Límites jurídicos y políticos de la decisión de la administración pública

Resumen

La administración pública tiene ámbitos decisorios en el Estado Social de Derecho, pues su labor de reglamentación y de ejecución de la Ley, entraña, unas veces, el uso de facultades discrecionales para la determinación del interés general; o, la necesidad de interpretar conceptos jurídicos indeterminados expresados en la norma habilitante. En ambos casos, la inexistencia de respuestas unívocas en su aplicación, ya sea porque existan dos o más alternativas de interés general (indiferentes jurídicos), en el primer caso, ora porque se planteen varias formas plausibles de interpretar el concepto jurídico indeterminado, implica que la administración, a través del servidor habilitado, deba

realizar un juicio valorativo sobre tales alternativas, por lo que se hace necesario exigir de éste, que su decisión final lo sea bajo pautas de racionalidad y razonabilidad. Con ello se pretende evitar el riesgo de arbitrariedad, ínsito en los procesos valorativos. La jurisdicción contenciosa y los órganos de control de la función pública cuentan con herramientas que determinan estas puntas de elección; entre otras, se halla: el control sobre los elementos formales del acto administrativo; control sobre los hechos determinantes; la coherencia con los fines determinantes; respeto de la decisión por los principios generales del derecho y, finalmente, la razonabilidad de la decisión, según las expectativas legítimas de los sujetos pasivos de la medida adoptada.