El cacique en su laberinto: Ignacio Quispe Ninavilca y la guerra de independencia. Huarochirí, Perú, 1820-1824

Introducción

Durante el siglo xix, en el Perú coexistieron dos formas de hacer la guerra: la guerra convencional y la guerra de guerrillas. Esto fue posible gracias a la preservación de una “tradición militar dual” (Ejército y milicias) que venía gestándose desde mediados del siglo xviii con las reformas borbónicas, la cual había sido repotenciada en medio del fragor separatista de la década de 1820. Ello trajo como resultado una tensión casi irremediable entre las fuerzas militares profesionales y las milicias, que alimentó una sostenida fragmentación del poder militar y dio paso a intensos debates y conflictos respecto a quiénes debían ejercer, legítimamente, el monopolio de la violencia estatal, problemática latente hasta las postrimerías del siglo xix. Fue una lucha de larga data, y solo en las primeras décadas del siglo xx este sistema dual fue relegado de forma progresiva por un tipo de organización militar gestionado solo por el Gobierno central.¹

La clave para explorar este fenómeno y sus consecuencias se encuentra en el análisis de la ciudadanía en armas, un referente que instaba a los ciudadanos a defender, por medio de las armas, la reciente libertad conquistada frente a riesgos internos y externos.² Este derecho y este deber cívico no eran una novedad de las guerras independentistas. Fue una tradición que se remontaba a la Antigüedad clásica, la cual había sido adaptada y reformulada a la situación revolucionaria de los Estados Unidos, Francia y, por último, Hispanoamérica.³ En ese orden, la organización militar de las comunidades políticas emergentes estuvo en consonancia con la afirmación de la milicia como la institución que ponía en relieve el fundamento del ciudadano en armas defensor del pueblo soberano.⁴ Era un papel comprensivo tanto para las élites revolucionarias como los sectores plebeyos; los primeros promovían la guerra y los segundos la sostenían bajo distintas motivaciones.⁵ Por consiguiente, la guerra independentista posibilitó la apertura de una estructura de oportunidades políticas a una serie de actores sociales que ejercitaban el principio del ciudadano combatiente.

Producto de ello ocurrió una disrupción en el sistema militar dual. Durante la década de 1820, la coexistencia conflictiva entre el Ejército y las milicias se hizo aún más complicada por la incursión de las guerrillas. Sus líderes sostenían que eran las guardianas del principio de la ciudadanía armada y reclamaban su derecho a preservar la libertad frente al absolutismo hispano. Esto trajo consigo la colisión entre los proyectos locales y “nacionales” que devino en una vigorización de las demandas sociales de los pueblos. La negociación, el desacato y la violencia armada se constituyeron como tribunas de lucha de las localidades que hicieron eco en la cultura política de la época.

Ese tira y afloja entre lo local y lo “nacional” representó una enorme presión social que fue internalizándose entre la sensibilidad política de la población. En los espacios locales hubo una serie de reacciones contra lo foráneo, expresado como una afrenta ante lo que provenía de la Península Ibérica, o incluso una reacción frente a Lima y las urbes provinciales. Por lo tanto, la constitución de las guerrillas expresó el cúmulo de intereses locales en medio de la guerra; representó un cambio cualitativo de motivaciones y prácticas para hacer la guerra. Posibilitó que el espacio de la contienda fuera circunscrito y localizado, ya que vinculó su accionar en función de las decisiones de los líderes locales.

Frente a esta situación, proponemos que la guerra independentista peruana remozó los poderes locales, mas no pudo compactar y consolidar en las localidades la noción de lo “nacional”.⁶ Fue un orden político que nació agrietado, cuyos intersticios se hacían más profundos en la medida en que la lucha política se provincializó e incorporó a más sectores plebeyos de la sociedad. Con el desmonte del orden virreinal, suscrito inicialmente en la Capitulación de Ayacucho (1824), los mandos patriotas esperaban también desmovilizar política y militarmente a los pueblos que habían estado comprometidos con la gesta libertaria. Pero en las siguientes décadas se multiplicaron los escenarios de conflictos y se masificaron las maquinarias locales de guerra como las guerrillas. La lucha independentista había legado la militarización y politización de las localidades a estos nuevos señores locales de la guerra.⁷ El empleo de las guerrillas fue una forma popular de lucha política vigente en el escenario peruano hasta las décadas finales del siglo xix.⁸

A través del análisis del repertorio de prácticas políticas del cacique guerrillero Ignacio Quispe Ninavilca en Huarochirí, centramos la discusión sobre los legados de la guerra independentista en las sociedades locales y cómo estos buscaron ser domesticados por el Gobierno en aras de la afirmación del ideal “nacional”, materializada en este intento de suprimir la “tradición militar dual”. Para responder esta pregunta, dividimos el debate en dos secciones. La primera está dedicada al análisis de los factores que hicieron posible el incremento de su capital político en Huarochirí y cómo lo sostuvo durante la guerra, lo que nos permitirá explicar, en última instancia, acerca de las estrategias empleadas por Ninavilca con el fin de adaptarse y reposicionarse en el orden republicano durante el escenario bélico.

En particular, el análisis del capital político de Ignacio Quispe Ninavilca resulta relevante para nuestra investigación, puesto que, en medio de la guerra independentista peruana, los actores de esta sociedad guerrera se han desplegado en múltiples espacios de acción e influencia, lo que posibilitó la convergencia de una serie de relaciones sociales mediadas por el conflicto.⁹ Es así que individuos e instituciones batallaron por una posición ventajosa sobre los demás. Para ello requerían desplegar estrategias con miras a la acumulación de una serie de elementos que los hicieran prestigiosos frente a las localidades. Por consiguiente, el capital político de Ninavilca se ha definido en función de su reputación y notoriedad en la provincia de Huarochirí, gracias a sus cualidades específicas propias que lo elevaron por encima de sus competidores. El objetivo está en rastrear las continuidades y dislocaciones de ese capital político conforme al desarrollo de la guerra independentista, aspectos que no han sido abordados profundamente por la historiografía peruana contemporánea. Por consiguiente, nos interesa analizar si el capital político de Ninavilca fue engullido por una entidad soberana suscriptora de “lo nacional” (ejército regular) o si llegó a preservarse bajo distintos mecanismos de legitimación que permitieron a nuestro personaje reposicionarse en el nuevo mapa político del Perú.

