reacio a ofrecer pases libres sin el pago previo de los mismos.26
La situación de emergencia producida por la cesantía se reactivó a finales de 1918, y fue hasta ese momento cuando se restableció el Servicio de colocación. El Jefe de la Oficina de Trabajo sostenía que “por múltiples consideraciones de interés público i social”, el servicio debería de adquirir el carácter de permanente.27 Frías Collao solicitó al Ministerio de Industria cinco cosas en particular para asegurar el buen funcionamiento del Servicio de colocación: disponer de un local adecuado; informar a la Dirección General de Ferrocarriles del Estado sobre el restablecimiento del Servicio en las estaciones ferroviarias; concesión de pasajes enteramente gratuitos a la población cesante; un presupuesto determinado para el año de 1919 destinado al salario de los funcionaros del servicio, al pago de los pasajes otorgados a los obreros y a la impresión y publicaciones de avisos; y finalmente, dirigir una circular telegráfica a todos los intendentes del país y solicitarles información respecto de la situación del mercado laboral.28
Como en años anteriores, las respuestas que empresas industriales y mineras enviaron a la Oficina respecto a su disponibilidad expresaron un problema grave en el mercado laboral chileno.29 La Intendencia de Antofagasta, por ejemplo, explicaba que en las oficinas salitreras se despedía y desalojaba a los trabajadores avisándoles con solo un día de anticipación, sin siquiera pagarles el pasaje para que pudieran llegar al puerto, por lo que era común ver “á los muchos harapientos desocupados que acuden á comer á la cocina popular, que en su mayoría carecen de todo equipaje y están alojados en carpas proporcionadas por el cuartel Esmeralda, en una plaza junto al mar”.30 Así, durante el invierno y la primavera de 1919, las oficinas salitreras quedaron paralizadas; hombres, mujeres y niños caminaban errantes hacia los puertos del norte, mientras otros eran embarcados hacia Valparaíso y Santiago, como lo fue el señor Miguel Carrasco Navarro. De acuerdo con los datos de la Oficina del Trabajo, de todos los trabajadores que solicitaron ocupación, alrededor del 40 por ciento de éstos eran obreros del salitre.31
El anhelo de Frías Collao de que el Servicio de colocación adquiriera el carácter de permanente se disolvió parcialmente en diciembre, cuando la Dirección General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado suspendió nuevamente la autorización de otorgar pases libres de tercera clase con los que se movilizaba a los obreros desocupados. Esta decisión -además de poner en riesgo la existencia misma del Servicio de colocación-, “obligará a permanecer en Santiago a numerosos obreros cesantes con sus familias, sin que sea posible al infrascrito proporcionar a estas personas auxilios de ninguna especie”.32 Si bien el Servicio de colocación no quedó totalmente suspendido -ya que siguió atendiendo la coordinación de la oferta y la demanda de trabajo, además de que procuró colocar en otras faenas a los cesantes siempre y cuando los patrones interesados pagaran el pasaje de los obreros que solicitaran-, su eficacia y rendimiento se vio sumamente afectado. De enero a octubre de 1920 se registraron en el Servicio únicamente 4 172 trabajadores; a poco menos de la mitad de ellos se les asignó un trabajo específico y a 522 se les despachó “libremente”, es decir, se les movilizó a provincias para que ellos directamente buscaran trabajo o a sus familiares.33 El panorama de la Oficina de Trabajo se ensombreció aún más cuando una nueva crisis paralizó las faenas salitreras y la cesantía aparecía nuevamente como el problema nacional. Entre 1921 y 1922 alrededor de 45 000 desocupados viajaron a las provincias del centro-sur, de los cuales algunos fueron en busca de trabajo y otros habitaron los albergues fiscales que previamente se habían establecido en Santiago, Valparaíso y Limache.34
Para los desocupados el Servicio de colocación fue un preludio a la experiencia del albergue. En un inicio, el Servicio ofrecía por lo menos una esperanza de encontrar trabajo en alguna faena agrícola o en obras públicas en otra región del país, aunque casi siempre con un salario más bajo. Sin embargo, con la reubicación de los cesantes en albergues fiscales, los desocupados perdían su esencia de clase trabajadora y empezaban a ser señalados como individuos ociosos, realmente “desocupados” o, en todo caso, ocupados en la conquista de la limosna o en la agitación social. La carga peyorativa del obrero cesante afloró a la vez temores entre ciertos sectores de la sociedad chilena, los cuales se sintieron amenazados desde distintos flancos.
