El proceso ejecutivo: breve análisis de sus características y sus perspectivas en el Código General del Proceso

Resumen

Con el propósito de modernizar las instituciones procesales en Colombia, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal ha trabajado en la redacción de un estatuto que no solo tecnocratice el derecho procesal, sino que también tenga como fin ínsito la satisfacción de quienes acceden a la administración de justicia en procura de la verificación de sus derechos. En este sentido resulta evidente que el proceso ejecutivo –desde lege lata– ha sido una herramienta de singular valor para que el Estado conmine a un debitor a cumplir con las obligaciones contraídas previamente sin que sea dado a la parte afectada recurrir a las vías de hecho; esto, como corolario natural de un Estado Social de Derecho.

No obstante, en este artículo se analiza mediante un parangón, las perspectivas que se ciernen sobre el abogado litigante que tiene en su quehacer incoar un proceso ejecutivo como medio para obtener la satisfacción de sus clientes y como es natural, percibir los honorarios, por lo que cabe analizar si la nueva Ley le significa al abogado litigante una ventaja para la consecución de sus objetivos.

Dada la novedad de la Ley 1564 de 2012, no tanto por su expedición como por los aplazamientos en su entrada en vigencia, imponen al investigador un escenario en el que la mencionada norma –contentiva del Código General del Proceso– ha resistido los exámenes de constitucionalidad a los que ha sido sometido, pero que, en sede de la Corte Suprema de Justicia, poco es el desarrollo que se tiene del mismo.