El clan Ninavilca

Durante tres siglos, los Quispe Ninavilca habían sido una de las pocas familias de caciques que se mantuvieron como notables de Huarochirí. En las primeras décadas del siglo xvi, bajo la administración incaica, Ninavilca ejerció funciones como hatun curaca, lo que le valió un gran prestigio entre los naturales de la provincia.¹⁰ A nivel local, representaba a la comunidad y era el custodio de las normas sociales que mediaban los contactos entre los miembros de la sociedad. Fungía como árbitro en las luchas por la posesión de tierras entre los integrantes de su grupo social, aseguraba el cumplimiento de las celebraciones locales e imperiales y secundaba las demandas de los sectores menos favorecidos.¹¹ Frente a las autoridades imperiales, el curaca debía hacer efectiva la asignación de trabajadores en las tierras del Estado, entregar bienes para los sacrificios a los dioses, entre otros.¹² Como retribución, podía controlar los recursos de sus comunidades y disponer de sus miembros para trabajar sus posesiones agrícolas, incluso más allá del núcleo de su macro etnia.¹³ Sin embargo, el acceso a estos privilegios no se conseguía de forma inmediata. Al igual que el inca, el curaca debía extender una red de favores con sus subordinados, a manera de “ruegos”, para hacer efectiva la ayuda requerida. Era una práctica que se remontaba desde los tiempos de la expansión incaica y que fue incorporada al aparato administrativo imperial.

Cuando el poder español sustituyó al inca, la legislación imperante reconoció la existencia de los caciques como “inmediatas autoridades para regir y gobernar a los indios”.¹⁴ Debido a que comprendían a la perfección las dinámicas sociales de sus naturales y gozaban de legitimidad sobre ellos, fueron colocados al mismo nivel que la nobleza europea, otorgándoles un estatus comparable al hidalgo hispano. No se encontraban sujetos a un régimen laboral ni a un préstamo tributario que sí se les exigía a los indios del común. En ese sentido, la ley permitía a los caciques realizar negocios y transacciones en la sociedad hispana, estaban facultados para disponer un patrimonio y herencia personal, podían portar armas y montar a caballo.¹⁵ A cambio de la concesión de privilegios, al cacique le correspondía una serie de obligaciones con el régimen virreinal: era el responsable de la centralización de tributos en beneficio de la Corona y sus dependientes administrativos; además, debía cumplir con asignar trabajadores para la mita en sus diferentes versiones (minera, agraria, obrajera, de plaza, entre otros).¹⁶

Bajo el régimen colonial, el cacique gozó de una representatividad dual, evidenciada en una sola oportunidad política. Aparte de su quehacer como funcionario virreinal, a nivel local administró los depósitos de sus naturales (llamados cajas de comunidad), adquirió tierras en beneficio de sus connaturales y luchaba en los tribunales judiciales para que haya una correcta demarcación de los linderos comunitarios y así evitar usurpaciones de tierras por parte de los hacendados españoles, los mestizos, la Iglesia o los pueblos vecinos. Su doble función administrativa lo ubicaba en una suerte de gobierno colonial indirecto. Para solucionar las demandas de las autoridades coloniales, apelaba a su autoridad tradicional como ente garante de la correspondencia de favores entre los aillus y el Estado colonial.¹⁷ Sin embargo, las exigencias coloniales no se manifestaban como reciprocidades de antigua data. Las comunidades indígenas percibieron que se les exigía más de lo que recibían. La obligación de dar y recibir se fue modificando con el paso de los siglos. Progresivamente se fue erosionando la autoridad cacical.

El Ninavilca del tiempo de los incas fue bautizado por los españoles con el nombre de Antonio. Su ascendiente le permitió contraer nupcias con una española. Esta práctica se replicó con la hija del cacique, quien fue desposada por un español. De este modo, la celebración de un matrimonio mixto facultó a esta casta cacical incrementar sus esferas de influencia en las localidades.¹⁸ Esto se evidencia con la temprana designación de Antonio Ninavilca como regidor de indios de Huarochirí, cargo que representaba una legitimidad alterna a la que gozaban los caciques. Poco a poco, el acceso a las instituciones municipales fue mezclando las tradiciones prehispánicas de los Ninavilca con otras prácticas procedentes de la tradición comunitaria castellana.

El título de cacique, así como su reputación entre los indígenas y españoles locales, le fue heredado a su hijo Sebastián, quien agregó el “Quispe” a su apellido. Sebastián Quispe Ninavilca fue nombrado “Alcalde Mayor de indios de todos los caminos y tambos de Huarochirí, Yauyos y Jauja”.¹⁹ La sucesión del título cacical y el mayorazgo impuesto a la nobleza indígena, además de una serie de alianzas matrimoniales con vecinos notables y caciques menores del lugar, permitió a los Quispe Ninavilca acumular terrenos en varios pueblos de la doctrina de Huarochirí. Algunas funcionaban como pequeñas haciendas y otras como viviendas de residencia estacional.²⁰ Estas estrategias corresponden a un conjunto de mecanismos adaptativos que coexistieron con los esquemas de reproducción social incaicos. La conquista modificó las pautas de referencia tradicional y añadió nuevos criterios para fijar la posición social. En ese orden, los Ninavilca incorporaron a sus tradicionales prácticas sociales las formas europeas de actividad económica y los matrimonios mixtos, con el fin de reacomodar su prestigio en medio de estos escenarios cambiantes.²¹

Salvo una breve excepción, la línea sucesoria cacical de los Ninavilca no se vio alterada durante más de tres siglos de dominio colonial.²² Sin embargo, no podemos decir lo mismo al momento de analizar su autoridad y legitimidad tradicional durante el siglo xviii e inicios del xix. Con las reformas borbónicas, las obligaciones tributarias de los caciques fueron transferidas a sectores foráneos. Estas directivas contribuyeron al impulso de las autoridades indígenas por elección frente a los que eran por filiación. Se fueron generando espacios de beneficio del gobierno comunitario en favor de nuevos intermediarios que provenían de la misma comunidad. La única oportunidad política que disponía el cacique, como bisagra exclusiva entre el régimen colonial y sus connaturales, fue disputada con otros actores administrativos, principalmente, el alcalde de indios.²³ Esta tensión se incrementó a raíz de las rebeliones indígenas que se suscitaron durante el siglo xviii.

