El libro de Sebastián Hincapié Rojas es una historia social del delito político en Colombia en la década de 1970. Es un esfuerzo por historizar las luchas, las ideologías, los intereses, los significados y las prácticas que moldearon -y materializaron- los Consejos de Guerra Verbales (CGV) en un contexto de fuerte radicalización y lucha política. En palabras del autor, el texto busca “sacar el delito político de los moldes jurídicos y observarlo como parte de la disputa social y política mantenida por los propios actores [sociales] en los Consejos de Guerra Verbales” (p. 17). Y lo hace para pensar críticamente la estrecha complementariedad histórica -y la mutua constitución- entre guerra y política, por un lado, y guerra y derecho, por el otro. Tal esfuerzo forma parte de una historiografía reciente que busca entender el derecho y la ley no como simples realidades abstractas, estáticas o transhistóricas, sino como el producto de múltiples luchas sociales por el poder en Colombia. Así, el autor plantea que, si bien los CGV han sido un tema bastante estudiado, muchos académicos se han limitado a afirmar que fueron “un instrumento represivo utilizado por el Estado colombiano contra la disidencia política” (p. 18). Hincapié Rojas propone una mirada que, sin dejar de lado los aspectos represivos de los CGV, también los analice como parte de las luchas entre militares, jueces y prisioneros políticos a propósito del papel democrático y/o antidemocrático de la ley y el derecho.
Esta apuesta se fundamenta en la lectura crítica y cuidadosa de una diversidad de fuentes documentales. Contextualiza algunas publicaciones de las fuerzas armadas para ver el papel de los militares como sujetos sociales que lucharon por una versión de sociedad donde la guerra jugaba un papel clave para mantener la democracia. A su vez, rescata una serie de producciones y publicaciones alternativas para problematizar el papel de diferentes grupos sociales, quienes entraron en disputa por los significados, las definiciones y las prácticas de lo que significaba cometer un delito político. Todo esto se complementa con algunas entrevistas a exprisioneros políticos y abogados que participaron en los CGV. En su conjunto, el texto invita al lector a pensar críticamente las estrategias de control, las formas de disciplinamiento y las metodologías de exclusión ejercidas por el Estado para silenciar voces disidentes. En ese sentido, muestra cómo durante los años setenta la prisión política fue una de las herramientas más importantes para consolidar la represión estatal contra las múltiples formas de disidencia. Y anuncia las razones por las cuales el Estado colombiano reconfiguró esta herramienta para que en años posteriores empezará a privilegiar, siempre en nombre de la democracia, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y la paramilitarización de las relaciones sociales como tecnologías de represión para responder a la protesta social y a la crítica del status quo.
Proponiendo el estado de excepción y la ideología como categorías útiles para el análisis histórico de delito político, De acusados a acusadores presenta una detallada contextualización de los CGV desde el siglo XIX hasta principios de los años ochenta. Tal análisis describe cómo la figura del estado de excepción permitió la materialización de los CGV como espacio político en disputa para “lidiar” con la disidencia. Fue en ese espacio donde se debatieron la legitimidad/legalidad de la violencia estatal. Aquí el lector aprende que el delito político ha sido uno de los temas más discutidos en Colombia y un elemento central en las historias de la democracia. Ha sido, nos dice el autor, un fenómeno de larga duración. Pero esto no quiere decir que haya sido una constante transhistórica. Por el contrario, lo que Hincapié Rojas nos muestra es precisamente la especificidad histórica de las múltiples formas de la violencia estatal, sus justificaciones, prácticas, ideologías e intereses de clase. Hay varios elementos en el análisis. Por un lado, el autor presenta una problematización del estado de excepción, siguiendo los parámetros teóricos de Giorgio Agamben, que le permite pensar críticamente el naturalizado binomio Estado autoritario-Estado de derecho. Al historiar los CGV y el delito político como unos productos históricos y de poder, este binomio y las presuntas distinciones que lo definen se cuestionan no solo para decir que el estado de excepción fue más bien la regla general en la historia de Colombia, algo que los mismos prisioneros políticos nunca se cansaron de argumentar, sino también para mostrar el proceso a través del cual los CGV consolidaron una indeterminación histórica entre estado de derecho y estado autoritario. Una indeterminación entre práctica democrática y gobierno autoritario. Es muy importante la apuesta teórica, pues plantea que en la década de los setenta la justicia penal militar buscó diluir las fronteras que separaban las diferentes ramas del poder público. Es decir, se muestra que en aras de “salvar” la democracia también era necesario sacrificarla. Hincapié Rojas cuestiona lo que uno podría denominar una racionalidad política que combinó lo legal con lo ilegal en el proceso que se seguía en los CGV tanto como realidad jurídica, así como proyecto político. Más aun, en la búsqueda de materializar la prisión como forma de represión estatal contra una multiplicidad de disidencias los militares siguieron un proceso legal -el juicio- que tenía como fundamento prácticas ilegales: la tortura, la confesión forzada, la construcción de sumarios. O, en palabras de los militares, era un proceso “legal” que buscaba “torturar primero [para] condenar después” (p. 76). Tal proceso consistía, entonces, en demostrar, sin pruebas, careos o testimonios, la inexistencia de delito político para así justificar el subsecuente encarcelamiento de aquellos que se percibían desde un principio como delincuentes comunes.