El primer albergue fiscal que se estableció en Santiago, seguramente al que llegó don Miguel Carrasco, fue el de la calle Chacabuco núm. 59. Este lugar era un antiguo depósito de la empresa de carros urbanos y estaba ubicado muy cerca de la estación central de ferrocarriles. Los informes que la Oficina del Trabajo envió al Ministerio de Industria señalan que entre septiembre y diciembre de 1919 el albergue alojó a un total de 1849 personas, considerando niños, mujeres y hombres del norte.35 Diariamente llegaban al albergue alrededor de doscientas personas, de las cuales muchas debían permanecer alojadas entre dos y tres días.36 A los albergados se les ofrecía desayuno y almuerzo, “entendiéndose que solo tendrán derecho a este beneficio por uno o dos días los obreros, que por carecer de alojamiento en Santiago y mientras encuentran trabajo, son admitidos en el albergue fiscal”.37
El Ministerio del Interior fue quien concedió la suma de trescientos mil pesos a la Oficina del Trabajo para atender tanto la movilización como la alimentación de los obreros y sus familias. Debido a que el fantasma de la cesantía también aquejaba a la ciudad de Santiago, la Oficina procuró que el albergue recibiera únicamente a aquellas personas procedentes de Tarapacá y Antofagasta que no tuvieran dónde alojarse en Santiago mientras encontraban alguna ocupación. En los últimos días de diciembre de 1919 dicho albergue fue clausurado ya que, por un lado, los fondos para su mantenimiento se habían agotado y, por el otro, el inicio de las faenas agrícolas y la reactivación de las oficinas salitreras habían permitido que un buen número de trabajadores regresaran al norte. No obstante, las vacantes que ofreció la industria del oro blanco no fueron suficientes y en enero de 1920 se informó al Ministerio de Industria sobre la necesidad de mantener el Albergue Fiscal, ya que a pesar de que se les avisó a los cesantes que debían buscar otra residencia, en el albergue quedaban alrededor de 300 personas ocupadas en diversas faenas de Santiago “i otras que son mendigos o vagos sin oficio conocido”. Para ese momento, el albergue estaba a cargo de la Policía de Santiago, a la cual la Oficina le hizo entrega de frazadas, tarimas de madera, lámparas de alumbrado de parafina, escobas y otros utensilios para que pudieran atender a los obreros que quedaron varados en Santiago.38
Bastaron solo cuatros meses, tiempo que estuvo plenamente activo el albergue de Chacabuco, para que la realidad social de los albergues alarmara a las autoridades. El mismo inspector encargado se quejaba de que diariamente era víctima de las ofensas y ataques de los obreros que no querían salir del albergue “porque dicen [los albergados] que no tienen donde salir, ni donde les den trabajo y que si abandonan el Albergue, la Policía los reduce a prisión por vagos o deconocidos [sic.]”.39 Por su parte, la Oficina del Trabajo solicitó al intendente de Santiago enviar dos guardianes de la 7ª Comisaria para que hicieran turno de día y de noche en el albergue, ya que entre las 6 a.m. y las 7 p.m. “no dispone esta Oficina de los medios indispensables para mantener el orden dentro del albergue, lo que da orijen [sic.] a frecuentes incidentes entre el mayordomo del albergue y los obreros hospedados i permite a estos últimos la ejecucion [sic.] de actos que es de todo punto necesario impedir o reprimir”.40
En cuanto a las condiciones de salubridad, el Jefe de la Inspección Municipal de Higiene informó que en ese establecimiento
el cuadro de miseria y desaseo […] no puede ser más triste ni más anti-hijiénico [sic.], constituyendo el todo un serio peligro que amenaza no solo a aquel populoso vecindario, sino también a gran parte de la ciudad con la diseminacion de jérmenes [sic.], porque los asilados salen diariamente a la calle a mendigar un pan para comer entrando así en continuo contacto con el público.41
La situación no mejoraría. Hacia 1921 la nueva paralización de las faenas salitreras pronosticaba una nueva oleada de cesantes. Los vapores Florencia, Imperial, Quito, América, Lautaro, Maipo, Itata y Arauco zarpaban de manera constante de los puertos del norte hacia Valparaíso cargados de cientos de obreros cesantes con sus familias. Estos pasajes fueron financiados por el fisco o, en algunas ocasiones, por los mismos industriales salitreros.42 Con mucho pesar y poco optimismo, el diario La Estrella de Valparaíso advertía que “también vamos a tener albergues para desocupados” en el puerto, lo cual implicaría un desembolso inútil del erario público y una amenaza constante a la salubridad pública, ocurriendo lo que “fatalmente tenía que ocurrir: que la creación de asilos se hace cada día más premiosa y que la población desocupada aumenta en vez de disminuir”.43
Evidentemente, el albergue de la calle Chacabuco no fue suficiente para alojar a todas las personas que llegaban del norte, por lo que rápidamente la Oficina del Trabajo, con ayuda del Ministerio del Interior, hizo las gestiones necesarias para establecer otros quince albergues en Santiago, muchos de ellos instalados en el mismo “populoso vecindario” de Chacabuco.44 La localización misma de los albergues, concentrados en su mayoría en barrios obreros repletos de conventillos, es un reflejo del intento tácito de exclusión social hacia los obreros venidos del norte. Siguiendo a Pierre Bourdieu, en una sociedad jerárquica, como evidentemente lo es la chilena de esos años, “no hay espacio que no esté jerarquizado y no exprese las jerarquías y las distinciones sociales, de un modo (más o menos) deformado y sobre todo enmascarado por el efecto de naturalización que entraña la inscripción duradera de las realidades sociales en el mundo natural”.45 En ese sentido, al no tener trabajo, los albergados fueron considerados personas pobres, por lo que era “natural” su condición de hacinados.