El levantamiento de Túpac Amaru ii y sus consecuencias a nivel social tuvieron sus ecos en la Intendencia de Lima. En 1783 se produjo una intentona rebelde en Huarochirí. Las peticiones de los familiares “deportados” de José Gabriel Condorcanqui fueron secundadas por Felipe Velasco, Vicente Ninavilca, entre otros. Ellos concibieron que la recomposición del pacto real con las comunidades rebeldes, tras la insurrección de 1780, no se estaba ejecutando adecuadamente, por lo que se hallaba en un punto muerto y había adquirido ribetes ilegales.²⁴ Es de pensar que, los intereses de Vicente Ninavilca se hayan sintonizado con los del clan Condorcanqui, debido a los efectos negativos que trajeron consigo la implementación de las reformas dieciochescas en los espacios indígenas, los cuales erosionaron el dominio tradicional de los caciques.

Cabe precisar que, la movilización indígena no solo fue sensible a las políticas y prácticas locales de la corona hispana, sino también el fruto de mudanzas al interior de las comunidades indígenas que perduraron luego de la rebelión de Túpac Amaru. Las medidas adoptadas por el régimen borbónico, para recapturar el dominio sobre los cacicazgos rebeldes, debilitaron -en gran medida- los pilares de la institución cacical. El nuevo contexto se tornó agobiante para los caciques. José Antonio de Areche indicaba a José de Gálvez que: “no estoy ni estaré nunca bien con que tengan estos caciques y todos los demás de su clase tanto ascendiente sobre los indios que gobiernan de por vida”. Por ello, “será útil mudar esta práctica aboliendo tales cargos y lo que previenen las leyes de su título, dejando el mando económico de los pueblos a los alcaldes y gobernadores de los naturales que se eligen anualmente”.²⁵ Bajo estas directrices, las élites coloniales subrayaban la necesidad de crear una serie de mecanismos para suprimir los privilegios de los caciques hasta anularlos políticamente. La conexión entre autoridades virreinales y comunidades indígenas ya no era más una prerrogativa exclusiva de estos “señores naturales”; ahora era disputada por españoles, castas e indígenas del común, quienes veían en los cacicazgos vacantes una oportunidad para robustecer su capital político.²⁶ En ese sentido, la relación de reciprocidad del cacicazgo fue orientándose paulatinamente hacia un contacto de patrón a cliente. Se produjo un nuevo balance de fuerzas al interior de las provincias, el cual fue royendo más la institución cacical. Ante esta situación, las comunidades indígenas irán reconociendo en el Cabildo Indígena como el portavoz de sus pedidos y pleitos. Muchos de los litigios por tierras fueron secundados por los alcaldes de indios en lugar de llevarlos los caciques.²⁷ A pesar de la derrota del proyecto tupamarista, una parte significativa de la población del virreinato permaneció luchando por cambios en su relación con la corona; sin embargo, distanciados de sus representantes tradicionales.²⁸

Para inicios del siglo xix, la sociedad indígena se hallaba más polarizada que identificada entre sí. La representación política de los sectores indígenas estaba siendo dirigida por los cabildos de naturales que actuaban como nexos entre las dinámicas internas y los vínculos con la sociedad “global”, ejercicios que eran practicados tradicionalmente por el cacique. Esta práctica formó parte de un proceso de largo aliento que se había gestado en los dominios hispanos durante el siglo xviii. El liderazgo indígena por “derecho de sangre” estaba transitando hacia una dirigencia nominada por “aclamación general”.²⁹ El desentendimiento entre los caciques y el “común” de la sociedad indígena se recrudeció, aún más, a partir de la promulgación de la Constitución de 1812.

Los principios de una sociedad de Antiguo Régimen, basados en jerarquías étnicas, se vieron seriamente cuestionados por la implementación de una política de corte liberal. Basados en el lenguaje de la soberanía de la nación, la división de poderes, la representación moderna y los derechos ciudadanos, la metrópoli posicionó sobre una misma arena a diferentes actores políticos con distintas procedencias sociales. De este modo, la división legal entre república de españoles y república de indios quedaba sin vigencia, anulando así las autoridades étnicas diferenciadas, como los caciques.³⁰ En su lugar, el 23 de mayo de 1812, las Cortes de Cádiz aprobaron la conformación de los ayuntamientos constitucionales, organismos que reunieron bajo un gobierno local a la población del Virreinato, con un sistema tributario uniformizado y administrado por los subdelegados o por los alcaldes, según sea el caso.³¹ Las nuevas autoridades locales -alcaldes, regidores y síndicos procuradores- debían ser elegidas a través de elecciones periódicas.³² De este modo, se esperaba que todos los ciudadanos de las localidades se insertaran en la nueva esfera de participación pública, mientras iban suprimiéndose los antiguos órganos de representación política local, como las intendencias, las subdelegaciones y los cabildos de españoles y de indios.³³ “Aunque la legislación gaditana no había puesto fin a los cacicazgos, la realidad entonces mostró que, una vez despojada de sus tareas fiscales, la nobleza indígena no tenía ya razón de ser”.³⁴ Después de tres siglos, los caciques dejaban de ser piezas locales imprescindibles para el funcionamiento del sistema colonial; sus funciones de gobierno fueron transferidas a otros agentes locales, como los alcaldes y los regidores constitucionales. Fue un punto sin retorno que disolvió la mediación del cacique sobre las comunidades indígenas.

