A constituição de 1991 e a contratação estadual: visões conflitivas e deficiências no desenho do estado
DOI:
https://doi.org/10.17533/udea.esde.v78n172a07Palavras-chave:
Constituição, Contratação pública, Estado unitário, Descentralização, AutonomiaResumo
A Constituição de 1991 determinou a obrigação do Congresso da República de expedir um estatuto geral de contratação pública, razão pela qual foi sancionada a Lei 80 de 1993, a qual procurou outorgar maior autonomia às entidades estaduais para contratar os bens e serviços, através da formulação de princípios gerais, que evitavam regular o procedimento contratual em detalhes. Porém, no início do século XXI, vários organismos internacionais (como a OCDE, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional) consideraram que devido ao atraso das infraestruturas no mundo e particularmente na América Latina, era necessário formular novas dinâmicas contratuais. Desde então, os organismos internacionais têm tido uma importante ingerência na regulação do Sistema de Compras Públicas na Colômbia, através do desenvolvimento de diagnósticos que logo são utilizados em documentos do Conselho Nacional de Política Econômica e Social (CONPES), diretivas presidenciais, decretos e resoluções, modificando substancialmente a Lei 80 de 1993, sem que até o presente momento tenha sido realizado um debate profundo no interior do Congresso sobre o estatuto geral de contratação, conforme as modificações realizadas sobre o Sistema de Compras Públicas Colombiano (SCPC), nas últimas décadas. O presente artigo tem como objetivo, refletir sobre as transformações sofridas pelo SCPC e seus efeitos no desenho institucional inicialmente previsto pela Constituição de 1991.
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