Estos nuevos albergues generalmente eran locales proporcionados por concesionarios particulares. Si bien los gastos corrían por cuenta del Ministerio del Interior por medio de la Intendencia de Santiago, era la Prefectura de Policía la que prestaba sus servicios para movilizar a los trabajadores, vigilar los albergues y proveerlos de alimento, según las cantidades respectivas de alojados que había en cada local. En este sentido, como señaló el historiador Gonzalo Vial, la Intendencia de Santiago funcionó como “un simple buzón entre Interior y la Prefectura”.46
Durante los primeros días de 1921, los primeros cesantes del norte se alojaron en las caballerizas de la 8ª Comisaria de Carabineros. Los obreros expresaron que ahí “los guardianes no nos tratan bien; la excesiva estrechez del local nos hace estar amontonados todo el día, y esto les parece mal y no nos atienden por este motivo”.47 Meses más tarde, la revista Sucesos lanzó un reportaje sobre los albergues y, como puede observarse en la Ilustración 1, las condiciones de hacinamiento se mantenían, pues se afirmó que “amontonados unos sobre otros los albergados llevan ya varios meses la vida en estas condiciones”.
El albergue más grande de todos se estableció en unos galpones cedidos por la Compañía de Cervecerías Unidas en la esquina de Huérfanos con Esperanza, a tan sólo un par de cuadras del local de Chacabuco 59. Según los informes del inspector de los albergues, este local se encontraba sin murallas laterales y en condiciones ruinosas, y dentro de éste vivían 1 233 personas, entre hombres, mujeres y niños. Ahí dentro, los obreros manifestaban que la salud de sus esposas y de sus niños era delicada, “propagándose entre los niños los resfriados, pulmonía i las fiebres consiguientes”. En la esquina de Bascuñán Guerrero con Lincoyan se estableció otro albergue con 1 046 personas alojadas, en el cual, según expresó el inspector, sólo existían dos baños para todos estos albergados, por lo que “se mantienen en un estado deplorable, siendo un eminente peligro de epidemias e infecciones, en particular para los niños de corta edad”. En el albergue de la calle Zasié (antiguo mercado de Laiseca) se alojaban cien hombres solteros, a quienes se les encontró en un “estado lamentable de pobresa [sic.] i falta absoluta de ropas interiores para mantenerse en estado de limpieza o evitar la propagación de epidemias”, por lo que los obreros reclamaron que se les debía proporcionar ropa interior y zapatos. Finalmente, el albergue más pequeño estaba ubicado en la calle Sotomayor esquina con Romero. Ahí se encontraban únicamente treinta hombres solteros, los cuales se alimentaban en el albergue de Zasié.48
Para el verano de 1922 el Cuerpo de Carabineros envió un cuadro con información referente a la población de dieciséis albergues en Santiago (Tabla 1), cuyo total sumaba poco más de 14 000 personas. No obstante, en una sesión de la Cámara de Diputados se expresó que eran 22 albergues los que habían pasado al control de Carabineros, lo que aumentaría considerablemente el número total de los albergados en la capital.49
La población de los albergues cambiaba prácticamente de un día a otro. Hombres, mujeres y niños de la pampa salitrera no dejaban de llegar a la capital de manera constante, mientras que, a su vez, algunos salían de los albergues porque el Servicio de Colocación les ofrecía una oportunidad de trabajo en el sur o en faenas de Santiago. El Congreso aprobó proyectos para iniciar obras públicas y así darle trabajo a los desocupados, que tanto alarmaban ya a diputados y senadores. Algunos de ellos fueron la “transformación i ornato” del Cerro San Cristóbal, canalización del río Mapocho, realización de obras comunales en la municipalidad de Rengo, construcción de fracciones de avenidas Macul, Chiñigue, Malloco, Camino de Colina, así como la instalación de la puerta principal del Parque Cousiño.50 Hubo también quienes quisieron ir a trabajar las tierras del sur o incluso regresar a las faenas mineras. No obstante, la misma Oficina del Trabajo ya advertía sobre los problemas que eventualmente se presentarían relacionados con el contrato de trabajo. Los llamados “enganchadores”, que funcionaban como intermediarios, prometían a los trabajadores un salario mayor al que en realidad se les pagó o facilidades de vida y condiciones de trabajo que nunca tuvieron. Por ello, la Oficina del Trabajo solicitó al ministro del Interior que se aprobara un proyecto de ley en el cual se reglamentara el contrato de enganche.51