La restauración fernandina de 1814 complicó aún más el escenario político de las comunidades indígenas del Perú. Se abortó el proyecto liberal hispano, con lo que se restablecieron las bases sociales y económicas del Antiguo Régimen hispano. La Real Cédula del 1 de marzo de 1815 estipulaba que el ramo general de tributos volviera a su estado anterior de 1808. Con ello, los caciques nuevamente quedaban facultados para recaudar el tributo indígena. Sin embargo, la supresión de la Constitución de 1812 generó una incertidumbre en las comunidades indígenas, “pues con la Constitución abolida estaban todos dispersos unos sin saber lo que habían de hacer, y los otros con imaginaciones muy simples”.³⁵ Este escenario de indecisión se replicó el 27 de agosto de 1821, cuando José de San Martín, mediante un decreto supremo, declaró la abolición del cobro del tributo indígena, lo que significó un nuevo golpe a los caciques.

Por lo tanto, el derrumbe del sistema cacical no fue una manifestación propia de la guerra independentista.³⁶ Este proceso se recrudece durante las reformas borbónicas, el cual fue conducido más adelante por criollos, mestizos e indígenas ajenos a los linajes cacicales que, por ciertos intereses coincidentes, prescindieron de estos intermediarios y trasladaron gran parte de las funciones del cacique a sus gestiones como funcionarios del naciente Estado peruano. Pese a las contramarchas de la institución curacal, los Ninavilca gozaron de una fortuna y prestigio considerable hasta el final de la administración colonial. Su influencia en Huarochirí continuó siendo vigente gracias a las nuevas oportunidades políticas que se desplegaron durante la guerra independentista, lo cual puede verse reflejado en sus últimos descendientes.

Entre la guerra de guerrillas y la popularización de la política

Ignacio Quispe Ninavilca Santisteban fue natural de Huarochirí, hijo de José de la Cruz Quispe Ninavilca y Marcela Santisteban, de cuyo matrimonio también nacieron Juana y María Quispe Ninavilca.³⁷ Su fecha de nacimiento es aún incierta, pero se presume que fue en la década de 1780, esto debido al registro de su ingreso al colegio para hijos de caciques en Lima, fechada en 1799, donde era común que los estudiantes lo hicieran entre los 10 y 12 años de edad.³⁸

En 1806 contrajo matrimonio con Josefa Rodríguez, indígena oriunda de Pachacamac y perteneciente a una importante familia de ganaderos locales. Este enlace permitió ensanchar el patrimonio personal de Ninavilca, puesto que los bienes de su esposa fueron dispuestos y representados por él. Sin embargo, este vínculo fue disuelto alrededor de 1812. La consorte denunció ante los tribunales judiciales que Ninavilca se había valido de su aparente afecto para timarla y así apoderarse de sus bienes.³⁹ No se sabe cuál fue el desenlace de la querella. Lo que sí conocemos es que, poco después de contraer matrimoni, Ninavilca accedió al cargo de cacique gobernador de Huarochirí, el cual heredó de su padre, José Quispe Ninavilca quien falleció por esos años. Su nombramiento como cacique principal le valió la disposición de gran parte del patrimonio de su familia. Su caudal personal se hallaba robustecido.

Para 1820, muchas poblaciones del interior de la sierra y costa central habían sido sensibilizadas por una serie de emisarios que anunciaban la llegada de la Expedición Libertadora al Perú. En diferentes lugares, como Huarochirí y alrededores, algunos líderes empezaron a disponer partidas de hombres “levantados en armas” que tomaron el control de sus localidades en nombre de la patria: “de modo que al poco tiempo Huarochirí era el valuarte de la Livertad por el común empeño de sus moradores guiados por su caudillo Ninavilca y otros, entre los que procuré señalarme”.⁴⁰ En otros espacios, como San Bartolomé de Huacho, el Alcalde Principal de Originarios, Baltasar La Rosa, lejos de prestar apoyo a las tropas de San Martín, expresó al Comandante Militar Agustín Otermin que: “no me es posible dejar de manifestarlos al saber que el suelo español de Pisco se halla profanado por unos bastardos Execrables [..] ofreciéndome a servir en clase de auciliar nombrado á las ordenes de V.S. con todos mis parientes, y amigos”.⁴¹ Ambos casos expresan el cúmulo de intereses locales, dado que su subsistencia como comunidades se encontraban en juego. No solo ofrecían a un dirigente nuevo para que organizase las acciones bélicas, sino que elegían a quien ya lo estaba haciendo por su cuenta y con autonomía del ejército regular. Los pobladores fueron juiciosos de la importancia de su intervención en la guerra y de los logros que podían obtener al pactar su obediencia. Exigían la dirección política de sus asuntos militares.

En medio de este ánimo, los líderes de las partidas patriotas mantuvieron una permanente comunicación con Arenales, quien les envió no solamente armas, sino también confirmó sus liderazgos que se habían instituido espontáneamente: “dirigo la correspondiente providencia al Gobernador y Capitan Don Ignacio Ninavilca, ordenandolo lo que debe hacer con él […] pero que si dan lugar con semejantes desobediencias a dicho comandante se tomarán serias providencias contra los revoltosos, inquietos y arbitrarios”.⁴² Estas acciones reproducían una tolerancia hacia la política local y los rangos sociales de cada lugar. Poco a poco, la Expedición Libertadora fue estructurando sus redes de cooperación con las localidades de la costa y sierra central, las cuales se hicieron visibles cuando un pueblo declaraba abiertamente su separación con España y juraba por la causa independentista: “y en su virtud lo firmaron conmigo, y el Señor Governador de la Provincia los infrascriptos Alcaldes y Principales en nombre de todo el Pueblo”.⁴³ Para las poblaciones de los Andes centrales, el Ejército se comportaba como un ente garante del cuidado de sus necesidades inmediatas.⁴⁴

