Acción de cumplimiento y deberes de gasto

Resumen

La acción de cumplimiento busca obligar a las autoridades que se niegan a cumplir las leyes y actos administrativos hacerlo. Esto es importante dadas las particulares atribuciones de poder público que desempeña el Estado. El artículo 87 de la Constitución regula esta figura, y la Ley 393 de 1997 la desarrolla. Ésta, en el parágrafo de su artículo 9, establece la improcedencia de dicha acción frente a normas que establezcan gasto. La Corte Constitucional consideró ajustada a la Constitución tal restricción y el Consejo de Estado, en algunas de sus providencias, ha sostenido que, por limitar un mandato constitucional, la misma sólo procede frente a normas que ordenen la inclusión de nuevos gastos en el presupuesto, pues estando apropiados y con certificados de disponibilidad y registro presupuestal, la entidad ya no tiene discrecionalidad para decidir el gasto. Por tal debate, y dado el consenso sobre la existencia de potestades discrecionales en materia presupuestal, es necesario un análisis detallado tendiente a delimitar su marco normativo, especialmente en materia de gasto público.