Los albergues para desocupados ilustraron el “cuadro de miseria y horror” desprendido de la crisis económica, pero también mostraron el grado de impunidad que permeaba en un gobierno que no lograba desprenderse de los lastres oligárquicos. Ricardo Donoso expresó que “lo que indignaba a la opinión pública era que, a la sombra de ese dramático estado de cosas, no descansara la infatigable actividad de los logreros que, por medio de plazas supuestas y otras mil triquiñuelas, defraudaban escandalosamente al Fisco, empresa en la que se hallaron coludidos con algunos agentes inferiores de la autoridad”.52 Donoso se refiere al escándalo respecto a la malversación de los fondos destinados a la manutención de los albergados, en el cual estaban imbricados personajes muy cercanos al presidente Arturo Alessandri. Gonzalo Vial cuenta que el rumor de los abusos y deshonestidades con el dinero de los albergues llegó a oídos del ministro del Interior, Ismael Tocornal, quien una mañana decidió tomar un taxi e ir con su secretario particular, un block de notas y un lápiz al albergue ubicado en la calle de San Ignacio. Ahí contó personalmente a los alojados, que sumaban un total 1 694, pero se pagaban raciones por 4 511. Lo mismo se hizo en otros albergues y el resultado fue similar. Claramente, ese dinero extra no se utilizaba para el mejoramiento de la salubridad, alimentación o vivienda de los albergados que realmente habitaban los locales, y el fraude de los albergues salió rápidamente a la luz pública.53 En el fraude estuvieron implicados concesionarios, proveedores y “fiscalizadores” policiales, quienes materializaron la estafa por medio de facturas falsas de alimentos o combustibles. Los proveedores, por su parte, a veces otorgaban facturas “infladas” sin necesariamente obtener algún beneficio de ello; únicamente lo hacían para no perder el negocio. No obstante, en ocasiones eran los amigos o parientes de los comisarios o inspectores quienes otorgaban las provisiones a los concesionarios de los albergues, quienes aceptaban la mercadería a pesar de que estuviera averiada y a un costo alto.
A partir de ese momento, los policías que estaban a cargo de los albergues fueron suspendidos y ya no fue la Prefectura de Policía de Santiago quien continuó ocupándose del control de los albergados, sino el Cuerpo rural de Carabineros.54 Así, mientras abundaban las quejas por parte de los albergados sobre la poca y acaso insalubre comida que se les otorgaba, mientras los niños fallecían por las pésimas condiciones de higiene que existían dentro de los albergues,55 una amplia red de funcionarios, desde el cocinero hasta el prefecto de Policía Bernardo Gómez Solar, “perro fiel” de Alessandri, ilustraban con sus actos los niveles de insensibilidad, impunidad y corrupción a los que había llegado el sistema político chileno. Claudina Acuña, quien realizaba en aquel momento su tesis sobre el problema de la mendicidad, exclamó que “los albergues no resultaron instituciones destinadas a ayudar a los desgraciados obreros del norte, sino a enriquecer a los afortunados proveedores”.56
Como el escándalo de los albergues -el cual “no fue más que un vulgar y sangriento robo a las arcas fiscales hecho a expensas de la miseria popular”, según expresó el historiador Hernán Ramírez Necochea-,57 hubo otros similares durante el ocaso del régimen oligárquico.58 Daniel Palma ya expresó que, en medio de la “crisis moral” de la elite chilena, los escándalos financieros, las apropiaciones fraudulentas de tierras y estacas salitreras, la malversación de recursos públicos y las “corruptelas” fueron noticia constante en los medios de información de la época. En este sentido, los tiempos de la “cuestión social” caminaron en paralelo con los de la “cuestión moral”, que en el fondo, expresa Palma, “no era más que una muestra del rostro más oculto y ocultado de la oligarquía, que se colaba y visibilizaba, entre otras cosas, en una creciente inclinación al robo, a la estafa, a la corrupción, al lucro personal a costa de otros”.59
Los actos de la “execrable camarilla” del parlamentarismo pusieron una vez más en entredicho la poca legitimidad ética y política que le quedaba al régimen oligárquico. A su vez, era imposible ocultar ya las consecuencias sociales desprendidas tanto de la crisis económica como de la desidia de elite política chilena. La higiene, la vivienda, el alimento y la administración de los albergues, así como la mendicidad practicada por los albergados, fueron el reflejo fiel de lo que significaba para sus contemporáneos la “cuestión social” y la “crisis moral” chilena.