Lo que continuaba era abastecer a los pueblos con lo que fuera necesario para que enfrentaran la coyuntura insegura que se expresaba. San Martín buscaba enfrentar al Ejército realista con el apoyo de la población. Lo más efectivo era el despliegue de una guerra de recursos, “tanto mas ventajosa en un país donde se tiene la opinión de sus habitantes, que sabiéndolos dirigir con actividad y juicio es imposible que el ejercito mas numeroso y aguerrido pueda asistir a ella”.⁴⁵ En ese sentido, las localidades se organizaron siguiendo los patrones conocidos de su tradición militar provincial.⁴⁶

Los habitantes de Huarochirí desplegaron diferentes formas de lucha durante la guerra independentista. No solo enfrentaban al enemigo con palos, hondas, lanzas y galgas (piedras); también lo hicieron con armas de fuego cuando las tenían, y emplearon una organización que reproducía las jerarquías militares hispanas adquiridas a lo largo de los siglos.⁴⁷ Ninavilca estaba familiarizado con estos hábitos castrenses y las desplegó en medio del fragor separatista. Frente a sus localidades de gobierno se comportaba como un líder exigente de favores que debían ser cumplidos a favor del régimen patriótico; con el Ejército se presentaba como uno de ellos, presto a ejecutar las órdenes que se arreglaban para Huarochirí.⁴⁸ Esto le permitió reorientar su liderazgo tradicional y ubicarlo en un nuevo terreno de oportunidades políticas, generadas a partir de su condición como ciudadano soldado.

Entre 1821 y 1822, Ninavilca fue ascendido por el Ejército patriota. Tras oficializarse el Protectorado en Lima, San Martín le indicó a Francisco de Paula Otero que “las partidas de Ninabilca se ban á incorporar á v.s. pues acabo de dar la orden al efecto”.⁴⁹ Poco a poco se empezaban a afianzar los vínculos políticos y militares entre el cacique y los mandos patriotas. En mayo de 1822, a causa de hallarse muy enfermo, el gobernador de Huarochirí, José María Rivera, indicó al ministro de Guerra que “he dado todas mis facultades al Casique Comandante de la 1ra. Partida Don Ignacio Ninavilca para que se haga cargo de todas ellas”.⁵⁰ Esta sugerencia fue confirmada por el régimen patriótico, lo que revistió al cacique de un gran influjo sobre sus seguidores.⁵¹ En junio de 1822, Marcelino Carreño fue designado como gobernador de Huarochirí. De manera inmediata expresó a sus superiores que no podía ocuparse en arreglar el estado de las partidas de guerrillas de su jurisdicción por tener muchas obligaciones en el gobierno político. En su lugar, sugirió que el Ejército debía nombrar a Ninavilca como comandante en jefe de las guerrillas de Huarochirí, pedido que prontamente se hizo efectivo⁵². Poco después, Ninavilca fue ascendido a sargento mayor de Infantería.⁵³ De este modo, el cacique estaba hallando en la burocracia militar un nuevo espacio para preservar su estatus y prestigio de antiguo señor local. Esa sensación de estabilidad política le permitió invertir gran parte de su patrimonio personal en el sostenimiento de sus guerrillas. Fue un costo de oportunidad que, de manera tácita, le autorizaba a intervenir legal y legítimamente en los asuntos públicos de su jurisdicción.

Desde que se extendió el teatro de guerra en Huarochirí, Ninavilca acomodó sus bienes personales a disposición del Ejército patriota. Un caso que referimos corresponde a las tierras denominadas Chacra Alta, en el pueblo de Santa Rosa de Chontay (antigua doctrina de San José de Chorrillos). Dichas tierras parecen haber pertenecido a los Quispe Ninavilca desde la década de 1740, a raíz del matrimonio entre José Quispe Ninavilca y María Dávila, hija del cacique de la guaranga Chaucarima, establecido en Chontay. Estas tierras aparecieron más adelante como parte del patrimonio de los Quispe Ninavilca, puesto que en 1809 serán arrendadas por Ignacio Quispe Ninavilca, para entonces cacique principal de Huarochirí y administrador principal del patrimonio del linaje.⁵⁴ El memorial presentado por los alcaldes y principales de Huarochirí a Arenales confirma que el grueso del patrimonio de los Ninavilca se hallaba concentrado en el valle medio del río Lurín, lugar donde el cacique situó su base de operaciones guerrilleras: “este hombre vivía relativamente en la doctrina de Chontay asomó aquí aora seis meses huyendo de los realistas, y quando nosotros salíamos á rechasar á esos realistas de aquí se fué corriendo a Yauli huyendo aun de nosotros mismos”.⁵⁵

La presencia de Ninavilca fue muy constante en Huarochirí. En la documentación revisada podemos registrar que gran parte de sus operaciones guerrilleras se concentraban entre los ríos Santa Eulalia, Rímac y Lurín, espacios que desde el siglo xvi congregaron el patrimonio de su clan.⁵⁶ Todo parece indicar que mientras el cacique dirigía las armas contra el rey también lo hacía contra quienes osaban quitarle sus pertenencias.⁵⁷ Era una lucha por preservar sus posesiones familiares. Pero el caso que estamos presentando no debe entenderse como un típico estudio de adaptación en resistencia de las sociedades indígenas; es decir, solo mantenerse luchando. Aprovechando la coyuntura bélica, Ninavilca consiguió hasta cierto punto ensanchar su patrimonio personal. No se quedó sentado en su bastión esperando que su situación mejorara. Debía contar con varios ases bajo la manga que le permitiera posicionarse en múltiples escenarios; si uno de ellos llegaba a derrumbarse, podía disponer de los restantes.