De igual manera, Hincapié Rojas rescata el concepto de ideología como “concepción del mundo”. Vale la pena decir, así sea de paso, que tal problematización conceptual resulta estimulante pues en el contexto de una academia neoliberal tal categoría ha sido marginalizada. Este esfuerzo le permite al autor pensar críticamente los intereses, las prácticas, y las ideas que tenían diferentes actores, en particular los militares, sobre la “delincuencia política” como relación social y como disidencia. Es aquí donde se ven las luchas sociales de lo que significaba practicar el delito político. Alimentándose de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) -cuya principal preocupación era la subversión-, de teorías contrainsurgentes francesas, así como del diálogo intimo con las experiencias dictatoriales en América Latina, los militares colombianos movilizaron una visión contrainsurgente y una racionalidad anticomunista que les permitieron ver al disidente del status quo solo como un delincuente común. En este contexto, el delito político era inexistente para la mayoría de los militares -incluso era una quimera- y la disidencia se entendía como delincuencia social. Tal inexistencia, a los ojos de las fuerzas armadas, funcionaba como fuente de legitimación de la violencia estatal y elemento central de cualquier democracia.
Por otro lado, Hincapié Rojas muestra cómo los acusados -a quienes se les definía como delincuentes comunes- pasaron a ser acusadores. Reivindicaron su papel como insurgentes, militantes, sujetos políticos que buscaban la materialización de un nuevo proyecto de sociedad. También redefinieron el delito político como el proceso a través del cual ese nuevo proyecto de sociedad se podría materializar. Se buscaba comprobar y legitimar la existencia empírica del delito político. Movilizaron así “la defensa de ruptura” como estrategia para reivindicar el papel de la disidencia política en la democracia. Es decir, el derecho se desconocía en simultáneo con la reivindicación de una subjetividad política. De esta manera, hacían un llamado a la redefinición de la nación, la patria; la ley; ofrecían una crítica a las oligarquías y al poder imperialista de los Estados Unidos. Reclamaban, además, la defensa y la representación del pueblo.
Dado el interés de Hincapié Rojas por estudiar el delito político como lucha social y realidad sociológica, surgen algunos interrogantes a propósito de lo que buscaban materializar los militares con -o a través de- los CGV. ¿Cuál era la definición de lo político que los militares reivindicaban -y querían practicar- para decir que el delito político no existía y que por lo tanto la posible existencia de un prisionero político era en el mejor de los casos un oxímoron? ¿Cuál era la definición de democracia que los militares movilizaban y les permitía pensar que cualquier forma de disidencia política estaba en oposición ontológica a esa democracia? En múltiples ocasiones los militares decían estar defendiendo la patria y la democracia de amenazas externas. El autor muestra que hay que tomarse en serio las fuerzas militares como sujetos históricos en vez de homogenizar su participación política. Pero, desde mi punto de vista, también debemos cuestionar el lenguaje y las prácticas que le permitían a los mismos militares pensarse como representación democrática, objetiva y apolítica de un Estado de derecho. Y para lograrlo hay que entenderlos como sujetos históricos que buscaban hegemonizar una noción de lo político -y el otro de lo político era, como lo muestra este texto, las varias formas de disidencia-, donde lo autoritario y lo democrático pudieran fácilmente coexistir. Esta perspectiva es importante para ver si en realidad los militares solo representaban los intereses y la ideología de una élite política como lo sugiere el autor, o más bien fue una lucha de clase más intensa al interior de las fuerzas armadas. Además, esto permitiría ver quizás algunas contradicciones en la “concepción de mundo” que los militares imaginaban para justificar sus prácticas violentas y excluyentes.
Y en cuanto a las experiencias de los acusados, que lucharon para ser acusadores, surgen otras preguntas. En su reivindicación como prisioneros políticos, una calidad que les permitió lograr cierta distinción política en relación con los delincuentes comunes, ¿qué papel jugaron los elementos de género, raza y región en ese proceso de diferenciación/distinción? Es interesante pensar que tanto militares como prisioneros políticos compartían, siempre de manera parcial, un lenguaje político: patria, pueblo, democracia. Como lo muestra Hincapié Rojas los significados y las prácticas de ese lenguaje siempre estuvieron en disputa. ¿Cómo definían entonces los prisioneros políticos la patria que decían defender? ¿A qué pueblo decían representar? ¿Cómo aparecen elementos de género, raza y región en la construcción de los militares como “enemigos del pueblo”? Y, en la transición de acusados a acusadores, ¿quién era el delincuente común de quien los prisioneros políticos buscaban diferenciarse para poder legitimar así su disidencia política?
En su conjunto, este libro es producto de una investigación juiciosa, el resultado de una rigurosidad académica y la cosecha del compromiso político como fuente central en la producción del conocimiento. Es una apuesta historiográfica que busca entender las historias de Colombia como parte de América Latina y América Latina como parte de las historias de Colombia, no solo en términos comparativos sino también de las formas heterogéneas de cómo se vivió la llamada “Guerra Fría”. Y es, ante todo, un libro que nos invita a pensar críticamente las raíces autoritarias de la democracia en Colombia.