El director general de sanidad, preocupado porque el “éxodo” de obreros desocupados del norte no terminaba, expuso su malestar al Ministerio del Interior debido a que los cesantes eran embarcados sin ser vacunados previamente, lo cual contradecía las órdenes terminantes tanto de la Dirección General de Sanidad como las de dicho Ministerio. Se dio la orden de que ni el ministerio del Interior ni la Oficina del Trabajo embarcaran a los cesantes del norte sin que éstos hayan sido previamente observados, vacunados y provistos de su correspondiente “pasaporte sanitario”, expedido por esa misma Dirección. De no hacerse así, advertía el director de sanidad, “los obreros o trabajadores que están dirijiéndose [sic.] a varias ciudades del sur, propagarán la epidemia de viruela, como está sucediendo en todas partes”.60
Si bien la mayoría de los telegramas que informaban sobre la embarcación de gente del norte indicaban que todos los obreros se subían vacunados a los vapores,61 los informes y reportajes sobre los albergues exponen que tanto el tifus exantemático como la viruela acompañaron a los cesantes desde los puertos de Iquique y Antofagasta. En junio de 1921 se informaba que en el albergue de la calle Huérfanos esquina con Esperanza había varios casos de viruela. Por órdenes de la Dirección General de Sanidad, se sometió a cuarentena a trece de los infectados, librando así “que esos enfermos de viruela constituyeran otros tantos focos de propagación del mal”, según las palabras de la Dirección de Sanidad.62 Meses más tarde, el mismo director de sanidad publicó una nota en la que exigía la disolución de los albergues. El senador Ricardo Valdés aplaudió la iniciativa, argumentando que esos espacios no eran sino grandes focos de infección en Santiago. Más aún, se trataba de una “doble infección”: “no sólo se trata de la salubridad pública, sino que se produce el caso muy curioso de que individuos alimentados por el Gobierno desafían por las calles proclamando a voces la revolución social”.63
En medio de esta discusión, la Policía de Santiago jugó un rol importante en el control social de los albergados, precisamente desde discursos y prácticas higienistas. En el marco de la campaña de “acercamiento” entre policías y trabajadores, se ofreció el Servicio de Sanidad de la Policía para atender a los enfermos de los albergues; según Palma, la cifra de personas atendidas entre 1921 y 1922 fue de 54 461.64 Palacios explica que en julio de 1921 se instaló el Hospital Policial para albergados, el cual se estableció en la Hospedería del arzobispo, también en el barrio de Chacabuco. Quien estaba a cargo del hospital y del personal, era Carlos Molina, director general de los Servicios Sanitarios de los albergados. El establecimiento contaba con una sección para atender a 62 hombres y otra para 21 mujeres; además incluía peluquerías, cocinería, un horno crematorio y una estufa de desinfección. No obstante, después del aparatoso fraude atrás mencionado, Carlos Molina también fue destituido de su cargo.65
Como se observa, la voz de instituciones médicas, como la Dirección General de Sanidad o el Servicio de Sanidad operado por policías, influyó directamente en la vida y el control de los albergados mediante prácticas como la vacunación, desinfección, cuarentenas e incluso la exigencia de clausurar los albergues. Este peso político que tenían las instituciones sanitarias fue el resultado de procesos históricos tanto nacionales como internacionales. Siguiendo los argumentos del historiador Carlos Antonio Molina, la hegemonía de Estados Unidos en los países de Sudamérica, la cual se consolidó una vez terminada la Primera Guerra Mundial, intensificó las presiones de esta potencia para que se limpiaran los puertos latinoamericanos con los que mantenía lazos comerciales y, por ende, se crearan instituciones encargadas de ello. Por otro lado, Molina sugiere que las raíces de las instituciones sanitarias que surgen en Chile en la coyuntura de 1920 pueden encontrarse en la década de 1880, en la cual el movimiento popular organizado, como expresión del desarrollo del capitalismo considerado el modo de producción dominante, emerge al escenario social y al espacio público de la política chilena, constituyéndose así en un sujeto social protagonista de los acontecimientos políticos y sociales. Con el paso de los años, los médicos crearon su imagen corporativa de “salvadores de la humanidad dolientey consolidaron su monopolio del conocimiento y la legitimidad social como portadores del saber médico.66
Por otra parte, la mendicidad que los albergados practicaban también alertó a la sociedad santiaguina. Si nos remitimos al estudio que Claudina Acuña realizó en 1923, los albergados estarían clasificados como “mendigos ocasionales”, ya que “ejercen la mendicidad sólo en virtud de circunstancias extraordinarias, e impulsados por la fuerza de la necesidad de vivir. Estos, continúa Acuña, procurarán salir de su situación mendicante, tan luego como sea posible. Son evidentemente unos desgraciados, y respecto de ellos es preciso adoptar medidas especiales”. El caso de los “albergados mendigos” le parecía a Acuña un caso sui generis por varias razones: la mendicidad era practicada por individuos que no pidieron permiso a las autoridades para ejercer públicamente el oficio de pordioseros; los nuevos mendigos eran capaces de ganarse el sustento por sí mismos y “si recurrían a la limosna, era con manifiesta repugnancia” y, finalmente; la limosna era solicitada por personas que recibían del Estado alguna pequeña ayuda, encontrándose bajo la protección inmediata de los poderes públicos”.67