Por medio de una subasta convocada por el entonces prefecto de Lima, José de la Riva Agüero, en octubre de 1821, Ninavilca accedió al estanco de la nieve, adjudicándose su explotación por un lapso de cinco años, contados a partir del primer mes de haberse realizado el contrato. Para la cesión de dicho negocio, el cacique tuvo que realizar una fuerte inversión. La renta establecida fue de 15,000 pesos anuales, pago que se fue renegociando en el camino.⁵⁸ Esto evidencia la considerable fortuna que administraba Ninavilca en los primeros años de la guerra independentista. Este patrimonio debió haberse mantenido saludable hasta por lo menos 1823, cuando eleva una petición al Congreso, en la que pide una autorización para formar un regimiento denominado Legión Valientes de Huarochirí, al que añade un cuadro de caballería, esto bajo su propio sostenimiento y sin gravamen del erario estatal.⁵⁹ Sin embargo, los años restantes de la guerra independentista no fueron favorables para las finanzas del cacique de Huarochirí; el conflicto había acarreado una crisis de subsistencias en las localidades de la costa y sierra central del Perú, y Ninavilca no escapó a esa realidad.

El 17 de febrero de 1823, José de Laos, fiador de Ignacio Quispe Ninavilca, presentó un recurso de apelación ante el Ministerio de Hacienda. Señaló que el Estado le quiso cobrar por una supuesta cuota vencida del ramo de nieve, que había sido adquirida por su patrocinado a través de una subasta pública, ocurrida en noviembre de 1821. Laos sostiene que los 7,500 pesos, correspondientes a la primera cuota anual, ya se encontraba cancelada, por lo que no tendría sentido exigir el adelanto del segundo pago. Además, señala que para hacer efectivo este comercio: “no hay mulas, en que conducir la nieve á esta Capital, porque indistintamente y por todas partes se han recojido para el serbicio del Estado”; el alegato fue reforzado con el señalamiento de los perjuicios que dicho producto ha generado sobre el caudal de su protegido, porque “uno y otro ha de ocasionar y obligar a mi afianzado, si continua a desgastar sus vienes, y mas en un negocio que lo aruina”.⁶⁰

Según estas palabras, prácticamente, el tráfico de nieve se hallaba en su “último suspiro” y estaba arrastrando a la miseria a quienes se dedicaban a ello. Esto se corrobora con las investigaciones que Susy Sánchez, Lizardo Seiner y Carlos Carcelén han realizado sobre el medio ambiente limeño entre los siglos xviii y xix. Los investigadores concuerdan que, para 1820, el ramo de nieve ya se hallaba deteriorado: “El Niño y su exceso de calor generó un alejamiento de las masas de hielo de la cordillera, disminuyendo la cantidad del recurso y favoreciendo el incremento de su precio”.⁶¹ Entre 1803 y 1809, el precio del asiento de nieve había oscilado entre los 7,500 y 17,800 pesos, respectivamente; esta situación recrudeció en los años venideros.⁶² La lucha independentista alentó que “por parte del mismo Estado se han quitado frecuentemente los mozos y mulas destinadas a la conducción de la Nieve; y votando muchas veces las cargas en el camino han arreado con ellas para el Exercito”.⁶³ En ese sentido, “la guerra se combinó con severas alteraciones climáticas”,⁶⁴ las cuales minaron en conjunto el comercio nevero con que Ninavilca se sostenía.

La renuncia de José de San Martín al protectorado del Perú alentó a un reordenamiento de las redes clientelares que se habían tejido desde 1820 en los entornos rurales. A mediados de 1822 se instituyó una Junta de Gobierno, manejada por un incipiente Congreso, que tuvo serias dificultades para dirigir la guerra contra las tropas del rey, lo cual devino en un golpe de Estado realizado en marzo de 1823 por Andrés de Santa Cruz, quien designó a José de la Riva Agüero como presidente del Perú. Sabía que Riva Agüero contaba con sólidos nexos entre la población, puesto que: “monárquicos y republicanos, civiles y militares, aristócratas y plebeyos concluyeron que en esa delicada coyuntura le correspondía a Riva Agüero la titularidad del poder, de un poder y una soberanía, es cierto, precaria y frágil, pero necesaria de ser asumida”.⁶⁵ Los guerrilleros estaban informados de estos reacomodos de dirigencias que habían ocurrido en Lima. Según ellos, un nuevo gobierno significaba un nuevo pacto político que debía negociarse y establecerse personalmente en el despacho presidencial: “Ya sabrá Usted la variacion de Gobierno que ha havido en la capital. Ribagüero se halla de Presidente de la Republica […]. Haviseme Usted como le vá con el pajaro de Dabausa, pues entro de pocos días no dudo lo hará bajar el Gobierno”.⁶⁶ En ese sentido, los mandos patriotas perseguían robustecer las alianzas políticas entre el Ejército y las localidades, a fin de coordinar y dirigir legítimamente la guerra contra España. El entendimiento político con los guerrilleros se lograba, siempre y cuando el Gobierno contara con los medios necesarios para mantener movilizadas a las guerrillas.⁶⁷ Para Riva Agüero (1824), el Ejército constituía un poder supremo que no podía operar sin el consentimiento de los pueblos.⁶⁸ Era consciente de que el carisma, la actitud política y los gestos hacia la plebe desempeñarían un rol clave para sintonizar las lealtades políticas locales con sus directivas de gobierno. Esta posición le valió muchos simpatizantes, como los jefes guerrilleros Ignacio Ninavilca, José María Guzmán, Marcelino Carreño, entre otros, quienes lo apoyaron en un momento crucial de su vida política, cuando a inicios de 1824 formó en Trujillo un gobierno alterno al del marqués Torre Tagle, como una clara señal de protesta frente a la intromisión del Ejército colombiano en los asuntos del Perú.⁶⁹