Para Acuña, la desocupación obrera y eventualmente la incipiente ayuda que otorgó el gobierno a los cesantes fueron factores que dieron origen a la mendicidad. Los albergados protestaron que su alimentación era insuficiente e inclusive “inadecuada hasta para las bestias”. Agregaba que “los poderes públicos y la opinión se enfadaron ante las pretensiones de tan singulares y pedigüeños pensionistas fiscales, creyendo que con el $1.30 que el Estado destinaba para la subsistencia de cada uno de ellos, debían declararse enteramente satisfechos”. Más aún, la autora advertía que muchas mujeres y niños fueron abandonados o quedaron desprotegidos por la muerte de sus parientes en la “vorágine de los albergues”, por lo que los índices de mendicidad infantil aumentaron notoriamente.68
Junto a ello, el obrero albergado no solo pasó a ser practicante de la mendicidad, sino también del robo: “Cuando el transeúnte se mostraba avaro en la práctica de la cristiana virtud de la caridad, los mendigos, antes que morirse de inanición, preferían arrebatar lo que necesitaban”.69 No obstante, si bien en muchas ocasiones al albergado se le consideró un peligro para el orden social, también es cierto que se le concebía como la verdadera víctima de la crisis por la que atravesaba el país. Palma afirma que en el marco de la denuncia de los males sociales en las primeras décadas del siglo XX, “el criminal impulsivo, capaz de matar para lograr sus propósitos, pasó a ser una víctima más de las desigualdades y de la crítica situación imperante para la mayoría de los habitantes del país”.70
Ante la situación de precariedad en la que se encontraban los albergados y en contra de las acusaciones emitidas por la opinión pública en torno a su supuesta ociosidad, estos llevaron a cabo distintas prácticas para buscar mejores opciones de sobrevivencia. Algunos, por ejemplo, decidieron salir a vender periódicos, pero como no contaban con su carnet de identidad eran detenidos por los policías. Otros buscaron trabajo por su cuenta; sin embargo, los contratistas les pedían que contaran con sus propias herramientas, las cuales evidentemente no tenían. Por otro lado, en algunos albergues se organizaron “guardias rojas”, las cuales estaban compuesta por mujeres y hombres del albergue con el objetivo, de acuerdo con un mismo obrero de la guardia de evitar la entrada de “los oligarcas que nos quieren matar de hambre”.71
Las tensiones sociales que se generaron por la presencia de los obreros del salitre llegaron a niveles de franca violencia, y tuvieron como resultado el uso de la fuerza policial represiva, ocasionando la muerte de dos albergados: Manuel Villalobos y el obrero Reveco. Como señala Palma, hacia mayo de 1922 el derramamiento de “sangre policial” demandó “paciencia” a los guardianes, quienes tenían además que conformarse con un ínfimo pago. A partir de la revista Ilustración policial, los policías se autorepresentaron en un dibujo como sujetos agredidos por los albergados, quienes les lanzaban piedras, simbolizando “desórdenes”, “balazos”, “mitin”, “sangre”, “improperios”, etc.72 Así, puede percibirse que a pesar de los intentos por crear puentes entre los encargados del orden y los trabajadores en el marco de la campaña de “acercamiento”, las relaciones entre los agentes policiales-sanitarios y los albergados no fue necesariamente armoniosa.
Las relaciones que se entretejieron entre los funcionarios y policías con los obreros albergados muestran, en la mayoría de los casos, ambivalencias y contradicciones. Siguiendo los argumentos de Gabriel Salazar, ante el miedo al peligro rojo surgieron dos tácticas parlamentaristas. La primera fue “la represión draconiana” a los “rotos alzados” y la segunda se refiere a las propuestas de integración democrática a la ciudadanía nacional. Esto implicó incorporar la “cuestión social” al discurso democrático impulsado por la élite, lo cual, señala Salazar, se concebía necesario para sostener la gobernabilidad del parlamentarismo.73 En este sentido, la creación de la Oficina del Trabajo, así como el cambio de actitud por parte del Congreso para estudiar proyectos sobre legislación social, expresan en cierta medida cómo se materializó esta estrategia, la cual, como bien señala Yáñez Andrade, inició incluso antes de 1910.74
Sin embargo, si bien se buscó imponer un discurso de consenso social, esa “represión draconiana” se mantuvo incluso durante el gobierno de Alessandri pues, si bien con otros matices, también se expresaron actos de violencia en contra del movimiento popular organizado. Al respecto, Molina explica que el discurso médico también mantuvo una vocación expresamente represora, similar a la del Estado oligárquico, a la vez que procuraba atender al mismo pueblo reprendido.75
El problema de la cesantía y el fenómeno de los albergados atravesaron por estas dos “tácticas parlamentaristas”. Los albergues estuvieron en medio del consenso y la represión. Aparatos estatales como la Oficina del Trabajo y el Servicio de colocación de obreros desocupados expresan un reformismo interesado en atenuar los cuadros de miseria vistos después de las crisis del salitre. Los servicios de sanidad y el establecimiento del Hospital Policial son ejemplos, a la vez, del intento de acercamiento entre policías y obreros, cuya relación se percibía esencialmente conflictiva. El fraude llevado a cabo en los albergues consolidó el desprestigio popular de los policías y de los agentes del Estado, mientras que los enfrentamientos entre guardianes y obreros dificultó el éxito de la campaña de acercamiento. Visto desde una panorámica general, la intervención del Estado en las problemáticas sociales tuvo relativa efectividad en su labor de previsión, pero en definitiva no garantizó la tranquilidad del orden social de carácter burgués. El clima de tensión política y social en Santiago entre 1919 y 1922 y, particularmente la experiencia de los obreros albergados, muestra que la represión hacia los sectores populares continuó siendo una práctica estatal, yuxtapuesta a medidas de previsión.