El liderazgo de Riva Agüero estuvo posicionado entre dos proyectos de gobernabilidad que produjeron las luchas separatistas en Sudamérica. En las figuras de San Martín y Bolívar se constituyeron dos grandes espacios ideológicos independentistas procedentes de la periferia y que coincidieron en el centro de la contrarrevolución continental. En consecuencia, en el nudo del dominio hispano ocurrió una síntesis y, a la vez, el desenlace de un intenso proceso de almacenamiento ideológico y de posibilidades militares continentales, gestadas desde 1810.⁷⁰ Y fue en las entrañas de esas dos prominentes sombras que Riva Agüero operó política y militarmente, buscando “peruanizar” la independencia del Perú.⁷¹ Su prestigio se consolidaba sobre un fondo afectivo patriota y local que, incluso fue resaltado por los generales realistas como García Camba, porque: “empezaba a tomar cuerpo un partido peruano que quería mandar y no ser mandado por los criollos de otros puntos”.⁷² En ese sentido, el patriotismo peruano se destilaba diferente pero accesorio al patriotismo de los libertadores, de sus ejércitos y la cultura política que traían consigo. Esto da cuenta que, la separación política del Perú discurrió a través de derroteros heterogéneos, sincrónicos y graduales, independientes unos de otros.⁷³ Lejos de ser un proceso lineal y ascendente, la lucha separatista peruana fue una arena donde convergieron una gran cantidad de movimientos paralelos que pudieron sintonizar en objetivos y métodos, pero difirieron unos de otros en cuanto a sus composiciones sociales integrantes, a sus formas de organización, a su extensión geográfica y temporal, así como sus resultados prácticos e influencia en otros movimientos posteriores.

Durante la guerra de independencia emergieron dos conceptos de identidad social: la americana y la “peruana”, que se fueron reformulando de manera constante.⁷⁴ El Ejército de la patria contaba con batallones en los que se hallaban combatientes de distintos lugares de Sudamérica: Chile, Argentina y Colombia. Cada unidad se posicionaba en una suerte de “comunidad guerrera” con valores particulares, los cuales colisionaban amargamente con los “otros”, si se pretendía fusionarlos en una sola unidad de combate. Pese a ello, el ideal de Simón Bolívar buscaba forjar un ejército continental política y socialmente homogéneo, que permitiera materializar, por la vía armada, su proyecto de unión americana, porque “desde él vienen y hacia él vuelven los empeños principales de los revolucionarios de Colombia, y a él se han ido reuniendo los huérfanos desertores que han ido saliendo desde la invasión de San Martín en el territorio”.⁷⁵ Esta propuesta de transferencia del mando político y militar no fue acogida por los peruanos, quienes demandaron que el Estado debía estar libre de extranjeros. Incluso los realistas definieron a los militares colombianos como el fundamento de un nuevo dominio forastero: “doña Lima y don Simón contraen matrimonio de agregación a Colombia”.⁷⁶ Aquel clima de disenso político fue compartido por muchos guerrilleros patriotas, a excepción de Francisco de Paula Otero e Isidoro Villar, quienes se alinearon con las fuerzas colombianas.⁷⁷

En medio de estos cambios de mando, Ninavilca había declarado públicamente su animadversión al proyecto bolivariano. Esto le trajo una serie de inconvenientes, sobre todo en su jurisdicción de gobierno. Tras encontrarse desprevenido en Canta, Isidoro Villar consiguió apresar al cacique y remitirlo a las mazmorras del Real Felipe.⁷⁸ De este modo, los agentes de Bolívar procuraron silenciar por la fuerza a aquellas personalidades influyentes que podrían provocar un gran levantamiento armado en las localidades contiguas a Lima.⁷⁹ Pero el 9 de noviembre de 1823 fugaron de su presidio: “el Teniente Coronel Don Ignacio Ninavilca, el Sargento Mayor Don José Fernandez Prada, y Teniente Don José Ballejo”,⁸⁰ quienes no dudaron en ponerse de inmediato a disposición de Riva Agüero. En su trayecto de retorno a Huarochirí, Ninavilca fue apoyado por la población de Canta. Se puso a buen recaudo y evitó ser recapturado por los seguidores de Bolívar. Consiguió formar una partida de 150 hombres, la cual logró capturar, en la localidad de Huaroquín, a Isidoro Villar, quien fue trasladado en seguida a Huaraz. Este último señaló que “me propuso Ninavilca y sus zatelites, que en el momento seria libre, y los mandaría a todos ellos, como igualmente la Sierra, siempre que me comprometiese al partido del Señor Riba-Agüero”.⁸¹ Sin embargo, esta negociación no se llegó a concretar, pues Riva Agüero había decidido entrar en negociaciones con los realistas. Al enterarse de estos sucesos, los guerrilleros decidieron desentenderse de él y apostar, a regañadientes, por la causa de Bolívar.⁸²

Es así que, a mediados de diciembre de 1823, Manuel Vallejos informa al ministro de Guerra que “los Comandantes Ninavilca y Guzman se me habían presentado voluntarios á prestar de nuevo sus servicios en defenza de la causa del país”. A cambio de la concesión de una serie de garantías políticas, Vallejos nombró “á Ninavilca de Comandante Accidental de las partidas de la derecha desde Huari hasta Llocllapampa, y á Guzman de la izquierda, desde la Oroya hasta Paucartambo”.⁸³ La anarquía de 1823 generó una interrupción de los mecanismos de instrucción y reclutamiento de guerrilleros al servicio de la patria. Por ello, era necesario la reorganización de las guerrillas bajo la dirección de sus líderes tradicionales, quienes ya sabían movilizarse en medio de la guerra. En ese orden, los mandos patriotas aprobaron que Ninavilca pase a “la Provincia de Huarochirí a organizar sus Partidas, y mober aquellos Pueblos contra los enemigos”.⁸⁴