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[3]Julio Pinto, “Donde se alberga la revolución”, en Desgarros y utopías en la pampa salitrera, La consolidación de la identidad obrera en tiempos de la cuestión social (1890-1923) (Santiago: LOM, 2007) 183-232.
[4]Sergio Grez, Historia del Comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-1924) (Santiago: LOM, 2011) 144-174.
[5]Oscar Acosta, “¿Legionarios de la revolución o una viruela social? El debate público sobre los obreros cesantes albergados en Santiago de Chile, 1919-1921”, Revueltas. Revista Chilena de Historia Socio Popular, núm. 2 (2020): 38-64.
[6]Juan Yáñez, La intervención social en Chile 1907-1932 (Santiago: Ril, PEDCH de la Universidad de Los Lagos, 2008) 309.
[7]Yáñez, “Antecedentes y evolución histórica de la legislación social de Chile entre 1906 y 1924”. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXI (1999): 203-210.
[8]Angélica Illanes, “En el nombre del Pueblo, del Estado y de la Ciencia..." Historia Social de la Salud Pública en Chile, 1880/1973 (Santiago: Ministerio de Salud, 2010) 117.
[10]Daniel Palma, “«Guardián, quiere al obrero, que en la lucha por la vida es compañero». Las policías fiscales y el pueblo (Chile, 1910-1924)”,Tiempo histórico, n. 23 (2021): 125-145.
[11]Cristian Palacios, “¡A vosotros guardianes! Discursos y prácticas higiénicas en la construcción del "deber ser" policial. Santiago de Chile (1896-1927)”. República de la Salud. Fundación y ruinas de un país sanitario, Chile siglos XIX y XX, eds. Claudia Araya y otros (Santiago: Ocho Libros, 2016) 139-173.
[12]Ernesto Bohoslavsky y Germán Soprano (eds.), Un Estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (desde 1880 hasta la actualidad) (Buenos Aires: Prometeo-UNGS, 2010) 20-21.
[13]“Inspector encargado del servicio de obreros a Jefe de la Oficina del trabajo”, Santiago, 17 de septiembre de 1919, ARNAD, MIyOP, v. 2927.
[14]Claudina Acuña, “El problema de la mendicidad” (Tesis de Licenciatura, Universidad de Chile, 1923), 24.
[15]“Decreto de establecimiento del Servicio de Colocación de obreros, sección 1ª, núm. 1527”, Santiago, 18 de agosto de 1914, ARNAD, MIyOP, v. 2600.
[16]“Ministerio de Relaciones Exteriores a Ministro de Industria, confidencial núm. 28”, Santiago, 19 de agosto de 1914, ARNAD, MIyOP, v. 2600.
[17]“Cuenta en Rancho Fiscal por lo comprado desde el 30/11 hasta el 6/12/1914”, Santiago, 7 de diciembre de 1914, ARNAD, MI, v. 5294.
[18]“Intendencia de Tarapacá a Ministro del Interior, núm. 563”, Santiago, 10 de diciembre de 1914, ARNAD, MI, v. 5294.
[25]Esta “prudente” cifra de desocupados es expresada por el Jefe de la Oficina del Trabajo en mayo de 1915. BOT, 10 (1915): 6.
[29]“Jefe de la Oficina del Trabajo a Ministerio de Industria, núm. 276”, Santiago, 14 de diciembre de 1918, ARNAD, MIyOP v. 2927.
[30]“Comunicaciones relativas a la situación del mercado de trabajo, núm. 22”, Santiago, 7 de enero de 1919, ARNAD, MIyOP, v. 2927.
[31]“Comunicación de la Intendencia de Antofagasta, núm. 422”, Santiago, 31 de marzo de 1919, ARNAD, MIyOP, v. 2927.
[33]“Jefe suplente de la Oficina del Trabajo a Ministro de Industria, núm. 859”, Santiago, 30 de diciembre de 1919, ARNAD, MIyOP, v. 2991.