Los informes de los espías enviados al valle del Mantaro indicaban que los realistas estaban preparándose para caer sobre Lima en los primeros meses de 1824.⁸⁵ Rápidamente, los mandos de la patria decidieron que Ninavilca se encargara de hostilizar la retaguardia del combinado militar dirigido por Monet y García Camba, los cuales estaban prestos a encontrarse con las fuerzas de Rodil, que venían desde Ica.⁸⁶ Los patriotas poco o nada pudieron hacer ante la llegada inminente de las tropas realistas a Lima. El presidente de ese entonces, José Bernardo de Tagle, lejos de organizar una resistencia armada contra los realistas, decidió acogerse a su causa. El motivo de su accionar se hallaba en su relevo de la dirección de la guerra; Bolívar fue nombrado por el Congreso como dictador del Perú y líder indiscutible del Ejército Libertador. Dicho de otro modo, Bernardo de Tagle se resistía a “admitir que la necesaria intervención militar llegada desde afuera habría de exigir un grado de subordinación a proyectos que no fuesen los suyos”.⁸⁷ Por ello, decidió negociar con los realistas: “Mi animo era que terminase la guerra; y lo era también el del congreso […] uniéndose sinceramente españoles y peruanos”.⁸⁸

Desde Huaraz, el general Sucre indicaba a Otero que “la traición de Torre Tagle va á dislocar á muchos hombres que creeran las cosas todas perdidas […]. A Gusman, á Ninavilca, en fin, á todos los guerrilleros escríbales Usted mucho y muy largamente. Si nos descuidamos nos trastornan esa gente”.⁸⁹ Para alivio de muchos, Torre Tagle no representaba un líder al que los guerrilleros obedecían fervientemente. Al contrario, se negaron a aceptar las condiciones de paz propuestas por los emisarios del rey. Ello se demuestra con la respuesta que ofreció Ninavilca, ante el envío de una carta de García Camba, en la que este militar español, aprovechando el pase de Torre Tagle a las filas realistas, intentaba acogerlo a su causa: “Hago saber a todos los habitantes de Lima y de sus contornos que […] ofrezco por premio de la cabeza de Monet, una gallina clueca; por la de Ramírez, un capón; por la de Rodil, un perro; por la de García Camba, un pollo mojado; por la de Canterac, un pavo; y por cada soldado español, un huevo de gallina”.⁹⁰

A pesar de que el Libertador le concedió el grado de coronel de las guerrillas de Huarochirí, durante la Campaña Final del Ejército patriota, las acciones de Ninavilca se vieron cada vez más limitadas. En marzo de 1824, Francisco de Paula Otero ordenó al sargento mayor Vallejos que aprovechara el gran ascendiente del que gozaba el cacique a fin de “que permanezca cubriendo las Quebradas de Huarochirí, y San Mateo, para concervár interceptada la comunicación de Lima con Jauja”. Además, quedaba facultado para “levantar varias Partidas de Galgueros que obren con provecho á beneficio del terreno escabroso, y al mismo tiempo, cuiden de que nada les condusgan a Lima”.⁹¹ Entre marzo y diciembre de 1824, las guerrillas de Ninavilca no formaron parte de la retaguardia del ejército regular. Permanecieron en sus localidades desempeñando funciones auxiliares como espionaje y hostigamiento al enemigo y el suministro de recursos a las tropas patriotas que permanecían acantonadas entre la sierra central y los extramuros del Callao.⁹² Ninavilca no se hallaba autorizado para presentarse en el campo de batalla. Meses antes, sus superiores desestimaron la posibilidad de ascenderlo como comandante general de las Partidas del Centro. Su accionar político durante la guerra le valió ser considerado como un “hombre bicioso y corrompido capas de entrar en qualesquiera perfidia”.⁹³ A pesar de que contaba con menor graduación que el cacique, Otero prefirió colocar a Francisco Vidal como cabeza de las partidas del Ejército patriota.⁹⁴ Su estrategia política buscaba regular el poder de convocatoria de un líder local que difícilmente hacía caso a las exigencias de sus jefes.⁹⁵ De este modo, Ninavilca no estuvo presente en los campos de batalla de Junín y Ayacucho. No gozó del honor y el prestigio de quienes colocaron, con sus armas, el sello de la independencia del Perú. Fue un vencedor al que el reconocimiento militar le fue un tanto esquivo.

Reflexiones finales

La guerra independentista ha generado un espacio de vida en las provincias del Perú. Los guerrilleros permitieron fundar, en sus lugares de acción, una matriz cultural de la guerra basada en la confrontación al “oficialismo central”. Las guerrillas no solo fueron fuerzas armadas que provenían de los pueblos, sino también sinergias ideológicas y políticas proyectadas sobre sus integrantes y allegados. Condicionaron en gran medida las redes político-partidarias y alimentaron las tramas del poder comarcal. Ofrecía a sus directores el acceso a los recursos y una movilidad social ascendente si lograban concretar funciones específicas como evitar insubordinaciones o atentados contra la dirigencia central, pero también local. Por consiguiente, los guerrilleros establecieron una cultura del poder anclada sobre valores y actitudes que se desplegaban cotidianamente como si estuvieran en un campo de batalla.⁹⁶

En ese sentido, la sociedad peruana se erigió como una “sociedad guerrera” que debía condecorar a sus soldados protectores entregándoles las credenciales del Gobierno. Fue un derecho otorgado de facto que facultó la implementación de una aristocracia guerrera. Así se posibilitaba una transición política ordenada libre de excesos y recaídas autoritarias, puesto que “el cuerpo de oficiales constituía lo mejor de la sociedad porque sus miembros luchaban por la nación y no estaban divididos por intereses particulares, como sí ocurría con los civiles y sus vidas públicas y privadas”.⁹⁷

Sin embargo, la cuestión residió en definir a los sujetos que merecían el acceso a los cargos públicos en representación del pueblo soberano. El final de la guerra independentista trajo consigo un vacío de actividades que podían ocupar a los soldados de la independencia. La tarea de acabar con este quehacer militar ciudadano no fue sencilla, puesto que la guerra reunió varias fuerzas dispares en la arena política peruana. El enfrentamiento contra los realistas había multiplicado los liderazgos locales, y con ello el espacio soberano hispano se diseminó por las provincias, con múltiples cabezas que fungían como “las únicas representantes” del pueblo. Los mecanismos que perpetuaban el gobierno local operaban bajo un modelo descentralizado y estaban supeditadas a las decisiones de sus líderes.