[36]“Oficina del Trabajo a Ministro de Industria, núm. 13”, Santiago, 9 de enero de 1920, ARNAD, MIyOP, vol. 2991.
[37]“Oficina del Trabajo a Intendencia de Santiago, núm. 660”, Santiago, 3 de septiembre de 1919, ARNAD, DGT, v. 58.
[38]“Jefe suplente de la Oficina del Trabajo a Ministro de Industria, núm. 676”, Santiago, 16 de septiembre de 1919, ARNAD, DGT, v. 58.
[39]“Oficina del Trabajo a Ministro de Industria, núm. 13”, Santiago, 9 de enero de 1920, ARNAD, MIyOP, vol. 2991, ff. 1-3.
[40]“Inspector encargado del servicio de obreros a Jefe de la Oficina del Trabajo”, Santiago, 17 de septiembre de 1919, ARNAD, MIyOP, vol. 2927.
[41]“Oficina del Trabajo a Intendente de Santiago, núm. 660”, Santiago, 3 de septiembre de 1919, ARNAD, DGT, vol. 58.
[42]“Jefe de la Inspección Municipal de Hijiene a Alcaldía Municipal de Santiago, núm. 465”, Santiago, 9 de octubre de 1919, ARNAD, MIyOP, v. 2927.
[45]La Oficina del Trabajo solicitó que se usaran los galpones de la Dirección General de Obras Públicas, ubicados en la esquina de Matucana con Moneda: “Oficina del Trabajo a Director General de Obras Públicas, núm. 114”, Santiago, 4 de febrero de 1921, ARNAD, DGT, v. 78. Igualmente, la misma oficina solicitó a la Sociedad Nacional de Agricultores que dispusiera de sus almacenes ubicados en Matucana para que funcionara como albergue fiscal: “Oficina del Trabajo a Ministro de Industria, núm. 396”, Santiago, 22 de abril de 1921, ARNAD, DGT, v. 78.
[47]Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973). Volumen III. Arturo Alessandri y los golpes militares (1920-1925) (Santiago, Santillana, 1987), 325-326.
[48]Expresión de una comisión de albergados que se presentó en El Mercurio (Santiago) para dar a conocer sus condiciones de vida, 9 de febrero de 1921, citado por Pinto 199.
[49]El informe sobre estos cuatro albergues se encuentra en “Inspector a Jefe de la Oficina del Trabajo”, Santiago, 14 de marzo de 1921, ARNAD, DGT, v. 70; también véase Pinto 200-201.
[51]Estos proyectos se encuentran descritos en documentos emitidos entre enero y abril de 1921 en ARNAD, DGT, v. 78.
[52]“Jefe de la Oficina del Trabajo a Ministro del Interior, núm. 228”, Santiago, 2 de marzo de 1921, ARNAD, DGT, v. 78.
[53]Ricardo Donoso, Alessandri, Agitador y demoledor. Cincuenta años de historia política de Chile, (México: Fondo de Cultura Económica, 1952), 284.
[56]“Jefe de Oficina del Trabajo a Ministro de Industria, núm. 270”, Santiago, 14 de marzo de 1921, ARNAD, DGT, v. 78.
[58]Hernán Ramírez, Origen y formación del Partido Comunista de Chile. Ensayo de historia política y social de Chile (Moscú: Progreso, 1984) 165-166.
[59]Sobre los otros escándalos financieros durante el régimen oligárquico véase Vial, “La «execrable camarilla» y los «escándalos del régimen»”, en Historia de Chile, 324-335.
[60]Daniel Palma, Ladrones. Historia social y cultural del robo en Chile, 1870-1920 (Santiago: LOM, 2011) 89.
[61]“Ministerio del Interior a Oficina del Trabajo, núm. 840”, Santiago, 9 de mayo de 1921, ARNAD, DGT, v. 68.
[63]“Ministerio del Interior a Oficina del Trabajo, núm. 950”, Santiago, 1º de Junio de 1921, ARNAD, DGT, v. 68.
[73]Ilustración Policial (Santiago) 18 de agosto de 1922; imagen insertada en Palma, “Guardián”, 130.
[74]Gabriel Salazar, Violencia política popular en las “Grandes Alamedas”. La violencia en Chile 1947-1987 (Una perspectiva histórico popular) (Santiago: LOM, 2006) 73.
[75]Yáñez, Estado, consenso y crisis social. El espacio público en Chile, 1900-1920 (Santiago: DiBAM, CIDBA, 2003) 21.
[77]Cómo citar este artículo: Oscar Antonio Acosta Torres, “Orden público y Estado social ante la crisis laboral en Chile. El caso de los obreros del salitre, 1914-1921”, Trashumante. Revista Americana de Historia Social 22 (2023): 128-150. DOI: https://doi.org/10.17533/udea.trahs.n22a06
